Tras dos años de guerra, Ucrania necesita paz, pero ?qué paz?

TRAS DOS AÑOS DE GUERRA, UCRANIA NECESITA PAZ, PERO ¿QUÉ PAZ? Gran noticia inesperada: En las elecciones presidenciales de Rusia, Putin ha vencido a Putin por 87.32% de los votos e iniciará su quinto mandato. Como ha comentado el ex-corresponsal de “El Mundo” en Moscú, Xavier Colás -que ha sido expulsado del país-, Putin es adicto al poder y el poder ruso es adicto a Putin, que se ha inventado un país en el que los rusos votan regularmente, pero, en vez de cambiar de presidente, mutan las fronteras. Según el invicto líder, “la victoria en las elecciones es solo un prólogo de las victorias que tanto necesita Rusia y que sin falta llegarán”. Se refiere obviamente a la guerra ruso-ucraniana. Han transcurrido dos años desde que Rusia inició su agresión a Ucrania y ambos contendientes están exhaustos. Ucrania -mucho más débil que su vecino en población, ejército y recursos- no tendrá más remedio que hacer a una movilización general de unos 500.000 efectivos para reponer sus diezmadas tropas. Rusia lo ha hecho “de facto” recurriendo a varios subterfugios, y es probable que tenga que hacer lo propio una vez celebradas las elecciones. Proliferan los llamamientos al cese de las hostilidades y al inicio de negociaciones de paz, como ha hecho el Papá Francisco, pero habrá que ponerse de acuerdo sobre lo que se entiende por paz, su contenido y el coste a pagar por ella. Todos, salvo Rusia que es quien la ha quebrado, quieren la paz, pero ¿qué paz? ¿La de los cementerios? Ucrania, la más perjudicada En todo conflicto armado suele haber ganadores y perdedores. Enrique Calvet – en su artículo “La paz y sus posibilidades”, en “Mundo Financiero”- ha situado entre los primeros a Rusia, a Estados Unidos y la OTAN, y entre los segundos a Ucrania y, en menor medida, a la Unión Europea. No estoy de acuerdo con esta apreciación, salvo en que la principal perdedora ha sido Ucrania, pero en realidad todos han salido -hemos salido- perjudicados: la Comunidad internacional y todos y cada uno de sus miembros. Puede que algunos países -como China, India, Turquía o Irán- y algunas Organizaciones internacionales -como la OTAN- se hayan visto beneficiadas por el conflicto, pero al final todos han salido perdiendo, porque Rusia ha puesto en peligro el delicado sistema de seguridad internacional y el equilibrio de poderes hasta ahora vigente. Ucrania ha perdido Crimea y la mayor parte del Donbas -18% de su territorio-, visto destruida buena parte de sus estructuras fundamentales, sufrido gran cantidad de muertos y heridos, y sido adversamente afectada, por los gastos de guerra y por la perturbación de la producción y exportación de sus productos básicos. Volodimir Zelenski ha admitido la muerte de 31.000 soldados y no ha querido dar la cifra de heridos. Según el “New York Times”, los muertos ascenderían a 70.000 y los heridos a 120.000. Cuenta con 6. 4 millones de refugiados en el extranjero y 3.7 millones de desplazados internos. El Ejército ucraniano -contra todo pronóstico- no solo aguantó la invasión rusa, sino que pudo contraatacar y recuperar partes del territorio ocupado. Ahora la situación está estancada y los frentes estabilizados a lo largo de 1.600 km. Pese a importancia de sus numerosas bajas humanas, el principal problema de Ucrania es la falta de equipo militar moderno para hacer frente a los ataques rusos -especialmente en materia aérea y misilística- y la carencia de munición. Estados Unidos, la OTAN y la UE le han facilitado generosamente equipos y ayuda económica para su adquisición, pero lo ha hecho con cuentagotas y sin cederle aviones y proyectiles de largo alcance. Un caso típico es Alemania, que ha prometido darle la ayuda que necesite, pero se niega a entregarle misiles Taurus, que le permitirían atacar las bases de lanzamiento de misiles en territorio ruso. Como ha comentado el presidente de la CIA, William Burns, Ucrania atraviesa un momento crítico y, si no recibe pronto la ayuda que necesita, volverá a perder territorios. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que Ucrania tiene que ganar la guerra “y debe hacer un esfuerzo para ello” (¿?). Más esfuerzo que está haciendo no creo que sea posible y quienes realmente deberían hacerlo son la OTAN, la UE y sus Estados miembros mediante el suministro de armamento. Fracaso de la Rusia de Putin Otro gran perdedor de la contienda ha sido Rusia, que fracasó en su tentativa de “operación especial” para domeñar a su débil vecino en un paseo militar, que acabaría con la conquista de Kiev, el derrocamiento de Zelinski y el establecimiento de un Gobierno títere en Ucrania. Putin cometió una serie de errores de cálculo impropios de un profesional de los servicios secretos rusos: 1) Sobrevaloró la capacidad ofensiva del Ejército ruso, que ha puesto de manifiesto sus insuficiencias, al lanzarse a la aventura sin un plan estratégico y logístico suficientemente elaborado; 2) minusvaloró la capacidad de resistencia el Ejército y del pueblo ucranianos, y consideró erróneamente que la mayoría de la población rusófona y ortodoxa se uniría a las tropas de la madre patria; 3) estimó que -como en el caso de la invasión de Crimea- la OTAN y a UE no irían más allá de algunas protestas retóricas y de sanciones económicas menores, pero consiguió todo lo contrario. Su ofensiva fue un desastre y tuvo que dar marcha atrás con el rabo entre las piernas, tras haber perdido un altísimo número de combatientes -incluidas algunas de sus tropas de élite- y tuvo que recurrir a los mercenarios del Grupo Wagner y a criminales liberados de las cárceles a cambio de su alistamiento. No comparto la opinión de Calvet de que, al haber ocupado buena parte del Dombas,, Rusia volvería a tener un Estado tapón frente a Ucrania, lo que no sería posible porque, al haberlo incorporado a la Nación, tendrá que defenderlo como cualquier otra parte del territorio ruso. Putin no ha salido reforzado, antes al contrario, ya que ha sido puesta en evidencia por el fracaso de su operación especial para supuestamente impedir la invasión de Rusia por parte de Ucrania y de la OTAN, y por el motín de Evgeny Prigozhin y sus wagnerianos, que estuvieron a punto de conquistar Moscú sin apenas disparar un tiro, en medio de un fenomenal caos en el que el jefe supremo del Ejército se tuvo que refugiar en un búnker de San Petersburgo. Pasó por la humillación de tener que perdonar a los amotinados, aunque luego se librara de su jefe mediante el eficaz método de la KGB de la “eliminación por accidente”. El prestigio de Putin está bajo mínimos, aunque siga controlando dictatorialmente el país, como se ha puesto de manifiesto con el paripé de las elecciones. Según el Ministerio británico de Defensa, Rusia ha perdido 400.000 soldados y otros 100.000 mercenarios del Grupo Wagner, Aunque eso no le preocupe en demasía dada la importancia de su población en relación con la de Ucrania, más pronto que tarde tendrá que recurrir a una nueva movilización general o parcial para reponer sus muchas bajas. Ha perdido asimismo buena parte de su equipo ofensivo convencional: 7.100 blindados, 2.400 carros -el 15% de los disponibles-, 93 aviones, 132 helicópteros 320 drones y 19 buques, y tenido que recurrir a suministros procedentes de China, Corea del Norte, Irán y Turquía, especialmente de drones. Ucrania ha infligido a Rusia una notable derrota en el Mar Negro, donde ha hundido su buque insignia -el crucero ”Moskva”- y destruido el 25% de su flota, que ha tenido que abandonar sus bases en Sebastopol y desplazarla al puerto ruso de Novorosiski. Como consecuencia de este fracaso, ha sido destituido del jefe de la Armada, almirante Nicolai Yemenov. Tras el fiasco de su ofensiva, ha tenido que adaptarse a la nueva realidad y construido una línea defensiva en profundidad en los territorios ocupados. Se prepara para una guerra larga, y cuenta en su haber con el factor tiempo y con la progresiva fatiga de los Gobiernos y de la opinión pública de Occidente, y aguarda esperanzada la victoria de Donald Trump, quien ha asegurado que suprimirá o disminuirá la ayuda norteamericana a Ucrania. Putin cuenta con la ventaja de no tener que rendir cuentas ante la opinión pública de su país, que está totalmente sometida a la autocracia putinesca, y aceptará lo que le echen, al tiempo que está convirtiendo su economía en una economía de guerra. Repercusiones en la OTAN La OTAN se ha visto beneficiada porque la agresión rusa a Ucrania, lejos de aumentar la desunión dentro de la Alianza -que llevó a Emmanuel Macron a afirmar que se encontraba en estado de encefalograma plano-, ha producido el efecto contrario, pues no solo ha reforzado su unidad, sino que ha visto incorporarse a la Organización a dos importantes países europeos tradicionalmente neutrales: Finlandia y Suecia. Tiene el hándicap de contar en sus filas con unos Judas más o menos declarados -como Hungría y Turquía-, que siguen manteniendo estrechos lazos con Rusia y obstaculizan la adopción de medidas destinadas apoyar la resistencia ucraniana. La Alianza se enfrenta con el más que posible retorno de Trump, que ha llegado a declarar que alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con cualquier país miembro de la OTAN que incumpliera el compromiso de dedicar un 2% de su PIB a los gastos de defensa, lo que implicaría que, si un socio fuera atacado, Estados Unidos no acudiría en su defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del tratado de Washington. Ha asegurado asimismo que dejaría de ayudar militar y financieramente a Ucrania. El submarino húngaro, Víktor Orban -tras visitar a Trump en su residencia de Florida- ha afirmado que éste tiene planes bien detallados sobre cómo acabar con el conflicto ucraniano. No aportará ni un centavo y, con ello, se acabaría la guerra, pues Ucrania sería incapaz de mantenerse en pie sin la ayuda norteamericana. “Si los estadounidenses no dan dinero, los europeos solos no serán capaces de financiar a Ucrania y así acabará la guerra”. Solución bien simple: ”Muerto el perro, se acabó la rabia”. Incluso antes del regreso de Trump, el Congreso norteamericano, con mayoría del Partido Republicano, está bloqueando la entrega de la ayuda a Ucrania. Buena parte de los politólogos europeos -incluidos los españoles- se han dejado convencer por la tesis de Putin de que la OTAN -y especialmente Estados Unidos- son los responsables de la guerra de Ucrania. Muestra de ello son los disparatados artículos publicados en “El Liberal “ por Clemente Polo –“Dos años de guerra infame” y “Preguntas incómodas en un escenario internacional tensionado e intoxicado”-. Según el autor, Estados Unidos y Gran Bretaña serían los principales responsables de la guerra por su intento de darle la puntilla a Rusia mediante un cerco agresivo por parte de la OTAN, quien la ha acusado sin fundamento de ser una gran amenaza contra la paz mundial. Los europeos deberíamos preguntarnos si queremos preservar la preciada paz de nuestro continente o dejarnos arrastrar a una guerra infame y estéril, para defender los intereses hegemónicos de un país que ha mostrado escaso entusiasmo en buscar el entendimiento pacífico con sus adversarios políticos. “La guerra de Ucrania es una guerra regional solo útil para desgastar a Rusia, y empobrecer y debilitar a Europa, incluida la UE”. Solo cabe negociar un acuerdo de paz que asegure la seguridad de la propia Rusia frente a sus vecinos miembros que la OTAN. Dado que Ucrania no tiene posibilidad alguna de victoria, está obligada a negociar. Polo parece estar de acuerdo con Orban, quien ha afirmado que los occidentales -¿incluidos los húngaros, que forman parte de la OTAN y de la UE?