lunes, 18 de marzo de 2024
?Ha cometido Israel genocidio u oreos delitos en Gaza?
¿HA COMETIDO ISRAEL GENOCIDIO U OTROS DELITOS EN GAZA?
El 29 de diciembre de 2023 Súdafrica interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) contra Israel por la comisión de un delito de genocidio en Gaza, en violación de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, en la que ambos Estados son Partes. El Gobierno sudafricano ha actuado hábil y pragmáticamente para conseguir la tarea nada fácil de llevar ante un Tribunal Internacional a Israel, que – aunque haya cometido numerosas violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario durante su intervención armada en la franja- al no ser Parte en el Tratado de Roma de 1998 por el que se creó la Corte Penal Internacional, no podía ser demandado ante dicho Tribunal.
Auto del TIJ sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel por su intervención en Gazaí
Sudáfrica acusó a Israel de “genocidio intencionado”. “La intención genocida contra los palestinos de Gaza es evidente por la forma en la que se está llevando a cabo el ataque militar de Israel”, y se trata del “primer genocidio en la Historia en el que las víctimas están emitiendo en directo su propia destrucción”. La acusación citó las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno israelita a favor de borrar a Gaza del mapa, como las del ministro de Seguridad Nacional, Itamar ben Gvir, quien declaró que ”un judío que se defiende a sí mismo y defiende a otros de los palestinos no es un sospechoso de asesinato, sino que es un héroe que merece todo mi apoyo”. Sudáfrica solicitó al Tribunal la adopción con urgencia de medidas cautelares para frenar la operación militar de Israel.
La defensa israelita negó la competencia del TIJ, que había sido forzada por Sudáfrica contra la voluntad de Israel. Este argumento tenía poco recorrido porque, al ser éste Parte en la Convención de 1948, había aceptado la disposición que prevé que un Estado Parte poda llevar a otro ante el Tribunal en caso de estimar que había violado dicha Convención. Israel había sido forzado a la guerra por Hamas y su Ejército actuaba con proporcionalidad y minimizando los daño a los civiles, y “su compromiso con el ‘nunca más’ de Holocausto le impedía cometer un acto de genocidio”. Si hubo actos de genocidio, fueron los perpetrados contra Israel. No todas las intervenciones armadas en un conflicto eran genocidio, pues, si todos lo fuera, nada sería genocidio. Se opuso a la adopción de medidas cautelares que implicaran la detención de los combates, porque ello supondría negar a Israel su derecho a defenderse.
La decisión del TIJ fue un tanto salomónica pues dio una de cal y otra de arena. El Tribunal estimó que al menos alguno de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicitaba protección eran plausibles. “Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y de actos prohibidos conexos […] y el derecho de Sudáfrica a exigir el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención”. En consecuencia, instó a Israel a tomar todas las medidas para prevenir la comisión de un genocidio en Gaza. El Tribunal observaba que la operación militar llevada a cabo por Israel había causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a las infraestructuras civiles, por lo que el Gobierno israelita debería tomar medidas inmediatas y efectivas para” permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente, para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la franja”
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Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre el cese de las operaciones militares por parte de Israel, aunque sí le exigieron que garantizara con efecto inmediato que sus militares no cometieran actos de genocidio. Ni siquiera reclamó un alto el fuego, lo que suponía un reconocimiento implícito del derecho de Israel a defenderse. Si hubiera tenido la más mínima prueba sobre la comisión de genocidio habría urgido la suspensión temporal de los ataques. Como ha observado Rafa Latorre, si Israel hubiera pretendido cometer un genocidio, la guerra habría sido fulminante. Reducir los daños colaterales de los ataques no era tarea fácil, pues las milicias de Hamas se entreveraban con la población civil en un reducido espacio, ocultaban sus arsenales en instalaciones civiles, y ponían la vida de cada uno de los gazatíes al servicio primordial de la destrucción de Israel. Éste ha recibido con alivio la decisión del TIJ de no exigir el cese inmediato de su ofensiva militar, y con indignación su negativa archivar el caso. Hamas recibió con satisfacción que Israel se haya visto forzado a sentarse en el banquillo de los acusados, con el consiguiente desprestigio ante la opinión pública internacional, y la ANP dio la bienvenida a las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.
Características del delito de genocidio
El delito de genocidio fue establecido como reacción contra los horrores del Holocausto. En 1944, el judío de origen ruso Rafael Lemkin propuso, en su obra “El dominio del eje en la Europa ocupada”, la creación de una nueva figura delictiva que sancionase los crímenes que estaba cometiendo la Alemania nazi y a la que calificó de “genocidio”. A raíz esta propuesta, se iniciaron las labores en el seno de la ONU para elaborar un tratado a este respecto y la Asamblea General adoptó el 9 de diciembre de 1948 una Convención, que creaba y regulaba este nuevo delito. Según Bernard Brunetau, en “El siglo de los genocidios”, en un principio se incluían dentro de este término todos los crímenes contra la humanidad, pero más tarde se estableció una diferencia entre los crímenes de lesa humanidad, dirigidos contra la población civil en general, y los delitos de genocidio, que afectaban a un determinado sector de esa sociedad que corría el riesgo de ser diezmado e incluso aniquilado, y que se definía por sus características étnicas, raciales o religiosas, teniendo en cuenta los precedentes de las matanzas de los judíos por los nazis y de los armenios por los turcos. También había recogido la originaria propuesta de la Asamblea de incluir el factor “político” en la definición, pero las presiones de la Unión Soviética hicieron que desapareciera ese elemento identificador, para impedir que pudiera verse juzgada por sus asesinatos en los ”Gulags” o por las atrocidades en los campos de trabajos forzados de Siberia, que eran cometidos por razones políticas. El genocidio político no está tipificado ni en la Convención, ni en ninguna legislación nacional, salvo en la de Colombia.
Había otro segundo elemento definidor del delito de genocidio, cual era la intención de los autores de destruir total o parcialmente a los grupos nacionales escogidos por poseer determinadas características y era imprescindible demostrar esa intencionalidad. Finalmente, la Convención definió el genocidio como las matanzas, lesiones y atrocidades perpetradas “con el fin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal” (artículo II).
Veamos si los ataques realizados por el Ejército israelita en Gaza y las violaciones de los derechos de los palestinos cometidas cumplen los citados requisitos. En primer lugar, los ataques realizados por el Ejército de Israel en represalia de la masacre cometida el 7-O en territorio israelita por las milicias del grupo terrorista Hamas, en ejercicio de su derecho de legítima defensa, no se dirigen contra los gazatíes por el hecho de ser palestinos, sino porque fueron los autores de una criminal matanza. Los principales destinatarios de las bombas y los proyectiles israelitas son los miembros de las milicias de Hamas, pero, al estar éstas mezcladas con la población local en un espacio reducido y superpoblado, resulta inevitable que se produzcan daños colaterales a la población civil del territorio. En segundo lugar, la intención del Ejército israelita no es eliminar total o parcialmente al pueblo de Gaza, sino aniquilar las milicias terroristas y destruir por completo sus instalaciones e infraestructuras. Es cierto que los ataques israelitas están causando la muerte de muchas víctimas civiles y provocando multitud de heridos, pero esa no era la intención de Israel, sino la consecuencia de su desproporcionada reacción. Israel ha cometido en Gaza crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y actos de agresión, y violado varias normas de Derecho Internacional y de Derecho Humanitario, pero no ha cometido un delito de genocidio.
Quienes sí lo han cometido han sido las milicias de Hamas, que asesinaron vilmente a 1.200 israelitas por el hecho de serlo. El problema radica en que Hamas no es un sujeto de Derecho Internacional, porque ni es un Estado, ni ha sido reconocido como beligerante. Operan en un territorio que está supuestamente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero tal no es el caso. Los Estados Partes en la Convención no pueden, por tanto, demandar a Hamás ante el TIJ, y no tendría sentido demandar a la Autoridad ya que, aunque sea el titular de la soberanía sobre Gaza, no ejerce “de facto” control alguno sobre dicho territorio.
Breve historia de Gaza
Gaza es una franja de tierra de 41 kms de largo y 10 de ancho, situada a lo largo del Mar Mediterráneo entre Israel, al norte y al este, y Egipto, al sur, y cuenta con una población de 2,3 millones de habitantes, lo que supone una de las mayores densidades poblacionales del mundo. Perteneció al Imperio otomano y, cuando se estableció en 1920 el mandato de Gran Bretaña sobre Palestina, fue incluido dentro del territorio de la nueva entidad. Cuando en 1947 la ONU creó el Estado de Israel junto a otro Estado palestino, la franja quedó integrada en este Estado, pero -tras la guerra árabe-israelita de 1948- el territorio fue ocupado por Egipto. Después de la guerra de los Seis Días (1967-1973) , Israel conquistó Gaza y lo retuvo bajo su dominio hasta 2005.
En 1992, el primer ministro israelita, Isaac Rabin, dijo que le gustaría que Gaza se hundiera en el mar, pero que -como eso no iba a suceder- había que encontrarle una solución y, por los Acuerdos de Oslo (1993) se le concedió una autonomía limitada bajo el teórico control de la ANP. Israel, sin embargo, siguió ocupando la franja hasta que, en 2005, decidió retirar sus tropas y 7000 colonos israelitas. El partido de la ANP -Al Fatah- tenía escasa implantación en el territorio, y curiosamente el Gobierno israelita potenció el crecimiento de su rival Hamas, para debilitar a la Autoridad y a su presidente Yasser Arafat, al que confinó desde 2001 en Ramallah hasta su muerte en 2004. Las elecciones celebradas en Gaza en 2006 fueron ganadas de forma abrumadora por el partido fundamentalista y Al Fatah fue expulsado de la franja, con lo que la ANP - liderada por Mahmud Abas- perdió el escaso control que tenía sobre el territorio.
El Gobierno israelita hizo un pan como unas tortas ya que, si bien Arafat podía ser molesto, era un político prestigioso y había reconocido al Estado de Israel y colaborado con él. Hamas, por el contrario, no lo reconocía y tenía como objetivo su destrucción. Así, en el preámbulo de su Carta Fundacional, afirmaba que Israel existiría hasta que el Islam lo destruyera, y -en su artículo 7- decía, de forma poéticamente siniestra, que “no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, los cuales gritarán: ¡oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí. Ven y mátalo!”. Dirigido por Ismail Haniya, se ha definido como un movimiento de resistencia islámico, nacionalista y yihadista, y cuenta con una potente milicia -la Brigada Ezzeldin al-Qassam,- dotada de armamento muy moderno suministrado por Irán. Los países occidentales lo consideran una organización terrorista e Israel bloqueó el territorio desde 2007. Hamas formó un Gobierno en solitario, que se dedicó a hostigar a Israel y a cometer todo tipo de atentados y secuestros, hasta el punto de que aquél volvió a invadir Gaza entre 2008 y 2009. La tensión armada alcanzó su cénit tras el ataque armado por sorpresa del 7-O.
Actitud de los contendientes
Hay dos hechos básicos que no ofrecen lugar a dudas: El derecho a la legítima defensa de Israel ante el ataque genocida de Hamas y la respuesta desproporcionada del Gobierno israelita al mismo. La agresión que sufrió Israel y su derecho a defenderse no justifican en modo alguno la actuación del Ejército israelita Gaza, en la que ha violado y continúa violando el Derecho Internacional general y el Derecho Humanitario en particular. No es que los ataques israelitas hayan causado inevitables daños colaterales a la población civil, sino que ésta ha sido objeto directo de esos ataques. Israel ha violado todos y cada uno de los Convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario en caso de conflicto armado y cometido numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Especialmente grave ha sido su ensañamiento con la población civil. Ha obligado a más de un millón de gazatíes a abandonar sus hogares -que han sido destruidos- y a trasladarse en condiciones espantosas al sur del país, los ha bombardeado durante su desbandada -y, cuando llegaron a Rafah y no pudieron seguir huyendo porque Egipto había cerrado la frontera-, los ha seguido bombardeando y ha anunciado un ataque contra dicha ciudad, último refugio de estos desgraciados. Hasta su incondicional protector, Estados Unidos, ha reaccionado ante esta atroz actuación con hipocresía -dado que ha vetado en la ONU la petición de un alto el fuego-, y Biden ha dicho que Netanyahu está causando más daño que bien con sus acciones en Gaza, y éste le ha contestado que era esencial la ofensiva contra Rafah, para evitar nuevos ataques terroristas de Hamas y que entre 4 y 6 semanas terminaría la fase ofensiva de la guerra.
