lunes, 13 de noviembre de 2017

Al Gobierno le cuesta sudores de sangre aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

AL GOBIERNO LE CUESTA SUDORES DE SANGRE APLICAR EL ARTÍCULO
115  DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA

De mi época de estudiante en Inglaterra recuerdo haber visto en una iglesia de
 Walshingam una vieja estufa del siglo XIX, en cuya tapadera había esculpida la imagen de una tortuga bajo l cual había la siguiente  inscripción: “Lenta, pero segura”. De la Justicia cabe decir lo mismo. La tortuga de marras se ha puesto parsimoniosamente en marcha y va a acabar por adelantar a Aquiles-Puigdemont y sus maratonianos colegas en la carrera filosófica de la conquista del espacio y del tiempo políticos imaginada por Zenón de Elea. A diferencia del ritmo cansino del quelonio, los acontecimientos en Cataluña se han desarrollado últimamente con una celeridad inusitada y se ha llegado a lo que apenas nadie –incluidos muchos independentistas- creía que llegaría nunca a suceder: la declaración unilateral de la independencia de Cataluña (DUI), la destitución del Presidente y de los miembros del Govern, la suspensión del Parlament, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de Diciembre, la “espantá” del ex-Honorable y cuatro de los miembros de su Gobierno a Bélgica , el encarcelamiento del Vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de otros siete antiguos miembros del Govern y de los Presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de “Omnium Cultural”, y la prisión con fianza de la Presidenta del Parlament Carme Forcadell.

En opinión de Arcadi Espada, el Estado se equivocó gravemente al considerar que los políticos nacionalistas nunca serían capaces de llegar hasta donde han llegado, pero lo mismo les ha ocurrido a ellos, ya que creían que el Estado tampoco llegaría hasta donde ha llegado, y ahora se encuentran en la cárcel o camino de ella. Estos políticos y la extrema izquierda se han mostrado atónitos e indignados por las últimas decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (TS),  pero -como ha señalado “El Mundo” en un editorial- “sólo quien está habituado a la impunidad se sorprende cuando ésta se acaba”. El ejercicio de la política no está eximido de la vigilancia del Código Penal y el Estado de Derecho sigue sus procesos al margen de la conveniencia política. “Quien echa un pulso al Estado, lo pierde”.

Auto de la Magistrado de la Audiencia Nacional Carmen Lamela

            Tras su comparecencia en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la Magistrada Carmen Lamela, condenó a prisión provisional incondicional a Junqueras y a los antiguos Consejeros de la Generalitat Jordi Turull,, Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquín Forn, Meritxel Borrás y Carles Mundó, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Al Consejero Santiago Vila –que dimitió antes de que se aprobara la DUI- le impuso la pena de prisión con fianza de €50.000, por lo que –una vez abonada ésta- quedó en libertad.

            El auto de la Magistrada ha sido calificado por el Embajador Melitón Cardona de equilibrado, fundamentado y bien redactado. Está perfectamente motivado en lo jurídico y redactado en un castellano legible, fluido e impecable. Su decisión ha cumplido con los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de una medida tan gravemente restrictiva como la privación de libertad. Ha constatado que se han producido hechos que presentan caracteres de delitos muy graves, que existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a los querellados, y que la posible pena a aplicar supera los dos años. Ha desgranado sus conductas destinadas a lograr la independencia de Cataluña y analizado con detalle el documento “Enfocat”, que propuso la estrategia para lograr tal fin, que se ha correspondido con los pasos dados por el Govern en los últimos dos años. Se trata de “una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, las parlamentarias y las asociativas (ANC y  Omnium Cultural), que conduciría a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de Octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el 27 de Octubre”.

            El auto describe la desobediencia al TC a través de medidas “que pretendieron dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, mediante la actuación a través de movimientos populares encaminados a crear en los ciudadanos un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado”. Para la consecución de este fin secesionista, los querellados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública”.  Su actuación “fue meditada y perfectamente  preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional  en pro de la independencia”.

            Según la Magistrada, “la planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas con fondos públicos”. Los querellados han hecho posible la realización de pagos “para llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de de la declaración explícita de anticonstitucionalidad”.  Cobra especial importancia el papel que todos ellos protagonizaron desde sus cargos públicos, sin el cual el proceso independentista no habría podido impulsarse.  Concluye advirtiendo sobre “la alta probabilidad de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, así como el alto riesgo de reiteración delictiva”, y destaca el elevado poder adquisitivo de los  investigados, que les permitiría fácilmente “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”.

            Los nacionalistas, como era de esperar, se han rasgado las vestiduras. Puigdemont ha enviado un mensaje a la opinión pública –transmitido por TV-3 (¿?)- en el que denunció la decisión de Lamela de encarcelar a los miembros de su Gobierno -que calificó de muy grave error y de “atentado gravísimo contra la democracia, que rompe con sus principios básicos”- y exigió su libertad, porque habían sido privados de ella por cumplir con su programa aprobado en el Parlament. Semejante decisión suponía un ataque a las elecciones del 21 de Diciembre, “que se van a celebrar en un clima de represión y encarcelamientos de políticos sin precedentes”. Artur Mas ha señalado que se trata de un “abuso de derecho” y Joan Tardá que habían sido víctimas de un juicio político. A ellos se ha unido la extrema izquierda, tanto regional como nacional. Así, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a Lamela de actuar con espíritu de venganza y propuesto la creación de un frente común para conseguir la liberación de los “presos políticos”. Pablo Iglesias, en paralelo, ha afirmado:”Me avergüenzo de que en mi país se encarcele a opositores, No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos,¡Libertad para los presos políticos!”. Los partidos de ambos –fundidos en una candidatura común para las elecciones autonómicas- han acordado incluir en su programa electoral la exigencia de amnistía para todas las personas inmersas en procesos judiciales  por desafiar a la Justicia con sus actos en pro de la independencia. De los partidos constitucionalistas sólo Ciudadanos ha mostrado su satisfacción por el auto. Miguel Iceta ha declarado que el PSC acataba la decisión judicial –lo cual resulta positivo, pues el Presidente de la Geeralitat José Montilla se rebeló contra la sentencia del TC sobre el Estatut y se ausentó del Senado cuando éste autorizó la aplicación del artículo 155-, si bien lo consideraba desproporcionado. El ex-Ministro socialista Josep Borrell –muy en candelero ahora en Cataluña y elogiado a diestra y a siniestra- ha manifestado que “cuanto menos responsables políticos haya en prisión, mejor para las elecciones”. El PP ha respondido con su habitual positura de acatar las decisiones judiciales y no comentarlas, pero el Gobierno ha dejado filtrar su preocupación por estimar que el encarcelamiento de los líderes catalanes fomentará el victimismo de los nacionalistas, mobilizará a sus desanimados seguidores y perjudicará las perspectivas electorales del partido. Sin embargo, lo que le va a perjudicarles –según Cayetana Álvarez de Toledo- es “que no defiendan con determinación y orgullos democrático la decisión de los tribunales”.

            Según Raúl del Pozo, el nacionalismo necesita perseguidos y, si es posible, mártires, y ya los tiene. El mártir por antonomasia debería haber sido el President Puigdemont, pero le han fallado sus impulsos heroicos y ha preferido tomar las de Villadiego y cederle generosamente la palma del martirio a su hermano separado Oriol Junqueras. Éste no se ha mostrado entusiasmado con la cesión de derechos y ha decidido poner fin a la coyunda de Junts pelSí y recorrer la Vía Dolorosa en solitario, de acuerdo con lo que reza el refrán castellano de que “más vales estar sólo que mal acompañado”. Huido a Bélgica con cuatro de sus Consejeros –Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluis Puig-, Puigdemont ha reiterado su negativa a comparecer ante los Tribunales y justificado su presencia en Bruselas para mantener la legitimidad del Gobierno de la República de Cataluña y crear una estructura estable que organice la resistencia de los catalanes contra la opresión del Estado español. El Gobierno español han emitido una euro-orden solicitando la detención y extradición de los prófugos y el asunto está en manos de las autoridades judiciales belgas, que les han prohibido que abandonen el país hasta que tomen una decisión. Cambiando su decisión de no presentarse a las elecciones, Puigdemont se ha sacrificado y ofrecido encabezar una lista única de todas las fuerzas separatistas, pero ERC –que según los sondeos va a ganar las elecciones- no ha accedido a su propuesta y ha decidido presentar una lista propia encabezada por Junqueras y en la que se incluyen todos los antiguos Consejeros del Partido encarcelados o prófugos.

Auto del Instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena

            El mismo día en que Junqueras y Cía comparecieron ante la Audiencia Nacional estaba prevista la comparecencia en el TS de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa, dada la condición de aforados de todos ellos. Los  Abogados de los acusados solicitaron más tiempo para preparar sus defensas, y el Magistrado Instructor, Pablo Llarena, les dio una semana adicional de plazo, pese a que la Fiscalía había pedido que fueran interrogados con urgencia. Parece ser que el Magistrado comentó a los Abogados, de forma un tanto displicente, que el TS no era la Audiencia Nacional.

            Esta decisión fue distinta a la adoptada por la Audiencia Nacional y ha sido interpretada como una crítica implícita a la Magistrado Lamela, pero, frente a esta interpretación, cabe señalar que los defensores de Junqueras y de los Consejeros no solicitaron una extensión del plazo para los interrogatorios. La progresista Asociación de Jueces para la Democracia ha comentado que “resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos”  y criticado a Lamela porque la prisión debería ser la  excepción y no la regla general. Es cierto, pero no es menos cierto que el cumplimiento de la ley debería ser la regla general y los políticos nacionalista catalanas lo han convertido en la excepción. En  cuanto al fondo, la diferencia no ha sido tan grande. Llarena  ha estimado que se cumplen los requisitos para considerar que han cometido un delito y aceptado iniciar la investigación.

            El auto apunta a la posible comisión de un delito de rebelión consumada y no de simple conspiración para la realización de la misma. El artículo 472 del Código Penal considera reos de rebelión a los que “se alzaren violenta y públicamente” para lograr objetivos tales como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.El problema que se ha planteado la doctrina y la jurisprudencia es qué grado de violencia ce necesita para que se produzca el delito. Llarena estima que el alzamiento es violento “cuando se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estar dispuesto a su utilización, por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla”. La referencia a la violencia no quiere decir que “para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”. En cualquier caso, el Instructor enumera una lista de episodios de violencia real como el apedreamiento de de agentes el 1-O, el asedio a  sus hoteles, el entorpecimiento de registros policiales, las amenazas a empresarios, los cortes de carreteras o la erección de “murallas humanas”, que defendían de manera activa los centros de votación empleando la fuerza. “Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arraigaba expandirse” y constituyen “una clara y plural expresión de esta violencia”.

