La marcha hacia ninguna parte

LA MARCHA HACIA NINGUNA PARTE El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó un modelo de financiación autonómica para beneficiar a Cataluña, que ha gastado a discreción e incumplido los planes del control del déficit público, por lo que ha batido el “récord” con €50.948 millones de deuda. Reducción del déficit público de España Para hacer frente al grave endeudamiento de España, el Gobierno consensuó con el PP –a instancias de la UE- una reforma de la Constitución para consagrar el principio de que las administraciones no podían gastar más de lo que ingresaran. El nuevo Gobierno desarrolló esta nueva disposición constitucional mediante la Ley de Estabilidad Presupuestaria –que, curiosamente, no fue apoyada por el PSOE- y acordó reducir el déficit por debajo del 3% del PIB nacional a finales de 2013. Decidió disminuir dicho déficit un 1,5% en 2012, pero sólo logró el 1.73%, ya que, si bien doce Comunidades Autónomas (CCAA) cumplieron el compromiso –Extremadura 0,7, Asturias y Rioja 1, Madrid y Cantabria 1,1, Galicia y Canarias 1,2, Navarra 1,3, Castilla-León y País Vasco 1.4, y Castilla la Mancha y Aragón 1,5-, las otras cinco.no lo respetaron –Baleares 1,83, Cataluña 1,96, Andalucía 2,02, Murcia 3,02 y Valencia 3,45-Para 2013, el Gobierno ha fijado un objetivo de 1,2%, pero Comunidades como Murcia, Valencia, Cataluña o Adalucía- lo han rechazado y preconizado una distribución asimétrica del esfuerzo requerido. Así, en su entrevista secreta con Mariano Rajoy, el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, exigió para Cataluña un porcentaje no inferior al 2,1%, el Consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, pidió que la reducción se aplicara al déficit primario sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda, el Presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que su partido no apoyaría unos presupuestos que previeran una reducción inferior al 2%, y la Presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, sugirió que se fijara entre el 1,5 y el 1,8%. Según Francesc Homs, Cataluña no pide privilegios, sino aplicar el sentido común. Rajoy ha afirmado que estudiará estas peticiones y el Gobierno se ha mostrado sensible a las pretensiones de la CCAA incumplidoras. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, ha prometido flexibilidad, pues hay que “tener mano izquierda” ya que “hay temas políticos de fondo”. Los porcentajes se establecerán conforme a criterios objetivos que tengan en cuenta la “singularidad” de cada comunidad. Está a la espera del informe de un Grupo de Trabajo Técnico y –tras recibirlo- fijará criterios políticos para negociar con las CCAA la distribución del déficit público. La posibilidad de un “déficit a la carta” ha provocado la rebelión de las comunidades que están haciendo sus deberes y de ciertos sectores del PP, al no resultar aceptable tanto por razones objetivas como subjetivas. Razón objetiva: Igualdad de las CCAA Desde un punto de vista objetivo, el Presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido coherencia al Gobierno, que negó a su Comunidad y a otras con alto endeudamiento –como Castilla la Mancha- cualquier suavización de la condiciones y la amenazó con intervenir sus cuentas, mientras que ahora se muestra proclive a “tratar de forma diferente a las CCAA diferentes”. La relajación sólo lleva a nuevos incumplimientos y todas las comunidades deben comer “de menú” y no “a la carta”. El Vicesecretario del PP, Estaban González Pons, ha declarado que su partido no está dispuesto a aceptar un reparto asimétrico del déficit que perjudique a las CCAA que han cumplido con los objetivos y que éstos deberán ser establecidos mediante un acuerdo multilateral. El economista John Müller ha afirmado que fijar un “déficit a la carta” es un paso atrás en el esfuerzo de disciplinar fiscalmente a las CCAA, erosiona la Ley de Estabilidad y tiene difícil justificación. El profesor Juan Ramón Rallo considera disparatado permitir ajustes desacompasados en los ritmos de reducción del déficit, pues constituye un paso definitivo para consolidar la indisciplina subvencionada. Para el Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo