lunes, 10 de septiembre de 2018


ANIMOSIDAD DE LA JUSTICIA BELGA CONTRA ESPAÑA

            La Justiciabelga ha dado reiteradas, muestras de falta de cooperación con las autoridades judiciales españolas por considerar un país no suficientemente democrático y sus tribunales carentes de independencia y fiabilidad. En más de una ocasión se han negado a conceder la extradición de criminales etarras reclamados porla Justiciaespañola así que pretexto de que no recibirían un juicio justo. Con la incorporación plena de España ala Unión Europea y su aceptación de la normativa relativa a la Orden Europea de Detenciómn y Entrega (OEDE) no se ha ha mejorado la situación.

            La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó una OEDE contra el ex -Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont  y cuatro de sus antiguos Consejeros –Toni Comín, Luis Puig, Maritxell Serret y Clara Pomnsatí- por los delitos de  de sedición, prevaricación, desobediencia y malversación. El magistrado del Tribunal Supremo que le sucedió como Instructor del caso del 1-O, Pablo Llarena, retiró la orden y la rehizo, con el fin de reclamarlo sólo por[1] los delitos de rebelión y de malversación.si bien más tarde añadió el de sedición .El Tribunal competente de Bruselas dio largas a la petición, pese a su carácter urgente, y finalmente rechazó tramitar la orden poer razones formales, alegando que no existían órdenes de arresto nacional válidas que se correspondieran con el contenido de la ejecución, pese a que Llaresa le aseguró que, conforme al Derecho español, no era necesario emitir una nueva orden de arresto, dado que seguía estando vigente la expedida por la magistrada de la Audiencia Nacional.

            Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la Embajada de España en Bruselas enviaron sendas Notas Verbales a la Embajada de Bélgica en Madrid y al Ministerio belga de Asuntos Exteriores respectivamente para protestar por la intromisión de la Justicia belga en la jurisdicción española. En su primera comparecencia ante el Congreso, el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,  aseguró que, en términos de calidad democrática, las instituciones españolas estaban mejor valoradas que las belgas, según los principales medidores internacionales.

Un grupo informal de cincuenta antiguos Embajadores escribimos una carta abierta a nuestro colega belga en España, Marc Calcoen –publicada en el “ABC” del 22 de Mayo-,  para expresarle nuestra sorpresa, preocupación e indignación por el comportamiento que estaban teniendo  con España el Gobierno y las autoridades judiciales de Bélgica en relación con el ex-Presidente Puigdemont y cuatro antiguos Consejeros del Govern prófugos de la Justicia española. De esta proceder se deducía un alto grado de desconfianza, que no se compadecía con el hecho de que España fuera un Estado miembro de la UE, Parte en todos los Convenios sobre Derechos Humanos y fiel cumplidor de sus disposiciones. Le rogábamos que hiciera llegar a su Gobierno nuestras inquietudes –compartidas por la mayor parte de la opinión pública española- en la confianza de que reconsiderara su inamistosa actitud hacia España, un Estado socio en el seno de la Unión y aliado en el marco de la OTAN. Desgraciadamente no fue así.  El Embajador  ni se molestó en contestar a nuestra misiva y las autoridades belgas continuaron su actitud hostil hacia la Justicia española.

Determinado a frenar como fuera la acción reparadora de la Justicia que encarnaba el magistrado Llarena. El Parlament decidió el 24 de Abril querellarse contra el Instructor del proceso del 1-O y, el 18 de Junio, el Presidente Torrent presentó una denuncia contra Llarena y otros tres magistrados, por vulnerar los derechos políticos de los diputados encarcelados. El tribunal Supremo archivó la denuncia por defectos de forma, ya que Torrent no había recurrido a la formulación de la preceptiva querella.

