La postura más lógica del PP y de Ciuidadanos en la moción de censura era l abstención, pero no ha sido así

LA POSTURA MÁS LÓGICA DEL PP Y DE CIUDADANOS EN LA MOCIÓN DE CENSURA ERA LA ABSTENCIÓN, PERO NO HA SIDO ASÍ Ayer se inició en el Congreso el debate sobre la moción de censura presentada contra toda lógica por Vox contra el Gobierno socio-comunista de Pedro Sánchez. La opinión general eRa que se trataba de una Maniobra populista y oportunista del partido de Santiago Abascal para atraer la atención de los focos sobre el partido, dar a conocer y potenciar a su candidato a las elecciones autonómicas en Cataluña- Ignacio Garriga- y poner en un brete al PP y a su Presidente, Pablo Casado, quien –hiciera lo que hiciera- perecía llevar todas las de perder. Se ha comentado que no se trataba tanto de un debate sobre la situación del Gobierno, como sobre la situación de la oposición. Posición de la oposición de centro-derecha ante la moción La coyuntura era muy delicada para el PP, y Casado debería haber hecho frente a la moción con determinación y liderazgo. No lo ha ejercido. Sin embargo, cuando ha tratado de quitar importancia al tema y eludido pronunciarse, sí como afirmado que no debía dedicarle ni un minuto por tratarse de “cuestiones menores”, y que había que centrarse –como había hecho el PP- en cuestiones importantes como recurrir contra las decisiones inadecuadas adoptadas por el Gobierno, liderar la rebelión de los alcaldes contra las pretensiones incautadoras del Ministerio de Hacienda sobre los fondos municipales, ofrecer una contrarreforma educativa a la impresentable reforma de Isabel Celáa, presentar una propuesta para prevenir y acabar con las “okupaciones”, o proponer la despolitización del poder judicial. Por supuesto que estos temas son muy importante, pero “lo cortés no quita lo valiente” y una moción de censura no era una bagatela, sino una cuestión asimismo importante que había que considerar, pese a que fuera una provocación de la competencia de Vox y constituyera un torpedo dirigido contra la línea de flotación del PP. El principal partido de la oposición –si quiere seguir siéndolo- no se debería dejar atrapar en la celada que le han tendido de consuno el Gobierno bifronte y Vox, ni seguir la corriente a la izquierda, a la extrema izquierda y a la extrema extrema izquierda. En la moción de censura había dos elementos claramente diferenciados y que merecían tratamiento diferente. De un lado, la crítica al Gobierno por el catastrófico ejercicio de sus funciones gubernamentales y, de otro, su sustitución por un Gobierno de Vox con un programa igualmente disparatado. Como ha señalado el editorial de ayer de “El Mundo”, titulado “Censura merecida, alternativa errónea”, los españoles padecen el peor Gobierno en el peor momento. “Sus muestras de negligencia, incompetencia, ocultamiento, inhibición, arbitrariedad, autoritarismo y falsedad merece sin duda la censura de la Cámara. Oponerse a la calamitosa gestión de Sánchez y al sectarismo autoritario que patrocina es algo que ha hecho ya hasta Bruselas, donde acaban de reprobar el infame propósito de reforma judicial”. España es el país europeo que peor ha capeado la pandemia del Covid-19, tanto desde el punto de vista sanitario –acumula records de contagiados por habitante y de personal sanitario infestado-, como económico –presenta la mayor caída del PIB y más elevado incremento del paro-. Todo esto es cierto, dígalo Agamenón –la Unión Europea- o su porquero –Vox-, y el PP debería pregonarlo en sede parlamentaria y censurar por ello al Gobierno. Era obvio que la moción no podía prosperar, porque no contaba con los votos necesarios y, por eso, el PP no la había presentado, pese a tener suficientes motivos para ello, pero -ya que otra fuerza política lo había hecho- debería haber aprovechado la ocasión para -en vez de acoquinarse y quitarle importancia al asunto- poner de manifiesto ante el Parlamento y ante la opinión pública, tanto nacional como internacional, los continuados errores cometidos por el Gobierno Frankenstein. Por otra parte, el PP no podía apoyar la candidatura de Abascal a la presidencia del Gobierno, no porque no fuera viable al no contar con los escaños necesarios para lograrlo, sino porque esa posibilidad resultaba inaceptable, ya que equivaldría a salir de Guatemala para entrar en Guatapeor. Casado debería haber criticado razonada y mesuradamente –sin entrar en el cuerpo a cuerpo para evitar malquistar a algunos de sus votantes o ex-votantes y el regodeo de los socio-marxistas- el débil programa de Gobierno de Vox, especialmente su propuesta de eliminar el Estado de las Autonomías. Una cosa es tratar de corregir las numerosos deficiencias del régimen autonómico vigente, y otra bien distinta tirarlo por la borda. ¿Por qué lo sustituiría? ¿Pretende volver a implantar un régimen jacobino y centralista, ignorando los numerosos beneficios proporcionados por el Estado de las Autonomías y los derechos adquiridos? El PP podía haber hecho sin desdoro ambas cosas, criticando a babor y a estribor, y exponiendo sus propuestas –si es que las tiene- sobre los temas criticados. Como ha observado Rafa Latorre,”una moción presentada por un grupo minoritario ofrece una de las escasísimas ocasiones en las que es fácil argumentar la razones de una abstención. Casado no puede decir no a la destitución de Sánchez, ni puede decir sí a la investidura de Abascal. La abstención no lo pondría, por tanto, en fuga, sino que lo situaría en un lugar perfectamente delimitado por la razón”. Estoy completamente de acuerdo con esta objetiva opinión y coincido con el pronunciamiento de Cayetana Álvarez de Toledo de “no al no”. La cúpula directiva y los barones del partido, así como el ex–presidente José María Aznar, se habían pronunciado por el No y Casado -que había optado por mantener un nivel bajo difícilmente comprensible ante un tema vital para el país- afirmó que “nuestra postura quedó fijada hace semanas”. Me pareció una respuesta poco acertada porque –por mucho que se hubiera adoptado una posición de principio- la situación podía cambiar y el auténtico estadista adapta su política a las circunstancias, respetando siempre por supuesto sus principios básicos y, en política, una semana puede equivaler a un siglo. Casado ha mantenido hasta última hora el “suspense” sobré cúal sería la posición del PP. Tenía una magnífica oportunidad de hacer de la necesidad virtud y, si conseguía descalificar al Gobierno, poner a Vox en su sitio y exponer claramente cuál era la política del PP en los temas principales que afronta la Nación en estos momentos críticos, haría un favor a la mayoría de los españoles, a la par que asentaría su liderazgo. La opción por la abstención era asimismo aplicable a Ciudadanos, que continúa con su actitud ambigua y pastelera. Sus líderes denuncian con la boca chica que el Gobierno de Sánchez está llevando a cabo la peor gestión en Europa de la segunda ola del coronavirus, pero sigue apoyando a ese Gobierno. Edmundo Bal continúa con su mantra de que Ciudadanos hace “policía útil”, pero cabe preguntarse que para quién es útil esa política ¿para la Nación o para el Gobierno? Inés Arrimadas ha puesto de manifiesto la inutilidad de una moción muerta antes de empezar a debatirse, ya que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Era la misma política medrosa que practicó en Cataluña donde, a pesar de que su partido fue el más votado, renunció a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat como le correspondía. En la partida de póker que es la política, los jugadores no pueden limitarse a apostar cuando tienen asegurado el triunfo por contar con los cuatro ases de la baraja. Arrimadas sabía que no obtendría los votos necesarios para sacar adelante su candidatura, pero perdió una ocasión única e inmejorable –y probablemente irrepetible- de exponer ante el Parlament y ante la opinión pública que existía la posibilidad de llevar a cabo en Cataluña una política distinta a la realizada por los gobiernos nacionalistas y separatistas. El PSOE y Podemos no caben en sí de gozo y han aprovechado la ocasión que les ha brindado Vox para justificar la acción del Gobierno sin riesgos de sobresaltos, poner al PP en apuros, identificar al centro-derecha y a la derecha con Vox, y obtener el reforzamiento de la alianza que les permitió acceder al poder, tras una previsible victoria por goleada. Es poco habitual que en una moción de censura contra un Presidente de Gobierno, no sólo responda el interesado, sino también el presidente-bis, lo que pone de manifiesto que no hay un Gobierno sino dos en amor y discordia, y que el desorbitado ego de Pablo Iglesias no podía dejar pasar la ocasión de chupar cámara. La posición