los criterios para la distribución han de ser económicos y pactados multilateralmente, y no políticos y acordados bilateralmente. El Gobierno ha plegado velas ante esta avalancha de críticas. Así, Montoro ha asegurado que no se penalizará a las CCAA que están cumpliendo con los objetivos y Rajoy ha negado que haya concertado un acuerdo con Cataluña para darle trato de favor. Hay un margen de tensa espera hasta conocer la decisión del Gobierno, que ha mejorado su situación con el balón de oxígeno que le ha dado la Comisión Europea al fijar en el 6,5% el tope requerido para 2013 y conceder 2 años adicionales para situar el déficit por debajo del 3%, pues con ello podrá suavizar sus exigencias a las CCAA. Razón subjetiva: Premio a la deslealtad de Cataluña Desde un punto de vista subjetivo, la principal crítica que se hace al Gobierno es que su política de individualización de la capacidad de gasto va a beneficiar a una Comunidad que está en abierta rebelión contra el Estado. Según Carlos Cuesta, “tras incumplir el mandato de control del déficit en 2012, rebasar el listón de €50.000 millones de deuda pública, saltarse las sentencias judiciales en materia de educación, enfrentarse a los tribunales por sus barreras ilegales a los comercios, lanzar procesos soberanistas inconstitucionales y cometer desacato a la Constitución, Más dice que quiere más y Mas tendrá más: un déficit negociado en exclusiva con la Generalitat”. El Presidente de una CCAA al borde de la quiebra e incapaz de hacer frente a sus gastos corrientes –el Gobierno le ha tenido que adelantar €800 millones para que pudiera pagar los sueldos de sus funcionarios y otros servicios básicos- fue a pedir árnica financiera a Rajoy tras haber constituido el Consejo Asesor para la Transición Nacional y reiterado su compromiso de celebrar en 2014 un referéndum de autodeterminación que conduzca a Cataluña a la independencia. Mas chantajea al Gobierno con la amenaza de la secesión y éste accede a beneficiar financieramente a la Comunidad en “una especie de pago para amansar a la bestia”, como ha comentado Rosa Díez. En vez de combatir con firmeza este desafío secesionista con todos los medios que le proporciona la Constitución y el Estado de Derecho, el Gobierno cede y parece dispuesto a dar un trato privilegiado a Cataluña en detrimento de las demás comunidades, en la creencia errónea de que, de esta forma, calmará las ansias separatistas, sin tener en cuenta que el aprendiz de brujo ha liberado al “genio” y resultará harto difícil que éste retorne a la botella de la nación española. ¿Y cómo reaccionan los partidos políticos catalanes no nacionalistas ante esta gravísima situación?. El PSC sigue totalmente “desnortado” y ya no sabe si es socialista, nacionalista o medio-pensionista. Es el arquetipo de “tonto útil”, pues defiende a capa y espada el “derecho a decidir”, pese a ser consciente de que CIU y ERC lo utilizan como paso previo a una secesión a la que dice oponerse. En el caso de IU -“éramos pocos y parió la abuela Lara”-, a pesar de haber mantenido que Cataluña no podía decidir unilateralmente porque forma parte de España y los demás españoles también deben pronunciarse, se ha sumado ahora a su filial ICV catalana y apoya la celebración sólo en Cataluña de un referéndum para decidir sobre su futuro político, cuyo resultado será aplicable en toda España. Incluso el PP catalán defendió en su programa electoral el derecho de Cataluña a tener un régimen de financiación “singular”, con capacidad recaudatoria propia, que mejore su situación financiera mediante una mayor cesión de impuestos y la disminución de su aportación al sistema de solidaridad nacional. Como ha señalado el Presidente de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, ofrecemos solidaridad a los que la pueden necesitar, pero no para caprichos ni para constitución de Estados innecesarios. Cataluña parece aspirar a ser un nuevo Kosovo, aunque sin la tutela protectora de Lady Ashton y de la UE. La Generalitat ha puesto en movimiento una maquinaria difícil de parar, en una marcha sin retorno hacia ninguna parte, hacia –en palabras del periodista Jesús Nieto- “una patria de juguete”. Madrid, 3´VI-13