lunes, 9 de octubre de 2017

Declaración unilateral de independencia a la vista antr ls desidia del Gobierno central

DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA A LA VISTA ANTE LA DESIDIA DEL GOBIERNO CENTRAL

            La inmensa mayoría de los españoles seguimos con estupefacción e incredulidad la ruta imparable hacía la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI), gracias al cerrilismo, la obstinación y el instinto suicida del Presidente de la Generalitat,  Carles Puigdemont y sus secuaces. Nada parece arredrarles en su alocada carrera hacia el precipicio: la denuncia de la reiterada  violación de la Constitución, del Estatuto y de su propias leyes; las decisiones del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; las advertencias del Gobierno central; el reconocimiento de todos los Estados democráticos de la ilegalidad del seudo-referéndum del 1-O; la exclusión de la Unión Europea en caso de producirse la DUI; las admoniciones de sus órganos asesores sobre la ilegalidad de su proceder; el inicio del proceso de deslocalización de los grandes bancos y empresas catalanas… ¡Alea  iacta est!.  Puigdemont –auto-asumida mezcla de César y de Moisés- se ha obstinado en cruzar el Rubicón del Ebro para llevar al pueblo escogido hacia la tierra prometida de la independencia.

Pasividad del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

            El hiperactivismo de Puigdemont contrasta con la pasividad –culposa, si no  dolosa- de Mariano Rajoy, pese al impecable y acertado discurso del Rey Felipe VI que lo ha puesto ante su responsabilidad, al afirmar de forma taxativa que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. 
Para Manuel Arias Maldonado, esta declaracióno ha venido a rellenar el vacío simbólico generado por el silencio del Gobierno. Su firme defensa de la legalidad ha achicado el espacio a quienes venían defendiendo un diálogo en condiciones de igualdad con el Govern. Según Luis Marín Sicilia, no hay nada más perverso ante el desafío catalán que hablar de diálogo o negociación. Con los delincuentes no se negocia, sino que se les aplican las sanciones que corresponden en un Estado de Derecho y, “una vez reconstruido el orden constitucional quebrantado, se dialoga hasta la extenuación y dentro del marco legal con los interlocutores que legítimamente se determinen en una situación ordenada y acorde con la legalidad vigente”. José Bono ha afirmado que “el diálogo debe ser la fase posterior a la reposición del orden constitucional: negociar bajo chantaje es impropio de un Estado democrático”. Como en su “Carta abierta a Pedro Sánchez “ han advertido algunos veteranos militantes socialistas ,”nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje”.

            A Rajoy, sin embargo, el mensaje regio le ha entrado por un oído taponado por el algodón “arriólico” y salido por el otro. El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha instado a aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución y a convocar elecciones autonómicas en Cataluña para impedir la DUI, pero Rajoy ha hecho oídos sordos con el increíble argumento de que no había aún motivos jurídicos suficientes. Siguiendo su línea política de no hacer nada y dejar que el tiempo soluciones los problemas, apura los tiempos en la esperanza de que Puigdemont dé marcha atrás. Como ha afirmado el Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, el Gobierno tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y las necesidades, sabe cuándo debe intervenir y actuará, “con inmediatez, firmeza y serenidad”, en el momento más propicio. Según el propio Presidente, hará lo que crea mejor para España y en el momento que le parezca más oportuno. “Sé que no es fácil –ha afirmado-, pero también me correspondió en su día tomar otra [decisión] que tampoco lo era”.  Pero el tiempo se le está acabando y –según ha observado Luis Herrero en “ABC”-, si el Gobierno catalán conserva el pleno ejercicio de sus competencias tras la DUI, “Rajoy se convertirá en cómplice de la rebelión y tendrá que responder ante la justicia”.

            EL presidente duda porque no tiene plenamente asumidos los riesgos de recurrir al artículo 155 ante un flagrante acto de sedición, si no de rebelión. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó a uno de sus asesores “¿qué pasa si aplico el artículo 155 de la Constitución  y no me hacen caso?”. El Gobierno no acaba de entender ni la naturaleza del poder, ni las exigencias de la posmodernidad. ”El poder es la demostración de la autoridad; la posmodernidad requiere movilización. En vez de convocar al conjunto de los españoles contra el secesionismo xenófobo y la tiranía de los sentimientos, en vez de apoyarse en los ciudadanos para reafirmar que aquí manda el Estado democrático, el Gobierno vacila, espera y calcula. Sólo actúa cuando no tiene más remedio –el 1 de Octubre- y a veces incluso recula”. Esta actitud del Gobierno es una muestra de su falta de confianza en sí mismo y en los ciudadanos.

            Rajoy someterá sus próximos y decisivos pasos al visto bueno de Sánchez,
no porque anhele una acción consensuada con el PSOE, sino para salvaguardarse de sus críticas y eludir una posible moción de censura que lo aparte del poder. Y no se da cuenta que son tal para cual. Su única coincidencia es que ambos aspiran al puesto de mando en la Moncloa: uno para mantenerse aferrado al poder y el otro para  tratar de arrebatárselo por cualquier medio, como ha puesto de manifiesto al debilitar al Gobierno -en vez de apoyarlo en momentos críticos para el futuro de España- solicitando en el Congreso la reprobación de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras llenársele la boca con farisaicas alabanzas a las fuerzas de seguridad del Estado, trata de condenar a quien supuestamente dio la orden para que cometieran toda clase de atropellos en Cataluña. Sánchez ha sido severamente criticado por  prestigiosos ex-dirigentes socialistas –especialmente andaluces- en el citado Manifiesto por la ambigüedad con la que está abordando un golpe de estado en toda la regla, ya que “la ilegítima, desleal y malversadora acción contra la democracia” emprendida por la Generalitat exige la unión de todos los partidos constitucionalistas.
        
            El recurso al artículo 155 –o a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es otra alternativa legal para impedir la DUI- debería llevarse a cabo antes del 10 de Octubre, fecha en que está convocado el Parlament y la ocasión podría ser aprovechada para proclamar formalmente la secesión de Cataluña. El Gobierno debería instar asimismo al Tribunal Constitucional a que aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica, que establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Según su párrafo 4-b), si apreciara el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, podría adoptar –entre otras- la siguiente medida:”Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. Es evidente que la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Vicepresidente, Oriol Junqueras, han incumplido varias de las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que sería conveniente que –con independencia de que puedan ser imputados ante los Tribunales correspondiente por la comisión de diversos delitos- fueran suspendidos en sus funciones con carácter urgente. De esta manera se lograría, por otra parte, dificultar la DUI al verse privado el  Parlament de su Presidenta y de dos de sus más cualificados diputados. Pero no parece que Rajoy vaya a tomar medida alguna, como cabe deducir de sus declaraciones a “El País”, al afirmar que “el Gobierno impedirá que cualquier declaración unilateral de independencia se plasme en algo”. No dijo que vaya impedir que se celebre una DUI, sino que ésta no tendrá efecto, lo que –“a contrario sensu” quiere decir que va a permitir que se produzca.. Rajoy sabe que Sánchez no apoyará el recurso al artículo 155 mientras no se declare la independencia, por lo que no cabe excluir que –en su maquiavelismo galaico-  prefiera esperar a que se produzca ésta para así aplicar el citado artículo con las bendiciones del PSOE. Desde luego no se ha  molestado en enviar a Puigdemont el preceptivo apercibimiento precio a la aplicación del artículo 155 porque no quiere exponerse a nuevos desmentidos ya que su credibilidad está bajo mínimos. Juró o prometió por Breogan y la Santa Compaña que no habría referendums el 9-N y el 1-O, pero votaciones en Cataluña –como las meigas en su Galicia natal- “haberlas, haylas”.

Decisión del titular de un Juzgado de Barcelona sobre la actuación policial

            En estos últimos días no ganamos los ciudadanos para sobresaltos y, en el plazo de 24 horas, hemos recibido tres malas noticias: Decisión del titular del Juzgado nº  7 de Barcelona sobre las denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de Octubre, declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña en las que ha pedido disculpas por la actuación de dichas fuerzas, y resolución del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo la dimisión de de Rajoy y otros altos cargos..

            El titular del Juzgado nº 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha admitido a trámite las querellas de 120 afectados por la actuación el pasado domingo de las fuerzas de seguridad del Estado en su intento de cumplir el mandato de los Tribunales de impedir la celebración de un referéndum ilegal. No aceptó los argumentos del Ministerio Fiscal y abrió una “causa general” contra los agentes de los cuerpos nacionales de seguridad por actuar de forma desproporcionada. El juez ha dado poe bueno que en Barcelona hubo 97 personas heridas leves y dos graves –sin contar 20 agentes heridos, que no sé si considerará personas- y que las medidas adoptadas por la policía afectaron a la convivencia. “La actuación policial sólo estará amparada en caso de que exista proporcionalidad. De lo contrario generará responsabilidad “, ha afirmado. Según esta lumbrera de la Judicatura, hay una presunción “iuris tantum” de que cualquier actuación de la policía nacional –no de la autonómica- es desproporcionada y, en cada ocasión en que los agentes tengan que intervenir para evitar la comisión de un delito tendrán que probar que su acción fue “proporcionada”, so a de incurrir en responsabilidad pnal.

Y el juez Miralles ha seguido desgranando sus perlas jurídicas:”No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos votaran, dado que no podía producir ningún efecto jurídico relevante y el mandato del Tribunal Constitucional sólo afectaba a quienes convocaron y organizaron el referéndum”. En otras palabras, como su voto era irrelevante y como no habían sido expresamente mencionados en la decisión del Tribunal Constitucional, los pacíficos ciudadanos separatistas podían violar la ley, incumplir las sentencias de los Tribunales –y no sólo del Constitucional-, ocupar ilegalmente los centros públicos, obstaculizar la actuación de la policía formando barricadas y murallas humanas, insultar y agredir a los agentes, vulnerar su  propia Ley del Referéndum cometiendo toda clase de irregularidades, ocupar la vía pública y obstaculizar el tráfico…Todas estas acciones eran legales y lícitas, y estaban amparadas por la ley catalana y por su Juzgado. Los secesionistas tenían bula para incumplir la ley y no cometían delito alguno si lo hacían, a diferencia de los policías nacionales que tenían que demostrar su inocencia para no ser condenados por cumplir la ley. ¿Esto es lo que ha aprendido en la Escuela Judicial de Barcelona?. Espero que el resto de jueces de Cataluña no sean de la misma calaña jurídica que Miralles, aunque muchos de ellos están contaminados por el soberanismo.