Estados Unidos suministra a Israel cuanto armamento necesite -incluido el más moderno y sofisticado- y financia un tercio de los costes de la guerra. Biden ha recibido un aviso en las primarias de Michigan por parte de la población de origen árabe y ahora se rasga las vestiduras y critica la tragedia humanitaria que se está produciendo en Gaza, pero no hace lo suficiente para paliarla, aunque sea el único que puede influir sobre Israel, y se ha limitado a enviar en paracaídas algunos paquetes de comida, que son una gota en el Mediterráneo. Israel tiene completamente bloqueado a Gaza, y ha cortado los suministros de electricidad, combustibles y agua, solo permite la entrada con cuentagotas de unos pocos camiones de ayuda humanitaria, y ha destruido todos los hospitales de la región. Los muertos pasan de 30.000, los bebés no sobreviven en las incubadoras por falta de electricidad y los niños mueren de hambre. Esto no es genocidio, pero se le parece mucho, y la comunidad internacional -incluidos los países democráticos que respaldan directa o indirectamente a Israel-no deberían permitir que e continúe esta horrible tragedia.
Descalificación de la UNWRA
Otra víctima de los daños colaterales de la guerra ha sido la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA). Se trata de una agencia creada en 1949 con carácter provisional para atender a los millones de palestinos desplazados de sus tierras por la creación del Estado de Israel y las guerras-árabe israelitas, y que continúa mal que bien en funciones por culpa de unos y otros, incapaces de resolver el conflicto palestino. La Agencia atiende a la salud, la alimentación y la educación de más de cinco millones de refugiados palestinos, y financia su subsistencia, especialmente en Gaza, donde más de la mitad de la población depende de su ayuda para sobrevivir. Es una Organización antipática para Israel, que ha propuesto su disolución. Estados Unidos -el principal contribuyente de la Agencia- la ha utilizado políticamente a su conveniencia. Cuando estuve de representante permanente ante la ONU en Viena, la Representación se ocupaba de la UNWRA y recuerdo que, so pretexto de alguna decisión de la ONU que no gustó a Israel, Estados Unidos suspendió durante varios años su fundamental contribución.
Israel ha acusado a algunos empleados de la UNWRA en Gaza de haber colaborado con Hamás en su ataque del 7-O, sin aportar pruebas fehacientes sobre su acusación. Se trataba de 12 de los 13.000 empleados locales de la Agencia y ésta los ha suspendido de empleo mientras realiza una investigación. Estados Unidos y otros 20 países occidentales se han apresurado a suspender sus contribuciones a la Organización -por lo que han sido calurosamente felicitados por Israel-, aumentando la gravedad de la situación en el territorio. Afortunadamente, el Gobierno español no se ha sumado a esta lamentable decisión y, antes al contrario, ha aumentado su contribución. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a estos países que reconsideren su decisión, porque “no hay otra organización en Gaza que ahora pueda ocupar su espacio, ninguna con una presencia igualmente significativa”. El comisionado general, de la Agencia, Philippe Lazarini, ha declarado que el hambre se extiende por toda la franja, una hambruna evitable que ha sido provocada por el hombre, a lo que se suma la inseguridad causada por las operaciones militares israelitas y la implosión del orden civil. Hay una necesidad urgente de proporcionar de manera predecible e ininterrumpida lo más básico de lo básico y, para ello, es imprescindible un alto el fuego. Reducir los fondos de la Organización o suprimirla -como ha propuesto Israel- provocaría una crisis humanitaria aguda y sin precedentes. Deshacerse de la UNWRA supondría “sacrificar a toda una generación de niños que, en el lugar, de volver a un entorno educativo, serían educados en el trauma de los escombros de Gaza, y esto no es otra cosa que sembrar las semillas para el odio y el resentimiento en el futuro”.
Difícil solución del problema palestino
Si grave es la situación de Gaza, más aún lo es -desde un punto de vista político- la de Cisjordania, donde el Gobierno israelita hace todo cuanto puede para impedir la constitución de un Estado palestino. Ha construido un muro de la vergüenza - considerado ilegal por el TIJ- que divide el territorio en ”batustanes” que apenas se pueden comunicar entre sí. Ha incautado tierras a los palestinos e instalado en ellas a numerosos colonos, que imponen el terror entre la población local con la connivencia del Ejército. Israel es la única democracia que existe en el Próximo Oriente, pero se trata de una democracia imperfecta, dominada por la preocupación por la seguridad -razonable, pero excesiva, y que se refleja en normas inadmisibles-, el abuso de poder y la discriminación, no solo a los palestinos, sino a sus propios ciudadanos, con los privilegios que concede a los judíos ultraortodoxos, especialmente su exención de cumplir el largo y riguroso servicio militar. Netanyahu también desea que Gaza se hunda en el mar, pero -a diferencia de Rabin- no busca una solución, ni para la franja, ni para Cisjordania. Tiene además un interés personal en que continúe la guerra, porque -mientras dure- escapará a su ominoso destino de ser condenado por múltiples casos de corrupción y de nepotismo, y despojado del poder.
La única solución posible sería la recomendada desde el principio por la ONU de crear, junto a un Estado de Israel reconocido por todos los países árabes musulmanes, un Estado palestino instalado en Cisjordania y Gaza, lo cual se presenta sumamente difícil, pues habría que superar tanto obstáculos internos y como externos. De un lado, habría que renovar de los pies a la cabeza la corrompida ANP, no bastando con la dimisión del primer ministro, sino que se requiere también la de su presidente Abas y toda su camarilla, y crear una nueva administración con la parte sana de Al Fatah. Se debería permitir el retorno del los refugiados palestinos y desmantelar los campamentos en los que malviven desde hace 75 años, para lo cual los multimillonarios Estados del Golfo tendrían una magnífica ocasión de hacerse perdonar sus muchas culpas.
De otro, Israel tendría que colaborar derribando el muro, retirando a los colones ilegalmente implantados y restituyendo a los palestinos las tierras incautadas. Los dos Gobiernos deberían colaborar en todos los ámbitos, especialmente en los de la seguridad y los de la cooperación política y económica. Todos los Estados árabes y musulmanes deberían reconocer a Israel y ayudar a acabar con la actividad militar de milicias como Hamas o Hizbollah. La comunidad internacional, y la ONU y sus agencias deberían volcarse económica y financieramente sobre el nuevo Estado y contribuir a la reconstrucción de Gaza. Todo esto sería posible, pero es harto improbable.
El Gobierno español ha anunciado que reconocerá al Estado palestino -lo que me parece bien, aunque debería hacerlo sin alharacas, ni desconsideración a Israel- y que respaldará, junto con sus socios de la UE, la puesta en práctica de los dos Estados. Creo que no es prudente meter al Rey en este berenjenal casi irresoluble y limitar sus declaraciones a un apoyo genérico al derecho del pueblo palestino a la libre determinación. El pueblo judío sufrió un tratamiento intolerable de exterminio por parte de la Alemania nazi, pero eso no le da carta blanca para tratar a los palestinos como ellos fueron tratados. El camino de los dos Estados es muy empinado, entre otras razones porque a ello se oponen tanto Israel como los países árabes, pero merece la pena intentar recorrerlo. Digamos con Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. La esperanza es lo último que se pierde.
Madrid, 14 de marzo de 2024
sábado, 9 de marzo de 2024
Varapalo del TS a la Fiscalía General del Estado y a Sánchez
VARAPALO DEL TS A LA FISCALÍA GENERALDEL ESTADO Y A SÁNCHEZ
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) instructor del caso “Tsunami Democratic” (TD), Manuel García-Castellón propuso al Tribunal Supremo (TS) que asumiera la instrucción de dicho caso al estar imputados dos aforados; Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Entre los fiscales de lo Penal del alto Tribunal se produjo una notable discrepancia sobre la propuesta. De un lado, el ponente Álvaro Redondo -que en horas 24 cambió radicalmente de criterio tras haberse entrevistado con el fiscal general, Álvaro García Ortiz-, uno de los fiscales-jefe -Joaquín Sánchez Covisa- y un tercer fiscal, estimaron que los miembros de TD no habían cometido en 2019 actos de terrorismo, y -junto con un cuarto, que cambio de bando- consideraron que los investigados no eran autores de este delito. El otro fiscal-jefe -Fidel Cadena- y otros 11 fiscales estimaron que la actuación de TD fue constitutiva de un delito de terrorismo y, 10 de ellos, que Puigdemont parecía ser el líder intelectual de la plataforma. Ante esta desigual disparidad de opiniones -y basándose en que uno de los miembros de la minoría era un fiscal-jefe-, García Ortiz decidió de forma poco ortodoxa someter la discrepancia al arbitraje de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien -en una faena de aliño previsible, dada su reputación de progresista- hizo un informe incompleto y pobretón en el que, sin pronunciarse sobre si se habían cometido o no actos de terrorismo, se centró en apartar a Puigdemont de cualquier participación en actos terroristas. Afortunadamente, la decisión final no estaba en manos de los fiscales, sino en las de los magistrados de la Sala de lo Penal del TS, que el pasado 29 de febrero dictó el correspondiente auto.
Auto del Supremo sobre el “Caso Tsunami Democratic”
La Sala segunda de lo Penal, bajo la presidencia de Manuel Marchena y con ponencia de Juan Ramón Berdugo, ha decidido por unanimidad respaldar la exposición motivada de García-Castellón, y considerar -sin albergar duda alguna-que los integrantes del movimiento TD cometieron delitos graves contra la libertad e integridad física de las personas, atentados, falsedades documentales y daños al patrimonio, que encajaban en los artículo 572 a 574 del Código Penal, que regulan el delito de terrorismo. Describía la comisión de delitos de “terrorismo callejero” o “kalebarroka”, y especialmente de los realizados durante el asalto al aeropuerto de El Prat, planeados y programados hasta el último detalle como medio para luchar contra la sentencia del TS, que había condenado a varios políticos catalanes por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Cometieron delitos de detención ilegal, lesiones y coacciones en el bloqueo del citado aeropuerto, que perturbó los servicios de aviación civil internacional, tráfico aéreo y operación del aeropuerto. Se impidió el acceso al mismo de usuarios y tripulaciones, y se aisló la torre de control para impedir a los controladores aéreos que pudieran actuar con normalidad, se paralizara el aeropuerto y se suspendieron los vuelos, creando una situación de caos en la que los miembro de TD emplearon instrumentos similares a los explosivos por su potencia destructiva. TD era un grupo criminal cuyo objetivo era la comisión de delitos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas, impidiendo que los poderes públicos cumplieran sus funciones. Realizaba sus actividades delictivas con perfecta ideación y estrategia, con la debida distribución de funciones entre sus miembros. No era necesario que los autores pertenecieran o formarán parte de una organización o grupo terrorista, y actuaran de manera asociada u organizada, de modo que cualquier persona que actuara individual o colectivamente para realizar las actividades delictivas planificadas eran autores o partícipes en un delito de terrorismo.
El Tribunal propinó un considerable sopapo a Sánchez Conde, al afirmar que en su informe cuestionaba uno a uno los indicios con una interpretación subjetiva de los mismos. La Sala señalaba que, en supuestos de prueba indiciaria valorada para desvirtuar la presunción de inocencia, descartaba el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procedía precisamente de la interrelación y combinación de los mismos. Era erróneo “no analizar uno de aquellos elementos, darles otra interpretación, o bien aislarlos del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones, pues la fuerza convictiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios”. Fue una crítica sin paliativos a un informe que no redactaría ni un alumno de 2° de Derecho.
Para poner de manifiesto la incoherencia y sectarismo de la Fiscalía General, la Sala se remitió a la Memoria de la misma de 2020, momento en que fungía como jefa de la Fiscalia la exministra Dolores Delgado, hada madrina de García Ortiz y de Sánchez Conde. En ella se hacía referencia al ”movimiento violento independentista catalán” y se mantenía que, “dentro de ciertos sectores del independentismo, se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través Tsunami Democratic y los intentos de paralizar el aeropuerto de Barcelona, y los ataques a edificios públicos y policiales”. La Fiscalía sostiene ahora justamente lo contrario: que las acciones delictivas de TD no tienen nada que ver con el terrorismo ¿Qué ha ocurrido en los tres últimos años para que se haya producido tan radical cambio de opinión en la Fiscalía General del Gobierno, antes del Estado? Basta con contemplar el “pas-à-deux“ ejecutado por el dúo formado por Sánchez y Puigdemont en la “Danza de los siete votos”.
Como consecuencia del hecho de que fueran investigados dos aforados, el magistrado instructor de la AN carecía de competencia para continuar con la investigación, por lo que dicha función debería ser asumida por el TS. En consecuencia, la Sala ha declarado su competencia para la instrucción y eventual enjuiciamiento de Puigdemont y Wagensberg, abierto el procedimiento judicial y nombrado ponente a Susana Polo, quien deberá realizar gestiones tales como recabar las declaraciones de los aforados. Al no considerarse el TS competente para investigar a los no aforados, la investigación de los mismos seguirá en manos de García-Castellón.