- “inician guerras, destruyen mundos, modifican las fronteras de los países y se alimentan de todo como langostas”. Los pueblos de Europa temen que la UE les quite su libertad. “Si queremos preservar la libertad y la soberanía de Hungría, no tenemos otra opción que ocupar Bruselas”. Estas afirmaciones carecen del más mínimo fundamento. Rusia es un peligro para Ucrania, para sus vecinos y para la paz y la seguridad mundiales. La OTAN no ha atacado a ningún Estado, mientras que Rusia, además de invadir Georgia, ha ocupado Crimea, y la mayor parte del Donbas, y se los ha anexionado. Es cierto que la OTAN cometió una grave violación del Derecho Internacional y un considerable error político. De un lado, bombardeó Yugoslavia sin contar con la venia del Consejo de Seguridad. No tenía para ello una base jurídica, aunque sí moral, al ejercer el derecho a la intervención por razones humanitarias, con el fin de impedir los actos genocidas que estaba cometiendo Milosevic contra los yugoslavos que no eran serbios, razones de las que carecía Putin al invadir Georgia o Ucrania. De otro, la Alianza cometió un grave error político al invitar a estos dos países a incorporarse a sus filas. Rusia había tolerado el ingreso de los antiguos Estados miembros del Pacto de Varsovia e incluso de otros que -como los Países Bálticos-, habían formado parte de la URSS, pero puso pie en pared ante la posibilidad de que siguieran su ejemplo Georgia y Ucrania. No es cierto, en cambio, que la OTAN cercara a Rusia de forma agresiva y maniobrara para impedir el desarrollo político y económico de la Federación, que tuvo periodos de relación idílica con la Alianza, de lo que puedo dar testimonio personal. En mayo de 1997, Juan Carlos I visitó Moscú y se entrevistó con Boris Yeltsin, quien se quejó de que los europeos le estaban haciendo el juego a Estados Unidos con las ampliaciones de la OTAN. El monarca le contesto que la Organización no pretendía minusvalorar a Rusia, porque su seguridad era la seguridad de Europa, de la que era parte importante y en la que debería integrarse cada vez más. Lo invitó a que asistiera a la Cumbre de la OTAN que se iba a celebrar en Madrid, con lo que su asistencia permitiría demostrar al mundo que la ampliación de la Alianza no se hacía contra ella, sino en su presencia y con su participación. Yelsin no asistió a la Asamblea otaniana, pero las relaciones entre las dos Partes mejoraron de forma considerable y, poco después, se firmó el Acta Fundacional sobre las relaciones de cooperación y seguridad mutuas entre Rusia y la OTAN, por la que las Partes se comprometían a construir juntamente una paz verdadera basada en los principios de democracia, seguridad y cooperación, y a desarrollar una asociación estable sobre la base del interés común, la reciprocidad y la transparencia. Se creó un Comité Conjunto Permanente para la consulta, la cooperación y la toma en común de decisiones y, en 1998, el Gobierno ruso estableció una Misión Permanente ante la Organización en Bruselas. Se habló incluso de la posibilidad de que Rusia integrada en la OTAN La situación se degradó de forma sensible con los ataques de la OTAN a Yugoslavia y las invitaciones a Georgia y Ucrania para incorporarse a la Alianza, pero -pese a ello- hubo periodos de cooperación entre las dos Partes. En 2010, el presidente Dimitri Medvedev asistió a Lisboa a la reunión del Comité OTAN-Rusia, que adoptó una declaración conjunta que constató el inicio de una nueva etapa de cooperación con miras a establecer una Asociación estratégica modernizada, con el fin de contribuir a la creación de un espacio común de paz, seguridad y estabilidad en la zona euroatlántica. Putin rompió de forma unilateral esta positiva relación al invadir Crimea en 2014. Nula empatía del Papa con Ucrania Tras el ataque de Rusia a Ucrania, el Papa Francisco hizo una inhabitual visita a la sede de la Embajada rusa en el Vaticano, cosa que no hizo con la ucraniana, pese a haber sido la parte agredida y que casi la mitad de su población practica la religión católica. Llegó incluso a declarar que Putin podría haberse sentido obligado a invadir Ucrania porque la OTAN estaba ladrando a las puertas de Rusia. Se ofreció a mediar con Rusia y se mostró dispuesto a trasladarse a dicho país, pero no a Ucrania, y apenas ha tenido contactos con Zelenski. No solo no ha condenado explícitamente la agresión de Rusia y sus ataques indiscriminados a la población civil -para, según el Vaticano, no debilitar sus posibilidades de mediación-, sino que ha hecho unas declaraciones a una TV suiza, en la que ha instado a la agredida Ucrania a negociar con el agresor Rusia. “Creo que es más fuerte quien observe la situación, piense en la gente y tenga la valentía de levantar la bandera blanca y negociar. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, tienes que tener la valentía de negociar”. Le han contestado desde la Embajada ucraniana en Roma, que, durante la II Guerra Mundial, nadie decía que había que negociar con Hitler. Pese a ser católico comprometido -o quizás por serlo-, me parecen lamentables las palabras del Papa. Acepto la infalibilidad del Papa en cuestiones de dogma y su autoridad moral en cuestiones de religión y de ética, pero, en cuestiones políticas, el pontífice es un jefe de Estado más que puede cometer equivocaciones y, en el presente caso, las ha cometido en abundancia. Para empezar, Ucrania no está derrotada y ha resistido heroicamente hasta ahora a un enemigo muy superior en todos los aspectos, salvo en el del respeto a la justicia, a la decencia y a la democracia. Mas, aunque lo estuviera, presionar al agredido para que se entregue al agresor, sin condenar las atrocidades cometidas por Rusia, no creo que sea un criterio digno del jefe supremo de la Iglesia católica. El Papa no pone ya en pie de igualdad al agresor y al agredido, sino que da aquél un mejor trato que a éste. ¿Por qué? ¿qué ofrece Rusia para lograr la paz? Se ha anexionado los territorios ocupados en Crimea y en el Donbas ¿Le ha pedido el Papa que devuelva al menos algunos de estos territorios ilegalmente adquiridos o sería suficiente, a su juicio, con la gran concesión de dejar de ocupar más territorios? Ucrania no puede iniciar una negociación con la mano atada a la espalda, si aceptara entregar los territorios ocupados y, por otra parte, resulta difícil negociar con un país que ha incumplido el compromiso asumido en el Tratado de Jarkov de respetar la integridad territorial de Ucrania, a cambio de que ésta le entregara todo su arsenal nuclear, y que ahora mantiene que Ucrania no es un Estado independiente, sino que forma parte de la madre Rusia. Como ha observado Ana Palacio, no cabe dar por sentada la inevitabilidad de la victoria rusa, ni y dar implícitamente por supuesta la permanencia del putinismo, y aceptar un entreguismo preventivo como hace el Papa. Y lo peor es que no es el único que mantiene este criterio, pues a él se han sumado los que creen que -ya que Rusia ganará la guerra- conviene ahorrar a rusos y a ucranianos miles de muertos y heridos mediante la negociación de una paz, por injusta que sea. No aceptación de una paz injusta Calvet se preguntaba al final de su artículo si bastaría la firma de un armisticio provisional a la coreana, por el que se creara un "no man’s land” alrededor del Donbas y el resto de Ucrania, y negociar la paz, así como la membresía de Ucrania en la UE y, tal vez, en la OTAN. Semejante solución, aparte de ser injusta, no resulta viable, pues -aún cuando Ucrania cediera- Rusia no se conformaría y seguiría atacando hasta conquistar por completo la totalidad de Ucrania, y no reconocería su independencia porque entraría dentro de su esfera de influencia. Aún admitiendo teóricamente esta solución, sería harto improbable que Rusia permitiera la adhesión de Ucrania a la UE, y ya entraría en el terreno de la política-ficción pensar que Rusia permitiría su adhesión a la OTAN, cuyo solo planteamiento había sido la causa principal de la agresión rusa. Incluso entre algunos bien-pensantes de buena fe, prevalece la idea de que, al ser inevitable la derrota Ucrania, ésta tendría que ceder y transar una paz injusta, para salvar la vida de miles de ucranianos y evitar la destrucción total del país Sin embargo -según Félix Arteaga- la situación se ha decantado en favor de las acciones defensivas, ya que se han acabado las expectativas de victorias rápidas y decisivas, porque ninguno de los dos bandos dispone de la suficiente capacidad necesaria para pasar a la ofensiva con garantías de éxito, pero -aunque Rusia esté preparada para una guerra de atrición- Ucrania debería prevalecer en ese tipo de guerra. Si se le proporcionara la ayuda militar adecuada, Ucrania podría ganar la guerra algún día, pero si no continuara con la ayuda militar, la guerra podría ser perdida por Ucrania y sus aliados frente al agresor ruso. Según Jesús Núñez, Ucrania depende de lo que otros decidan sobre su futuro, poco esperanzador, ante la firme determinación de Putin de acabar con este país. El cansancio occidental puede desembocar en una presión insoportable sobre Kiev para que ceda territorios por paz. A mi juicio, la amenaza de Rusia es existencial para Europa y solo puede ser parada si se usa la máxima firmeza. Cualquier concesión que se haga a Putin, en vez de calmarlo, aumentará su insaciable apetito de poder. Si Occidente dejara caer a Ucrania, la siguiente agresión podría producirse en Moldavia o incluso en los Países Bálticos o Finlandia. Para Macron, “si decidimos ser débiles frente alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz sino asumir la derrota”. Tenemos que poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra. “La paz no es la capitulación, ni la amputación de Ucrania”. Pagar la prima de seguro de riesgo de guerra con Rusia, saldrá -en opinión de Mira Milosevic- mucho más barato que una guerra con Rusia. Y sobre todo, no se puede permitir que se imponga a Ucrania una paz injusta, que añada “insult to injury”. El heroico pueblo ucraniano no se merece esta humillación, y Occidente tampoco. Madrid, 22de marzo de 2024

?Ha cometido Israel genocidio u oreos delitos en Gaza?