Desafortunada petición de disculpas del Delegado del Gobierno en Cataluña

            En una entrevista en TV-3 –emisora de la Generalitat totalmente entregada a la causa del secesionismo- el Delegado del Gobierno en Cataluña, Eric Millo, afirmó que, tras haber visto las imágenes, quedaba en evidencia que “hay personas que han recibido golpes  y empujones, e incluso hay una en el hospital” –y los policías heridos, ¿tampoco son personas para el Delegado?-, por lo que no podía más que “pedir disculpas en nombre de los agentes”.  Millo explicó que el objetivo de la policía no era realizar cargas sino recuperar urnas y papeletas. “Las instrucciones dadas no eran ir a por las personas, sino a  por el material electoral“. Estas declaraciones son de vergüenza ajena y  totalmente rechazables. Implican que los policías incumplieron las órdenes y se  dedicaron a “ir a por las personas” y a golpearlas de manera desproporcionada. Esto, sin embargo, no fue sí y -aunque puede que se cometiera algún exceso, por otra parte inevitable cuando la policía se enfrenta a una multitud hostil y agresiva- la actitud de los agentes fue totalmente normal. El representante del Gobierno y principal responsable en Cataluña del orden público exageró y culpabilizó injustamente a sus propios agentes. Por si fuera poco, tuvo además la desfachatez de pedir disculpas “en nombre de los agentes”, que quedaron en la desagradable situación de “tras cornudos, apaleados”.

            Ante la justificada indignación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por las lamentables palabras de su jefe político, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que salir a la palestra para desautorizar las palabras de Millo, hacer una cerrada defensa de la actuación de de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y darles las gracias por su sacrificada intervención. Si el delegado –que no es la primera vez que comete graves errores- no tiene la decencia de presentar su dimisión tras haber sido desautorizado, el Gobierno debería destituirlo de manera fulminante.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

            A propuesta de los concejales del PD-CAT, ERC y la CUP, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una resolución en la que pedía las dimisiones de Rajoy, Zoido y Millo por la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre.. Aunque votaron en contra el PP, PSC y Ciudadanos, la moción salió adelante gracias a la abstención de los “equidistantes” de “En Comú”, de la Alcaldesa Ada Colau.

            La Declaraciónrechaza la escalada represiva del Estado Español contra el pueblo catalán, los Ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat, y constata que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo estos días es un golpe de Estado encubierto”. No deja de ser paradójico que los autores de un golpe de Estado que pretenden declarar unilateral e ilegalmente la independencia de Cataluña acusen de esta fechoría a los responsables del Gobierno que –con más voluntad que fortuna- tratan de defender la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. El Ayuntamiento pidió al Gobierno central que respetara el mandato democrático emanado del referéndum, que retirara de inmediato “todos los cuerpos policiales represivos que mantiene en Cataluña” y que resarciera a los afectados por todos los daños sufridos durante la jornada del domingo, sean personales o materiales.

            La resolución instó al Gobierno del municipio a que “empiece a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía el 1 de Octubre”. Los concejales separatistas exigieron a Colau que rompiera la alianza que tiene en el municipio con el PSC -que le permite gobernar-, a lo que la Alcaldesa se ha opuesto, alegando que está tratando de convencer a Sánchez a que presente una moción de censura contra Rajoy, para lo que resulta indispensable mantener la coalición municipal.. Ahora, la sectaria Alcaldesa se ha vestido de blanco y afirmado sin pudor que “lo valiente hoy es escuchar y sentarse  hablar

            Esta es una muestra más del objetivo que, con el fin de quebrar el orden constitucional, une a los separatistas con los populistas, antisistemas y grupos de extrema izquierda en un cóctel explosivo que –en palabras de Marín Sicilia- “el egoísmo de una burguesía catalana adormecida ha propiciado y del que han sabido aprovecharse quienes hoy dominan la calle en un proceso claramente revolucionario”. Ante tal desafío, el PSOE y su ingenuo y ambicioso Secretario General no pueden ponerse de perfil, como se ha advertido el citado Manifiesto de los veteranos socialistas.

Buenas noticias

            No ha habido sólo malas noticias, pues también se han producido algunas buenas. La Audiencia Nacional está investigando a Llosep Lluis Trapero, a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los Presidentes de la ANC y de “Omnium Populi”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición, y ya han comparecido éstos ante la magistrada Carmen Lamela, quien ha aplazado la vistilla y emplazado a los imputados a una nueva comparecencia tras haber recibido de la policía judicial nuevo material inculpatorio. El cerco de la justicia se va cerrando gradualmente sobre sus cabezas.

            Ante el temor creado por la incertidumbre jurídica y económica que crearía la DUI, 15 empresas catalanas –incluidas el Banco de Sabadell, Caixa Bank, Criteria, Gas Natural-Fenosa o Aguas de Barcelona- han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.  Otras empresas tan emblemáticas como Catalana de Seguros, Abertis, Freixenet e incluso Codorniú se lo están pensando. El Gobierno central –agradecido a los empresarios por echarle una mano y darle un respiro a su inacción- se ha apresurado a dictar un Decreto que facilita la realización de los traslados. Como ha observado Francisco Rosell, en vez de reponer el orden constitucional, el Gibierno se limita a facilitar el éxodo de las empresas. ¿Para qué  emplear el artículo 155 si la estampida de empresas obra análogos frutos sin arriesgar la imagen del Estado?. Rajoy considera que ello, amén de menos arriesgado, es más efectivo porque incide en el punto más sensible y vulnerable de los catalanes: la bolsa.

            Se siguen produciendo declaraciones institucionales a favor de la integridad de España y de la defensa del Estado de Derecho. Junto a la de la Real Academia Española de la Lengua, cabe citar la de la Asociación de Diplomáticos Españoles, realizada “ante la excepcional gravedad de la situación en España”. Afirma que la historia muestra que “no existen atajos en sociedades plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de Derecho”, marco que ofrece vías para el desarrollo de todas las opciones legítimas y permite perseguir la satisfacción de las aspiraciones de todos, en un espíritu de concordia y entendimiento, y con todas las garantías legales. “No es concebible un Estado cuyas instituciones y Administración, en su territorio y en el exterior, no respeten y hagan respetar el orden constitucional”. Manda un mensaje de solidaridad y agradecimiento a los servidores públicos –miembros de la judicatura y cuerpos de seguridad del Estado-, que “están trabajando en estos momentos en Cataluña en un entorno especialmente difícil, que está exigiendo de ellos sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de  las órdenes que reciben de las autoridades del Estado con un escrupuloso respeto a la ley” y a los principios de proporcionalidad y de adecuación a los objetivos y fines perseguidos. Concluye afirmando:”Volem enviar un càlid missatge de recolzament i afecte a tots els catalans: tota la xarxa d’ambaixades i consolats d’Espanya a l’estranger, sou i sereu a casa vostra”.
 
Esperanza en la manifestación unionista del 8-O en Barcelona

            Pero la mejor noticio y motivo de esperanza es la manifestación por la unidad de España que se va a celebrar mañana en Barcelona, convocada por la Sociedad Civil Catalana y a la que se han adherido una serie de entidades cívicas y sociales y partidos políticos como Ciudadanos, el PP y, vergonzantemente, el PSC, que ha pedido a sus militantes que participen a título particular. Como ha observado Álvarez de Toledo, nunca  antes los españoles se habían movilizado por Cataluña en una reacción insólita, fraterna y radicalmente optimista, porque “desafía por primera vez el dogma fundacional del nacionalismo: la idea de que Cataluña es un asunto interno de Cataluña”. Los españoles han considerado como suyas las víctimas del nacionalismo radical vasco, pero con Cataluña la mezcla de resignación y abandono ha durado hasta hoy. “Por culpa, complejo, cansancio o cobardía, a las tierras de Pujol siempre se había llegado pidiendo permiso o perdón”.El separatismo convirtió la marcha contra el terrorismo islamista en una manifestación contra España y el Rey, exhibió su fanatismo y destrozó la unidad civil. La manifestación del 8-O busca lo contrario: reivindicar el orden constitucional, lanzar una advertencia a los secesionistas de que no van a seguir encontrando como aliada la indiferencia española y señalar al Gobierno el camino que hasta ahora no ha deseado o sabido emprender. Quienes cultiven el derrotismo serán barridos por la realidad. “Podría ocurrirle a Rajoy si sigue haciendo ganchillo en la retaguardia. Los españoles libres e iguales se han activado a pesar del Gobierno”.

            El independentismo ha perdido este fin de semana el monopolio del espacio publico en Cataluña, como se pondrá de manifiesto mañana cuando la mayoría silenciada por el sectarismo diga “¡Basta!” en una histórica y multitudinaria manifestación. Según Javier Redondo, España ha puesto pie en pared y detenido la espiral de silencio para defender las libertades. “Es la regeneración desde abajo frente al segregacionismo desde arriba”. Para Arcadi Espada, mañana habrá en Barcelona una gran manifestación democrática, en la que se verá el alcance de la insumisión frente el Govern  rebelde. Como ha  señalado “El Mundo” en una editorial, “lo urgente y prioritario es restablecer la legalidad en Cataluña y que quienes nos han colocado en este abismo rindan cuentas ante la Justicia. Cuando la Ley regrese a Cataluña, habrá que retomar el diálogo, pero libre de chantajes y dentro de la Constitución”.


Sevilla, 7 de Octubre de 2017

jueves, 5 de octubre de 2017

Se consumó la rebelión y a lo hecho, pecho

SE CONSUMÓ LA REBELIÓN Y… A LO HECHO, PECHO”

            El día 1 de Octubre la Generalitat consumó con alevosía y diurnidad su rebelión contra el Estado de Derecho de España y abrió la vía a la consiguiente declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando el dedo señala a la luna, los necios miran al dedo. Algunos políticos hipócritas y bienpensantes y la mayoría de los medios internacionales de comunicación se han fijado en el dedo del uso legítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de las órdenes de los Tribunales para evitar la celebración de un referéndum ilegal –lo que provocó, como es natural, la realización de cargas que produjeron algunos heridos, incluidos numerosos policías-, y olvidado la luna de la flagrante insurrección de la Generalitat contra el Estado de Derecho que le otorga su legitimidad. De nada han servido las reiteradas advertencias y peticiones del Gobierno de la nación a las autoridades catalanas para que respetaran la legalidad y -ante su insistencia en incumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales- aquél no tiene más opción que emplear todos los recursos que le concede el Estado de Derecho para poner coto a esta intolerable situación. Como reza el refrán castellano, “a lo hecho, pecho”.