lógica del PP y de Ciudadanos ante la moción de censura interesada y partisanamente presentada por Vox habría sido la de la abstención, tras haber criticado motivadamente las múltiples deficiencias del Gobierno, pero, en política, no siempre hay lógica.. Ciudadanos –como ya había anunciado- ha votado en contra de la moción y el PP –para sorpresa y desagrado de muchas personas- ha hecho lo propio- No sólo se ha pronunciado por el No, sino que Casado ha centrado su intervención en descalificar a Vox y a su líder de forma absoluta y sin paliativos ni atenuantes. Controvertida intervención de Casado en el Congreso Casado ha dicho Sí a Sánchez para decir No a Abascal. Podría haber dicho No a los dos, pero ha preferido ignorar al primero, que era el supuesto objetivo de la moción, y censurar de forma inmisericorde al segundo, recurriendo no tanto a la crítica objetiva de la política de Vox, como a la descalificación de su líder con argumentos “ad personam”. Se ha recreado en la suerte, ha abusado de la pica y hecho un juicio de intenciones, no contra el objeto de la moción, sino contra el sujeto de la misma, al que dirigió una filípica que debería haber estado destinada al Gobierno. Éste ha conseguido –en opinión de Jorge del Palacio- canalizar la moción de censura formalmente dirigida contra Sánchez e Iglesias hasta convertirla en un debate existencial entre Vox y el PP. “Causa frustración ver que la mejor intervención parlamentaria de Pablo Casado no vaya contra el Gobierno”. Puede que Vox esté favoreciendo al Gobierno y perjudicando al PP al provocar la fractura del centro-derecha –que lo está-, pero ello no es –a mi juicio- justificación suficiente para que Casado lance semejante filípica contra su antiguo compañero de partido. El líder popular –acusado de debilidad por parte de algunos de sus fieles- ha sangrado por la herida del agravio de Abascal de acusar al PP de ser la “derechita cobarde”. Este calificativo es sin duda excesivo, pero si es cierto que el partido sigue la senda acongojada, “dontancredista” y acomplejada ante la izquierda –que se auto-considera la única detentadora de los valores éticos, instaurada por Mariano Rajoy, siguiendo los errados consejos de Pedro Arriola y Soraya Sáenz de Santamaría. Casado ha lanzado una bomba de racimo sobre Abascal y su partido, que apenas ha dejado supervivientes. Entre otras lindezas, le ha dicho que es el socio en la sombra del Gobierno al que ha regalado el fracaso de su moción; que ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua; que sólo trae a los españoles problemas, inestabilidad, fracturas y debilidad; que la distancia entre su ambición y su patriotismo es demasiado grande para recorrerla con esta moción-trampa; que ha debilitado gravemente la línea de defensa de la Nación; que debería tener más respeto al PP pese a que hubiera cambiado de chaqueta; que el camino de ruina que seguía sólo nos conducía a una país de bandos y rencores; que él pasaría y sólo dejaría escombros tras de sí; que barrenaba cada día más la convivencia y dinamitaba la historia y el futuro comunes; que se dedicaba a repartir carnés de buenos y malos españoles como hacían Torra y Otegui, lo que suponía ingratitud y deslealtad; que no luchaba por las ideas, sino por arrastrar a los españoles a una batalla; que vive para enfrentar a la sociedad y hacer imposible la convivencia; que piensa que su camino para sobrevivir pasa por la pervivencia del actual Gobierno radical y que “este camino tiene que pasar por el paisaje de ruina económica y tensión social que otros le dictan y Vd ejecuta”; que estima que cuanto peor para España, mejor para él y que prefería sepultar el interés general bajo su propio interés; que se ha servido de la buena fe de los españoles y utilizado su voto para debilitar a España y subastársela a Sánchez; que en la coalición que dice querer censurar está también Vox como pinza en la que los mangos de la tenaza están unidos para apretar por ambos extremos a la España moderada; que ha hecho la misma trampa y cometido el mismo fraude que Sánchez al poner a los españoles en sus manos, por estimar que de allí pasarán a las suyas; que quería cortar dos orejas al PP y ha acabado siendo el monosabio de Iglesias; que había ejercido de Victor Frankenstein para suturar las hertidas que se estaban abriendo últimamente en el Gobierno de Sánchez…etc Era evidente que tenía que marcar distancias con Vox, pero podía haberlo hecho con elegancia e incluso con cariño ante el hermano separado, y no humillarlo considerándolo la conjunción de todos los males sin mezcla de bien alguno. Como solía decir Giulio Andreotti, los españoles “manquan finessa”. No era tanto la decisión que ha tomado, puesto que la opción por el No o por la abstención eran opinables, sino la forma en la que ha atacado a Abascal y su tono barriobajero. Ha llegado a afirmar que el PP ha pagado un tributo de sangre “que Vds pisotean”, y que Abascal ya desempeñaba cargos públicos cuando el estaba en el colegio, pero se ha olvidado que cuando era Casado el que estaba en el colegio no tenía que llevar escolta al no estar como Abascal amenazado de muerte por ETA por el delito de ser hijo de su padre y miembro del PP. - Que Casado ha hecho algo que no está del todo bien cabe deducir de dos hechos: que “The Guardian” -que no suele ser benévolo con España y menos con los partidos de derechas- haya publicado un artículo ensalzando el discurso de Casado y, sobre todo, que paradigmas de la crispación como Gabriel Rufián, Adriana Lastra o Pablo Iglesias se apresuraran a felicitar al líder popular. Iglesias comentó condescendiente que Casado había había hecho un discurso político canovista brillante que engarzaba con las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. ”Yo sé, Pablo, que no eres un ultra”, le dijo. Sólo le falto bajar de su escaño para darle un beso en la boca. Casado ya puede sentirse satisfecho porque ha sido avalado como demócrata por la izquierda. Sin embargo, Casado ha perdido una magnífica oportunidad de criticar la ideología super-conservadora de Vox, inspirada en Steve Bannon y Donald Trump, y de centrar sus críticas en el deshilachado y estrafalario programa político del partido, que propugna el fin del régimen autonómico y la disminución de las competencias de las Comunidades, la supresión del Tribunal Constitucional, la revisión de la política respecto a la UE poniendo en tela de juicio la Política Agrícola Común y los fondos estructurales y de recuperación, o el trato a los inmigrantes, en vez de atacar de forma despiadada a Abascal. Asimismo debería haber hecho una crítica motivada de la actuación del Gobierno y presentado sus propuestas en temas como el establecimiento de Pactos de Estado sobre educación, sanidad o política exterior, la separación de poderes y la independencia judicial, la reducción de los impuestos y la disminución del gasto público superfluo, la oposición al separatismo y la negativa a amnistiar o indultar a los políticos catalanes condenados, o la oposición al blanqueamiento de Bildu y a la concesión de beneficios y la organización de homenajes a los presos de ETA . Secuelas de la moción de censura Los medios de comunicación han especulado sobre quienes han salido como ganadores o perdedores del debate. La mayoría coloca entre los primeros al Gobierno de Sánchez y a Casado, y entre los segundos a Abascal y Podemos. Sánchez ha conseguido desviar la atención sobre la pésima gestión de su Gobierno y minimizado el traspiés de su pretensión de modifica la LOPJ y las críticas procedentes de la UE y del Consejo de Europa. Ha conseguido que Casado atendiera a su demanda de que votara que No y separara al PP de la ultraderecha de Vox, y jugado la carta institucional ofreciendo una rama de olivo al PP para negociar temas graves como los nombramientos pendientes, los presupuestos generales o la negociación sobre el uso de los Fondos de Recuperación de la UE. Periódicos como “ABC”, “El País” o “El Mundo” han considerado a Casado como uno de los triunfadores en la justa parlamentaria, pese a que partía en desventaja y han destacado su coraje y determinación para romper de forma radical con Vox y erigirse en líder del centro-derecha. Según este último periódico, Casado ha elegido la vía más difícil, al afirmar la diferencia vital entre un partido de gobierno de centro-derecha europeísta y una fuerza populista de orientación “trumpista” y vocación antieuropea. ”Casado se reafirmó como alternativa responsable al sanchismo. Con brillantez se zafó de la celada tendida por Abascal y actualizó el proyecto sugestivo de vida en común encarnado por la democracia del 78”.Consiguió su triple objetivo de ensanchar el espacio de centroderecha que ocupa el PP, consolidarse