Un rayo de luz se filtra en las tinieblas tunecinas

l pasado día 6 se formalizó en Túnez la adopción de una nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por 200 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Según su presidente, Mustafá ben Yafar, muestra “el éxito de la revolución tunecina, del deseo de una vida compartida” y que, sin ser perfecta, “es una Constitución de consenso”. El solemne acto fue avalado con la presencia de personalidades como el presidente francés, François Hollande; el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, o el príncipe de Asturias. Don Felipe –que señaló que España había apoyado desde el principio la transición democrática tunecina- destacó que el texto “garantiza las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia”. Hollande afirmó que Túnez no era la excepción, sino un ejemplo que “podía servir de inspiración a otros países”. Evolución política en Túnez Esta evolución no es fruto del azar, sino que ha sido posible gracias a la tolerancia de la sociedad tunecina, que es la que tiene mayor tradición democrática del mundo árabe. Independizado Túnez de Francia en 1956, un año después, el “padre fundador” de la nación, Habib Bourguiba –el Kemal Ataturk magrebí- instauró la República, dictó la primera Constitución predemocrática en la región e inició la modernización del país. Tras su destitución en 1987, Zin al-Abidin ben Alí estableció una 'dictablanda', en la que se respetaba un mínimo grado de libertades de las personas y los partidos, pero el aumento de la arbitrariedad y la corrupción llevó a la rebelión popular. A raíz de la autoinmolación el 17 de diciembre de 2010 de Moahamed Buazizi y al exilio de Ben Alí apenas un mes más tarde. Las elecciones de octubre de 2011 para escoger la ANC fueron ganadas por el partido islamista moderado An-Nahda con 42% de los votos, pero, al no haber obtenido la mayoría absoluta, formó un Gobierno de coalición con los partidos no islamistas Congreso por la República (CPR) y Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades. En diciembre se adoptó una Constitución provisional y se nombró presidente interino de la República a Monsef Marzouki (CPR), quien designó como Primer Ministro al islamista Alí Ladiri. Aunque el líder de An-Nahda, Mohamed Gannouchi, se había comprometido a mantener la sharia fuera de la Constitución, el Gobierno de su partido inició un rápido proceso de islamización del país, que llevó al rechazo de una parte importante de la sociedad tunecina y al enfrentamiento en la ANC entre islamistas y laicos por el tipo de Estado que debería consagrar la Carta Magna, y provocó la prolongación de los debates parlamentarios. En febrero y julio de 2013 se produjeron los asesinatos por parte de radicales salafistas de los dirigentes de la Plataforma de Izquierdas del Frente Popular Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, y la oposición acusó al Gobierno de complicidad en los mismos, pidió su dimisión y algunos de sus diputados abandonaron la Asamblea, por lo que ésta suspendió en agosto la discusión constitucional. Tras la ruptura entre islamistas y seculares, se paralizó el proceso de transición democrática y la vida política y económica, y aumentaron los ataques de los salafistas de Ansar Sharía a las fuerzas de seguridad. Gracias a la mediación del sindicato Unión General de los Trabajadores Tunecinos, la patronal UTICA, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Magistrados, se estableció en octubre la Mesa de Diáologo, que acordó una 'hoja de ruta' que preveía un cambio de Gobierno, la aprobación de la Constitución y la creación de una Instancia Superior Independiente para las Elecciones. En enero de 2014 se formó un Gobierno tecnocrático presidido por Medid Yuma, y An-Nahda bajó con pragmatismo el diapasón islamizador e hizo un llamamiento al diálogo para reanudar el debate constitucional sin condiciones, y tirios y troyanos moderaron sus posiciones, hicieron concesiones y lograron un consenso. Principales rasgos de la Constitución Según su artículo 1, “Túnez es un Estado libre, independiente y soberano, su religión es el Islam, su lengua el árabe y su régimen la República”. En el conflictivo tema religioso se llegó a un compromiso. De un lado, la Constitución se abre “en nombre de Dios clemente y misericordioso” y destaca el “apego del pueblo a la enseñanza del Islam”. El Estado se declara “guardián de la religión”, “protector de lo sagrado” y garante de una educación pública que aliente “la identidad árabe-musulmana”, y admite las asociaciones y partidos inspirados en el islamismo. De otro, el Estado garantiza la libertad de conciencia, creencia y culto, no penaliza la blasfemia y prohíbe la acusación de apostasía y la apología del odio y de la violencia, con lo que acepta que un musulmán pueda renunciar a su fe y cambiar de religión sin consecuencias adversas. Esto constituye un hecho sin precedentes en el mundo islámico. La ANC rechazó varias enmiendas islamistas tendentes a establecer la sharia como única fuente del derecho. La Constitución dedica 28 artículos a la protección de los derechos civiles e incorpora el catálogo habitual de derechos humanos, aunque sin abolir la pena de muerte. Consagra las libertades de opinión, expresión, publicación, asociación y acceso a la información y a las redes sociales, así como el derecho a la huelga y a un proceso judicial, y la prohibición de la tortura. La formulación de algunos de estos derechos no es plenamente satisfactoria, pero supone un avance considerable. Especial relevancia tiene el reconocimiento de los derechos de la mujer. Establece la igualdad de ciudadanos y ciudadanas ante la ley, y el Estado garantiza los derechos adquiridos de la mujer y la igualdad de oportunidades en los ámbitos jurídico, educativo y laboral, mientras que en el político prevé una discriminación positiva y la presencia femenina en las asambleas electas, con el objetivo de lograr la paridad. También se compromete a erradicar la violencia de género. La presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra la Mujer, Kamala Chandriakirana, ha criticado las ambigüedades y lagunas del texto, que no enfatiza el cumplimiento por Túnez de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no prohíbe la discriminación, no establece un mecanismo supervisor de la igualdad de género, y no especifica los distintos derechos de la mujer. La Constitución establece un Ejecutivo bicéfalo –presidente y primer ministro- y un Legislativo unicameral, que, según Guadalupe Martínez, supone un compromiso entre el presidencialismo y el parlamentarismo. ¿Puede servir de ejemplo inspirador a otros países árabes? El primer ministro Yuma anunció la formación de un Gobierno de tecnócratas que deberá organizar unas elecciones libres y democráticas -para lo que se requiere la adopción de una adecuada normativa electoral-, a la par que reforzar los mecanismos de seguridad para luchar contra el terrorismo y tratar de mejorar la desastrosa situación económica. Los islamistas de An-Nahda, siempre mirando de reojo hacia el Nilo, parecen haber escarmentado en la cabeza egipcia y han sabido replegar velas y aceptar una Constitución consensuada, que aplacará sus anhelos de islamización del país. Hay que devolver la paz política y social a la sociedad tunecina, especialmente en el ámbito religioso, y la nueva Constitución ofrece medios para ello. En opinión de Jean-Marie Colombani, las revoluciones árabes no producen un “Islam político” y, para Oliver Roy, el curso de los acontecimientos obligará al Islam a desenvolverse en política sin ocupar todo el espacio. ¿Es exportable la experiencia tunecina a otros países árabes?. El tiempo dirá si se confirma la opinión de Hollande de que “el Islam es compatible con la democracia” y de que Túnez puede servir de ejemplo inspirador a otros países. “Inshalah!”.

Juan Antonio Carrillo: In Memoriam

JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO.”IN MEMORIAM “ El 19 de Enero falleció en Sevilla el Catedrático de Derecho Internacional Juan Antonio Carrillo Salcedo. Nacido en 1934 en Morón, ha sido un magnífico profesor, un excelente jurista y –sobre todo- un gran amigo, al que quiero rendir homenaje póstumo. Primeros encuentros Lo conocí en 1953 cuando comencé mis estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla. Al principio no tuve muchos contactos con él porque era de dos cursos anteriores al mío, pero en el verano coincidimos en la Universidad Hispanoamericana de la Rábida, donde se inició nuestra amistad. Cuando fui en 1960 a la capital -“con el pelo de la dehesa”´- para preparar el ingreso en la carrera diplomática, llevaba en mi ligero equipaje una carta de presentación para su amigo Marcelino Oreja. Por entonces, el Profesor Mariano Aguilar se había trasladado a la Universidad Complutense, llevándose con él a varios de sus colaboradores, incluido su Adjunto Carrillo. A mi me acogieron generosamente como Ayudante y conviví con Juan Antonio en el Colegio Mayor “César Carlos”, donde compartimos habitación. Me ayudó enormemente en la preparación del temario de la oposición y me orientó en la elaboración de mi tesis doctoral. Me alentó a seguir sus pasos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la que participé durante tres veranos consecutivos. En 1963, Juan Antonio ganó la cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Granada y yo ingresé en la Escuela Diplomática, por lo que nuestros caminos se separaron, aunque tratamos que volvieran a encontrarse. Así, me solía invitar a dar conferencias y a participar en seminarios en las diversas cátedras que regentó, y yo lo visitaba cuando regresaba a España. Habíamos congeniado desde el principio porque compartíamos convicciones y valores como el humanismo cristiano, la implantación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la afición al Derecho Internacional, la vocación europeista y la solidaridad por los más desfavorecidos. El académico En Granada realizó una destacada labor docente e investigadora, que continuó a partir de 1974 en la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue Decano. Asesoró al Ministerio de Asuntos Exteriores –especialmente durante el mandato de Oreja-, donde contribuyó de forma decisiva al ingreso de España en el Consejo de Europa y a que el país se adhiriera a los distintos convenios internacionales sobre derechos humanos, y actuó como consejero áulico de la Casa Real. Pero le entró la morriña del “terruño”, pues Juan Antonio –que consideraba a Andalucia como el centro del universo y se le “alegraban las pajarillas” cuando cruzaba Despeñaperros- volvió en 1980 a Sevilla para ocupar la cátedra de Derecho Internacional Público. Cuando alguien le recriminó que se fuese tan lejos, Juan Antonio le respondió con sorna con las palabras de famoso un torero:”Lo que está lejos es Madrid”. Estuvo hasta su muerte en Sevilla, donde realizó una magnífica labor pedagógica, que ha cosechado una pléyade de profesores como Elisa Pérez Vera, José Manuel Peláez, Alejandro Rodríguez Carrión, Pablo Antonio Fernández, Rafael Casado, Lucía Millán, Joaquín Alcalde, Carmen Márquez…y muchos otros. Dirigió 32 tesis doctorales y escribió más de 100 monografías, como sus Manuales de Derecho Internacional Privado y Público –incluido su curso general sobre “Droit Internacional et souveraineté des États” en la Academia de La Haya-, “El Derecho Internacional en perspectiva histórica”, “Soberanía internacional y derechos humanos en Derecho Internacional contemporáneo”, “Globalización y orden internacional” o “El mundo de las ideas”. Cada vez que publicaba un nuevo libro, me lo enviaba con una cariñosa dedicatoria y yo le reciprocaba mandándole los míos. Tuvo la gentileza de presentar mi libro “Portugal, Irak y Rusia” en el Casino de Madrid y en el Ateneo de Sevilla. En 1986 fue nombrado Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde desarrolló una extraordinaria labor, pero cuatro años más tarde dimitió para atender a su autentica vocación: la docencia universitaria. Fue miembro del Instituto de Derecho Internacional, del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, del Curatorio de la Academia de La Haya, de la Comisión Internacional de Juristas y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tuvo el justo reconocimiento internacional, nacional y local, y fue “profeta en su tierra”, pues lo declararon hijo predilecto de su ciudad natal y de Andalucía, y recibió la Medalla de Oro de la Comunidad y el premio Blanco-White a los Derechos Humanos. Fue el más cualificado representante de la llamada “Escuela Sevillana de Derecho Internacional”, de la que formaron parte profesores y diplomáticos como Julio González Campos, Santiago Martínez Caro, Roberto Mesa, José Cuenca, José Manuel Peláez, Juan Antonio Yáñez o yo mismo. La persona En lo humano, Carrillo era un hombre fuera de serie. Como ha dicho Rafael Casado, “aparte de ser la persona de más estatura intelectual y visión global que he conocido, se trata de alguien caracterizado por su humildad, su honradez, su claro sentido de la dignidad personal –propia y ajena-, y su respeto a los demás”. Marcelino Oreja dice admirar en él “su integridad moral, su espíritu de justicia, su preocupación por los demás, su defensa de la verdad, su práctica de la solidaridad con todos”. Era un cristiano innovador imbuido del espíritu de Juan XXIII, cuya encíclica ”Pacem in terris” difundió y le dedicó un artículo sobre “Guerra, paz y orden internacional”. Era crítico en ocasiones, pero siempre fue fiel al espíritu del Evangelio. Pese a su aparente seriedad, era animado y divertido. Recuerdo las veladas en que yo agarraba la guitarra y él se arrancaba por fandanguillos o verdiales y cantaba coplas lorquianas como “Anda jaleo” o “De los cuatro muleros”. En 1995 asistimos a un Congreso del IHLADI en Chile y visitamos la Escuela Naval de Valparaíso, donde un Almirante trató de convencernos de las bondades de la tesis del “mar presencial”. En las palabras de agradecimiento, el colega que habló en nombre del Instituto loó la contribución de la Armada chilena a los derechos humanos. Juan Antonio y yo cruzamos ostensiblemente los brazos en señal de desaprobación, en medio de los aplausos generalizados. Suena ya a tópico decir que “detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer”. No sé si detrás, pero a su lado siempre tuvo Juan Antonio a Matilde, jurista, poetisa, esposa dedicada y madre amantísima de sus cuatro hijos. Cuando conseguíamos reunirnos los dos matrimonios, solíamos hacer escapadas con trasfondo poético, como la visita en Fontiveros de la iglesia donde está enterrado el poeta místico San Juan de la Cruz o la excusión a Moguer para ver la tumba y el museo de Juan Ramón Jiménez. Padeció durante largos meses una penosa enfermedad y su penoso tratamiento, con encomiable entereza y una sonrisa en los labios. Lo vimos por última vez en Noviembre en su casa sevillana, donde lo encontramos bajo de forma física, pero pleno de espíritu. Cuando supe que en Diciembre había sufrido un ataque que le había paralizado las cuerdas bucales, le envié un alarmado mensaje para interesarme por su salud, y me contestó –optimista sempiterno, más dispuesto a consolar que a ser consolado- con palabras tranquilizadoras y esperanzadas. Ahora, sin apenas hacer ruido, se nos ha ido a la Casa del Padre, donde gozará de la compañía de su admirado Juan XXIII. Lo despedimos con una línea del poema de Pilar Paz:”Guardaremos siempre tu nombre en las alas del viento”. ¡Que el Señor lo haya acogido en su seno!. Madrid, 26-I-2013