¿HA COMETIDO ISRAEL GENOCIDIO U OTROS DELITOS EN GAZA? El 29 de diciembre de 2023 Súdafrica interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) contra Israel por la comisión de un delito de genocidio en Gaza, en violación de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, en la que ambos Estados son Partes. El Gobierno sudafricano ha actuado hábil y pragmáticamente para conseguir la tarea nada fácil de llevar ante un Tribunal Internacional a Israel, que – aunque haya cometido numerosas violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario durante su intervención armada en la franja- al no ser Parte en el Tratado de Roma de 1998 por el que se creó la Corte Penal Internacional, no podía ser demandado ante dicho Tribunal. Auto del TIJ sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel por su intervención en Gazaí Sudáfrica acusó a Israel de “genocidio intencionado”. “La intención genocida contra los palestinos de Gaza es evidente por la forma en la que se está llevando a cabo el ataque militar de Israel”, y se trata del “primer genocidio en la Historia en el que las víctimas están emitiendo en directo su propia destrucción”. La acusación citó las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno israelita a favor de borrar a Gaza del mapa, como las del ministro de Seguridad Nacional, Itamar ben Gvir, quien declaró que ”un judío que se defiende a sí mismo y defiende a otros de los palestinos no es un sospechoso de asesinato, sino que es un héroe que merece todo mi apoyo”. Sudáfrica solicitó al Tribunal la adopción con urgencia de medidas cautelares para frenar la operación militar de Israel. La defensa israelita negó la competencia del TIJ, que había sido forzada por Sudáfrica contra la voluntad de Israel. Este argumento tenía poco recorrido porque, al ser éste Parte en la Convención de 1948, había aceptado la disposición que prevé que un Estado Parte poda llevar a otro ante el Tribunal en caso de estimar que había violado dicha Convención. Israel había sido forzado a la guerra por Hamas y su Ejército actuaba con proporcionalidad y minimizando los daño a los civiles, y “su compromiso con el ‘nunca más’ de Holocausto le impedía cometer un acto de genocidio”. Si hubo actos de genocidio, fueron los perpetrados contra Israel. No todas las intervenciones armadas en un conflicto eran genocidio, pues, si todos lo fuera, nada sería genocidio. Se opuso a la adopción de medidas cautelares que implicaran la detención de los combates, porque ello supondría negar a Israel su derecho a defenderse. La decisión del TIJ fue un tanto salomónica pues dio una de cal y otra de arena. El Tribunal estimó que al menos alguno de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicitaba protección eran plausibles. “Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y de actos prohibidos conexos […] y el derecho de Sudáfrica a exigir el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención”. En consecuencia, instó a Israel a tomar todas las medidas para prevenir la comisión de un genocidio en Gaza. El Tribunal observaba que la operación militar llevada a cabo por Israel había causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a las infraestructuras civiles, por lo que el Gobierno israelita debería tomar medidas inmediatas y efectivas para” permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente, para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la franja” . Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre el cese de las operaciones militares por parte de Israel, aunque sí le exigieron que garantizara con efecto inmediato que sus militares no cometieran actos de genocidio. Ni siquiera reclamó un alto el fuego, lo que suponía un reconocimiento implícito del derecho de Israel a defenderse. Si hubiera tenido la más mínima prueba sobre la comisión de genocidio habría urgido la suspensión temporal de los ataques. Como ha observado Rafa Latorre, si Israel hubiera pretendido cometer un genocidio, la guerra habría sido fulminante. Reducir los daños colaterales de los ataques no era tarea fácil, pues las milicias de Hamas se entreveraban con la población civil en un reducido espacio, ocultaban sus arsenales en instalaciones civiles, y ponían la vida de cada uno de los gazatíes al servicio primordial de la destrucción de Israel. Éste ha recibido con alivio la decisión del TIJ de no exigir el cese inmediato de su ofensiva militar, y con indignación su negativa archivar el caso. Hamas recibió con satisfacción que Israel se haya visto forzado a sentarse en el banquillo de los acusados, con el consiguiente desprestigio ante la opinión pública internacional, y la ANP dio la bienvenida a las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal. Características del delito de genocidio El delito de genocidio fue establecido como reacción contra los horrores del Holocausto. En 1944, el judío de origen ruso Rafael Lemkin propuso, en su obra “El dominio del eje en la Europa ocupada”, la creación de una nueva figura delictiva que sancionase los crímenes que estaba cometiendo la Alemania nazi y a la que calificó de “genocidio”. A raíz esta propuesta, se iniciaron las labores en el seno de la ONU para elaborar un tratado a este respecto y la Asamblea General adoptó el 9 de diciembre de 1948 una Convención, que creaba y regulaba este nuevo delito. Según Bernard Brunetau, en “El siglo de los genocidios”, en un principio se incluían dentro de este término todos los crímenes contra la humanidad, pero más tarde se estableció una diferencia entre los crímenes de lesa humanidad, dirigidos contra la población civil en general, y los delitos de genocidio, que afectaban a un determinado sector de esa sociedad que corría el riesgo de ser diezmado e incluso aniquilado, y que se definía por sus características étnicas, raciales o religiosas, teniendo en cuenta los precedentes de las matanzas de los judíos por los nazis y de los armenios por los turcos. También había recogido la originaria propuesta de la Asamblea de incluir el factor “político” en la definición, pero las presiones de la Unión Soviética hicieron que desapareciera ese elemento identificador, para impedir que pudiera verse juzgada por sus asesinatos en los ”Gulags” o por las atrocidades en los campos de trabajos forzados de Siberia, que eran cometidos por razones políticas. El genocidio político no está tipificado ni en la Convención, ni en ninguna legislación nacional, salvo en la de Colombia. Había otro segundo elemento definidor del delito de genocidio, cual era la intención de los autores de destruir total o parcialmente a los grupos nacionales escogidos por poseer determinadas características y era imprescindible demostrar esa intencionalidad. Finalmente, la Convención definió el genocidio como las matanzas, lesiones y atrocidades perpetradas “con el fin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal” (artículo II). Veamos si los ataques realizados por el Ejército israelita en Gaza y las violaciones de los derechos de los palestinos cometidas cumplen los citados requisitos. En primer lugar, los ataques realizados por el Ejército de Israel en represalia de la masacre cometida el 7-O en territorio israelita por las milicias del grupo terrorista Hamas, en ejercicio de su derecho de legítima defensa, no se dirigen contra los gazatíes por el hecho de ser palestinos, sino porque fueron los autores de una criminal matanza. Los principales destinatarios de las bombas y los proyectiles israelitas son los miembros de las milicias de Hamas, pero, al estar éstas mezcladas con la población local en un espacio reducido y superpoblado, resulta inevitable que se produzcan daños colaterales a la población civil del territorio. En segundo lugar, la intención del Ejército israelita no es eliminar total o parcialmente al pueblo de Gaza, sino aniquilar las milicias terroristas y destruir por completo sus instalaciones e infraestructuras. Es cierto que los ataques israelitas están causando la muerte de muchas víctimas civiles y provocando multitud de heridos, pero esa no era la intención de Israel, sino la consecuencia de su desproporcionada reacción. Israel ha cometido en Gaza crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y actos de agresión, y violado varias normas de Derecho Internacional y de Derecho Humanitario, pero no ha cometido un delito de genocidio. Quienes sí lo han cometido han sido las milicias de Hamas, que asesinaron vilmente a 1.200 israelitas por el hecho de serlo. El problema radica en que Hamas no es un sujeto de Derecho Internacional, porque ni es un Estado, ni ha sido reconocido como beligerante. Operan en un territorio que está supuestamente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero tal no es el caso. Los Estados Partes en la Convención no pueden, por tanto, demandar a Hamás ante el TIJ, y no tendría sentido demandar a la Autoridad ya que, aunque sea el titular de la soberanía sobre Gaza, no ejerce “de facto” control alguno sobre dicho territorio. Breve historia de Gaza Gaza es una franja de tierra de 41 kms de largo y 10 de ancho, situada a lo largo del Mar Mediterráneo entre Israel, al norte y al este, y Egipto, al sur, y cuenta con una población de 2,3 millones de habitantes, lo que supone una de las mayores densidades poblacionales del mundo. Perteneció al Imperio otomano y, cuando se estableció en 1920 el mandato de Gran Bretaña sobre Palestina, fue incluido dentro del territorio de la nueva entidad. Cuando en 1947 la ONU creó el Estado de Israel junto a otro Estado palestino, la franja quedó integrada en este Estado, pero -tras la guerra árabe-israelita de 1948- el territorio fue ocupado por Egipto. Después de la guerra de los Seis Días (1967-1973) , Israel conquistó Gaza y lo retuvo bajo su dominio hasta 2005. En 1992, el primer ministro israelita, Isaac Rabin, dijo que le gustaría que Gaza se hundiera en el mar, pero que -como eso no iba a suceder- había que encontrarle una solución y, por los Acuerdos de Oslo (1993) se le concedió una autonomía limitada bajo el teórico control de la ANP. Israel, sin embargo, siguió ocupando la franja hasta que, en 2005, decidió retirar sus tropas y 7000 colonos israelitas. El partido de la ANP -Al Fatah- tenía escasa implantación en el territorio, y curiosamente el Gobierno israelita potenció el crecimiento de su rival Hamas, para debilitar a la Autoridad y a su presidente Yasser Arafat, al que confinó desde 2001 en Ramallah hasta su muerte en 2004. Las elecciones celebradas en Gaza en 2006 fueron ganadas de forma abrumadora por el partido fundamentalista y Al Fatah fue expulsado de la franja, con lo que la ANP - liderada por Mahmud Abas- perdió el escaso control que tenía sobre el territorio. El Gobierno israelita hizo un pan como unas tortas ya que, si bien Arafat podía ser molesto, era un político prestigioso y había reconocido al Estado de Israel y colaborado con él. Hamas, por el contrario, no lo reconocía y tenía como objetivo su destrucción. Así, en el preámbulo de su Carta Fundacional, afirmaba que Israel existiría hasta que el Islam lo destruyera, y -en su artículo 7- decía, de forma poéticamente siniestra, que “no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, los cuales gritarán: ¡oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí. Ven y mátalo!”