como el líder de la oposición y romper el mantra de “tanto monta, monta tanto el PP como Vox,” mantenido por la izquierda en base a la foto de la plaza de Colón. Para Lucía Méndez, Casado ha sorprendido y asombrado a todo el mundo dentro y fuera del partido, y ha asumido la fortaleza y el riesgo, la valentía y el peligro, la audacia y la imprudencia; en definitíva, “la máscara del mando”. En opinión1 de Jorge Bustos, el líder populista ha conquistado finalmente el liderazgo del PP y abierto vías de acuerdo en un Parlamento calcificado por la intolerancia. Ha hecho de su bonhomía “una piqueta clavada en el mundo cainita que separa artificialmente las dos Españas. Por esa grieta se filtra ahora la luz de una esperanza en medio de la oscuridad”. Ojalá sea así, aunque yo no soy demasiado optimista. La rudeza de su crítica a Abascal ha causado heridas `profundas no sólo entre los seguidores del Vox, sino también entre algunos votantes del PP, que no van a ser fáciles de sanar. El principal perdedor ha sido sin duda Abascal, que ha hecho todo lo posible para descalificarse a sí mismo, con un lenguaje verborréico, mesiánico y poco convincente. La contundente respuesta de Casado le ha pillado por sorpresa porque no se la esperaba y ha acusado el golpe, al sentirse derrotado no sólo política sino también moralmente. Su sueño de liderar la derecha española se ha esfumado. Se ha quejado del inesperado ataque que quien gobierna varias comunidades y ayuntamiento gracias a su apoyo a cambio de nada. Aunque ha afirmado que no corrían peligro los Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, ya ha dado un primer aviso al retirarse de las negociaciones con el PP andaluz para aprobar los presupuestos generales. El PP se ha mostrado tranquilo porque, si bien es apoyado por Vox, no comparte gobiernos con él y Abascal tendría que explicar a su votantes una eventual retirada de su apoyo a los Gobiernos de centro-derecha y su entrega a los partidos de izquierda. No obstante, Casado ha herido vivamente el amor propio de un político temperamental, cuyas reacciones son imprevisibles. Como el propio Abascal ha alegado, no es lógico que se muerda la mano de quien te da de comer y Casado ha sido extremadamente duro con su coyuntural aliado. Ciudadanos da por supuesto el apoyo de Vox y lo ningunea negándose incluso a sentarse en una mesa a negociar con él. Sin embargo, no tienen un derecho adquirido al incondicional e incondicionado apoyo de Vox “quo nominor Ciudadanus” y –como reza el refrán castellano- “tantas veces va el cántaro a la fuente hasta que se rompe”. Otro de los derrotados ha sido Podemos. Iglesias se había empeñado en participar en l debate y Sánchez le encomendó la tarea de responder a Casado, pero el discurso del líder popular le pilló con el pie cambiado y no pudo sacar jugo a la explotada foto de Colón y acusar al “trifachito”. El líder morado no tuvo más remedio que agradecer a de Casado la ruptura con Abascal y ahora tratará sde presionar al PP para que rompa las coaliciones bipartitas apoyadas por Vox y entregue el poder ua una coalición de izquierdas. Si a Podemos le preocupaba el acercamiento del PSOE a Ciudadanos, especialmente en los temas de presupuestos y relaciones con la UE, aún le preocupa más una aproximación al PP y la reanudación de negociaciones para elegir los puestos cuyos ocupantes han cumplido sus mandatos, como en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y TVE. Podemos quedaría excluido o marginado de estas negociaciones, pue el PP se niega a aceptarlo como interlocutor. Por eso, Iglesias insiste en que se reactive la proposición de ley de reforma del CGPJ. Habrá que ver has dónde está dispuesto a llegar Sánchez en su acercamiento al centro-derecha. Con su habitual pragmatismo, ha sido sensible a los mensajes de advertencia de la UE y del Consejo de Europa en el tema de la justicia y ha dado un paso atrás, y habrá que ver si dejar caer las posiciones maximalistas de Podemos en las negociaciones con la Comisión y el Consejo Europeo para la concesión de las ayudas previstas en el Fondo Europeo de Recuperación y Resistencia. En cuanto al PP, es un elemento esperanzador que Casado haya consolidado su liderazgo en el seno del PP y del centroderecha. Está por ver la voluntad y la capacidad de desestabilización de Vox y hasta que punto el PP de Casado puede mantener en sus filas a sus simpatizantes y recuperar los votantes que se han pasado a Vox. Madrid, 23 de Octubre de 2020

Un vicepresidente vulnerable presiona al gobierno para que controle el poder judicial

UN VICEPRESIDENTE VULNERABLE PRESIONA AL GOBIERNO PARA QUE CONTROLE EL PODER JUDICIAL El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, es el político más falso, fatuo y prepotente que ha producido la democracia española. Bajo el síndrome “Peter Pan” de penene universitario, es una contradicción permanente, pues pretende ser al mismo tiempo Gobierno y oposición, sistema y antisistema, Convencido partidario de la ley del embudo, ha establecido un Código ético, que sólo se aplica paradójicamente a quienes no son militantes de Podemos. Así, aunque los militantes de Ps han renunciado a cualquier privilegio jurídico o material derivado de su condición de representantes y al “acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial”, cuando Iglesias se ha visto afectado por la propuesta del juez Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para que lo investigue por una serie de delitos, se ha aferrado como una lapa a la roca del aforamiento, que tanto ha criticado si lo piden otros. Ante la imposibilidad de seguir la investigación en el “caso Dina” por afectar a un aforado, el instructor ha elevado al Supremo una exposición razonada para que continúe la investigación sobre Iglesias, al existir indicios razonables de que ha podido cometer los delitos de denuncia falsa, simulación de delito, revelación de secretos –con agravante de género-, producción de daños informáticos y falso testimonio. Actuación de Iglesias en el “caso Dina” La antigua asistente de Iglesias, Dina Bousselham, denunció a la policía en noviembre de 2015 el robo de su teléfono móvil. El 20 de enero de 2016, el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, entregó al líder de Ps la tarjeta del extraviado teléfono, cuyo contenido en perfecto estado pudo ser escuchado por éste en su presencia. Iglesias no entregó la tarjeta a su propietaria, pese a que contenía imágenes personales de carácter íntimo so pretexto de protegerla, ya que era muy joven y no podría resistir tanta presión. La retuvo durante varios meses y, cuando finalmente se la devolvió, estaba inservible. Bousselham trató de recuperar el contenido de la tarjeta a través de una empresa inglesa, pero no lo consiguió. Sin embargo, declaró ante el juez que la tarjeta que le entregó Iglesias estaba en perfectas condiciones. Asensio también entregó una copia de la tarjeta al comisario José Manuel Villarejo, quien –con fecha de 14 de abril- incluyó su contenido en sendos dispositivos informáticos, que denominó DINA-1 y DINA-2. Durante el mes de junio de 2016, el digital “OK-Diario” publicó partes del contenido de la tarjeta, incluidas las afirmaciones de Iglesias de que azotaría a la periodista Mariló Montero hasta que sangrase. “Vais a ver –pontificaba Iglesias- lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo…un marxista algo perverso convertido en psicópata”. Semejante aserto no casaba demasiado bien con el compromiso sumido en el Código ético de Ps de defender “una política de tolerancia cero con cualquier expresión o comentario machista”. La propia Bousselham reconoció en marzo de 2019 en sede judicial que, con anterioridad al robo de su móvil, ella misma había hecho pantallazos de algunas de las imágenes contenidas en la tarjeta a diversos miembros del partido, por lo que cualquiera de ellos podría haberlas hecho llegar a “OK-Diario”. El 3 de noviembre de 2017, el instructor de “caso Támdem” ordeno un registro en el domicilio del comisario Villarejo, en el que se encontraron los “pendrives” sobre DINA. García Castellón abrió entonces una pieza separada, que denominó “Dina”, para investigar si la policía había investigado a Ps y conspirado contra Iglesias. Como los sondeos no ofrecían buenas perspectivas a su partido en las elecciones generales de abril de 2019, Iglesias aprovechó la ocasión para tratar de mejorar la situación. Ps amplió la demanda formulada por Bousselham contra el digital e Iglesias se personó en la causa como perjudicado, alegando que el Gobierno del PP había encargado a Villarejó que publicara las controvertidas imágenes para perjudicarlo a él y, por ende, a su partido. García Castellón le reconoció el status de “perjudicado”. El