Aplicación del artículo 155 de la Constitución

            Para hacer frente a situaciones como las que prevalecen hoy en Cataluña, la Constitución española –siguiendo el modelo alemán- incluyó el famoso artículo 155 –más comentado que leído-, que establece lo siguiente: ”Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

El precepto entra como anillo al dedo en la rebelión de la Generalitat. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha llegado el momento de actuar y aplicar de inmediato el artículo 155, pues el único camino posible para defender la Constitución  y reconstituir la democracia en Cataluña pasa por una convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. Según el profesor David Ortega, la única medida sensata para traer sosiego al pueblo catalán y a España es que hablen las urnas, pero no como ha sucedido de forma tan lamentable el pasado día 1, donde todo ha sido un esperpento Ello es competencia de Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o del Presidente del Gobierno central, en el caso de que se invocara el artículo 155. El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado contrario a recurrir al citado artículo y –en un buenismo irrealista- ha instado al Gobierno a abrir una negociación inmediata con Puigdemont, pese a que éste se ha auto-descalificado al violar todas las normas habidas y por haber, revolverse contra el Estado de Derecho y expresar su intención de que el Parlament declare unilateralmente la independencia de Cataluña..

Genio y figura, Rajoy –en su patológica y patética indecisión- se muestra proclive a aguardar ver los pasos que dé el President –como si hubiera alguna duda sobre cuáles serán- y, aunque ha considerado la posibilidad de aplicar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana, prefiere esperar por el momento. Resulta increíble su actitud que excede de la prudente cautela para entrar en el ámbito de la cobardía y de la pusilaminidad, justo lo contrario de la determinación que se espera de un hombre de Estado que se precie de tal . ¿Esperar a qué?. ¿Al hecho consumado de la declaración de independencia y a la creación de facto de la República de Cataluña?. ¿No es una pérdida de tiempo reunirse con los nacionalistas y con Podemos, que reduce la solución del problema catalán a que el Presidente del Gobierno se quite de en medio para acceder al poder de la mano de Pedro Sánchez?. Tiempo es precisamente lo que no sobra, pues -según la Ley del Referéndum- en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlament se reunirá para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, y Puigdemont ha afirmado que cumplirá dicha disposición en cuanto concluya el disparatado proceso de recuento de votos.

Rajoy está obsesionado con obtener el apoyo del PSOE antes de recurrir al artículo 155 y se niega a aplicarlo mientras no lo consiga, pero  Sánchez y su equipo no están por la labor. No le basta con contar con la razón jurídica y con la mayoría del PP en el Senado, reforzada con el respaldo de Ciudadanos. ¿A qué viene tanta cautela cuando está en grave e inminente peligro la integridad territorial de España?. Mientras sigue deshojando la margarita de su  proceder, convendría que releyera las páginas de la Historia sobre los sucesos del 4 de Octubre de 1934, en los que –tras la declaración por el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, de la independencia de Cataluña dentro de la República Federal Española- el Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, ordenó al Capitán General de Barcelona, Domingo Batet, que pusiera fin a la rebelión mediante el uso de la fuerza armada. Tras la intervención militar –que causó la muerte de algunos rebeldes. incluidos varios Mossos- la rebelión fue sofocada en 24 horas, el President y todos los miembros del Govern fueron detenidos y posteriormente condenados a 30 años de prisión,  y la autonomía catalana quedó suspendida. No sería preciso que Rajoy llegara tan lejos, pero algo tendrá que hace sin esperar al explícito respaldo del PSOE. Ha sido la pasividad de su Gobierno la que ha hecho posible en gran medida que los separatistas catalanes violen  flagrantemente la legalidad constitucional y se cisquen en el Estado de Derecho. Ya sólo les falta alcanzar el último eslabón de la cadena que es la secesión de España. Si carece de la suficiente fuerza moral, que tenga la decencia de dimitir y dar paso a otro miembro de su partido menos coitadiño, que tome las medidas adecuadas para poner fin a la actual situación de insurrección.

Como ha señalado El Mundo” en un editorial, “el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras a preservar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo”.

Lo primero que tiene que hacer es enviar al Presidente de la Generalitat un requerimiento formal para que cumpla sus obligaciones constitucionales, cosa que debería haber sido hecha tiempo ha. Como la respuesta será previsiblemente negativa, tendrá que convocar el Senado a la brevedad posible. Dado que este proceso puede llevar algún tiempo, Rajoy -o su sustituto- debería invocar la Ley 36/2015 de Seguridad Ciudadana y, a su amparo, poner a los desleales Mossos de Esquadra bajo el mando directo de la autoridad militar nacional y destituir sus dirigentes políticos –el Consejero de Interior Joaquim  Forn, que ya advirtió que los Mossos  no sólo no impedirían la celebración del referéndum ilegal, sino que contribuirían a su realización, y al Director del Cuerpo, Pere Esteve- y a sus dirigentes militares, especialmente al Mayor Josep Lluis Trapero. Al mismo tiempo, debería instar al Tribunal Constitucional a que  inhabilite y suspenda en sus funciones a Puigdemont, Oriol Junqueras y a los miembros del Govern más implicados –los Consejeros de Presidencia, Interior, Educación y Relaciones internacionales-, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que dicte sentencia en las querellas presentadas contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la impute por los delitos de sedición, prevaricación y malversación. El Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, debería asimismo instar a los juzgados competentes a que imputen a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart, por dedición, y a la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por prevaricación. También deberían seguir su curso las diversas demandas presentadas contra los Mossos por desobediencia.

Una vez que el Senado autorizara al Gobierno a tomar las medidas apropiadas para que la Generalitat cumpla con sus obligaciones constitucionales y proteja el interés nacional, aquél debería convocar elecciones autonómicas, para que el pueblo catalán pueda elegir legalmente un nuevo Parlament y se constituya un Gobierno debidamente legitimado por las urnas, que negocie con el Gobierno central la restauración de la normalidad constitucional y de la democracia en Cataluña.

La chapuza del seudo-referéndum

            Según Santiago Muñoz Machado, los dirigentes de la Generalitat han llegado a tal grado de trapacería y mixtificación en el plano del derecho que resulta totalmente inviable discutir con ellos sobre temas jurídicos. Han modificado ilegalmente el Reglamento del Parlament para poder adoptar leyes fundamentales de forma exprés y sin debate, les han negado la palabra a los diputados de la oposición, han desoído las advertencias de sus propias instituciones jurídicas -el Secretario General del Parlamento o el Consejo de Garantías Estatutarias-, han aprobado una Ley de Referéndum que convoca una votación ilegal sobre algo en lo que carece de competencia –la independencia de Cataluña- sin fijar un mínimo porcentaje de participación o de votos obtenidos para decidirla bastando una simple mayoría, han adoptado la Ley de Transitoriedad que pretende sustituir a la Constitución mediante decisión por mayoría simple de una cámara regional…etc.

            Pero ni siquiera han cumplido sus propias normas. La forma en que se ha realizado el supuesto referéndum ha sido una vergüenza sin paliativos. No ha habido censo verificable ni tarjeteas electorales, no ha existido una Comisión Electoral ni  control neutral alguno durante las votaciones, se estableció a última hora un “censo universal” que permitía votar en cualquier lugar –incluso en la calle y en casas particulares-, las mesas electorales se constituyeron con voluntarios independentistas, las urnas eran opacas y llegaban a las mesas “preñadas” de votos afirmativos, se ha podido votar en cuantos sitios y cuantas veces los votantes  han querido, han podido votar menores de edad y extranjeros, no se sabe quién ha hecho el recuento de votos y aún no se conocen los resultados oficiales de la votación…¿Puede darse un mayor cúmulo de irregularidades?. Las autoridades a través del Consejero de Presidencia Jordi Turrull han filtrado los resultados oficiosos: De un censo fantasmagórico de 5.313.000 personas, se han recogido 2.262.424 papeletas (42%), de las que 2.020.144 eran afirmativas (90%), 176.566 negativas, (7.8%), 45.586 abstenciones y 2.129 nulas. ¿Resulta creíble que se haya alcanzado tan alto grado de participación a pesar de las dificultades objetivas para poder votar y el cierre de no menos de 400 colegios electorales?. ¿Es razonable pensar que 176.66 personas contrarias a la independencia  y otras 45.586 no favorables a la misma al  pronunciarse por la abstención se hayan enfrentado a las enormes dificultades existentes para depositar su voto?. Los resultados estaban predeterminados y ya los había anunciado Junqueras antes de la votación: 45% de participación y 90% de votos positivos. El Vicepresidente -que gracias a sus cualidades de pitoniso ha acertado los 14 resultados de la quiniela- afirmó tras el feliz parto que Cataluña había demostrado su desconexión de un Estado profundamente autoritario y que correspondía al Parlament la declaración unilateral de independencia.

            Varios medios de comunicación internacionales –como “Le Monde” o “Fijnancial Times”- han estimado que Rajoy se había equivocado al tratar de impedir la celebración del referéndum, pues, si lo hubiera permitido, nadie habría aceptado los resultados al ser evidentemente ilegal, y se habría ahorrado la difusión de las imágenes de las cargas policiales contra niños y ancianitas. Sin embargo, un Estado de Derecho no puede consentir sin pestañear la flagrante violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales por parte de sus propias autoridades autonómicas. Habría perdido toda credibilidad democrática.