Siguiendo esta misma tónica de hostigamiento a, y descrédito de la Justicia española en el plano internacional, Puigdemont y sus tres ex-Consejeros fugados a Bélgica presentaron el 5 de Junio ante un juzgado de Bruselas una querella criminal contra Llarena  por vulneración de la presunción de inocencia de los procesados y una demanda civil de reparación de daños. La base para la querella no podía ser más superficial y frívola: unas palabras pronunciadas por el Instructor el 22 de Febrero en Oviedo, tras la celebración de un encuentro de penalistas:”Un delito político son [sic] aquellos comportamientos que normalmente estarías sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido de la motivación que haya llevado a una persona a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados”. La frase era perfectamente inocua, pero fue modificada den su versión al francés, para hacerle decir lo que no dijo y encontrar un remoto fundamento a la disparatada querella. En vez de traducir  et si c´est ce qui s´est produit” por “si es que ha sido así”, lo han traducido por “et oui. c´est ce qui s´est produit” –“ y si, esto ha sido así”-, lo que cambiaba completamente el sentido. El abogado español de Puigdemont, Gonzalo Boyé trató de quitar hierro al asunto alegando que se trataba de un simple error de traducción –“trasduttore, traditore”-, pero la traductora dijo que ella no había hecho esa traducción. Los tiros apuntaban hacia el propio abogado,  que ha sido denunciado ante el Colegio de Abogados por el europarlamentarrio  Enrique Calvet. Boyé comentó que el magistrados debería  tener  boca cerrada cuando hablabanra público sobre la causa que estaba instruyendo y que el mero hecho de que Llarena hubiera realizado una declaración en público sobre el caso del 1-O fuera de su juzgado  era elemento suficiente  para sostener la demanda. Es cierto que el comentario de Llarena fue inoportuno –según el refrán castellano, “en boca cerrada no entran moscas”-,  pero sus palabras fueron falseadas a sabiendas en su traducción al francés –idioma en el que se presentó la demanda- para reforzar los argumentos de los querellantes.

Según Francisco Pascual, aunque la querella iba dirigida formalmente contra Llarena, emn realidad se trataba de una crítica feroz contra el Estado español,  del que cuestionaba la independencia judicial y el adecuado funcionamiento de la justicia. En efecto, en ella se afirmaba que España era un lugar donde se perseguía a las minoría  por su ideología nacionalista y sus simpatizantes sufrían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La Justicia había sido incapaz de abordar la cuestión  catalana de manera imparcial, lo que llevaba a jueces y fiscales a vulnerar la presunción de inocencia. Uno de los máximos exponentes de este sistema era Llarena, que había dictado múltiples decisiones que habían demostrado claramente su falta de imparcialidad, amén  de otras violaciones de los derechos fundamentales universales. El magistrado recibiría una compensación adecuada en el momento oportuno.  El tenor de la denuncia estaba casi íntegramente dedicado a describir al Estado español como una especie de tiranía en la que la independencia judicial era inexistente. Situaba a España junto a Kazajstán entre los Estados delincuentes que se negaban a someterse a los principios que regían la comunidad internacional.

Por otra parte, Puigdemont y sus cuatro Consejeros mantuvieron que, con sus palabras, Llarena había ofendido su honor e integridad política y moral y había mostrado una falta de imparcialidad que lo inhabilitaba para continuar con la instrucción del caso.  Por ello presentaron al mismo tiempo una acción civil para resarcimiento de daños, en la que pidieron una indemnización simbólica de un euro. Los fundamentos de la demanda eran aún más disparatados que los de la querella. Se basaba en un Reglamento de la UE relativo a la competencia judicial en materia civil y mercan, que permitía reclamar responsabilidad civil por hechos dañosos  en el lugar donde se produjeran los efecto del daño. Según Nicolás González Cuéllar, el Reglamento en cuestión no era obviamente de aplicación al caso, dado que los daños producidos por el funcionamiento anormal de la jurisdicción española no podían verse resarcidos mediante acciones civiles ni mercantiles y, por otra parte, no correspondía su enjuiciamiento a ninguna jurisdicción distinta a la española, salvo en el caso de intervención de tribunales internacionales. Los autores de esta farsa procesal no reclamaban por un supuesto perjuicio derivado de una palabras  pronunciadas en un ámbito particular y sacadas de su contexto, sino por la actuación `procesal del magistrado Llarena. Tales palabras se encontraban referidas a su desempeño judicial y carecían de  relevancia jurídica por sí mismas .Eran palabras de una neutralidad exquisita, pero –aún en el supuesto hipotético de que alguna expresión  hubiera supuesto una falta de neutralidad* las consecuencias legales que de ello se derivarían, tampoco correspondía dilucidarlas la jurisdicción belga.

Se acusaba al Ministerio de Justicia de estar en connivencia con el magistrado para deslegitimar a los líderes independentista. Llarena era como una especie de agente del Estado cuya única intención era extinguir o mitigar su acción penal contra los procesados, si éstos renunciaban a su proyecto político independentista. El Ministerio estaba en el ajo de la operación, como demostraba el hecho de que publicara sistemáticamente sus decisiones . El volumen de búsquedas del CGPJ  no registraba menos de 307 entradas a su nombre.  