jefe de los servicios jurídicos de Ps, José Manuel Calvente, advirtió a sus superiores de que la denuncia no tenía base jurídica, sino que era un montaje orquestado por Gloria Elizo y Flor Mar por instrucciones de Iglesias. No sólo no le hicieron caso, sino que Flor le acusó de acoso sexual y Calvente fue destituido. García Castellón siguió con la investigación y llegó a la conclusión de que Villarejo no había sido el autor de la filtración y de que la demanda de Ps y la personación de Iglesias eran una maniobra para mejorar las perspectivas electorales del partido, al hacerse pasar por víctimas de las “cloacas del Estado”, por lo que el 17 de junio de 2020 le retiró la condición de perjudicado. Iglesias recurrió el auto del instructor y la sala tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, en su auto de 16 de septiembre, le devolvió la condición de perjudicado. El tribunal estimó que el juzgado carecía de competencia para investigar otras hipótesis alternativas a los hechos de la autoría y la naturaleza de los desperfectos de la tarjeta, al haber sido cometidos por personas ajenas a la organización criminal investigada -la “policía patriótica”-, por lo que deberían ser investigados por otro órgano judicial. Estimó la improcedencia de la investigación realizada por García Castellón en el marco del “caso. Dina” de la alternativa de comisión del delito por parte de los propios recurrentes. De ahí que al instructor sólo le quedaran dos opciones: tirar la toalla o elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que continuara la investigación sobre Iglesias, dada su condición de aforado. Acusación a Iglesias por la supuesta comisión de varios delitos La culpabilidad política de Iglesias es más que evidente. Amén de haber contradicho la obligación de no recurrir a los aforamientos, ha incumplido asimismo el compromiso asumido en el Código ético de Ps de que los cargos públicos renunciarían a ellos, a los cargos internos o a cualquier candidatura a dichos cargos, cuando hubieran sido acusados de cometer algunos delitos o faltas de corrupción, de tipo económico, de acoso sexual o de violencia machista. El líder de Ps ha condonado la actuación delictiva de militantes como Isabel Serra –condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por atentado contra agentes públicos-, criticado acerbamente a los jueces cuando han dictado sentencias que no eran de su agrado, y tratado de condicionar la actuación de los órganos judiciales. Con el “caso Dina”, Iglesias ha batido su propio récord de interferencia en la acción de la justicia. Sin embargo, en el ámbito estrictamente jurídico, no es tan fácil probar su culpabilidad, pues –como ha observado José María de Pablo- existen problemas de procesabilidad que obstaculizan la iniciación de la acción penal, especialmente en los casos de denuncia falsa, falso testimonio o revelación de secretos. Según Melitón Cardona, hacía tiempo que no había leído un texto judicial tan contundente, bien argumentado, estructurado y correctamente redactado como el de García Castellón, que le hacía pensar que ni el Ministerio Fiscal ni los magistrados del Tribunal Supremo podrían rechazar fácilmente rechazar la solicitud presentada por el instructor,tras haber detectado indiciariamente la comisión de varios delitos. Arcadi Espada ha estimado, en cambio, que el juez no ha demostrado que Bousselham fuera el origen de la publicación de la tarjeta y que, para descartar el papel de Iglesias como víctima de una mafia policial y periodística, el auto de García Castellón era de una “corrosiva insolvencia”. El portavoz de Ps, Pablo Echenique, ha afirmado que García Castellón se ha saltado a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía, porque contra Ps y Pablo Iglesias, vale todo. Pero la reacción más estrafalaria ha sido la de la juez y Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha afirmado que el instructor se había inventado una historia contra Iglesias, y dejado en las redes sociales la siguiente perla: “Yo cada vez que veo estas barbaridades, y teniendo en cuenta lo poco que se ve de lo que está haciendo Podemos en el Gobierno, me pregunto que estarán realmente haciendo para que todos los sinvergüenzas no paren de inventar mierdas cada vez más increíbles para pararlos […] Lo de la justicia en España es una farsa/basura/chiste desde hace décadas […] Un juez es un señor que hace lo que se le pone en los huevos y punto, de forma impune, como el emérito o su hijo”. Así, Vicky hace méritos para que el Ps la presente como candidata a las elecciones del próximo CGPJ. Los comandos mafiosos y “kalebarrokeños” de Ps ya han lanzado sus improperios y amenazas de muerte contra García Castellón –como ya habían hecho con anterioridad contra Calvente-, hasta el punto de que el instructor ha tenido que pedir amparo al CGPJ. Yo creo que la resolución de García Castellón está bien fundada, aunque no sea perfecta. Ante la posibilidad de que puedan quedar impunes una serie de delitos, se ha limitado a proponer al Tribunal competente para enjuiciar a los aforados que continúe la investigación por él ha iniciada y que se ha visto truncada por la –en mi opinión- desacertada opinión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Examinemos las bases jurídicas de la acusación realizada por el instructor por la posible comisión por parte de Iglesias de una serie de delitos. 1.-Denuncia falsa: Según el artículo 456-1 del Código Penal, los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal si la imputación se hiciera ante un funcionario judicial que tenga el deber de proceder a su investigación, incurrirán en el delito de acusación y denuncia falsas, y serán sancionados con penas de prisión de seis meses a dos años. Para García Castellón, Iglesias, a sabiendas del origen de las imágenes publicada en “OK-Diario” -dado que conocía el contenido de la tarjeta desde principios de 2016- instó a los servicios jurídicos de Ps a que ampliaran la denuncia inicial de Bousselham, tratando de simular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas y la desaparición del móvil. Este intento fraudulento y la personación de Iglesias obedecieron a una causa de estricta oportunidad política. Existe el problema de que –de conformidad con el párrafo 2 del artículo 456- sólo podrá procederse contra el denunciante falso tras sentencia firme o auto de sobreseimiento del tribunal que haya conocido de la infracción imputada y, hasta ahora, no se ha producido ni una ni otro. Por ello, aunque haya bases suficientes para enjuiciar a Iglesias, el Tribunal Supremo tendría que esperar para hacerlo a que se dictaran la sentencia o el sobreseimiento. 2.-Simulación de delito: Según el artículo 457, el que ante funcionario judicial simulare ser víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente incurrirá en simulación de delito y será castigado con multa de seis a doce meses, y esto es precisamente lo que hizo Iglesias. Pese a saber que la filtración no procedía de Villarejo sino del interior de Ps, simuló que había sido realizada por aquél a instancias del Gobierno para perjudicarle a él y a su partido, y se presentó como víctima de las torpes maniobras de las “cloacas del Estado”. Tras conocer el hallazgo en la casa del comisario de las cintas sobre Dina que contenían datos e imágenes de la tarjeta, Iglesias aprovechó la ocasión para sacar rédito de su victimización por la policía patriótica y obtener un botín electoral. Calvente describió ante el juez cómo el equipo dirigente de Ps orquestó con minuciosidad la maniobra de simulación de delito, pese a sus advertencias de que era ilegal, lo que le costó el puesto. La propia sala de lo penal de la Audiencia ha reconocido implícitamente que Villarejo no realizó la filtración, al prohibir a García Castaño que continuara la investigación, ya que los autores no pertenecían a la cuadrilla criminal dirigida por el comisario. El Tribunal Supremo debería atender la petición del instructor y completar la investigación. Aunque se trate de un delito menor que sólo lleva aparejada una multa máxima de un año, menos da una piedra y lo importante es que se produzca la condena. 3.