Reacciones nacionales e internacionales tras la jornada del 1-O

            El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró su apoyo sin fisuras al Gobierno y a la Justicia, señaló que no podía entablarse un diálogo con Puigdemont y Junqueras -por lo que había que buscar nuevos interlocutores salidos de unas adelantadas elecciones autonómicas- y resaltó que el futuro pasaba por reconstruir el proyecto común español y no por conceder más privilegios los independentistas. El PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias y se situó en la inaceptable actitud de equidistancia. Sánchez responsabilizo por igual a Puigdemont y a Rajoy de los enfrentamientos producidos durante la jornada y de la grave crisis institucional que atraviesa a España. Aunque culpó al primero de incurrir en desacato, sacar la política a la calle y organizar una consulta contraria a la Constitución y al Estatuto, ha cargado asimismo contra Rajoy por haber cerrado la puerta a la política y le ha instado a negociar. Condenó las cargas policiales  y aseguró que exigiría responsabilidad a los políticos que las habían ordenado. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta,  calificó de inaceptable cualquier acción policial desproporcionada y pidió que cesaran los intentos de impedir por la fuerza una movilización ciudadana. La portavoz  socialista en el Congreso, Margarit Robles ha criticado la acción policial en la cámara y solicitado la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santa Maria. No deja de ser paradójico que esta petición provenga de una magistrado que ha sido Secretaria de Estado en el Ministerio de Interior. Sánchez ha dado prueba una vez más que su escasa talla política cuando, en un momento crítico en que resulta indispensable la unión de todos los partidos constitucionalistas se unan en torno al Gobierno para afrontar el desafío independentista, se desolidarice del mismo y requiera la reprobación de la supuesta responsable de la normal actuación de una policía que sigue los mandatos de los jueces, no del Gobierno, para tratar de restablecer la legalidad. No me sorprende su irresponsable actitud, pues –como ha observado su correligionario Joaquín Leguina- Pedro “es una veleta que se mueve según hacia donde sopla el viento. Está obsesionado con que España tiene un solo enemigo, que es Mariano Rajoy”.

            La reacción de Podemos era previsible y monotemática. Pablo Ibáñez ha señalado que la estrategia represiva del PP ha fracasado y reiterado su repetitivo llamamiento a Sánchez para que lidere una moción de censura contra Rajoy y forme un Gobierno con el fin de “construir una solución democrática y pactada en Cataluña”, que desemboque en un referéndum de autodeterminación. Pero ha llevado aún más lejos su extravagancia al solicitar a la Unión Europea que sancione a España con la suspensión de su derecho de voto en el Consejo por la vulneración de los valores fundamentales de la Unión en Cataluña. El PNV ha arrimado el ascua a su sardina y, tras criticar al Gobierno por la violencia ejercida en las calles catalanes, sugirió la celebración de un “referéndum legal y pactado” como los realizados en Escocia y en Québec. La Alcaldesa Colau ha roto su calculada equidistancia, acusado a Rajoy de “haber lanzado  brutalmente a la policía contra una población indefensa”, exigido al PSOE que presente una moción de censura y apoyado la propuesta de Puigdemont de mediación de la UE entre Cataluña y España.

            Las más importantes democracias europeas –Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos…- han respaldado la actuación del Gobierno español. No ha sido tal el caso de las instituciones de la UE. El Presidente del Consejo, Donald Tusk, ha afirmado que compartía los argumentos constitucionales de Rajoy, pero que le había instado a “encontrar formas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Peor aún ha sido el comentario de Margaritas Schinas, portavoz del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Aunque afirmó que “confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso en completo respeto de la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, añadió una velada crítica:”Son tiempos de unida y estabilidad. Apelamos al diálogo. La violencia no puede ser instrumento en política”. Están de más estas hipócritas admoniciones buenistas. Como ha comentado Arcadi Espadas, Tusk y Schinas/Juncker ponen en paridad “a un Gobierno que defiende los derechos de los ciudadanos  en nombre de la ley y a otro que, desde fuera de la ley, los conculca. Ni Tu8sk ni Schinas demuestran conocer la diferencia entre la fuerza de la ley y la violencia, siempre ilegal”. El Gobierno español debe estar orgulloso de su policía que ha cumplido con prudencia y proporcionalidad un mandato judicial y realizado una labor impecable en una situación delicadísima tras la deslealtad de los Mossos. Los bienpensantes pacifistas de Bruselas parecen ignorar que, para proteger la ley y el orden público, la policía tiene que recurrir al uso legal de la fuerza y, si se escapa algún mamporro, es lo normal, sobre todo cuando los afectados se encuentran en lugares donde no deberían estar e incurriendo en posibles actividades delictivas –allanamiento de morada, obstrucción de la justicia, atentados de palabra y de obra contra la policía judicial…- . Deberían explicarnos cómo se impide en sus países la comisión de un delito de sedición, que no creo que se haga repartiendo besos y claveles rojos.. Además los indefensos ciudadanos afectados no son tan pacíficos como se pretende cuando centenares de policías han resultado heridos o contusionados. Los jerarcas comunitarios no parecen ser conscientes de que la insurrección catalana no afecta solamente a Cataluña y al resto de España, sino también a Europa. Si la rebelión catalana tuviera éxito, la UE se tambalearía y es posible que sucumbiera a la exaltación de los populismos nacionalistas, que provocaron la II Guerra Mundial. La UE puede permitirse el lujo de meter la pata en Kosovo, que es un tercero que ni siquiera es Estado, pero no en España, que es un Estado de Derecho miembro de la Unión. En vez de frívolas críticas, debería prestarle un apoyo incondicional.
            EL Gobierno español ha ganado la baza jurídica al contener el referéndum ilegal, pero ha perdido el relato mediático, en el que la agitprop nacionalista le da ciento y raya. La inmensa mayoría de los medios internacionales de comunicación han sido muy críticos con los actos de fuerza –que no de violencia gratuita- de las fuerzas españolas de seguridad, cuyos supuestos excesos se difunden de forma selectiva. . ¿Acaso se difunden de igual manera los ataques y vejaciones sufridos por los policías a manos de los pacíficos votantes como la trampa tendida a unos coches de la guardia civil por una multitud de energúmenos que apedrearon a  los agentes en San Carlos de la Rápita?.  ¿Es más humanitaria y benéfica la actuación de la policía alemana, francesa, belga, estadounidense o griega, o ls de los Mossos?. En cualquier caso, hay que reconocer que la difusión de las imágenes de algunas escenas de la actuación policial ha afectado muy adversamente la imagen de España y aumentado el caudal de simpatía hacia los pacíficos y ejemplares catalanes, que, aunque se saltan todas las leyes, lo hacen por una buena causa.

Mensaje del Rey Felipe VI a los españoles

            En estos momento críticos para la Historia de España, se echaba de menor la voz autorizada del Rey Felipe VI, en cuanto garante de la unidad y permanencia del Estado y responsable de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Como ha observado Lucía Méndez, “tardó en a parecer, pero lo hizo por todo lo alto” y, según Federico Jiménez Losantos, “Ni Felipe VI podía ser más oportuno, ni su mensaje llegar más a tiempo”. En efecto, el impecable mensaje del Rey Felipe ha llegado justo a tiempo y no contiene ni una sola palabra de más. Lo reproduzco en su integridad porque no tiene desperdicio.

            “Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña,-de una manera reiterada, consciente y deliberada- han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus disposiciones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

            Estas autoridades han menospreciados los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles y, con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.- Esas autoridades –de una manera clara y rotunda- se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
            Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña –a todos- quiero reiterarles que, desde hace décadas, vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad en Cataluña, ni en el resto de  España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que todos tienen un despacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de la libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes y sólidos, y los son  porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino con serenidad y determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos estará también Cataluña.

            Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución,  de renovar mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y permanencia de España”. ¡Que así sea!.

            El mensaje ha sido bien acogido por el PP, Ciudadanos y, en menor medida, por el titubeante PSOE, que ha echado en falta una referencia al mantra del diálogo. Bien al contrario, el profesor Francisco Sosa ha dicho que se agradece precisamente que el Rey haya omitido cualquier referencia a “la blandenguería del diálogo”. En opinión de Fernando Savater, se ha transigido demasiado. Se ha dialogado con Cataluña, los catalanes y los “pujoles” de un modo exagerado. Se ha mentido y se ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lógico que cree un estado de gran frustración, que no se va a curar tan fácilmente y tardará en hacerlo. Ha sido mal acogido –como era de esperar- por los nacionalistas y por las huestes bolivarianas de Podemos, que criticaron que iba dirigido a sólo una parte de Cataluña y no hacía referencia alguna al diálogo  ni a las víctimas de los ataques policiales. Su  mascarón de proa, Ibáñez, afirmó con su habitual suficiencia:”Le digo al Rey no votado: No en nuestro nombre”. Ha sido bien acogido por la opinión pública en general, ahíta y harta  de las arbitrariedades y desplantes de las autoridades catalanas. También ha supuesto un alivio para los que dudaban que el Estado fuera capaz de tomar decisiones firmes en defensa de la Nación española. En términos futbolísticos, el Rey le ha dado una asistencia a Rajoy para que marque en la puerta del secesionismo catalán con la ayuda del artículo 155. Confiemos en el Presidente del Gobierno empuje el balón a la red. Si no, habrá que pedir al entrenador que lo cambie por otro jugador más en forma.

Sevilla, 4 de Octubre de 2017    



miércoles, 4 de octubre de 2017

Diálogo en Cataluña sí, pero ¿con quién, para qué y cómo?

DIALOGO EN CATALUÑA SÍ, PERO ¿CON QUIÉN, PARA QUÉ Y CÓMO?

He leído con consternación y desagrado, aunque no con sorpresa, las declaraciones hechas a “El Mundo” por Joaquim Gay de Montellá, Presidente de Foment del Treball Naciona,- la principal Asociación de Empresarios de Cataluña- y Vicepresidente de la CEOE. Partiendo de una posición razonable sobre la ilegalidad del “procés”, ha llegado a la errónea conclusión de que el problema catalán se resolvería si se reformara la Constitución para ofrecer a Cataluña un Pacto Fiscal similar al vigente en el País Vasco y en Navarra..

Declaraciones del Gay de Montellá, Presidente de Foment

Gay estima que llevamos unidos desde el siglo XV y nos ha ido bien a todos, por lo que su objetivo es mantener a Cataluña dentro de España. La Comunidad está muy bien, pero debe mejorar. Respalda el Informe elaborado antes del verano por la Comisión Jurídica establecida por Foment en la que concluía que los planes del referéndum de autodeterminación elaborados por la Generalitat constituían un “golpe de Estado jurídico”. Semejante informe era claro y rotundo y no había sido cuestionado por nadie. Rechaza, por tanto, la consulta del 1-O por ser ilegal y apoye las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno para impedir su celebración. Las Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad adoptadas por el Parlament le han sorprendido y las rechaza por ser “desproporcionadas” y no ser el modelo para “mostrar democracia y conseguir la confianza de los votantes

Las respuestas a la ilegalidad deben ser “proporcionadas”. No le gustan las detenciones, pero tampoco las ilegalidades y las detenciones han sido consecuencia del procés. Comprende el control por Hacienda de la Caja de la Generalitat si tenía sospechas fundadas de la ilegalidad de los pagos. Aunque no rechaza de plano la aplicación del artículo 155 de la Constitución, confía en que no se haga, porque  “emplear los máximos argumentos no es bueno, el camino siempre está en el diálogo”.

