¿Autodeterminación para Cataluña?

¿AUTODETERMINACIÓN PARA CATALUÑA? El President Artur Mas reveló de forma solemne la doble pregunta que piensa someter el l9 de Noviembre de 2014 a la decisión del pueblo de Cataluña sobre su futuro político. Para salvar las apariencias constitucionales, la Generalitat ha presentado al Parlament una proposición de ley orgánica que pide a las Cortes Generales que –de conformidad con el artículo 152-2 de la Constitución (CE)- autorice al Gobierno catalán a convocar un referéndum de autodeterminación de la Comunidad. (CA) Ante la extrema gravedad de esta decisión, el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, salió de su habitual reserva para afirmar de forma categórica que la pretendida consulta es anticonstitucional por atentar contra la clave de bóveda de la CE –la unidad indisoluble de la Nación y la ubicación de la soberanía nacional en el pueblo español- y que, por tanto, no se celebrará. Esta declaración era necesaria, pero ha sido insuficiente. Deriva independentista de la Generalitat El deterioro de la situación política en Cataluña ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a raíz de la pérdida de votos de CIU en las elecciones adelantadas de 2012 y de su dependencia de ERC. Como ha señalado Jesús Cacho, el Gobierno central respondió con silencio autista, indiferencia e inacción como si este grave tema apenas le afectara, y Rajoy sólo ha utilizado una base ínfima de los recursos legales disponibles para hacer frente al reto independentista. El Ministro de Justicia, José María Ruiz-Gallardón, ha dicho que la democracia española dispone de los recursos necesarios para impedir la consulta, pero el problema radica en si el Gobierno los está utilizando de forma adecuada. Para José María Aznar, ante la ilegalidad de la convocatoria, el Gobierno debe reaccionar con eficacia, de manera proporcionada a la gravedad del desafío, que afecta a la integridad de la nación y a su continuidad histórica y democrática. Según Joseba Arregui, la Generalitat ha dado un paso que no cabe en la CE, sin la cual el Gobierno catalán no sirve para nada. Mas ha puesto las cartas sobre la mesa y manifestado la determinación de su Gobierno de lograr la independencia de Cataluña, a cuyos efectos celebrará el referéndum “sí o sí, con lo que el Gobierno catalán ha dado un paso definitivo en su insumisión institucional ante el Estado. Tras desobedecer abiertamente varias leyes estatales de obligado cumplimiento, incumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional e ignorar las decisiones del Gobierno central, ha decidido celebrar un referéndum de autodeterminación para lograr la independencia. El Estado debe emplear todos los medios a su disposición para evitar que se celebre el referéndum e –item más- que sea financiado con dinero público. Un desafío tan flagrante a la legalidad vigente tenía que haber sido frenado en seco antes de que se a llegara al borde del precipicio. Rajoy debería haber tomado la iniciativa, en vez de mantenerse en la expectativa e ir reaccionando tardíamente a los pasos dados por el independentismo catalán. Como ha observado Ramón de Veciana, ha seguido la misma política que en el caso del “Prestige”: alejarlo de la costa y esperar a que el tiempo arreglara lo que era incapaz de resolver, sin darse cuenta de que –al igual que en la mecánica de los fluidos- el espacio político que no ocupen las instituciones del Estado son automáticamente ocupadas por el nacionalismo. Con su pachorra habitual, Rajoy ha pedido a los periodistas que estén tranquilos y no se pongan nervosos, pues todo acabaría bien. Ha manifestado que no teme una declaración unilateral de independencia y dejado caer de forma chulesca que habría que ver a quién le daba más vértigo. Instrumentos del Gobierno central para hacer frente al reto secesionista Sin llegar a la “última ratio” del artículo 155 de la CE –que permitiría al Gobierno central obligar a la Generalitat al cumplimiento forzoso de sus obligaciones- dispone aquél de una panoplia de instrumentos jurídicos para corregir a la oveja descarriada. Debería hacer un requerimiento al Gobierno catalán para que abandone su