Turquía un poco más lejos de la UE

TURQUIA, UN POCO MÁS LEJOS DE LA UE A finales de Mayo un grupo de ecologistas se manifestó en el Parque de Gezi en Estambul para protestar por las intenciones del Gobierno de construir en él un centro comercial. La policía desalojó a los pacíficos manifestantes recurriendo a la violencia y al uso de gases lacrimógenos. El Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, los acusó de “extremistas” ideológicamente motivados”, y respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad- Esto provocó la indignación general y muchos jóvenes ocuparon la emblemática Plaza Taksim para expresar su rechazo a la brutalidad de la policía., la limitación de las libertades de expresión y de prensa –Turquía bate el “record” mundial con más de 70 periodistas detenidos-, el autoritarismo de Erdogan y su deriva islamista, como muestran las restricciones a la venta y consumo de alcohol o la condena a 10 meses de cárcel al cantautor Fazil Say, por afirmar –parafraseando al poeta persa Omar Jayam-.:“Decís que los ríos de vino recorren el paraíso.¿ Es acaso el paraíso una taberna?. Decís que dos vírgenes aguardan a cada creyente. ¿Es acaso el paraíso un burdel?”. Las manifestaciones se han extendido a Ankara y a otras ciudades, y han llevada a la convocatoria de una huelga general. La reacción desproporcionada ante un acto de importancia menor ha provocado tres muertos, más de 4.300 heridos y numerosos detenidos. Como ha advertido el Comisario europeo Stefan Füle, “el uso de una fuerza excesiva contra manifestantes no tiene cabida en un país que aspira a ser miembro de la UE”. Evolución política de Turquía Turquía es un país de 72.5 millones de habitantes situado a caballo entre Europa y Asia. Su parte más occidental –heredera de Bizancio- es sin duda europea, pero el resto del país es asiático. He tenido ocasión de realizar dos veces el trayecto por carretera entre Estambul y Bagdad y las áreas situadas mal Este de la vertical que une Ankara con Adana es puro tercer mundo. Tras la disolución del Imperio Otomano, Kemal Atatürk creó en 1923 las estructuras del actual Estado y trató de convertir Turquía en un país plenamente europeo, pero el espíritu de sus radicales reformas solo alcanzó a los sectores más preparados de la nación y a las fuerzas armadas (FFAA), quienes se erigieron en garantes de la democratización del Estado a través de medios no democráticos. Pese a que la inmensa mayoría de la población era musulmana, los partidos de inspiración islámica contaron durante muchos años con la oposición de las FFAA y del “establishment”, lo que impidió su desarrollo y su acceso al poder. En 1994, Erdogan consiguió la alcaldía de Estambul, donde llevó a cabo una eficaz gestión administrativa e inició un proceso gradual de islamización. Su invocación del famoso poema de Ziya Gökalp –“las mezquita son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minarete nuestra bayonetas y los creyentes nuestros soldados”- le costó la expulsión del Ayuntamiento y unos meses de cárcel. En 2001 fundó el Partido de la Justicia y del Desarrollo, que al año siguiente ganó las elecciones legislativas, pero hasta 2003 no logró la presidencia del Gobierno, que desde entonces detenta con mayoría absoluta y amplio apoyo del electorado. Durante su mandato, ha fortalecido la situación política de Turquía, y desarrollado considerablemente su economía, y se ha convertido en líder de la región y en ejemplo a seguir por los países musulmanes que aspiran a establecer un Estado de Derecho, especialmente tras la “primavera árabe”. En su Debe figuran sus intentos de islamizar la sociedad turca con medidas como la de levantar la prohibición del uso del velo (“hiyab” ) en los centros de enseñanza, que fue revocada por el Tribunal Constitucional. Aspiración de Turquía a integrarse en la UE Erdogan estableció como primera prioridad la integración de Turquía en la CE, de la que había sido miembro asociado desde 1963. La Comisión Europea le exigió a tales efectos el cumplimiento estricto de los “criterios de Copenhagen”, por lo que tuvo que iniciar un profundo proceso transformador: reforma de la Constitución, de la Administración de Justicia y de las FFAA, supresión de la pena de muerte y del delito de adulterio, mejor trato a la minoría kurda, mayores garantía para la libertad de expresión…Pese a las reticencias de Chipre –por la negativa de Turquía a reconocer a la República de Chipre y dar su apoyo al Gobierno turco-chipriota-, Grecia, Alemania y Francia, la Comisión autorizó el inicio de las negociaciones para la adhesión a partir de 2005, Pronto se pusieron de manifiesto las profundas divergencias existentes en cuestiones políticas, ideológicas, y jurídicas, hasta el punto de que de los 35 capítulos de la negociación tan solo se ha cerrado uno , y las conversaciones se encuentran paralizadas. Ello ha provocado la frustración del Gobierno y la población turca, y ha llevado a Erdogan acusar a la UE de comportarse como un “club cristiano” y a afirmar que el ingreso en la Unión ha dejado de ser una prioridad. El pasado Diciembre, los Jefes de Estad de la UE reafirmaron su respaldo al proceso de adhesión y el Presidente del Consejo, Herman van Rompuy, ha viajado recientemente a Ankara para tratar de impulsarlo, aunque las perspectivas no son demasiado esperanzadoras. No procede la adhesión de Turquía a la Unión Como ha observador Francisco Ruiz, Turquía tiene problemas para la adhesión porque “es demasiado pobre, demasiado poblada y demasiado musulmana”. El primer factor está en vías de superación: con una deuda de solo el 35%, el PIB de Turquía ha crecido en la última década una media del 5% anual, con lo que ya ha superado a algunos de los Estados miembros. El segundo elemento –que convertiría a Turquía en el país más poblado de la Unión—es un riesgo político asumible. El principal obstáculo es el tercero. pues –como el propio Erdogan ha reconocido- no hay un Islam moderado, sino un solo Islam, que excluye el integrismo y terrorismo islámico. Benedicto XVI señaló en 2004 que Turquía –que “es un país musulmán por herencia y tradición, aunque secular por su Constitución- debería mirar en un futuro hacia una asociación de países islámicos más que hacia la UE, que tiene raíces cristianas. Siempre ha estado en contraste permanente con Europa y ligarse a ella sería un error”. Cabría matizar estas afirmaciones e incluso discrepar de ellas, pero es incontestable que los principios fundamentales de la CE/UE están basados en la tradición ideológica y cultural del Occidente Cristiano, que ha estado históricamente enfrentada –y sigue estándolo- con la tradición islámica, que trata de imponer su concepción coránica de la sociedad. La UE debe potenciar al máximo las relaciones de todo tipo con Turquía, de conformidad con el espíritu consagrado en el Tratado de Lisboa de “establecer un espacio de prosperidad y buena vecindad”, caracterizado por “unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación”. Decía Romano Prodi que había que conceder a Turquía “todo menos las instituciones”. No procede, pues, su admisión como miembro de pleno derecho, porque su “modus vivendi” no es plenamente compatible con los principios rectores de la UE y resulta, por tanto, difícilmente asimilable por los demás socios. Como ha recomendado el PPE, hay que ofrecerle un estatuto especial de “asociación privilegiada”, pero en ningún caso la integración. Bruselas, 18-VI-2013

¿Apertura en Irán tras las elecciones presidenciales?