Actitud insolidaria del Gobierno de Sánchez con Llarena

            La titular del juzgado de Bruselas, Anne Dessy, admitió a trámite la querella contra Llarena y lo citó para que declarara  ante el Tribunal bruselense el  4 de Septiembre. El magistrado –que consideraba que la juez carecía de competencia- pidióel 15 de Agosto amparo al CGPD, que se le concedió al instante por considerar que la querella suponía una flagrante y burda ofensiva  y un ataque planificado de Puigdemont contra la independencia de la Justicia española, con el objetivo de desacreditar ante la opinión pública internacional la instrucción del proceso penal instruido contra él y sus colegas del Govern.  El Consejo requirió a los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores que tomara las medidas necesarias para “asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los Tribunales del Reino de Bélgica”. El Servicio Jurídico del Estado informó de que  era necesario contratar un abogado en Bélgica a la mayor brevedad, ya que concurrían los requisitos previstos para que el Estado asumiera la defensa de Llarena en Bruselas y la Fiscal General, Consuelo Castro, afirmó  que el magistrado había sido demandado por el legítimo ejercicio de instructor de un procedimiento penal que se seguía en l Tribunal Supremo.

            El ministerio de Justicia, sin embargo, publicó un comunicado en el que decía  que no defendería en ningún caso a Llarena por los actos privados que se le atribuían, pues ello supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajenas a su función judicial, y sólo se personaría en el proceso si, en el momento de admitir a trámite la querella, las autoridades judiciales belgas mencionaban, entre sus argumentos, hechos o datos de la causa penal seguida contra los demandantes. La Vicepresidenta Carmen Calvo  rehusó dar  el  respaldo del Gobierno a Llarena y afirmó que el  amparo legal y el apoyo al magistrado correspondía al Poder Judicial y que el Ejecutivo se limitaría  a defender la soberanía de la jurisdicción española.

            Según Ignacio Camacho, los golpistas fugados querían desacreditar la imparcialidad de un miembro del Tribunal Supremo a escala europea y el Ministerio de Justicia entendía que la cuestión no le afectaba. El Estado al que Llarena representaba y defendía le había mostrado la palangana de Pilatos, pero si la querella de los prófugos  tenía éxito en  la muy proclive justicia belga, las salpicaduras de esa simbólica jofaina mojarían a la nación entera. Para Salvador Sostres, Llarena importaba por lo que era, pero sobre todo por lo que representaba. Su instrucción contra el golpe de Estado que se había producido en Cataluña  era mucho más que un auto judicial, pues constituía la respuesta de un Estado de Derecho al intento de ser derrocado por  una minoría  rebelde. Era sólo un juez, pero encarnaba el concepto de Justicia y de Democracia en el que se basaban los países libres. “El Mundo  observó que la querella perseguía la inhabilitación de Llarena por su afirmación de que en España no había presos políticos. Que la Justicia belga creyera lo contrario o que la Ministra española de Justicia escamoteara el respaldo oficial del Gobierno al Juez Instructor como si su afirmación  fuera una cuestión personal  resultaba patético. La querella era jurídicamente infumables y los pretextos formales de Dolores Delgado insostenibles.

El hecho de que el Gobierno no viera en la querelladle Puigdemont  et all” un ataque a la justicia y a la democracia española en su conjunto .  tenía atónitos a los miembros de la comunidad judicial., que no comprendían que el Gobierno  considerara el asunto como  una cuestión particular de Llarena, cuando era evidente que éste actuaba  como representante del Estado y que  una actuación de este tipo nunca podía ser considerada como privada El presidente de la Asociación Profesional de Jueces, Manuel Almenar, comento que el Gobierno debería actuar sin reserva, porque  se trataba de defender, no sólo a  Llarena, sino también  a  la soberanía española. La afirmación gecha por el magistrado de que los querellantes no eran presos políticos no vulneraba ninguna presunción de inocencia, sino que suponía la defensa del Estado democrático español ante quienes  ante quienes lo cuestionaban en el extranjero. La querella no  era más que un pretexto para  cuestionar la instrucción de la causa y la función jurisdiccional de los Tribunales españoles  y someterse a la jurisdicción de los Tribunales de otro país. Tal era la pretensión de los prófugos y, frente a ella, la única postura lógica del Estado era adoptar las medidas jurídicas adecuadas para defender la independencia de los jueces españoles y la soberanía jurisdiccional del Estado español. Por su parte, el Presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, señaló que no tenía sentido que un juez que instruía un proceso en un Estado miembro de la UE fuera demandado en otro Estado miembro en el ejercicio de su función jurisdiccional.  Para el CGPJ, el único fin de la querella era condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales que pudieran adoptarse. La demanda transcendía una cuestión privada , pues Llarena había sido demandado por su papel jurisdiccional en la instrucción de la causa y la alusión a su comentario sobre la inexistencia de presos políticos en España no era más que un pretexto para poner en tela de juicio la imparcialidad del magistrado durante la instrucción.  Todas las asociaciones de jueces y fiscales  -a excepción de la Asociación de Jueces para la Democracia- pidieron al Gobierno que defendiera a Llarena, incluida la Unión Progresista de Fiscales  de la que formaba parte  la Ministra Delgado -a la que recriminó su proceder-,  porque la querella de los líderes independentistas suponía un grave atentado contra la soberanía del estado y contra la independencia de  los órganos jurisdiccionales españoles.