En el auto se señala que se han hallado varios indicios que acreditarían la participación de Puigdemont en los hechos investigados, entre ellos, que desde el inicio estuvo informado de la creación de TD, un grupo organizado para subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas. Aquél aparecía directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente la nueva plataforma. “Aquella pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del ’iter criminis’, retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.
El auto del TS supone un considerable respaldo a la actuación de García-Castellón, que ha sido duramente criticado, descalificado e incluso insultado, no solo por los partidos independentistas, sino también por miembros del propio Gobierno de la Nación, como la vicepresidenta Teresa Ribera. El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, se preguntaba -y con él todo el Gobierno y los ciudadanos- que quién estaría detrás de TD, un movimiento que había surgido súbitamente de la nada y que estaba perfectamente organizado y financiado. La Sala ha ofrecido una respuesta convincente a esta pregunta, pero el Gobierno no quiere ni oírla, porque el señalado es ahora uno de los suyos, al que hay que asegurar contra cualquier mal.
La decisión ha supuesto asimismo una descalificación absoluta de la cúpula de la Fiscalía General, totalmente entregada al Gobierno, pero también se ha visto señalado -y no para bien- el presidente Sánchez, quien -en su calidad de detentador único de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial- habló “ex-cátedra” y afirmó al presentarse la Ley de Amnistía que, “como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por lo tanto, con este proyecto de ley, al final lo van a ver todos los tribunales y van a estar amnistiados todos los independentistas catalanes, porque no son terroristas”. El problema radica en que, entre ese “Mundus Sapiens”, no se encontraban los desnortados magistrados del TS, que han coincidido con la Sibila en que no todos los catalanes independentistas son terroristas, pero sí podrían serlo algunos de ellos, como el expresidente de la Generalitat, por ejemplo.
Reacciones al auto del TS y consecuencias del mismo
El Gobierno -visiblemente contrariado por la decisión del TS- se ha refugiado en la socorrida respuesta de que había que respetar las decisiones judiciales aunque no se compartieran. El ministro Bolaños ha hecho un comentario poco verosímil al afirmar que no había nada nuevo en el auto del TS, ya que éste no había dicho que TD hubiera cometido algún acto de terrorismo. Efectivamente no entró en el fondo del asunto puesto que no era el momento procesal, pero aceptó que continuara la investigación por parte de la AN y asumió parte de la misma, lo que no se habría producido de no haber tenido razones para estimar que eran suficientes los indicios recogidos por García-Castellón sobre la realización de actos de terrorismo. El TS ha afirmado que no alberga la menor duda de que los miembros de TD cometieron actos que caían bajo el marco del delito de terrorismo, incluido el propio Puigdemont, que era el líder intelectual de la plataforma. Esto no parece preocupar a Bolaños, al que sí debería preocuparle, por ser uno de los pocos miembros del Gobierno que sabe algo de Derecho, pero de ilusión también se vive y, en la sanchosfera, la propaganda prevalece sobre el raciocinio.
El auto ha caído como agua de mayo sobre las huestes de la oposición, que ven en él un serio obstáculo adicional para la aprobación de la Ley de Amnistía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que Sánchez solo busca amnistiar a aquéllos de los que depende, sean malversadores, corruptos o imputados por terrorismo, pero la decisión del Supremo ha probado que el Estado de Derecho es más fuerte que el presidente del Gobierno, que éste no puede comprar al Poder Judicial y que, al final, prevalecerá la Justicia.
El interesado se ha mostrado sarcástico y crítico, y ha comentado; “Creo que ya solo me falta que me salga una cuenta en Panamá”. Ha hablado de un “Matrix judicial”, dando a entender que la judicatura española vive en una realidad paralela. El portavoz de JxC, Josep Rius, ha acusado al TS de confundir el ejercicio del derecho a manifestarse que supuso TD con el terrorismo. El más incisivo ha sido el presidente Pere Aragonés, que ha declarado que el TS ha vuelto a cruzar todos los límites imaginables al abrir causa penal por terrorismo contra Puigdemont, con el fin de boicotear la adopción de la Ley de Amnistía. No se trataba de una decisión jurídica sino política, y no se impartía justicia sino represión política contra el independentismo catalán. El Tribunal ha tomado esta decisión para impedir la aprobación de una Ley que permitirá pasar página en la represión, y de ahí que fuera más necesaria que nunca su adopción. ERC está presionando a JxC para que dé de una vez su visto bueno a la Ley.
“El Mundo” ha editorializado que el TS, al haber avalado la tesis de García- Castellón de que había que investigar a Puigdemont por la comisión de delitos de terrorismo por su implicación en TD, ha acreditado de la fortaleza del Estado de Derecho en un momento en que el Ejecutivo está ultimando una amnistía hecha a medida del prófugo, y a quien el Supremo ha señalado por sus vínculos con los asaltos y algaradas promovidos por dicha plataforma. El bochorno producido por el informe de la teniente fiscal se enmarcaba en la voluntad de Sánchez de sacar adelante como fuera la amnistía con una negociación opaca y bajo el foco de Bruselas. “En este contexto, resulta esencial depurar todas las responsabilidades, incluidas las que alcancen al líder fugado de Junts. El Supremo ha hablado, la justicia siempre prevalecerá”.
En su empecinamiento suicida por indultar a Puigdemont para poder conservar el poder, Sánchez está recibiendo continuas desautorizaciones en una semana “horribilis”. Especial importancia tienen las que llegan de Bruselas, porque la Unión Europea es muy sensible a las cuestiones de corrupción, terrorismo e interferencias de Rusia. Pese a las furibunda oposición del Grupo Parlamentario Socialista, el Parlamento Europeo ha aprobado la recomendación de que en la nueva Directiva Anticorrupción se prohíban las amnistías y los indultos a los autores de delitos de malversación.
Dolors Montserrat, en su calidad de vicepresidenta del Grupo Parlamentario Popular, ha enviado al comisario de Justicia, Didier Reynders, una carta en la que le ha trasladado el auto del TS, en la que le informa que los miembros del Tribunal no tenían la menor duda de que integrantes de TD cometieron actos de terrorismo. En cuanto a la preocupación por las interferencias rusas en los asuntos europeos, que han sido condenadas en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo, ha aumentado en la UE tras el asesinato del líder opositor ruso Alexei Navalny. El Parlamento ha instado al juez Joaquín Aguirre a que siga investigando en el ”Caso Voloh” relativo a los contactos mantenidos por agentes rusos con políticos catalanes, y decidido que el Comité Consultivo sobre el Código de Conducta investigue la actuación de la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka -acusada de ser una espía rusa-, y las de Puigdemont y Comin.
El auto del TS sobre el terrorismo de TD se ha dictado en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Sánchez, cuando está pendiente de cerrar un acuerdo con JxC para la adopción final de la Ley de Amnistía, que fue rechazada por este partido al estimar que no suponía una una amnistía integral e inmediata que garantizara la impunidad de Puigdemont. En medio del gran escándalo del “Caso Koldo/Ábalos” por las comisiones por los suministros de las mascarillas durante la pandemia del Covid -que está afectando adversamente a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y a los ministros Víctor Ángel Torres y Fernando Grande-Marlaska- han continuado con la máxima urgencia y opacidad las negociaciones entre el PSOE y JxC, porque el próximo día 7 vencerá la prórroga concedida por la Mesa del Congreso a la Comisión de Justicia para que adopte la Ley de Amnistía.
Poniéndose el parche antes de que salga el grano, el Grupo Parlamentario de Sumar ha tanteado la vía de la concesión de una nueva prórroga para la tramitación de dicha Ley, lo que la Mesa estaría dispuesta a conceder pese a ser ilegal, porque el Reglamento del Congreso fija un plazo máximo de un mes expira el día 7. Claro que para los socialistas, los plazos establecidos en las leyes son meramente indicativos y pueden saltarse a su antojo. El problema se ha agudizado aún más porque a la presidenta Armengol le huele la cabeza a pólvora y le tiembla la tierra bajo los pies, como consecuencia de su “presuntamente” ilegal actuación en la adquisición de mascarillas. El Gobierno balear -a la sazón presidido por Armengol- firmó un contrato de suministro con la empresa estafadora Solución de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., lo formalizó sin expediente previo tras haber recibido la mercancía, pagó por adelantado €3.7millones -una cantidad exorbitantes por unas mascarillas de ínfima calidad, que se almacenaron y nunca se llegaron a utilizar-, certificó la conformidad de su Gobierno con el suministro pese al informe en contrario del organismo técnico competente, cargó la compra a una partida de los Fondos Europeos, no reclamó durante tres años y, solo tras perder las elecciones, presentó una reclamación para el reintegro de €2.7 millones. El PP ha pedido la destitución inmediata de la presidenta del Congreso y las espadas están en alto. Un posible -aunque poco probable- cese complicaría aún más la situación de caos que reina últimamente en el país. Bolaños, al igual que su jefe, repite como una cotorra que “el que la hace, paga”, salvo que seas un catalán independentista. Puede que Armengol quede cubierta por la amnistía al ser una nacionalista de los Países Catalanes.
Muy pocos saben lo que está ocurriendo tras las bambalinas de las negociaciones ultrasecretas y si se ha producido un acercamiento de posiciones que permita llegar a un acuerdo para la aprobación de la Ley No es tarea fácil porque las exigencias de JxC son máximas -amnistía integral que cubra cualquier tipo de delito e impunidad total para Puigdemont y sus cuates- y el PSOE ya ha cedido demasiado y su margen de maniobra es mínimo, so pena de que adicionales concesiones a Puigdemont puedan provocar que la Ley no pasara el generoso filtro del Tribunal Constitucional y, menos aún, el no tan generoso cedazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el ínterin, tanto la Comisión como el Parlamento Europeos mantienen a España bajo la lupa y siguen con atención los avatares de la tramitación de la Ley. Prueba de ello es que, en el Informe anual de la UE sobre el Estado de Derecho en la Unión, se incluye un párrafo que reza lo siguiente; “El Parlamento Europeo toma nota de las acciones el Gobierno español relacionados con su reciente investidura, incluida la futura adopción de una Ley de Amnistía”, y ha subrayado que ello merecía una evaluación independiente. En este sentido, ha pedido al Gobierno español que ofrezca transparencia total a las instituciones europeas sobre esta Ley e indicado que el Senado español ha solicitado a la Comisión de Venecia un dictamen sobre su constitucionalidad y sobre el cumplimiento de las reglas y normas europeas.
Ésta es la mejor garantía con la que contamos, porque la UE -por la cuenta que le trae- no puede dejar caer a España. Ahora bien, tampoco podemos hacernos excesivas ilusiones, porque la Unión tiene muchos problemas y los Estados miembros anteponen sus intereses a los de los demás. Las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina y también se celebrarán comicios en muchos de los Estados europeos, lo que condicionará en buena medida su actuación. En España estamos en un estado de tensión electoral permanente. Ya están convocadas las elecciones vascas, en las que los partidos nacionalistas ejercen el monopolio del poder, con un considerable y lamentable crecimiento de Bildu y un PSE que se ha convertido en la pieza decisiva para que gobierne éste o continúe haciéndolo un PNV en horas bajas-, y más pronto que tarde se celebrarán las catalanas, que serán trascendentales en medio de un duelo a muerte entre ERC y JxC, y un PSC entregado al nacionalismo, al que hace de muleta pese a ser el partido mayoritario. El PP debería centrarse en las elecciones europeas, donde tendrá la oportunidad de propinar un buen golpe al sanchismo, si sabe aprovecharse del hartazgo del pueblo español ante la disparatada política de concesiones al nacionalismo y de humillaciones ante Puigdemont, Otegui o Mohamed VI.
Por ello, la oposición no puede esperar que la UE le saque las castañas del fuego y tendrá que dar la batalla interior con la máxima intensidad. Feijoó no puede sentarse en la puerta de Génova a la espera de ver pasar el cadáver de su adversario. Para el 9 de marzo, varias asociaciones no partidistas representativas de distintos sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación en Madrid contra la Ley de Amnistía, por la unidad de España y por la dimisión de Sánchez. Habrá que ver el seguimiento que tendrá, porque la gente está ya muy cansada, aunque el último escándalo de corrupción que acaba de salir a la luz, y que ha afectado a todo el PSOE en su conjunto, constituya una incitación adicional para participar en la protesta.