¿APERTURA EN IRÁN TRAS LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES? A las elecciones del pasado día 16 a la presidencia de la República de Irán no se pudo presentar ningún candidato reformista por haber vetado el Consejo de Guardianes, su presencia, incluida la del ex-Presidente Hashemi Rafsanyani. Con la excepción del independiente Mohamed Gazari, todos los candidatos seleccionados eran personajes del “establishment” ultraconservador contralado por el Guía Supremo Alí Jamenei: Said Yalili, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Mohamed Qualibaf, Alcalde de Teherán;Ali Akbar Velayaty, Assesor de Jamenei para Asuntos Internacionales; Moshen Rezai, ex-Comandante de los Guardianes de la Revolución; y Hasan Rohani, ex-Secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Se ha producido una doble sorpresa: la elevada participación electoral -72.7%- ,pese al desencanto de buena parte de la población, y la victoria por mayoría absoluta en la primera vuelta -50.68%- del aspirante menos radical –Rohani-, sobre el que se ha alineado con pragmatismo el voto de los reformistas, a instancias de sus líderes Jatami y Rafsanyani.. Creación de la República Islámica de Irán En los años 70 Irán era gobernado de forma despótica por el Shah Mohamed Reza Pahlevi, al que se oponía el Ayatollah Rahollah Jomeini, lo que le costó su exilio a Irak y ulteriormente a Francia, desde donde dirigió el levantamiento popular contra el Shah y su derrocamiento en 1979, y la implantación de la República Islámica de Irán, un Estado confesional controlado por os clérigos chiitas. El régimen era una pirámide perfectamente jerarquizada en cuyo vértice figuraba el Guía Supremo, bajo cuya autoridad se situaban las distintas instituciones monopolizadas por los “mullahs” y los Guardianes de la Revolución (“pasdaranes”): Presidencia de la República, Parlamento, Judicatura, Fuerzas Armadas y Asamblea de Expertos. Para poder controlar incluso a los seguidores, se estableció el Consejo de Guardianes, que selecciona a los candidatos a cualquier puesto y puede vetar las leyes adoptadas por el Parlamento o las decisiones tomadas por el Gobierno. Irán inició una política expansionista del chiismo militante con el fin de establecerse como la potencia hegemónica de la región, ayudando militar y financieramente a las milicias de Hizbollah en Líbano y de Hamas en Palestina, lo que provocó su enfrentamiento con Irak, y los países del Golfo. También se enfrento con Estados Unidos, cuya Embajada fue asaltada y ocupada en 1979 y su personal retenido como rehenes durante 444 días. La situación de caos que se produjo tras la caída de Shah y el desmantelamiento de las FFAA y de la Administración monárquica fue aprovechada por el Presidente de Irak, Saddam Hussein para invadir en 1980 la parte Suroeste de Irán, donde había una minoría sunita y arabo-parlante, en la asunción de que se le sumaría, pero el resultado fue justo el contrario , pues todos los iraníes –incluidos los monárquicos- se unieron para hacer frente al enemigo ancestral y rechazar la invasión. Irán cometió entonces un error similar al intentar invadir en tres ocasiones la parte Sudoriental de Irak, habitada mayoritariamente por chiitas, que se mantuvieron fieles a su país y repelieron los sucesivos ataques. Entre 1980 y 19888, el Gobierno iraní prestó prioritaria atención a la lucha contra Irak. Fui testigo presencial de una de las guerras más absurdas, devastadoras y cruentas, que fue perdida por los dos beligerantes. Evolución de la República Islámica de Irán Al morir Jomeini en 1989 fue sustituido por el Ayatollah Alí Jamenei y la presidencia de la República fue ocupada entre 1989 y 1997 por Rafsanyani, que –de forma pragmática- siguió un programa de conservadurismo religioso, intransigencia política y liberalismo económico, para tatar de reconstruir al país devastado por la guerra. En el plano internacional, continuó con la política de apoyo a Hizbollah y Hamas y de expansión del chiismo político, si bien intensificó los contactos con los países de su entorno y trató de mejorar las relaciones con los Estados occidentales- El principal problema con ellos era el del desarrollo de la investigación nuclear. La autocracia chiita no es santo o Satán de mi devoción, pero debo reconocer que la Comunidad Internacional, en general, y el OIEA, en particular, han seguido un doble estándar con Irán, pues -pese a ser parte en el Tratado de No Proliferación y aceptar las inspecciones del Organismo- ha sido tratado peor que otros Estados nucleares –como Israel, India o Pakistán- que ni son parte en el TNP, ni aceptan inspección internacional alguna. Irán tiene derecho a desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos. Cuestión distinta es si lo que con ello pretende es poder fabricar armamento nuclear. Irán inició negociaciones sobre el tema con Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Rusia. En 1997 comenzó el periodo reformista con el acceso a la presidencia del intelectual moderado Mohamed Jatami, que había sido Director del Centro Islámico de Hamburgo. Trató de liberalizar el anquilosado sistema político, aumentar el ritmo de liberalización de la economía, y adoptar medidas a favor de las mujeres y de los jóvenes, y se sumó a la “Alianza de Civilizaciones”. Por ello se topó con la oposición de los ultraconservadores, y el Consejo de Guardianes vetó algunas de sus leyes y decisiones. Se aproximó a los países occidentales y aceptó congelar durante dos años el enriquecimiento de uranio- El Alcalde de Teherán, Mahmud Ahmadineyad –que había sido uno de los ocupantes de la Embajada de Estados Unidos- ganó las elecciones en 2005 y radicalizó la política iraní. Adoptó una actitud intransigente hacia Israel –que debería ser “borrado del mapa”-, negó el Holocausto e intensificó su ayuda a Hizbollah y Hamas. Desafió a las potencias occidentales reanudando el programa nuclear, lo que provocó la condena del Consejo de Seguridad y la aplicación de sanciones, incluida la supresión de la compra de petróleo por la UE. Tras su reelección en 2009 en unas elecciones fraudulentas reprimió con mano dura las manifestaciones de protesta -la “revolución verde”- y privó de libertad a los dirigentes reformistas Mir Musavi y Mehdi Karrubi. La política errática de Ahmadinetad y las sanciones internacionales produjeron una profunda crisis económica y el aislamiento de Irán, y hasta Jamenei dejó de apoyarle. Perspectivas tras las últimas elecciones presidenciales Las elecciones de 2013 quedaron reducidas a un concurso de ultraconservadores, en el que se llevó el premio el menos radical de ellos – Rohani-, que durante la campaña electoral había prometido liberar a los presos políticos, relajar la actuación de la “policía moral” y levantar las restricciones a Internet. Su elección ha sido bien recibida en Occidente y sus primeras declaraciones de que daría prioridad a la reactivación de la economía y que estaba dispuesto a ser más transparente con el programa nuclear y a mantener buenas relaciones con todos los países son positivas. El problema radica en que –por sincero que sea en su voluntad aperturista- la Presidencia no controla el poder. La piedra de toque para su credibilidad será la actitud que adopte sobre las libertades de expresión y de asociación, la liberación de los presos de conciencia, la continuación del programa nuclear y la intervención en Siria, directamente o a través de Hizbollah. Aunque las perspectivas hayan mejorado, no cabe hacerse excesivas ilusiones. ¡Ojalá me equivoque!, Bruselas, 24-VI-13

¿Perjudica la Poñítica Pesquera Comín a España?

¿PERJUDICA LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN A ESPAÑA? Tras dos años de negociaciones, el pasado 30 de Mayo el Consejo Europeo adoptó una decisión sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que la Comisaria para la Pesca, Maria Damanaki, ha calificado de “histórica”, por estimar que, a partir de ahora, va a suponer un cambio radical en la forma de pescar. Su objetivo es lograr que la pesca sea sostenible desde los puntos de vista medioambiental, económico y social, de modo que las cuotas de captura que se concedan cada año permitan mantener el nivel de las poblaciones de peces y conseguir la máxima productividad. Condiciones de aplicación de la PPC a España En 1976 se creó la PPC, por la que se establecían los principios y normas que debían regir la pesca de los Estados miembros de la CE y se concedía a la Comisión Europea competencia exclusive en la material, incluida la potestad de concluir Convenios pesqueros con terceros Estados. En 1983, el Consejo sentó los principios de igualdad de acceso y de no discriminación, y fijó un sistema de cuotas para la explotación de los recursos pesqueros por los Estados miembros en función de la media de capturas obtenidas entre 1973 y 1978. España era la principal potencia pesquera europea y –como los Estados comunitarios temían su competitividad- le impusieron unas condiciones draconianas de carácter restrictivo y discriminatorio en las negociaciones para su ingreso en la CE. El Tratado de Adhesión de 1985 prescribió un régimen transitorio por el que se excluía el acceso de los pesqueros españolea a los Mares Báltico y del Norte durante diez años y al “Irish Box” hasta 2002, se limitaba a 300 el número de buques que podían faenar en las aguas comunitarias –no más de 150 de forma simultánea-, se les obligaba a informar de sus entradas en. y salidas de, dichas aguas, y se les imponían sanciones especiales. Siendo Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional elaboré un documentado Informe para apoyar las negociaciones, que ponía de manifiesto los derechos adquiridos por España para la pesca en el Gran Sol y en el “Irish Box”, basados tanto la costumbre internacional tras su ejercicio durante siglos, como en los tratados internacionales, especialmente el Convenio Europeo de Pesca de 1964. Los negociadores irlandeses dijeron que les parecía muy bien, pero que si España quería el apoyo de Irlanda para ingresar en la Comunidad, tenía que renunciar a dichos derechos, lo que no le quedó más remedio que hacer. Tuvo asimismo que denunciar los numerosos convenios pesqueros en los que era parte y retirarse de las Organizaciones Internacionales de Pesca de las que era miembro, para ser sustituida por una Comisión Europea que daba escasa importancia a la PPC y la supeditaba a los intereses generales de la política comercial exterior. Perjuicios para España derivados de la PPC Dos botones de muestra de los perjuicios causados. Primero: España –que mantenía por obvias razones de vecindad excelentes relaciones pesqueras con Marruecos, a través de convenios que beneficiaban especialmente a las flotas artesanales de Andalucía y Canarias- tuvo que denunciar su Convenio con Marruecos y aguardar largo tiempo a que la Comisión concluyera un nuevo tratado, con el consiguiente perjuicio para los pescadores españoles. Cuando expiró el ultimo Convenio, no ha tenido la menor prisa en sustituirlo por otro y se acaba de concluir sin acuerdo la quinta ronda de negociaciones. Aunque logró que, mientras se negociaba el nuevo, se prorrogara por un año el antiguo -que beneficiaba a 63 pesqueros españoles- el Parlamento Europeo ha impedido de forma irresponsable una nueva prórroga por motivos políticos ajenos a la problemática pesquera: la posible violación de los derechos e intereses de la población saharaui. Segundo: la Comisión obligó a España y a Portugal a abandonar la Organización de Pesquerías del Atlántico del Noroeste, con lo que la CE- que las sustituyó- pasó a contar con solo un voto en la organización. Esta pérdida de votos facilitó el control de la NAFO por Canadá y llevó –en última instancia- a la “guerra del fletán”. España aprovechó las negociaciones sobre la cuarta ampliación de la CE para dar un puñetazo sobre la mesa y amenazar con vetarla, si no se ponía fin en 1996 a su régimen transitorio. Pese a conseguirlo, tuvo que aceptar determinadas restricciones para pescar en el “Irish Box”. Las empresas españolas abanderaron algunos de sus buques en Irlanda y en Gran Bretaña, y formaron empresas mixtas para consolidar su presencia en la zona. Recuerdo que, cuando visité como Embajador la Escuela Naval de Cork, me mostraron la sección de control de la pesca y en las pantallas de seguimiento sólo aparecían pesqueros españoles. Rasgos de la nueva PPC La nueva PPC pretende lograr que las poblaciones de peces superen los niveles de sostenibilidad mediante una gestión descentralizada de las flotas pesqueras, la prohibición de descartes y la distribución del esfuerzo pesquero de conformidad con criterios científicos para evitar la sobrepesca. Se establecen planes multianuales con criterios precautorios para paliar los efectos negativos de la pesca sobre los ecosistemas y se hace una consideración conjunta y no individualizada de los distintos “stocks”. Se mantiene el criterio de distribución de cuotas establecido en 1983, que discrimina a España, que -en el período de referencia -1973-78- tenía escasa presencia en los caladeros comunitarios. Así, con una capacidad de 29%, España sólo recibe una cuota del 11% -6% en las aguas comunitarias-, mientras que Dinamarca, con capacidad del 5%, recibe una cuota del 41%. Aunque quede abierta la posibilidad de aumentar la cuota española, la mayoría de los socios se oponen para que no disminuya el volumen de sus suministros a nuestro país, primer consumidor de pescado en Europa. De las 1.6 millones de toneladas que consume, importa 900.000. Como los descartes –devolución al mar de las especies no deseadas- suponen hasta el 23% de las capturas, la reforma prevé su gradual reducción hasta un máximo del 5% en 2017. Las especies que no interesen deberán ser almacenadas a bordo y descargadas. España sale una vez más perjudicada porque dispone de cuotas bajas y solo para algunas especies, por lo que es probable que tenga que paralizar parte de su flota durante varios meses al año. La PPC propugna realizar una gestión menos centralizada, cercana a los lugares de pesca, y terminar con el “micro-management” de la Comisión, que debe limitarse a fijar los parámetros básicos, los objetivos generales y el marco temporal de actuación. Pretende adaptar la capacidad de captura al número y tamaño de los pesqueros disponibles y prevé limitar el exceso de capacidad de las flotas mediante ayudas financieras para su reducción, procedentes de un Nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Potencia la acuacultura y crea un Consejo Asesor para mejorar sus estándares y remover las barreras burocráticas. Alienta, por ultimo, la cooperación con otros Estados en las Organizaciones Internacionales para luchar contra la pesca ilegal y la sobrepesca. La nueva PPC tiene muchos elementos positivos, pero la distribución de capturas y algunas de sus disposiciones siguen siendo inequitativas y discriminatorias para España. Bruselas, 1-VII-13