El encendido clamor judicial cruzó el Atlántico y llegó a los oídos de Pedro Sánchez , que estaba de gira por Iberoamérica, y el Presidente del Gobierno desautorizó a su Vicepresidenta y a su Ministra de Justicia y dio en el tema un giro de 180 grados., El Ministerio de Justicia aseguró con  el mayor desparpajo que el ejecutivo había atendido a todas las indicaciones del CGPJ y defendido los intereses de España, conforme  a las normas del ordenamiento interno y del derecho europeos. Desde el principio había dado una respuesta positiva  al CG,PJ y actuado con total diligencia en el asunto,  y que seguiría atendiendo las peticiones que el futuro le hiciera el Poder Judicial. Señaló que, desde hacía días, había iniciado los mecanismos para la defensa de la soberanía  jurisdiccional española y del juez Llarena.

ERC, PDseCAT y Unidos/Podemos criticaron el cambio de actitud del Gobierno y su asunción de la defensa de Llarena ante los tribunales belgas. Así, Gabriel Rufián manifestó que ello mostraba la poca o nula separación de poderes en el Estado español y censuró al Gobierno que hubiera asumnido la defensa de un juez que “se ha mostrado lacayo de según que despachos de Génova 13. El Presidente del PP, Pablo Casado, reprochó  al Gobierno sus bandazos en relación con una demanda que era una afrenta a todo el Poder Judicial español y pidió a la Fiscal General  que estudiara la posibilidad de quie el Gobierno se querellara contra la juez belga.

El Gobierno contrató los servicios del bufete Liederkerke /Wolster /Waelbroek /Kirpatricks por un precio global de 595.000 euros para que defendiera a Llarena y al Estado español en Bélgica. El Ministerio de Justicia no  pudo resistir la mezquina tentación  de filtrar a los medios de comunicación esta suma ´-no desembolsada aún- , para que se supiera lo que Llarena costaba al erarios público, sin explicar que se trataba de una cantidad  presupuestada que sería utilizada en función de las horas de trabajo que dedicaran al caso los abogados del bufete.

La primera sesión en el Juzgado de primera instancia bruselense se celebró el  4 de Septiembre y en ella estuvo presente el abogado de España, Hakim Boulabah., quien solicitó un aplazamiento de la sesión con el fin de tener más tiempo para preparar la defensa de Llarena  y solicitó que  el caso fuera resulto por un tribunal de tres jueces, en vez de uno uninominal. No se entró en el fondo del asunto, pero avanzó que la defensa cuedtionaría la competencia de los Tribunales belgas para juzgar el caso.  Las juez Dessy acordó aplazar la sesión hasta el 15 de Septiembre.

La plataformas de juristas Movimiento 24Dos había anunciado que si la juez bruselense decidía iniciar el proceso se querellaría contra ella ante los Tribunales españoles. Tras la celebración de la primera vista, el Movimiento –al que se ha sumado Vox- presentó en la Audiencia Nacional una querella contra Dessy por prevaricación judicial y usurpación de funciones, al no haber rechazado de plano  la querella  y haber citado a las Partes a otra actuación procesal. Asimismo demandaron a Puiggdemont, a los cuatro ex–Consejeros prófugos y la traductora, por falso testimonio y por falsedad documental. Según la querella, la juez belga trataba de quebrantar la jurisdicción española, amedrentar al magistrado y perjudicar el desarrollo de la causa principal.