. Dirigido por Ismail Haniya, se ha definido como un movimiento de resistencia islámico, nacionalista y yihadista, y cuenta con una potente milicia -la Brigada Ezzeldin al-Qassam,- dotada de armamento muy moderno suministrado por Irán. Los países occidentales lo consideran una organización terrorista e Israel bloqueó el territorio desde 2007. Hamas formó un Gobierno en solitario, que se dedicó a hostigar a Israel y a cometer todo tipo de atentados y secuestros, hasta el punto de que aquél volvió a invadir Gaza entre 2008 y 2009. La tensión armada alcanzó su cénit tras el ataque armado por sorpresa del 7-O. Actitud de los contendientes Hay dos hechos básicos que no ofrecen lugar a dudas: El derecho a la legítima defensa de Israel ante el ataque genocida de Hamas y la respuesta desproporcionada del Gobierno israelita al mismo. La agresión que sufrió Israel y su derecho a defenderse no justifican en modo alguno la actuación del Ejército israelita Gaza, en la que ha violado y continúa violando el Derecho Internacional general y el Derecho Humanitario en particular. No es que los ataques israelitas hayan causado inevitables daños colaterales a la población civil, sino que ésta ha sido objeto directo de esos ataques. Israel ha violado todos y cada uno de los Convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario en caso de conflicto armado y cometido numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Especialmente grave ha sido su ensañamiento con la población civil. Ha obligado a más de un millón de gazatíes a abandonar sus hogares -que han sido destruidos- y a trasladarse en condiciones espantosas al sur del país, los ha bombardeado durante su desbandada -y, cuando llegaron a Rafah y no pudieron seguir huyendo porque Egipto había cerrado la frontera-, los ha seguido bombardeando y ha anunciado un ataque contra dicha ciudad, último refugio de estos desgraciados. Hasta su incondicional protector, Estados Unidos, ha reaccionado ante esta atroz actuación con hipocresía -dado que ha vetado en la ONU la petición de un alto el fuego-, y Biden ha dicho que Netanyahu está causando más daño que bien con sus acciones en Gaza, y éste le ha contestado que era esencial la ofensiva contra Rafah, para evitar nuevos ataques terroristas de Hamas y que entre 4 y 6 semanas terminaría la fase ofensiva de la guerra. Estados Unidos suministra a Israel cuanto armamento necesite -incluido el más moderno y sofisticado- y financia un tercio de los costes de la guerra. Biden ha recibido un aviso en las primarias de Michigan por parte de la población de origen árabe y ahora se rasga las vestiduras y critica la tragedia humanitaria que se está produciendo en Gaza, pero no hace lo suficiente para paliarla, aunque sea el único que puede influir sobre Israel, y se ha limitado a enviar en paracaídas algunos paquetes de comida, que son una gota en el Mediterráneo. Israel tiene completamente bloqueado a Gaza, y ha cortado los suministros de electricidad, combustibles y agua, solo permite la entrada con cuentagotas de unos pocos camiones de ayuda humanitaria, y ha destruido todos los hospitales de la región. Los muertos pasan de 30.000, los bebés no sobreviven en las incubadoras por falta de electricidad y los niños mueren de hambre. Esto no es genocidio, pero se le parece mucho, y la comunidad internacional -incluidos los países democráticos que respaldan directa o indirectamente a Israel-no deberían permitir que e continúe esta horrible tragedia. Descalificación de la UNWRA Otra víctima de los daños colaterales de la guerra ha sido la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA). Se trata de una agencia creada en 1949 con carácter provisional para atender a los millones de palestinos desplazados de sus tierras por la creación del Estado de Israel y las guerras-árabe israelitas, y que continúa mal que bien en funciones por culpa de unos y otros, incapaces de resolver el conflicto palestino. La Agencia atiende a la salud, la alimentación y la educación de más de cinco millones de refugiados palestinos, y financia su subsistencia, especialmente en Gaza, donde más de la mitad de la población depende de su ayuda para sobrevivir. Es una Organización antipática para Israel, que ha propuesto su disolución. Estados Unidos -el principal contribuyente de la Agencia- la ha utilizado políticamente a su conveniencia. Cuando estuve de representante permanente ante la ONU en Viena, la Representación se ocupaba de la UNWRA y recuerdo que, so pretexto de alguna decisión de la ONU que no gustó a Israel, Estados Unidos suspendió durante varios años su fundamental contribución. Israel ha acusado a algunos empleados de la UNWRA en Gaza de haber colaborado con Hamás en su ataque del 7-O, sin aportar pruebas fehacientes sobre su acusación. Se trataba de 12 de los 13.000 empleados locales de la Agencia y ésta los ha suspendido de empleo mientras realiza una investigación. Estados Unidos y otros 20 países occidentales se han apresurado a suspender sus contribuciones a la Organización -por lo que han sido calurosamente felicitados por Israel-, aumentando la gravedad de la situación en el territorio. Afortunadamente, el Gobierno español no se ha sumado a esta lamentable decisión y, antes al contrario, ha aumentado su contribución. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a estos países que reconsideren su decisión, porque “no hay otra organización en Gaza que ahora pueda ocupar su espacio, ninguna con una presencia igualmente significativa”. El comisionado general, de la Agencia, Philippe Lazarini, ha declarado que el hambre se extiende por toda la franja, una hambruna evitable que ha sido provocada por el hombre, a lo que se suma la inseguridad causada por las operaciones militares israelitas y la implosión del orden civil. Hay una necesidad urgente de proporcionar de manera predecible e ininterrumpida lo más básico de lo básico y, para ello, es imprescindible un alto el fuego. Reducir los fondos de la Organización o suprimirla -como ha propuesto Israel- provocaría una crisis humanitaria aguda y sin precedentes. Deshacerse de la UNWRA supondría “sacrificar a toda una generación de niños que, en el lugar, de volver a un entorno educativo, serían educados en el trauma de los escombros de Gaza, y esto no es otra cosa que sembrar las semillas para el odio y el resentimiento en el futuro”. Difícil solución del problema palestino Si grave es la situación de Gaza, más aún lo es -desde un punto de vista político- la de Cisjordania, donde el Gobierno israelita hace todo cuanto puede para impedir la constitución de un Estado palestino. Ha construido un muro de la vergüenza - considerado ilegal por el TIJ- que divide el territorio en ”batustanes” que apenas se pueden comunicar entre sí. Ha incautado tierras a los palestinos e instalado en ellas a numerosos colonos, que imponen el terror entre la población local con la connivencia del Ejército. Israel es la única democracia que existe en el Próximo Oriente, pero se trata de una democracia imperfecta, dominada por la preocupación por la seguridad -razonable, pero excesiva, y que se refleja en normas inadmisibles-, el abuso de poder y la discriminación, no solo a los palestinos, sino a sus propios ciudadanos, con los privilegios que concede a los judíos ultraortodoxos, especialmente su exención de cumplir el largo y riguroso servicio militar. Netanyahu también desea que Gaza se hunda en el mar, pero -a diferencia de Rabin- no busca una solución, ni para la franja, ni para Cisjordania. Tiene además un interés personal en que continúe la guerra, porque -mientras dure- escapará a su ominoso destino de ser condenado por múltiples casos de corrupción y de nepotismo, y despojado del poder. La única solución posible sería la recomendada desde el principio por la ONU de crear, junto a un Estado de Israel reconocido por todos los países árabes musulmanes, un Estado palestino instalado en Cisjordania y Gaza, lo cual se presenta sumamente difícil, pues habría que superar tanto obstáculos internos y como externos. De un lado, habría que renovar de los pies a la cabeza la corrompida ANP, no bastando con la dimisión del primer ministro, sino que se requiere también la de su presidente Abas y toda su camarilla, y crear una nueva administración con la parte sana de Al Fatah. Se debería permitir el retorno del los refugiados palestinos y desmantelar los campamentos en los que malviven desde hace 75 años, para lo cual los multimillonarios Estados del Golfo tendrían una magnífica ocasión de hacerse perdonar sus muchas culpas. De otro, Israel tendría que colaborar derribando el muro, retirando a los colones ilegalmente implantados y restituyendo a los palestinos las tierras incautadas. Los dos Gobiernos deberían colaborar en todos los ámbitos, especialmente en los de la seguridad y los de la cooperación política y económica. Todos los Estados árabes y musulmanes deberían reconocer a Israel y ayudar a acabar con la actividad militar de milicias como Hamas o Hizbollah. La comunidad internacional, y la ONU y sus agencias deberían volcarse económica y financieramente sobre el nuevo Estado y contribuir a la reconstrucción de Gaza. Todo esto sería posible, pero es harto improbable. El Gobierno español ha anunciado que reconocerá al Estado palestino -lo que me parece bien, aunque debería hacerlo sin alharacas, ni desconsideración a Israel- y que respaldará, junto con sus socios de la UE, la puesta en práctica de los dos Estados. Creo que no es prudente meter al Rey en este berenjenal casi irresoluble y limitar sus declaraciones a un apoyo genérico al derecho del pueblo palestino a la libre determinación. El pueblo judío sufrió un tratamiento intolerable de exterminio por parte de la Alemania nazi, pero eso no le da carta blanca para tratar a los palestinos como ellos fueron tratados. El camino de los dos Estados es muy empinado, entre otras razones porque a ello se oponen tanto Israel como los países árabes, pero merece la pena intentar recorrerlo. Digamos con Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. La esperanza es lo último que se pierde. Madrid, 14 de marzo de 2024

Varapalo del TS a la Fiscalía General del Estado y a Sánchez