La sombra de Maquiavelo ronda la Audiencia Nacional

LA SOMBRA DE MAQUIAVELO RONDA LA AUDIENCIA NACIONAL El pasado 16 de Octubre la 3ª sección de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (AN) dictó sentencia sobre el caso “Faisán”, por la que condenó al ex-Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al Inspector José María Ballesteros a año y medio de prisión –de los tres posibles- por el delito de revelación de secretos, y los absolvió del delito de colaboración con banda armada. El Tribunal consideró probado que, el 4 de Mayo de 2006, Pamies dio a Joseba Elosua –a través de un teléfono móvil que le entregó Ballesteros en el bar de su propiedad- “datos y detalles de la operación policial en marcha para detener al aparato de extorsión de ETA”. Los magistrados señalaron, sin embargo, que no se trataba de una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que “iba encaminada en un sentido distinto, pues la acción ejercitada fue guiada por la finalidad, dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”, y por el designio de que no se obstaculizara la situación política de diálogo abierta para acabar con su actuación. La finalidad de la acción fue totalmente distinta a la de favorecer la actividad de ETA y, por tanto, de “realizar la conducta típica prevista en el artículo 576 del Código Penal”. Dicho artículo establece una sanción de cinco a diez años de cárcel a quien “lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista”. ¿El fin justifica los medios? La sentencia se inspira en la famosa máxima de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios“, y viola uno de los principios básicos en el ejercicio de la justicia en un Estado de Derecho de que los delitos son sancionables cualquiera que sea la intención de sus autores al cometerlos. Como afirmó el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de 2012, para condenar a alguien por un delito resultaban indiferentes sus “móviles, finalidades o motivaciones”. Para que se cometiera el delito de colaboración con banda armada bastaba con conocer y querer una acción que supusiera una colaboración con una organización terrorista. “Ni siquiera la presencia de móviles no egoístas…o de unas mal entendidas finalidades supuestamente altruistas permiten escapar al ámbito del artículo 576”. La AN era consciente de esta jurisprudencia, pero descartó frívolamente su aplicación so pretexto que la finalidad de los acusados no era favorecer a ETA. Mantuvo que el bien jurídico a proteger era “la paz social” y que ésta fue salvaguardada gracias al “chivatazo”, ya que sus autores pretendían favorecer el proceso dirigido al cese de la actividad de una organización armada. Me indigna esta argumentación al recordar las veces que –en nombre del Gobierno español- me opuse, en la Conferencia sobre Delincuencia Internacional Organizada de Nápoles y el Congreso de la ONU para la Prevención del Delito en El Cairo, a la tesis de que se podían justificar algunas formas de terrorismo por la finalidad política de sus perpetradores. En la primera afirmé que no existía el “buen terrorista” y que, aunque estuviéramos en la tierra de Maquiavelo, el fin no justificaba los medios, y en la segunda mantuve que había que perseguir y sancionar los actos de terrorismo con independencia de quienes fueran sus autores o los motivos que los llevaran a cometerlos. Si resultaba inaceptable que en una conferencia internacional se justificaran los delitos en función de la intención de sus autores, más aún lo es cuando eso se hace en una sentencia judicial. El juez debe limitarse a aplicar la ley a los hechos probados y no juzgar las intenciones de los delincuentes al amparo de elucubraciones políticas. La objetividad de la ley debe prevalecer sobre la subjetividad de la interpretación que los juzgadores den a unos hechos de naturaleza política. Las “finalidades supuestamente altruistas” perseguidas por quienes cometan un delito deberían ser considerados, a lo sumo, como circunstancias atenuantes, pero en ningún caso como eximentes. En apoyo de su tesis, la AN mencionó la resolución adoptada por el Congreso en Mayo de 2005 por la que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA. ¿Acaso esta decisión daba carta blanca a la policía para ayudar a la organización terrorista a escapar a la acción de la justicia?. Como ha dicho “El Mundo” en un editorial, la AN “ha preferido apostar por la tradicional connivencia jueces-fiscales-Ministerio del Interior antes que hacer justicia”. Obstaculización de la instrucción del proceso El Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba obstaculizó desde el principio la instrucción del proceso iniciado por Fernando Grande-Marlaska, por temor a que se pusiera en evidencia la responsabilidad de sus altos cargos. Aceleró el regreso de Estados Unidos del juez réprobo Baltasar Garzón para que asumiera el caso, y éste ralentizó su instrucción, apartó a la Guardia Civil, descalificó la persona y la investigación del Inspector Carlos Germán y trató de sobreseer el caso. Su oportuna inhabilitación permitió que la instrucción recayera sobre Pablo Ruz, quien dio nuevo impulso a las diligencias y dictó un auto en el que encausaba a Pamies, a Ballesteros y al ex-Director General de Policía Victor García Hidalgo por los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada, pese a que el Fiscal de la AN, Carlos Bautista, descartara el segundo supuesto y lo incluyera finalmente con carácter alternativo por orden del Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce. Como la sección 2ª se había mostrado inclinada a incluir el delito de colaboración, el Presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, sometió la propuesta al Plenario, que revocó por insuficiente el auto y lo devolvió a su autor para que realizara diligencias adicionales. Ruz asumió el reto y presentó un nuevo auto, en el que García Hidalgo quedaba excluido de la inculpación. Sobre este auto se pronunció la sección 3ª.para dictar una sentencia un tanto salomónica, que exculpaba a los acusados del delito de colaboración con banda armada por la motivación de su conducta, y los condenaba por revelación de secretos “con grave daño a la causa pública”. La AN ha incurrido en una cierta contradicción al condenarlos por este delito, ya que, si había justificado su exoneración del delito de colaboración por la actuación patriótica de los policías para “salvar el proceso de paz”, lo mismo debería haber hecho con el de revelación de secretos, de menor entidad. Crítica de la sentencia Puesta de manifiesto la actuación política de los policías, no es verosímil que éstos tomaran una decisión tan grave y arriesgada motu proprio y sin instrucciones de sus superiores. La pregunta de rigor formulada por la Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Marimar Blanco es:”¿Quién dio la orden?”. Los funcionarios condenados como autores materiales del delito han sido los “chivos expiatorios”, pero no se ha aclarado quienes fueron sus autores intelectuales, ya que, por encima de ellos, queda más de una incógnita (X, Y o Z) por despejar. La sentencia -calificada de “exótica” en medios de la Fiscalía, de “contradiós” por el Profesor Enrique Gimbernat y de “infame” por las víctimas del terrorismo- resulta difícil de comprender y de aceptar, a fuer de ser calificado por este aserto de “faccioso hipócrita” por “El País”. Como ciudadano, como jurista y como hijo de juez, me avergüenzo de este fallo, que raya con la prevaricación. Cabe esperar que la Fiscalía y las acusaciones particulares lo recurran, y que el TS -si es coherente con su propia jurisprudencia- condene a los autores materiales de un flagrante delito de colaboración con banda armada. Sería asimismo deseable la identificación y sanción de sus autores intelectuales, que dejó abierta la Fiscalía al pedir al Tribunal que decidiera si los autores materiales actuaron “solos o en compañía de otros”.¡Dejemos a Maquiavelo en el ámbito de la literatura y de la práctica políticas, y mantengamos sus teorías al margen de la administración de justicia!. Madrid, 21-X-13

La asignatura pendiente de la descolonización de Gibraltar

LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA DESCOLONIZACIÓN DE GIBRALTAR A finales de Enero asistí a la magnífica conferencia pronunciada por el Embajador José Cuenca sobre “Gibraltar”, con motivo de su ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Asimismo he leído con interés el libro que acaba de publicar el Embajador Eric Martel sobre “Gibraltar: la hora de la verdad”. Doctrina de la ONU sobre Gibraltar Gran Bretaña incluyó en 1946 a Gibraltar en la lista de la ONU de Territorios no Autónomos (TNA) destinados a ser descolonizados, pero –cuando España planteó en 1963 el tema ante la Organización- trató de eludir su examen por el Comité de los 24, si bien fracasó en su empeño y la Asamblea General, en su resolución 3070(XX) de 1965, .invitó a este país y a España a que iniciaran sin demora conversaciones al respecto. Un año más tarde, en su resolución 2231(XXI), reiteró al Reino Unido su petición de que realizara negociaciones, “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”, y le pidió que acelerara la descolonización de Gibraltar en consulta con España. Para frenar este proceso, Gran Bretaña celebró en 1969 un referéndum en el Peñón, que fue condenado por la Asamblea en su resolución 2353 (XXII), en la que –tras advertir que cualquier situación colonial que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas- instó a los dos Estados a que continuaran las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los intereses de su población “al término de esa situación colonial”. La posición de la ONU es, pues, que Gibraltar es un TNA que debe ser descolonizado mediante negociaciones entre el Reino Unido y España, respetando la integridad territorial de ésta y salvaguardando los legítimos intereses de la población al final del proceso descolonizador, y no durante su desarrollo. En 1969, Gran Bretaña otorgó a Gibraltar una Constitución por la que le concedió un cierto grado de autogobierno, y en cuyo preámbulo se afirmaba que seguiría formando parte del Reino Unido salvo que el Parlamento decidiera por ley en contrario, y que el Gobierno de SM nunca aceptaría un acuerdo por el que el pueblo de Gibraltar quedara sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. Esto ha sido malinterpretado en el sentido de que concedía a los gibraltareños el derecho a decidir sobre el futuro del territorio, mas esto no es así ya que sigue estando en manos del Parlamento británico y lo que se reconoce a la población es el derecho a no ser incorporada a otro Estado contra su voluntad. Como represalia a esta violación del Tratado de Utrecht –único título jurídico que justifica la presencia inglesa en el Peñón y que debe ser aplicado en su integridad-, el Gobierno español cerró el tráfico a través de la verja que había sido ilegalmente construida por los británicos en 1909 en el istmo, que nunca había sido cedido a Gran Bretaña y, por ende, bajo soberanía española. Gibraltar es un problema de descolonización La cuestión de Gibraltar es más política que jurídica. El Tratado de Utrecht ha quedado superado por los vientos de la Historia. Es un instrumento colonial al que hay que poner fin mediante acuerdo entre el ReinoUnido y España, de conformidad con los criterios establecidos en la resolución 1541(XV) de 1960: integración en la potencia colonial, asociación con otro Estado o independencia. La integración en la metrópoli no es viable porque el Gobierno británico no la admite, la asociación con España ha sido rechazada por la población local, y la independencia no es posible –como reconoció el propio Ministro Principal Joshua Hassan- porque el Tratado prevé que, si el Gobierno inglés decidiera “enajenar en cualquier modo” la propiedad de Gibraltar, “dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla”. El actual Ministro Principal, Fabián Picardo, se ha sacado de la manga un cuarto supuesto: el acceso al autogobierno mediante un estatuto hecho a su medida. En el film de Gibraltar, sin embargo, sólo hay dos protagonistas –Reino Unido y España-, y los demás son actores secundarios o “extras”. De ahí el gran error del Gobierno de Rodríguez Zapatero de crear un Foro Tripartito de Diálogo, en el que el figurante Gibraltar adquirió el papel de co-protagonista. Como reconocieron en 2002 los Ministros Josep Piqué y Jack Straw, había que concluir un acuerdo global que dotara a Gibraltar de un status “acorde con la común pertenencia de los dos países a la OTAN y a la UE”. Va, en efecto, en contra de toda lógica que, en el Siglo XXI, un Estado mantenga una colonia en el territorio de otro país socio y aliado, por lo que la única solución posible es la negociación para su devolución a España, con el máximo respeto a los derechos e intereses –que no aspiraciones- de los gibraltareños, que están en el mejor de los mundos. Evolución de las negociaciones hispano-británicas Cuenca –que fue Jefe de Gabinete de los Ministros Marcelino Oreja y José Pedro Pérez-Llorca y Director General de Europa- describió con detalle las negociaciones hispano-británicas celebradas entre 1979 y 1984. Respaldado por una moción que solicitaba la reintegración de Gibraltar, aprobada unánimemente por las Cortes, el Gobierno español firmó con el británico en 1980 la Declaración de Lisboa, por la que los dos Estados acordaron “solucionar todas sus diferencias” sobre el Peñón, de conformidad con las resoluciones de la ONU. Aunque no se mencionó expresamente en el texto, Lord Carrington se comprometió verbalmente a abordar la cuestión de la soberanía. La gratuita afrenta de la escala en Gibraltar del Príncipe Carlos tras su boda con Diana de Gales provocó un parón en las negociaciones. En medio del debate sobre el ingreso de España en la OTAN, Pérez-Llorca y Lord Carrington reanudaron los contactos, aproximaron posturas y programaron un encuentro en Sintra para anunciar el inicio de unas negociaciones, que supondrían el banderazo de salida para una eventual retrocesión a España. En esta tesitura se produjo el 2 de Abril de 1982 la malhadada invasión argentina de las Malvinas, que echó por tierra los avances conseguidos. Margaret Thatcher endureció su posición, el “paloma” Lord Carrington fue destituido y la reunión de Sintra no se celebró. En Diciembre de 1982, el nuevo Gobierno del PSOE abrió la verja y el Ministro Fernando Morán negoció en 1984 la Declaración de Bruselas. Se acordó el inicio de unas negociaciones en las que se tratarían cuestiones de soberanía y España se comprometió a “garantizar el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino”. Martel opina que esta declaración no supuso un avance para la recuperación del Peñón, porque España –presionada por la amenaza británica de vetar su ingreso en la CE- cedió una de las bazas fundamentales que le concedía el Tratado de Utrecht: la prohibición de la comunicación por tierra con la península. Gibraltar es una cuestión de dignidad nacional para España y de orgullo nacional para el Reino Unido, por lo que resulta difícil y delicada la negociación. Por ello se deben buscar soluciones a largo plazo que suavicen el conflicto, como las ofertas de soberanía compartida hechas por Oreja en 1981, por Morán en 1984, por Matutes en 1996 o por Piqué en 2002, que no fueron aceptadas por Gran Bretaña so pretexto de que habían sido rechazadas por el pueblo gibraltareño. El Gobierno necesita el respaldo de todos los ciudadanos y partido españoles. Como afirmó Fernández Ordóñez en 1992, “la reintegración de Gibraltar en España es un objetivo permanente de todos los Gobiernos españoles sobre el que están de acuerdo las fuerzas políticas por encima de ideologías y partidos”. España ha renunciado a la violencia como medio de conseguir este objetivo y aceptado las recomendaciones de la ONU de que la descolonización de Gibraltar se consiga mediante negociaciones con el Reino Unido. Dudo que exista hoy este apoyo unánime, que no parece ser asumido por los nacionalistas y parte de la izquierda, que erróneamente considera que se trata de una reivindicación franquista. Según Javier Rupérez, que Gibraltar siga el camino de Belice o el de Hong Kong dependerá de nuestra capacidad diplomática para hacer comprender a Gran Bretaña que “los costes son mayores que los beneficios”. Hay que convencer a los británicos de que la amistad con España bien vale un Gibraltar. Madrid, 4-II-14

