La grave lacra de la "okupación" en España

LA GRAVE LACRA DE LA “OKUPACIÓN” EN ESPAÑA El pasado 12 de julio el periódico “ABC” publicó un editorial en el que señalaba que la ocupación de viviendas había pasado de ser una excusa de la izquierda para atacar la propiedad privada, a convertirse en una grave alteración de la vida ciudadana que está produciendo episodios de violencia vecinal, ya que los “ockupas” se están aprovechando de una legalidad tan voluntarista como inútil. Unos días después, el diario “El Mundo” incluyó en su edición del 24 de julio otro editorial con el título de “Poner coto a la lacra de la okupación”, que amenaza con extenderse en España. Antecedentes La ocupación de terrenos de dominio público y de casas abandonadas no es un fenómeno nuevo, sino que ya existió en el pasado después de la guerra civil, debido a la inmigración masiva desde el campo a las grandes urbes, que creó en los extra-radios de éstas suburbios o “ciudades miseria”, como el Pozo del Tio Raimundo en Madrid o el Vacie en Sevilla. Ante la carestía de la vivienda y la insuficiencia de recursos económicos, el nuevo proletariado de origen campesino ocupó espacios de propiedad municipal para construir sus míseras chabolas en unos poblados o barrios que carecían de los más elementales servicios públicos: luz, agua, alcantarillado o pavimentación. Era una consecuencia de la lucha de estas personas por la supervivencia y su intención no era de apoderarse de terreno público con fines delictivos. Este fenómeno ocupacional, que se dio en todo el mundo, se ideologizó a partir de los años 60 con motivo de la extensión del movimiento “hippy” en Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Estados Unidos, y se institucionalizó en los 80 con las iniciativas de los “squatters” ingleses y la politización del tema. Los manifestantes ocupaban espacios y casas para protestar por las dificultades de las clases más desfavorecidas para encontrar vivienda y se pretendió hacer prevalecer el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad privada. Especial repercusión tuvo la actuación del movimiento holandés de origen anarquista “PROVO”, que consiguió llevar a cabo manifestaciones y movilizaciones masivas. El problema es que se ha pasado de una ocupación de la propiedad pública o privada provocada por necesidades personales de los ocupantes y sus familias, a un abuso cada vez más generalizado de las “okupaciones” con una intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva. Algunos inquilinos dejaban de pagar sus alquileres y se negaban a abandonar sus domicilios, y otras personas ocupaban viviendas vacías con ánimo de permanecer en ellas sin contribución alguna a sus propietarios, sobre todo si se trataba de Bancos o empresas. Se ha dado un paso más con la creación de “mafias” profesionales que ocupan las viviendas y las alquilan a inquilinos de buena fe o simplemente se las ceden temporalmente a los ocupantes para chantajear a los propietarios y obligarles a pagar “compensaciones” para conseguir la recuperación de sus propiedades. Estas prácticas mafiosas han tenido un desarrollo considerable durante el período de estado de alarma, en el que los estafadores se han aprovechado del confinamiento de los propietarios para ocupar impunemente muchas viviendas vacías, especialmente segundas residencias o viviendas de extranjeros. Según un estudio del Instituto Cerdá, se ha pasado de 2.207 ocupaciones ilegales en 2010 a 12.1214 en 2018. Se han presentado hasta ahora 87.000 denuncias, y es probable que existan otras 100.000 “okupaciones” no denunciadas, debido a las coacciones y amenazas a los propietarios o por tratarse de propiedades abandonadas de facto, normalmente por entidades financieras. Entre enero y junio de este año, las ocupaciones denunciadas ascendieron a 7.450, una media de 47 denuncias diarias. La crisis económica, el encarecimiento de la vivienda, la inacción de la Administración y la impunidad de los “okupas” apuntan a que esta lacra seguirá creciendo. Legislación española El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. La Carta Magna garantiza asimismo la seguridad jurídica –artículo 9-3- y afirma que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión –artículo 24-1-. Los objetores de la propiedad privada han pretendido contraponer a este derecho el de la vivienda, ya que -de conformidad con el artículo 47- todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deberán promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación. No es, empero, un derecho absoluto como el de la propiedad y no impone una obligación del resultado. El Estado no se obliga a dotar a sus ciudadanos de una vivienda digna, sino simplemente de asegurar el uso adecuado del suelo para evitar la especulación. 1) Vía penal La ocupación ilegal de una vivienda no fue tipificada como delito hasta la reforma del Código Penal de 1996, siendo considerada hasta entonces como una forma de coacción perseguible sólo mediante una acción civil. El artículo 245 prevé que quien ocupe, sin la debida autorización, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieran en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con pena de multa de tres a seis meses. Sólo en el caso de que la ocupación se realizara con violencia o intimidación se podría aplicar una pena de prisión de uno a dos años. Según el artículo 202, si la ocupación afectara a una vivienda habitada, entonces el autor cometería un delito de allanamiento de morada y podría ser condenado a una pena entre seis meses y dos años. Los jueces se han mostrado bastante tolerantes con los ocupantes. Amén de requerir la falta de anuencia del propietario, sólo se considerará punible la ocupación que se realice con la intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble y con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por parte del titular. Los procesos suelen ser largos y las condenas –cuando se producen- cortas. Uno de los casos más escandalosos ha sido la decisión del titular del Juzgado nº 5 de Alicante que condenó a una multa de €540 a una pareja que, con sus dos hijos –y en ocasiones con otro familiares- ha ocupado durante más de dos años una vivienda de lujo en la Playa de San Juan, alegando –sin prueba alguna- que había hecho un pago de €12.500 en concepto de alquiler. Aún tuvo la desfachatez de apelar ante la Audiencia Provincial de Alicante, que confirmó sentencia y, durante todo el tiempo que duraron los juicios, la pareja rumana siguió gozando del “uti possidetis”. Y, para mayor inri, se declararon insolventes y no pagaron ni un céntimo. De ahí que los abogados aconsejen a sus clientes que no recurran a la vía penal y opten por la civil. 2) Vía civil La vía normal abierta a los propietarios de viviendas ocupadas es la acción civil de solicitud de deshaucio a la autoridad judicial. La acción es larga y tediosa –suele tardar entre nueve meses a año y medio- y no siempre resulta favorable al titular, pero incluso cuando lo es, resulta a la larga desfavorable para el propietario. Un familiar mío arrendó un apartamento en Sevilla a una persona que a los tres meses dejó de pagar el alquiler. Se negó a abandonar la vivienda y la propietaria se vio obligada a denunciarlo para solicitar su desalojo. El juicio se prolongó durante más de un año y, aunque la sentencia fue condenatoria, el inquilino se declaró insolvente, ocupó ilegalmente la vivienda durante dos años largos y, cuando finalmente se marchó, se llevó parte de los enseres de la casa y dañó otros con total y absoluta impunidad. Los ocupantes ilegales se suelen amparar en un interpretación extensiva y espuria del artículo 18-2 de la Constitución que establece que el domicilio es inviolable y no se podrá entrar en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El ocupante ilegal alega la titularidad sobre el domicilio ocupado en base al contrato de alquiler existente, aunque lo incumpla, o a un alegado contrato inexistente o falso, y le beneficia el hecho de la posesión del inmueble. La orden de desalojo de un juez suele ser ignorada o aplazada hasta que se presente la policía para ejecutar la orden. El desalojo podría hacerse sin autorización judicial porque la ocupación ilegal de un inmueble supone la comisión de un delito flagrante y continuado. Sin embargo, existe una excesiva tolerancia por parte de la policía, sobre todo cuando hay menores o personas mayores entre los ocupantes. Comparemos la situación con otros países de nuestro inmediato entorno. En Alemania, los ocupantes denunciados deberán desalojar la vivienda en un plazo de 24 horas. En Gran Bretaña la policía puede desalojar a lo “okupas”de inmediato, pues la ocupación ilegal es un delito y los ocupantes puede ser detenidos si se niegan a abandonar el local ocupado. En Italia, la denuncia da lugar a un juicio rápido y, en un breve margen del tiempo, el juez puede autorizar a la policía a que desaloje a los ocupantes. En Países Bajos una mera denuncia a la policía provoca la actuación de los agentes para que desalojen a los “okupas” con la autorización judicial. En España, para recuperar una vivienda ocupada hay que pasar antes por el Juzgado. Sin embargo, el Fiscal-jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha dictado una disposición por