En la actual situación de caos político y moral causada por la infinita ambición de poder de Sánchez, resultaron reconfortantes para la ciudadanía las sabias y valientes palabras pronunciadas por Felipe VI en Barcelona el 14 de febrero con motivo de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en la misma línea de su trascendental discurso de 3 de octubre de 2017. El Rey aseguró que el Poder Judicial era una pieza clave en la arquitectura institucional diseñada por los constituyentes, sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado estaba“atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes”-. El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley eran indispensables en una democracia, y la independencia del Poder Judicial institución imprescindible para su adecuado funcionamiento. El monarca recordó el artículo 1 de la Constitución por el que España se constituía en un Estado de Derecho que propugnaba la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. “Sin justicia y, sobre todo, sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática”. Recordó a los nuevos jueces que la Constitución debía ser el criterio rector y guía de todas sus decisiones, porque no solo era el origen del sistema de libertades, sino también el marco de convivencia entre los españoles y clave de la estabilidad y la prosperidad de la Nación. No pronunció la palabra ”amnistía”, pero no hacía falta porque se le entendía todo. Y estas sensatas palabras las pronunció en Barcelona en presencia del ministro de Justicia, que es uno de los principales muñidores de la nefasta Ley de Amnistía, aunque las palabras reales le entrarían por un oído y le saldrían por el otro. Pero, lo dicho, dicho está y a buen entendedor con pocas palabras basta. ¡Muchas gracias, Majestad!
Madrid, 1 de marzo de 2024
Consumación dfe la infamia de la Ley de Amnistía
CONSUMACIÓN DE LA INFAMIA DE LA LEY DE AMNISTIA (9-III-2024)
¡Aleluya! El pasado día 7, la montaña de la Comisión de Justicia (¿?) del Congreso parió, no un ratón chiquitín y juguetón como el de las Susanita, sino una rata asquerosa procedente de las cloacas más apestadas del independentismo catalán, controladas por el delincuente internacional Gonzalo Boye, para amnistiar de forma integral e inmediata cualesquiera delitos cometidos por el presidente de la Generalitat en el exilio y sus compinches, desde el 1 de noviembre de 2011. En opinión del Ministro de (In)Justicia, Félix Bolaños, fontanero mayor del Reino y la persona más mentirosa de la Nación, después de su jefe Pedro Sánchez- se ha adoptado una ley impecable que es un referente en la jurisprudencia universal. ¡Juristas del mundo, uníos al clamor de loor y alabanza a este prodigio de ley!
¡No digas nunca jamás!
Sánchez es un político tan mentiroso que ni él mismo sabe cuándo dice la verdad, porque está en un permanente cambio de opinión. Basta con consultar las hemerotecas y las fonotecas, que son unos de sus principales enemigos. En relación con la amnistía, estas oscilaciones son tan notorias como radicales. Antes de las elecciones del 23-J, Sánchez afirmó que su Gobierno jamás concedería la amnistía a los sediciosos catalanes porque no entraba dentro de la Constitución y el Consejo de Ministros aprobó un Decreto por que se indultaba a dichos políticos, en el que se indicaba que la amnistía era claramente inconstitucional. El presidente del Gobierno declaró que los actos delictivos cometidos el 1-O constituían delitos de rebelión, que Carles Puigdemont era un prófugo y que él lo traería por la oreja para que rindiera cuentas ante la justicia española. El PSOE no incluyó la concesión de la amnistía en su programa electoral y durante la campaña se mostró contrario a su concesión. Sin embargo, como reconoció el propio Sánchez, las elecciones del 23-J cambiaron las cosas, porque, para que se formase un Gobierno progresista por él presidido, eran indispensables los 7 votos de JxC y Puidegmont exigía para cedérserlos la concesión de una amnistía total.
Y ahí comenzaron las riada de concesiones del Gobierno a un prófugo que no se movió un ápice de sus exigencias iniciales. Turull, Boye, Bolaños y Cerdán iniciaron unas negociaciones secretas en las que elaboraron un proyecto de Ley siguiendo las directrices de Puigdemont y que se iba cambiando a medida que los jueces ponían en evidencia los delitos cometidos por el fugitivo. Excluyeron de la amnistía los delitos de terrorismo condenados en sentencia firme, con lo que se excluían a los imputados por los delitos de los CDR y Tsunami Democratic (TD). El instructor Manuel García-Castellón dictó un auto por el que imputaba a Puigdemont por delitos de terrorismo y, como reacción, se quitó del proyecto la referencia a que no se hubiera dictado sentencia y solo se excluían los actos de terrorismo intencionados que de forma manifiesta hubieran generado una violación de los derechos humanos, con lo que se establecía una curiosa distinción entre los delitos de terrorismo que eran contrarios a los derechos humano y los que no lo eran. García-Castellón dictó un nuevo auto en el que mantenía que los miembros de TD habían violado los derechos humanos de los policías atacados, por lo que JxC propuso que se suprimiera cualquier referencia al terrorismo.
El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruía el “caso Voloh” por la intromisión de Rusia en los asuntos domésticos de Cataluña, estimó que el equipo de Puigdemont había estado involucrado en los contactos con espías rusos y decidió prorrograr la instrucción. Para desactivar este nuevo peligro, JxC propuso la supresión de la disposición que excluía de la amnistía los delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado. Llama poderosamente la atención que el Congreso -a través de los promotores de la Ley- haya ido modificando su texto en función de las decisiones judiciales en el ejercicio de una redacción “ad personam”. Como el PSOE no le apoyó , Junts votó en contra de la proposición, que fue derrotada en el pleno del Congreso.
Ante esta incongruente situación en la que JxC votó contra una ley que había sido elaborada por ellos, se tuvieron que reanudar las negociaciones con el PSOE y la Mesa del Congreso acordó devolver el proyecto a la Comisión de Justicia para darle otra oportunidad. Para calmar al airado Puigdemont, Sánchez afirmó solemnemente que todos los independentistas catalanes serían amnistiados porque no eran terroristas. Señaló, sin embargo, que como la Ley era impecable y satisfacía a todos los interesados, no se debería modificar para evitar que no pasara el filtro del Tribunal Constitucional o del TJUE, y declaró que su partido no tenía intención de cambiar ni una coma de la Ley, ya que cubría las necesidades de los amnistiados. Me recordó la escena de la opereta de Gilbert y Salomon “H.M.S. Pinafore”, en la que el capitán del buque se jactaba ante su tripulación de que nunca se había mareado. “¿Nunca? -le preguntaron-, “!Nunca! ¿Nunca? Bueno, casi nunca”. Sánchez se ha instalado en el “casi nunca” y ha cedido en todas y cada una de las exigencias de Puigdemont. A eso le llaman negociar: una parte cede en todo y la otra en nada ¿Por qué será?
Manipulación por el PSOE del borrador de informe de la Comisión de Venecia
El Gobierno ha filtrado maliciosamente un borrador de informe de la Comisión de Venecia con una interpretación ”pro domo” en la publicitaba lo que le beneficiaba y silenciaba lo que le perjudicaba. Se trataba de un borrador sobre una proposición de Ley, a la sazón aún sin adoptar, y que ha sido considerablemente empeorada al aceptar el PSOE “velis nolis” las exorbitantes enmiendas de JxC. En cualquier caso -y a diferencia de la versión dada por el ínclito Bolaños- el borrador contiene más críticas que alabanzas a la proposición de ley.
La Comisión ha de valorar la adecuación de la Ley a los estándares europeos y recomendar las medidas apropiadas para garantizarlos, pero ha advertido que no se pronunciaría sobre la compatibilidad de la norma con la Constitución o con el Derecho de la UE, ni tampoco sobre su adecuación al objetivo presuntamente perseguido por el Gobierno de normalizar la situación en Cataluña, porque eso correspondía a las instituciones españolas. Entre los elementos positivos para el Gobierno cabe destacar la afirmación de que las amnistías -que están reguladas en las legislaciones de solo algunos países-suelen estar motivadas por razones de reconciliación nacional y pueden constituir objetivos legítimos, siempre que haya una adecuación entre fines y medios, si bien tendría que valorar sí “se puede lograr la normalización de Cataluña, a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha creado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad de España”. Considera que su redacción cumple con los estándares del Estado de Derecho porque no contraría el principio básico de separación de poderes, siempre que la decisión sobre cualquier individuo que se beneficiara de la amnistía fuera tomada por el juez y se sobreentendiera que las recomendaciones precisadas en el informe se cumplieran. No estoy de acuerdo con esta afirmación, porque es obvio que la Ley implica una subordinación del poder judicial al legislativo y al ejecutivo.
Las críticas se centraban especialmente en los aspectos formales. La concesión de una amnistía debía cumplir los requisitos de un Estado de Derecho, y el procedimiento de adopción de la norma debía inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. Aquí se podía detectar una referencia implícita a la ausencia de debate electoral y al secretismo con el que se había gestado la norma, pues debería haberse producido consultas significativas, junto con un calendario adecuado. “Los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para las leyes de amnistía”. El procedimiento seguido no resultaba aceptable porque “se presentó en forma de proposición de ley, que es un procedimiento o consulta limitado al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales, y siguió con un procedimiento de urgencia”. La Comisión instaba a las autoridades españolas a que se tomaran el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo, en un espíritu de leal cooperación entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación. “Si no hay debate pausado, y respeto a los procedimientos, ni informes consultivos, ni acuerdo con la oposición ¿cómo puede constituir un instrumento de reconciliación?”.
También criticaba cuestiones de fondo, cuando señalaba que sería preferible regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional y mencionaba la autoamnistía como límite. Consideraba que la determinación de los actos amnistiables debía basarse en criterios generales y no diseñarse para cubrir a individuos específicos, y que el ámbito de aplicación de la ley era demasiado indeterminado y amplio. Definía los actos por su intención, al aplicarse a los destinados a promover o apoyar la independencia de Cataluña. Además de esta vaguedad, la amnistía se extendía a un periodo demasiado largo y violaba el principio de igualdad respecto de quienes habían cometido los mismos delitos comunes por otras razones o durante diferentes periodos, por lo que no se beneficiarían de la gracia. La Comisión solicitaba que se redujera el alcance material y temporal de la norma, y cuestionaba el intento de limitar los efectos suspensivos en caso de plantearse una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial. Mencionaba críticamente la regulación del terrorismo, la insuficiente consideración de los derechos de las víctimas y la preocupación por las comisiones parlamentarías de investigación que no podían “pretender exigir que los jueces informen sobre los casos que hayan decidido”. Según Belén Becerril en su artículo “El borrador de Venecia”, una amnistía puede -allí donde fuera constitucional- sería compatible con los estándares europeos, pero tal no era el caso en los términos en que está redactada la Ley. Por eso, la Comisión proponía unas medidas que mostraban el camino a seguir. “Llama a las autoridades españolas a poner fin al procedimiento de urgencia y a su tramitación como proposición de ley, a tomarse el tiempo necesario para entablar un diálogo con la oposición, a solicitar los informes preceptivos que se han evitado, a regular la amnistía mediante una enmienda, y a reducir y concretar el ámbito de aplicación”. Nada de esto ha hecho el Gobierno, ni lo hará.
Enmiendas incluidas en la proposición de Ley de Amnistía
A última hora del día 6, el PSOE, JxC y ERC publicaron un sucinto comunicado conjunto en el que se indicaba que los tres partidos habían llegado a un acuerdo sobre el texto de la proposición de ley, de conformidad con las directrices del Derecho Constitucional europeo e internacional, así como con el informe preliminar de la Comisión de Venecia, “mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la Ley de Amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista, y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europeos y los mejores estándares europeos e internacionales”. Ignorando los más elementales criterios de transparencia, la nota no revelaba en qué consistían los cambios introducidos e indicaba que serían hechos públicos al día siguiente. De forma inhabitual, los miembros de la Comisión de Justicia conocieron el nuevo texto tan solo unos minutos antes de proceder a su votación, con lo que al menos los diputados socialistas -que llevan el voto en la boca, como los perros San Bernardo llevan al cuello el reconfortarte barrilito de coñac- pudieron escupirlo con un mínimo de conocimiento de causa. La proposición fue aprobada por 20 votos a favor y 17 en contra. Al fin supimos en qué consistían las cuatro enmiendas transaccionales acordadas, que de transacción tenían bien poco, ya que fueron impuestas por los negociadores de JxC.
1.-Terrorismo: De forma difícil de creer -y menos de aceptar- se ha soslayado la aplicación del Código Penal a los delitos de terrorismo, al establecer que los actos que por su finalidad pudieran ser calificados de terrorismo según la Directiva UE 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, que, a su vez, hubieran causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y en el Derecho Internacional Humanitario. En el trasfondo de la disposición se detectaba la peregrina tesis de que existen terrorismos que no violan los derechos humanos. Un gobierno puede instar a las Cortes a que modifique el Código Penal, pero no puede ignorar su existencia y dejar de aplicarlo.
