El aborto no pues ser un derecho

EL ABORTO NO PUEDE SER UN DERECHO El pasado día 20 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de protección de los derechos de los concebidos y de la mujer embarazada, por la que se deroga la Ley de 2010 de salud reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y se vuelve a la regulación de supuestos prevista en la Ley de 1985. La reacción de la progresía izquierdista ha sido fulminante y desorbitada. Una conocida feminista ha afirmado que la ley de plazos es técnicamente más aséptica e ideológicamente más honesta, pues los supuestos conducen a las trampas, y que no puede haber consenso porque la equidistancia resulta metafísicamente imposible, al no existir un punto medio entre el bien y el mal. IU ha calificado el texto de ataque frontal a los derechos fundamentales de la mujer. La normalmente ponderada Rosa Díez ha desbarrado al observar que la ley de supuestos ha fracasado y volver a ella sólo puede obedecer a motivos espurios, pues sacar una ley confesional que no pide casi nadie es una corrupción intelectual.. El más vehemente ha sido el PSOE liderado por la Juana de Arco del abortismo, Elena Valenciano, que ha dicho una sarta de insensateces: que la ley trata a las mujeres como incapaces, termina con su libertad, atenta contra su dignidad, las obliga a parir hijos con graves malformaciones y pretende acabar con la maternidad. No es una ley contra el aborto, sino contra la mujer, y supone la más grave restricción en la Historia de sus derechos. Ha llamado a zafarrancho de combate y convocado en Madrid a las Brigadas Internacionales pro-Aborto. En cambio, grupos pro-Vida –como “Derecho a Vivir”- han reclamado el “aborto cero” o, al menos, la supresión del supuesto de riesgo para la salud mental de la gestante El anteproyecto ha pasado a examen de los altos organismos consultivos del Estado, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el Gobierno no cambiará los principios inspiradores de la ley ni los supuestos en los que el aborto será legal. Evolución de la regulación del aborto Cuado se redactó la Constitución (CE) se debatió el derecho a vivir y surgieron discrepancias sobre si el feto podía o no ser considerado como persona. Para consagrar su protección, se recurrió en el artículo 15 a la fórmula “todos tiene derecho a la vida”, en contraste con la de “toda persona” -utilizada en los demás artículos relativos a los derechos fundamentales-, que fue consensuada por todas las fuerzas políticas, incluidas las de izquierda. A principios de los años 80 surgió una cierta demanda social para despenalizar el aborto en ciertos casos como consecuencia de la descristianización de la sociedad española. El Gobierno socialista introdujo en su ley de 1985 lo tres supuestos eximentes generalmente aceptados: violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o mental de la madre. Pese a la interpretación restrictiva dada por el Tribunal Constitucional (TC) a este último supuesto –a cuyo amparo se ha realizado el 97% de las interrupciones de embarazo-, fue utilizado de forma excesivamente laxa por las clínicas abortistas, con la condescendencia de sectores judiciales como la Audiencia Provincial de Barcelona, que exoneró al Dr.Morín de la comisión de 89 abortos ilegales. Durante sus ocho años del mandato, José María Aznar respetó la ley del aborto, pese a resultar inaceptable para algunos sectores del PP, siguiendo el acertado criterio de que el Gobierno debe velar por los intereses de todos los ciudadanos y no sólo por los de los que sean de su cuerda. El PSOE no incluyó en su programa electoral de 2004 la modificación de la ley, pero, seis años mas tarde, el Gobierno socialista la cambió radicalmente –de forma inopinada y sin que mediara una demanda social- con la introducción de un cuarto supuesto de aborto libre durante las primeras 14 semanas del embarazo, con lo que condonaba un homicidio cualificado. Amén de una serie de anomalías –como la posibilidad de que las menores abortaran sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores- el “dúo dinámico” formado por José Luis Rodríguez Zapatero-Bibiana Aído cruzó el “non plus ultra” y, por arte de “birlibirloque”, transformó un delito en un derecho, en contra de la ley natural, los tratados internacionales, la CE y el sentido común. El PP presentó ante el TC un recurso contra la ley –que aún no ha sido resuelto-, incluyó en su programa electoral la revocación de la ley Aído, y ha aprobado a tal efecto un anteproyecto de ley que sólo mantiene las excepciones de violación y de riesgo para la salud física y psíquica de la gestante, aunque aumentando los controles para evitar fraudes. Suprime los supuestos de plazo y de malformación del feto, que ha sido lo más criticado, incluso por líderes del PP, como la alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, que ha señalado que en ocasiones el aborto terapéutico es aconsejable. Ha habido disparidad de opiniones sobre su interpretación.¿Está justificado el aborto cuando el feto sufre del síndrome de Down o de malformaciones causadas por drogas como la talidomida?.Hay que tener en cuenta las normas internacionales sobre igualdad de derechos de los discapacitados Podría quedar cubierto por el supuesto de riesgo para la salud mental. La nueva ley recupera la dignidad del hijo sin criminalizar a la madre, que en ningún caso podrá ser encarcelada. Prioridad del derecho a la vida No se trata de un problema ideológico ni de conciencias, sino de derechos. Con independencia de sus convicciones personales, todos han de respetar la ley. El derecho a la vida es el más importante de todos y constituye un presupuesto básico para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Al contrario de lo que pontifica la “regresía” izquierdista –que se arroga el monopolio de la superioridad moral-, lo que es progresista es defender la vida, mientras que apoyar la muerte es retrógrado. No se produce un conflicto entre ideologías, sino entre los derechos de la gestante y los del concebido. El derecho de la mujer sobre su propio cuerpo no es absoluto, pues –si lo fuere- quedaría justificado el suicidio o la eutanasia- y además puede entrar en colisión con el derecho del feto, que no es una mera excrecencia corporal de la madre que pueda ser extirpado como una muela careada o un tumor maligno. Según ha reconocido el ex-Presidente del Senado, José Bono, el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta, y –como dictaminó el TC en 1985- “los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida de del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional”, por lo que el Gobierno debe protegerlo. Contradicciones de la izquierda supuestamente progresista La izquierda, y el PSOE en particular, están sumidos en la contradicción. Reformaron la ley del aborto pese a que no lo habían previsto en su programa y acusan al PP de hacerlo cuando sí figuraba en el suyo, exigen el voto secreto cuando se negaron a ello en 2019 al votaarse la ley Aído, y presumen de luchar contra la pena de muerte y de proteger a los más débiles, mientras no dudan en eliminar al ser más indefenso y desprotegido. No son consecuentes con su consideración del aborto como un derecho pues –si tal derecho existiera- no habría que establecer plazo alguno y el “feticidio” podría realizarse hasta minutos antes del nacimiento. El nasciturus tiene derechos o no los tiene y, si los tiene, no hay razón científica ni jurídica para que se les nieguen durante cierto tiempo, ya que es titular de dichos derechos desde su concepción. El aborto es un drama personal y un fracaso social, y –como ha señalado la profesora Adela Cortina- es indeseable y en ningún caso, figura en el proyecto vital de una mujer. Por ello, el Gobierno debe velar para que no se realice más que cuando sea estrictamente necesario y proteger a la mujer embarazada tanto con medidas personales –apoyo psicológico, moral y económico-, como sociales –protección de la familia, conciliación laboral o facilitación de escuelas maternales-. El principio de “no matarás” está avalado por todas las religiones y creencias, y grabado en la conciencia del ser humano, por lo que su violación en modo alguno puede ser considerada como un derecho. Madrid, 30-XII-13