la que autorizaba a la policía a desalojar una vivienda ilegalmente ocupada sin necesidad de orden judicial previa, cuando el propietario presente una denuncia a la policía, siempre que el delito haya sido flagrante, y las ocupaciones que se están produciendo a diario no pueden constituir delitos más flagrante de usurpación inmobiliaria. Según ha declarado el Fiscal, “no nos inventamos nada, sólo recogimos lo que dice la ley, aclaramos la forma de actuar y dimos las instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” . Los Jueces de Instrucción de Palma celebraron una reunión extraordinaria y acordaron dar máxima urgencia a los expedientes de ocupación. Como consecuencia de esta política pragmática, las ocupaciones han disminuido, en lo que va de año, un 19% en Baleares, mientras ha aumentado un 34% en Galicia, un 20% en Murcia, un 14% en la Comunidad Valencia y en Canarias, y un 13% en Cataluña. Si el Ministerio Fiscal balear ha hecho una interpretación lógica y adecuada de la normativa existente, ¿por qué no puede hacerse lo mismo en el resto de las Comunidades Autónomas? El PP, Ciudadanos y Vox han pedido a la Fiscal General del Estado que dicte una instrucción similar aplicable a nivel nacional. En 2018 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los trámites para los desahucios mediante la celebración de juicios-exprés, pero los efectos apenas se han hecho sentir, debido al colapso de los juzgados como consecuencia de la pandemia del Covid-19. La Administración además no sólo no ayuda, sino que da facilidades a los “okupas”. Así, una disposición de la Vicepresidencia primera del Gobierno obliga a los Ayuntamientos a empadronar a todos los ocupantes viviendas aunque sean ilegales, porque la inscripción padronal es “completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”, y se deberá aceptar como domicilio a efectos del empadronamiento “cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, con independencia de que sea o no legal. El máximo grado de apoyo a la ocupación ilegal de viviendas se ha dado en Cataluña, donde la Generalitat –a propuesta de la CUP y de Catalunya en Común- adoptó el Decreto 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, pese a que el Consejo de Garantías Constitucionales lo considerara inconstitucional, por violar los artículos 9-3 y 33 de la Constitución, y lo calificara de “irracional, arbitrario y sin sentido”. Entre otras medidas absurdas –que han logrado lo contrario a lo supuestamente pretendido-, el Decreto obliga a los propietarios a ofrecer la vivienda en alquiler social a quienes la hayan ocupado ilegalmente durante seis meses. Equivale a imponer un contrato forzoso y una ocupación ilegal no debería suponer en ningún caso un título de acceso a la posesión, pues crearía una gran inseguridad jurídica. La Generalitat trató de corregir su error con el Decreto 1/2020, y ha empeorado aún más la situación. Considera “vivienda vacía” cualquier vivienda ocupada, aún cuando el propietario haya iniciado un procedimiento judicial para su recuperación. El Presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Lluis Marsá, ha señalado que la legitimación de las ocupaciones ilegales representa un precedente gravísimo de impunidad ante un delito que se da cada día con mayor frecuencia. El PP ha recurrido estos Decretos ante el Tribunal Constitucional porque el derecho a la propiedad consagrado en la Constitución pierde su sentido jurídico y su valor económico si el propietario no tiene posibilidad efectiva de protección judicial ante las perturbaciones de la posesión. Los Decretos agravan la difícil situación del mercado de la vivienda, pues la mayoría de los afectados son pequeños propietarios a los que se equiparan con las entidades bancarias y los grandes fondos de inversión como “grandes tenedores”, con lo que se equiparan dos situaciones bien distintas. Se legitima la ocupación sin titular habilitante, dando prioridad a los “okupas” sobre las personas que están en la lista de espera para obtener una vivienda social, con lo que se produce una incitación a la ilegalidad. Como ha señalado María Jesús Cañizares, protege al “okupa”, persigue al propietario y humilla a las familias humildes que esperan una vivienda social sin patadas en la puerta. Se ha producido el hecho poco común de que los Jueces de Barcelona hayan tomado la decisión insólita de no aplicar los Decretos y así se lo han comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Ministerio Fiscal y a los Colegios de Abogados y de Procuradores. A esta caótica situación ha contribuido muy activamente la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha siso cocinera antes que monja, pues ya en sus años mozos practicó el deporte de la “okupación” en un cuartel abandonado de la Guardia Civil en la Barceloneta. En 2007 participó en la ocupación del “Espai Social Magdalenes” –que se mantuvoo durante tres años- y asistió a la gran fiesta de Can Masdeu, para conmemorar los trece años de ocupación. Fundadora en 2009 y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, lanzó la campaña “Stop desahucios”. Elegida primera edil de Barcelona, Colau toleró la ocupación ilegal del edificio Transformador –propiedad municipal- y pagó a los ocupante la electricidad durante dos años. Asimismo se comprometió a comprar el edificio Ca La Trava en el barrio de Gracia para entregárselo a los “okupas”, aunque no ha podido hacerlo por los obstáculos legales existentes. Obligó al propietario de una finca ocupada por 35 argelinos a que la reformara para convertirla en una vivienda digna y se la alquilara a los “okupas” a precios sociales. El Ayuntamiento barcelonés ha financiado este año sendos talleres para jóvenes sobre “Liberación de espacios” y “Autogestión y modalidades de vivienda alternativas”, gestionados por miembros de movimientos libertarios que defienden la legalidad de la “okupación” y la implantación de un modelo sostenible de gestión de los espacios comunes a servicio del pueblo. La Alcaldesa tiene el poco honroso título de que Barcelona sea la ciudad de España que cuenta con el mayor número de viviendas ocupadas. La complicidad de Colau ha permitido la creación de redes mafiosas de “mediadores”, que “alquilan” edificios a personas necesitadas de vivienda y chantajean a los propietarios para que les abonen importantes compensaciones económica para que consigan desalojar a los “okupas”, con lo que obtienen un doble beneficio. Una situación bien distinta se da en Madrid, cuyo Alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declaró tras su elección tolerancia cero con las ocupaciones ilegales. Ha puesto fin a alguna ocupaciones históricas y conseguido que, en lo que va de año, las denuncias disminuyan un 9.5%. Repercusión internacional Los casos de ocupaciones se han multiplicado durante el estado de alarma. Como ha comentado con amargura una sanitaria catalana que encontró su casa de Vich ocupada al regresar de una misión en Reus y aún no ha conseguido recuperarla, durante el confinamiento, los únicos que podían moverse libremente eran los “okupas”. Las mafias llevaban cuentas de las viviendas vacías, las ocupaban impunemente y las alquilaban a terceros de buena fe o cómplices de la maniobra. Aunque no han discriminado entre nacionales y extranjeros, han centrado su actividad en las viviendas de éstos, ya que no tenían posibilidad de acudir a España para tratar de recuperar sus propiedades. Como decía con cinismo el ocupante de una mansión recién restaurada en Estepona al arquitecto que la reformó, a los guiris les venía mejor que ellos se quedaran para cuidad sus propiedades, pues tardarían más de un año en regresar. Boris Becker consiguió recuperar su residencia en Mallorca ocupada por unos alemanes tras varios meses de lucha judicial y los ocupantes escaparon con una multa de €480, que además no llegaron no pagar. En Alberic –Alicante- una mafia organizada ocupó un conjunto de ocho chalets con jardín y piscinas y los puso en alquiler. Son cientos de miles las segundas residencias que extranjeros tienen en España, especialmente británicos y alemanes, y se está produciendo entre ellos un fenómeno de inseguridad, pánico e incertidumbre, que está llevando a muchos a deshacerse de ellas, al comprobar su impotencia para conservar sus propiedades ante la impunidad de los “okupas” Ello da una pésima imagen de España ante la opinión pública internacional y supone una merma notable en los ingresos de la nación, pues los gastos del turismo residencial suelen ser muy superiores a los del turismo estacional. Posible soluciones Para salvaguardar el derecho a la propiedad en España han fallado la ley, los tribunales y las fuerzas de seguridad. La normativa, tanto penal como civil, es insuficiente y aunque hay normas que permiten el desalojo inmediato de los inmuebles ilegalmente ocupados, no se suelen aplicar. El marco normativo vigente genera desprotección a los propietarios, que quedan desamparados ante los que infringen las leyes, que suelen conocer sus recovecos en el caso de los profesionales de la “okupación”. Los juicios son largos e inciertos para el propietario, ya que los jueces son por lo general bastante tolerantes con las ocupaciones y, cuando las sancionan, dictan sentencias bastante benignas de