-Revelación de secretos: El artículo 197-2 establece que quien, sin estar autorizado, se apodere o modifique, en perjuicio de terceros, datos reservados de carácter personal de otro, que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos o telemáticos, o los altere en perjuicio del titular de los datos o de un tercero, incurrirá en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y podrá ser castigado a pena de prisión de uno a cuatro años, que podría ser elevada a cinco años si se difundieran, revelaran o se cedieran a terceros los datos o las imágenes captados. Iglesias incurrió en estas actividades con el agravante además de “razones de género”, como actuar por motivo del sexo de la víctima –artículo 22-4-. Retuvo el móvil de Bousselham durante varios meses, sin informar de su hallazgo a la propietaria, para supuestamente protegerla. Para que el tribunal pueda actuar en este caso, sería necesaria –conforme al artículo 201-1- la denuncia de la persona agraviada. Bousselham presentó una denuncia genérica y no específica contra Iglesias, por lo que el Tribunal Supremo podría iniciar la investigación en base a esa denuncia. Ahora bien, el párrafo 3 del artículo prevé que el perdón de la persona ofendida, extinguiría la acción penal. El instructor deja al Supremo que decida sobre la posibilidad de citar a la agraviada para que manifieste si exculpa a su ofendedor y, si tal ocurriere, es harto probable que ésta lo perdonara. 4.-Daños informáticos: Es el supuesto en que está más expedita la acción judicial. Conforme al artículo 264-1, el que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cometerá un delito de daños informáticos. Cuando el resultado producido sea grave, podrá ser castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Iglesias retuvo la tarjeta de Bousselham sin su conocimiento durante varios meses, en los que no hay constancia de que nadie accediera a ella. Cuando la recibió estaba en buen estado –como afirmó Asensio y reconoció el propio Iglesias- y, cuando la devolvió a su dueña, estaba inservible. Ergo, existen –a juicio de García Castellón- elementos de cargo suficientes para atribuir a Iglesias los daños sufridos por la tarjeta.. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que no se pueden concluir las diligencias sobre la comisión del delito, porque los informes de la policía científica no han arrojado luz sobre cómo pudo deteriorarse las tarjeta. Sin embargo, lo importante es que la tarjeta fuera dañada y el saber cómo se deterioró era secundario, si bien el Supremo podría tratar de averiguar en el curso de la investigación cómo se produjo el daño. García Castellón ha concluido que la única explicación posible para entender la inoperatividad de la tarjeta era que los daños se habían producido mientras estuvo en poder de Iglesias. 5.-Falso testimonio: Según el artículo 458-1, el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial cometerá un delito de falso testimonio y podrá ser condenado a pena de prisión de seis meses a dos años. Esta más que probado que tanto Iglesias como Bousselham dieron versiones contradictorias y mintieron durante sus declaraciones en sede judicial. Ahora bien -como en el caso de denuncias falsas- no podrá procederse contra un autor de falso testimonio mientras no se haya dictado sentencia firme o auto de sobreseimiento, por lo -aunque haya motivos suficientes para enjuiciar a Iglesias por este delito- el Tribunal Supremo tendría que esperar hasta que se produjera el fallo o se sobresyera la causa. Por otra parte, conforme al artículo 462, quedará exento de la pena el que se retracte en tiempo y forma, y manifieste la verdad, para que surta efecto antes que se dicte la sentencia correspondiente. Queda, pues abierto este portillo para la exoneración con tal de decir digo donde antes se dijo diego. Reacciones ante la posible imputación de Iglesias Según Carlos Cue, en el Ps no dan crédito al giro judicial que ha dado un caso en el que se personaron como víctimas y han acabado como posibles imputados. El principal interesado ha tenido una reacción de soberbia luzbeliana y afirmado que, ni como mera hipótesis, admitía la posibilidad de que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra él, que era “intocable”, y que estaba tranquilo porque ya sabía lo que decidiría el tribunal. Que ande con cuidado no vaya a surgir algún Eliot Ness que lo enchiquere, aunque sea por un delito de menor cuantía como la simulación. Pese a sus muestras de suficiencia, Iglesias no las tiene todas consigo porque le ha visto los dientes al lobo y desconfía de los jueces, por lo que –como medida preventiva- ha forzado a Sánchez a que los grupos parlamentarios del PSOE y de Ps presenten una proposición de ley para modificar la LOPJ, con el fin de rebajar la mayoría de tres quintos para elegir a los miembros del CGJ a mayoría simple, y con el objetivo de controlar el Consejo y, en último término, el poder judicial. Con alevosía y nocturnidad, el Gobierno ha impuesto una reforma exprés, que elude el pronunciamiento preceptivo del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Aparte de implicar una ruptura del espíritu y de la letra de la Constitución, supone una monumental chapuza jurídica, pues al estar fijade en la Carta Magna la mayoría cualificada para la elección de los ocho miembros elegidos por las Cortes entre juristas, las rebajas de otoño sólo se aplicarían a los otros doce miembros elegidos entre los jueces, estableciéndose en un mismo organismo miembros de primera y de segunda clase, de conformidad con el método por el que fueron elegidos. La falta de principios y la volubilidad de Sánchez se han puesto de manifiesto con el súbito cambio de criterio con respecto a lo afirmado en un documento enviado a la Comisión Europea el pasado 28 de abril, en el que afirmaba que la exigencia de una mayoría de tres quintos para elegir a los miembros del CGPJ garantizaba, “a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas y evita la conformación de un Consejo que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político”, ¿Qué ha provocado este giro copernicano? Pues la propuesta de García Castellón al Tribunal Supremo de investigar a Iglesias y el riesgo de imputación del vicepresidente. Consigna: Había que salvar como fuera al soldado Iglesias/Ryan y, `para ello, era preciso acogotar al poder judicial. La decisión corresponde al Tribunal Supremo y, como es de temer, la Fiscalía General -actuando como “la voz de su amo”- apoyará este intento de subordinación del poder judicial al ejecutivo, como ya ha puesto de manifiesto, como primicia, el informe del fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha estimado que no procede que el Tribunal Supremo investigue a Iglesias. La fiscal general, Dolores Delgado, se ha tenido que abstener por razones obvias y ha delegado la faena en su “sobresaliente de navajas”, quien ha encomendado el correspondiente informe a la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcárcel, pero ésta –con buen criterio- ha sugerido que el informe sea elaborado conjuntamente por los ocho fiscales de sala del Tribunal, y Luis Navajas –ya suficientemente desprestigiado por su informe en contra de tramitar las demandas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia del Covid-19, ha tenido que transigir, lo que abre vía a que se elabore un informe jurídico y no político. Como ha editorializado “ABC”, se trata de la primera fase de de un asalto fraudulento al poder judicial, una maniobra “made in Moncloa” –Iván Redondo- para avanzar en la resolución de la “crisis constituyente” –Juan Carlos Campo-. De un plumazo se eliminaría de la ecuación a la mitad de las Cortes y el Gobierno asumiría el control absoluto de los nombramiento judiciales, en una operación de derribo de la judicatura independiente, al imponer una mayoría inventada que permita al presidente Sánchez nombrar a jueces a su conveniencia, como en Venezuela o –añado yo- en Cataluña con la Ley de 2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Olvida que, durante un Gobierno socialista, se prolongó el mandato del CGPJ cerca de dos años, y que, en 2008, se inventó la “enmienda Casas”, que permitió a esta profesora mantenerse durante siete años en la presidencia del Tribunal Constitucional –en vez de los tres que le correspondían-, en un momento crítico en el que se debatía en el tribunal la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.. “Es un golpe en la nuca de la justicia –concluye- para controlar a capricho los tribunales, pero sobre todo la prostitución ideológica de un sistema creado para que nadie se adueñara de los jueces”. Las tres principales asociaciones judiciales –Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- han criticado en una declaración conjunta la iniciativa del Gobierno, que ahonda en la politización del CGPJ y se aleja der los estándares de independencia que son exigibles conforme al principio de separación de poderes que caracteriza a un Estado de Derecho. Sánchez y su Gobierno han apoyado plenamente a Iglesias. Cabe, no obstante, señalar que a la sesión del Congreso en la que se presentó la propuesta de reforma no asistió ninguno de los tres ministros que son jueces de profesión. No sé si es casualidad o vergüenza propia. La ola de críticas ha