Sí con este estrafalario texto los Boyes y los Bolaños de turno creen que van a exonerar de responsabilidad a Puigdemont, a los CDR y a los activistas de TD, están muy equivocados pues, el artículo 3 de la Directiva prevé que los Estados deberán tipificar como delitos de terrorismo las destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas de transporte, las infraestructuras, los sistemas informáticos, y las propiedades privadas, que pudieran poner en peligro vidas humanas, así como la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos, siempre que se realizarn con el fin de intimidar gravemente a la población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras públicas, económicas o sociales, fundamentales de un país.
Pero aun cuando se considerara que dentro del catálogo de actos delictivos no encajaran algunos de los delitos presuntamente cometidos por Puigdemont o sus airados colaboradores, hay que tener en cuenta que las directivas no son de aplicación directa en los Estados miembros de la Unión, sino que éstos están obligados a transponerlas a, e incluirlas en, sus legislaciones nacionales. Estas directrices no sustituyen las disposiciones paralelas incluidas en dichas legislaciones -salvo que estén en abierta contradicción con las mismas, en cuyo caso el Estado en cuestión tendría que modificar dichas disposiciones-, sino que las complementan. Los delitos de terrorismo están claramente tipificados en los artículos 572 y 574 del Código Penal y cubren debidamente el terrorismo callejero, de baja intensidad o de “kalebarroka”.
2.-Traición y delitos contra el Estado: La nueva disposición establece que los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado, y relativos a la Defensa Nacional solo quedarán excluidos de la amnistía cuando hubieran producido una una amenaza efectiva y real, mediante el uso efectivo de la fuerza en contra la integridad territorial o la independencia política de España, en los términos establecidos en la Carta de la ONU y en la resolución 2065(XXV) de la Asamblea General, que contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados. Estos delitos están perfectamente tipificados el artículo 592 del Código Penal y son aplicables a todos los españoles, incluidos los catalanes separatistas, aunque no quieran serlo.
Esta disparatada y anacrónica disposición ignora que ya pasó la época de los cuartelazos y los espadones, y que hoy en día se pueden dar golpes de Estado sin disparar un tiro, como ha puesto de manifiesto Daniel Gascón en su magnífico libro “El golpe posmoderno”. No especifica a qué principios de la Declaración se refiere, aunque quepa suponer que será a los de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. De ahí se deduce que Cataluña es un pueblo colonizado por la pérfida España, como una Guinea Ecuatorial cualquiera, y que tiene derecho a la autodeterminación y a la independencia. Repasando la documentación de la ONU no veo que Cataluña -a diferencia de Gibraltar o el Sáhara Occidental- figure en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, ni se hallaban entre esos territorios cuando redacté mi tesis doctoral sobre “Participación de la ONU en el proceso de descolonización”. No me imagino a Puigdemont, como jefe de la tribu catalana, ataviado con un taparrabos cuadribarrado, gritando “Visca Catalunya Lliure”.
3.-Malversación:
Junts ha vuelto a la idea de conceder la amnistía a los malversadores que no se hayan enriquecido personalmente. Este criterio ya fue desechado por el Tribunal Supremo, que afirmó que lo relevante era que se utilizaran de forma indebida los caudales públicos, al destinarse a fines distintos a aquéllos para los que fueron presupuestados, con independencia de que los fondos defraudados beneficiaran personalmente a los autores del fraude o se utilizaran para financiar la independencia de Cataluña u otros nobles propósitos. El tema es muy sensible en la UE y el Parlamento Europeo ha instado al Consejo -con el voto en contra del PSOE- a que la nueva Directiva contra la corrupción en curso de adopción prohíba la concesión de amnistías o indultos a los malversadores, decisión muy acertada para hacer frente a estafas tan repugnantes como las del “Caso Koldo/Ábalos/PSOE”.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dado una muestra más de su desvergüenza torera cuando -tras haber dado su apoyo a los indultos a los corruptos dirigentes catalanes, blanqueado al corrupto Puigdemont y defendido a ultranza la concesión de amnistía a los “bienversadores”- ahora, ahíta de dignidad ofendida, se rasga las vestiduras de Zara y afirma de forma categórica que no se puede indultar a los condenados por corrupción, salvo que sean separatistas catalanes o militantes de izquierda. Hermanos/as/es, ¡haced lo que yo diga, no lo que yo haga!
4.-Ampliación del ámbito temporal de aplicación de la Ley de Amnistía
Determinados a extender el maná de la amnistía a todo separatista viviente, JxC ha establecido el ámbito de aplicación de la Ley a partir del 1 de noviembre de 2011, para así cubrir a la Sagrada Familia Pujol y a los trincones de Convergencia, aunque no hayan tenido nada que ver con el procès. La Ley es como un chicle que se estira en todas direcciones y pretende amnistiar a personas condenadas o imputadas por delitos no relacionados con la independencia de Cataluña, como Borrás o el propio Boyes. En círculos judiciales, sin embargo, se estima que Puigdemont está aún lejos de obtener el blindaje total perseguido. Según Josu de Miguel, esta chapuza no tiene mucho recorrido y, para lograrlo el ansiado objetivo del aquél, el Gobierno tendría que modificar la definición de todos estos delitos en el Código Penal.
Reacciones ante la adopción de la proposición de Ley
Pletórico de felicidad y autocomplacencia, Bolaños, haciendo alarde de cinismo y de carencia de principios éticos, se ha auto-felicitado -solo le ha faltado, según Antonio Lucas, sacarse a hombros él mismo- ha afirmado que la amnistía era una gran noticia para Cataluña y para España, pues gracias a ella se había logrado la reconciliación y la convivencia, y los independentistas habían renunciado a la unilateralidad y aceptado hacer política dentro del marco legal de las instituciones nacionales. Los agraciados no le han dado ni las gracias y en un coro a capella lo han desmentido y puesto en ridículo. Turull dijo que nadie se podía sentirse engañado, pues su objetivo siempre había sido la amnistía y la autodeterminación, y no renunciarían a la independencia. El gran triunfador de la jornada ha aclarado, por si hubiera alguna duda, que la Ley de Amnistía no iba a procurar la reconciliación en Cataluña, y que había que retomar el hilo allá donde quedó el 1-O, continuar con el procès y acceder a la independencia a través de un referéndum. Para Aragonés suponía el fin de la represión y el comienzo de la autodeterminación, y Josep Rius declaró que esa era la situación y que “al que no le guste, que se aguante”. ¡Menuda reconciliación!
Alberto Núñez Feijóo ha declarado que la UE no podía permitir que fructificaron las amenazas al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial, y que un primer ministro europeo comprara su investidura a cambio de la impunidad judicial, y pidió árnica a la Unión. El presidente del PPE, Manfred Weber, ha afirmado que Sánchez era una marioneta de Puigdemont, al que le iba a aprobar una amnistía.“Feijóo restaurará el Estado de Derecho en España”. El PPE ha deplorado la tramitación de la Ley de Amnistía y sus posibles consecuencias para Europa, al ofrecer impunidad por delitos relacionados con un movimiento secesionista considerado contrario al Estado de Derecho y rechazado por las instituciones de la UE. “La ley ha sido redactada por sus propios beneficiarios e incluye delitos relevantes para la UE, como la malversación de fondos y el terrorismo, y podría dar lugar al cierre de la investigación judicial existente sobre la interferencia de Rusia en el intento secesionista catalán de 2017. Esta ley y el proceso que condujo a su adopción socavan la independencia judicial, al proponer la supervisión parlamentaria de los fallos de los jueces”.
Según un editorial de “El Mundo”,“el día de ayer marcó un hito de insólita gravedad en la Historia de España. Con la aprobación de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Gobierno socialista ha sellado su ruptura con los consensos constitucionales y ha hecho efectiva la peor de las corrupciones: la transacción de impunidad a cambio de poder […] Sánchez no solo amnistía a la carta a los políticos independentistas que dieron el más severo golpe a la convivencia en Cataluña, borrando incluso los posibles delitos de terrorismo, alta traición y corrupción, sino que da un paso decisivo hacia la deslegitimación de la democracia española”
sábado, 24 de febrero de 2024
Descalabro del PSOE y mayoría absoluta del PP en las elecciones autonómicas de Galicia
DESCALABRO DEL PSOE Y MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE GALICIA
Al fin llegan buenas noticias de Galicia. Como ha comentado Carlos Herrera, la sorpresa en las elecciones autonómicas del 18-F ha sido que no haya habido sorpresas. Ha ganado el ”sentidiño”, pese a la metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo con sus absurdos comentarios ”off the records”, y el PPdeG ha conseguido su quinta mayoría absoluta consecutiva.
Resultados de las elecciones autonómicas
La participación de un 63,7% -18 puntos más que en las celebradas en 2020- ha sido una de las más altas en la historia democrática de Galicia. El PP ha logrado 47,4% de los votos, 40 escaños -dos menos que antes, pero tres por encima de la mayoría absoluta- y 70.000 votos más que en 2020. Le han seguido el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) con 31,4% de votos y 25 diputados (+6) y el PSOE, con 14% y 9 escaños (-5). La populachera Democracia Orensana de Gonzalo Pérez Jácome ha obtenido, con el 1% de los votos, un único escaño que le ha sabido a gloria. No consiguieron diputados Vox (2,2%), Sumar (1,9%), PACMA (0,4%) y Podemos (0,2%).
El PSdeG ha obtenido los peores resultados de su historia, al seguir las instrucciones de Moncloa de facilitar el progreso del BNG -dejando en la estacada a su candidato e incitando a la transferencia de votos socialistas-, con tal de desbancar al PP, principal objetivo de Pedro Sánchez. En la izquierda solo ha ganado este partido, que ha conseguido atraer a buena parte del electorado socialista y a la casi totalidad del de las fuerzas de extrema izquierda, Sumar y Podemos. Yolanda Díaz ha quedado triturada al perder por goleada en su casa, porque los gallegos ya la conocen y saben que es un ”bluff”, más volátil que una veleta y más falsa que Judas. Los candidatos del Gobierno de coalición han conseguido 9 de los 75 escaños del Parlamento gallego.
Según Joaquín Manso, Ana Pontón ha desarrollado una técnica depurada para disfrazar de dulzura el marxismo de la agresiva Unión do Povo Galego y presumir de que traduciría en políticas sociales la fuerza extractiva contra el Estado que le conferiría su condición de socio del Gobierno, pero que nadie se engañe, porque su finalidad no es sacarle esto o lo otro a Madrid, sino sacar a España de Galicia. El BNG tiene una ideología y un programa, que nada tiene que envidiar al de Bildu: autodeterminación, monolingüismo y autonomía judicial. A juicio de Lucía Méndez, Pontón le ha pegado un mordisco al PSOE gallego del que quién sabe si logrará recuperarse. Sánchez hizo campaña en Galicia contra Feijóo y los gallegos no le han escuchado. Ha engordado a los partidos nacionalistas para poder gobernar en alianza con ellos, lo que ha sido una estrategia útil para el presidente pero no para su partido, que ha quedado reducido a 9 escaños. La nueva estrella del nacionalismo galaico ha amenazado al PP con llevarlo ante los Tribunales por haber vinculado al BNG con Bildu y la ETA. Por lo visto, no parece que sea suficiente que el Bloque forme una candidatura común con Bildu y ERC para las elecciones europeas, liderada por Pernando Barrena, un etarra condenado por terrorismo, que ha compartido puesto en el Parlamento Europeo con la eurodiputada del bloque, Ana Miranda, y actuado como su asesor tras el relevo acordado.
Cómo ha observado Antonio Naranjo en “El Debate”, el resultado de las elecciones ha destrozado a un Gobierno nacido de las trampas perpetradas después del 23-J, colocado al PSOE en el camino de la irrelevancia como partido nacional, desmembrado el invento improvisado de Sumar, y frenado el proyecto de descuartizamiento que Sánchez asumió a cambio de que los independentistas le aseguraran una investidura de pega, intervenida, extorsionada y dañina para el interés general. La mayoría absoluta popular va a generar un dique de contención frente a la deriva antisistema por él encabezada , porque -si Galicia hubiera caído en manos de la Bildu gallega- el proceso de autodeterminación habría sumado una cuarta región a las ya lanzadas por esa pendiente en el País Vasco, Cataluña y Navarra, y sería difícil resistir el chantaje de cuatro gobiernos unidos contra un presidente cuya supervivencia pasaba inevitablemente por abonar el impuesto revolucionario exigido para mantenerlo en la Moncloa con respiración asistida. El PSOE se ha convertido en una “escort” barata de cinco partidos separatistas y de una fuerza antisistema apoyada en una amalgama de filas neocomunistas y folklóricas, capitaneada por una comunista posmoderna, a la que, en su propia tierra, la han mandado al carallo. “Galicia caníbal, claro, pero su dieta antropófaga de sanchistas y otras carnes no ha podido ser más adecuada”.