El auto contempla la posibilidad que se haya cometido la variante agravada del delito de rebelión. Ello se produce cuando va acompañada de circunstancias tales como que se hayan detraído caudales públicos de su legítima inversión. Mientras la Fiscalía consideraba estos hechos como un delito separado de malversación, Llarena los estima como una circunstancia agravante del delito de rebelión que supone un endurecimiento de la pena. Señala que  –dado que durante el 1-O se realizaron votaciones- seróa lógico pensar  que tuvo que haber algún gasto de dinero público, pero la Fiscalía no ha aportado indicios de ello y, en consecuencia, rechazó imponer a los querellados una fianza de €6.2 millones por responsabilidad civil.

Pese a la contundencia de los argumentos expuestos en el auto, el Instructor rechazó dictar prisión incondicional contra los encausados y decretó prisión eludible mediante fianza de €150.000 para Forcadell y de €25.000 para los demás componentes de la Mesa salvo Joan Josep Nuet, que –al demostrar que no había votado a favor de admitir a trámite la propuesta sobre la independencia- quedó en libertad sin fianza. Los motivos que llevaron a Llarena a tomar semejante decisión fueron que los querellados habían aceptado la legalidad constitucional, tenían arraigo y habían comparecido cuando había sido citados, y no existía riesgo de reiteración delictiva o huida del país. Ha supuesto la rendición innoble de quien, no ha mucho, alardeó de que jamás daría un paso atrás, y ahora ha dado, no ya uno, sino tres: aceptación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, renuncia a la secesión al afirmar que la DUI había sido solamente simbólica y compromiso de no actuar fuera del marco de la Constitución y del Estatuto. Rafael Moyano lo ha expuesto irónicamente es estos términos:”Que lo de la declaración de independencia era broma, tontos, y que lo del 155 no está tan mal y además no tengo intención de seguir en la política, pero –aunque siguiera- ni se me ocurriría hacer nada fuera del marco constitucional”. A juicio de “El Mundo”, en los Tribunales no se dirimen hechos simbólicos, expresiones sentimentales o debates ideológicos, sino la responsabilidad penal y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron del poder para pisotear la ley.

Este giro copernicano de 180º por parte de Forcadell no parece que obedezca a una caída del burro –similar a la de San Pablo del caballo- de la persona que, junto a Mas y Puigdemont, ha sido la principal responsable del proceso hacia la DUI, pues ha desobedecido sistemáticamente las resoluciones del TC, hecho caso omiso de los dictámenes de los juristas del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, permitido la tramitación de leyes ostensiblemente inconstitucionales y de la resolución sobre la independencia de Cataluña, silenciado a la Oposición y arengado públicamente a las masas alentándolas a la insurrección contra el Estado de Derecho. ¿Llega la ingenuidad de Llarena a creer en las lágrimas de cocodrilo de la antigua Presidenta de la ANC, principal impulsora en tal condición de las Diadas separatistas?. No parece que así sea cuando deja caer que las promesas de Forcadell podrían ser mendaces, pero le concede generosamente el beneficio de la duda. La aún Presidenta del Parlament no ha sufrido una conversión paulina, sino que ha visto de cerca los dientes al lobo. La cárcel asusta –para eso está, entre otras razones- y es humano que trate de eludirla, aunque para ello tenga que olvidarse de su dignidad y hacer  pública abjuración de principios.

El auto de Llarena no es a la postre tan favorable para Forcadell como pueda aparecer a primera vista, ya que los hechos que se están investigando ya han sucedido y producido nefasta a s consecuencias, por lo que un arrepentimiento sobrevenido -sea sincero o no- no va a hacer que deje de existir lo que ya ha ocurrido. Podría ser considerado como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. La argumentación del Instructor, por otra parte, destroza la previsible estrategia  defensora de los Abogados de que sus defendidos actuaron siempre de forma pacífica y no realizaron actos violentos.

Una prueba de que Forcadell no ha cambiado de opinión ha sido el mensaje –no sé si conciente o inconsciente- remitido nada más salir de la prisión, tras haber pagado su fianza con un cheque de la ANC:  ”Volvemos a casa con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. En tan breve misiva cabe apreciar al menos tres falacias: La Presidenta sólo garantizó la libertad de expresión de una mitad del Paramento y conculcó de forma obscena la libertad de la otra mitad, la soberanía nacional no radica en el Parlament sino en la Cortes Españolas,  y -si no tenía nada que reprocharse- ¿por qué ha tenido que ir a Canosa y hacer la palinodia de afirmar que la DUI era sólo un declaración simbólica sin efectos jurídicos?.

Aplicación mínima del artículo 155 por parte del Gobierno

            Mariano Rajoy se ha visto obligado a recurrir al artículo 155 muy a su pesar y está tratando que la acción del Estado en Cataluña a través del Gobierno central se note lo menos posible. De ahí su precipitada convocatoria de elecciones autonómicas cuando no ha habido tiempo material para restablecer del todo el orden constitucional en la región. El objetivo del artículo 155 no es el de convocar elecciones, sino el de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso  de las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, y al respeto del interés general de España. La celebración de elecciones puede ser un medio para recuperar la normalidad constitucional, pero no es un fin en sí mismo, y el resultado de las mismas podría llevar a que se reprodujera la situación que prevalecía en Cataluña cuando la Generalitat y el Parlament optaron por la DUI.

            La actuación del Gobierno se ha reducido al mínimo indispensable, que ha afectado especialmente a los ámbitos financiero .-intervención de las cuentas y control del presupuesto regional- y administrativo –asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos-. No ha intentado abordar el tema de la enseñanza, que es sumamente complejo y delicado, si bien el Gobierno provisional podría haber tratado de paliar, en la medida de lo posible,  la situación de discriminación escolar de los hispanoparlantes. Otro tema urgente que se ha ignorado -auque en gran parte por culpa del PSOE- ha sido el de la “desoberanización” de los medios públicos de comunicación –especialmente TV-3 y Radio Catalunya-. Los socialistas obligaron a que se omitiera del mandato del Senado la autorización para controlar los citados medios. ¿Cómo es posible que, después de la intervención del Estado en Cataluña, TV-3 siga con su perfil sobranista y difunda sin el menor pudor un mensaje del prófugo Puigdemont, presentado como Presidente legítimo del Gobierno de la Generalitat?. Contento estará Pedro Sánchez con la irreductible e inadmisible actitud de TV-3, que no cesa. ¿Acaso podrá controlarla la Junta Electoral de aquí al 21-D?.

            Ni siquiera en el ámbito de la seguridad –fundamental junto con el de la Hacienda Pública- ha actuado debidamente el Gobierno provisional: algunos cambios en la jerarquía política de los Mossos de Escuadra y poco más. La pasividad de la Policía, regional y nacional durante la huelga general política del día 8 permitió que unos pocos agitadores bloquearan el normal funcionamiento de los transportes en Barcelona.
El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable directo de los Mossos, declaró que su actuación –o no actuación, diría yo- “fue muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba”, a pesar de que los piquetes fueron muy violentos, porque “no era el día  para caer en provocaciones”, y se ufanó de que, gracias a ello, los independentistas no podrían quejarse de la actuación policial, ya que “no hubo ni  un solo lesionado”. Me parecen lamentables estas declaraciones de un Ministro, que –para más “INRI”- es juez de carrera., pues ha supeditado el cumplimiento de la ley al “contexto” y a la conveniencia política. Los Mossos han pasado de ser criticados por el Ministerio de Interior por su inacción el 1-O a ser elogiados como un modelo de profesionalidad.. Supongo que ahora el Gobierno tratará de paralizar la tramitación de las diversas querellas presentadas por la inacción de los Mossos el 1-O por lo que “no hicieron” cuando los mandaba Josep Lluis Trapero. Entonces –se ha preguntado Santiago González- ¿qué necesidad había de destituirlo?. Si así se aplicaba el artículo 155, ¿por qué Forcadell no iba a acatarlo si Zoido hablaba como el ex-Consejero Forn?. Como ha comentado Federico Jiménez Lozanitos, con su proverbial  sarcasmo, “a Papá Noel Zoido sólo le faltó llevar porros a los piquetes y chuches a los niños”.

            Otra actitud poco comprensible del Gobierno es su renuencia a que se excluyan de las listas electorales a prófugos y presuntos delincuentes, antes al contrario. El Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo ha declarado que sería bueno que Puigdemont y los ex –Consejeros investigados participaran en las elecciones del 21.D, pues su status de presos preventivos no se lo impedía. Sí se lo impediría si el Gobierno cumpliera con su deber y aplicara la Ley 19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que le permite –de oficio o a instancia de parte- inhabilitar a los autores de infracciones tales como “incumplimiento del deber de respeto a la Constitución” o “adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos”.El Gobierno debería haber inhabilitado a estos desaprensivos tiempo ha, pero prefiere una vez más que el TC le saque las castañas del fuego e inhabilite a algunos dirigentes secesionistas al amparo de los poderes que le concede su Ley Orgánica tras la última reforma. Mas ésta es misión del poder ejecutivo y no del judicial, y –en caso de que el Tribunal decidiera hacerlo-, se rompería la unanimidad que hasta ahora ha prevalecido en su seno en el tema de Cataluña y, sobre todo, supondría un desgaste innecesario y daría argumentos a las críticas nacionalistas de falta de imparcialidad.

            No es de higiene democrática permitir, e incluso facilitar, las presencia en las listas electorales de prófugos y presuntos delincuentes –no tan presuntos- para que accedan al Parlament –y eventualmente al Govern-, gracias al voto cautivo de buena parte de la población catalana, intoxicada durante años por la agitprop soberanista. ¿Qué ocurriría si Junqueras y sus cachorros salieran elegidos y accedieran de nuevo al Gobierno de la Generalitat y luego fueran condenados a largos años de cárcel por el delito de rebelión?. Las consecuencias del encarcelamiento de unos diputados escogidos por el pueblo serían mucho más graves que las que se producirían ahora si el Gobierno y/o los Tribunales los inhabilitaran e impidieran su participación en las elecciones, pues más vale prevenir que curar.