VARAPALO DEL TS A LA FISCALÍA GENERALDEL ESTADO Y A SÁNCHEZ El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) instructor del caso “Tsunami Democratic” (TD), Manuel García-Castellón propuso al Tribunal Supremo (TS) que asumiera la instrucción de dicho caso al estar imputados dos aforados; Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Entre los fiscales de lo Penal del alto Tribunal se produjo una notable discrepancia sobre la propuesta. De un lado, el ponente Álvaro Redondo -que en horas 24 cambió radicalmente de criterio tras haberse entrevistado con el fiscal general, Álvaro García Ortiz-, uno de los fiscales-jefe -Joaquín Sánchez Covisa- y un tercer fiscal, estimaron que los miembros de TD no habían cometido en 2019 actos de terrorismo, y -junto con un cuarto, que cambio de bando- consideraron que los investigados no eran autores de este delito. El otro fiscal-jefe -Fidel Cadena- y otros 11 fiscales estimaron que la actuación de TD fue constitutiva de un delito de terrorismo y, 10 de ellos, que Puigdemont parecía ser el líder intelectual de la plataforma. Ante esta desigual disparidad de opiniones -y basándose en que uno de los miembros de la minoría era un fiscal-jefe-, García Ortiz decidió de forma poco ortodoxa someter la discrepancia al arbitraje de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien -en una faena de aliño previsible, dada su reputación de progresista- hizo un informe incompleto y pobretón en el que, sin pronunciarse sobre si se habían cometido o no actos de terrorismo, se centró en apartar a Puigdemont de cualquier participación en actos terroristas. Afortunadamente, la decisión final no estaba en manos de los fiscales, sino en las de los magistrados de la Sala de lo Penal del TS, que el pasado 29 de febrero dictó el correspondiente auto. Auto del Supremo sobre el “Caso Tsunami Democratic” La Sala segunda de lo Penal, bajo la presidencia de Manuel Marchena y con ponencia de Juan Ramón Berdugo, ha decidido por unanimidad respaldar la exposición motivada de García-Castellón, y considerar -sin albergar duda alguna-que los integrantes del movimiento TD cometieron delitos graves contra la libertad e integridad física de las personas, atentados, falsedades documentales y daños al patrimonio, que encajaban en los artículo 572 a 574 del Código Penal, que regulan el delito de terrorismo. Describía la comisión de delitos de “terrorismo callejero” o “kalebarroka”, y especialmente de los realizados durante el asalto al aeropuerto de El Prat, planeados y programados hasta el último detalle como medio para luchar contra la sentencia del TS, que había condenado a varios políticos catalanes por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. Cometieron delitos de detención ilegal, lesiones y coacciones en el bloqueo del citado aeropuerto, que perturbó los servicios de aviación civil internacional, tráfico aéreo y operación del aeropuerto. Se impidió el acceso al mismo de usuarios y tripulaciones, y se aisló la torre de control para impedir a los controladores aéreos que pudieran actuar con normalidad, se paralizara el aeropuerto y se suspendieron los vuelos, creando una situación de caos en la que los miembro de TD emplearon instrumentos similares a los explosivos por su potencia destructiva. TD era un grupo criminal cuyo objetivo era la comisión de delitos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas, impidiendo que los poderes públicos cumplieran sus funciones. Realizaba sus actividades delictivas con perfecta ideación y estrategia, con la debida distribución de funciones entre sus miembros. No era necesario que los autores pertenecieran o formarán parte de una organización o grupo terrorista, y actuaran de manera asociada u organizada, de modo que cualquier persona que actuara individual o colectivamente para realizar las actividades delictivas planificadas eran autores o partícipes en un delito de terrorismo. El Tribunal propinó un considerable sopapo a Sánchez Conde, al afirmar que en su informe cuestionaba uno a uno los indicios con una interpretación subjetiva de los mismos. La Sala señalaba que, en supuestos de prueba indiciaria valorada para desvirtuar la presunción de inocencia, descartaba el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procedía precisamente de la interrelación y combinación de los mismos. Era erróneo “no analizar uno de aquellos elementos, darles otra interpretación, o bien aislarlos del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones, pues la fuerza convictiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios”. Fue una crítica sin paliativos a un informe que no redactaría ni un alumno de 2° de Derecho. Para poner de manifiesto la incoherencia y sectarismo de la Fiscalía General, la Sala se remitió a la Memoria de la misma de 2020, momento en que fungía como jefa de la Fiscalia la exministra Dolores Delgado, hada madrina de García Ortiz y de Sánchez Conde. En ella se hacía referencia al ”movimiento violento independentista catalán” y se mantenía que, “dentro de ciertos sectores del independentismo, se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través Tsunami Democratic y los intentos de paralizar el aeropuerto de Barcelona, y los ataques a edificios públicos y policiales”. La Fiscalía sostiene ahora justamente lo contrario: que las acciones delictivas de TD no tienen nada que ver con el terrorismo ¿Qué ha ocurrido en los tres últimos años para que se haya producido tan radical cambio de opinión en la Fiscalía General del Gobierno, antes del Estado? Basta con contemplar el “pas-à-deux“ ejecutado por el dúo formado por Sánchez y Puigdemont en la “Danza de los siete votos”. Como consecuencia del hecho de que fueran investigados dos aforados, el magistrado instructor de la AN carecía de competencia para continuar con la investigación, por lo que dicha función debería ser asumida por el TS. En consecuencia, la Sala ha declarado su competencia para la instrucción y eventual enjuiciamiento de Puigdemont y Wagensberg, abierto el procedimiento judicial y nombrado ponente a Susana Polo, quien deberá realizar gestiones tales como recabar las declaraciones de los aforados. Al no considerarse el TS competente para investigar a los no aforados, la investigación de los mismos seguirá en manos de García-Castellón. En el auto se señala que se han hallado varios indicios que acreditarían la participación de Puigdemont en los hechos investigados, entre ellos, que desde el inicio estuvo informado de la creación de TD, un grupo organizado para subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones democráticas. Aquél aparecía directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente la nueva plataforma. “Aquella pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del ’iter criminis’, retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”. El auto del TS supone un considerable respaldo a la actuación de García-Castellón, que ha sido duramente criticado, descalificado e incluso insultado, no solo por los partidos independentistas, sino también por miembros del propio Gobierno de la Nación, como la vicepresidenta Teresa Ribera. El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, se preguntaba -y con él todo el Gobierno y los ciudadanos- que quién estaría detrás de TD, un movimiento que había surgido súbitamente de la nada y que estaba perfectamente organizado y financiado. La Sala ha ofrecido una respuesta convincente a esta pregunta, pero el Gobierno no quiere ni oírla, porque el señalado es ahora uno de los suyos, al que hay que asegurar contra cualquier mal. La decisión ha supuesto asimismo una descalificación absoluta de la cúpula de la Fiscalía General, totalmente entregada al Gobierno, pero también se ha visto señalado -y no para bien- el presidente Sánchez, quien -en su calidad de detentador único de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial- habló “ex-cátedra” y afirmó al presentarse la Ley de Amnistía que, “como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por lo tanto, con este proyecto de ley, al final lo van a ver todos los tribunales y van a estar amnistiados todos los independentistas catalanes, porque no son terroristas”. El problema radica en que, entre ese “Mundus Sapiens”, no se encontraban los desnortados magistrados del TS, que han coincidido con la Sibila en que no todos los catalanes independentistas son terroristas, pero sí podrían serlo algunos de ellos, como el expresidente de la Generalitat, por ejemplo. Reacciones al auto del TS y consecuencias del mismo El Gobierno -visiblemente contrariado por la decisión del TS- se ha refugiado en la socorrida respuesta de que había que respetar las decisiones judiciales aunque no se compartieran. El ministro Bolaños ha hecho un comentario poco verosímil al afirmar que no había nada nuevo en el auto del TS, ya que éste no había dicho que TD hubiera cometido algún acto de terrorismo. Efectivamente no entró en el fondo del asunto puesto que no era el momento procesal, pero aceptó que continuara la investigación por parte de la AN y asumió parte de la misma, lo que no se habría producido de no haber tenido razones para estimar que eran suficientes los indicios recogidos por García-Castellón sobre la realización de actos de terrorismo. El TS ha afirmado que no alberga la menor duda de que los miembros de TD cometieron actos que caían bajo el marco del delito de terrorismo, incluido el propio Puigdemont, que era el líder intelectual de la plataforma. Esto no parece preocupar a Bolaños, al que sí debería preocuparle, por ser uno de los pocos miembros del Gobierno que sabe algo de Derecho, pero de ilusión también se vive y, en la sanchosfera, la propaganda prevalece sobre el raciocinio. El auto ha caído como agua de mayo sobre las huestes de la oposición, que ven en él un serio obstáculo adicional para la aprobación de la Ley de Amnistía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que Sánchez solo busca amnistiar a aquéllos de los que depende, sean malversadores, corruptos o imputados por terrorismo, pero la decisión del Supremo ha probado que el Estado de Derecho es más fuerte que el presidente del Gobierno, que éste no puede comprar al Poder Judicial y que, al final, prevalecerá la Justicia. El interesado se ha mostrado sarcástico y crítico, y ha comentado; “Creo que ya solo me falta que me salga una cuenta en Panamá”. Ha hablado de un “Matrix judicial”, dando a entender que la judicatura española vive en una realidad paralela. El portavoz de JxC, Josep Rius, ha acusado al TS de confundir el ejercicio del derecho a manifestarse que supuso TD con el terrorismo. El más incisivo ha sido el presidente Pere Aragonés, que ha declarado que el TS ha vuelto a cruzar todos los límites imaginables al abrir causa penal por terrorismo contra Puigdemont, con el fin de boicotear