Defiende al Presidente de la CEOE, Juan Rossell frente a las críticas recibidas por su afirmación de que había que buscar una solución en Cataluña “intermedia entre la independencia y la sumisión total“(¡!). Aunque no creía que existiera tal sumisión, ha señalado que no se puede cuestionar una realidad. Los empresarios catalanes no son cobardes, pero viven en Cataluña. Es muy fácil ser rotundos fuera de ella, pero hay que venir aquí. “El que viera estos días las manifestaciones y vea la realidad se dará cuenta de que hay sentimientos muy fuertes. Hay un bloque central de gente que necesita que se le ayude en ese entendimiento”.

Afirma que sería bueno que el Gobierno y el Govern recuperaran el diálogo, porque, si no, es fácil que se vaya a una confrontación. Le encantaría que, antes del 1-O se dijera “vamos a sentarnos a hablar”, aunque comprende que “hay muchos argumentos de un lado y sentimientos de otro que impiden tener serenidad”. Hay que dialogar y pide una hoja de ruta rápida de diálogo para lograr un nuevo Estatuto de Autonomía que sea aprobado en un referéndum legal.

Medidas para resolver el “problema catalán”

La solución del “problema catalán” requiere la adopción de las siguientes medidas: Reconocimiento de la identidad de Cataluña, concesión de un Pacto Fiscal, realización de mayores inversiones en la Comunidad y vía libre para que Cataluña tenga representación propia  en organizaciones internacionales y puedas participar en competiciones deportivas.

Gay no explicita qué rasgos de la identidad catalana no están suficientemente reconocidos en la Constitución. Como observó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010, la Constitución ya reconoce la singularidad de Cataluña en relación con el Derecho Civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional. La Comunidad tiene sus instituciones propias como la Gerneralitat, el Parlament, el Sindic de Greuges -defensor del pueblo-, el Consejo de Garantías Estatutarias -especie de Consejo de Estado- o los Mossos de Esquadra, y tiene amplísimas competencias en todos los ámbitos salvo el financiero y fiscal. ¿Acaso piensa el Presidente de Foment que Cataluña también tiene en este ámbito un rasgo diferencial del que carecen las demás Comunidades salvo el País Vasco y Navarra?. Ésta es la ”madre del cordero”, que nos lleva a la segunda reivindicación.

El Estado debe reconocer a Cataluña un régimen financiero y fiscal privilegiado similar al concedido a las Comunidades vasca y navarra. Para ello - como ya defendió  en 2011- debería modificarse la Constitución para incluir una segunda cláusula adicional que concediera a Cataluña un Pacto Fiscal que le permitiera disfrutar de autonomía en la gestión tributaria. Viene a mi mente la “boutade” de Oscar Wilde de que “la mejor forma de resistir la tentación es cediendo a ella”. Pretende volver al statu quo ante a la petición de Artur Mas al Gobierno central y al rechazo de Mariano Rajoy, lo que provocó el inicio de la radicalización de Mas y de su partido y la fuga hacia delante para alcanzar la Itaca de la independencia, que ha llevado a la situación actual de insumisión total de Cataluña al Estado de Derecho. No sería lógico ni adecuado que el Gobierno sucumbiera al chantaje del separatismo y premiara su desleal desafío institucional concediéndole ahora lo que en 2013 justificadamente le negó.  

La tercera demanda es secuencia lógica de la anterior: Realización de mayores inversiones del Estado en Cataluña. Esta pretensión ya se plasmó en el Estatuto adoptado en 2005 por el Parlament, que incluía una disposición final que preveía una inversión mínima del Estado en Cataluña proporcional a su contribución al PIB nacional. Dicha disposición era  profundadamente injusta a la par que retrógrada, pues ignoraba los principios elementales de la justicia distributiva y social al propugnar que se diera más al que más tenía. Es natural que los empresarios catalanes quieran que el Gobierno invierta lo máximo posible en la Comunidad para generar riqueza y aquél debería acoger favorablemente peticiones razonables, como la conclusión del corredor mediterráneo, que beneficiará  no sólo a Cataluña, sino también a otras Comunidades como Andalucía, Murcia o Aragón. Pero de ahí a exigir una elevada inversión fija, en detrimento de las demás regiones, hay abismo insalvable. Bastante tratamiento privilegiado le está concediendo el  Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómica, de cuyos créditos sin interés es Cataluña es con mucho la más beneficiada: 70.000 millones de euros entre 2012 y 2016, y 7.275 en 2017.

La cuarta y última reivindicación es más bien anecdótica: tener representación en organismos internacionales y participar con equipos propios en las competiciones deportivas internacionales. Gay ha citado en apoyo de su pretensión que “Flandes tiene gran representación internacional y nadie se rasga las vestiduras”. No sé en qué basa su afirmación, pero en mi largo caminar por medio mundo jamás he visto una Embajada de Flandes, mientras que Cataluña tiene un buen montón de seudo-Embajadas en los principales países del globo y ante Organizaciones Internacionales como la UE y la ONU. Es natural que la Comunidad quiera participar en la actividad de la UNESCO para potenciar la lengua y cultura catalanas o en el Comité de Regiones de la UE, pero sus rasgos diferenciales en los ámbitos idiomático y cultural no justifican la proliferación de Embajadas de pitiminí en las que enchufar a sus paniaguados –como diría Luis María Ansón-, ya que, como las demás Comunidades Autónomas, está suficientemente representada por las Misiones diplomáticas y consulares de España, que defienden y protegen por igual los intereses de todos los nacionales. En cuanto a disponer de de equipos deportivos propios, el Presidente de Foment señala que “Escocia tiene su propio equipo de fútbol y nadie lo cuestiona”, sin percatarse de que Escocia fue un Estado independiente antes de integrarse voluntariamente n el Reino Unido, cosa que nunca ha sido Cataluña, pese a las mendaces afirmaciones de los dirigentes catalanes. Ahora bien, si con ello se contribuyera a solucionar el “problema catalán”, no habría mayor problema en solicitar a las federaciones deportivas internacionales accedieran a sus propósitos. Si la FIFA permite la participación de los equipos de Gibraltar o Kosovo
-modelo, al parecer, para Cataluña- en los campeonatos mundiales de fútbol, ¿por qué no a ésta, que es “más que una nación”?.

            Las declaraciones de Gay de Montellá cayeron como una bomba en la CEOE –de la que es Vicepresidente-, uno de cuyos dirigentes afirmó que era preocupante que manifestara su opinión en un momento en que los empresarios deberían cerrar filas con el Gobierno para que se restablezca la legalidad. De aceptarse su propuesta,  supondría una independencia diferida que se sale por completo de lo que debe defender un dirigente de la CEOE. Procede de un supuesto moderado que ha hecho bueno el dicho “de los amigos y del agua mansa nos libre Dios, que de mis enemigos me libro yo”.

Imprescindible necesidad de diálogo

A todo el mundo se le llena la boca con la palabra diálogo, palabra políticamente
 correcta que muchos preconizan y pocos practican. Pablo Iglesias ha pedido a toda la oposición que promuevan “el diálogo constituyente que devuelva el protagonismo a las gentes, a los pueblos y a las naciones del conjunto de España”. Íñigo Urkullu ha advertido al Presidente del Gobierno que “la única salida es el diálogo”. Pedro Sánchez ha dicho que obligará a Rajoy y a Puigdemont a dialogar y ofrecido  para solucionar el problema catalán “diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno”. El Secretario General del PSOE mandó oponerse en el Congreso a la moción no de ley de apoyo al Gobierno y a los Tribunales ante el desafío catalán propuesta por Ciudadanos, porque este partido no aceptó su enmienda por la que se instaba al Gobierno a que buscara una solución negociada, proposición que ha sido apoyada por los socialistas en el Parlamento andaluz.

Como Pachi López –que ha afirmado que “es la legalidad política la que crea espacios para la política y el diálogo”-  preguntó a Sánchez “pero Pedro,¿ tú sabes lo que es una nación? , habría que preguntarle a Gay de Montellá, Ibáñez, Urkullu, Sánchez y “tutti quanti”: ¿Sabéis realmente lo que es un diálogo?.. ¿Es posible dialogar con quienes dicen que están dispuestos a hablar sobre “Referéndum, sí o sí”, violan las leyes y la  Constitución –a la que sustituyen por una ley autonómica jurídicamente impresentable-, incumplen las sentencias de los Tribunales y no reconocen legitimidad al Tribunal Constitucional, niegan la palabra a los diputados de la oposición en el Parlament y les impiden ejercer su actividad parlamentaria, amenazan a los discrepantes, pasan por alto los argumentos de sus propios órganos asesores y desoyen sus dictámenes, y piden a las masas que ocupen las calles para defender un referéndum ilegal y amparar a los delincuentes?. Como ha señalado Antonio Elorza, resulta absurda la apelación a un diálogo que sólo consistiría en que el Gobierno aceptara lo que la Generalitat decidiera.

            La respuesta ha sido acertadamente dada en un editorial de “El Mundo” en los siguientes términos: “La abierta deslealtad de la Generalitat y su contumacia en la desobediencia han dinamitado cualquier opción de diálogo. No puede haber ningún tipo de negociación, ni mucho menos concesión política y económica, a instituciones cuyos dirigentes usan las herramientas del autogobierno para intentar liquidar el mismo. El diálogo no sólo es necesario sino imprescindible en democracia y, desde luego, los empresarios están llamados a jugar un papel constructivo en esta tarea, pero siempre que medie un respeto escrupuloso a la ley, que es lo que permite armonizar la convivencia y garantizar la igualdad de los españoles. El Gobierno catalán sigue lejos de asumir esta exigencia irrenunciable en cualquier Estado de Derecho”. Y “la felonía insurreccional de la Gerneralitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación, por muchos llamamientos que se hagan al diálogo…El diálogo es imprescindible en democracia, pero siempre dentro del marco constitucional”.