            El Gobierno yerra al dejarse engañar por los nacionalistas y mostrrarse dispuesto a hacer concesiones en aras del apaciguamiento, que –en opinión de Álvarez de Toledo- nunca es general, pues sólo se apacigua del lado del que no lo merece..”La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático. El diccionario inglés Webster define “apaciguar” como “hacer concesiones a alguien –como un agresor o un crítico-, a menudo a costa de sacrificar los principios”. No fue el apaciguamiento lo que ha empujado a Forcadell a “pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional”, sino “la amenaza seca y concreta de la cárcel”. El cambio de ciclo en Cataluña y la vuelta a la normalidad constitucional no se conseguirá con guiños al separatismo. El Gobierno deberá  abandonar sus complejos, creer en la fortaleza que le proporciona el Estado de Derecho y hacer cumplir en Cataluña la Constitución, el Estaturo y las leyes, sin condicionarlo al “contexto” o a las conveniencias políticas.

Madrid, 13 de Noviembre de 2017 

            

jueves, 2 de noviembre de 2017

"Consumatum est: Aborto de una independenncia imposible

CONSUMATUM EST”: ABORTO DE UNA INDEPENDENCIA IMPOSIBLE

            La conducta increíble del veleidoso, voluble y volátil ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont –que se ha ganado al pulso el calificativo acuñado por Fernando Sanche Dragó de “necionalista”- ha hecho inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de las reticencias del PSOE y del propio Gobierno central. Resulta incomprensible la demonización que ha sufrido el citado artículo –una salvaguardia razonable que figura en casi todas las Constituciones democráticas- por parte de nacionalistas y socialistas. Todavía en el caso de los primeros cabría encontrar una explicación, dado que la disposición  parece pensada para hacer frente a sus eventuales excesos, pero en el de los segundos escapa a la lógica de un partido que ha gobernado a España en los últimos años y que aspira a volver a hacerlo.

 Actitud suicida del President Puigdemont

            Pese a sus palabras críticas a la autorización del Senado al Gobierno para la aplicación del artículo 1555, parece como si Puigdemont la estuviera deseando y no se ha quedado contento hasta que no lo ha conseguido. Tras el envío de sendas misivas dignas de Groucho Marx, en las que no daba respuesta alguna a los requerimientos del Presidente  del Gobierno y seguía con su “raca-raca” independentista, Mariano Rajoy y su coyuntural aliado Pedro Sánchez no han tenido más remedio que recurrir a él por “vergüenza torera”. Y mira que han hecho lo posible y loo imposible para evitarlo, con el protagonismo conciliador de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que –hasta el último minuto de la prórroga- afirmó que el partido se suspendería  si el Capitán del equipo contrario aceptaba dar por perdido el partido y aceptaba que se produjera un nuevo encuentro, al decir que “el artículo 155 podría sortearse con la llamada a las urnas”-. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta –con la complicidad interesada del Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu- mantuvo reiteradas entrevistas con Puigdemont.

Hubo un momento en que estas presiones y las recibidas del sector menos separatista del PDeCAT y de los medios empresariales parecían haber dado su fruto y que el President convocaría elecciones autonómicas anticipadas como dio a entender, pero -ante la reeacción furibunda de ERC, de la CUP y de su propio partido- giró una vez más como la veleta que es y se lanzó como un kamikaze a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Dijo estar dispuesto a convocar elecciones siempre que el Gobierno les diera garantías y permitiera que se celebraran con absoluta normalidad. Estas garantías no deberían implicar el reconocimiento explícito de la renuncia a la DUI y la aceptación de la Constitución y del Estatuto como el único marco legal. Suponía establecer “de facto” una doble legalidad en pie de igualdad -la estatal y la autonómica-, pero –como ha señalado Araceli Mangas- hay que impedir que emerja un Estado impostado que compita con el Estado legal y democrático, y evitar que existan legalidades paralelas. Al  no aceptar el Gobierno su penúltimo chantaje, Puigdemont optó por pasarle la “patata caliente” al Parlament y saltó al precipicio sin paracaídas.


            “Junts pel Sí” y la CUP habían presentado una propuesta de resolución en cuya exposición de motivos se reproducía  el texto fantasmal de la “Declaración de Independencia” firmada de tapadillo el día 10 de Octubre por los diputados separatistas. En ella instaban al Gobierno a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la fundación de la República”, así como a iniciar el proceso constituyente para la adopción de la Constitución de 

domingo, 22 de octubre de 2017

Ineludible aplicación del artículo 155 de la Constitución

INELUDIBLE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

            El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha seguido practicando la ceremonia de la confusión y no ha dado debida respuesta a los requerimientos del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le pedía que aclarara si alguna autoridad había hecho una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y diera una respuesta breve e inequívoca diciendo –a tenor del viejo Catecismo del Padre Ripalda- “Sí o No, como Cristo nos enseña”. Se fue por los cerros de Montserrat y se a salió por la diagonal, limitándose a reiterar sus agravios, su petición de diálogo y su ofertad de negociación sin condiciones, salvo la de que lo que se negociara fueran las modalidades de la independencia, declarada “ma non troppo” y suspendida sólo una “mica”, por lo que continuamos sin saber si la Generalitat está embarazada de independencia, aunque sea sólo un poquito. En su última misiva, a Puigdemont se le escapó un aserto claro, al afirmar que, si el Gobierno persistía en impedir el diálogo y continuaba con la represión, el Parlament podría proceder, si lo estimara oportuno, a votar la declaración formal de la independencia de Cataluña, ”que no votó el día 10 de Octubre”. Se trataría entonces de una independencia fetén, como manda la no-Ley catalana.

Forzada aplicación del artículo 155

Según “El Mundo”, el  irresponsable President ha sido incapaz de aprovechar la oportunidad que le ofrecía el Estado de Derecho y su respuesta de trolero recalcitrante no dejaba más salida que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en la forma pactada entre el Gobierno y el PSOE. Su comportamiento tramposo ha obligado a Rajoy que a deponer de una vez la inacción, que él reviste de prudencia, virtud clásica del gobernante que puede degenerar en abulia. No caben ya paños calientes y “lo que reclama el conjunto de los españoles –incluida la mayoría de los catalanes- es que el Ejecutivo aborde esta gravísima situación con liderazgo y resolución”. O –en palabras de Jaime Mayor- “con determinación y perseverancia”, buscando el consenso con las fuerzas políticas constitucionalistas, siempre que el mismo no sustituya la obligación del Gobierno de actuar con determinación o diluya su actuación. No hay más remedio que hacer frente no sólo al “procés”, sino también a todos los movimientos nacionalistas. Si se hubiera aplicado el consenso en el País Vasco, Batasuna nunca habría sido ilegalizada.

Tanto el Gobierno como el PSOE han recibido con consternación la no-respuesta de Puigdemont, pues eran renuentes a recurrir al citado artículo salvo en caso de fuerza mayor o “acts of God”, que requirieran la imposición de la extremaunción en Cataluña. Así, Rajoy se ha visto forzado –muy a su pesar- a iniciar los trámites para la aplicación de la disposición y, a tales efectos, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el sábado día 21. Aún así, siendo generoso con los tiempos, estaría dispuesto a interrumpir o anular el procedimiento de aplicación del artículo en cuestión si Puigdemont convocara elecciones autonómicas anticipadas en los próximos días, para lo que tendría de margen hasta que se publicara en el BOE la decisión del Consejo de Ministros de adoptar las medidas autorizadas por el Senado. La Generalitat, sin embargo, ha hecho saber que, por el momento, la convocatoria de elecciones anticipadas no está sobre la mesa del Govern.   

            Mientras el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado su pleno apoyo a la aplicación del artículo, el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Avalos, aunque también lo ha hecho, ha impuesto algunas cautelas. Tras calificar de “inadmisible amenaza” la respuesta de Puigdemont y señalar que era imprescindible “acabar con esta etapa agónica de de deslealtad e insinceridad que genera desgaste, desasosiego e inseguridad en la sociedad catalana y en el conjunto de España”, matizó que las medidas que proponga el Gobierno al Senado deberían ser “muy, muy limitadas” y tener el tiempo de aplicación “más breve posible”, sólo el necesario  para “restablecer la normalidad constitucional” y “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos

Causas de la situación actual en Cataluña

            Cabe preguntarse cómo se ha llegado a la actual situación y cuáles han sido las causas. La respuesta es “cherchez le nationalisme”. La reclamación de la independencia     no ha surgido por generación espontánea como consecuencia de un impulso popular, sino que ha sido la culminación de un plan minuciosamente preparado por los dirigentes de Convergencia liderados por Jordi Pujol, desde el momento que ascendió a la presidencia de la Generalitat. Como expuso en una carta dirigida en 1981 al Director de “La Vanguardia”, Horacio Sáez, y publicada en dicho periódico, su predecesor, Josep Tarradellas  -viejo militante de ERC exilado en Francia hasta que Adolfo Suárez restauró la Generalitat - previó con clarividencia lo que ocurriría 40 años más tarde. Señalaba que, con la llegada de Pujol, se había roto una etapa que había comenzado en 1977 con esplendor, confianza e ilusión y que “tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra que conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que durante su mandato habían existido entre Cataluña y el Gobierno”. Ello “llevaría a una situación que nos haría recordar otros tiempos muy tristes y desgraciados para nuestro país”. Contaba que Pujol se opuso a que terminara su discurso de despedida con un “¡Visca Catalunya y Viva España!, porque aquél sólo quería tener presente a Cataluña, lo que no era aceptable para él ya que “ambos pueblos debían ir unidos en sus anhelos comunes”.