simples multas. La policía se encuentra entre dos fuegos y no se atreve a intervenir, incluso cuando se realiza una ocupación flagrante de vivienda por temor a ser acusada de abuso de autoridad, especialmente si hay niños y ancianos entre los ocupantes. El derecho a la propiedad no está suficientemente salvaguardado y los propietarios no gozan de la garantía de tutela judicial efectiva y de no indefensión consagrada en la Constitución. Habría que endurecer la ley para agravar la calificación del delito de ocupación ilegal de inmuebles y permitir que la denuncia y exhibición del título de propiedad fueran suficientes para el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas, sin necesidad de recurso judicial o la celebración de un juicio. El juez debería poder adoptar medidas cautelares y rdespaldar la actuación de la policía para realizar los desalojos. La policía tendría que poder hacerlo, con el ulterior respaldo del juez, en el caso de delito flagrante. Los partidos de la oposición han presentado cuatro propuestas no de ley para modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de endurecer las penas contra los “okupas”, facilitar los desalojos y aumentar las garantías de los propietarios. El PP propone un “desalojo exprés”, que permita su realización en un plazo máximo de 48 horas, pues ha razonado que, aparte de la gravedad intrínseca de la usurpación, lleva aparejada otros delitos, como el narcotráfico o la trata de personas. Ciudadanos ha sugerido ampliar el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años. Vox ha planteado que la policía pueda llevar acabo la expulsión de los intrusos sin necesidad de autorización judicial en casos de delito flagrante. PP y Ciudadanos intentarán negociar con el PSOE para que apoye estas propuestas, pero es de temer que Pedro Sánchez opte por apoyar la postura de Podemos, su socio de Gobierno, que es abiertamente partidario de justificar y legalizar las “okupaciones”. Madrid, 27 de julio de 2020

Importante paso adelante de la UE

IMPORTANTE PASO HACIA ADELANTE EN LA UNIÓN EUROPEA Tras 5 días y 90 horas de negociación –la más larga en la historia de la UE-, a cara de perro y pese a que los auto-denominados “Estados frugales” han tensado la cuerda y ejercido el chantaje hasta el final, el Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo histórico, al establecer un Fondo de Recuperación y Resistencia dotado de 750.000 millones de euros, y a financiarlo con capitales que se adquirirán en los mercados en nombre de la Unión, con el solo fin de hacer frente a las consecuencias de la crisis del Covid-19. Según ha expuesto La Secretaría General del Consejo en su informe de conclusiones de la reunión, la UE y sus Estados miembros han tenido que tomar medidas de emergencia para preservar la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Superada en parte la crisis sanitaria, la Unión tiene que concentrarse en mitigar los daños socio-económicos, lo que requiere un esfuerzo sin precedentes y un enfoque innovador que aliente la convergencia, la resistencia y las transformaciones. De ellos, 390.000 millones serán concedidos en préstamos y 360.000 en subvenciones a fondo perdido. Para lograr el acuerdo sobre la propuesta de compromiso presentada por el Presidente del Consejo, Charles Michel, ha habido que hacer concesiones a los tenaces halcones liderados por el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, para sellar un acuerdo a las 5 de la mañana de hoy. Aunque el volumen del Fondo contenido en la propuesta de la Comisión Europea se ha mantenido, se han alterado las cuotas de sus distribución, bajando la parte de subsidios de 500.000 millones a 360.000 y subiendo la relativa a los créditos a de 250.000 millones a 390.000. Los frugales han conseguido asimismo otras ventajas económicas y políticas. En el plano de las devoluciones, los no tan frugales han visto considerablemente aumentadas sus retribuciones sobre la propuesta de la Comisión, salvo Alemania que ha mantenido los €3.671 millones propuestos. Dinamarca ha subido de €222 millones a 377, Austria de €287 millones a 565, Suecia de €823 millones a 1.069, y Países Bajos de poco menos de €1.500 millones a 1.921. En el ámbito político, los halcones han conseguido introducir el llamado “freno de emergencia”, que permitirá que cualquier Estado miembro apele ante el Consejo Europeo la decisión de la Comisión de aceptar un Plan Nacional, si estimare que contiene serias desviaciones de los objetivos marcados por la propia Comisión en sus recomendaciones del Semestre Europeo. Rutte y sus halcones pretendían que la decisión del Consejo fuera adoptada por unanimidad, con lo que cualquier Estado se aseguraba el derecho a vetar los Planes Nacionales de los demás Estados. Esto era demasiado y el Consejo ha previsto para tales casos la adopción por voto cualificado. Los frugales no han conseguido el ansiado veto, pero si la posibilidad de retrasar hasta al menos tres meses la aprobación de un Plan Nacional, en unos momentos en que urge la adopción de las medidas requeridas para para iniciar la recuperación económica de los Estados miembros, especialmente los más adversamente afectados, como España e Italia. Los Estados que aspiren a recibir ayuda del Fondo de Recuperación deberán presentar un Plan Nacional de Recuperación en el que se indique las reformas que pretenden llevar a cabo y su agenda de inversiones para el período 2021-2023. Los Planes serán evaluados en un plazo de dos meses por la Comisión Europea y, para su aprobación, será imprescindible que contribuyan efectivamente a la transición verde y digital. Asimismo tendrá en cuenta el crecimiento económico potencial, la creación de puestos de trabajo y la contribución a la resistencia económica y social de los Estados. Los Planes positivamente evaluados por la Comisión serán remitidos al Consejo para que los apruebe por mayoría cualificada en el plazo de un mes. Las sumas que se concedan se referirán a un programa determinado y el Estado deberá financiar una parte del mismo. Los Planes aprobados serán revisados en 2022 y adaptados, si necesario fuere. Si la evaluación no fuera positiva, se suspendería la provisión de fondos. Las subvenciones son a fondo perdido y los créditos se devolverán a fines de 2058. El Consejo ha aprobado asimismo el Marco Financiero Plurinacional de la UE o Presupuesto para el período 2021-2027, por un valor de €1.074.300 billones. Los Estados frugales también han intentado disminuir la suma propuesta por la Comisión alegando la importante merma en las contribuciones debido a la retirada de Gra n Bretaña, pero la propuesta se ha mantenido y, aunque el presupuesto no ha aumentado, se ha conseguido tapar el agujero provocado por el Brexit. El aumento de las devoluciones a los Estados frugales ha provocado una considerable reducción del algunas partidas, como las previstas para el Fondo de Transición Justa –que ha pasado de €30.000 millones a 10.000-, I + D –de €13.500 millones a 5.000- o Desarrollo Rural –que ha quedado reducido a €7.000 millones-, e incluso su desaparición, como el programa sanitario “Horizonte de Europa”, dotado en principio con €5.000 millones. Pedro Sánchez le ha visto los dientes al lobo y ha adoptado una actitud conciliadora, a diferencia de su colega italiano, Giuseppe Conte, que ha mantenido su oposición a algunos puntos hasta el final y acusado a los halcones de estar en contra del proyecto europeo. Sánchez ha dicho que España ha mantenido una posición constructiva con el fin de lograr un acuerdo mediante ”diálogo, empatía, determinación, y responsabilidad. Necesitamos este acuerdo y esperamos que llegue en las próximas horas”, declaró poco antes de que surgiera la “fumata bianca”. Reacción al acuerdo Hay que hacer de la necesidad virtud y parece ser que los Ministros y altos funcionarios le han hecho el pasillo a Sánchez para celebrar el éxito conseguido por el Presidente en Bruselas. El comentarista ha sido el lenguaraz Vicepresidente segundo del Gobierno, quien –tras hacer unas acertadas consideraciones sobre el acuerdo, ha forzado unas conclusiones “pro domo sua”. Ha dicho que no ha ido todo lo lejos que desearía, pero que iba en una dirección totalmente opuesta a la que se produjo en la anterior crisis financiera y constituía un salto adelante en el modelo presupuestario de la UE, porque, por primera vez en su historia, se planteaba un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta. Los eurobonos que parecían inviables hacer unos años, son ahora una realidad y “servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes”. No tendremos austeridad ni hombres de negro, sino unos ambiciosos planes de estímulos fiscales y de inversión negociados. “El acuerdo alcanzado no sólo no impondrá que el Gobierno de coalición no continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones claves de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno” El Secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha concluido que el compromiso de Podemos con la derogación de la reforma laboral está más vigente que nunca, pues el Consejo Europeo no ha condicionado el Fondo de Recuperación a que se aparquen los cambios previstos. Pablo Iglesias –que había acusado al PP de traición a la patria por aceptar la