Como ha observado Manuel Arias en “The Objective”, no es que las elecciones gallegas hayan derribado el muro montado por Sánchez -que, según David Jiménez Torres, se asemeja al de Berlín, porque su fin no era frenar a los invasores, sino retener a futuros desertores-, sino que han ganado los del otro lado del muro. No se sabe cuánto puede reducirse el número de diputados que el PSOE aporte al bloque plurinacional que Sánchez se ha sacado de la manga para llegar al poder, minando por el camino la fuerza territorial de su partido. Se ha ido preparando una concepción plurinacional del país que va calando en amplios sectores del electorado y ha convertido la política nacional en una convención de particularistas dedicados al desguace del Estado democrático. Esta tendencia se ha agudizado en Galicia y es el principal problema al que se enfrenta la democracia española a largo plazo,que no podrá resolverse si el segundo partido nacional sigue empeñado en borrar letras de sus siglas.
Según ”El Mundo”, el descalabro del PSdeG resume el modelo impuesto por Sánchez: una operación consciente basada en someter a todo el partido a sus propios intereses y supeditarlo a las minorías radicales con las que se asegura bloquear la alternativa en la Moncloa. Galicia ha constatado que el PSOE -cuya estructura territorial sufre un debilitamiento creciente- está desapareciendo como partido nacional y deja al presidente más débil frente a JxC. En el desastre del bloque plurinacional, cabe destacar el fiasco de Marta Lois -elegida por Díaz- y, con la exclusión de Sumar del Parlamento, la vicepresidenta ha quedado señalada personalmente. En el otro extremo del espectro destaca la absoluta irrelevancia de Vox, que supone también un golpe importante para Santiago Abascal, ya que su partido no solo ha protagonizado un rotundo fracaso, sino que -en su intento de robarle electorado- ha puesto en riesgo la mayoría absoluta del PP, que se ha opuesto a la apuesta confederal de Sánchez y ha optado por el entendimiento y la igualdad. “El 18-F se cerró con un mensaje ilusionante: Hay españoles que persisten en decir que no al muro con el que los quieren enfrentar”.
Reacciones tras las elecciones gallegas
La prensa mostró en sus titulares las tendencias ideológicas de los principales periódicos. “El País”: “El PP conserva mayoría absoluta”; “La Vanguardia”: “Feijóo conserva Galicia y el PSOE se hunde a favor del BNG”; “El Periódico”: “Feijóo gana la partida a Sánchez en Galicia”; “El Mundo”: “El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro”; “La Razón”: “Victoria del PP y debacle del PSOE”; “ABC”: “El PP reválida Galicia y el PSOE paga los pactos de Sánchez”…
Alfonso Rueda se mostró, a justo título, muy satisfecho por su incontestable éxito -que lo ha convertido en barón popular por derecho propio, al margen de la sombra protectora de su predecesor-, declaró que Galicia había enviado al resto de España un mensaje de unidad y de serenidad, y afirmó que “aquí no hacemos chantajes, ni estamos sometidos a ellos”. Igual ocurrió con Feijóo, que lo pasó mal en los últimos días la campaña electoral, en los que sus inoportuna filtración a la prensa le hizo temer que Sánchez pudiera remontar a última hora como hizo en las elecciones del 23-J. El PSOE y la Cofradía de Opinión Sincronizada tergiversaron sus palabras y trataron de convencer a la opinión pública de que Feijóo pensaba lo mismo que Sánchez respecto a la amnistía y que no la apoyaba por temor a Vox. El sabio pueblo gallego no cayó en esta trampa saducea y reiteró su confianza al PP. Feijoo ha afirmado que su rival quiso hacer en las elecciones un plebiscito sobre su persona y que había fracasado rotundamente en el intento. Fortalecido su liderazgo, debe alejarse de ambigüedades y pasteleos, y liderar una oposición firme al Gobierno de Sánchez y a su exorbitante Ley de Amnistía.
La otra triunfadora en la contienda, Ana Pontón, destacó que el BNG se había convertido en el líder del bloque de la izquierda gallega y que, a partir de ese momento, nada sería igual. Admitió, no obstante que, aunque el resultado había sido histórico para los independentistas, no se habían cumplido las grandes expectativas que se habían generado de poder expulsar al PP del Gobierno de la Xunta.
En el derrotado socialismo gallego cundió el pesimismo por la debacle, atribuida “sotto voce” a la estrategia equivocada de Sánchez, quien ha destrozado a su partido en aras de su interés egoísta de conservar el poder a toda costa. Como en su diccionario no existe la palabra “autocrítica”, porque todo lo hace bien y nunca se equivoca, ha culpado de su fracaso gallego a la falta de liderazgo de los barones regionales y al escaso tiempo del que dispuso el candidato designado por su dedo “miguelangelesco” para predicar la buena nueva de la imperiosa necesidad de amnistiar a los sediciosos para lograr la convivencia en España y el maridaje del PSOE con los nacionalismos separatistas que aspiran a destruir el país. Comparte, sin saberlo, la opinión de Jean-Paul Sartre de que “la culpa son los otros”. El ínclito Tezanos -quien según la portacoz del Gobierno, Pilar Alegría, siempre acierta, pese a errar más que una escopeta de feria- no ha tenido a bien preguntar en sus encuestas-panfletos qué opina el pueblo español sobre la amnistía, aunque, de conformidad con los sondeos de otras empresas más fiables, la mayoría está en contra de la misma, incluidos muchos votantes del PSOE. Para justificar su respaldo a los nacionalismos separatistas y su aceptación de actuar como mamporrero de los mismos en una posición de gregario, Sánchez ha mantenido que hay que seguir una línea “transversal” y superar las siglas del partido. Semejante afirmación ha sido calificada por Francisco Vázquez de intolerable por implicar la supeditación de un histórico partido de Estado a los intereses personales de su líder. El portacoz-bis del Gobierno, Óscar Puente, ha encontrado un argumento decisivo para defender la indefendible amnistía: Su concesión ahorraría tiempo a la Justicia y supondría un considerable alivio para las arcas del Estado. El lenguaraz jabalí socialista ha dejado en mantillas a los padres del anarquismo, Proudhon y Bakunin, pues, cuánto menos Estado, más libertad y bienestar para todos. Prescindiendo del Código Penal y de los jueces, llegaremos a una Arcadia feliz en la que terroristas sediciosos y violadores campen a sus anchas y puedan actuar impunemente a la luz del día sin ser molestados por esos vengativos y prevaricadores ropones.
El PSOE ha argumentado que los resultados de unas elecciones gallegas no se podían extrapolar a nivel nacional y que la defensa numantina de la amnistía no había influido en modo alguno en dichos resultados, porque los votos amablemente ”prestados” al BNG habían ido a parar a un partido que apoyaba con entusiasmo la concesión de dicha gracia. El barón “Pepito grillo”, Emiliano García-Page, ha contrargumentado que, si el PP hubiese sido derrotado, el PSOE habría mantenido que había que sacar las consecuencias a nivel nacional, por lo que no era lógico sostener lo contrario cuando ha vencido el adversario. Aunque los ingredientes sean regionales, el guiso es nacional. “Solo reflexionando y rectificando se puede impedir que este ciclo se convierta en un ciclón electoral, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto”. García- Page, a diferencia de sus colegas del PSOE, se ha alegrado de que no haya ganado el BNG.
El otro verso suelto del PSOE, Odón Elorza, ha señalado que en el electorado gallego ha influido la pérdida de credibilidad de Sánchez, las incoherencias en el desarrollo del programa electoral, y el desdibujamiento del modelo federal del PSOE. Se ha producido además una gestión errática de la investidura realizada por Moncloa con el trágala de una amnistía que solo podría estar justificada si se concediera en condiciones democráticas claras, a lo que se ha sumado las concesiones no bien explicadas a las fuerzas nacionalistas. “A fuerza de repetirlo, quizá nos convenzamos de que la Ley de Amnistía es impecable, obviando que no supimos poner límites a su contenido y llegado a acuerdos con Junts que no se justificaban”.
¡Por Puigdemont hacia la amnistía integral!
Pese al bofetón recibido por parte de JxC al rechazar la Ley de Amnistía redactada de común acuerdo, Sánchez hará cuanto pueda para amnistiar a un Puigdemont que es alérgico a cualquier tipo de encarcelamiento y que no se fía del presidente, ni de la impecabilidad de una Ley que no cubre todos los agujeros producidos por la posible comisión de delitos de terrorismo y de alta traición. De ahí que el president exija una amnistía integral e inmediata, que no deje resquicio alguno a la intervención perturbadora de los malvados jueces contra su persona. Cumplido el plazo concedido a la Comisión de Justicia sin haberse llegado a un acuerdo, la Mesa del Congreso ha concedido una abusiva prórroga de 15 días para que se logre y concederá otras más hasta que el gato puigdemónico se meta en la talega de la constitucionalidad que está dispuesta a avalar el Tribunal Constitucional (TC) de Conde-Pumpido. Resulta paradójico y muestra el cinismo del Gobierno, que el Grupo Parlamentario Socialista presentara una proposición de ley en vez de un proyecto del Gobierno, e impusiera el procedimiento de urgencia, porque era indispensable que la Ley se adoptara cuanto antes, y ahora la urgencia se ha eclipsado y la sectaria presidenta Francina Armengol parará el reloj hasta que se llegue a un acuerdo entre los amantes despechados.
Según “El Imparcial”, los resultados de las elecciones gallegas han supuesto un mazazo a la Ley de Amnistía, por las dudas que han surgido sobre la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Carlos Cuesta ha informado en ”Libertad Digital “ que está creciendo el desasosiego entre la mayoría progresista del TC, sobre todo porque uno de sus miembros, Juan Carlos Campo, aunque sea de izquierdas, es un jurista profesional y responsable, y un experto en temas de amnistía e indultos, así como en terrorismo. Campo ha dejado constancia escrita en el BOE de que la amnistía es inconstitucional y le será muy difícil desdecirse -como ha hecho la flamante presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo-, so pena de perder su prestigio profesional. Mostrando tener principios éticos, ha solicitado abstenerse en todos los casos relacionados con la amnistía y el presidente del Tribunal aún no se ha pronunciado. Conde se encuentra en una posición peliaguda porque, al igual que la magistrada Laura Díez, se halla en una situación similar. Si niega la autorización -como se hizo arbitrariamente con la solicitud de Concepción Espejel en el “Caso del Aborto”-, quedaría en evidencia y, si la concediera, tanto él como Díez tendrían que seguir su ejemplo, con lo que el grupo progresista del TC perdería su mayoría de 7 a 4. Por otro lado, hay magistrados como Ramón Sáez, María Luisa Segoviano o María Luisa Balaguer, que estaban conformes con el texto inicial de la amnistía -elaborado con la colaboración de Conde-, pero que, aunque sean de extrema izquierda, podrían no estar de acuerdo con avalar la amnistía de los delitos de terrorismo o de alta traición. De ahí los mensajes insistentes de su presidente instando a Sánchez a que no se modificara el texto acordado, pues de ceder a las exigencias maximalistas de Puigdemont, podría producirse una rebelión a bordo del TC y que no se declarara su constitucionalidad, o si forzando de las costuras del Derecho se constitucionalizara, fuera desautorizado por Tribunal de Justicia de la UE. .
Obstáculos a la amnistía a causa del terrorismo
A Puigdemont y -por extensión- a Sánchez y a su equipo amnistiador, los trae por la calle de la amargura el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón con sus atinados autos, que les obligan a correr como pollos sin cabeza para modificar la impecable Ley para cubrir lo incubrible. Su petición al Tribunal Supremo (TS) de que asumiera la instrucción del proceso por terrorismo contra el ex president al estar aforado, ha provocado la discordia en la Sección Penal de la Fiscalía General. Aunque 12 de sus 15 fiscales estimaron que había indicios de comisión de un delito de terrorismo por parte de Tsunami Democratic (TD) y 11 de ellos consideraron que su líder era Puigdemont, entre la minoría figuraba uno de los jefes de la Sección, Joaquín Sánchez Covisa, por lo que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, barrió para casa y, recurriendo a una fórmula inhabitual, encomendó la solución de la discrepancia a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, fiscal progresista de su plena confianza.