            La conducta nacionalista de Pujol iba dirigida a utilizar todos los medios a su alcance para manifestar públicamente su posición, consistente en imponer su ideología política. Todo había sido orquestado para llegar a una ruptura de la política de unidad, paz y hermandad aceptada por todos los ciudadanos de Cataluña. En consecuencia, “debido a determinadas propagandas tendenciosas y al espíritu engañador que también late en ellas, volvemos a encontrarnos en una situación que me hace recordar otras actitudes deplorables del pasado. Lo que se hará es querer hacer olvidar las actitudes irresponsables de los mismos que ya han hecho fracasar nuestra autonomía, consiguiendo la desunión de Cataluña y el enfrentamiento con España. ¿Cómo es posible que Cataluña haya caído nuevamente para hundirse poco a poco en  una situación dolorosa como la que está empezando a producirse? Ante todo, es evidente que se trata de ocultar el fracaso de toda una acción de Gobierno y de la falta de autoridad moral de sus responsables”. Éstos recurrían al truco de “convertirse en el perseguido, en la víctima, y así hemos podido oír en estas declaraciones que España nos persigue, nos boicotea, nos recorta el Estatuto y nos desprecia”. A juicio de éstos, se hacía una política contra Cataluña, si bien  olvidaban que fueron ellos los que –para ocultar su incapacidad política- comenzaron una acción que sólo podía llevar a la situación en que ahora nos hallamos.

            Muchas de las manifestaciones que se habían hecho y de las disposiciones que se  tomaron deberían haber sido pactadas y no haber actuado con suficiencia pensando que sólo nosotros teníamos razón. La cuestión de la lengua se había convertido en un problema político y partidista. La política seguida no se justificaBA de ninguna manera, como tampoco el pacto del Govern con el PSOE o la creación de la Comisión de Expertos que habían de reconducir las Autonomías. Tarradellas espresaba su disconformidad  con “la política sectaria, discriminatoria y carente de todo sentido de responsabilidad por parte de la Gneralitat,  con su política de provocación, de intimidación engañosa  y de abuso de la buena fe de los que están tendenciosamente informados”. ¿Nos suena esto algo? ¿Acaso no se repite la Historia y la situación de 1981en Cataluña no se asemeja a la de 2017?. Tarradellas concluía su epístola moral con las siguientes palabras henchidas de patriotismo y propias de un auténtico hombre de Estado: “Se trata de llevar a cabo una amplia y generosa unidad realizada sin rencores y demagogias, tocando de pie en el suelo para poder ir hacia delante sin vejaciones. Entonces sí que obtendremos la victoria que nos permitirá vivir con bienestar y libertad”. Poco caso hizo Pujol a tan sabios consejos y ahora podrá comprobar satisfecho cómo la semilla de la afirmación identitaria y del odio hacia España que sembró entonces ha germinado con la DUI.

            El empresario catalán Juan Carlos Amich ha declarado que ya en 1992 advirtió a Pujol que estaba traicionando a Cataluña y a España con su campaña de “Fem pais”, pero éste no le prestó la menor atención y marcó un rumbo que fue seguido por sus sucesores Mas y Puigdemont. Como ha observado Gabriel Albiac, “la certeza, elemental en sus convicciones de políticos que enarbolan la identidad de sangre y lengua con fe última e incuestionable teología se ha convertido en la pesadilla inaugural del siglo”. El nacionalismo necesita configurar un enemigo para afirmarse y desarrollarse y el del nacionalismo catalán es España, “un inmenso parásito que vive a costa de lo que chupa de Cataluña”. El nacionalismo es un desorbitado sentimiento, por lo que en losnavionalistas prevalece la visceralidad sobre la racionalidad. En el caso del independentismo, este sentimiento se ha transformado en resentimiento y odio a España y a todo los que representa. En este odio coincide con Podemos, pese a las diferencias ideológicas entre el nacionalismo de derechas y el populismo de izquierdas. Según Pablo Iglesias, nuestro enemigo es España, “una cosa inventada por el franquismo” y que, por tanto, “ya no puede ser utilizada para nada”. Según contó el Director de “ABC”, Bieito Rubido, en un reciente debate sobre “¿Qué hacer ante el desafío nacionalista?”, Pujol dijo en 2003 a Mijail Gorbachov que Cataluña sería un día independiente, a lo que éste le contestó que ese día el mundo sería ingobernable.

Video de “Omnium Cultural” sobre “Help Catalonia. Save Europe

            Según Francisco Rosell, Director de “El Mundo”, el nacionalismo catalán ha pervertido hasta el lenguaje y, lo peor, es que mucha gente se ha adaptado a él. Entre las pocas virtudes que cabe encontrar en este nacionalismo –si es que puede ser considerado una virtud- se encuentra su dominio de los medios de comunicación y su capacidad de manipulación para vender con gran éxito la “burra tuerta” –este simpático animal es el símbolo de Cataluña- de su golpe de Estado a plazos contra la España constitucional a los periódicos y TV del mundo. ¡Chapeau!. Una muestra más de ello ha sido la difusión y el éxito de acogida del video de la asociación separatista “Omnium Cultural”  “¡Help Catalonia. Save Europe!”, que –pese a estar trufado de medias verdades, grandes mentiras y mistificaciones- ha convencido a muchos medios internacionales y a incautas y desinformadas personas de buena fe, como un  nieto mío que estudia en una Universidad inglesa. Estas falacias han sido puestas de manifiesto por “El País” en un artículo titulado “Un video plagado de falsedades”.

            Se trata de un breve documental de propaganda plagiado desvergonzadamente del video editado en 2014 por el movimiento de ciudadanos ucranianos opuestos al Gobierno pro-ruso de Víctor Yanukovich tras las manifestaciones del Euromaidán. Una joven con cara de “shock” hace entre sollozos un relato catastrófista pleno de falacias como: 1)  Los catalanes estamos tomando las calles, cuando se refiere a unos catalanes que ni siquiera suponen la mayoría de la población. ¿Los que no apoyan la independencia no son catalanes?. 2 ) En Cataluña están siendo atacados los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y los principios de la UE, cuando España es un país democrático que es parte en todos los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y los cumple con rigor, y que tiene que hacer frente a la rebelión de una parte de su población en violación de la Constitución, el propio Estatuto de Autonomía, las leyes y las sentencias de los Tribunales. 3) ¿Es un crimen ir a votar?: Evidentemente que no, pero si es contrario a la ley participar en un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y oponerse, por activa o por pasiva, a la acción de las Fuerzas de Seguridad que cumplen el mandato de los Tribunales de impedir que se celebrara. 4) El referéndum fue declarado ilegal por el Gobierno central, cuando lo fue por el Tribunal Constitucional. 5) Miles de policías asaltaron las oficinas de los medios de comunicación independentistas y cerraron cientos de páginas web, cuando tan sólo una decena de guardias civiles entraron en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para desactivar las páginas “web” desde las que la Generalitat trataba de facilitar el voto telemático. 6) Se detuvieron a 14 altos funcionarios sin mandato judicial, cuando la policía lo hizo de acuerdo con la orden de un Juzgado de Barcelona. 7) La policía incurrió en una inaudita violencia nunca vista en la UE, cuando –con independencia de que pudieran haberse producido algunos excesos, que están siendo investigados por los Tribunales- actuó de forma razonable y proporcionada cuenta tenida de las circunstancias, y los 900 heridos al los que se refirió el Govern quedaron reducidos en 24 horas a 2, mientras que quedó documentado que 45 agentes resultaron heridos y 11 de ellos hospitalizados. 8) Un 90% de los catalanes votaron por la independencia, cuando tal porcentaje correspondía al 47% del censo que -según las autoridades catalanas -participaron en una votación carente de fiabilidad, tanto en cuanto a las condiciones de celebración, como a su escrutinio. 9) El conflicto entre Cataluña y España era un asunto europeo, cuando las máximas autoridades de la UE han señalado que se trataba de un asunto interno de España. 10) Terminaba con un dramático llamamiento a todo el mundo –especialmente a los europeos- para que apoyaran a Cataluña y salvaran Europa ya mismo, pues luego será demasiado tarde. En esto último es en lo único que llevan razón, en la necesidad de salvar a Cataluña, pero no de la España constitucional, sino de los independentistas catalanes.

            Según ha señalado Manuel Arias Maldonado, la protagonista del video quedó convertida de inmediato en un meme digital multiforme, y será ahí –en la circularidad pop de los espacios virtuales- donde sobrevivirá eternamente “como testimonio inquietante de la emergente posverdad antidemocrática”. Lo lamentable del caso es que semejante bazofia haya influido en la opinión pública internacional. Así, John Lee Anderson, periodista estrella del sesudo “The New Yorker”, ha escrito que, de repente, la Historia parece estar viva en España y “quizás valga la pena recordar que fue el apoyo de Cataluña a un Rey de los Habsburgo lo que provocó la pérdida de su independencia durante la Guerra de Sucesión”. No se pueden incorporar tantas inexactitudes en tan pocas líneas. Asimismo, el Vicepresidente del  Center for Strategic and International Studies ha incluido en la web de la institución un artículo sobre “The Silence  of  the Damned” –“El silencio de los condenados”-,  cuyos paupérrimos argumentos han sido debidamente refutados por el Embajador Javier Rupérez.

Artículo de Jean-Henri Schoettl sobre Cataluña

            No todo han sido reacciones negativas. Así, el ex-Director del diario “The Guardian”, Peter Preston, ha lamentado que medios de comunicación internacionales hayan divulgado noticias falsas sobre la consulta ilegal celebrada en Cataluña el 1 de Octubre. De especial relevancia ha sido el artículo sobre “Catalogne: une tragédie de grande portée” –“Cataluña: una tragedia de gran alcance”-, publicado en el periódico “Le Figaro” por el prestigioso miembro del Consejo de Estado francés Jean-Henri Schoettl. En él ha afirmado que la comunidad afectiva y cultural entre los distintos pueblos de España es lo que más incomoda a los independentistas catalanes, que quieren extinguir la parte hispánica de ellos mismos. Su huida hacia delante no se traduce en un proyecto positivo, sino en un diseño erradicador., que trata de edificar un “Nosotros” contra “Ellos”, cortando a la sociedad catalana sus vínculos con España. Juegan al victimismo y explotan las imágenes de supuestas brutalidades policiales que, aunque no produjeron heridos graves,  han sido contraproducentes por su impacto emocional y mediático. Si insistente denuncia de la vuelta al franquismo ha transformado su golpe de Estado en una resistencia heroica a la opresión colonial. No han dudado en tornar contra las autoridades constitucionales españolas el bello lema “No tengo miedo “, entonado por la muchedumbre barcelonesa contra la barbarie yihadista a raíz de los atentados de las Ramblas.