llegado hasta Europa, pues Sánchez ha tenido la torpeza de anunciar la reforma en vísperas de que el Consejo Europeo dé luz verde al Fondo de Recuperación y Resiliencia, que se encuentra políticamente paralizado por la exigencia de los países del norte de que Polonia y Hungría respeten la independencia judicial. Mas, -como ha preguntado el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pavel Jablondki-, si la UE condena a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará si en España se nombra a los miembros de CGPJ por la mitad más uno?. El Gobierno de Sánchez tendrá ahora que apoyar las posiciones intervencionistas de Polonia y de Hungría en la justicia para justificar los cambios que ahora propone .La Comisión ha expresado su preocupación y ha sacado a España una tarjeta amarilla de advertencia. El portavoz de Justicia ha señalado que la Comisión está al corriente del nuevo proyecto legislativo y lo sigue de cerca, y recordado que hay que reducir la la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre el judicial y que es importante que, antes de realizar cualquier reforma, se consulte a todos los actores relevantes. Pablo Casado ha enviado un escrito a la Comisión en la que le pide que evalúe el proyecto de reforma, que considera va contra la independencia judicial. Otra consecuencia nefasta de la cacicada de Sánchez es su posible incidencia negativa en la concesión de ayuda a España, pues –como ha observado Luis Garicano- “la reforma del CGPJ pone en peligro que España reciba los €140.000 de la UE”, y –como ha advertido Esteban González Pons, “con el fondo de recuperación en juego, es suicida no medir la consecuencia de los actos”. Aunque Sánchez se ha dado por enterado del aviso a navegantes y se ha mostrado dispuesto a negociar con el PP, no acepta que se excluya a Ps de la negociación, lo que hará difícil llegar a un acuerdo. La investigación inacabada de García Castelló ha puesto de manifiesto que hay indicios racionales de que Iglesias ha podido cometer varios delitos. Es de esperar que –a pesar de las presiones desde el Gobierno- el Tribunal Supremo, asuma la investigación sobre el aforado y solicite a las Cortes el debido suplicatorio para procesarlo. Cabe, no obstante, la posibilidad de que -dada su composición y la solidaridad del Gobierno Frankenstein y sus aliados- el Parlamento se niegue a concederlo. Sería ir demasiado lejos, pero es, lamentablemente, una alternativa que no cabe descartar. Es esencial que el Supremo condene a Iglesias –aunque se por el menor de los delitos- para que podamos librarnos de un grave escollo para el desarrollo de la democracia en España. Madrid, 16 de octubre de 2020

Por el momento, nos sigue quedando la Justicia

POR EL MOMENTO, NOS SIGUE QUEDANDO LA JUSTICIA EN ESPAÑA La Justicia española sigue constituyendo un firme valladar frente a los desvaríos de los independentistas en Cataluña y del propio Gobierno. El Tribunal Constitucional, aunque ha admitido a trámite el recurso de amparo de Joaquim Torra contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que confirmaba su inhabilitación, ha negado su petición de suspensión de la citada inhabilitación. El Constitucional ha adoptado asimismo una sentencia por la que ha considerado anticonstitucional y nula buena parte del Acuerdo del Govern de 2019 por el que aprobó el Plan Estratégico de Acción Exterior de Cataluña. Un Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona ha condenado a la Universidad de Barcelona por el manifiesto que en 2019 adoptó su Claustro, en el que criticaba la sentencia del Supremo que condenó a los responsables de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Ministerio de Sanidad no facilitó al personal sanitario los medios necesarios para luchas contra el coronavirus, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha negado a condonar las medidas de confinamiento general de la capital impuestas por el Ministro de Sanidad. El titular del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha instado al Tribunal Supremo a que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por los presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos en el “caso Dina”. Junto a las luces, la Justicia también ha ofrecido alguna sombra y el Juzgado de lo Penal nº 25 de Barcelona ha absuelto del delito de desórdenes públicos a una miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR) No obstante, en los últimos casos en que ha tenido que intervenir en la competición, la Justicia ha derrotado a la Política por 6 a 1. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Plan de Acción Exterior de Cataluña En marzo de 2014, las Cortes aprobaron la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado y, meses más tarde, el Parlament siguió su ejemplo y adoptó una Ley de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea, casi idéntica pero ignorando el principio básico establecido en el artículo 149-1-3 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. La Generalitat adoptó en 2019 un Acuerdo por el que se aprobaba el Plan Estratégico de Acción Exterior de Cataluña para el período 2020-2024, pasando olímpicamente del Plan Estratégico nacional y asumiendo competencias que no le correspondían. El Plan proporcionaba al Govern las herramientas necesarias para posicionar a Cataluña y su proyecto secesionista en el contexto de la agenda global como un sujeto más de Derecho Internacional. El Gobierno central presentó ante el Tribunal un conflicto positivo de competencias y aquél dictó el 23 de septiembre la correspondiente sentencia. La Abogacía del Estado había alegado que el Estado poseía la competencia exclusiva en la materia y que la actividad de proyección exterior de las comunidades autónomas no debería originar obligaciones directas frente a los poderes públicos extranjeros, incidir adversamente en la política exterior del Estado o generar responsabilidad internacional. La acción exterior autonómica debía adecuarse a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en cuanto director de la política exterior. Aunque la Abogacía del Estado solicitó la impugnación del Acuerdo de la Generalitat en su conjunto, hizo especial hincapié en sus disposiciones más flagrantemente inconstitucionales. Los abogados del Govern pidieron que se desestimara el conflicto, ya que las impugnación era excesivamente genérica, y señalaron que la Generalitat ejercía las competencias propias de una nacionalidad diferenciada, con un idioma y una identidad cultural propios. El Tribunal no ha declarado la inconstitucionalidad total del Acuerdo, sino que ha examinado cada una de sus disposiciones y considerado que son inconstitucionales 18 ellas y constitucionales otras 7 -siempre que sean interpretadas conforme a unos criterios voluntarista del Tribunal- y las restantes .Ha afirmado que la Constitución concede al Estado una potestad amplia de dirección y puesta en ejecución de la política exterior entendida como estrategia, posicionamiento y actuación del Estado en el ámbito internacional, que permite al Gobierno coordinar las actuaciones autonómicas con proyección exterior, a fin de garantizar los objetivos de política exterior estatal e impedir posibles menoscabos de la misma. Especial importancia tienen la anulación del punto 18 sobre la puesta en marcha del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña –Diplocat- y su participación proactiva en los foros multilaterales de máximo interés –punto 10-. El primero induce a la confusión en el ´ámbito de las relaciones internacionales acerca del verdadero contenido y alcance de las actividades que pretende realizar Diplocat.. En su sentencia 208/2916, el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales la mayoría de los artículos de la Ley de Acción Exterior catalana relativos al Consejo, porque configuraba una actuación externa de la Generalitat propia de un sujeto de Derecho Internacional, y no respetaba las competencias exclusivas del Estado. El segundo impulsa la presencia del Govern en los foros internacionales donde se debaten los retos globales y `potencia su participación en el debate y elaboración de acuerdos sobre temas de los que carece de competencias, como el desarrollo sostenible, las migraciones, la igualdad de género, la construcción de la paz o la solución de conflictos. Pretende implementar los objetivos de la Agenda Global y participar en las grandes cumbres internacionales, lo que supera el límite de su proyección exterior. El Tribunal ha considerado nulos los puntos 49 a 52 relativos al Corredor mediterráneo, la internacionalización de puertos y aeropuertos, y la Red Transeuropea de Transporte, 69 sobre despliegue de infraestructuras digitales, y 116 sobre consideración de