la adopción de la Ley de Amnistía. No se trataba de una decisión jurídica sino política, y no se impartía justicia sino represión política contra el independentismo catalán. El Tribunal ha tomado esta decisión para impedir la aprobación de una Ley que permitirá pasar página en la represión, y de ahí que fuera más necesaria que nunca su adopción. ERC está presionando a JxC para que dé de una vez su visto bueno a la Ley. “El Mundo” ha editorializado que el TS, al haber avalado la tesis de García- Castellón de que había que investigar a Puigdemont por la comisión de delitos de terrorismo por su implicación en TD, ha acreditado de la fortaleza del Estado de Derecho en un momento en que el Ejecutivo está ultimando una amnistía hecha a medida del prófugo, y a quien el Supremo ha señalado por sus vínculos con los asaltos y algaradas promovidos por dicha plataforma. El bochorno producido por el informe de la teniente fiscal se enmarcaba en la voluntad de Sánchez de sacar adelante como fuera la amnistía con una negociación opaca y bajo el foco de Bruselas. “En este contexto, resulta esencial depurar todas las responsabilidades, incluidas las que alcancen al líder fugado de Junts. El Supremo ha hablado, la justicia siempre prevalecerá”. En su empecinamiento suicida por indultar a Puigdemont para poder conservar el poder, Sánchez está recibiendo continuas desautorizaciones en una semana “horribilis”. Especial importancia tienen las que llegan de Bruselas, porque la Unión Europea es muy sensible a las cuestiones de corrupción, terrorismo e interferencias de Rusia. Pese a las furibunda oposición del Grupo Parlamentario Socialista, el Parlamento Europeo ha aprobado la recomendación de que en la nueva Directiva Anticorrupción se prohíban las amnistías y los indultos a los autores de delitos de malversación. Dolors Montserrat, en su calidad de vicepresidenta del Grupo Parlamentario Popular, ha enviado al comisario de Justicia, Didier Reynders, una carta en la que le ha trasladado el auto del TS, en la que le informa que los miembros del Tribunal no tenían la menor duda de que integrantes de TD cometieron actos de terrorismo. En cuanto a la preocupación por las interferencias rusas en los asuntos europeos, que han sido condenadas en diversas ocasiones por el Parlamento Europeo, ha aumentado en la UE tras el asesinato del líder opositor ruso Alexei Navalny. El Parlamento ha instado al juez Joaquín Aguirre a que siga investigando en el ”Caso Voloh” relativo a los contactos mantenidos por agentes rusos con políticos catalanes, y decidido que el Comité Consultivo sobre el Código de Conducta investigue la actuación de la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka -acusada de ser una espía rusa-, y las de Puigdemont y Comin. El auto del TS sobre el terrorismo de TD se ha dictado en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Sánchez, cuando está pendiente de cerrar un acuerdo con JxC para la adopción final de la Ley de Amnistía, que fue rechazada por este partido al estimar que no suponía una una amnistía integral e inmediata que garantizara la impunidad de Puigdemont. En medio del gran escándalo del “Caso Koldo/Ábalos” por las comisiones por los suministros de las mascarillas durante la pandemia del Covid -que está afectando adversamente a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y a los ministros Víctor Ángel Torres y Fernando Grande-Marlaska- han continuado con la máxima urgencia y opacidad las negociaciones entre el PSOE y JxC, porque el próximo día 7 vencerá la prórroga concedida por la Mesa del Congreso a la Comisión de Justicia para que adopte la Ley de Amnistía. Poniéndose el parche antes de que salga el grano, el Grupo Parlamentario de Sumar ha tanteado la vía de la concesión de una nueva prórroga para la tramitación de dicha Ley, lo que la Mesa estaría dispuesta a conceder pese a ser ilegal, porque el Reglamento del Congreso fija un plazo máximo de un mes expira el día 7. Claro que para los socialistas, los plazos establecidos en las leyes son meramente indicativos y pueden saltarse a su antojo. El problema se ha agudizado aún más porque a la presidenta Armengol le huele la cabeza a pólvora y le tiembla la tierra bajo los pies, como consecuencia de su “presuntamente” ilegal actuación en la adquisición de mascarillas. El Gobierno balear -a la sazón presidido por Armengol- firmó un contrato de suministro con la empresa estafadora Solución de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., lo formalizó sin expediente previo tras haber recibido la mercancía, pagó por adelantado €3.7millones -una cantidad exorbitantes por unas mascarillas de ínfima calidad, que se almacenaron y nunca se llegaron a utilizar-, certificó la conformidad de su Gobierno con el suministro pese al informe en contrario del organismo técnico competente, cargó la compra a una partida de los Fondos Europeos, no reclamó durante tres años y, solo tras perder las elecciones, presentó una reclamación para el reintegro de €2.7 millones. El PP ha pedido la destitución inmediata de la presidenta del Congreso y las espadas están en alto. Un posible -aunque poco probable- cese complicaría aún más la situación de caos que reina últimamente en el país. Bolaños, al igual que su jefe, repite como una cotorra que “el que la hace, paga”, salvo que seas un catalán independentista. Puede que Armengol quede cubierta por la amnistía al ser una nacionalista de los Países Catalanes. Muy pocos saben lo que está ocurriendo tras las bambalinas de las negociaciones ultrasecretas y si se ha producido un acercamiento de posiciones que permita llegar a un acuerdo para la aprobación de la Ley No es tarea fácil porque las exigencias de JxC son máximas -amnistía integral que cubra cualquier tipo de delito e impunidad total para Puigdemont y sus cuates- y el PSOE ya ha cedido demasiado y su margen de maniobra es mínimo, so pena de que adicionales concesiones a Puigdemont puedan provocar que la Ley no pasara el generoso filtro del Tribunal Constitucional y, menos aún, el no tan generoso cedazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el ínterin, tanto la Comisión como el Parlamento Europeos mantienen a España bajo la lupa y siguen con atención los avatares de la tramitación de la Ley. Prueba de ello es que, en el Informe anual de la UE sobre el Estado de Derecho en la Unión, se incluye un párrafo que reza lo siguiente; “El Parlamento Europeo toma nota de las acciones el Gobierno español relacionados con su reciente investidura, incluida la futura adopción de una Ley de Amnistía”, y ha subrayado que ello merecía una evaluación independiente. En este sentido, ha pedido al Gobierno español que ofrezca transparencia total a las instituciones europeas sobre esta Ley e indicado que el Senado español ha solicitado a la Comisión de Venecia un dictamen sobre su constitucionalidad y sobre el cumplimiento de las reglas y normas europeas. Ésta es la mejor garantía con la que contamos, porque la UE -por la cuenta que le trae- no puede dejar caer a España. Ahora bien, tampoco podemos hacernos excesivas ilusiones, porque la Unión tiene muchos problemas y los Estados miembros anteponen sus intereses a los de los demás. Las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina y también se celebrarán comicios en muchos de los Estados europeos, lo que condicionará en buena medida su actuación. En España estamos en un estado de tensión electoral permanente. Ya están convocadas las elecciones vascas, en las que los partidos nacionalistas ejercen el monopolio del poder, con un considerable y lamentable crecimiento de Bildu y un PSE que se ha convertido en la pieza decisiva para que gobierne éste o continúe haciéndolo un PNV en horas bajas-, y más pronto que tarde se celebrarán las catalanas, que serán trascendentales en medio de un duelo a muerte entre ERC y JxC, y un PSC entregado al nacionalismo, al que hace de muleta pese a ser el partido mayoritario. El PP debería centrarse en las elecciones europeas, donde tendrá la oportunidad de propinar un buen golpe al sanchismo, si sabe aprovecharse del hartazgo del pueblo español ante la disparatada política de concesiones al nacionalismo y de humillaciones ante Puigdemont, Otegui o Mohamed VI. Por ello, la oposición no puede esperar que la UE le saque las castañas del fuego y tendrá que dar la batalla interior con la máxima intensidad. Feijoó no puede sentarse en la puerta de Génova a la espera de ver pasar el cadáver de su adversario. Para el 9 de marzo, varias asociaciones no partidistas representativas de distintos sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación en Madrid contra la Ley de Amnistía, por la unidad de España y por la dimisión de Sánchez. Habrá que ver el seguimiento que tendrá, porque la gente está ya muy cansada, aunque el último escándalo de corrupción que acaba de salir a la luz, y que ha afectado a todo el PSOE en su conjunto, constituya una incitación adicional para participar en la protesta. En la actual situación de caos político y moral causada por la infinita ambición de poder de Sánchez, resultaron reconfortantes para la ciudadanía las sabias y valientes palabras pronunciadas por Felipe VI en Barcelona el 14 de febrero con motivo de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en la misma línea de su trascendental discurso de 3 de octubre de 2017. El Rey aseguró que el Poder Judicial era una pieza clave en la arquitectura institucional diseñada por los constituyentes, sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado estaba“atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes”-. El respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley eran indispensables en una democracia, y la independencia del Poder Judicial institución imprescindible para su adecuado funcionamiento. El monarca recordó el artículo 1 de la Constitución por el que España se constituía en un Estado de Derecho que propugnaba la justicia como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. “Sin justicia y, sobre todo, sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática”. Recordó a los nuevos jueces que la Constitución debía ser el criterio rector y guía de todas sus decisiones, porque no solo era el origen del sistema de libertades, sino también el marco de convivencia entre los españoles y clave de la estabilidad y la prosperidad de la Nación. No pronunció la palabra ”amnistía”, pero no hacía falta porque se le entendía todo. Y estas sensatas palabras las pronunció en Barcelona en presencia del ministro de Justicia, que es uno de los principales muñidores de la nefasta Ley de Amnistía, aunque las palabras reales le entrarían por un oído y le saldrían por el otro. Pero, lo dicho, dicho está y a buen entendedor con pocas palabras basta. ¡Muchas gracias, Majestad! Madrid, 1 de marzo de 2024