            Los independentistas disimulan su propio terrorismo intelectual y acusan de fascistas a quienes disienten de sus designios. “Esta mascarada oculta la verdadera naturaleza del independentismo catalán, intolerante, totalitario y fundado en una concepción etnocéntrica de la nación”. Muchos catalanes –la mayoría si se tiene en cuenta los resultados de las última elecciones autonómicas- rechazan la obsesión separatista, que consideran con razón una auto-mutilación. Testimonio de ello ha sido la amplitud de la movilización anti-independentista del 10 de Octubre en Barcelona, en la que se mezclaron banderas españolas, catalanas –la “señera”, no la “estelada”- y europeas, y la muchedumbre reunida días después con motivo del “Día de la Hispanidad”. La mayoría de la población rechaza el golpe de fuerza del 1-O. Sus organizadores pusieron a la democracia española ante un hecho consumado, saltándose cualquier legalidad. Plantean un desafío al orden constitucional español, no aceptan las decisiones de la justicia -empezando por las del Tribunal Constitucional- y rechazan el llamamiento a la razón, a la unidad nacional y a la legalidad hecho por el Rey Felipe VI. ¿Qué puede negociar el Estado español con una parte que practica el unilateralismo y pretende que sólo se negocien las modalidades de la secesión?. “Es evidente que esto no puede ser aceptado por las autoridades constitucionales españolas”. La palabra “diálogo”, sin embargo, ha engañado a la mayor parte de los comentaristas extranjeros. “No es más que un subterfugio destinado a apaciguar a las capitales europeas, calmar los medios económicos y poner una trampa a las autoridades centrales para que recurran a la fuerza, lo que permitiría a la bien rodada propaganda independentista mantener que la mano por ellos tendida había sido rechazada”.
            ¿Qué otras opciones tiene el Estado español que no sea lanzarse a la guerrilla jurídico-administrativa del artículo 155 de la Constitución para tutelar los órganos autonómicos o dejar que la situación se pudra hasta que se celebren unas elecciones anticipadas, si es que los independentistas permiten que se celebren normalmente?.  “Aparte del llamamiento al diálogo –que pone en pie de igualdad el orden constitucional y la sedición- y de la hipócrita condena del exceso de celo policial, ¿qué ha hecho Europa ante la crisis más grave atravesada por la democracia española desde la transición?”. Salvo el Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, los responsables de la UE no han condenado el aventurismo de los dirigente catalanes como deberían haberlo hecho: “pública, explícita y solemnemente”.

            Con la única excepción del Primer Ministro belga, Charles Michel, que -presionado por los nacionalistas flamencos que forman parte de su Gobierno- ha criticado el uso de la violencia e instado al diálogo y a la desescalada, todos los demás Gobiernos de países miembros de la UE –especialmente Francia y Alemania- han respaldado a Rajoy y a las instituciones españolas ante la rebelión de las autoridades catalanas. Los Presidentes de las instituciones comunitarias también lo han hecho, aunque de forma menos clara, e incluso –como en el caso del Presidente del Consejo, Donald Tusk- han criticado al  Gobierno español. Su posición de apoyo ha quedado, sin embargo, suficientemente aclarada y el apoyo explícitamente formulado durante la ceremonia de la entrega a la Unión del Premio “Princesa de Asturias” de la Concordia. El díscolo Tusk ha dicho:”La gente siente que está rodeada por mentiras, manipulaciones y noticias falsas, pero yo creo que la verdad es invencible y esta ceremonia es una expresión de esa invencibilidad”. Para el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la fuerza del Derecho es un principio fundamental de una UE libremente consentida, que nos protege y nos permite vivir juntos en una convivencia armoniosa.  Ofreció al Gobierno español ”un hombro en el que poder descansar” y defendió  el sentido histórico de las fronteras inamovibles como una garantía de la paz. El Presidente del Parlamento Europeo fue el más contundente al señalar que la Constitución española formaba parte de la legislación de la Unión y que no cabía mediación alguna, ya que se trataba de un problema del Gobierno español. El Derecho no es una opción, sino una obligación, “lo que no está mal recordar cuando afloran los egoísmos nacionalistas”. La UE ha tenido éxito porque es el fruto de una Comunidad de Derecho. “Cuando un Tribunal de justicia dicta una sentencia, se aplica y punto”. Felipe VI ha resumido el respaldo comunitario con las siguientes palabras: “Su presencia simboliza el compromiso, el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas con España, con nuestro sistema constitucional y con nuestro Estado democrático y social de Derecho”.

El Rey pronunció en Oviedo otro excelente y esperanzador discurso en el que  abordó el problema catalán.sin andarse por las ramas. “España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Lo resolverá  por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndonos a los valores y los principios de la democracia parlamentaria”. LA España del siglo XXI, de la que Cataluña es  será una parte esencial, “debe basarse en una suma leal y solidarias de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos”. Ningún proyecto futuro de progreso y de libertad puede construirse tomando como base la ruptura de la convivencia democrática, se sustenta en  la desafección ni en la división de la sociedad, de la familia y de los amigos, y no debe conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo. “No queremos ni podemos renunciar a lo que juntos hemos construido, sumando las aportaciones de todos, que constituye un valiosísimo legado que a todos y a cada uno pertenece por igual. Una España en la que todos –independientemente de sus ideas o de sus intereses- tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y libertad, sin temores o miedos a la imposición y a la arbitrariedad, y alejados del rencor y de las fracturas. Una España abierta y solidaria en la que los pueblos que la integran vieran protegidas, reconocidas y respetadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus instituciones, como verdadero patrimonio que identifica y enriquece a todos”.

¿Cómo se va a aplicar el artículo 115?

            Pese a sus trapicheos y añagazas, Puigdemont ha hecho inevitable el recurso al artículo 115. Se le ha escapado a la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al afirmar que Puigdemont será responsable de que se aplique la Constitución en Cataluña. Al final, hasta vamos a tener que darle las gracias al President porque, merced a su irresponsable conducta, ha logrado que el Gobierno aplique la Carta Magna en una determinada parte de España. Como ha comentado Lucía Méndez, Rajoy renunciará hoy a su propia esencia político y se abandonará a sí mismo, al convertirse en lo que nunca quiso ser: “El Presidente del Gobierno español que tomó la decisión más traumática de los últimos 40 años: tomar el mando de la autonomía catalana”. Ha hecho todo lo posible para evitarlo -¡Señor, aparta de mi este cáliz!-, pero Puigdemont , con su voluntad de kamikaze, no le ha dejado otra opción, sobre todo cuando Sánchez dio –también muy a su pesar- el “ sí de las niñas” y Rajoy perdió la coartada de tener que contar con el apoyo del PSOE. Según Luis Losada, Puigdemont sabe que está en el bando perdedor, pero aún así, pelea, sale a la calle y tensiona el ambiente. Tiene un sueño mesiánico y luchará por él hasta el último aliento político.

            La sentencia del Tribunal Constitucional que ha invalidado la Ley del Referéndum ha añadido presión adicional, al afirmar que el Parlament dejó a los ciudadanos catalanes a la merced de un poder sin límite alguno, que “se ha situado por completo al margen del Derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho y ha dejado declaradamente de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias”. Esta por ver la decisión que finamente tome hoy el Consejo de Ministros extraordinario, que fue previamente pactada entre Rajoy y Sánchez. ¿Se aplicará el artículo de forma dura o ligera? Según Cayetana Álvarez de Toledo, el Gobierno y el Govern  han mantenido contactos secretos y éste ha pedido que se le ofrezcan una salida airosa, a lo que aquél le ha contestado:”Haced una DUI vegetariana y os haremos un artículo 155 ‘light’”. Es de sobra conocido que ni Rajoy ni Sánchez quieren meterse en Guatemala para caer en Guatapeor y prefieren la fórmula “light”, pero Puigdemont no les está dando facilidades. La solución, mañana.

Madrid, 21 de Octubre de 2017








miércoles, 18 de octubre de 2017

Hacia la restauración de la legalidad constitucional

HACIA LA RESTAURACIÓNDE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

            Aün nos estamos recuperando de la ceremonia de la confusión protagonizada el pasado día 11 por el Presidente de la Generalitat  Carles Puigdemont y, en menor medida, por el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. La situación me ha recordado una anécdota sobre un intercambio de palabras entre el Cardenal Fernando Quiroga y Francisco Franco en la Galicia natal de ambos. El Arzobispo de Santiago trataba de convencer al Jefe del Estado de que el Gobierno debería costear las obras de la ampliación del aeropuerto de Labacolla con motivo de la celebración del Año Jubilar Compostelano de 1965 y utilizaba como principal argumento la posible visita del Papa a la tumba del Apóstol. Franco le dijo:”¿Y si no viene?” y el Cardenal le replicó:”¿Y si viene?”. La cuestión que nos planteamos en el día de hoy es la de si ha habido o no una declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI).

¿Ha habido Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña?

            Puigdemont afirmó solemnemente en el Parlament: “Llegados a este momento histórico,  como Presidente de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”. Acto seguido añadió:”El Govern y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia”.Tras finalizar esta intervención, hablaron los portavoces de los distintos partidos representados en la cámara para expresar su opinión sobre la declaración presidencial y se levantó la sesión sin que el Parlament se pronunciara en modo alguna sobre la supuesta declaración de independencia o sobre la propuesta de suspender la misma. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, planteó una pregunta que quedó sin respuesta. ¿Cómo se puede suspender una declaración que no se ha formalizado y, por tanto, no se ha llegado a producir ?.

            A continuación, los diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP se reunieron en otro salón para firmar un papel –un “non-paper- pomposamente denominado “Declaración de Independencia de Cataluña”, un “destino manifiesto” que, cuan nuevos Bolívares –aunque más bien sean “bolivarianos”- iba dirigido “al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo”. La declaración contiene más mentiras e inexactitudes por centímetro cuadrado que cualquier otro documento de carácter político y jurídico. Verbi gratia:

Disparatado contenido de la Declaración de Independencia

1) “La justicia y los derechos humanos, individuales  y colectivos, … son la base de la Constitución de la República Catalana”. El panfleto titulado “Ley de  Transitoriedad Jurídica”, adoptado en el Parlament -sin debate y negándole la palabra a los diputados de la oposición y violando, no ya la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino las propias leyes autonómicas- por un voto de mayoría pretende sustituir las Constitución Española de 1978, que fue aprobada en las Cortes por mayoría de dos tercios y refrendada casi por consenso por la inmensa mayoría del pueblo español, incluida una amplísima mayoría del pueblo catalán. Se basa en un supuesto “derecho de libre determinación” que no ampara el Derecho Español, el Derecho Catalán, el Derecho Internacional o el Derecho Europeo. Según el Derecho Internacional, el citado derecho de autodeterminación sólo corresponde a los pueblos de los territorios sometidos a dominación colonial o que se encuentran oprimidos en violación de los derechos humanos, lo que no es obviamente el caso del pueblo catalán, pese al desvergonzado victimismo de los separatistas. Ninguna normativa europea reconoce el “derecho a decidir” ni el derecho de una parte de un Estado a separarse del mismo de forma unilateral. En un Estado de Derecho como es español, los ciudadanos ejercen su derecho a decidir a través de las elecciones generales, autonómicas, locales o europeas, y –de forma excepcional- mediante referendums, siempre que se realicen de acuerdo con la ley. El futuro de Cataluña y de España no puede ser decidido únicamente por los catalanes, pues  requiere la participación de todos los españoles. Por muy importantes que sean los catalanes, de acuerdo con el principio de igualdad no son superiores al resto de los españoles.