Tics poco democráticos sobre el aborto a diestra y a siniestra

TICS POCO DEMOCRÁTICOS SORE EL ABORTO A DIESTRA Y A SINIESTRA Sigue la desorbitada polémica sobre el anteproyecto de ley de protección de los derechos de los concebidos y de la mujer embarazada, en la que se han producido reacciones poco democráticas, tanto a la siniestra como a la diestra del espectro político. Tics antidemocráticos a siniestra La reacción de la Izquierda ha sido virulenta, pues no admite en modo alguno la posible modificación de la Ley de 2010 de salud reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, fruto de la insoportable levedad política y ética de José Luis Rodríguez Zapatero, quien –en un reciente artículo sobre “Democracia, aborto y consenso”- ha explicado la “ratio” de la adopción de la ley. Pese al logro de un cierto grado de consenso sobre la Ley de 1985, se produjo un notable incremento del número de abortos por “la aplicación abusiva y falsaria del supuesto de aborto terapéutico”, que llegaba al 90% de los realizados y suponía de facto “una vía sin garantías a abortos sin plazos”. Por ello, y para “ofrecer seguridad jurídica frente al juego de las puertas falsas”, modificó la Ley-Aído –lo que no figuraba en el programa electoral del PSOE-, pero, en vez de introducir medidas que impidieran los abusos cometidos al amparo del supuesto de “riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada”, impuso una ley de plazos, que permitía “barra libre” a la interrupción el embarazo durante un cierto período de tiempo. Al liberalizar el “feticidio”, ya no había que preocuparse por los excesos que se cometían en la interpretación sobre el aborto terapéutico. Lo más grave de la reforma fue la conversión de un delito en un derecho, en contra de los más elementales principios jurídicos y éticos. Mas -como la Izquierda se auto-atribuye el monopolio de los valores morales y la exclusiva para regular estos temas-, no admite por principio que un Gobierno de Derechas pueda legislar sobre la materia. Defensora del pensamiento único, la Izquierda no acepta que pueda presentar un proyecto al respecto, y –mediante una proposición no de ley- ha exigido su retirada antes de su llegada a las Cortes. Ha ejercido desmesuradas presiones dentro y fuera del hemiciclo, denunciado el anteproyecto ante foros que carecen de competencia como el Parlamento Europeo, llamado a rebato para que intervengan las federaciones internacionales de Partidos, y amenazado con imponer en la calle lo que no consigue en el parlamento por la vía democrática. Y todo ello adobado de una descalificación sistemática de la ley –calificada de “inquisitorial”, “retrógrada”, “cavernaria”, “atentado contra la democracia”, “ataque a los derechos fundamentales de la mujer”- y a sus autores. Federico Mayor y el seudo-teólogo J.J.Tamayo han afirmado que la ley es propia de un Estado totalitario, porque interfiere en la conciencia de la mujer, no respeta su “derecho a decidir” y le impone la maternidad, y que numerosos colectivos católicos defienden la vigente ley de plazos. El PSOE tendrá que decidir si acata el artículo 15 de la Constitución, la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional (TC) y las normas internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Convención de 2006 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos. Tics antidemocráticos a diestra Pero las reacciones críticas también se han producido en ciertos sectores de la Derecha. Como ha lamentado Jaime Mayor, hasta dentro del PP hay personas que dudan de la transcendencia de la defensa de la dignidad de la persona más débil, del ser humano no nacido. Al circo “pepero” le crecen los enanos. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha apostado por una regulación de plazos; el Presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, ha dicho que hay que respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo; el Presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez, ha censurado el texto y afirmado que debe adecuarse al contexto europeo…Pero quien ha ido más lejos ha sido el Presidente de Extremadura, José Antonio Monago, al afirmar que la ideología no debe introducirse en la interrupción del embarazo, que nadie puede obligar a una mujer a ser madre y que debe buscarse un consenso con el PSOE, incluso en torno a una ley de plazos. Y, en el colmo de la deslealtad, presentó ante la Asamblea Extremeña una propuesta de declaración institucional en la que instaba al Gobierno a no avanzar en la tramitación del anteproyecto y elaborar una regulación “mucho más consensuada y acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy”. La moción no prosperó por la oposición del PSOE, que se aferra a la Ley-Aído por estimar que en ella está el consenso sobre el aborto. La dirección del PP ha quitado importancia a la ocurrencia de su “barón rojo”, pero –en un partido serio-, si Monago no rectificara o dimitiera, sería expulsado. No es un problema de libertad ideológica, sino de lealtad a su Partido. El PP presentó en 2010 un recurso contra la ley ante el TC, declaró en su Estatuto su compromiso renovado con el derecho a la vida, “nuestra oposición a la ley de aborto de 2010 y nuestro compromiso en el Programa de las elecciones generales de 2011”, en el que afirmó: ”Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”. ¿Dónde estaban en esos momentos Cifuentes, Sémper, Núñez, Monago y otros jerifaltes contestatarios?. Con este programa el PP obtuvo la mayoría absoluta y ahora debe cumplir sin complejos su promesa electoral. El Presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha criticado a quienes “hacen declaraciones fuera de los principios de lealtad, compromiso y defensa de los valores que representa el Partido”, el de Madrid, Ignacio González, ha señalado que “no es cuestión de gustos, sino de compromiso electoral”, y la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha rechazado la regulación de plazos, porque el aborto “no es un derecho unilateral de la mujer” y –en caso de colisión con los derechos del concebido-“la legislación debe proteger al más débil”. Los líderes populares parecen poco entusiasmados y han dejado al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que lidie en solitario a los morlacos abortistas, lo que está haciendo con brío y convicción por estimar que es el proyecto político más importante que ha hecho en toda su vida. Fundamento del anteproyecto El anteproyecto es un texto bien fundamentado jurídica y éticamente. Parte de que el derecho a la vida es “la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional –la vida humana-, y constituye el derecho fundamental, esencial y troncal, sin el cual los derechos restantes no tendrían existencia posible”. Se basa en los criterios de la sentencias del TC de 1985.de que la vida del nasciturus es “un bien jurídico protegido por la Constitución”, que conlleva para el Estado la obligación de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y de establecer un sistema legal para la defensa de la vida. Esta protección no tiene carácter absoluto y debe ser dispensada dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos reconocidos, que deben ser cuidadosamente ponderados en situaciones de conflicto. Ni la vida del nasciturus puede prevalecer incondicionalmente sobre la de la mujer embarazada, ni los derechos de ésta tener primacía absoluta sobre los de aquél. Además, la ley no puede condicionar el valor de la vida a la voluntad de la gestante o a las expectativas de una posible discapacidad del hijo. El texto puede ser mejorado o empeorado durante el trámite parlamentario, y es deseable que ocurra lo primero. Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a hablar con todos para lograr un acuerdo lo más amplio posible. Confío en que no olvide en el intento sus palabras de que la ley se basará en la doctrina del TC y de que “no hay nada más progresista que defender a la más indefensa de todas las personas: alguien que todavía no ha nacido”. En su último discurso ante el Cuerpo Diplomático, el Papa Francisco exclamó: ”¡Siento horror ante la sola idea de que haya niños que nunca podrán ver la luz víctimas del aborto!”. Madrid, 30-XII-13