condicionalidad- ya está preparando el camino para su aceptación, mediante la introducción de una sutilísima distinción entre la rechazable “condicionalidad estricta” exigida en la crisis anterior y la “condicionalidad blanda” que ahora se requiere. Pasa por alto el agudo comentarista, que la Comisión y el Consejo deberán evaluar los Programas Nacionales que presente el Gobierno español “dentro del marco de las recomendaciones del semestre europeo”, y resulta harto evidente que tales recomendaciones son difícilmente compatibles con el programa económico acordado entre el PSOE y Podemos, extendido por el pacto de ambos con Bildu a la derogación completa de la reforma laboral. Si resulta aceptable la condicionalidad exigida por la UE es porque impedirá en buena lógica que se aplique en la práctica el disparatado programa económico acordado entre los dos socios del Gobierno. Que el acuerdo finalmente logrado resulte positivo se puede deducir de la furiosa reacción de los líderes de la extrema derecha. Según Marina Le Pen, Emmanuel Macron ha firmado el peor acuerdo posible para Francia, pues ha sacrificado su futuro y su independencia, abandonado la agricultura francesa y asumido un compromiso financiero colosal. El ultranacionalista holandés, Geert Wider, ha comentado que es una locura regalar €360.000 millones a los países del sur de Europa, que deberían gastarse en Holanda. La nacionalista sueca Jessica Stegrud ha afirmado que el acuerdo ha concedido más poder a Bruselas y endeudado a los contribuyentes suecos, y no contribuye a la competitividad ni al desarrollo económico. Creo que, aunque mejorable, el acuerdo es enormemente positivo y constituye un hito más en el proceso de integración europea. No se han establecido los eurobonos o los coronabonos, pero se han dado los primeros pasos hacia una mutualización de la deuda en la UE. Aún queda mucho camino por recorrer, pero es un paso importante para completar el proceso de la Unión Monetario con el objetivo de logran una Unión Bancaria y una Unión Fiscal, con la homologación de los sistemas fiscales, para evitar la discriminación en materia impositiva y el uso de puertos de refugio fiscales que permitan la evasión de impuestos de las grandes empresas multinacionales, como ocurre en Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. Juicio sobre la negociación Creo que los grandes ganadores han sido Merkel, Macron y las instituciones europeas, que –a pesar de la feroz resistencia de los países frugales- han conseguido sacar adelante lo esencial de su proyecto, recogido en la propuesta de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También ha salido bien parado el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que con infinita paciencia, ha conseguido ir salvando las objeciones planteadas por distintos Estados a base de hacerles concesiones asumibles, que no han impedido adoptar la esencial del proyecto solidario comunitario. Muchos también han considera triunfadores a Rutte y a sus halcones, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Es cierto que Rutte ha logrado mantener la unidad de pequeños países –hasta entonces ignorados- casi hasta el final, y conseguido ciertas concesiones mediante el recurso al chantaje y a la insolidaridad, pero ha sido a base de provocar la desunión y el resentimiento en el seno de la Unión, lo que le ha causado un profundo desprestigio fuera de su país y de su clientela. Su principal logro ha sido la introducción con calzador del “freno de emergencia”, aunque se haya quedado corto al no conseguir que se consagrara el derecho de veto de cualquier Estado en la aprobación de los Planes Nacionales de otros Estados. Ha tenido éxito al lograr una mayoría alternativa de pequeños países, que han plantado cara al hasta ahora intocable duopolio franco-alemán y a las principales potencias económicas de la Unión, como Italia y España. Habrá que ver si consigue mantener la unidad de los “pitufos”, cuyos intereses no siempre coinciden y que no querrán estar permanentemente enfrentados con los grandes socios de la Unión. Si lograra mantenerla, se produciría una revolución en el “modus operandi” de la institución, pero no creo que lo consiga. Con independencia de sus convicciones frugales, Rutte ha sobreactuado con la mirada puesta en su propio país, que pronto celebrará nuevas elecciones, en la que se enfrentará a su Ministro de Hacienda, Wopke Hoekstra, y juega a ver cuál de los dos es más halcón, porque atacar a los países “cigarra” del Sur y a las instituciones europeas da muchos votos en Holanda. Esta vez ha ido demasiado lejos, pues –con su propuesta de freno de alarma- ha menospreciado a la Comisión Europea y minusvalorado su criterio evaluador. Hasta puede salirle el tiro por la culata pues, si Países Bajos puede juzgar a sus socios de la UE, también, éstos podrán juzgarlos a ellos, y Holanda tiene en sus armarios más de un cadáver financiero o fiscal. Respecto a España, el acuerdo le ofrece una oportunidad única para salir de la terrible crisis económica en la que está sumida tras la pandemia, aunque no sólo a causa de ella. Sánchez –que teme más que nada perder el poder- es consciente que sin la ayuda de la UE no podrá relanzar la economía española y acabará por aceptar las condiciones razonables que la Comisión y el Consejo Europeo le exijan, aunque ello suponga dejar en barbecho el plan económico pactado con Podemos. La exigencia de la condicionalidad -por blanda que sea- supone una contrariedad para el Gobierno del PSOE y Podemos, pero un alivio para la mayoría de los españoles, que ven cómo, gracias a la UE, se puede contrarrestar la desastrosa política económica del Gobierno. Pero además de la vertiente económica, en que Iglesias y sus Ministros podemitas son un “pain on the neck” de la Vicepresidenta tercera y Ministra de Economía, Nadia Calviño y del equipo económico socialista, existe una dificultad de tipo técnico. Para poder disfrutar del maná comunitario, el Gobierno tendrá que elaborar un concienzudo Plan Nacional en el que se precisen con rigor los programas que presente, las reformas estructurales que pretenda realizar y la cronología de las inversiones que vaya llevar a cabo. Asimismo, deberá complementar la financiación de cada programa con un parte del total. En el caos administrativo en que se encuentra, ¿está el Gobierno, especialmente los Departamentos dirigidos por Podemos, en condiciones de hacer frente a semejantes retos? Mucho me temo que la respuesta esté lejos de ser positiva. Como ha reconocido el eurodiputado socialista por Asturias, Jonás Fernández, España ha perdido contribuciones comunitarias por no ser capaz de cumplir con las exigencias requeridas por la Comisión Europea. La situación es tan grave y difícil de superar que sería indispensable que hubiera un mínimo de colaboración del Gobierno con el principal partido de la oposición, pero como ha señalado repetidas veces Sánchez –últimamente en declaraciones al “Corriere de la Sera”- no entra en sus planes una coalición, o la simple colaboración, entre el PSOE y el PP. Reza el refrán español que “no hay mal que por bien no venga”. A ver si el coronavirus hace el milagro de que se impulse el proceso de integración europeo y se normalicen las relaciones entre los dos principales partidos de la nación. “Sevillainfo”, de 22 de julio de 2020 y “Crónica Popular”, de 26 de julio de 2020

Libertad "de facto" para los presos del "procès"

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019 supuso un gran triunfo para la justicia en España. Por primera vez, un tribunal condenó de forma contundente a los políticos catalanes que habían tratado de dar un golpe de Estado, al celebrar un referéndum ilegal y declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Acostumbrados a la impunidad de la que disfrutaron durante muchos años por violar las leyes e incumplir las sentencias, los políticos separatistas se vieron sorprendidos por la decisión del Tribunal Supremo. No la esperaban y no la aceptaron, como ya de antemano había declarado el Presidente de la Generalitat, que sólo podría acatar una sentencia que fuera absolutoria. Joaquim Torra manifestó que la sentencia no era un acto de justicia, sino de venganza, y la calificó de causa general contra Cataluña y de atentado contra la democracia. La reacción de los condenados se situó en los mismos parámetros, pues no admitían que hubieran cometido delito alguno. Carme Forcadell declaró que la injusticia se había consumado, Josep Rull que había sido condenado por sus ideas, Jordi Cuixart que “contra la sentencia, resistencia”, y Oriol Junqueras que con la sentencia no acababa nada y volverían más fuertes, convencidos y determinados que nunca. Todos ellos publicaron un comunicado en el que describieron el fallo como injusto y vengativo, y afirmaron taxativamente que “lo volverían a hacer”. Al estimar que se trataba de una decisión injusta y que la prisión de los responsables del “procès” no estaba justificada, no era de extrañar que la Generalitat -titular de las competencias en materia penitenciaria- hiciera cuanto estuvo en su mano para tratar a los condenados en sus cárceles-residencias como huéspedes VIP. Al formar las autoridades carcelarias parte de la Generalitat, que había sido la principal