Cataluña como puerto seguro. También ha desestimado los puntos 107 a 109 -incidencia en la agenda internacional de derechos humanos, acogida en Cataluña a personas en riesgo, y defensa internacional de los derechos civiles y políticos-, 111 a 113 –solución pacífica de conflictos armados, apoyo a las poblaciones en vías de descolonización, autodeterminación o transición democrática, y contribución a la recuperación de la memoria histórica-, y 115, relativo a trabajo en los países de origen en caso de desplazamiento de poblaciones. Resultan inaceptable en el punto 9 el diseño de una estrategia para consolidar las relaciones de la Generalitat con el Cuerpo Diplomático y Consular de acuerdo con los objetivos estratégicos del Gobierno catalán, Igual ocurre con la pretensión del punto 37 de potenciar la posición de Cataluña sobre los principales acontecimientos internacionales, ya que su formulación genérica y omicomprensiva implica la consideración de la Comunidad como un sujeto de Derecho Internacional. Asimismo restringe lla pretensión de “avanzar hacia la soberanía económica en un contexto global” a que esté conforme con el orden competencial autonómico. El Tribunal ha considerado inconstitucional lo previsto en el punto 95 sobre “el análisis continuado de la situación internacional que permita dar respuestas a los cambios políticos, económicos o sociales que tengan lugar en el exterior”. Respecto a los planes de actuación en diversas áreas del punto 93, ha considerado nulos los incisos que prevén “dar un salto cualitativo para guiar una acción exterior integral hacia el continente africano” y, no concretar los aspectos que se pretenden consolidar en las relaciones de Cataluña con los países latinoamericanos. El Tribunal ha dejado un amplio margen a la interpretación buenista de las conductas de la Generalitat.. Los puntos 7 –refuerzo de los instrumentos reglados de trabajo en los países prioritarios- y 8 –promoción de los intercambios directos del Govern con otros Gobiernos- deben ser interpretados en el sentido de que “los preceptos no contengan en sí mismos nada que permita apreciar que se traspasan los límites referidos a la actividad de proyección exterior de las comunidades autónomas”. Ser sobreentiende que los “instrumentos reglados” se limitan a los acuerdos de colaboración que no sean tratados internacionales y que los Gobiernos mencionados corresponden a los de territorios que pertenezcan a sujetos de Derecho Internacional. Es mucho suponer, pues esta presunción no coincide con la voluntad real de la Generalitat. El objetivo del punto 77 –interlocución directa y continuada con instituciones, órganos y agencias de la UE y otras organizaciones internacionales- trata de justificar la apertura de delegaciones autonómicas en el extranjero “siempre que se limite al seguimiento, información e instrumentación del ejercicio de competencias autonómicas”. Esto no es más que un “wishful thinking”, pues la actividad de las seudo- embajadas de la Generalitat se ha centrado en dar proyección internacional al secesionismo, críticar a la democracia y al sistema judicial español, y menoscabar la imagen de España. Tras la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno suprimió Diplocat y todas las delegaciones, salvo la de Bruselas. Cuando se restauró la normalidad en Cataluña, el Gobierno de Torra restauró Diplocat, reabrió las delegaciones cerradas y creó otras nuevas. Mientras estuvo en el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, llevó a los tribunales la reapertura y nueva creación de delegaciones-embajadas, pero, tras su marcha a la Comisión Europea, Sánchez ha dado un giro copernicano en su política, ha condonado la recuperación de Diplocat y la restauración y nueva creación de delegaciones y ha aceptado las exigencias internacionales de ERC En las vergonzosas reuniones de gobierno a gobierno, Sánchez ha tolerado tratar a Cataluña como si se tratara de un Estado extranjero y aceptado la intervención de un mediador internacional para resolver el supuesto conflicto entre España y Cataluña. Sentencia del un Tribunal contencioso administrativo de Barcelona El 21 de octubre de 2019, apenas días después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia que condenaba a los responsables del referéndum ilegal del 1-O, el claustro de la Universidad de Barcelona -por un centenar de votos a favor y sólo seis en contra de sus trescientos miembros- se adhirió al “Manifiesto conjunto de las universidades públicas de Cataluña de rechazo a las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la política”. El catedrático de Filosofía del Derecho, Ricardo García-Manrique, advirtió que el texto no reflejaba la opinión de la mayor parte de los universitarios y era ilegal, por lo que podría ser tumbado por los tribunales, a lo que sus colegas claustrales le dijeron chulescamente que presentara una denuncia. Así lo hizo García-Manrique y a su demanda se unieron los profesores José Andrés Rozas, Rafael Martínez y Chantal Moll, y el alumno Daniel Tolosana. Los abogados de la Universidad alegaron la autonomía universitarias y el derecho de los claustrales a la libertad de expresión- El pasado 30 de septiembre, la juez del Juzgado nº 3 de lo contencioso-administrativo de Barcelona, Ana Alonso, dictó la sentencia 137/2020, por la que declaraba ilegal la decisión del Claustro y lo condenaba al pago de las costas del juicio. En la fundamentada opinión de la magistrada, la universidad formaba parte de la administración pública y no era una institución de representación política, por lo que estaba, sometida al deber de neutralidad, lo que implicaba que no podía asumir como propia una posición política determinada, tanto más cuanto que dicha posición estaba manifiestamente en contra del ordenamiento jurídico. La autonomía sólo implicaba libertad académica de enseñanza, estudio e investigación, frente a cualquier injerencia externa. Las instituciones públicas –a diferencia de las personas- no gozaban del derecho a la libertad de expresión y, por ello, el Manifiesto no podía basarse en dicha libertad. El hecho de que las universidades estuvieran compuestas por personas de muy diversa ideología obligaba a que los órganos de la institución –cuando se arrogaban su representación- respetaran esa diversidad ideológica y a no asumieran una posición política coincidente con la mantenida por ciertas formaciones políticas, como había ocurrido en el caso, y –al obrar así- el Manifiesto suponía una vulneración de la neutralidad ideológica requerida. La invocación de la libertad de expresión –en opinión de Alonso- no justificaba ni amparaba la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no era la representación política. El posicionamiento ideológico de la Universidad de apoyo a una determinada opción política o la defensa de actos ejecutados por las fuerzas políticas ocupantes de las instituciones autonómicas, que habían sido declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal, no sólo eran impugnables dado que su ilegalidad saltaba a la vista y era manifiestamente nulos, sino que también dificultaban el desarrollo integral de alumnos y profesores, y vulneraban el derecho a la educación. Sin la exigencia de neutralidad, se incurría en “una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, qee implica el menoscabo de la igualdad y del pluralismo de las ideas”. En consecuencia, la magistrada ha declarado nula y sin efecto la decisión del Claustro, por vulnerar el derecho a las libertades de ideología, de expresión y de educación. Según comentó García-Manrique, las universidades podían abrir un debate público y dejar que profesores y alumnos se expresaran libremente, pero no podían adscribirse en cuanto tales a una causa política. Para Moll, las universidades estaban al servicio del poder políticos en Cataluña y el Manifiesto formaba parte de una estrategia totalitaria mediante la cual el independentismo se servía de la legitimidad de los campus para para imponer el objetivo político del derecho a decidir, como paso previo a la independencia. La sentencia ha sentado como un tiro al nacionalismo que no se la esperaba, acostumbrado como está a hacer lo que le venga en gana sin consecuencias adversas. La periodista de guardia del secesionismo, Pilar Rahola, se ha rasgado las vestiduras porque en pleno siglo XXI, en el seno de la UE, en un país que se define como reino democrático, se llegara al delirio de criminalizar a las universidades por haber expresado su protesta ante una situación represiva, lo que era impensable, impresentable e inaceptable. ”Si antes entraban los grises en las universidades para detener a estudiantes, ahora entrar los togados para aterrorizar a sus rectores” Ignora