Cierre en falso de la crisis egipcia

CIERRE EN FALSO DE LA CRISIS EGIPCIA Los días 14 y 15 de Enero se celebró en Egipto un referéndum para aprobar la nueva Constitución del país, elaborada tras el golpe de Estado contra el Presidente Mohamed Mursi. Tras una campaña electoral de sentido único -en la que las Fuerzas Armadas (FA) impidieron mediante la violencia la expresión de cualquier opinión en contra-, la nueva Carta Magna fue sancionada por 98.1% del 38.6% de los ciudadanos que acudieron a las urnas. Esto pude suponer el primer acto de la previsible candidatura del Ministro de Defensa, Abdelfatah al-Sisi, a la presidencia de la República. Aprobación de la Constitución en un referéndum poco democrático En Diciembre de 2012 tuvo lugar otro referéndum para aprobar la Constitución islamista presentada por el Gobierno de Mursi. Con una participación del 32.9%, el texto fue adoptado por 62.69% de votos a favor y 35.53% en contra. Tras el derrocamiento de Mursi el 3 de Julio de 2013, el Gobierno interino presidido por Adli Mansur y controlado por el General al-Sisi, creó una Comisión poco representativa de 50 miembros .-de la que se excluyeron islamistas y liberales-, bajo la dirección del antiguo Ministro de Asuntos Exteriores y Secretario General de la Liga Árabe, Anro Musa –que así se aprestó a condonar el golpe militar-, para elaborar una nueva Constitución. Ante el rechazo de los Hermanos Musulmanes (HM) a la nueva legitimidad, el Gobierno interino y el Ejército han tratado de acabar con la Hermandad. Han encarcelado a Mursi, a casi todos sus líderes y a unos 15.000 militantes, y causado centenares de muertos. El Gobierno ha disuelto el Partido de la Libertad y el Trabajo, 1.055 ONG caritativas vinculadas a los HM e incautado sus bienes, clausurado sus medios de comunicación, confiscado sus escuelas coránicas y asfixiado las asambleas de barrio, pese a lo cual la Cofradía sigue operando más o menos en la clandestinidad. Pero el colmo de las tropelías lo cometió cuando, el día de Navidad, declaró a la Hermandad “organización terrorista”. No era una decisión baladí pues el Código Penal egipcio prevé pena de muerte o cadena perpetua para los terroristas y hasta cinco años de cárcel para sus colaboradores. Estableció que quien apoyara o financiara a los HM, ejerciera alguna función en la Cofradía, promoviera sus objetivos o participara en sus manifestaciones podría ser considerado como terrorista. Con esta totalitaria decisión, ha hecho pender arbitrariamente la “espada de Damocles” sobre las cabezas de los ciudadanos. Criminalizó la campaña en pro de la no participación o el voto negativo, no sólo contra los islamistas radicales, sino también –aprovechando que el Nilo pasa por el Cairo- contra los moderados del Partido Egipto Fuerte (PEF).Éste y algunos liberales y socialistas se pronunciaron por el NO, mientras la Alianza en Defensa de la Legitimidad (ADL) –en la que se encuadran los HM, el Frente Salafista y Al-Gama al-Islamiya (AGI) - propugnó el boicot. Como indicó el líder de PEF. Abdelmoniein Abulfatah, el Gobierno les ha impedido realizar su campaña electoral, por lo que –en tal ambiente de represión, ¿cómo se puede realizar un referéndum?. Sólo durante los dos días de la votación se produjeron 11 muertes y 444 detenciones, y –según Transparencia Internacional- medidas como éstas “han afectado las condiciones para llevar a cabo un referéndum libre y justo, de acuerdo con los estándares internacionales”. Rasgos de la nueva Constitución La Constitución de 2012 era un texto otorgado, elaborado sin la participación de la oposición no islamista. Consagraba un Estado islámico, en el que la “Sharia” era el único principio inspirador de la ley, que era controlada por el Consejo de Ulemas de la Universidad de Al-Azhar. La nueva Constitución mejora considerablemente la anterior, aunque sigue siendo insuficiente. Se inicia líricamente afirmando en su Preámbulo que “Egipto es el don del Nilo y el regalo de los egipcios a la humanidad”. El Islam es la religión del Estado, pero se ha suprimido el artículo que permitía la interpretación islámica de la ley, y el control de la legislación por Al-Azhar ha sido sustituido por el del Tribunal Constitucional. Afirma que la libertad de creencia es absoluta y el Estado garantiza esta libertad y la práctica de los ritos religiosos, así como la construcción de lugares de culto de las religiones monoteístas del Libro. Los ciudadanos tienen derecho a fundar partidos políticos, salvo los que estén basados en la religión, el género, la etnia o la región. Amplía el catálogo de derechos y libertades, y el Estado asume el compromiso de “alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los derechos civiles, políticos y culturales”. Asigna un porcentaje del PIB a la inversión en sanidad, educación e investigación científica. Entre los elementos negativos cabe mencionar la designación del Ministro de Defensa por el Consejo Superior de las FA durante las dos próximas legislaturas, la elaboración por el Ejército de su propio presupuesto, y la competencia de los tribunales militares sobre civiles en los casos de ataques a las instalaciones militares, al personal armado o a los bienes castrenses. Es un texto un tanto paternalista, con tintes de despotismo ilustrado: “todo por el pueblo, pero sin el pueblo, y con el Ejército”. Aunque suponga una importante mejora, difícilmente podrá tener éxito con la oposición, o sin el respaldo, de la mayor parte del pueblo egipcio. Fiasco de la democracia en Egipto Existe un enfrentamiento frontal e irreconciliable entre los HM y las FA. El levantamiento del Ejército contra Mursi se produjo, no tanto por su intención de islamizar Egipto, como por su pretensión de controlar el omnímodo poder de la más importante institución del país, que ha mantenido durante lustros el monopolio del poder militar, político y económico, y sido un Estado dentro del Estado. Mas el intento de las FA de exterminar la Hermandad está abocado al fracaso, pues no se pueden poner puertas al campo, ni ignorar la implantación social de los HM, que cuentan con un amplio apoyo popular, especialmente en las zonas rurales. El líder de AGI, Abdul al-Zomor, ha reconocido que hay un cierto equilibrio de fuerzas y a unos y otros no les queda otra alternativa que negociar y marchar por la ruta de la democracia. Al-Sisi se ha jactado de que las FA son capaces de”llevar a Egipto hacia la estabilidad, la seguridad y el progreso, pese a las amenazas del terrorismo”. Nada ha dicho sobre la democracia. Ha afirmado que se presentará a las elecciones presidenciales si el pueblo se lo pide. Tras el “rotundo” éxito del SI, parece estar dispuesto a sacrificarse por la patria y –como un Radamés más- seguir la senda de los “espadones” Nasser, Sadat y Mubarak. Estados Unidos-a través de su Secretario de Estado John Kerry- ha hecho un llamamiento a favor de la adopción de una Constitución “que proteja a todos los egipcios” y a la celebración de “elecciones inclusivas, libres y justas”. Se ha mostrado dispuesto a ayudar en “la gran transformación que está viviendo Egipto” y ha ofrecido su colaboración al Gobierno “en la lucha contra el terrorismo”. ¿Incluido el supuestamente realizado por los HM?. La Unión Europea no sabe/no contesta. Como en la parábola evangélica, la semilla de la primavera árabe fue sembrada en tierras egipcias. Parte cayó en la orilla del camino y los pájaros del Ejército se la comieron. Otra cayó en el pedregal de los intereses creados de la oligarquía “mubarakiana” y el sol de la codicia la agostó. Otra cayó entre los cardos de los HM, que –al crecer- la ahogaron. ¿ha caído alguna parte en tierra feraz que pueda dar fruto?. La crisis surgida entre “barbudos” de Escila y “bigotudos” de Caribdis parece haberse cerrado con la votación, pero lo ha hecho en falso. Según el dirigente de la ADL Magdi Qorqor, “el resultado del referéndum no es un punto final” y mantendrán las manifestaciones pacíficas “hasta derrotar el golpe de Estado”. Acto seguido, convocó la enésima manifestación contestataria. La democracia –ese oscuro objeto de deseo de la primavera árabe- navega a la deriva por las aguas del Nilo. Madrid, 20-I-14

La defensa que viene

LA DEFENSA QUE VIENE Durante la Pascua Militar del 6 de Enero, el Rey Juan Carlos I reconoció el enorme esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas de España (FA) para garantizar la seguridad y la defensa de la patria en un horizonte económico de gran complejidad, y subrayó la necesidad de caminar por la senda que les permita obtener el máximo rendimiento de los recursos y mantener la operatividad de sus unidades. El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmó que resultaba difícil alcanzar, sin contar con los medios materiales necesarios, la eficiencia que la sociedad les demanda, y anunció la creación de una Fuerza de Acción Conjunta (FAC), con el impactante argumento de que, en las FA, “más vale tener un 10% al 100%, que un 100% al 10%”. Criterios para la reestructuración de la Defensa Estos problemas fueron abordados a finales del pasado año por el analista del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, en un espléndido opúsculo titulado “La defensa que viene: Criterios para la reestructuración de la Defensa en España”. El autor señalaba los siguientes novedades en el ámbito de la defensa: 1) Desaparición del contexto geopolítico y geoestratégico, y desfase entre los objetivos y los recursos disponibles, que hacen insostenible la defensa tradicional; 2) fin del modelo de seguridad internacional basado en las relaciones trasatlánticas, con el desplazamiento del interés político, económico y estratégico hacia Asia-Pacífico; 3) aparición de grupos extremistas no estatales, que recurren al terrorismo y a la subversión contra los Estados; 4) crisis de las organizaciones multilaterales de seguridad y auge de las alianzas bilaterales coyunturales para resolver los conflictos al margen de sus estructuras; 5) renuencia a recurrir al uso de la fuerza y a aceptar el concepto de seguridad compartida, y aprensión de los políticos ante la opinión pública, que apenas se implica en las intervenciones por estimar que no afectan a la sociedad; 6) limitación del poder militar clásico y desgaste producido por los daños colaterales; 7) aumento de los recortes e insuficiencia de las dotaciones presupuestarias. Estos rasgos se dan también en España, que se encuentra en primera línea ante los riesgos de la creciente inestabilidad de los países mediterráneos y del norte de África, del Golfo de Guinea al Cuerno de Somalia, pasando por el Sahel. El Gobierno debe orientar su política defensiva hacia los espacios geográficos donde están más en juego sus intereses de seguridad (“retraimiento selectivo”). La implicación de Estados Unidos (USA) en Europa garantizaba la estabilidad de la región a un bajo coste, pero, ahora que disminuye su interés, España tendrá que asumir mayor responsabilidad en su seguridad nacional e iniciar la renovación y modernización de sus FA en un contexto de austeridad. No puede delegar la protección de su seguridad en el marco de la OTAN y deberá buscar asociaciones estratégicas con países que compartan sus intereses, como Francia, Italia o USA. Ha de reestructurar sus FA y contar con una FAC con capacidad de intervención especializada. Debe salvaguardar su tejido industrial y tecnológico –“de la industria de defensa a la defensa de una industria estratégica”- y pasar “de la inseguridad presupuestaria al planeamiento sostenible”. Por último, ha de convencer a la opinión pública sobre la ineludible necesidad de contar con una política de seguridad adecuada, Continuada disminución del presupuesto de Defensa Se trata de una misión casi imposible. Como ha comentado gráficamente un alto mando militar- los recortes “han tocado hueso”y puesto en peligro la operatividad de las FA, y lo peor es que las restricciones van a seguir. En los últimos 7 años, el presupuesto de Defensa se ha reducido un 36%, pasando de €8.494 millones en 2007 a 5.745 millones en 2014, y los gastos de inversión han menguado un 75%. España gasta en defensa menos del 1% de su PIB, lejos del 4% de USA, del 2% de Gran Bretaña o del 1.5% de Francia. Ha tenido que jubilar prematuramente a su único portaviones, el “Príncipe de Asturias”, una cuarta parte de su flota de aviones Harrier y uno de los dos Boeing-707 de reabastecimiento en vuelo. No se han presupuestado partidas para sustituir los trece Harrier restantes.-que tienen de vida hasta 2020-, ni los aviones de abastecimiento. En 2012 se adoptó el plan “Visión”, que prevé la reducción de 20.000 efectivos de una plantilla, que absorbe el 77% del presupuesto. El Ministerio ha ido “trampeando” con las dotaciones extra-presupuestarias extraordinarias -€800 millones en 2013- para las misiones de paz en el exterior, que han permitido al Ejército español desempeñar brillantemente su cometido y, a la par, invertir parte de estas sumas en labores de entrenamiento, complemento de plantillas y mejora del equipo –como la adquisición de tanques “Lince” o blindados anti-minas RG-31-. Pero las grandes misiones en Afganistán y Líbano se van reduciendo y se limitará considerablemente este preciado maná en el futuro. El Ministro Morenés ha expresado su esperanza de que se faciliten a las FA los medios requeridos para una defensa que, en el actual mundo inestable en que vivimos, adquiere, si cabe, mayor importancia. Haciendo de la necesidad virtud, ha previsto la creación de la FAC, un grupo integral especializado, compuesto por fragatas, aviones de caza y transporte, unidades blindadas y de operaciones especiales, y 10.000 efectivos -el 9% de una plantilla prevista de 110.000 militares-. Según el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez, se trata de una Fuerza “de alta calidad, versatilidad, eficacia, resiliencia y carácter expedicionario”, que podrá desplegarse en un plazo máximo de un mes -e incluso menos en el caso de las unidades de acción rápida-, y deberá dar una respuesta “rápida y efectiva” a los problemas que surjan. La cuestión de la defensa y la seguridad apenas ha sido debatida en las Cortes o ante la opinión pública, y el Gobierno –y no sólo el Ministerio de Defensa- ha de informarla y concienciarla sobre la exigencia de hacer frente a cualquier amenaza contra la soberanía nacional o la integridad e intereses del Estado, y de proteger el bienestar de la sociedad frente a los peligros del terrorismo, el crimen organizado, los ciber-ataques, las armas de destrucción masiva, los flujos incontrolados de inmigración, la insuficiencia energética o las catástrofes naturales. Conveniencia de una labor pedagógica para fomentar la cultura de la defensa Morenés ha reconocido que falta en España una “cultura de la defensa y de la seguridad”, por lo que hay que propiciarla. Los miembros de las FA se encuentran mejor preparados que nunca y aquéllas son la institución más prestigiada y cuentan con un amplio grado de aceptación social. La justificación de la acción armada sólo en base al humanitarismo o a la cooperación internacional ha desfigurado la esencia de la misión de las FA, que no son una ONG. Aunque puedan realizar funciones similares, deben disponer de la capacidad militar suficiente para –como ha observado Arteaga- prevenir un conflicto, ejercer la disuasión y utilizar la fuerza como último recurso, si necesario fuere. El Gobierno ha de cambiar su política de comunicación y alentar un debate global y profundo sobre los requerimientos de la defensa y de la seguridad. Con un difuso pacifismo bien pensante, la sociedad admite el recurso a la fuerza, pero prefiere que la utilicen otros. Aspira a contar con unas FA eficientes a un mínimo coste, pero –como reza el proverbio- “a quien algo quiere, algo le cuesta”. No se puede seguir reduciendo el presupuesto de las FA, so pena que les ocurra lo que al burro del campesino, que lo acostumbró a no comer y, cuando el animal se habituó, se murió. El Gobierno ha de establecer una FAC eficaz y centrar su atención en las zonas sensibles del Mediterráneo y del Magreb, asumir su función coordinadora del programa 5+5 de seguridad en el Mediterráneo Occidental, mantener su activa participación en la “Operación Atalanta” y concluir el repliegue de tropas en Afganistán y Líbano, dejando retenes especializados reducidos. Debe participar en las misiones de paz en lugares en que se puedan ver afectados sus intereses, como en Mali o la República Centroafricana, y enviar especialistas para entrenar a las tropas locales y ofrecerles facilidades logísticas. Por último, habrá de reestructurar sus FA para estar en condiciones de responder adecuadamente a la “defensa que viene”. Madrid, 13-I-14.

