¿Con Hacienda hemos topado?

¿CON HACIENDA HEMOS TOPADO? Concluía mi columna de la pasada semana afirmando que urgía regenerar no sólo la vida política, sino también la económica, Hoy voy a referirme al tema fiscal. Inequidad del sistema tributario español La carga impositiva en España no está equitativamente distribuida. Casi la mistad de la recaudación del Fisco proviene del IRPF y el 93% de éste procede de las rentas de trabajo. Hace ya 30 años, el Ministro de Hacienda Josep Borrell dijo que “en este país solo pagan impuestos los asalariados”. En efecto, trabajadores, funcionarios y pensionistas son casi los únicos que abonan impuestos por la totalidad de sus retribuciones, mientras que profesionales, autónomos, empresarios y –sobre todo-las empresas sólo lo hacen por una parte de sus ingresos. Existe en España un grave problema de fraude derivado de la falta de conciencia fiscal y del deficiente control de su sistema tributario. Hasta la reforma fiscal de 1977, eran muy pocos los españoles que pagaban impuestos y el 76% de los contribuyentes se confesaban defraudadores, lo que no estaba mal visto por la sociedad. En torno a un 23% de la actividad económica corresponde a la economía sumergida, que no aporta recurso alguno a la Hacienda pública. El impuesto de sociedades asciende al 35%, pero –con las deducciones y desgravaciones- apenas llega al 10%, y los ingresos que aportan no dejan de disminuir, incluso en épocas de bonanza económica. Las empresas –especialmente las grandes multinacionales- practican la “planificación fiscal agresiva” o “elusión fiscal”, y aprovechas los vericuetos legales de la deficiente normativa para rebajar considerablemente su factura impositiva. También recurren a diversos procedimientos fraudulentos como la emisión de facturas falsas, el desvío de fondos a paraísos fiscales, el coladero de las SICAV, la ingeniería financiera o el “fraude carrusel”. El 70% de la evasión fiscal procede de las empresas y de las grandes fortunas. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no dispone de suficientes medios para el control tributario –un tercio menos que Francia y la mitad que Alemania- y las partidas presupuestarias siguen menguando, pero no utiliza los que tiene de forma adecuada. Mientras practica una vigilancia exhaustiva sobre las rentas de trabajo, hace la vista gorda con las actividades de los grandes grupos empresariales. Prefiere pescar pececillos en la proximidad de sus costas a perseguir a los peces gordos en sus periplos hacia islas exóticas. Puedo aportar mi testimonio personal sobre el injustificado acoso de la AEAT a un pensionista. Se pueden hallar muestras significativas de la inequidad del Gobierno en el tratamiento dado a las SICAV o en la última amnistía fiscal. Agravio comparativo de las SICAV Los Sistemas de Inversión de Capital Variable (SICAV) constituyen un modo de inversión colectiva, que permite el manejo de activos financieros, cuyos rendimientos sólo tributan el 1% y el 19% cuando se produce el reembolsa del capital aportado. Los accionistas pueden recuperar buena parte de sus aportaciones recurriendo a la reducción de capital de la Sociedad, en cuyo caso tienen que pagar únicamente entre el 0.5 y el 1% del impuesto de trasmisiones patrimoniales. Para crear una SICAV se requiere un mínimo de 100 accionistas, cifra que suele cubrirse con familiares, amigos y “hombres de paja”, conocidos como “mariachis”, en homenaje a la conocida ranchera mejicana en la que el protagonista –el principal, cuando no único, inversor- declama: “Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”. De esta manera se permite a una persona o a un grupo familiar gestionar sin trabas ingentes sumas de dinero con un privilegiado régimen fiscal. Estas sociedades están asimismo exentas del impuesto de sucesiones y ni siquiera tienen que invertir sus recursos en España, en virtud de la libertad de movimiento de capitales establecida en la UE. Hay en España unas 3.369 SICAV con un capital de 27.000 millones de euros, entre las que figuran las regidas por las personas más ricas del país, como las hermanas Koplowitz, la familia del Pino o la ex –pareja formada por Amancio Ortega y Rosalía Mera. En 2005, Inspectores de Hacienda comprobaron que la mayoría de las SICAV inspeccionadas eran ficticias, y levantaron actas contra 40 de ellas para que pagaran el impuesto de sociedades del 35%, por un valor de 60 millones de euros. Las Cortes, sin embargo, decidieron pasar el control de estas sociedades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores –que hasta ahora no ha encontrado nada ilegal en ninguna de ellas- y, al aplicarse con carácter retroactivo la nueva normativa, las actas de los inspectores quedaron anuladas. El Gobierno del País Vasco tiene previsto elevar al 24 o 28% la tasa impositiva de las SICAV, y algo similar debería hacer el Gobierno central, por una evidente razón de justicia distributiva y social. Como ha señalado el portavoz de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, darles un tratamiento fiscal más razonable no aportaría grandes recursos al Fisco, pero ayudaría a los ciudadanos a tener una mayor conciencia tributaria, imprescindible para luchar contra el fraude fiscal. Para paliar la insuficiencia de los ingresos del Estado, el Gobierno concedió en 2012 una amnistía fiscal, que permitía a los defraudadores regularizar su ilegal situación mediante el pago de un impuesto del 10% del valor de las rentas evadidas que declararan, con la expectativa de recaudar 2.500 millones de euros. La experiencia ha sido un fiasco, pues apenas si se han recaudado 1.200 millones, ya que el 70% de las rentas afloradas no han tributado nada y la media del impuesto abonado ha sido del 3%. Además, ha permitido el blanqueo de dinero de origen delictivo y la regularización de presuntos delincuentes. En contraste, a los ciudadanos que sí pagan sus impuestos se les ha subido “provisionalmente” 13 puntos en la tarifa del IRPF, decisión que acaba de ser prorrogada por un año adicional. El PSOE ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de anticonstitucionalidad contra el decreto-ley que autorizó la amnistía, por contradecir los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad. La amnistía fiscal es éticamente reprobable y contraria al artículo 31-1 de la Constitución, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Según Francisco de la Torre, todo el mundo sabe que debe pagar sus impuestos y no colaborar con el fraude, pero si la clase dirigente -tanto al establecer los impuestos como al distribuir el gasto público- no actúa de forma justa, razonable y transparente, habrá poco que hacer. Injusticia de la amnistía fiscal El Gobierno se ha metido en otro “berenjenal” al exigir en su Ley 7/2012 que todos los españoles –dondequiera que residan- declaren a Hacienda los bienes y derechos que posean en el extranjero, y -según una Orden de este año- han de hacerlo por vía telemática antes del 30 de Abril. Estas disposiciones han puesto en pie de guerra a los funcionarios españoles de la UE, porque temen que sea un primer paso para que el Gobierno les exija pagar impuestos por sus sueldos, en contra de lo dispuesto en el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión, ya que la Ley de 2006 sobre el IRPF les obliga a tributar en España por la integridad de su renta mundial. El bufete mallorquín “DMS Consulting” ha presentado un recurso ante la Comisión Europea contra estas disposiciones. Yo mismo acudí a la sede de la AEAT para preguntar si tenía que hacer la declaración y me dijeron que no me podían atender porque sus funcionarios estaban ocupados. Estamos peor que en tiempos de Larra, pues ya no nos dicen “Vuelva Vd.mañana”, sino “venga cuando los ocupados funcionarios se desocupen”. Ni siquiera cabe decir “con Hacienda hemos topado”, pues la Agencia no se deja topar fácilmente. Madrid, 29-IV-13