Con quién dialogar

Dado por generalmente aceptado que el diálogo es imprescindible en cualquier sociedad, se plantea el problema de con quién dialogar, qué dialogar y cómo hacerlo.  ¿Quiénes deben ser los protagonistas de este diálogo?. Es evidente que uno de ellos es el Gobierno legal de la Nación y otro unos representantes genuinos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los actuales dirigentes de la Generalitat se han auto-descalificado y se hallan en una situación precaria e insostenible, dependientes de las decisiones de la Justicia. Según Santiago González, “hay un tiempo para dialogar y otro para ejecuta,- dice aproximadamente el Eclesiastés- y el de dialogar no es éste. El asunto está en el ámbito penal y el único diálogo posible para ellos debería de ser en la sala de justicia para responder de los graves delitos cometidos. Diálogo político sólo en el futuro, cuando se restañen los efectos de esta perversa iniciativa y paguen responsabilidades por tantos desafueros. Será con otros dirigentes, cuando éstos sean inhabilitados y encarcelados si el Tribunal los declara culpables de malversación y de sedición”.  Como ha observado Teresa López Pavón, con la amenaza de un referéndum ilegal sobre la mesa, mientras los interlocutores que tendría el Gobierno en una eventual maniobra de acercamiento sean los que han manifestado su voluntad de mantener el reto a la legalidad vigente, incluso después del 1-O, no cabe hablar de negociación.

Parece indispensable adelantar las elecciones autonómicas para escoger a dirigentes legitimados por las urnas para representar a Cataluña en su indispensable negociación con el Gobierno central con miras a restaurar la normalidad constitucional.. Según ha manifestado Marisa Cruz,  no se podrá evitar que estas elecciones tengan un fuerte componente plebisticitario, pero el Gobierno confía en que el ejecutivo autonómico que surja de los comicios se avenga al diálogo y a la negociación. Ha habido quienes –desde sectores de la izquierda y el nacionalismo-cuestionan la legitimidad de Rajoy para representar al Gobierno en la negociación. Sin embargo, por muy quemado que esté el Presidente por la inadecuada política seguida frente al “problema catalán” y por mucho que la abigarrada oposición lo descalifique con rotundidad, Rajoy es el representante legal del Gobierno democráticamente elegido por los ciudadanos españoles y sancionado por las Cortes. Cuestión distinta es que se halle en una delicada situación al no contar con una mayoría en el Congreso y pender sobre su cabeza una moción de censura ardientemente deseada por Pedro Sánchez, que busca su investidura a toda costa con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas.

Qué se debe negociar

El qué de la negociación es el llamado “encaje” de Cataluña en el Estado español. Es obvio que tras el 1-O –pase lo que pase en esa fecha ya mítica- será inevitable abrir un proceso de reflexión sobre el diseño del Estado, que obligará

a  reconsiderar las relaciones del centro con la periferia, el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades –sea manteniendo el sistema actual de las Autonomías, sea en un posible régimen federal- y la distribución de los recursos financieros. En opinión de Cayetana Álvarez de Toledo, existen en el PP dos almas, la de la firmeza y la del apaciguamiento y, con los primeros cristales rotos, ha asomado la debilidad. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a pagar a los nacionalistas a cambio de que renuncien a la secesión. Así, habló en el “Financial Times” de una posible reforma del sistema financiero si cesaran los planes de independencia. Sin excluir la concesión de un Pacto Fiscal –para lo que habría que modificar 

sábado, 23 de septiembre de 2017

¿Llegará a celebrarse el referéndum del 1-O en Cataluña?

¿LLEGARÁ A CELEBRARSE EL REFERÉNDUM DEL 1-O EN CATALUÑA?

            Los acontecimientos se precipitan tras el órdago del Parlament al adoptar las Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad y de la Generalitat al firmar el Presidente Carles Puigdemont y la totalidad del Govern la convocatoria del un referéndum  ilegal de autodeterminación para e1 1 de Octubre. El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha tenido que reconocer que el procés “ hace lo que dice” y se ha visto forzado a abandonar el “dolce fare niente” y a tomar medidas enérgicas para poner coto a la abierta insumisión de la Generalitat. La Fiscalía General del Estado se ha querellado contra sus miembros y contra la Mesa del Parlament, ha llamado a declarar como imputados a los 712 Alcaldes que han decidido ceder locales municipales para la celebración del referéndum y ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad –de la Guardia Civil a los Mossos de Esquadra y de la Policía Nacional a la Policía Municipal- que incauten el material preparado para la citada votación.

Artículo de Martín Pallín

            Entre tanto, la Generalitat ha sacado algunos frutos de su hábil  y “goebeliana” campaña publicitaria y ha conseguido la comprensión y el apoyo de prestigiosos medios internacionales de comunicación como “The New York Times” o “Le Monde”, aunque no del “Financial Times”, que ha publicado un demoledor editorial crítico del procés. El diario parisino, situándose en una cómoda postura equidistante, ha afirmado que las dos partes en el conflicto han contribuido al absurdo del referéndum salvaje que nos amenaza y la lucha continuará tras el 1-O. Madrid debería escuchar las reivindicaciones de cientos de miles de catalanes que han desfilado por las calles durante los últimos cinco años, que al principio no pedían la independencia sino sólo el derecho a expresarse como en Escocia. Rajoy tendría que haber seguido el ejemplo de David Cameron, permitir la celebración del referéndum y tratar de convencer a los catalanes de que su futuro europeo pasa por su permanencia en España.

            También ha conseguido respaldos internos como el del antiguo Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente de la Unión de Fiscales Progresistas y Portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Martín Pallín, cualificado exponente del progresismo judicial de la “gauche caviar”.  Ha publicado en “La Vanguardia” un artículo sobre “Camino al 1-O”, que está lleno de inexactitudes y falacias, lo que no es de extrañar conociendo el talante del personaje. En sus libro “¿Para que servimos los jueces?, ha afirmado que un juez demócrata  no puede decir que la ley es la ley y  hay que cumplirla como si fuera una orden. El juez que sólo maneja las normas legales es como un autómata. El conocimiento jurídico desprovisto de cualquier acercamiento a la rica pluralidad social ignora el papel del juez en una sociedad democrática en continua transformación. Los valores del consenso, el diálogo, la libertad ideológica y la libre decisión están por encima de los corsés legales. El juez es algo más que un funcionario o un profesional., pues, en su parcela, es “un actor político”. Pallín es de los que estima que los jueces deben ensuciar sus togas con los polvos del camino. Siempre mostró una especial comprensión hacia los etarras y sus cachorros de Batasuna, Bildu o Sortu. Ha criticado la “sobre actuación judicial” de la Audiencia Nacional por haber imputar por terrorismo a los pro-etarras que agredieron en Alsasua a dos mandos de la Guardia Civil y a sus parejas, “que complica los intentos de convivencia en el País Vasco y  en Navarra”. Su procesamiento es desorbitado y está fuera de la realidad social. Un juez, para tomar una decisión, debe tener en cuenta la realidad social del lugar y, en los pueblos donde hay una confrontación social, se crean tensiones que no se superan. Participará el 28 de Noviembre en una Mesa Redonda organizada en Vitoria por SARE, la red de apoyo a los presos de ETA.

            Pallín ha incluido en su artículo las siguientes perlas jurídicas: 1) Las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado contra diversas autoridades catalanas “son forzadas y no se ajustan a la legalidad”. 2) Es irracional y no viable intentar detener una riada con la ley y las fuerzas de seguridad. 3) Perseguir a quienes ceden locales para poner urnas  no es admitido por los valores de la Constitución en un país democrático. 4) Por ceder locales se cometería, a lo sumo, un delito de desobediencia, porque “el referéndum ilegal no existe”. 5)  Ni el derecho penal ni el político-constitucional tienen mecanismos para parar la votación, pues no hay ninguna norma que castigue la colaboración con un referéndum declarado ilegal. 6) El Gobierno debe dejar votar pues “el referéndum no tiene garantías y no será reconocido por los organismos internacionales”, ya que no se ajusta a la legalidad española o internacional, por lo que no será considerado válido por la comunidad internacional. 7) Se han de imponer a la votación muchas condiciones y limitaciones, así como compromisos por ambas partes, que deben sentarse a hablar. 8) La solución del conflicto de Cataluña está en la política y no en la activación de los mecanismos judiciales. 9) Resulta indispensable el diálogo y la reforma de la Constitución

            Llevaría tiempo refutar todas y cada una de estas inexactitudes, por lo que me limitaré a hacer unas sucintas consideraciones, que cualquier persona con un mínimo de conocimientos jurídicos podrá desarrollar: 1) Las querellas presentadas por la Fiscalía contra los autores de una serie de delitos tipificados en el Código Penal es plenamente conforme con la legalidad. 2) No sé si se podrá detener la riada del proceso de independencia, pero sólo se logrará con el respaldo de la ley y el apoyo de las fuerzas de seguridad. 3) No se investiga a los 712 Alcaldes que se han comprometido a ceder locales municipales por permitir que se pongan urnas en sus instalaciones, sino por desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional, que ha suspendido la celebración del referéndum. 4) El referéndum ilegal sí existe y su convocatoria estuvo en su día sancionada en el Código Penal, aunque el Gobierno del PSOE decidiera suprimirlo so pretexto de que “el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quienes no tienen legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”. 5) La convocatoria de un referéndum por quien no tiene competencia para ello viola la Constitución y supone un delito de usurpación de atribuciones -artículo 506 del Código Penal-, amén de delitos de desobediencia al TC –artículo 410- y prevaricación –artículo 404-. 6) Si el referéndum no se ajusta a la ley nacional o internacional y no ofrece las debidas garantías, ¿por qué debe el Gobierno permitir que se celebre?. 7) Ante la violación flagrante de la ley no cabe compromisos con los violadores. 8) Al margen del evidente contenido político del conflicto catalán, el Gobierno es responsable de hacer cumplir la ley y está obligado a actuar cuando unas autoridades cuyas competencias les son concedidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía violan ambos instrumentos, los sustituyen por una ley autonómica de segunda división, niegan la competencia del Tribunal Constitucional e ignoran sus decisiones, y convocan un referéndum ilegal en el que basarse para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. 9) Siempre es necesario el diálogo, pero éste carece de sentido porque –como ha observado Arcadi Espada- “los nacionalismos no pueden pactar; necesitan vencer”.  El enfrentamiento radical existente hace imposible –en opinión de Antonio Elorza- cualquier compromiso de fondo, por lo que resulta absurda la apelación al diálogo, que sólo podría consistir en la concesión por el Gobierno de un Vº Bº a lo que la Generalitat decida. En cuanto a la necesidad de  reformar  la Constitución y, sobre todo su alcance, hay opiniones diversas y respetables y ninguna de ellas se debería imponer sobre el consenso que se alcanzó con la Constitución de 1978. Pero, mientras esté vigente, no se puede fundamentar su reforma en la reiterada violación de sus preceptos..