El otro jefe de la Sección, Fidel Cadena, elaboró un sólido informe que recogía la postura de los fiscales de la mayoría, que habían dado la razón a García Castellón, pero Sánchez Conde ha hecho caso omiso de ese informe y propuesto que se archive la causa, pasando de árbitro a delantero centro del equipo contrario y tirando el penalti decisivo para lograr el “desempate” de 11 a 4. Cómo se decía en el Ejército, el jefe siempre manda más y manda mejor, pese a que su contrainforme sea de escaso rigor jurídico. Se ha centrado en salvar al soldado Puigdemont y no se ha pronunciado sobre si los miembros de TD cometieron actos de terrorismo, ni ha valorado los indicios aportados por el juez instructor. Ha afirmado de forma incorrecta que el TS no debería abrirle al prófugo una nueva causa, ya que no se trata de tal cosa, sino de traspasar la investigación de la Audiencia al Supremo al afectar a un imputado que goza de inmunidad. Ha señalado que no se ha investigado suficientemente la estructura, organización, composición y actuación de la plataforma, lo que imposibilitaba, o al menos dificultaba, individualizar los hechos atribuidos a cada uno de los investigados. No obstante, ha decidido -por sí y ante sí- que Puigdemont no era el líder y ni siquiera integrante de TD. Precisamente porque no se había acreditado suficientemente la comisión por sus miembros de supuestos actos terroristas, era necesario prolongar la investigación, que no podía continuar García Castellón al haber imputados aforados. Afortunadamente, la última palabra no la tiene la Fiscalía General, sino la Sala de lo Penal del TS.
A este vodevil se ha sumado el Ministerio de Justicia de Suiza, país que se caracteriza por su opacidad y su falta de colaboración con los jueces de otros países. García-Castellón envío hace tiempo una comisión rogatoria en la que solicitaba la localización de Marta Rovira, investigada por el delito de terrorismo, e información sobre una cuenta bancaria utilizada para financiar las actividades de TD. El Ministerio suizo contestó a finales de año, pero sorprendentemente el Ministerio de Justicia español ha retenido la nota y solo hace un par de días la ha enviado a su destinatario, previa filtración a la prensa. El Departamento suizo se mostraba reticente a atender la modesta petición española, alegando que era una cuestión política y que Rovira no estaba involucrada en delitos de terrorismo, pese a que no era quién para decidir si un ciudadano español había cometido o no un delito en España. Antes de dar una respuesta definitiva, el Departamento ha solicitado al magistrado información sobre las consecuencias que tendría la amnistía sobre Rovira. García-Castellón ha enviado otro auto en el que mostraba su sorpresa por la respuesta, porque era el Ministerio suizo el que estaba politizando un asunto jurídico, y por la solicitud de información sobre una ley que se estaba tramitando en las Cortes y no había sido aún adoptada, y de la que, en cualquier caso, no podría facilitar información debido a la separación entre los poderes legislativo y judicial. Ha indicado que el Gobierno suizo estaba obligado a colaborar con la justicia española, de conformidad con el Convenio Europeo de Terrorismo en el que ambos Estados eran Partes. Había enviado información más que suficiente sobre el caso y solicitado un encuentro con sus colegas judiciales para aclarar la situación, pero el Ministerio suizo había dado la callada por respuesta. El magistrado ha solicitado a la Fiscalía del TS que envíe a Suiza una copia del informe del fiscal Cadena.
Para justificar su total alineamiento con los partidos independentistas, el PSOE trata de autoconvencerse y de convencernos de que, con la amnistía, estos partidos retornarán al seno de la Constitución, y se logrará la concordia en Cataluña y en toda España. Las declaraciones tremendistas sobre la autodeterminación y la independencia eran para consumo interno ante la lucha entre ERC y JxC por el liderazgo en Cataluña. Muestra de la falacia de este espíritu de reintegración en España ha sido la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de una Iniciativa Legislativa Popular presentada por Solidaridat Catalana para que la Cámara proclame la independencia de Cataluña, que ha contado con el apoyo de Junts y de la CUP, y la abstención de ERC
Según Juan Claudio de Ramón, José Calvo Sotelo dijo en 1936 que prefería una España roja a una España rota. 88 años más tarde, Sánchez y el PSOE prefieren una España rota a una España azul. El PSOE ya no es el primer partido de la Nación, ni quiere serlo. No parece que su apuesta plurinacional esté echando buen pelo y ha programado su propia obsolescencia, como hacen algunos fabricantes para inducir a los consumidores a la compra de un nuevo producto. Solo que ahora, las nuevas siglas preferidas ya no serían las socialistas si no las abiertamente nacionalistas. “Nadie sabe cuál es el proyecto, ni territorial ni ideológico, del PSOE”. Como ha observado el ex diputado socialista Pedro Boffil, la disgregación y debilidad electoral del PSOE responde a la pérdida de uno de sus rasgos políticos esenciales: el de ser una organización históricamente integradora de España. Ha pasado de ser un partido cuya finalidad principal era llegar al poder para defender la igualdad entre todos los españoles, al margen de cuál fuera la región en la que vivieran, a hacer un partido en el que parece primar solamente el interés de su líder por mantenerse en el poder. Según “El Mundo”, que en su configuración de una España plurinacional dividida en bloques como medio para evitar la alternancia en La Moncloa, el PSOE haya renunciado a vertebrar el país y dejado de actuar como dique de contención del secesionismo para impulsarlo, es un giro que compromete seriamente la estabilidad del Estado.
Madrid, 23 de febrero de 2024
viernes, 16 de febrero de 2024
El Gobierno español reconoce en el BOE la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental
EL GOBIERNO ESPAÑOL RECONOCE EN EL BOE LA SOBERANÍA DE MARRUECOS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL
Pedro Sánchez tiene algo de masoquista, ya que le encanta dejarse humillar por Carles Puigdemont o por Mohamed VI. En el caso del fugitivo de Waterloo, porque dispone de siete votos de plata que valen un Potosí para su supervivencia , pero no es igual con el autócrata alauita -salvo que haya algo que ignoremos-, que tiene un “no sé qué”, que hace que un increyente como él se postre genuflexo ante el Comendador de los creyentes. Como en las populares canciones de antaño “¿Mami qué será lo que tiene el negro?” o “Que será, será”, Mohamed VI ha atrapado la voluntad de Sánchez y lo tiene a su merced, hasta el punto de hacerle modificar de forma radical la política de España hacia el Sáhara Occidental o cambiar la composición de su Gobierno.
Giro copernicano de la política de España sobre el Sáhara Occidental
España linda en su frontera sur con Marruecos y Argelia, dos países enfrentados y casi en guerra por el liderazgo del Magreb, y necesita para su seguridad y desarrollo económico llevarse bien con ambas potencias y mantener con ellas un equilibrio inestable nada fácil de conseguir. Los distintos Gobiernos españoles lo habían logrado gracias a una actitud de neutralidad y al mantenimiento de buenas relaciones políticas y económicas. Los dos estados. Especialmente sensibles son las relaciones con Marruecos, por mantener éste reivindicaciones sobre la soberanía de territorios tan españolísimos como Ceuta y Melilla, así como sobre otros que en su día lo fueron -y que jurídicamente lo siguen siendo- como el Sahara Occidental.
Un aciago 14 de marzo de 2022, la situación cambió de forma radical cuando Sánchez escribió una carta, redactada en un paupérrimo castellano al ser la traducción de una minuta en francés que le había sido facilitada por alguien en Marruecos. En ella, transmitía al monarca alauita algunas ideas importantes para una nueva relación entre España y Marruecos. Sánchez reconocía la importancia que tenía para Marruecos la cuestión del Sáhara Occidental y la necesidad de encontrar en el marco de la ONU una solución mutuamente aceptable -¿para quién? ¿también para el pueblo saharaui?-. Consideraba la política marroquí de autonomía presentada en 2007 como una base “seria, creíble y realista” para solucionar el diferendo. Frente a la mención específica que hacía del Sáhara, la misiva contenía otra genérica e imprecisa sobre la necesidad de garantizar la estabilidad e integridad territorial de los dos países, sin citar a Melilla o a Ceuta, ciudades españolas reivindicadas por Marruecos. Dando muestras de su infinita egolatría, Sánchez -autoerigido en el representante único de España- ofreció al Sultán su garantía personal de que la Nación cumpliría sus compromisos y sus palabras, que no eran las del Estado español sino las de Sánchez, ya que tomó la trascendental decisión de cambiar radicalmente la posición de España sobre el Sáhara Occidental sin consultarlo ni siquiera con su Gobierno -ni por supuesto con la oposición-, y sin recabar el aval de las Cortes, en un exorbitante abuso de poder. Expresaba su esperanza de reunirse pronto con el Sultán y, para preparar el terreno, solicitó permiso para que viajará a Rabat su Ministro de Asuntos Europeos, lo que es una prueba más de que la carta no fue redactada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque éste no cometería el garrafal error de no saber cual era el título del ministro.
Cómo señaló la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, la propuesta de autonomía era una oferta de integración del Sáhara Occidental en Marruecos y no constituiría expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos, si no fuera libremente aceptda por el pueblo saharaui en un referéndum de autodeterminación. El apoyo de Sánchez a dicha propuesta constituía “la negación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional”. La decisión suponía asimismo el “reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara occidental que ocupa ilegalmente”. Esta decisión personalísima de Sánchez fue rechazada por la amplia mayoría de las Cortes, ya que solo consiguió el voto favorable los diputados socialistas. El presidente no solo excedió sus competencias, sino que se ha negado en redondo a dar explicación alguna ante las Cortes o ante la opinión pública española. En una sesión en el Congreso donde se suponía que debería explicar su giro, ignoró las preguntas de los diputados de la oposición, e incluso de algunos de partidos aliados con el Gobierno, entre otras, la de si había cesado a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por exigencia del autócrata marroquí. Con su decisión, Sánchez entregó en almoneda a Marruecos al pueblo saharaui, al que ha negado su derecho a la autodeterminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosas resoluciones de los órganos principales de la Organización.
En la Declaración conjunta de abril de 2022, tras el encuentro entre Mohamed VI y Sánchez, éste volvió a respaldar la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental y, en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat en febrero de 2023 -de la que se ausentó Mohamed VI, dando un nuevo bofetón diplomático a Sánchez- se adoptó otra Declaración conjunta, cuyo primero y principal punto era la confirmación del apoyo de España a la propuesta marroquí de autonomía. El primer el ministro, Aziz Ajamuch, elogió hasta en tres ocasiones el cambio operado en la postura española.
Siguiendo su desvergonzado alineamiento con la posición de Marruecos y el reconocimiento implícito de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno de España ha dado un paso más al hacer este reconocimiento explícito, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de agosto del siguiente anuncio, que ha pasado en buena medida desapercibido al producirse en pleno periodo de las vacaciones veraniegas.
V.-Anuncios: Contratación del Sector Público
Ministerio de Cultura y Deporte
“24653: Anuncio de formalización de contratos de gerencia de infraestructuras y equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio para la redacción de proyectos de ejecución de obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el colegio español “La Paz” en El Aaiun (Marruecos). Expediente 23/003 S.E.
1.-Poder adjudicador: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A.
Correo electrónico: sgcgp@cultura.gob.es
2.-Tipo : Autoridad estatal.
3.-Actividad principal ejercida: Actividades recreativas, cultura y religión
4.-Códigos CVP: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
5.-Lugar principal de prestación de servicios: Sin especificar
6.-Descripción de la licitación: Servicios para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de subsanación de deficiencias y mejora de la eficiencia energética en el colegio español “La Paz” en EL Aaiun (Marruecos)”
El Gobierno español ha incumplido una vez más sus compromisos internacionales, pues -en la nota en la que el representante permanente de España en Naciones Unidas, Jaime de Piniés, comunicaba al secretario general de la Organización que España pondría término definitivo a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental a partir del 25 de febrero de 1976, señalaba que ”la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población se haya expresado válidamente”. Es obvio que 48 años después de la fecha en la que el Gobierno español se considero desligado de cualquier responsabilidad internacional con respecto a la administración del territorio, el pueblo saharaui no ha tenido oportunidad de expresar libremente su opinión sobre su futuro, por lo que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo ocupado militarmente de forma ilegal por Marruecos. La afirmación contenida en el BOE -documento por antonomasia de la Administración del Estado- de que la El Aaiun forma parte de Marruecos es contraria el Derecho Internacional y, por ello, debería ser denunciado ante la Secretaría General de la ONU.
Ante esta flagrante violación de sus compromisos internacionales, ¿qué han dicho o hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o los ministros? Me temo que NADA. Quizá Díaz, en vez de trasladarse a Ramala,debería viajar a los campamentos de Tinduf para dar explicaciones.