responsable del golpe de Estado que supuso de Declaración Unilateral de Independencia, no podía ser obviamente juez y parte, por lo que no ha actuado con la imparcialidad, neutralidad e independencia debidas. Para empezar, dieron a los encarcelados toda clase de privilegios en flagrante violación de sus propias disposiciones penitenciarias y, acto seguido, recurrieron a las cláusulas de escape del Reglamento Penitenciario de 1981, especialmente a su artículo 100. Aplicación abusiva del artículo 100-2 del Reglamento Penitenciario Según el artículo 100-2 del Reglamento, “con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, con respecto a cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de algunos de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que, de otra forma, no pueda ser ejecutado”. Se trata de una disposición excepcional, que los servicios penitenciarios de la Generalitat han convertido en la norma ordinaria aplicable a los condenados en el juicio del “procès”. Como han señalado los Fiscales de Sala que intervinieron en el juicio –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena-, el artículo 100-2 no supone un grado intermedio de clasificación, sino que se concibe como un instrumento finalista de carácter excepcional, que permite combinar aspectos de distintos grados, al sólo efecto de ejecutar un programa de tratamiento especial que para lograr la reinserción y la rehabilitación del interno. La naturaleza de la materia no permitía la efectividad inmediata, sino que la decisión de la aplicación del régimen flexible del artículo 100-2 debería quedar en suspenso cuando los condenados se hallaran cumpliendo una pena superior a cinco años y la aplicación de esta norma supusiera su excarcelación. Los nueve líderes del “procès” excedían con creces el límite de los cinco años: Oriol Junqueras trece, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa doce, Carme Forcadell once y medio, Josep Rull y Joaquim Forn diez y medio y los “Jordis” -Sánchez y Cuixart- nueve. Según los fiscales, el margen de discrecionalidad que implica el principio de flexibilidad es patente y puede convertirse en un peligroso cauce para eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Al haberse concedido indiscriminadamente a todos los implicados en el referéndum del 1-O, la Generalitat hizo de la excepción la regla general. Han observado que no dejaban de ser llamativos los motivos alegados para la concesión: cuidar a la madre –Forcadell-, sustituir a la cuidadora de la madre durante sus vacaciones, pese a que hubiera otros miembros de la familia –Bassa-, trabajar en su propia empresa –Cuixart-, trabajar genéricamente –Rull, Turull y Forn-, dar clase en una universidad privada–Junqueras-o hacer labor de voluntariado –Sánchez y Romeva-. La inferencia que cabe extraer de estas circunstancias no puede calificarse de aventurada en cuanto que ha sido expresamente corroborada por la Consejera de Justicia, Ester Capella, al declarar que el artículo 100-2 se aplicaría a todos los líderes soberanistas y reiterar que era una anomalía que presos políticos estuvieran en prisión. En consecuencia –concluían los fiscales-, la aplicación de dicho artículo se asemejaba a la concesión a todos ellos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de su aplicación no eran diferentes de los que conllevaba la concesión del tercer grado. Según Carlos Berbell, Director de Confilegal, la situación obtenida es similar en ambos casos, lo que sitúa los hechos en la órbita del fraude a la ley. Se h planteado el debate sobre qué tribunal debería resolver los recursos formulados contra las decisión de un juez de vigilancia penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100-2, la Audiencia Provincial del territorio donde se encontraba encarcelado el penado o el tribunal juzgador. Al plantease el recurso contra la decisión de las autoridades penitenciarias de conceder los beneficios de la citada disposición a Forcadell, el titular del Juzgado nº 3 de Lérida decidió referir el caso al Tribunal Supremo en vez de a la Audiencia Provincial, al estimar que la aplicación extensiva del artículo suponía de facto una alteración en el modo de cumplir la condena, por lo que debía decidir el tribunal sentenciador. Esta opinión ha sido compartida por los Fiscales del Tribunal Supremo, quienes han estimado que la Sala nº 2 de lo Penal, en su calidad de tribunal sentenciador, debería decidir sobre la apelación, dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremo de la justicia ordinaria. ”Se hace, por ello, necesario que esa Excma Sala, al examinar su propia competencia, fije doctrina unificadora”. Concesión del tercer grado a los condenados por el “procés” El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades (artículo 101-2 del Reglamento). Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorna y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento, para el buen éxito del tratamiento (artículo 102-2). La progresión en el grado de clasificación dependerá de las modificaciones positivas de aquellos factores directamente relacionados con las actividades delictivas del interno que se manifiesten en su conducta global y entrañen un aumento en la confianza depositada en el mismo (artículo 106-2). Las Juntas de Tratamiento de las distintas cárceles donde se alojan los nueve condenados decidieron el 2 de julio, por unanimidad, que procedía que pasaran del segundo al tercer grado, alegando que existía “un bajo riesgo de reincidencia” (¿?), que los interesados habían participado en “actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos”(¿?), y colaborado con las autoridades de la prisión y que no habían sido sancionados. El objetivo de la concesión era “favorecer y consolidar el itinerario de inserción socio-laboral en el ámbito privado”. Cabe señalar que un juez de vigilancia penitenciaria se ha opuesto a que Junqueras fuera sometido a un programa que le ayudar a interiorizar la noción de que las leyes debían ser cumplidas, dado que él las había violado todas -la Constitución, las leyes nacionales y hasta las propias normas y reglamentos autonómicos-, porque el líder de ERC ya era consciente de ello y había reconocido que las cosas deberían haber sido hechas de otro modo y su conducta había originado consecuencias no deseadas (¿?). Veamos si los promocionados han cumplido los requisitos exigidos por el Reglamento Penitenciario para progresar de grado. Todos ellos cumplen condenas de entre 9 y 13 años, y su historial delictivo consiste en haber tratado de realizar un golpe de Estado para proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Aunque la ley no requiera expresamente el arrepentimiento de los sediciosos, éste va implícito en la exigencia de rehabilitación, que debería estar dirigida a paliar las razones que les llevaron a cometer los delitos. No fueron condenados por sus relaciones familiares, sino por haber abusado de la situación de poder que ostentaban. y convertido en ley su propia voluntad, según han afirmado los Fiscales del Supremo. Los condenados no se han rehabilitado, ya que consideran que no han cometido ningún delito. De ahí, que se nieguen a solicitar un indulto y exijan una amnistía. No sólo no se han arrepentido, sino que han reiterado en sede judicial y ante los medios de comunicación que lo volverán a hacer. No hay efectivamente riesgo de “re-incidencia”, porque aún están en la “incidencia”. Todos ellos, pero especialmente Junqueras, continúan en estado de sedición y, desde sus confortables celdas y de los despachos facilitados por las autoridades carcelarias –e incluso alguna municipal, como en el caso de Junqueras- han continuado con su labor de permanente insumisión frente al Estado español y proseguido con sus intentos para obtener la independencia de Cataluña. Es normal que los encarcelados se comporten bien con unos carceleros que los tratan como huéspedes distinguidos y que no haya habido necesidad de que sean sancionarlos. Todos ellos -aparte de disponer de una saneada situación profesional o económica-, están perfectamente integrados en sus ambientes familiares y no precisan de reinserción social. En cuanto a su entorno político, vuelven a un medio que les facilita que prosigan con su política sediciosa y secesionista. Han mantenido esa política antes de entrar en prisión y durante su estancia en la misma, y la seguirán practicando en la fase de libertad más o menos vigilada. A nadie engañan –salvo a los que se quieran engañar a sí mismos- y se jactan de que lo volverán a hacer. La concesión del tercer grado ha sido recibido con satisfacción mitigada por los agraciados y por las autoridades de la Generalitat. Bassa ha dicho que quiere, necesita y espera la libertad, pdro que continúa siendo una presa política sea del grado que sea; Junqueras ha comentado que se trataba de un paso en adelante, pero que seguía siendo un preso político, por lo que exigía la libertad a través de una amnistía; y Cuixart ha lanzado un fervorín patriótico a través de Omniun Cultural, en el que ha afirmado que el tercer grado no es nada, que lo volverá a hacer, que continuará legitimando la lucha no violenta y la desobediencia civil, y que seguirá luchando por el fin de la represión, el retorno de los exilados, la autodeterminación de Cataluña y la derogación de la monarquía, símbolo de un Estado opresor en quiebra democrática, social y económica. No parece que estén muy arrepentidos. El Presidente Torra ha manifestado que nunca deberían haber sido juzgados ni haber entrado en prisió. “¿Tercer grado? ¡Libertad!”