Inexistente derecho a decidir sobre España por sólo una parte de su territorio

            Los nacionalistas han tenido la habilidad de basar sus reivindicaciones en el democrático derecho de los ciudadanos catalanes a decidir sobre su futuro y ocultado su intención de lograr la secesión, con lo que han atraído a su campo a muchas personas contrarias a la independencia. De aquí que sean mayoría en Cataluña los partidarios del derecho a decidir, como manifestación del derecho de libre expresión. Aquí se percibe el complejo de superioridad de los catalanes que, como ha observado Albert Boadella, se arrogan unos rasgos superiores a los demás españoles –“No hay nada comparable a nuestra tribu del seny”-, por lo que sólo ellos pueden decidir sobre el futuro de Cataluña y de España. Para Arcadi Espada, limitar el derecho a decidir sólo a los catalanes supone negar al resto de los ciudadanos españoles la facultad de decidir políticamente cuál va a ser el futuro de España y -a juicio de Fernando Savater- “nadie tiene derecho a decidir que los demás no decidan”. Como ha señalado un lector español en una carta a “El Mundo”, Cataluña también es nuestra, porque cada uno de nosotros posee un poco de todas y cada una de las partes de España, y este derecho fundamental es atacado de forma frontal por el referéndum del 1-O. Los titulares de tal derecho son no sólo los pocos millones de residentes en Cataluña, sino también todos los españoles que quieren seguir considerándola como propia y de todos.

            Unos 300 juristas miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales hemos firmado una “Declaración sobre la falta de fundamento en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña”. Tras exponer el contenido y el alcance del derecho a la libre determinación de los pueblos, la Declaración concluye afirmando: “Como Cataluña no es una entidad que disfruta de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho Internacional, el derecho de libre determinación de los pueblos no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional”.

Insumisión total de la Generalitat y pasividad del Gobierno central

            Según Elorza, no era previsible que una institución del Estado como la Generalitat pusiese en marcha un proceso de subversión del orden legal aprovechando los poderes que éste le confería, para luego destruirlo. Ha sido un procedimiento inédito en la historia constitucional  por cuanto compagina un objetivo de secesión con el uso simultáneo de la legalidad vigente y la subversión permanente de la misma. La libertad política ha sido reemplazada por la movilización de masas en apoyo del detentador del poder, quien toma sus decisiones por encima de cualquier condicionamiento legal. Santiago Muñoz Machado ha señalado que los dirigentes catalanes han decidido no aplicar la Constitución ni el Estatut. La única autoridad soberana en Cataluña es el Parlament y no existe ninguna norma superior que observar a las leyes autonómicas como la de Transitoriedad, que se considera superior a la Constitución. Alfonso Guerra ya observó que en Cataluña se estaba produciendo un golpe de Estado “a cámara lenta”.

            Más de 400 profesores universitarios han publicado un Manifiesto en el que afirman que una sociedad civilizada en la Europa del siglo XXI sólo puede basarse en el respeto a las normas que nos hemos dado democráticamente, empezando por la Constitución, pero el Govern y los grupos secesionistas en el Parlament están “subvirtiendo las reglas y abusando del poder que las leyes le han conferido”. No han dudado en “traspasar los límites de la legalidad para -apelando a un inexistente derecho a decidir- impedir el ejercicio de los derechos de las minorías parlamentarias, poniendo en peligro la convivencia”. Los catedráticos han hecho un llamamiento a la movilización de los ciudadanos para que exijan al Gobierno de España y a todas las instituciones y partidos políticos democráticos que actúen con la máxima celeridad, firmeza y determinación para proteger los derechos de todos, e instado al Estado a que “utilice la fuerza legítima que le corresponde en exclusiva”.

En opinión de Francisco Rossell, nunca hasta ahora se había producido un golpe  de Estado parlamentario presto a tornar en rebeldía totalitaria. El Estado se juega el ser o no ser y puede movilizar todos los instrumentos a su alcance o quedarse paralizado, en cuyo caso el compromiso de Mariano Rajoy quedaría reducido a virutas de retórica con las que alfombrar el suelo antes de ser barridas. Para Albert Rivera, la hegemonía del marco mental separatista ha sido posible porque en Cataluña el Estado y los valores constitucionales han ido desapareciendo en las últimas décadas. La presencia del Estado brillaba por su ausencia y la igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión han ido cediendo terreno frente a los contravalores del supremacismo, de la imposición, del egoísmo y de la división. Insultar al Jefe del Estado o silbar el himno nacional, colgar en los Ayuntamientos la estelada en vez de la bandera nacional o incumplir las sentencias de los Tribunales no tiene coste alguno y, cuando en un país democrático a los poderes públicos les cuesta aplicar las leyes y a los que las violan no les cuesta nada, se corre el riesgo de convertirse en un país sin futuro. Se ha cumplido la aspiración de Pasqual Maragall de lograr que el Estado fuera prácticamente residual en Cataluña.

            Esta situación comenzó a cambiar tímidamente en fecha bien reciente cuando el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, afirmó que, “frente a la sinrazón de los que se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y la democracia no caben vacilaciones de clase alguna”. La Fiscalía seguiría actuando en defensa del Estado democrático de Derecho y había dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que utilizaran todos los medios posibles para recabar los efectos de los delitos cometidos e impedir que se cometieran otros nuevos. Ahora bien, era importante  -conforme a la cautela “marianista”-actuar de forma proporcionada y no realizar actuaciones en las que el remedio fuera peor que la enfermedad. A los separatistas les encantaría que el Gobierno reaccionara de forma desproporcionada para cargarse de razones, por lo que  había que actuar con prudencia. La celebración del referéndum programado para el 1-O era un acto ejecutivo nuclear contra el que había que actuar con mayor energía.

Para Rosell, una suicida política de quimérico apaciguamiento de los nacionalistas por parte del Gobierno ha llevado a concesiones que han desembocado en un Estados inerme ante el separatismo Algunos autores –como Federico Jiménez Losantos- han criticado la actitud excesivamente prudente Gobierno, porque lo que los separatistas buscan es que siga con el “tiki-taka” de la proporción y no pasar al ataque, mientras ellos metían goles con la mano y, “a esta inacción suicida hemos llegado por empacho de mesura y proporcionalidad”.¿Se cumple la ley o no?  Y, si no se cumple,  ¿a qué espera el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución?. Según Luis María Ansón, de poco ha servido tanta prudencia por mor de no crear mártires. La voracidad cerril de los dirigentes soberanistas, la lenidad del Gobierno, la cachaza de Rajoy  y la torpeza de no prever lo que iba a ocurrir nos ha conducido a la situación límite que padecemos. Ha llegado la hora de acabar con las medias tintas y de que las Fuerzas de Seguridad pongan a disposición judicial a 10 ó 12 dirigentes políticos que están cometiendo un delito de sedición y preparando abiertamente un golpe de Estado, y de que los jueces los juzguen y los condenen.

Escalada de la Generalitat

            Ante la inacción del Gobierno, la Generalitat se ha envalentonado, ha ido radicalizando su actitud de abierto enfrentamiento con el Estado y ha optado por seguir su ruta hacia la declaración unilateral de la independencia tras la celebración el 1-O de un referéndum ilegal de libre determinación. Como ha observado Rafael Latorre, el  desarrollo del procés  ha liberado a los independentistas de su sus complejos de legalidad y sus mentiras son cada vez más burdas y sus actuaciones ilegales más osadas. Según “El Mundo”, todo movimiento insurreccional, una vez rotos los diques institucionales de la democracia representativa, termina siempre por encomendarse a la calle, y legitima la ruptura de la Constitución por la fuerza emocional y la lógica asamblearia. La sociedad catalana se está “batasunizando. Impulsado por los antisistema de la CUP, el Govern ha alentado a sus seguidores a ocupar la calle y, con las acciones de “kale barroka” de sus cachorros de “Arran”, se corre el riego de que se produzcan actos de violencia que escapen al control de los aprendices de brujo de la “Generalitat”.

            Muestra de ello son los llamamientos que ha hecho Puigdemont a sus seguidores para acosar y presionar a los Alcaldes que, en cumplimiento de la ley, se han negado a ceder espacios municipales para la celebración del 1-O. Cuando un político en el poder incita a la coacción contra un presunto enemigo, no podrá escandalizarse luego de los efectos que sus inducciones puedan provocar. Así, se produce una identificación entre una Generalitat  autoexcluida de la ley y sus agitadores callejeros. Los antisistema se han puesto en movimiento con sus actuaciones mafiosas para obligarles mediante la coacción a  incumplir las leyes.  Los matones de “Arran”  han difundido en Lérida un mensaje siniestro:”Quienes  niegan el democrático derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo ¡Tratémosles como tales!”. Han distribuido carteles con las fotografías del Alcalde y de los 13 concejales ilerdenses que se han opuesto a ceder locales municipales para el referéndum con la leyenda “Assenalem-los!” (¡Señalémoslos!). Semejante táctica fascistoide recuerda los años de plomo provocados por ETA. Para la concejal del PP Dolors López, se trata de una situación similar a la de la Alemania nazi en la que se señalaba a los judíos, y el concejal socialista Juan Gómez ha declarado: “Me recordó al País Vasco. Sólo les faltó poner una diana sobre nuestras cabezas”. Según el Secretario General del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, “El Presidente Puigdemont apunta el objetivo y los radicales de la CUP disparan”. El Fiscal General ha ordenado investigar las campañas de estos radicales contra los alcaldes y concejales constitucionalistas por incurrir posiblemente en los delitos de amenazas –artículo 169-, coacciones –artículo 172-  o incitación al odio –artículo 510-.
            Tras las recientes actuaciones del Gobierno, el Presidente Puigdemont ha reiterado su llamamiento a “tomar permanentemente la calle”. El Vicepresidente Oriol Junqueras dijo a la multitud concentrada ante su Consejería:”Sólo el pueblo salva el pueblo. El futuro está en vuestra s manos”. La Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha quitado la careta de falsa equidistancia y ha pedido a los barceloneses que salgan a la calle para defender las instituciones catalanas y el autogobierno de la ofensiva represora que está realizando el Gobierno central. La Presidente del Parlament, Carme Forcadell, ha arengado a los manifestantes para que presionen a los jueces y exijan la liberación de los detenidos. Así pues, todo el “establishment” catalán se ha echado irresponsablemente en manos del pueblo, de las masas incontroladas y mediatizadas por los elementos más radicales, que pueden provocar la  algarada y actos de violencia. Aunque subversivo, el proceso ha sido hasta ahora pacífico, pero –como ha señalado Raúl del Pozo- los conflictos nacionalistas llevan en su esencia la semilla de la violencia y la situación empeora al contar la intentona con las masas. Una explosión de la violencia haría que se consolidara el delito de sedición, que –tras la reforma del Código Penal introducida en 1995 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -requiere en su artículo 544 que se produzca un alzamiento público y tumultuario. Ya veremos como se desarrollan los acontecimientos hasta el 1-O y después de esa fecha.

