La asignatura pendiente de la descolonización de Gibraltar

LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA DESCOLONIZACIÓN DE GIBRALTAR A finales de Enero asistí a la magnífica conferencia pronunciada por el Embajador José Cuenca sobre “Gibraltar”, con motivo de su ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Asimismo he leído con interés el libro que acaba de publicar el Embajador Eric Martel sobre “Gibraltar: la hora de la verdad”. Doctrina de la ONU sobre Gibraltar Gran Bretaña incluyó en 1946 a Gibraltar en la lista de la ONU de Territorios no Autónomos (TNA) destinados a ser descolonizados, pero –cuando España planteó en 1963 el tema ante la Organización- trató de eludir su examen por el Comité de los 24, si bien fracasó en su empeño y la Asamblea General, en su resolución 3070(XX) de 1965, .invitó a este país y a España a que iniciaran sin demora conversaciones al respecto. Un año más tarde, en su resolución 2231(XXI), reiteró al Reino Unido su petición de que realizara negociaciones, “teniendo en cuenta los intereses de la población del territorio”, y le pidió que acelerara la descolonización de Gibraltar en consulta con España. Para frenar este proceso, Gran Bretaña celebró en 1969 un referéndum en el Peñón, que fue condenado por la Asamblea en su resolución 2353 (XXII), en la que –tras advertir que cualquier situación colonial que destruyera total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas- instó a los dos Estados a que continuaran las negociaciones con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar y a salvaguardar los intereses de su población “al término de esa situación colonial”. La posición de la ONU es, pues, que Gibraltar es un TNA que debe ser descolonizado mediante negociaciones entre el Reino Unido y España, respetando la integridad territorial de ésta y salvaguardando los legítimos intereses de la población al final del proceso descolonizador, y no durante su desarrollo. En 1969, Gran Bretaña otorgó a Gibraltar una Constitución por la que le concedió un cierto grado de autogobierno, y en cuyo preámbulo se afirmaba que seguiría formando parte del Reino Unido salvo que el Parlamento decidiera por ley en contrario, y que el Gobierno de SM nunca aceptaría un acuerdo por el que el pueblo de Gibraltar quedara sometido a la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos. Esto ha sido malinterpretado en el sentido de que concedía a los gibraltareños el derecho a decidir sobre el futuro del territorio, mas esto no es así ya que sigue estando en manos del Parlamento británico y lo que se reconoce a la población es el derecho a no ser incorporada a otro Estado contra su voluntad. Como represalia a esta violación del Tratado de Utrecht –único título jurídico que justifica la presencia inglesa en el Peñón y que debe ser aplicado en su integridad-, el Gobierno español cerró el tráfico a través de la verja que había sido ilegalmente construida por los británicos en 1909 en el istmo, que nunca había sido cedido a Gran Bretaña y, por ende, bajo soberanía española. Gibraltar es un problema de descolonización La cuestión de Gibraltar es más política que jurídica. El Tratado de Utrecht ha quedado superado por los vientos de la Historia. Es un instrumento colonial al que hay que poner fin mediante acuerdo entre el ReinoUnido y España, de conformidad con los criterios establecidos en la resolución 1541(XV) de 1960: integración en la potencia colonial, asociación con otro Estado o independencia. La integración en la metrópoli no es viable porque el Gobierno británico no la admite, la asociación con España ha sido rechazada por la población local, y la independencia no es posible –como reconoció el propio Ministro Principal Joshua Hassan- porque el Tratado prevé que, si el Gobierno inglés decidiera “enajenar en cualquier modo” la propiedad de Gibraltar, “dará a la Corona de España la primera opción antes que a otros para redimirla”. El actual Ministro Principal, Fabián Picardo, se ha sacado de la manga un cuarto supuesto: el acceso al autogobierno mediante un estatuto hecho a su medida. En el film de Gibraltar, sin embargo, sólo hay dos protagonistas –Reino Unido y España-, y los demás son actores secundarios o “extras”. De ahí el