            2) “Durante siglos Cataluña se ha dotado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud”. Cataluña nunca ha sido un Estado soberano: estuvo sometido al Rey de Francia y pasó más tarde a formar parte del Reino de Aragón. El autogobierno de Cataluña sólo se inició con el Estatuto de la II República de 1932, pero hubo que esperar hasta 1978 para que la Constitución consagrara un régimen de plena autonomía, que ha alcanzado uno de los más altos niveles de autogobierno del mundo.

            3) “El parlamentarismo ha sido durante los períodos de libertad la columna sobre la cual se han sustentado esas instituciones”. Esto puede que sea cierto hasta fecha bien reciente, cuando el Parlamento empezó a adoptar decisiones contrarias a la Constitución y al Estatut, pero dejó de serlo muy especialmente a partir del 7 de Septiembre de 2017, cuando la exigua mayoría de diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP laminó los derechos de la minoría opositora, impuso el desacato y violó todo tipo de leyes, incluidas las autonómicas. Una muestra más de la denegación del parlamentarismo es que la Declaración de Independencia ni siquiera fue registrada, no fue adoptada por el Parlament y se firmó de tapadillo en una sala aneja al hemiciclo.

            4) Los diputados tuvieron que aprobar la DUI  “después de décadas de intentar honesta y lealmente la convivencia con los pueblos de la Península Ibérica [sic].  No sé si este lapsus se debe a la influencia del Vicepresidente Oriol Junqueras, que considera a los catalanes distintos a españoles y portugueses, y más próximos a los franceses y a los italianos. Como ha observado Rafa Latorre, los declarantes deberían sustituir su mapamundi por un atlas geopolítico, a menos que quieran incluir en su oferta de diálogo a los portugueses y declarar independientes de España –antes que a ellos mismos- a los canarios, baleares, ceutíes y melillenses. Lo que denominan “debilitación de la convivencia” se inició a partir del momento en que el Gobierno central cedió en exclusiva las competencias sobre Educación a la Generalitat y ésta inició su política de inmersión escolar y de adoctrinamiento de los alumnos, a los que –amén de enseñarles un Historia falseada- inculca odio y menosprecio al resto de los españoles, vagos y parásitos que se aprovechan de la laboriosidad de los catalanes y encima les roban. Esta “debilitación convivencial” se intensificó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó justificadamente la petición del President Artur Mas de que se concediera a Cataluña un Pacto Fiscal similar al reconocido en la Constitución al País Vasco y a Navarra,

            5) El Estado español “ha concedido una autonomía limitada, un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural” (¡!). No se pueden acumular mayor número de falacias en tan pocas palabras. No es el Estado sino la Constitución –aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de los catalanes- la que establece una distribución no suficientemente clara de las competencias. Precisamente ha sido el Estado –a través de los Gobiernos del PSOE y del PP- el que ha ido transfiriendo a la Generalitat competencias propias, en contrapartida a su apoyo para conseguir una mayoría que les permitiera gobernar en España. El chantaje de la bisagra ha provocado un lamentable “strip-tease” de competencias estatales y la transferencia de algunas que nunca deberían haber sido totalmente cedidas, como es el caso de la Educación. Decir que Cataluña sufre de discriminación lingüística y cultural es una falsedad mayúscula. Si existe discriminación en Cataluña es en contra de la lengua español, que –pese a ser reconocida en la Constitución y el Estatut como lengua co-oficial- es preterida en la Comunidad hasta el punto de negar a los niños castellano-parlantes la enseñanza en su lengua materna. El Govern se ha negado a aplicar numerosas sentencias en la materia de los más altos Tribunales españoles con absoluta impunidad. En cuanto al tratamiento económico injusto, no lo explica  -antes al contrario- la posición dominante de la economía catalana, que es  una de las más pujantes de España. Con independencia de que sea más o menos acertado, da la casualidad de que los distintos sistemas de distribución de recursos financieros –incluido el actualmente vigente- fueron acordados en negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y el Govern, y posteriormente impuestos a las demás Comunidades. Lo que la Generalitat ha pretendido hasta ahora –y así se incluyó en el non-nato Estatuto de 2005- es que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al porcentaje de la aportación de la Comunidad al PIB nacional. Esto sí que es injusto y contrario a la justicia distributiva y a la solidaridad interterritorial, pues pretende -sin el menor pudor- que se dé más al que más tiene, en detrimento de las Comunidades menos favorecidas.

             6) “El respeto a la ley será una de las piedras angulares” del nuevo Estado, que se compromete a “continuar siendo parte de los tratados internacionales”: Resulta difícil aceptar este aserto cuando la proclamada República Catalana tiene su origen en la violación de la Constitución española, del Estatuto de Cataluña, de las normas dictadas por el propio Parlament y del Derecho Internacional. Un Estado nacido de la ilegalidad y de la insumisión carece de fuerza moral para exigir a sus ciudadanos el respeto a las leyes y a las sentencias de los Tribunales. La falta de seguridad jurídica y la desconfianza en un Gobierno que estaría co-dirigido por un partido antisistema como la CUP -que preconiza la nacionalización de la banca y de las empresas proveedoras de servicios públicos, así como la salida de la UE y de la OTAN- han provocado el impresionante éxodo de las principales empresas y bancos de Cataluña. Para poder ser parte en los tratados y miembro de las Organizaciones Internacionales, Cataluña necesitaría ser reconocida como Estado por la comunidad internacional, lo que resultaría harto difícil. Los dirigentes separatistas han mentido descaradamente a los ciudadanos al asegurarles que la independencia no afectaría a la pertenencia de Cataluña a la ONU, la UE, la OTAN y demás Organizaciones de las que España forma parte. Los dirigentes comunitarios han citado por activa y por pasiva las disposiciones del Tratado de la Unión que consagran la integridad territorial de los Estados miembros y establecen que, si una parte de un Estado se separara de él, pasaría automáticamente a ser un tercero con respecto a la Organización y perdería los derechos que ésta concede a sus miembros.

            7) La declaración concluye la con la siguiente afirmación: “Constituimos  la República Catalana como Estado soberana, independiente, de derecho, democrática y social”: Comentando una de las Leyes fundamentales del Gobierno de Franco, el profesor de Derecho Político de la Universidad de Sevilla, Ignacio María Lojendio, nos decía que cuanto más adjetivos se adjudicaban a un texto básico, más se diluía su contenido, y el refranero español advierte de que “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. La República Catalana se ha autocalificado con cinco adjetivos tan falsos como los duros antiguos de Cádiz, pues no es independiente, soberana, democrática o  social y –sobre todo- no es de derecho. Según Latorre, sus promotores han confundido la realidad con la literatura y no han firmado un texto jurídico o una declaración constituyente, sino “un manifiesto dadaísta,  que  es “un testimonio imborrable para que los historiadores del futuro puedan mostrar la decadencia en la que el Gobierno de Puigdemont sumió a una de las Comunidades más prósperas de España; una degradación no sólo económica y social, sino también puramente moral”.

            Los catalanes han dado sobradas muestras de creatividad y capacidad de inventiva, pero, con la actuación del Govern, han revolucionado la ciencia política y su conducta será explicada en las universidades de todo el mundo como el modelo de lo que no deben hacer los gobernantes. 1) Desde el poder concedido por la Constitución que legitima su presencia en el Gobierno, la han atacado, socavado y sustituido en último término por una Ley que carece de la más mínima legitimidad. Han reemplazado una Carta Magna aprobada por dos tercios de las Cortes y refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español –incluido el catalán- por una Ley adoptada en un Parlamento autonómico por un solo voto de mayoría, tras haber impedido que la minoría opositora pudiera siquiera expresar su opinión y violando sus propias leyes y reglamentos. 2) Han basado su supuesta legitimidad en un seudo-referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y realizado sin las mínimas garantías democráticas, en violación e las normas nacionales y autonómicas y en base a unos resultados fantasmagóricos no verificados por ninguna instancia neutral y sobre un censo desconocido; aún así, han admitido que los votos afirmativos obtenidos sólo supusieron el 43% del censo. 3) Pese a que la Ley de Transitoriedad Jurídica –suspendida por el Tribunal Constitucional- ha sustituido supuestamente a la Constitución, el Govern  y su Presidente no han dimitido ni convocado elecciones autonómicas para la formación de un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, y han permanecido en el poder al amparo de una Constitución que –a su juicio-ha dejado de estar en vigor. 4) Han hecho una declaración implícita de independencia y otra explícita de suspensión de la misma, que no han sido sancionadas por el Parlament, por lo que –de conformidad de la lógica surrealista y dadaísta que prevalece en la tierra de Salvador Dalí- se trata, en el mejor de los casos, de una independencia meramente virtual. Difícilmente se podrá encontrar en la Historia un caso semejante de trapacería jurídica y de falta de respeto al Derecho.