. El Vicepresidente, Pere Aragonés, ha declarado que era una buena noticia, pero ha recordado que se trataba de personas inocentes que no deberían estar en la cárcel. “Ante una sentencia injusta de un Tribunal Supremo que sólo ha buscado la venganza, la única solución definitiva al caso es la amnistía”. La Consejera de Justicia, Ester Capella, ha exclamado “¡Los queremos fuera!”, y la portavoz del Govern, Maeritxell Budó, ha señalado que, desde hacía tiempo, venían pidiendo que se les concediera el tercer grado, y “esto hace más evidente que en el país hay presos políticos y exilados políticos. No queremos que les den el tercer grado. Queremos su libertad”. Aunque tenía tres meses de plazo para pronunciarse sobre la recomendación de la Junta de Tratamiento, el Servicio de Clasificación de la Consejería de Justicia apenas ha tardado una semana en avalar esta decisión. El Secretario del Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas, Armand Calderó, ha comentado que nadie puede tener duda razonable de que, si hubiera dependido de la Generalitat, los condenados nunca habrían entrado en prisión. Ahora se les ha concedido el régimen abierto habitual que les permitirá dormir en sus casas tres días a la semana. Asimismo, es más que probable que se les aplique el beneficio del artículo 86-4 del Reglamento, por el que los internos podrían pernoctar en sus domicilios si aceptaban el control de su presencia fuera del centro penitenciario mediante dispositivos telemáticos adecuados u otros mecanismos de control suficiente. En definitiva, la concesión de una libertad de facto. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su profundo respeto a la decisión adoptada por la Generalitat, ya que es algo que está tasado y reglado en la legislación penitenciaria y, por tanto, no tiene nada que objetar. Así se siente liberado del compromiso de concederles el indulto prometido y tendrá menos concesiones que hacer en la próxima reunión de la Mesa de Negociación Gobierno Central-Generalitat, aunque sus aliados catalanes le exigirán la concesión de una amnistía, expresamente prohibida en el artículo 62-i) de la Constitución. No comparten su opinión los miembros de la oposición. Ciudadanos –a través de su presidenta en Cataluña, Lorena Roldan- ha manifestado que no le extrañaba que los separatistas amenazaran con volverlo a hacer, porque dar golpes a la democracia salía barato en Cataluña. “Espanya i Catalunya” ha observado que los separatistas son impunes gracias a los Gobiernos cómplices, salen de la cárcel y lo hacen vacilando. El PP, por su parte, ha afirmado que la concesión del tercer grado a los sediciosos suponía un fraude a la ley y convertía en papel mojado la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, tanto más cuanto que los agraciados no cumplían con los requisitos requeridos por el Reglamento Penitenciario para su acceso a dicho grado. Decisión del Tribunal Supremo La Consejería de Justicia debe notificar la decisión al Juez de vigilancia penitenciaria y al Ministerio Fiscal, que podrá recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del citado juez en el caso de que condone la concesión del tercer grado. Los Fiscales del Tribunal han pedido a la Sala segunda de lo Penal que se pronuncie al respecto y unifique la jurisprudencia sobre el tema. Dicha Sala cometió, durante el juicio, el error de rechazar la petición del Ministerio Fiscal de que no se autorizara la concesión del tercer grado hasta que los condenados hubieran cumplido la mitad de su pena. Ahora la situación no es la misma, pues la Sala ha podido apreciar la mala fe de la Generalitat en el privilegiado trato penitenciario que está concediendo a los sediciosos, por lo que su decisión podría ser diferente. Cabe encontrar un precedente en este sentido en la oposición de la Sala a que la Generalitat permitiera a los dirigentes políticos encarcelados pasar en sus domicilios el confinamiento decretado con motivo de la pandemia del Covid-19. La Sala hizo saber a los funcionarios de Prisiones que podrían incurrir en prevaricación si adoptaban semejante decisión y éstos no se atrevieron a tomarla. Confío en que el Tribunal Supremo revoque la concesión del tercer grado a los presos separatistas y no les permita disfrutar de un tercer grado encubierto. Nunca se había producido en España una concesión tan rápida del tercer grado a unas personas condenadas a penas tan elevadas de entre 9 y 13 años, cuando no ha transcurrido ni un año desde la fecha del juicio. Creo, por tanto, que deben ser condenados los continuos abusos cometidos por los servicios penitenciarios de la Generalitat –incluida la concesión a los separatistas condenados de un tercer grado encubierto mientras gozaban del segundo grado y ahora de un tercer grado pleno-, cuando no reúnen los requisitos requeridos para ello. No me mueve ningún espíritu vengativo, sino el deseo de que se respeten el Estado de Derecho y el principio básico de igualdad de los españoles ante la ley. Las continuas decisiones provocativas de la Generalitat en su permanente y continuada insumisión al Estado español –y, en especial, la concesión del tercer grado a los sediciosos del “procès”- constituyen una exaltación del delito de sedición, un menosprecio de la justicia, una violación del principio de igualdad de derechos, una quiebra del constitucionalismo y una burla al pueblo español, incluido el catalán no nacionalista. “Crónica Popular”, de 19 de julio de 2020

Secuelas del Covid-19: La UE en la encrucijada

SecuelasSECUELAS DEL COVID-19: LA UE EN LA ENCRUCIJADA La UE se encuentra en un momento crítico para su supervivencia como actor global en un mundo multipolar, dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China. Según Peter Francopan, Europa ha dejado de ser el centro de los intercambios comerciales mundiales y la ruta china de la seda ha crecido en competencia directa con Occidente. Se está produciendo una crisis global –agravada por la pandemia del Covid-19- en la que se inscriben las políticas extravagantes de Donald Trump, el liderazgo de China y la “enanización” –“dwarfing”- de la Unión Europea. Los protagonistas de este mundo globalizado son Estados Unidos y China, y -en menor medida- Rusia y la UE. Disminución del liderazgo de Estados Unidos Asistimos al repliegue de Europa de Estados Unidos, que ya se inició al término de la Guerra Fría, continuó con el “pivot to Asia” de la Administración de Barack Obama y se ha ampliado en el ámbito económico y militar por la Administración Trump, que ha liquidado el proyecto de Tratado Trasatlántico de Libre Comercio. Estados Unidos ha asumido la tesis de Halford Mackinder de que quien controle Eurasia, controlará el mundo, con lo que el protagonismos económico ha pasado del Océano Atlántico al Pacífico. Como ha señalado José Ignacio Torreblanca, Europa se ha convertido en una “pequeña península de Asia”. En su errática política, Trump ha combatido el multilateralismo y el libre comercio, dejando paradójicamente a China como el principal munidor del mismo. Estados Unidos se ha marchado de la UNESCO y de la OMS, ha debilitado la OTAN, hostigado a la UE y apoyado el Brexit.. Se ha salido del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y del Tratado nuclear con Irán. Como depende poco de las exportaciones y goza de una alta seguridad energética, ha perdido interés en salvaguardar la estabilidad global, y ha vuelto al proteccionismo y al lema de “America first”. Según Antonio Bonet, ha ido por el mundo pisoteando el sistema multilateral para hacer frente a sus disputas con China por el protagonismo mundial y recurrido unilateralmente a imponer aranceles a las importaciones de todo tipo, del acero, el aluminio o los vehículos, a las aceitunas, los vinos o los quesos, a amenazar arbitrariamente con la imposición de nuevos aranceles, y a cerrar progresivamente sus mercados. Como ha señalado Torreblanca, la violación abierta de las reglas del juego y el empleo de las sanciones comerciales como instrumento de coacción destruyen la confianza en el sistema económico y dañan gravemente a la OMC. En el ámbito de la seguridad, aunque la UE sigue dependiendo para su seguridad de la OTAN, no existe ya el mismo grado de confianza y de colaboración de antaño. Estados Unidos se ha ido retirando asimismo de Oriente Medio y el vacío que ha dejado ha sido ocupado por la Rusia de Vladimir Putin. Las impredecibles medidas de Trump están creando una situación caótica por doquier y los “twitters”, con los que desgobierna el mundo, son casi tan peligrosos como los misiles SAM, pues resulta más difícil protegerse del fuego amigo que del enemigo En el ámbito interno, Trump ha provocado la división del país y el enfrentamiento de sus ciudadanos, radicalizando las posiciones del Partido Republicano y apoyando el supremacismo WASP. Tras la muerte de George Floyd, en vez de calmar los ánimos, ha echado leña al fuego con actitudes xenófobas y racistas. En sus discurso del 3 de