gran error del Gobierno de Rodríguez Zapatero de crear un Foro Tripartito de Diálogo, en el que el figurante Gibraltar adquirió el papel de co-protagonista. Como reconocieron en 2002 los Ministros Josep Piqué y Jack Straw, había que concluir un acuerdo global que dotara a Gibraltar de un status “acorde con la común pertenencia de los dos países a la OTAN y a la UE”. Va, en efecto, en contra de toda lógica que, en el Siglo XXI, un Estado mantenga una colonia en el territorio de otro país socio y aliado, por lo que la única solución posible es la negociación para su devolución a España, con el máximo respeto a los derechos e intereses –que no aspiraciones- de los gibraltareños, que están en el mejor de los mundos. Evolución de las negociaciones hispano-británicas Cuenca –que fue Jefe de Gabinete de los Ministros Marcelino Oreja y José Pedro Pérez-Llorca y Director General de Europa- describió con detalle las negociaciones hispano-británicas celebradas entre 1979 y 1984. Respaldado por una moción que solicitaba la reintegración de Gibraltar, aprobada unánimemente por las Cortes, el Gobierno español firmó con el británico en 1980 la Declaración de Lisboa, por la que los dos Estados acordaron “solucionar todas sus diferencias” sobre el Peñón, de conformidad con las resoluciones de la ONU. Aunque no se mencionó expresamente en el texto, Lord Carrington se comprometió verbalmente a abordar la cuestión de la soberanía. La gratuita afrenta de la escala en Gibraltar del Príncipe Carlos tras su boda con Diana de Gales provocó un parón en las negociaciones. En medio del debate sobre el ingreso de España en la OTAN, Pérez-Llorca y Lord Carrington reanudaron los contactos, aproximaron posturas y programaron un encuentro en Sintra para anunciar el inicio de unas negociaciones, que supondrían el banderazo de salida para una eventual retrocesión a España. En esta tesitura se produjo el 2 de Abril de 1982 la malhadada invasión argentina de las Malvinas, que echó por tierra los avances conseguidos. Margaret Thatcher endureció su posición, el “paloma” Lord Carrington fue destituido y la reunión de Sintra no se celebró. En Diciembre de 1982, el nuevo Gobierno del PSOE abrió la verja y el Ministro Fernando Morán negoció en 1984 la Declaración de Bruselas. Se acordó el inicio de unas negociaciones en las que se tratarían cuestiones de soberanía y España se comprometió a “garantizar el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino”. Martel opina que esta declaración no supuso un avance para la recuperación del Peñón, porque España –presionada por la amenaza británica de vetar su ingreso en la CE- cedió una de las bazas fundamentales que le concedía el Tratado de Utrecht: la prohibición de la comunicación por tierra con la península. Gibraltar es una cuestión de dignidad nacional para España y de orgullo nacional para el Reino Unido, por lo que resulta difícil y delicada la negociación. Por ello se deben buscar soluciones a largo plazo que suavicen el conflicto, como las ofertas de soberanía compartida hechas por Oreja en 1981, por Morán en 1984, por Matutes en 1996 o por Piqué en 2002, que no fueron aceptadas por Gran Bretaña so pretexto de que habían sido rechazadas por el pueblo gibraltareño. El Gobierno necesita el respaldo de todos los ciudadanos y partido españoles. Como afirmó Fernández Ordóñez en 1992, “la reintegración de Gibraltar en España es un objetivo permanente de todos los Gobiernos españoles sobre el que están de acuerdo las fuerzas políticas por encima de ideologías y partidos”. España ha renunciado a la violencia como medio de conseguir este objetivo y aceptado las recomendaciones de la ONU de que la descolonización de Gibraltar se consiga mediante negociaciones con el Reino Unido. Dudo que exista hoy este apoyo unánime, que no parece ser asumido por los nacionalistas y parte de la izquierda, que erróneamente considera que se trata de una reivindicación franquista. Según Javier Rupérez, que Gibraltar siga el camino de Belice o el de Hong Kong dependerá de nuestra capacidad diplomática para hacer comprender a Gran Bretaña que “los costes son mayores que los beneficios”. Hay que convencer a los británicos de que la amistad con España bien vale un Gibraltar. Madrid, 4-II-14