Sumisión del Gobierno de Sánchez a la voluntad del Rey de Marruecos
Tanto los políticos como los comentaristas de relaciones internacionales se han preguntado qué ventajas ha conseguido España como contrapartida a las considerables concesiones realizadas por Sánchez a Marruecos, y la respuesta generalizada ha sido que prácticamente ninguna. Podría haberse encontrado alguna justificación en el proceder del presidente, si hubiera conseguido que Marruecos renunciase a sus reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y de Melilla, pero tal no ha sido el caso. En la Declaración conjunta de abril de 2022, pese a que la delegación española apoyara una vez más la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, no se hizo mención alguna de estas ciudades. Igual ocurrió en el Comunicado conjunto de la XII Reunión Hispano-Marroquí de 2023. Lo único que consiguió la delegación española fue que constara en acta la afirmación de Sánchez de que las partes habían asumido un compromiso de respeto mutuo para evitar, en su discurso y en la práctica, “todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”. Así, el presidente asumía tácitamente la equiparación del tipo de soberanía que rige sobre Melilla y Ceuta -ciudades que se incorporaron a la Corona de Castilla en 1494 la primera y en 1580 la segunda, antes de que existiera el Reino de Marruecos-, con la inexistente soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
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Ya al subir al trono en 1961, Hassan II afirmó que Marruecos era uno e intangible, y que su objetivo era recobrar la integridad y la unidad del país, y se comprometió a liberar los territorios del norte -Ceuta, Melilla y los Peñones- y los del sur -Ifni, Tarfaya, Sáhara Occidental y Mauritania-. Recuperados Ifni y la zona de Tarfaya, centró sus esfuerzos en incorporar el Sáhara. Su sucesor, Mohamed VI, siguió los planes de su padre y consiguió ocupar militarmente la mayor parte del territorio sahariano, tras la retirada de España. El primer ministro, Saddedine al-Othmani, declaró en 2020 que llegaría el momento en se resolvería el asunto de Ceuta y Melilla, porque eran tan marroquíes como el Sáhara Occidental, pero antes habría que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, que tenía prioridad absoluta, y de ahí las prisas y las urgencias para lograrlo, tras el regalo de Donald Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio. El pasado 10 de abril, el presidente del Senado, Enaan Mayara -un saharaui renegado pasado a Marruecos con armas y bagaje- afirmó que continuaba la colonización española de Ceuta y Melilla, y que se recuperarían algún día dichas ciudades mediante la negociación y sin necesidad de recurrir a las armas. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, reaccionó con contundencia, al comentar que no había nada que discutir, porque dichas ciudades eran tan españolas como Zamora o Palencia. Sánchez mantuvo un silencio culpable y ha seguido haciendo concesiones a Marruecos, como cuando ordenó a los eurodiputados socialistas que votaran contra la resolución del Parlamento Europeo que reprobaba a este país por su política represiva de la libertad de expresión y de prensa.
En la cumbre hispano-marroquí, las partes se comprometieron -de forma muy genérica y vaga- a intensificar su cooperación en los ámbitos de la lucha contra la inmigración irregular, el control de las fronteras y la fluidez del tráfico mediante el establecimiento de aduanas en Ceuta y Melilla, pero esta última promesa ha tenido poco recorrido ya que, transcurrido un año, no se ha creado la aduana en ésta y la de aquélla solo se ha abierto en dos ocasiones. Marruecos utiliza la inmigración como una medida de presión, cerrando y abriendo el grifo a su antojo en función de las circunstancias y de sus intereses en cada momento. Es cierto que ha disminuido la inmigración en Ceuta y en Melilla, pero ha aumentado en Canarias, ya que las fuerzas de ocupación no hacen nada para controlar las pateras de lujo procedentes del Sáhara Occidental. Las fuerzas de seguridad marroquíes se muestran más cooperadoras, aunque a veces demasiado, como en el caso de los incidentes en las vallas de Melilla en los que dichas fuerzas causaron 23 muertos en territorio español, actuación que Grande-Marlaska -el peor ministro del Interior de la democracia- consideró proporcionada, pese a haber sido condenada por la mayoría de partidos, incluidos algunos de los aliados del Gobierno. Marlaska ha sido condenado por el TS por la devolución a Marruecos de menores marroquíes, por hacerlo sin cumplir las normas nacionales e internacionales.
Una prueba del chantaje permanente de Marruecos en materia migratoria es que, nada más conocida la prevista visita de Albares a Argelia, las playas de Ceuta se llenaron de repente de inmigrantes procedentes de Marruecos -hasta 150 en un día-.
Tras conocerse el aplazamiento de la citada visita, se acabaron con igual celeridad las excursiones natatorias de los jóvenes marroquíes ,y los gendarmes sacaron amablemente de las aguas algunos de los excursionistas. Los dos países cerraron un compromiso para la protección y la garantía de los derechos humanos, pese a que Marruecos ocupaba militarmente el Sáhara Occidental de forma ilegal , por lo que ha sido condenado en diversas ocasiones por el Consejo de Europa, la UE y la Unión Africana. Como premio a su ejemplar trayectoria en la materia, Marruecos acaba de ser elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de las críticas de muchos miembros por su reiterada violación de los derechos humanos en el Sáhara. La presidencia correspondía al Grupo Africano, pero no hubo consenso ante la candidatura concurrente de Sudáfrica y hubo que recurrir al voto, por segunda vez en la historia del organismo. Marruecos se impuso por 30 votos a 17, habiendo sido penalizada Sudáfrica probablemente por su demanda ante el TIJ contra Israel por la comisión de actos de genocidio en Gaza. El lobo puesto al cuidado del redil.
El pasado día 9 se produjo el lamentabilísimo suceso del asesinato por unos narcotraficantes de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. Sánchez ni se molestó en trasladarse al lugar de autos -como habría hecho cualquier presidente de Gobierno normal-, sino que se limitó a mandar un frío “twit” de circunstancias para expresar su ”sentido pésame” por el fallecimiento de los agentes, como si lo hubiera provocado por un “mal aire”. Prefirió asistir a una gala del cine y a un desfile de modas, para recibir el halago empalagoso de una hortera, que lo calificó de “icono”, y llevaba razón. Sánchez es un icono de la mala política y de la falta de empatía y de escrúpulos. La culpa no fue de los narcos sino de Eolo, quien -según el impresentable de Pachi López- sopló con tanta fuerza que las pobres lanchas piratas tuvieron refugiarse en la dársena de Barbate y, ante la provocación de los guardias -que osaron salir a su encuentro en una balsa de juguete inflable, siguiendo una orden absurda y temeraria de la que ahora nadie se quiere responsabilizar-, los narcos no tuvieron más remedio que defenderse de la agresión, partir por la mitad la frágil barquichuela tras embestir contra ella, asesinar a dos agentes y herir a otros dos.
Según Maite Rico, Barbate ha dejado preguntas tan legítimas como preocupantes: ¿Por qué Marlaska desmanteló hace año y medio la unidad de élite que había puesto en jaque a la mafia del estrecho, sin avisar previamente a los fiscales antidroga ni a las autoridades judiciales de Andalucía, como ha reconocido el fiscal general, Álvaro García Ortiz ¿A quien estorbaba su eficacia? ¿Tenía alguna relación con el ”hackeo” del teléfono de Sánchez con el programa Pegasus? Sánchez y el Gobierno se han negado a dar cualquier tipo de explicación sobre el tema pese a que las interferencias afectaron también a los teléfonos de los ministros de Defensa y de Interior, como anunció dramáticamente el entonces ministro de Presidencia Félix Bolaños. El asunto no ha sido suficientemente investigado por la Fiscalía so pretexto de que Israel no había colaborado al no responder a las comisiones rogatorias solicitadas.
El portavoz de JUCIL, Agustín Leal, ha insinuado que el desmantelamiento del Organismo de Coordinación del Narcotráfico -OCON-Sur- en septiembre de 2022, podría estar relacionado con Marruecos, que tanto se beneficiaba del comercio ilegal de hachís, de1 que es uno de los principales productores, En este país, no solo la actividad política, sino también la económica, están totalmente controladas por el Majzen -el Sultán y su entorno de oligarcas- y no se mueve una hoja de parra sin el conocimiento y la anuencia de Mohamed VI. Cabe citar un antecedente en 1995 cuando se descubrió en Algeciras un alijo de hachís en un camión de frutas de la empresa “Domaine Royaux”, propiedad de la familia real marroquí. “Diario-16” publicó la noticia bajo el titular “Una sociedad familiar de Hassan II implicada en tráfico de estupefacientes”.
Incluía información de “Le Monde” y del “Herald Tribune” que señalaba que el tráfico de estupefacientes era la principal fuente de divisas de Marruecos y en él estaban implicadas personas cercanas al Rey. Éste demandó por calumnias al periódico y a su director, José Luis Gutiérrez, que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Gutiérrez apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2010 -15 años más tarde- le dio la razón.
Las autoridades marroquíes no hacen lo más mínimo para impedir la libertad de movimiento de las narcolanchas en sus aguas jurisdiccionales, y las mordidas y los sobornos a funcionarios y agentes están a la orden del día. Se trata de una acusación grave, pero verosímil, que convendría investigar, aunque sea sumamente difícil hacerlo
Como ha señalado Rafael Moyano, la más arriesgada política relaciona la desaparición del OCON-Sur con el reforzamiento de las relaciones con Marruecos, a cuya economía estaba haciendo daño el éxito de la lucha contra el tráfico de hachís. “Dos vidas sepultadas por una narcolancha asesina merecen no una, sino muchas explicaciones”.
Deterioro paralelo de las relaciones con Argelia
La “carta marrueca” de Sánchez a Mohamed VI y el cambio radical de la política de España hacia el Sáhara Occidental cayeron como una bomba en Argelia, principal protector del Frente Polisario. El presidente argelino, Abdeljamid Tebbourne, declaró que el bandazo de España en el asunto del Sáhara suponía una violación de sus obligaciones jurídicas, morales y políticas, y que su apoyo a la ilegal e ilegítima propuesta de autonomía marroquí promovía un hecho colonial consumado mediante argumentos falaces. El presidente anunció la suspensión de la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y la llamada a consultas de su embajador en Madrid. Ordenó a la Banca suspender las operaciones relacionadas con el comercio con España y la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros congeló las domiciliaciones bancarias en las operaciones procedentes de España o a ella destinadas, lo que provocó una disminución considerable de las transacciones entre los dos países. Aunque señaló que se respetarían los contratos de suministros de gas y de petróleo, se disminuyó el tráfico a través del gaseoducto que conectaba Argelia con España para transferirlo al que la conectaba con Italia. El Gobierno español lamentó los pasos dados por el argelino y declaró su intención de mantener el compromiso con el Tratado y sus principios de no injerencia en los asuntos internos. No obstante, se vieron adversamente afectadas las relaciones de todo tipo entre los dos países.
Las exportaciones españolas a Argelia sufrieron una drástica caída a partir de 2022 y ésta obtuvo en 2023 un superávit histórico, ya que mantuvo sus exportaciones de gas, mientras se reducían notablemente las importaciones de productos españoles. También fueron perjudicadas las empresas españolas que operaban en Argelia, especialmente Duro Felguera con sus dos grandes proyectos, el complejo siderúrgico de Bellara y la central de ciclo combinado en Djelfa. El aumento de las transacciones comerciales entre España y Marruecos no ha compensado la disminución de las realizadas con Argelia. Tras 19 meses de vacancia, el Gobierno argelino nombró el pasado noviembre un nuevo embajador y las relaciones se han ido normalizando dentro de lo que cabe, hasta el punto de que el ministro Albares programó una visita oficial a Argel, que ha sido aplazada por la parte argelina “por motivos de agenda”. España parece más interesada que Argelia en la normalización de dichas relaciones.
Cualesquiera que hayan sido los motivos -que siguen sin conocerse por la total opacidad del protagonista-, la decisión personal de Sánchez de alterar la posición de equilibrio estratégico, político y económico de España en el Magreb, al inclinarse a favor de Marruecos en detrimento de Argelia, ha tenido consecuencias muy negativas para España. De una tacada, el presidente se ha sometido a los caprichos Marruecos sin obtener ninguna contrapartida, ha roto todos los lazos con el Frente Polisario -representante del pueblo saharaui, al que ha traicionado-, ha empeorado de forma considerable las relaciones con Argelia, ha incumplido las decisiones de la ONU y ha logrado la fractura de la política española al contar solo con el apoyo de los socialistas. Es todo un alarde de impericia política y en el aire flotan muchos interrogantes a los que Sánchez se niega a dar una respuesta. Al fin y al cabo, España y él son así.
Madrid, 15 de febrero de 2024
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