Jaque del terrorismo checheno a Putin

JAQUE A PUTIN DEL TERRORSMO CHECHENO Lis días 27, 29 y 30 del pasado Diciembre saltaron por los aires un autobús, el vestíbulo de la estación de ferrocarriles y un trolebús en Volgogrado –antigua Stalingrado-, como consecuencia de atentados suicidas cometidos por terroristas chechenos. Se han producido estos actos criminales cinco semanas antes de la inauguración el próximo 7 de Febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, acontecimiento con el que el Presidente ruso Vladimir Putin pretende redorar su blasón y manifiestar ante el mundo el poderío renacido de la Federación de Rusia (FR). Lucha de Chechenia por su independencia Chechenia es un pequeño territorio montañoso situado en el Cáucaso septentrional, con 15.300 Kms2 de extensión y una población de 1.300.000 habitantes. Hasta 1870 no pudo ser controlado por el Imperio zarista. En 1936 se integró en la URSS como la República Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia. Al disolverse la Unión en 1991, Ingusetia se integró en la FR, pero Chechenia -bajo el liderazgo del ex-general soviético Dzhojar Dudayev- se negó a adherirse al Tratado de la Federación y se declaró independiente en 1993 bajo el título de República Chechena de Ichkeria. El Presidente ruso Boris Yeltsin no podía tolerar la secesión de un territorio de la Federación por temor al “efecto dominó” que pudiera provocar y envió tropas para sofocar la rebelión. El mal equipado y peor motivado ejército ruso se enfrentó a una guerra de guerrillas para la que no estaba preparado y sufrió numerosos reveses. Pese al uso masivo de la artillería y de la aviación –que provocó la destrucción parcial de la capital Grozni-, las fuerzas invasoras sólo consiguieron ocupar las ciudades principales y fueron incapaces de controlar el resto de la región. Yeltsin tuvo que enviar al general Alexander Lebed para que concertara un honroso cese de hostilidades en 1996, seguido un año más tarde de un Tratado de Paz que no se respetó. Chechenia logró la independencia “de facto” bajo la presidencia del nacionalista Aslan Masjadov, que subió al poder tras la muerte de Dudayev. El moderado, Masjadov carecía de autoridad y poder real, y se encontró con la hostilidad del Kremlin y con la insubordinación de sus propios generales, “señores de la guerra”, que la hacían por su cuenta y en su beneficio, fomentando la principal industria nacional del secuestro y de la extorsión. Entre ellos destacaba su Vicepresidente, Shamil Basayev, un fundamentalista extremamente cruel que formó la Brigada Internacional Islámica, en la que se integraron experimentados “yihadistas” de las guerras de Afganistán y de Irak. Dirigió operaciones espectaculares como la toma de rehenes en el Hospital de Budionnosk (1995), la colocación de bombas en apartamentos de Moscú, Volgodonsk y Busyksk (1999) –aunque hay quien la atribuye a los servicios secretos rusos-, la ocupación del teatro moscovita de Duvrovka (2002) o el asalto a la escuela de Beslán (2004), que causaron numerosas víctimas, en parte debido a la desafortunada intervención de la policía federal. Ante el deterioro de la situación y so pretexto de los ataques de terroristas chechenos en Daguestán, el nuevo Primer Ministro Putin lanzó a partir del año 2000 una segunda ofensiva contra Chechenia, que gozó de apoyo popular, logró algunos éxitos y consolidó su liderazgo. Consiguió controlar la mayor parte de la república, aunque a coste de destruir lo que quedaba de Grozni, pero –debido a la impopularidad de las fuerzas de ocupación- optó por la “chechenización” del conflicto y entregó el poder al ex-guerillero Ajmad Kadyrov –sustituido a su muerte por atentado en 2004 por su hijo Ramzam- y su cuadrilla de “señores de la guerra”, que se convirtieron al modo paulino en ardientes defensores de la madre patria rusa.. Con la connivencia del Gobierno federal, los Kadyrov establecieron un régimen autocrático y liberticida, que ignoraba las normas constitucionales y violaba los derechos humanos, como se puso de manifiesto con el asesinato de la periodista Anna Polikostkaya, que había denunciado la situación. Como ha destacado la periodista chechena Oksama Chelicheva, ellos eran la principal amenaza contra la población civil y convirtieron a Chechenia en un campo de concentración en el que reina el silencio de la tumbas. Radicalización del islamismo y predominio sobre el nacionalismo Los rebeldes secesionistas perdieron base social en la mayor parte de la región y se tuvieron que refugiar en las montañas caucásicas, desde las que han continuado su política desestabilizadora -basada en el terrorismo indiscriminado, la extorsión y el impuesto revolucionario-, que han extendido a las repúblicas vecinas de Daguestán, Ingusetia, Osetia del Norte y Kabardino-Balkaria. A la muerte de Basayev en 2006, el mando rebelde fue asumido por Doku Umarov, que se auto-proclamó Presidente de Ichkeria y pretende establecer un Emirato fundamentalista en el Cáucaso Norte, con la imposición de la “Sharía” como única ley aplicable. En los últimos años se ha producido un acelerado cambio en el islamismo de la antigua URSS, que era un fenómeno más cultural e identitario que religioso, en el que predominaba la tolerante corriente sufí. Aprovechando el desconcierto de la disolución de la Unión Soviética, Arabia Saudita promovió financiera y políticamente en las regiones musulmanas la expansión del “whahabismo” –la versión más intransigente y retrógrada del mahometanismo-, mediante la creación de escuelas coránicas -“madrasas”- y el envío de “mullahs” integristas, que expandieron su credo y radicalizaron el Islam de la región. Al mismo tiempo, este neo-islamismo ha ido desplazando al nacionalismo independentista de Chechenia, que ha sido fagocitado por el integrismo salafista y se ha extendido a las repúblicas vecinas. Una muestra de ello ha sido el reciente asesinato del jeque Said al-Cherkawi, líder sufí de Daguestán. Se ha producido una alianza coyuntural contra el enemigo común, el Gobierno federal ruso, entre los salafistas wahabitas, los separatistas irredentos y las víctimas de la represión policial, la corrupción y la crisis económica, que cuenta con el apoyo operacional de la flor y nata del yihadismo. Dando un paso más en su política terrorista, Umarov ha propiciado la actuación suicida de las “viudas negras”, familiares de los muertos por la represión en Chechenia, que se ha materializado en los atentados en el metro de Moscú (2010), la explosión de dos aviones que se dirigían del aeropuerto moscovita de Demodevobo a Sochi (2012) o los recientes ataques en Volgogrado. Hasta 53 mujeres se han inmolado, 30 de ellas en 2013. Amenaza a los Juegos Olímpicos de Sochi Umarov ha amenazado con hacer fracasar los “Juegos Satánicos” de Putin, que van a celebrarse “sobre los huesos de muchos musulmanes asesinados”. El Gobierno ruso ha establecido la ley marcial en la zona y protegido a Sochi con 40.000 soldados y fuerzas de seguridad, pero no puede blindar a toda la nación -ni siquiera su parte meridional- contra ataques terroristas suicidas, especialmente si son cometidos por mujeres o por eslavos convertidos al Islam, que atacan los flancos blandos ante el blindaje de la ciudad. Putin ve en peligro la normal celebración de su juguete olímpico y ha declarado se determinación de eliminar por todos los medios el terrorismo. Ahora se da cuenta de que “sólo podemos derrotarlo entre todos” y solicita la solidaridad internacional, que él ha negado en Siria al apoyar al régimen tiránico de al-Asad frente a la comunidad internacional. La situación se ha vuelto contra él porque, en represalia, las franquicias de Al-Qaeda apoyan activamente al salafismo checheno. Putin sigue, por otra parte, una política contradictoria, pues -mientras mantiene a ultranza la integridad de la FR- ha facilitado la independencia de las regiones georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, y apoya el secesionismo en Transdniester. Ahora ve cómo se le aplica su propia medicina. El salafismo le ha dado jaque y –aunque no parece que la jugada acabe en mate- ha puesto de relieve la vulnerabilidad del país. Podrá celebrar sus Juegos, pero a un elevado coste, y tendrá que encontrar una solución política al conflicto de Chechenia, que no puede ser resuelto sólo con la represión brutal y la privación de libertades. Madrid, 6-I-14