             Como señaló el Presidente del Movimiento, González-Cuéllar, los autores de la demanda pretendían –además de entorpecer la labor de Llarena- dañar la imagen de España en el extranjero, presentarse como víctimas de un Estado tiránico, disculparse ante sus correligionarios por su cobarde huidas a la acción de la justicia y colocar a Puigdemont en la primeras línea de la actualidad mediática. Fraudulenta y falsaria, la demanda constituía un claro ejemplo de maniobra torticera. Aunque formalmente dirigida contra el magistrado, materialmente perseguía violar la integridad y la dignidad de la Justicia española. Con base en un relato inventado de los hechos, esperpénticos juicios de valor y la manipulación de una traducción, pedían a una juez belga que revisara la actuación procesal de un magistrado español.

            La juez belga no debería haber abierto la vía al examen del fondo de una demanda a todas luces extemporánea y tenía que haberla descartado de raíz desde el principio, dada su manifiesta incompetencia. Su actuación ha supuesto la intrusión antijurídica de una juez extranjera en la jurisdicción española, pues –como señaló el Presidente del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso- en ningún caso puede ni debe ser fiscalizada la jurisdicción española por los tribunales de un tercer Estado.

Caso Valtòncyc

            Una muestra más  de la inamistosa actitud de la Justicia belga hacia España se podía apreciar en el “Caso Valtòncyc”.  Josep Miquel Arenas, a) Valtòncyc es un “rapero” mallorquín autor de canciones en las que se ataca a la Corona y se ensalza el terrorismo. Contienen frases como “la bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia civil”, “que explote un bus del PP con nitroglicerina cargado”, “el rey tiene una cita en la plaza del pueblo con una soga al cuello y que caiga sobre él el peso de la ley” o “dicen que pronto se traspasará la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla”.

            El cantautor fue condenado por la Audiencia Nacional en 2017 por apología del terrorismo, amenazas e injurias a la Corona a tres años y medio de cárcel, pero en Mayo de este año huyó a Bélgica. La Audiencia cursó el 5 de Julio una OEDE a los tribunales belgas solicitando la entrega de Valtòncyc. Un juez de primera instancia de Gante examinó la orden el 21 de Agosto y decidió posponer su decisión y concederle la libertad  provisional por estimar que no había riego de fuga. Según el abogado de Arenas, Paul Bekaert –defensor de Puigdemont y asesor de los etarras refugiados en Bélgica-, el juez había tomado esa decisión por “tratarse de un tema de principios importantes, como la libertad de expresión, y no contar la Fiscalía con información suficiente”. Arenas aseguró que no se arrepentía del contenido de sus canciones, denigró a España y a sus tribunales, y se felicitó de tener un juicio justo en Bélgica, a diferencia de “Alfons, los chicos de Alsasua o los ex-consellers que permanecen en prisión en España”. Participó en la triunfal acogida a Puigdemont a su regreso a Bruselas tras su exoneración del delito de rebelión por la Audiencia Twerritorial de Schleswig-Holstein, y ha participado activamente en todos los saraos organizados por los independentistas en Bélgica.

            La Audiencia Nacional informó que el juez belga había cometido un error en la transcripción de los delitos por los que Oportunidad de Retiro del Terrorismo, como un desajuste entre los delitos vigentes en 2012. Uno de sus abogados, Simon Bekaert, señaló que el caso era importante para marcar el límite entre lo que era aceptable entre los Estados miembros de la UE y lo que no, y que la OEDE estaba siendo utilizada para juicios políticos. Se mostró optimista porque dijo que no había doble incriminación, por lo que no se daban las condiciones para su entrega a los tribunales españoles. Otro de los abogados, Gonzalo Boye, que la Audiencia Nacional había  incluido en la orden el delito de terrorismo para llevar a cabo el procedimiento por la vía exprés, sin constatar que no había doble incriminación. Se había acreditado que no se trataba de un delito de terrorismo y de este tipo de delitos no entran en las OEDE.   

            El 3 de Septiembre, el juez belga volvió a subir al día 17 del mismo mes su decisión sobre la OEDE relativa a Valtòncyc. Este Afirmo Que ESTABA satisfecho por La Retirada de la Referencia al Terrorismo y confiaba En que no se produjera su Entrega por los Delitos de injurias a la Corona o enaltecimiento del Terrorismo. ¿Por qué? Pidió la disolución de la Audiencia Nacional por " ser un grupo de extrema derecha ". Habrá que esperar a la resolución del juez, pero los antecedentes de la conducta de los tribunales son más recientes  entrega por considerar que el reclamado no recibiría un juicio justo en España. La conducta de los tribunales belgas y su desconfianza de, y menosprecio a, la Justicia española resulta incomprensible, afecta a un Estado que es socio de Bélgica en el seno de la UE y es del todo inaceptable
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Madrid, 9 de Septiembre de 2018





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