la estrella de TV3 que las universidades catalanas –y la de Barcelona muy en especial- tratan de imponer el pensamiento único nacionalista, no toleran la discrepancia de sus sacrosantos dogmas, apoyan las huelgas e impiden el acceso a las aulas de los que no quieran holgar, ocupan los lugares públicos con simbología nacionalista, alteran los sistemas de evaluación, niegan el derecho de asociación a algunos estudiantes, y permiten las agresiones morales e incluso físicas a alumnos y profesores, como en los casos de la propia Chantal Moll, Rafael Arenas o Teresa Freixes. Y si entran los togados, no es para asustar a los claustrales o detener a estudiantes, sino para impartir justicia cuando se viola la ley. Lo malo es que las autoridades académicas no hacen el menor caso a las sentencias y, apenas tres días después de conocerse el fallo que condenaba sin paliativos la actuación partidista de las universidades, los rectores de las siete universidades públicas volvieron a las andadas y redactaron otro comunicado conjunto para protestar por la inhabilitación de Torra.y exigir la resolución de los conflictos, de modo que no acaben en la vía judicial. Mas. ¿a qué otra vía cabía recurrir cuando se violaban las leyes y se ignoraban las sentencias? El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha tenido que recordar a los rectores su deber de respetar el principio de neutralidad ideológica, que obliga a todas las universidades en una sociedad plural y democrática. Sentencia de un Juzgado de lo penal de Barcelona El pasado 6 de octubre, la titular del Juzgado de lo penal nº 25 de Barcelona, Maria Lluisa Maurel, absolvió a la militante de los CDR, Tamara Carrasco, del delito de desórdenes públicos. La cuestión no es tanto la absolución como los argumentos esgrimidos para acordarla, que revelan la tremenda presión que ejerce el nacionalismo sobre los jueces catalanes. El 25 de marzo de 2018, Carrasco envió un audio por “wasap” a un indeterminado número de amigos en el que le informaba que, en los días 26 y 27, los CDR realizarían una serie de sabotajes. La consigna era “hacer hervir la olla” para que hubiera un movimiento en la calle que justificara el lanzamiento de una huelga general. Habría cortes de carreteras en Fraga, La Junquera –con el fin de cerrar la frontera con Francia-,el bajo Llobregat y las tierras del Ebro, y a lo largo de la autopista AP-7. Se vertería aceite en la calzada y se prendería fuego a pacas de paja. Cuando llegara la policía, la gente debería marcharse a hacer cortes en otros lugares, y estar así todo el día. También se sabotearían vías de trenes y en Barcelona se llevarían a cabo acciones más “heavy”, como rodear la estación de Sans y atacar oficinas del Estado. Los días 26 y 27 de marzo, militantes del CDR realizaron una serie de actos de sabotaje por toda Cataluña: Cortes de la autopista AP-7 –en varios puntos y en los dos sentidos- y de las carreteras A-2, N-340 y C-14, 16 y 32, y se intentó cortar el treáfico en la frontera por el paso de la Junquera. En Gerona se asaltó la subdelegación del Gobierno y se cortaron vías de trenes. Los enfrentamientos más violentos tuvieron lugar en Barcelona, donde 500 personas ocuparon la estación de Sans, se cortó el tráfico en las avenidas Diagonal y Meridiana, y se intentó asaltar la delegación del Gobierno, debidamente protegida por fuerzas de los “mossos”. Los manifestantes instalaron barricadas, quemaron contenedores y material urbano, y lanzaron contra los agentes vallas, piedras y todo tipo de proyectiles, incluidos “cocktails Molotov”. Como resultado de los enfrentamientos hubo 87 heridos, 13 de ellos mossos. Carrasco fue detenida el 10 de abril, acusada de un delitos de terrorismo y confinada por decisión de la Audiencia Nacional en su pueblo de Viladecans. Posteriormente, la Fiscalía rebajó la acusación a un delito de incitación a la comisión de desórdenes públicos –por el que pidió siete meses de prisión- y el asunto pasó a un juzgado de Barcelona. El presidente Torra –que contaba con varios miembros de su familia entre los CDR- incitó a éstos a que “apretaran” y abrió expedientes sancionadores a varios agentes pro haber reprimido con mano dura los ataques de los pacíficos y dialogantes manifestantes. El Código Penal considera autores de desórdenes públicos a quienes, actuando en grupos y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público, causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculicen las vías públicas o los accesos a las mismas, o invadan instalaciones o edificios –artículo 557-1-, y los que causaren daños en líneas de telecomunicaciones y en vías férreas, u originen un grave daño para la circulación ferroviaria –artículo 560-. .Maurel ha estimado que no existía ninguna prueba que acreditara que Carrasco hubiera distribuido o difundido públicamente el mensaje de “wasap”, pese a que la propia acusada reconoció que había enviado el mensaje a un grupo de “wasap”, aunque negó que diera en él instrucciones o consignas. Tampoco constaba el número de personas que recibieron el mensaje, que pudiera ser 3 ó 256, pero que –aún cuando ascendiera a la cifra más elevada- no podía considerarse distribución o difusión pública porque no se había acreditado que ningún medio de comunicación hubiera difundido el mensaje. Incluso a mí –que soy semi-analfabeto informático- me parece que la magistrada se ha quedado un poco anticuada. Una vez que un documento ha sido subido a la red, es de dominio público, como puedo acreditar por experiencia personal, En 2010 escribí un artículo sobre las aguas de Gibraltar y, como no estaba en línea con la postura defendida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, decidí no publicarlo y lo subí a mi “blog”, pensando ingenuamente que allí dormiría el sueño de los justos. Unos años después, el Ministro Principal/de Gibraltar, Fabián Picardo citó mi artículo en una reunión de la ONU para atacar a España. En cualquier caso, Maurel ha estimado que el mensaje sólo informaba de lo hablado en una reunión sobre actuaciones de los CDR que habían sido programadas con anterioridad y era inocuo porque fijaba el foco en la organización de una huelga general y otras actividades que no constituían en sí mismas alteraciones del orden público, Tampoco impartía directrices ni consignas de actuación. Puede que el audio de Carrasco no fuera constitutivo de un delito de desórdenes públicos, pero no era tan inocente como decía la magistrada. Daba como consigna “hacer hervir la olla” y pedía la colaboración de sus cuates para suministrar información y participar en la huelga. Pero lo más criticable en el razonamiento de la magistrada es su afirmación de que los cortes de carreteras vertiendo aceite en la calzada y quemando paja no eran constitutivos de delito, porque no se habían producidos actos violentos contra las personas o los bienes, y que las acciones de “kale barroka” o terrorismo de baja intensidad que se produjeron los días de marras no fueron desórdenes públicos. Los 87 heridos que hubo fueron tan sólo consecuencia del mal tiempo y el Govern tomó las medidas apropiadas sancionando a los mossos que habían cumplido con su deber. Se dice que “todo se pega menos la hermosura” y la plaga nacionalista de incumplimiento de las leyes y las sentencias y de intento de controlar el poder judicial han contagiado al Gobierno de Sánchez a través del agente transmisor de Iglesias. Éste –que no para de denigrar a los jueces- ha tenido la osadía luciferina de afirmar que ni como mera hipótesis concebía la posibilidad de que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra él por los tres delitos de los que ha sido acusado por García Castellón. Que se guarden esos ropones advenedizos de tocarle un solo pelo de su coleta o moño. Y Sánchez, su fiel discípulo en estrategia política le hace la ola y sigue la senda por él marcada para someter el poder judicial al ejecutivo: domesticación de la Abogacía del Estado, asunción de la Fiscalía General como parte del Gobierno -tanto en el plano institucional como personal-, intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para elegir por mayoría simple a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, y –“last but not least”- menosprecio de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recurso a la artillería pesada de la invocación del estado de alarma para domeñar a los rebeldes del dos de mayo. ¡Pobre Barón de Montesquieu! Qué susto se llevaría si, por un casual, se levantara de su tumba y viera lo que han hecho de su legado de la separación de poderes estos déspotas nacionalistas, podemitas y sanchistas, con el Presidente del Gobierno a la cabeza. “Sevillainfo” de 10 octubre 2020 y “Crónica Popular”, de 11 octubre 2020