Reacción del Gobierno central

            La situación insurreccional en Cataluña entra como un guante en las disposiciones del controvertido artículo 155 de la Constitución, pero Rajoy no se ha atrevido a aplicarlo por no contar con el apoyo de los demás partidos constitucionales, que se han opuesto –con más o menos vehemencia- a que el Gobierno recurra a él. El Gobierno del PP está dramáticamente sólo. Ciudadanos lo apoya a medias y está siempre dispuesto a desgastarlo para fortalecer su posición. El PSOE de Pedro Sánchez está radicalmente en su contra y listo a aliarse con el diablo –léase Pablo Iglesias- para desbancar a Rajoy y ocupar la poltrona presidencial. En el conflicto catalán, ha criticado tanto al Govern, por dividir a Cataluña con su referéndum ilegal, como a Rajoy, por enfrentar a Cataluña con España para ganar elecciones. Ha respaldado vocalmente al Gobierno en su oposición a la política separatista de la Generalitat, pero se ha opuesto a la proposición no de ley presentada por Ciudadanos para apoyar al Gobierno y a los Tribunales ante el desafío secesionista en Cataluña. Tras los últimos acontecimientos ha afirmado que el PSOE está detrás del Gobierno, aunque no es de fiar. En cuanto a Podemos, Iglesias ha roto su calculada ambigüedad y supuesta equidistancia al alinearse claramente con la Generalitat, apoyar la celebración del referéndum –a cuyos efectos ha convocado una Asamblea de alcaldes y diputados-y criticar acerbamente las medidas adoptada por el Gobierno.

            Al fin –¡y ya era hora!- Rajoy  ha reaccionado y decidido a actuar con firmeza. Ha ido preparando el camino: En el ámbito político, con la petición a las Fuerzas de Seguridad –a través de la Fiscalía General- de que utilicen todos los medios posibles para impedir la celebración del referéndum; en el ámbito económico, con la intervención de las Cuentas de la Generalitat. Así como en la mítica película “Casablanca” el Capitán Louis Renault descubrió de repente que se jugaba en el bar de Ricky, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, ha tardado cinco años en darse cuenta de que la Generalitat hacía trampas con su presupuesto y lo ha controlado, paradójicamente en el año en que ésta había cumplido por primera vez sus compromisos financieros y presupuestarios. Ha aplicado, citarlo, el artículo 155 de la Constitución, so pretexto del incumplimiento por el Govern de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

            Aunque en los últimos días las Fuerzas de Seguridad ya habían logrado algunos éxitos parciales en su tarea de impedir el referéndum, ayer día 20 dieron un golpe decisivo a la logística prevista para su celebración: incautación de 9.8 millones de papeletas de voto y detención de 14 altos funcionarios de la Generalita –incluidos el Secretario General de la Vicepresidencia, Josep María Juvé, el Secretario de Hacienda, Josep Lluis Salvadó, y el Director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Josué Sallent-, quienes han sido imputados por os delitos de prevaricación, desobediencia, revelación de secretos y malversación. Puigdemont se ha rasgado las vestiduras y ha acusado al Gobierno de violar la Constitución y el Estatut, de suspender “de facto” la autonomía de Cataluña y de cometer “una agresión sin amparo judicial”. Aunque ha acusado el golpe recibido, ha manifestado que seguirá adelante con la celebración del referéndum del 1-O -para lo que dice tener un plan B- e instado a los catalanes a que defiendan sus derechos mediante la ocupación de las calles.

            El Presidente Rajoy hizo anoche una ponderada y acertada declaración institucional en la que afirmó que “España es un Estado de Derecho que tiene los medios necesarios para impedir que quienes quieren infringir las normas básicas de la democracia puedan hacerlo. Tiene mecanismos para defender la legalidad  y exigir responsabilidades a quienes con tanta imprudencia están poniendo en grave riesgo la convivencia. No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia”. Destacó que “las leyes son el instrumento que nos hemos dado para convivir en libertad y resolver nuestras discrepancias de manera pacífica y justa. Por eso, nadie puede pretender situarse por encima de ellas y, por eso, la desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia”. Advirtió a la Generalitat que “votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo a la ley y respetando los derechos de todos”, y garantizó que su Gobierno utilizaría “todos los instrumentos” de que dispone para frenar el proceso independentista e impedir cualquier conato de referéndum ilegal, “con el fin de evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos”.Alentó a los dirigentes catalanes a que abandonaran su pulso al Estado, pues “saben que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo y ahora no es más que una quimera imposible o una excusa para ahondar aún más en la fractura que han provocado en la sociedad catalana. Si les importa la tranquilidad de los catalanes, renuncien a esta escalada de radicalidad. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia este desafío constante a la democracia y a la ley”.

            La actuación del Gobierno ha sido respaldada hasta ahora por el PSOE y por Ciudadanos y condenada por los nacionalistas –el PNV ha dejado caer que podría impedir la aprobación de los Presupuestos de 2018- y por Podemos y sus acólitos.
Iglesias se ha alineado ya claramente con los independentistas, llegó hasta afirmar en las Cortes que “en España hay presos políticos” e hizo un llamamiento para participar en movilizaciones callejeras en favor del referéndum de autodeterminación. Podemos organizó una mini-manifestación de protesta en la Puerta del Sol con militantes de los partidos nacionalistas y el día 24 celebrará en Zaragoza una Asamblea de diputados y de alcaldes a favor del referéndum del 1-O. La actuación ha sido, sin embargo, bien acogida en genereal por la opinión pública de España, harta ya de los desplantes y tropelías de las autoridades catalanas. Como ha editorializado “El Mundo”, la insólita agresión al orden constitucional que sostiene la Gerneralitat justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida proporcionalidad, pero con toda firmeza. La operación de desmantelamiento del referéndum ilegal realizada el día 20 marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza. Rajoy parece haber leído el artículo de Ansón y seguido su consejo ha mandado detener a un par de altos cargos más de los recomendados, aunque aún no se ha atrevido con los peces gordos. Ahora éste admite que el Presidente está actuando con moderación y con firmeza, si bien “son muchos los que esperan que actúe con mayor contundencia”.

¿Llegará a celebrarse el referéndum 1l 1-O?. No lo creo, pero el problema seguirá sin resolver y el abierto enfrentamiento entra la Generalitat y el Estado y la tensión social continuarán el 2-O y los días siguientes. Se va abriendo camino la posibilidad de que el Gobierno recurra finalmente al artículo 155 después del 1-O y algunos –como José García Domínguez- consideran que se debería aplica ya mismo, sin demora. Tiene el inconveniente de que, durante el debate en el Senado, se pondría de manifiesto la soledad del Gobierno, pues no parece que Sánchez esté dispuesto a dar su brazo a torcer y la falta de aval del PSOE daría nueva munición a la hábil agitprop de la Generalitat. También podría recurrir el Gobierno a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, lo que le permitiría poner bajo su autoridad a los poco colaboradores Mossos y convocar elecciones autonómicas anticipadas antes de que lo haga Puigdemont.

Previamente, sería necesario que los Tribunales competentes inhabilitaran a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, así como a Forcadell y a Colau, y les impusieran sustanciosas multas, como ha empezado a hacer el Tribunal  Constitucional   con Juvé y con los Síndicos lectorales.  Como ha señalado  Teresa Freixes, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional otorga a sus sentencias la calidad de títulos ejecutivos coercitivos. A partir del incidente de ejecución, el Tribunal podrá imponer multas de hasta 30.000 euros, acordar la suspensión cautelar en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir del Gobierno la ejecución sustitutoria de las resoluciones o levantar testimonio a particulares para exigirles la responsabilidad penal procedente. El Gobierno cuenta, pues, con amplios poderes para obligar a los sediciosos y a los insumisos a cumplir la ley, especialmente el citado artículo 155 de la Constitución , y tanto él como el Tribunal deberían ejercerlos. El PSOE y Ciudadanos deberían de dar muestras de sentido de Estado y, en vez de demonizar y rechazar estos instrumentos legales extraordinarios, apoyar su uso por uno y otro ante la gravedad del desafío separatista que amenaza la unidad de España y el mantenimiento en ella de la democracia y del estado de Derecho.

             Es probable que el 1-O no se celebre el referéndum de autodeterminación, pero ello no supondrá “the end of the affair”, porque -dada la cerrilidad y obstinación de los dirigentes separatistas, y su determinación de  no dar salida al toro de la independencia- tras los fiascos del 9-N y del 1-O harán una nueva intentona cuando el momento les sea propicio e incluso cuando no lo sea. No soy, por tanto, optimista sobre la posibilidad de que estos dirigentes cambien de actitud, pues –como ya vaticinó en 1934 el periodista Agustí Calvé a) “Gaziel”, a raíz del fracaso de la declaración de independencia de Lluis Companys- “cada vez que el destino coloca a Cataluña en una de esas encrucijadas decisivas, nosotros los catalanes nos metemos fatal y estúpidamente en el que conduce al despeñadero”.                   


Madrid, 21 de Septiembre de 2017