El parto de los montes


            En este punto, volvemos a plantearnos la cuestión de si se ha producido una auténtica DUI. ¿Sí, no o todo lo contrario?. Como los teólogos medievales con el sexo de los ángeles, los juristas pueden discutir hasta la naúsea si, desde el punto de vista jurídico, ha habido o no una declaración formal de independencia. La Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, ha dicho que “Rajoy no ha entendido nada”. El problema es que la gran mayoría de los ciudadanos españoles comparte el sentir del Presidente. Como ha señalado Raúl del Pozo, ante la confusión provocada por el estilo enrevesado y tramposo de sofista empleado por Puigdemont, Rajoy ha respondido con estilo cartesiano –yo añadiría y con retranca gallega- requiriéndole que se aclare. En efecto, el Presidente le ha enviado el requerimiento de que “confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia” y le ha exigido que responda antes de las 10 horas del próximo 16 de Octubre. En el caso de que no respondiera antes de esa fecha o diera una respuesta afirmativa, le ha pedido que revoque la DUI y ordene a la Presidenta y a la Mesa del Parlament que hagan lo propio. Le ha instado asimismo a que “comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación el cumplimiento íntegro de este requerimiento tanto por parte del Govern de la Generalitat como del Parlament de Cataluña antes de las 10 horas del próximo 19 de Octubre” y advertido que, en caso de que no atienda a esta orden, su Gobierno propondrá al Senado que ponga en marcha la aplicación del artículo 155 de 

lunes, 9 de octubre de 2017

Declaración unilateral de independencia a la vista antr ls desidia del Gobierno central

DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA A LA VISTA ANTE LA DESIDIA DEL GOBIERNO CENTRAL

            La inmensa mayoría de los españoles seguimos con estupefacción e incredulidad la ruta imparable hacía la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI), gracias al cerrilismo, la obstinación y el instinto suicida del Presidente de la Generalitat,  Carles Puigdemont y sus secuaces. Nada parece arredrarles en su alocada carrera hacia el precipicio: la denuncia de la reiterada  violación de la Constitución, del Estatuto y de su propias leyes; las decisiones del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; las advertencias del Gobierno central; el reconocimiento de todos los Estados democráticos de la ilegalidad del seudo-referéndum del 1-O; la exclusión de la Unión Europea en caso de producirse la DUI; las admoniciones de sus órganos asesores sobre la ilegalidad de su proceder; el inicio del proceso de deslocalización de los grandes bancos y empresas catalanas… ¡Alea  iacta est!.  Puigdemont –auto-asumida mezcla de César y de Moisés- se ha obstinado en cruzar el Rubicón del Ebro para llevar al pueblo escogido hacia la tierra prometida de la independencia.

Pasividad del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

            El hiperactivismo de Puigdemont contrasta con la pasividad –culposa, si no  dolosa- de Mariano Rajoy, pese al impecable y acertado discurso del Rey Felipe VI que lo ha puesto ante su responsabilidad, al afirmar de forma taxativa que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. 
Para Manuel Arias Maldonado, esta declaracióno ha venido a rellenar el vacío simbólico generado por el silencio del Gobierno. Su firme defensa de la legalidad ha achicado el espacio a quienes venían defendiendo un diálogo en condiciones de igualdad con el Govern. Según Luis Marín Sicilia, no hay nada más perverso ante el desafío catalán que hablar de diálogo o negociación. Con los delincuentes no se negocia, sino que se les aplican las sanciones que corresponden en un Estado de Derecho y, “una vez reconstruido el orden constitucional quebrantado, se dialoga hasta la extenuación y dentro del marco legal con los interlocutores que legítimamente se determinen en una situación ordenada y acorde con la legalidad vigente”. José Bono ha afirmado que “el diálogo debe ser la fase posterior a la reposición del orden constitucional: negociar bajo chantaje es impropio de un Estado democrático”. Como en su “Carta abierta a Pedro Sánchez “ han advertido algunos veteranos militantes socialistas ,”nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje”.

            A Rajoy, sin embargo, el mensaje regio le ha entrado por un oído taponado por el algodón “arriólico” y salido por el otro. El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha instado a aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución y a convocar elecciones autonómicas en Cataluña para impedir la DUI, pero Rajoy ha hecho oídos sordos con el increíble argumento de que no había aún motivos jurídicos suficientes. Siguiendo su línea política de no hacer nada y dejar que el tiempo soluciones los problemas, apura los tiempos en la esperanza de que Puigdemont dé marcha atrás. Como ha afirmado el Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, el Gobierno tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y las necesidades, sabe cuándo debe intervenir y actuará, “con inmediatez, firmeza y serenidad”, en el momento más propicio. Según el propio Presidente, hará lo que crea mejor para España y en el momento que le parezca más oportuno. “Sé que no es fácil –ha afirmado-, pero también me correspondió en su día tomar otra [decisión] que tampoco lo era”.  Pero el tiempo se le está acabando y –según ha observado Luis Herrero en “ABC”-, si el Gobierno catalán conserva el pleno ejercicio de sus competencias tras la DUI, “Rajoy se convertirá en cómplice de la rebelión y tendrá que responder ante la justicia”.

            EL presidente duda porque no tiene plenamente asumidos los riesgos de recurrir al artículo 155 ante un flagrante acto de sedición, si no de rebelión. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó a uno de sus asesores “¿qué pasa si aplico el artículo 155 de la Constitución  y no me hacen caso?”. El Gobierno no acaba de entender ni la naturaleza del poder, ni las exigencias de la posmodernidad. ”El poder es la demostración de la autoridad; la posmodernidad requiere movilización. En vez de convocar al conjunto de los españoles contra el secesionismo xenófobo y la tiranía de los sentimientos, en vez de apoyarse en los ciudadanos para reafirmar que aquí manda el Estado democrático, el Gobierno vacila, espera y calcula. Sólo actúa cuando no tiene más remedio –el 1 de Octubre- y a veces incluso recula”. Esta actitud del Gobierno es una muestra de su falta de confianza en sí mismo y en los ciudadanos.

            Rajoy someterá sus próximos y decisivos pasos al visto bueno de Sánchez,
no porque anhele una acción consensuada con el PSOE, sino para salvaguardarse de sus críticas y eludir una posible moción de censura que lo aparte del poder. Y no se da cuenta que son tal para cual. Su única coincidencia es que ambos aspiran al puesto de mando en la Moncloa: uno para mantenerse aferrado al poder y el otro para  tratar de arrebatárselo por cualquier medio, como ha puesto de manifiesto al debilitar al Gobierno -en vez de apoyarlo en momentos críticos para el futuro de España- solicitando en el Congreso la reprobación de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras llenársele la boca con farisaicas alabanzas a las fuerzas de seguridad del Estado, trata de condenar a quien supuestamente dio la orden para que cometieran toda clase de atropellos en Cataluña. Sánchez ha sido severamente criticado por  prestigiosos ex-dirigentes socialistas –especialmente andaluces- en el citado Manifiesto por la ambigüedad con la que está abordando un golpe de estado en toda la regla, ya que “la ilegítima, desleal y malversadora acción contra la democracia” emprendida por la Generalitat exige la unión de todos los partidos constitucionalistas.
        
            El recurso al artículo 155 –o a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es otra alternativa legal para impedir la DUI- debería llevarse a cabo antes del 10 de Octubre, fecha en que está convocado el Parlament y la ocasión podría ser aprovechada para proclamar formalmente la secesión de Cataluña. El Gobierno debería instar asimismo al Tribunal Constitucional a que aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica, que establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Según su párrafo 4-b), si apreciara el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, podría adoptar –entre otras- la siguiente medida:”Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. Es evidente que la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Vicepresidente, Oriol Junqueras, han incumplido varias de las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que sería conveniente que –con independencia de que puedan ser imputados ante los Tribunales correspondiente por la comisión de diversos delitos- fueran suspendidos en sus funciones con carácter urgente. De esta manera se lograría, por otra parte, dificultar la DUI al verse privado el  Parlament de su Presidenta y de dos de sus más cualificados diputados. Pero no parece que Rajoy vaya a tomar medida alguna, como cabe deducir de sus declaraciones a “El País”, al afirmar que “el Gobierno impedirá que cualquier declaración unilateral de independencia se plasme en algo”. No dijo que vaya impedir que se celebre una DUI, sino que ésta no tendrá efecto, lo que –“a contrario sensu” quiere decir que va a permitir que se produzca.. Rajoy sabe que Sánchez no apoyará el recurso al artículo 155 mientras no se declare la independencia, por lo que no cabe excluir que –en su maquiavelismo galaico-  prefiera esperar a que se produzca ésta para así aplicar el citado artículo con las bendiciones del PSOE. Desde luego no se ha  molestado en enviar a Puigdemont el preceptivo apercibimiento precio a la aplicación del artículo 155 porque no quiere exponerse a nuevos desmentidos ya que su credibilidad está bajo mínimos. Juró o prometió por Breogan y la Santa Compaña que no habría referendums el 9-N y el 1-O, pero votaciones en Cataluña –como las meigas en su Galicia natal- “haberlas, haylas”.

Decisión del titular de un Juzgado de Barcelona sobre la actuación policial

            En estos últimos días no ganamos los ciudadanos para sobresaltos y, en el plazo de 24 horas, hemos recibido tres malas noticias: Decisión del titular del Juzgado nº  7 de Barcelona sobre las denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de Octubre, declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña en las que ha pedido disculpas por la actuación de dichas fuerzas, y resolución del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo la dimisión de de Rajoy y otros altos cargos..

            El titular del Juzgado nº 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha admitido a trámite las querellas de 120 afectados por la actuación el pasado domingo de las fuerzas de seguridad del Estado en su intento de cumplir el mandato de los Tribunales de impedir la celebración de un referéndum ilegal. No aceptó los argumentos del Ministerio Fiscal y abrió una “causa general” contra los agentes de los cuerpos nacionales de seguridad por actuar de forma desproporcionada. El juez ha dado poe bueno que en Barcelona hubo 97 personas heridas leves y dos graves –sin contar 20 agentes heridos, que no sé si considerará personas- y que las medidas adoptadas por la policía afectaron a la convivencia. “La actuación policial sólo estará amparada en caso de que exista proporcionalidad. De lo contrario generará responsabilidad “, ha afirmado. Según esta lumbrera de la Judicatura, hay una presunción “iuris tantum” de que cualquier actuación de la policía nacional –no de la autonómica- es desproporcionada y, en cada ocasión en que los agentes tengan que intervenir para evitar la comisión de un delito tendrán que probar que su acción fue “proporcionada”, so a de incurrir en responsabilidad pnal.