julio en Monte Rushmore habló de la “revolución cultural de los liberales” y de un nuevo fascismo de extrema izquierda que está tratando de socavar los valores eternos de la nación. Su actitud ante la pandemia del coronavirus está siendo deplorable, pues, pese a ser el país el más adversamente afectado como consecuencia de su política negacionista -con 2.7 millones de contagios y cerca de 130,000 muertos-, se niega a adoptar las medidas adecuadas para hacerle frente, afirmando de forma buenista que el virus desaparecerá tarde o temprano por arte de birli-birloque, y que lo primordial es relanzar la economía. Para bien de su país y del mundo, confiemos en que el Joe Biden gane las próximas elecciones presidenciales. Ascenso de China al liderazgo mundial El Gobierno chino está aprovechando la desastrosa actuación internacional de Trump para consolidar su protagonismo en la escena mundial. Gracias a su potencia demográfica, su progreso económico, su crecimiento tecnológico y su poderío militar, ha sustituido a Rusia como el principal rival de Estados Unidos por el liderazgo global, y se permite el lujo de presentarse ante la opinión pública como el campeón del comercio internacional y del multilateralismo. Esto es pura falacia porque China incumple las reglas del comercio internacional, subvenciona sus industrias, fuerza a las industrias extranjeras a que le cedan su tecnología, dificulta el acceso a su mercado interior y está realizando grandes proyectos de infraestructuras en África -donde ha pasado a ser el primer inversor-, pujando a la baja, despreciando los criterios ambientales y la lucha contra la corrupción, y practicando el dumping laboral. Según Francopan, “todos los caminos conducen a Pekín”, y los lazos de cooperación que ha conseguido establecer en Asia, África e Iberoamérica –e incluso en Europa- son una “muestra de tenacidad diplomática y de sabia paciencia”. A la chita callando, China ha logrado superar el PIB de Estados Unidos. Uno de los mayores peligros con que amenaza China es el de controlar Internet en el futuro. El pasado marzo, el Gobierno chino presentó ante la UIT una propuesta de nueva arquitectura par Internet hecha a su imagen y semejanza: un diseño avanzado tecnológicamente, destinado a controlar su funcionamiento y limitar la libertad de expresión. La propuesta fue apoyada por Rusia y la sin par Arabia Saudita , que -para hacerse perdonar sus muchas culpas- siempre está dispuestas a tirar de chequera para financiar el islamismo radical, o para controlar las redes telemáticas. Estiman que el ciberespacio –utilizado por 4.650 millones de usuarios y con 26.000 millones de dispositivos conectados- tiene que ser controlado por el Estado y no sólo por las grandes empresas tecnológicas norteamericanas -como Google, Facebook o Amazon-, o la compañías estatales chinas –como Huawei-. Según el “Fiancial Time, su objetivo es sustituir el Protocolo vigente, concebido como una red de redes en la que interaccionan personas y no dispositivos, por una red controlada por los Estados. Según Ben Peters –autor de “How not to Network a Nation”-, el proyecto pretende mejorar la funcionalidad de la tecnología occidental, pero despojándola de la protección a los ciudadanos, sustituyendo el servicio a los usuarios por el servicio al Estado. Ello implicaría un total control por parte de los operadores de las personas físicas y jurídicas, y el dominio de la información, lo cual es sumamente preocupante. China ha desarrollado la tecnología del 5G y pretende introducirla en Europa, y ha conseguido que Gran Bretaña abra la puerta a la empresa Huawei, a lo que se ha opuesto Estados Unidos. En opinión “El Mundo”, el futuro será el que dilucide si el nuevo Internet supondrá una guerra entre Estados o si el liderazgo lo ejercerán los propios usuarios. Mucho me temo que lo primero sea más probable que lo segundo y China parte desde una posición ventajosa. El unilateralismo estadounidense y el oportunismo chino están dificultando seriamente la cooperación internacional. ¿Qué actitud puede adoptar la UE ante esta considerable pérdida de protagonismo con respectó a las dos superpotencias? Según Sigmar Gabriel, China es el único país con una verdadera geo-estrategia global, en tanto que Europa carece de ideas y de planes globales. A juicio de Francisco Sosa Wagner, mientras China se mueve tratando de enlazar proyectos espectaculares, la UE se cierra sobre sí misma, reconstruye las fronteras nacionales y muchos de sus políticos aspiran a reconquistar la soberanía de sus naciones cedida a la Unión. ”Hay una común sensación de que el mundo mira hacia Oriente y de que Europa tartamudea”. La UE carece de capacidad para intervenir activamente en este juego de tronos, por no estar preparada material, psicológica ni institucionalmente, aunque podría hacerlo si integrara todas sus múltiples capacidades bajo estrategias compartidas por sus miembros y estableciera principios claros. La Unión debería actuar como un tercer polo entre Estados Unidos y China, pero, para poder ser un actor global, necesitaría un mayor grado de integración y una creciente autonomía estratégica. Como ha señalado Helle Thorning-Schmidt, en la dinámica de confrontación entre las dos superpotencias, la UE debería buscar su propia vía, que no sería una posición equidistante, sino una que le permitiera defender el espacio de libertad y de prosperidad que la ha definido: el cumplimiento de las normas, la lucha contra el cambio climático y el respeto de los derechos humanos. Frente a las contradicciones estadounidenses y a las zalamerías china, la Unión debería –en opinión de Sosa- “defender los valores democráticos y emitir una luz potente desde el faro de la democracia liberal y del Estado de Derecho”. La Unión Europea en la encrucijada Según Carl Bildt, a Europa se le está agotando el tiempo para ser relevante en un mundo que ha girado peligrosamente hacia el unilateralismo, el proteccionismo, el nacionalismo y el autoritarismo. En ese mundo globalizado en el que vivimos, se juega una brutal disputa por el poder y si la UE no consigue ser un actor en dicho juego, se convertirá en el campo en el que otros jueguen. Para Luis Simón, la Unión tendrá que decidir, en consecuencia, si quiere ser sujeto u objeto de las relaciones internacionales. Si quiere ser un actor en este juego de poder, deberá consolidar su influencia en la propia Europa y evitar la penetración de potencias externas que socaven la unidad y la integración europeas. Para Mark Leonard y Jeremy Shapiro, frente a la imprevisibilidad de Trump, la asertividad de Putin respecto a Europa Oriental y los desafíos tecnológicos y militares de China, Europa no dispone de recursos para ser más autónoma de Washington y es cada vez más vulnerable a la presión externa, lo que le impide ejercer plenamente su soberanía. Esta vulnerabilidad amenaza la seguridad, la salud económica y la acción diplomática de la UE y permite que otras potencias impongan sus predicamentos. Con Trump en la casa Blanca, Xi Jiping en Zhongnanhai y Putin en el Kremlin, los europeos partidarios del multilateralismo se han dado cuenta de que lo mejor era dotarse de sus propias reglas a fin de mantener su independencia. Para ello, la Unión debería abordar los desafíos económicos y de seguridad, sin abandonar su apoyo a un mundo basado en las normas jurídicas comunitarias y en la alianza trasatlántica, lo que implicaría crear una nueva “soberanía estratégica” y actuar como un poder geopolítico autónomo. Sólo una Unión segura de sí misma y de su proyecto futuro podría resultar atractiva a los millones de ciudadanos tentados de dejarse llevar por los mensajes populistas. Según Josep Borrell, el proyecto europeo sigue siendo clave para el provenir de la UE. A juicio de Leonard, si la Unión pusiera sus importantes activos al servicio de una agenda estratégica más amplia, podría convertirse en un jugador en el mundo multipolar, en lugar de ser un juguete en manos de otras potencias ¿Está en condiciones de hacerlo? No repuesta aún del hachazo del Brexit y sin haber llegado a un acuerdo sobre sus relaciones con Gran Bretaña, la UE ha sufrido las graves consecuencias del coronavirus. Los europeos han sentido una sensación de incertidumbre y de insuficiencia de los Estados-nación para luchar contra la pandemia por sí solos. Con Estados Unidos sumido en el caos y con una China que ha tardado en informar sobre el estallido de la epidemia y ocultado datos sobre su desarrollo, Europa se encuentra –según Leonard- con una oportunidad increíble para reinventar el proyecto europeo. El Covid-19 ha creado un mundo de bloques en el que la relevancia de Europa dependerá de su capacidad de actuar. Estamos atados los unos a los otros y “si no encontramos formas de trabajar juntos de manera efectiva, podemos acabar hundiéndolos juntos”. Lo primero sería crear la visión de una Europa capaz de proteger a sus ciudadanos y, para ello, cada Estado miembro tendría que sentir que Europa es la primera línea defensiva frente a un mundo amenazante donde enfrentar los problemas trabajando codo con codo. En opinión de Ignacio Molina, Europa no se hace sola y no se hará si los ciudadanos europeos no lo exigen a sus Gobiernos. La UE debería explotar la economía de escala que supone