El aborto no pues ser un derecho

EL ABORTO NO PUEDE SER UN DERECHO El pasado día 20 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de protección de los derechos de los concebidos y de la mujer embarazada, por la que se deroga la Ley de 2010 de salud reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y se vuelve a la regulación de supuestos prevista en la Ley de 1985. La reacción de la progresía izquierdista ha sido fulminante y desorbitada. Una conocida feminista ha afirmado que la ley de plazos es técnicamente más aséptica e ideológicamente más honesta, pues los supuestos conducen a las trampas, y que no puede haber consenso porque la equidistancia resulta metafísicamente imposible, al no existir un punto medio entre el bien y el mal. IU ha calificado el texto de ataque frontal a los derechos fundamentales de la mujer. La normalmente ponderada Rosa Díez ha desbarrado al observar que la ley de supuestos ha fracasado y volver a ella sólo puede obedecer a motivos espurios, pues sacar una ley confesional que no pide casi nadie es una corrupción intelectual.. El más vehemente ha sido el PSOE liderado por la Juana de Arco del abortismo, Elena Valenciano, que ha dicho una sarta de insensateces: que la ley trata a las mujeres como incapaces, termina con su libertad, atenta contra su dignidad, las obliga a parir hijos con graves malformaciones y pretende acabar con la maternidad. No es una ley contra el aborto, sino contra la mujer, y supone la más grave restricción en la Historia de sus derechos. Ha llamado a zafarrancho de combate y convocado en Madrid a las Brigadas Internacionales pro-Aborto. En cambio, grupos pro-Vida –como “Derecho a Vivir”- han reclamado el “aborto cero” o, al menos, la supresión del supuesto de riesgo para la salud mental de la gestante El anteproyecto ha pasado a examen de los altos organismos consultivos del Estado, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el Gobierno no cambiará los principios inspiradores de la ley ni los supuestos en los que el aborto será legal. Evolución de la regulación del aborto Cuado se redactó la Constitución (CE) se debatió el derecho a vivir y surgieron discrepancias sobre si el feto podía o no ser considerado como persona. Para consagrar su protección, se recurrió en el artículo 15 a la fórmula “todos tiene derecho a la vida”, en contraste con la de “toda persona” -utilizada en los demás artículos relativos a los derechos fundamentales-, que fue consensuada por todas las fuerzas políticas, incluidas las de izquierda. A principios de los años 80 surgió una cierta demanda social para despenalizar el aborto en ciertos casos como consecuencia de la descristianización de la sociedad española. El Gobierno socialista introdujo en su ley de 1985 lo tres supuestos eximentes generalmente aceptados: violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o mental de la madre. Pese a la interpretación restrictiva dada por el Tribunal Constitucional (TC) a este último supuesto –a cuyo amparo se ha realizado el 97% de las interrupciones de embarazo-, fue utilizado de forma excesivamente laxa por las clínicas abortistas, con la condescendencia de sectores judiciales como la Audiencia Provincial de Barcelona, que exoneró al Dr.Morín de la comisión de 89 abortos ilegales. Durante sus ocho años del mandato, José María Aznar respetó la ley del aborto, pese a resultar inaceptable para algunos sectores del PP, siguiendo el acertado criterio de que el Gobierno debe velar por los intereses de todos los ciudadanos y no sólo por los de los que sean de su cuerda. El PSOE no incluyó en su programa electoral de 2004 la modificación de la ley, pero, seis años mas tarde, el Gobierno socialista la cambió radicalmente –de forma inopinada y sin que mediara una demanda social- con la introducción de un cuarto supuesto de aborto libre durante las primeras 14 semanas del embarazo, con lo que condonaba un homicidio cualificado. Amén de una serie de anomalías –como la posibilidad de que las menores abortaran sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores- el “dúo dinámico” formado por José Luis Rodríguez Zapatero-Bibiana Aído cruzó el “non plus ultra” y, por arte de “birlibirloque”, transformó un delito en un derecho, en contra de la ley natural, los tratados internacionales, la CE y el sentido común. El PP presentó ante el TC un recurso contra la ley –que aún no ha sido resuelto-, incluyó en su programa electoral la revocación de la ley Aído, y ha aprobado a tal efecto un anteproyecto de ley que sólo mantiene las excepciones de violación y de riesgo para la salud física y psíquica de la gestante, aunque aumentando los controles para evitar fraudes. Suprime los supuestos de plazo y de malformación del feto, que ha sido lo más criticado, incluso por líderes del PP, como la alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, que ha señalado que en ocasiones el aborto terapéutico es aconsejable. Ha habido disparidad de opiniones sobre su interpretación.¿Está justificado el aborto cuando el feto sufre del síndrome de Down o de malformaciones causadas por drogas como la talidomida?.Hay que tener en cuenta las normas internacionales sobre igualdad de derechos de los discapacitados Podría quedar cubierto por el supuesto de riesgo para la salud mental. La nueva ley recupera la dignidad del hijo sin criminalizar a la madre, que en ningún caso podrá ser encarcelada. Prioridad del derecho a la vida No se trata de un problema ideológico ni de conciencias, sino de derechos. Con independencia de sus convicciones personales, todos han de respetar la ley. El derecho a la vida es el más importante de todos y constituye un presupuesto básico para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Al contrario de lo que pontifica la “regresía” izquierdista –que se arroga el monopolio de la superioridad moral-, lo que es progresista es defender la vida, mientras que apoyar la muerte es retrógrado. No se produce un conflicto entre ideologías, sino entre los derechos de la gestante y los del concebido. El derecho de la mujer sobre su propio cuerpo no es absoluto, pues –si lo fuere- quedaría justificado el suicidio o la eutanasia- y además puede entrar en colisión con el derecho del feto, que no es una mera excrecencia corporal de la madre que pueda ser extirpado como una muela careada o un tumor maligno. Según ha reconocido el ex-Presidente del Senado, José Bono, el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta, y –como dictaminó el TC en 1985- “los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida de del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional”, por lo que el Gobierno debe protegerlo. Contradicciones de la izquierda supuestamente progresista La izquierda, y el PSOE en particular, están sumidos en la contradicción. Reformaron la ley del aborto pese a que no lo habían previsto en su programa y acusan al PP de hacerlo cuando sí figuraba en el suyo, exigen el voto secreto cuando se negaron a ello en 2019 al votaarse la ley Aído, y presumen de luchar contra la pena de muerte y de proteger a los más débiles, mientras no dudan en eliminar al ser más indefenso y desprotegido. No son consecuentes con su consideración del aborto como un derecho pues –si tal derecho existiera- no habría que establecer plazo alguno y el “feticidio” podría realizarse hasta minutos antes del nacimiento. El nasciturus tiene derechos o no los tiene y, si los tiene, no hay razón científica ni jurídica para que se les nieguen durante cierto tiempo, ya que es titular de dichos derechos desde su concepción. El aborto es un drama personal y un fracaso social, y –como ha señalado la profesora Adela Cortina- es indeseable y en ningún caso, figura en el proyecto vital de una mujer. Por ello, el Gobierno debe velar para que no se realice más que cuando sea estrictamente necesario y proteger a la mujer embarazada tanto con medidas personales –apoyo psicológico, moral y económico-, como sociales –protección de la familia, conciliación laboral o facilitación de escuelas maternales-. El principio de “no matarás” está avalado por todas las religiones y creencias, y grabado en la conciencia del ser humano, por lo que su violación en modo alguno puede ser considerada como un derecho. Madrid, 30-XII-13

¿Autodeterminación para Cataluña?

¿AUTODETERMINACIÓN PARA CATALUÑA? El President Artur Mas reveló de forma solemne la doble pregunta que piensa someter el l9 de Noviembre de 2014 a la decisión del pueblo de Cataluña sobre su futuro político. Para salvar las apariencias constitucionales, la Generalitat ha presentado al Parlament una proposición de ley orgánica que pide a las Cortes Generales que –de conformidad con el artículo 152-2 de la Constitución (CE)- autorice al Gobierno catalán a convocar un referéndum de autodeterminación de la Comunidad. (CA) Ante la extrema gravedad de esta decisión, el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, salió de su habitual reserva para afirmar de forma categórica que la pretendida consulta es anticonstitucional por atentar contra la clave de bóveda de la CE –la unidad indisoluble de la Nación y la ubicación de la soberanía nacional en el pueblo español- y que, por tanto, no se celebrará. Esta declaración era necesaria, pero ha sido insuficiente. Deriva independentista de la Generalitat El deterioro de la situación política en Cataluña ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a raíz de la pérdida de votos de CIU en las elecciones adelantadas de 2012 y de su dependencia de ERC. Como ha señalado Jesús Cacho, el Gobierno central respondió con silencio autista, indiferencia e inacción como si este grave tema apenas le afectara, y Rajoy sólo ha utilizado una base ínfima de los recursos legales disponibles para hacer frente al reto independentista. El Ministro de Justicia, José María Ruiz-Gallardón, ha dicho que la democracia española dispone de los recursos necesarios para impedir la consulta, pero el problema radica en si el Gobierno los está utilizando de forma adecuada. Para José María Aznar, ante la ilegalidad de la convocatoria, el Gobierno debe reaccionar con eficacia, de manera proporcionada a la gravedad del desafío, que afecta a la integridad de la nación y a su continuidad histórica y democrática. Según Joseba Arregui, la Generalitat ha dado un paso que no cabe en la CE, sin la cual el Gobierno catalán no sirve para nada. Mas ha puesto las cartas sobre la mesa y manifestado la determinación de su Gobierno de lograr la independencia de Cataluña, a cuyos efectos celebrará el referéndum “sí o sí, con lo que el Gobierno catalán ha dado un paso definitivo en su insumisión institucional ante el Estado. Tras desobedecer abiertamente varias leyes estatales de obligado cumplimiento, incumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional e ignorar las decisiones del Gobierno central, ha decidido celebrar un referéndum de autodeterminación para lograr la independencia. El Estado debe emplear todos los medios a su disposición para evitar que se celebre el referéndum e –item más- que sea financiado con dinero público. Un desafío tan flagrante a la legalidad vigente tenía que haber sido frenado en seco antes de que se a llegara al borde del precipicio. Rajoy debería haber tomado la iniciativa, en vez de mantenerse en la expectativa e ir reaccionando tardíamente a los pasos dados por el independentismo catalán. Como ha observado Ramón de Veciana, ha seguido la misma política que en el caso del “Prestige”: alejarlo de la costa y esperar a que el tiempo arreglara lo que era incapaz de resolver, sin darse cuenta de que –al igual que en la mecánica de los fluidos- el espacio político que no ocupen las instituciones del Estado son automáticamente ocupadas por el nacionalismo. Con su pachorra habitual, Rajoy ha pedido a los periodistas que estén tranquilos y no se pongan nervosos, pues todo acabaría bien. Ha manifestado que no teme una declaración unilateral de independencia y dejado caer de forma chulesca que habría que ver a quién le daba más vértigo. Instrumentos del Gobierno central para hacer frente al reto secesionista Sin llegar a la “última ratio” del artículo 155 de la CE –que permitiría al Gobierno central obligar a la Generalitat al cumplimiento forzoso de sus obligaciones- dispone aquél de una panoplia de instrumentos jurídicos para corregir a la oveja descarriada. Debería hacer un requerimiento al Gobierno catalán para que abandone su proyecto secesionista y, si no lo hiciere, acusar a sus autoridades de usurpación de atribuciones, de conformidad con el artículo 509 del Código Penal. Cabría reintroducir en el Código el delito de convocatoria ilegal de consultas, suprimido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Podría presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra disposiciones y resoluciones adoptadas por la Generalitat, y contra leyes aprobadas por el Parlament, de acuerdo con el artículo 161 de la CE. Podría –y debería- tomar asimismo medidas de carácter económico para tratar de hacer entrar en razón a los díscolos nacionalistas, conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite intervenir las cuentas de una CA incumplidora, ya que Cataluña no ha respetado los límites de déficit fijados para 2012, ni parece que vaya a respetar los previstos para 2013 y 2014. El inefable Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, no sólo se ha tragado sus bravatas intervencionistas, sino que –a medida que subía el clamor de la Generalitat por la supuesta explotación del Gobierno central- ha ido aumentando las concesiones a la “explotada” Cataluña: autorización de un “déficit a la carta”, créditos de €28.000 millones, préstamo de €1.506 millones para abonar facturas pendientes, ampliación a 5 años del pago de €2.475 millones que debería hacer en 2014, y transferencia de la recaudación por el impuesto sobre el patrimonio, por valor de €838 millones. ¡Ya quisieran otras Comunidades ser explotadas de esta manera!. Ni siquiera se ha atrevido a condicionar estas cuantiosas ayudas y excluir su uso para el abono de gastos destinados a llevar a cabo el proceso secesionista o de financiación de actividades identitarias, como el mantenimiento de su “servicio diplomático”, la expansión de la lengua catalana fuera de Cataluña o la subvención de los medios de comunicación, utilizados de forma “goebeliana” para expandir el independentismo. El Gobierno central debe ayudar a cualquier CA en apuros, siempre que ésta le corresponda con un mínimo de lealtad institucional. Ha alegado que el pueblo catalán no tiene culpa de los desmanes de sus dirigentes –Soraya Saéz de Santamaría- o que el Gobierno no castigará a la Generalitat porque estaría sancionando a los catalanes- Dolores de Cospedal-, pero el pueblo tiene que asumir los costes de la incompetencia de su Gobierno y –si no está de acuerdo con él- cambiarlo. Lo que resulta inconcebible es que el Gobierno central pague encima la cuerda con la que va a ser ahorcado. Inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación El PSOE ha respaldado al Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que “no estamos ni estaremos jamás con el derecho de autodeterminación”, pero –dicho esto- ha mostrado su talante “pastelero” al recomendar a Rajoy que explore vías de negociación para “evitar un choque de trenes”. Pero, ¿negociar con quién y para qué?. ¿Con quienes se sitúan al margen de la legalidad y para decidir sobre el derecho a decidir?. Miquel Roca ha afirmado que, para resolver el problema catalán, sólo hay que tener voluntad política y no refugiarse en obstáculos legales, y Miguel Herrero que el proceso secesionista no se frenará invocando una norma jurídica -ni siquiera la CE-, y que, sin reformarla, bastaría con introducir en ella una “mutación” para renovar la identidad nacional de Cataluña. Pero, como ha señalado Carlos Cuesta, en un Estado de Derecho no puede haber más vía que el cumplimiento íntegro de la Constitución. Por supuesto que se puede reformar ésta como pretende el PSOE con su propuesta federal, si se hace de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, mas aún suponiendo que tal fuera posible, estoy convencido de que la introducción de un sistema federal que estableciera la igualdad de todos los Estados federados no sería aceptable para el nacionalismo. Como ha observado Javier Banegas, los nacionalistas catalanes han reescrito el pasado y ahora pretenden reescribir el futuro de todos los españoles. El Gobierno de la Nación no puede ni debe permitir la autodeterminación de Cataluña en detrimento del resto de España. Madrid, 23-XII-2013.