Consumación dfe la infamia de la Ley de Amnistía

CONSUMACIÓN DE LA INFAMIA DE LA LEY DE AMNISTIA (9-III-2024) ¡Aleluya! El pasado día 7, la montaña de la Comisión de Justicia (¿?) del Congreso parió, no un ratón chiquitín y juguetón como el de las Susanita, sino una rata asquerosa procedente de las cloacas más apestadas del independentismo catalán, controladas por el delincuente internacional Gonzalo Boye, para amnistiar de forma integral e inmediata cualesquiera delitos cometidos por el presidente de la Generalitat en el exilio y sus compinches, desde el 1 de noviembre de 2011. En opinión del Ministro de (In)Justicia, Félix Bolaños, fontanero mayor del Reino y la persona más mentirosa de la Nación, después de su jefe Pedro Sánchez- se ha adoptado una ley impecable que es un referente en la jurisprudencia universal. ¡Juristas del mundo, uníos al clamor de loor y alabanza a este prodigio de ley! ¡No digas nunca jamás! Sánchez es un político tan mentiroso que ni él mismo sabe cuándo dice la verdad, porque está en un permanente cambio de opinión. Basta con consultar las hemerotecas y las fonotecas, que son unos de sus principales enemigos. En relación con la amnistía, estas oscilaciones son tan notorias como radicales. Antes de las elecciones del 23-J, Sánchez afirmó que su Gobierno jamás concedería la amnistía a los sediciosos catalanes porque no entraba dentro de la Constitución y el Consejo de Ministros aprobó un Decreto por que se indultaba a dichos políticos, en el que se indicaba que la amnistía era claramente inconstitucional. El presidente del Gobierno declaró que los actos delictivos cometidos el 1-O constituían delitos de rebelión, que Carles Puigdemont era un prófugo y que él lo traería por la oreja para que rindiera cuentas ante la justicia española. El PSOE no incluyó la concesión de la amnistía en su programa electoral y durante la campaña se mostró contrario a su concesión. Sin embargo, como reconoció el propio Sánchez, las elecciones del 23-J cambiaron las cosas, porque, para que se formase un Gobierno progresista por él presidido, eran indispensables los 7 votos de JxC y Puidegmont exigía para cedérserlos la concesión de una amnistía total. Y ahí comenzaron las riada de concesiones del Gobierno a un prófugo que no se movió un ápice de sus exigencias iniciales. Turull, Boye, Bolaños y Cerdán iniciaron unas negociaciones secretas en las que elaboraron un proyecto de Ley siguiendo las directrices de Puigdemont y que se iba cambiando a medida que los jueces ponían en evidencia los delitos cometidos por el fugitivo. Excluyeron de la amnistía los delitos de terrorismo condenados en sentencia firme, con lo que se excluían a los imputados por los delitos de los CDR y Tsunami Democratic (TD). El instructor Manuel García-Castellón dictó un auto por el que imputaba a Puigdemont por delitos de terrorismo y, como reacción, se quitó del proyecto la referencia a que no se hubiera dictado sentencia y solo se excluían los actos de terrorismo intencionados que de forma manifiesta hubieran generado una violación de los derechos humanos, con lo que se establecía una curiosa distinción entre los delitos de terrorismo que eran contrarios a los derechos humano y los que no lo eran. García-Castellón dictó un nuevo auto en el que mantenía que los miembros de TD habían violado los derechos humanos de los policías atacados, por lo que JxC propuso que se suprimiera cualquier referencia al terrorismo. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruía el “caso Voloh” por la intromisión de Rusia en los asuntos domésticos de Cataluña, estimó que el equipo de Puigdemont había estado involucrado en los contactos con espías rusos y decidió prorrograr la instrucción. Para desactivar este nuevo peligro, JxC propuso la supresión de la disposición que excluía de la amnistía los delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado. Llama poderosamente la atención que el Congreso -a través de los promotores de la Ley- haya ido modificando su texto en función de las decisiones judiciales en el ejercicio de una redacción “ad personam”. Como el PSOE no le apoyó , Junts votó en contra de la proposición, que fue derrotada en el pleno del Congreso. Ante esta incongruente situación en la que JxC votó contra una ley que había sido elaborada por ellos, se tuvieron que reanudar las negociaciones con el PSOE y la Mesa del Congreso acordó devolver el proyecto a la Comisión de Justicia para darle otra oportunidad. Para calmar al airado Puigdemont, Sánchez afirmó solemnemente que todos los independentistas catalanes serían amnistiados porque no eran terroristas. Señaló, sin embargo, que como la Ley era impecable y satisfacía a todos los interesados, no se debería modificar para evitar que no pasara el filtro del Tribunal Constitucional o del TJUE, y declaró que su partido no tenía intención de cambiar ni una coma de la Ley, ya que cubría las necesidades de los amnistiados. Me recordó la escena de la opereta de Gilbert y Salomon “H.M.S. Pinafore”, en la que el capitán del buque se jactaba ante su tripulación de que nunca se había mareado. “¿Nunca? -le preguntaron-, “!Nunca! ¿Nunca? Bueno, casi nunca”. Sánchez se ha instalado en el “casi nunca” y ha cedido en todas y cada una de las exigencias de Puigdemont. A eso le llaman negociar: una parte cede en todo y la otra en nada ¿Por qué será? Manipulación por el PSOE del borrador de informe de la Comisión de Venecia El Gobierno ha filtrado maliciosamente un borrador de informe de la Comisión de Venecia con una interpretación ”pro domo” en la publicitaba lo que le beneficiaba y silenciaba lo que le perjudicaba. Se trataba de un borrador sobre una proposición de Ley, a la sazón aún sin adoptar, y que ha sido considerablemente empeorada al aceptar el PSOE “velis nolis” las exorbitantes enmiendas de JxC. En cualquier caso -y a diferencia de la versión dada por el ínclito Bolaños- el borrador contiene más críticas que alabanzas a la proposición de ley. La Comisión ha de valorar la adecuación de la Ley a los estándares europeos y recomendar las medidas apropiadas para garantizarlos, pero ha advertido que no se pronunciaría sobre la compatibilidad de la norma con la Constitución o con el Derecho de la UE, ni tampoco sobre su adecuación al objetivo presuntamente perseguido por el Gobierno de normalizar la situación en Cataluña, porque eso correspondía a las instituciones españolas. Entre los elementos positivos para el Gobierno cabe destacar la afirmación de que las amnistías -que están reguladas en las legislaciones de solo algunos países-suelen estar motivadas por razones de reconciliación nacional y pueden constituir objetivos legítimos, siempre que haya una adecuación entre fines y medios, si bien tendría que valorar sí “se puede lograr la normalización de Cataluña, a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha creado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad de España”. Considera que su redacción cumple con los estándares del Estado de Derecho porque no contraría el principio básico de separación de poderes, siempre que la decisión sobre cualquier individuo que se beneficiara de la amnistía fuera tomada por el juez y se sobreentendiera que las recomendaciones precisadas en el informe se cumplieran. No estoy de acuerdo con esta afirmación, porque es obvio que la Ley implica una subordinación del poder judicial al legislativo y al ejecutivo. Las críticas se centraban especialmente en los aspectos formales. La concesión de una amnistía debía cumplir los requisitos de un Estado de Derecho, y el procedimiento de adopción de la norma debía inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. Aquí se podía detectar una referencia implícita a la ausencia de debate electoral y al secretismo con el que se había gestado la norma, pues debería haberse producido consultas significativas, junto con un calendario adecuado. “Los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para las leyes de amnistía”. El procedimiento seguido no resultaba aceptable porque “se presentó en forma de proposición de ley, que es un procedimiento o consulta limitado al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales, y siguió con un procedimiento de urgencia”. La Comisión instaba a las autoridades españolas a que se tomaran el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo, en un espíritu de leal cooperación entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación. “Si no hay debate pausado, y respeto a los procedimientos, ni informes consultivos, ni acuerdo con la oposición ¿cómo puede constituir un instrumento de reconciliación?”. También criticaba cuestiones de fondo, cuando señalaba que sería preferible regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional y mencionaba la autoamnistía como límite. Consideraba que la determinación de los actos amnistiables debía basarse en criterios generales y no diseñarse para cubrir a individuos específicos, y que el ámbito de aplicación de la ley era demasiado indeterminado y amplio. Definía los actos por su intención, al aplicarse a los destinados a promover o apoyar la independencia de Cataluña. Además de esta vaguedad, la amnistía se extendía a un periodo demasiado largo y violaba el principio de igualdad respecto de quienes habían cometido los mismos delitos comunes por otras razones o durante diferentes periodos, por lo que no se beneficiarían de la gracia. La Comisión solicitaba que se redujera el alcance material y temporal de la norma, y cuestionaba el intento de limitar los efectos suspensivos en caso de plantearse una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial. Mencionaba críticamente la regulación del terrorismo, la insuficiente consideración de los derechos de las víctimas y la preocupación por las comisiones parlamentarías de investigación que no podían “pretender exigir que los jueces informen sobre los casos que hayan decidido”. Según Belén Becerril en su artículo “El borrador de Venecia”, una amnistía puede -allí donde fuera constitucional- sería compatible con los estándares europeos, pero tal no era el caso en los términos en que está redactada la Ley. Por eso, la Comisión proponía unas medidas que mostraban el camino a seguir. “Llama a las autoridades españolas a poner fin al procedimiento de urgencia y a su tramitación como proposición de ley, a tomarse el tiempo necesario para entablar un diálogo con la oposición, a solicitar los informes preceptivos que se han evitado, a regular la amnistía mediante una enmienda, y a reducir y concretar el ámbito de aplicación”. Nada de esto ha hecho el Gobierno, ni lo hará. Enmiendas incluidas en la proposición de Ley de Amnistía A última hora del día 6, el PSOE, JxC y ERC publicaron un sucinto comunicado conjunto en el que se indicaba que los tres partidos habían llegado a un acuerdo sobre el texto de la proposición de ley, de conformidad con las directrices del Derecho Constitucional europeo e internacional, así como con el informe preliminar de la Comisión de Venecia, “mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la Ley de Amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista, y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europeos y los mejores estándares europeos e internacionales”. Ignorando los más elementales criterios de transparencia, la nota no revelaba en qué consistían los cambios introducidos e indicaba que serían hechos públicos al día siguiente. De forma inhabitual, los miembros de la Comisión de Justicia conocieron el nuevo texto tan solo unos minutos antes de proceder a su votación, con lo que al menos los diputados socialistas -que llevan el voto en la boca, como los perros San Bernardo llevan al cuello el reconfortarte barrilito de coñac- pudieron escupirlo con un mínimo de conocimiento de causa. La proposición fue aprobada por 20 votos a favor y 17 en contra. Al fin supimos en qué consistían las cuatro enmiendas transaccionales acordadas, que de transacción tenían bien poco, ya que fueron impuestas por los negociadores de JxC. 1.