proyecto secesionista y, si no lo hiciere, acusar a sus autoridades de usurpación de atribuciones, de conformidad con el artículo 509 del Código Penal. Cabría reintroducir en el Código el delito de convocatoria ilegal de consultas, suprimido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Podría presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra disposiciones y resoluciones adoptadas por la Generalitat, y contra leyes aprobadas por el Parlament, de acuerdo con el artículo 161 de la CE. Podría –y debería- tomar asimismo medidas de carácter económico para tratar de hacer entrar en razón a los díscolos nacionalistas, conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite intervenir las cuentas de una CA incumplidora, ya que Cataluña no ha respetado los límites de déficit fijados para 2012, ni parece que vaya a respetar los previstos para 2013 y 2014. El inefable Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, no sólo se ha tragado sus bravatas intervencionistas, sino que –a medida que subía el clamor de la Generalitat por la supuesta explotación del Gobierno central- ha ido aumentando las concesiones a la “explotada” Cataluña: autorización de un “déficit a la carta”, créditos de €28.000 millones, préstamo de €1.506 millones para abonar facturas pendientes, ampliación a 5 años del pago de €2.475 millones que debería hacer en 2014, y transferencia de la recaudación por el impuesto sobre el patrimonio, por valor de €838 millones. ¡Ya quisieran otras Comunidades ser explotadas de esta manera!. Ni siquiera se ha atrevido a condicionar estas cuantiosas ayudas y excluir su uso para el abono de gastos destinados a llevar a cabo el proceso secesionista o de financiación de actividades identitarias, como el mantenimiento de su “servicio diplomático”, la expansión de la lengua catalana fuera de Cataluña o la subvención de los medios de comunicación, utilizados de forma “goebeliana” para expandir el independentismo. El Gobierno central debe ayudar a cualquier CA en apuros, siempre que ésta le corresponda con un mínimo de lealtad institucional. Ha alegado que el pueblo catalán no tiene culpa de los desmanes de sus dirigentes –Soraya Saéz de Santamaría- o que el Gobierno no castigará a la Generalitat porque estaría sancionando a los catalanes- Dolores de Cospedal-, pero el pueblo tiene que asumir los costes de la incompetencia de su Gobierno y –si no está de acuerdo con él- cambiarlo. Lo que resulta inconcebible es que el Gobierno central pague encima la cuerda con la que va a ser ahorcado. Inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación El PSOE ha respaldado al Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que “no estamos ni estaremos jamás con el derecho de autodeterminación”, pero –dicho esto- ha mostrado su talante “pastelero” al recomendar a Rajoy que explore vías de negociación para “evitar un choque de trenes”. Pero, ¿negociar con quién y para qué?. ¿Con quienes se sitúan al margen de la legalidad y para decidir sobre el derecho a decidir?. Miquel Roca ha afirmado que, para resolver el problema catalán, sólo hay que tener voluntad política y no refugiarse en obstáculos legales, y Miguel Herrero que el proceso secesionista no se frenará invocando una norma jurídica -ni siquiera la CE-, y que, sin reformarla, bastaría con introducir en ella una “mutación” para renovar la identidad nacional de Cataluña. Pero, como ha señalado Carlos Cuesta, en un Estado de Derecho no puede haber más vía que el cumplimiento íntegro de la Constitución. Por supuesto que se puede reformar ésta como pretende el PSOE con su propuesta federal, si se hace de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, mas aún suponiendo que tal fuera posible, estoy convencido de que la introducción de un sistema federal que estableciera la igualdad de todos los Estados federados no sería aceptable para el nacionalismo. Como ha observado Javier Banegas, los nacionalistas catalanes han reescrito el pasado y ahora pretenden reescribir el futuro de todos los españoles. El Gobierno de la Nación no puede ni debe permitir la autodeterminación de Cataluña en detrimento del resto de España. Madrid, 23-XII-2013.