trabajar unidos en un mundo en que cada vez resultará más difícil que una fragmentada posición europea pueda moldear la gestión de los asuntos globales de acuerdo con sus postulados sobre el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático. Con su pragmatismo británico, Leonard estima que sería peligroso que los líderes europeos abogaran por la creación de unos Estados Unidos de Europa, con instituciones fuerte en Bruselas. Yo no comparto esta cortedad de miras y creo que- al menos como objetivo y siendo consciente de que no se lograra fácilmente- deberían mantenerse los ideales de los padres fundadores. Como ha señalado Borrell, la UE ha supuesto un éxito extraordinario en la Historia de Europa, ya que ha logrado la paz entre los europeos tras dos catastróficas guerras mundiales y no puede ignorar sus orígenes. “Casi nada podremos hacer solos; casi todo tendremos que hacerlo juntos”. El Fondo para la Recuperación y la Resistencia Ahora Europa se enfrenta a una nueva catástrofe, aunque sea de tipo bélico, la pandemia del Covid-19, y es fundamental que la UE responda de forma adecuada si quiere subsistir. Su principal objetivo “hic et nunc” es –amén de colaborar a la extinción de la epidemia, que es fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros- facilitar la recuperación económica del conjunto de la Unión. La UE -incluido el BCE- parece haber aprendido de los errores cometidos durante la crisis económico-financiera de 2008 y se apresta a adoptar una actitud más solidaria con la creación del Fondo de Recuperación y Resistencia. Angela Merkel –la única líder con la que cuenta la Unión- ha asumido la iniciativa para resolver el problema, no sólo por razones filantrópicas, sino también por ser consciente de que, con unos socios del Sur deprimidos y endeudados, Alemania y los Estados “frugales” del Norte verían adversamente afectada su economía. De ahí que se haya desmarcado del campo de los halcones y haya lanzado, junto con Emmanuel Macron, una propuesta razonable de compromiso para la recuperación de la UE, que ha servido de base para la propuesta de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear un Fondo de Recuperación y de Resistencia, dotado con €750.000, 500.000 de ellos para subvenciones a fondo perdido y otros 250.000 para préstamos a largo plazo y bajo interés. Los principios básicos de la propuesta han sido aceptados por todos los Estados, incluidos los “frugales” -Austria, Países Bajos, Dinamarca y Suecia- que pretenden, no obstante, invertir las “ratio” entre subsidios y créditos e imponer rigurosas condicionalidades para su concesión. Las espadas siguen en alto, si bien cabe esperar que, merced a la mediación de Alemania –que acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo- se alcance una solución de compromiso satisfactoria para todos. En el centro del debate se encuentra la “condicionalidad”, requerida con moderación por Frau Merkel y con mayor intensidad por los halcones norteños. El Gobierno de Pedro Sánchez –y en menor medida el de Giuseppe Conte- quieren excluirla y el PP y Ciudadanos aspiran a incluirla para que el PSOE y Podemos no puedan cumplir su pacto de Gobierno, que contiene medidas incompatibles con la política económica de la UE. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montesarrat, ha pedido que el Gobierno español adopte las reformas necesarias para que el dinero que llegue de la UE se utilice para modernizar la economía y no para derogar la reforma laboral, como pretenden Sánchez e Iglesias. Para el eurodiputado Esteban González Pons, los millones de la UE no son para que Podemos cumpla su programa, por lo que hay que evitar que el endeudamiento nacional sirva para aplicar en España políticas bolivarianas. Quien quiera dinero europeo tendrá que justificar para qué lo quiere y, sobre todo, qué reformas está dispuesto a realizar para conseguir sus objetivos. Según el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, no hay nada malo en que el PP exija que se supervise el gasto de estos fondos, a fin de que se mejore la competitividad y la capacidad de resistencia de los países socorridos. “Es lógico, positivo y sensato”. La portavoz del PSOE, Iratxe García, ha denunciado las maniobras del PP para manchar la reputación y dañar la imagen de España en un momento crucial para la UE, pasando por encima de los intereses de los ciudadanos españoles. El Presidente del PPE, Manfred Weber, ha afirmado que su Grupo apoya la idea de que la solidaridad vaya acompañada de la responsabilidad, y que el dinero facilitado sea invertido en el futuro del país socorrido, para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes. De forma políticamente incorrecta, añadió que “no queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado y no estamos dispuestos a que se financien las falsas promesas de Podemos”. Iratxe García ha arremetido contra Weber y lo ha acusado de estar obsesionado con un Gobierno progresista español elegido por los ciudadanos, y afirmado que no debería dejarse influenciar por los impulsos partidistas de l PP español, que no comprender que éste es el momento de unirse y trabajar juntos para superar la pandemia, y no usar la crisis para su beneficio. Sánchez ha dicho que, si triunfa la posición del PP en Bruselas, España saldrá perdiendo, y que el partido debería dejar las posiciones partidistas y dejar de poner palos en las ruedas. Haciendo alarde de su habitual cinismo, ha afirmado que su Gobierno no ha vertido crítica alguna contra los Gobiernos autonómicos regidos por el PP, porque ha primado la unidad sobre el las confrontación. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, deberá estar partiéndose de risa y la presidenta madrileña, Dolores Díaz Ayuso, llorando por los rincones. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado al PP a que defienda que no haya condicionalidad alguna en la entrega de los fondos europeos, porque ello supondría pecar de deslealtad, y el Vicepresidente Pablo Iglesias –precisamente él, al que la unidad de España le importa un bledo- ha acusado a la oposición de traicionar a la patria con su postura. Sin embargo, la Vicepresidenta Nadia Calviño, ha considerado natural que el Eurogrupo ate en corto a los receptores del Fondo de Recuperación, y la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González. ha reconocido que es lógico que haya condicionalidad, aunque lo importante era qué tipo de condiciones se requieran. La “ratio” de la condicionalidad ha sido convincentemente explicada por Elisa de la Nuez. Muchos españoles piensan que es procedente que los países que presten ayuda la condicionen a la adopción por los receptores de un programa estricto de reformas estructurales que llevan lustros pendientes. Resulta poco democrático pedir dinero a los socios sin condicionalidad alguna. No se trata de un problema del Norte contra el Sur, sino de que los electores de estos países tienes sus prioridades y sus preferencias, a las que tienen que atender sus representantes políticos. El reto y la oportunidad que tiene España son la de aprovechar esta ocasión excepcional para poner orden en sus instituciones y en sus políticas públicas. Recibir dinero sujeto a ciertas condiciones no supone un menoscabo a la soberanía, cuando la UE se basa precisamente en la cesión parcial de soberanía por parte de los Estados miembros con el fin de conseguir unos objetivos de desarrollo económico, social e institucional que no estarían al alcance de muchos de ellos por sus propios medios.. En este contexto cabe situar la candidatura de NadiaCalviño a la presidencia del Eurogrupo, puesto para el que, en principio, parte como favorita, por su “curriculum vitae”, su experiencia en Bruselas, su condición de mujer y el apoyo de toda la oposición, incluido Vox. Tiene los inconvenientes de formar parte de un Gobierno poco cumplidor de las normas de la UE y la oposición de los halcones por su apoyo a una Unión más integrada, como ha puesto de manifiesto en su carta de motivación, al señalar que el Eurogrupo debería contribuir a incluir a nivel nacional la dimensión supranacional en el análisis de los Planes de Recuperación y Resistencia, para asegurar la coherencia con las recomendaciones para la Eurozona. Se ha mostrado favorable a completar la Unión Monetaria y ha considerado prioritaria la revisión de las normas de disciplina fiscal. Ha prometido y generar una unidad más necesaria que nunca. La elección se ha celebrado hoy. El candidato irlandés, Paschal Donohoe, contaba con el apoyo del grueso del PPE- y el luxemburgués, Pierre Gramegna, con el de Bélgica y Países Bajos. En la primera votación Calviño obtuvo 9 votos –incluidos los de Alemania, Francia e Italia- y sus contrincantes 5 cada uno. Tras la retirada de Gramegna, todos los votos de éste se transfirieron a Donohoe, que resultó elegido. Se ha producido la “rebelión de los pitufos”, que han pasado factura a Calviño por su comentario poco afortunado de que se trataba de “unos países muy pequeños con muy poco peso”. Ha sido una pena porque la elección de Calviño habría sido conveniente para la UE y para España, ya que -como ha observado González Pons- era la mejor garantía de que el Gobierno de Sánchez cumpliera las directrices de la UE. Madrid, 9 de julio de 2020