Y el juez Miralles ha seguido desgranando sus perlas jurídicas:”No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos votaran, dado que no podía producir ningún efecto jurídico relevante y el mandato del Tribunal Constitucional sólo afectaba a quienes convocaron y organizaron el referéndum”. En otras palabras, como su voto era irrelevante y como no habían sido expresamente mencionados en la decisión del Tribunal Constitucional, los pacíficos ciudadanos separatistas podían violar la ley, incumplir las sentencias de los Tribunales –y no sólo del Constitucional-, ocupar ilegalmente los centros públicos, obstaculizar la actuación de la policía formando barricadas y murallas humanas, insultar y agredir a los agentes, vulnerar su  propia Ley del Referéndum cometiendo toda clase de irregularidades, ocupar la vía pública y obstaculizar el tráfico…Todas estas acciones eran legales y lícitas, y estaban amparadas por la ley catalana y por su Juzgado. Los secesionistas tenían bula para incumplir la ley y no cometían delito alguno si lo hacían, a diferencia de los policías nacionales que tenían que demostrar su inocencia para no ser condenados por cumplir la ley. ¿Esto es lo que ha aprendido en la Escuela Judicial de Barcelona?. Espero que el resto de jueces de Cataluña no sean de la misma calaña jurídica que Miralles, aunque muchos de ellos están contaminados por el soberanismo.

Desafortunada petición de disculpas del Delegado del Gobierno en Cataluña

            En una entrevista en TV-3 –emisora de la Generalitat totalmente entregada a la causa del secesionismo- el Delegado del Gobierno en Cataluña, Eric Millo, afirmó que, tras haber visto las imágenes, quedaba en evidencia que “hay personas que han recibido golpes  y empujones, e incluso hay una en el hospital” –y los policías heridos, ¿tampoco son personas para el Delegado?-, por lo que no podía más que “pedir disculpas en nombre de los agentes”.  Millo explicó que el objetivo de la policía no era realizar cargas sino recuperar urnas y papeletas. “Las instrucciones dadas no eran ir a por las personas, sino a  por el material electoral“. Estas declaraciones son de vergüenza ajena y  totalmente rechazables. Implican que los policías incumplieron las órdenes y se  dedicaron a “ir a por las personas” y a golpearlas de manera desproporcionada. Esto, sin embargo, no fue sí y -aunque puede que se cometiera algún exceso, por otra parte inevitable cuando la policía se enfrenta a una multitud hostil y agresiva- la actitud de los agentes fue totalmente normal. El representante del Gobierno y principal responsable en Cataluña del orden público exageró y culpabilizó injustamente a sus propios agentes. Por si fuera poco, tuvo además la desfachatez de pedir disculpas “en nombre de los agentes”, que quedaron en la desagradable situación de “tras cornudos, apaleados”.

            Ante la justificada indignación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por las lamentables palabras de su jefe político, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que salir a la palestra para desautorizar las palabras de Millo, hacer una cerrada defensa de la actuación de de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y darles las gracias por su sacrificada intervención. Si el delegado –que no es la primera vez que comete graves errores- no tiene la decencia de presentar su dimisión tras haber sido desautorizado, el Gobierno debería destituirlo de manera fulminante.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

            A propuesta de los concejales del PD-CAT, ERC y la CUP, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una resolución en la que pedía las dimisiones de Rajoy, Zoido y Millo por la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre.. Aunque votaron en contra el PP, PSC y Ciudadanos, la moción salió adelante gracias a la abstención de los “equidistantes” de “En Comú”, de la Alcaldesa Ada Colau.

            La Declaraciónrechaza la escalada represiva del Estado Español contra el pueblo catalán, los Ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat, y constata que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo estos días es un golpe de Estado encubierto”. No deja de ser paradójico que los autores de un golpe de Estado que pretenden declarar unilateral e ilegalmente la independencia de Cataluña acusen de esta fechoría a los responsables del Gobierno que –con más voluntad que fortuna- tratan de defender la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. El Ayuntamiento pidió al Gobierno central que respetara el mandato democrático emanado del referéndum, que retirara de inmediato “todos los cuerpos policiales represivos que mantiene en Cataluña” y que resarciera a los afectados por todos los daños sufridos durante la jornada del domingo, sean personales o materiales.

            La resolución instó al Gobierno del municipio a que “empiece a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía el 1 de Octubre”. Los concejales separatistas exigieron a Colau que rompiera la alianza que tiene en el municipio con el PSC -que le permite gobernar-, a lo que la Alcaldesa se ha opuesto, alegando que está tratando de convencer a Sánchez a que presente una moción de censura contra Rajoy, para lo que resulta indispensable mantener la coalición municipal.. Ahora, la sectaria Alcaldesa se ha vestido de blanco y afirmado sin pudor que “lo valiente hoy es escuchar y sentarse  hablar

            Esta es una muestra más del objetivo que, con el fin de quebrar el orden constitucional, une a los separatistas con los populistas, antisistemas y grupos de extrema izquierda en un cóctel explosivo que –en palabras de Marín Sicilia- “el egoísmo de una burguesía catalana adormecida ha propiciado y del que han sabido aprovecharse quienes hoy dominan la calle en un proceso claramente revolucionario”. Ante tal desafío, el PSOE y su ingenuo y ambicioso Secretario General no pueden ponerse de perfil, como se ha advertido el citado Manifiesto de los veteranos socialistas.

Buenas noticias

            No ha habido sólo malas noticias, pues también se han producido algunas buenas. La Audiencia Nacional está investigando a Llosep Lluis Trapero, a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los Presidentes de la ANC y de “Omnium Populi”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición, y ya han comparecido éstos ante la magistrada Carmen Lamela, quien ha aplazado la vistilla y emplazado a los imputados a una nueva comparecencia tras haber recibido de la policía judicial nuevo material inculpatorio. El cerco de la justicia se va cerrando gradualmente sobre sus cabezas.

            Ante el temor creado por la incertidumbre jurídica y económica que crearía la DUI, 15 empresas catalanas –incluidas el Banco de Sabadell, Caixa Bank, Criteria, Gas Natural-Fenosa o Aguas de Barcelona- han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.  Otras empresas tan emblemáticas como Catalana de Seguros, Abertis, Freixenet e incluso Codorniú se lo están pensando. El Gobierno central –agradecido a los empresarios por echarle una mano y darle un respiro a su inacción- se ha apresurado a dictar un Decreto que facilita la realización de los traslados. Como ha observado Francisco Rosell, en vez de reponer el orden constitucional, el Gibierno se limita a facilitar el éxodo de las empresas. ¿Para qué  emplear el artículo 155 si la estampida de empresas obra análogos frutos sin arriesgar la imagen del Estado?. Rajoy considera que ello, amén de menos arriesgado, es más efectivo porque incide en el punto más sensible y vulnerable de los catalanes: la bolsa.

            Se siguen produciendo declaraciones institucionales a favor de la integridad de España y de la defensa del Estado de Derecho. Junto a la de la Real Academia Española de la Lengua, cabe citar la de la Asociación de Diplomáticos Españoles, realizada “ante la excepcional gravedad de la situación en España”. Afirma que la historia muestra que “no existen atajos en sociedades plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de Derecho”, marco que ofrece vías para el desarrollo de todas las opciones legítimas y permite perseguir la satisfacción de las aspiraciones de todos, en un espíritu de concordia y entendimiento, y con todas las garantías legales. “No es concebible un Estado cuyas instituciones y Administración, en su territorio y en el exterior, no respeten y hagan respetar el orden constitucional”. Manda un mensaje de solidaridad y agradecimiento a los servidores públicos –miembros de la judicatura y cuerpos de seguridad del Estado-, que “están trabajando en estos momentos en Cataluña en un entorno especialmente difícil, que está exigiendo de ellos sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de  las órdenes que reciben de las autoridades del Estado con un escrupuloso respeto a la ley” y a los principios de proporcionalidad y de adecuación a los objetivos y fines perseguidos. Concluye afirmando:”Volem enviar un càlid missatge de recolzament i afecte a tots els catalans: tota la xarxa d’ambaixades i consolats d’Espanya a l’estranger, sou i sereu a casa vostra”.
 
Esperanza en la manifestación unionista del 8-O en Barcelona

            Pero la mejor noticio y motivo de esperanza es la manifestación por la unidad de España que se va a celebrar mañana en Barcelona, convocada por la Sociedad Civil Catalana y a la que se han adherido una serie de entidades cívicas y sociales y partidos políticos como Ciudadanos, el PP y, vergonzantemente, el PSC, que ha pedido a sus militantes que participen a título particular. Como ha observado Álvarez de Toledo, nunca  antes los españoles se habían movilizado por Cataluña en una reacción insólita, fraterna y radicalmente optimista, porque “desafía por primera vez el dogma fundacional del nacionalismo: la idea de que Cataluña es un asunto interno de Cataluña”. Los españoles han considerado como suyas las víctimas del nacionalismo radical vasco, pero con Cataluña la mezcla de resignación y abandono ha durado hasta hoy. “Por culpa, complejo, cansancio o cobardía, a las tierras de Pujol siempre se había llegado pidiendo permiso o perdón”.El separatismo convirtió la marcha contra el terrorismo islamista en una manifestación contra España y el Rey, exhibió su fanatismo y destrozó la unidad civil. La manifestación del 8-O busca lo contrario: reivindicar el orden constitucional, lanzar una advertencia a los secesionistas de que no van a seguir encontrando como aliada la indiferencia española y señalar al Gobierno el camino que hasta ahora no ha deseado o sabido emprender. Quienes cultiven el derrotismo serán barridos por la realidad. “Podría ocurrirle a Rajoy si sigue haciendo ganchillo en la retaguardia. Los españoles libres e iguales se han activado a pesar del Gobierno”.

            El independentismo ha perdido este fin de semana el monopolio del espacio publico en Cataluña, como se pondrá de manifiesto mañana cuando la mayoría silenciada por el sectarismo diga “¡Basta!” en una histórica y multitudinaria manifestación. Según Javier Redondo, España ha puesto pie en pared y detenido la espiral de silencio para defender las libertades. “Es la regeneración desde abajo frente al segregacionismo desde arriba”. Para Arcadi Espada, mañana habrá en Barcelona una gran manifestación democrática, en la que se verá el alcance de la insumisión frente el Govern  rebelde. Como ha  señalado “El Mundo” en una editorial, “lo urgente y prioritario es restablecer la legalidad en Cataluña y que quienes nos han colocado en este abismo rindan cuentas ante la Justicia. Cuando la Ley regrese a Cataluña, habrá que retomar el diálogo, pero libre de chantajes y dentro de la Constitución”.


Sevilla, 7 de Octubre de 2017