-Terrorismo: De forma difícil de creer -y menos de aceptar- se ha soslayado la aplicación del Código Penal a los delitos de terrorismo, al establecer que los actos que por su finalidad pudieran ser calificados de terrorismo según la Directiva UE 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, que, a su vez, hubieran causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y en el Derecho Internacional Humanitario. En el trasfondo de la disposición se detectaba la peregrina tesis de que existen terrorismos que no violan los derechos humanos. Un gobierno puede instar a las Cortes a que modifique el Código Penal, pero no puede ignorar su existencia y dejar de aplicarlo. Sí con este estrafalario texto los Boyes y los Bolaños de turno creen que van a exonerar de responsabilidad a Puigdemont, a los CDR y a los activistas de TD, están muy equivocados pues, el artículo 3 de la Directiva prevé que los Estados deberán tipificar como delitos de terrorismo las destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas de transporte, las infraestructuras, los sistemas informáticos, y las propiedades privadas, que pudieran poner en peligro vidas humanas, así como la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos, siempre que se realizarn con el fin de intimidar gravemente a la población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras públicas, económicas o sociales, fundamentales de un país. Pero aun cuando se considerara que dentro del catálogo de actos delictivos no encajaran algunos de los delitos presuntamente cometidos por Puigdemont o sus airados colaboradores, hay que tener en cuenta que las directivas no son de aplicación directa en los Estados miembros de la Unión, sino que éstos están obligados a transponerlas a, e incluirlas en, sus legislaciones nacionales. Estas directrices no sustituyen las disposiciones paralelas incluidas en dichas legislaciones -salvo que estén en abierta contradicción con las mismas, en cuyo caso el Estado en cuestión tendría que modificar dichas disposiciones-, sino que las complementan. Los delitos de terrorismo están claramente tipificados en los artículos 572 y 574 del Código Penal y cubren debidamente el terrorismo callejero, de baja intensidad o de “kalebarroka”. 2.-Traición y delitos contra el Estado: La nueva disposición establece que los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado, y relativos a la Defensa Nacional solo quedarán excluidos de la amnistía cuando hubieran producido una una amenaza efectiva y real, mediante el uso efectivo de la fuerza en contra la integridad territorial o la independencia política de España, en los términos establecidos en la Carta de la ONU y en la resolución 2065(XXV) de la Asamblea General, que contiene la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados. Estos delitos están perfectamente tipificados el artículo 592 del Código Penal y son aplicables a todos los españoles, incluidos los catalanes separatistas, aunque no quieran serlo. Esta disparatada y anacrónica disposición ignora que ya pasó la época de los cuartelazos y los espadones, y que hoy en día se pueden dar golpes de Estado sin disparar un tiro, como ha puesto de manifiesto Daniel Gascón en su magnífico libro “El golpe posmoderno”. No especifica a qué principios de la Declaración se refiere, aunque quepa suponer que será a los de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. De ahí se deduce que Cataluña es un pueblo colonizado por la pérfida España, como una Guinea Ecuatorial cualquiera, y que tiene derecho a la autodeterminación y a la independencia. Repasando la documentación de la ONU no veo que Cataluña -a diferencia de Gibraltar o el Sáhara Occidental- figure en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, ni se hallaban entre esos territorios cuando redacté mi tesis doctoral sobre “Participación de la ONU en el proceso de descolonización”. No me imagino a Puigdemont, como jefe de la tribu catalana, ataviado con un taparrabos cuadribarrado, gritando “Visca Catalunya Lliure”. 3.-Malversación: Junts ha vuelto a la idea de conceder la amnistía a los malversadores que no se hayan enriquecido personalmente. Este criterio ya fue desechado por el Tribunal Supremo, que afirmó que lo relevante era que se utilizaran de forma indebida los caudales públicos, al destinarse a fines distintos a aquéllos para los que fueron presupuestados, con independencia de que los fondos defraudados beneficiaran personalmente a los autores del fraude o se utilizaran para financiar la independencia de Cataluña u otros nobles propósitos. El tema es muy sensible en la UE y el Parlamento Europeo ha instado al Consejo -con el voto en contra del PSOE- a que la nueva Directiva contra la corrupción en curso de adopción prohíba la concesión de amnistías o indultos a los malversadores, decisión muy acertada para hacer frente a estafas tan repugnantes como las del “Caso Koldo/Ábalos/PSOE”. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dado una muestra más de su desvergüenza torera cuando -tras haber dado su apoyo a los indultos a los corruptos dirigentes catalanes, blanqueado al corrupto Puigdemont y defendido a ultranza la concesión de amnistía a los “bienversadores”- ahora, ahíta de dignidad ofendida, se rasga las vestiduras de Zara y afirma de forma categórica que no se puede indultar a los condenados por corrupción, salvo que sean separatistas catalanes o militantes de izquierda. Hermanos/as/es, ¡haced lo que yo diga, no lo que yo haga! 4.-Ampliación del ámbito temporal de aplicación de la Ley de Amnistía Determinados a extender el maná de la amnistía a todo separatista viviente, JxC ha establecido el ámbito de aplicación de la Ley a partir del 1 de noviembre de 2011, para así cubrir a la Sagrada Familia Pujol y a los trincones de Convergencia, aunque no hayan tenido nada que ver con el procès. La Ley es como un chicle que se estira en todas direcciones y pretende amnistiar a personas condenadas o imputadas por delitos no relacionados con la independencia de Cataluña, como Borrás o el propio Boyes. En círculos judiciales, sin embargo, se estima que Puigdemont está aún lejos de obtener el blindaje total perseguido. Según Josu de Miguel, esta chapuza no tiene mucho recorrido y, para lograrlo el ansiado objetivo del aquél, el Gobierno tendría que modificar la definición de todos estos delitos en el Código Penal. Reacciones ante la adopción de la proposición de Ley Pletórico de felicidad y autocomplacencia, Bolaños, haciendo alarde de cinismo y de carencia de principios éticos, se ha auto-felicitado -solo le ha faltado, según Antonio Lucas, sacarse a hombros él mismo- ha afirmado que la amnistía era una gran noticia para Cataluña y para España, pues gracias a ella se había logrado la reconciliación y la convivencia, y los independentistas habían renunciado a la unilateralidad y aceptado hacer política dentro del marco legal de las instituciones nacionales. Los agraciados no le han dado ni las gracias y en un coro a capella lo han desmentido y puesto en ridículo. Turull dijo que nadie se podía sentirse engañado, pues su objetivo siempre había sido la amnistía y la autodeterminación, y no renunciarían a la independencia. El gran triunfador de la jornada ha aclarado, por si hubiera alguna duda, que la Ley de Amnistía no iba a procurar la reconciliación en Cataluña, y que había que retomar el hilo allá donde quedó el 1-O, continuar con el procès y acceder a la independencia a través de un referéndum. Para Aragonés suponía el fin de la represión y el comienzo de la autodeterminación, y Josep Rius declaró que esa era la situación y que “al que no le guste, que se aguante”. ¡Menuda reconciliación! Alberto Núñez Feijóo ha declarado que la UE no podía permitir que fructificaron las amenazas al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial, y que un primer ministro europeo comprara su investidura a cambio de la impunidad judicial, y pidió árnica a la Unión. El presidente del PPE, Manfred Weber, ha afirmado que Sánchez era una marioneta de Puigdemont, al que le iba a aprobar una amnistía.“Feijóo restaurará el Estado de Derecho en España”. El PPE ha deplorado la tramitación de la Ley de Amnistía y sus posibles consecuencias para Europa, al ofrecer impunidad por delitos relacionados con un movimiento secesionista considerado contrario al Estado de Derecho y rechazado por las instituciones de la UE. “La ley ha sido redactada por sus propios beneficiarios e incluye delitos relevantes para la UE, como la malversación de fondos y el terrorismo, y podría dar lugar al cierre de la investigación judicial existente sobre la interferencia de Rusia en el intento secesionista catalán de 2017. Esta ley y el proceso que condujo a su adopción socavan la independencia judicial, al proponer la supervisión parlamentaria de los fallos de los jueces”. Según un editorial de “El Mundo”,“el día de ayer marcó un hito de insólita gravedad en la Historia de España. Con la aprobación de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Gobierno socialista ha sellado su ruptura con los consensos constitucionales y ha hecho efectiva la peor de las corrupciones: la transacción de impunidad a cambio de poder […] Sánchez no solo amnistía a la carta a los políticos independentistas que dieron el más severo golpe a la convivencia en Cataluña, borrando incluso los posibles delitos de terrorismo, alta traición y corrupción, sino que da un paso decisivo hacia la deslegitimación de la democracia española”