lunes, 4 de junio de 2018

Los partidos políticos carecen de sentido de Estado


LOS PARTIDOS POLITICOS ESPAÑOLES CARECEN DE SENTIDO DE ESTADO

            La opinión pública ha asistido estupefacta estos últimos días el espectáculo bochornoso y descorazonador de la cacería  realizada sin escrúpulos por los distintos partidos del arco parlamentario español contra el partido hasta hoy en el Gobierno y su Presidente, Mariano Rajoy, que ha puesto de manifiesto cómo supeditan el interés general de España a sus intereses partidistas.

Sentencia de la Audiencia Nacional

            El pretexto ha sido una discutible sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) del pasado 24 de Mayo -que no es firme al haber  sido recurrida ante el Tribunal Supremo (TS)-, en la que dos de sus Magistrados –José Ricardo de Prada y Julio de Diego-, con el voto en contra del Presidente de la sala y ponente, Ángel Hurtado –que ha formulado un voto disidente-, han condenado a varios antiguos dirigentes del Partido Popular –incluidos el ex–Tesorero del partido, Luis Bárcenas, y los antiguos  Alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo  Ortega- a descomunales penas de cárcel.  El PP ha sido asimismo condenado como “partícipe a título lucrativo” –a saber, quien se beneficia del fruto de un delito sin ser consciente de su origen ilícito-, a reintegrar la suma de €245.492,80  ilegalmente gastadas por ambos ediles durante la campaña de las elecciones municipales.

            Entrando en un tema que le era ajeno al estar encomendado a otra causa judicial –la de los “Papeles de Bárcenas”-, y que tiene poco que ver con el fallo, la Sala ha dado por buena la existencia desde 1989 de una Caja B  en el PP y de una “estructura financiera y contable paralela a la oficial”, sin aportar prueba alguna al efecto, y se ha basado en esta presunción para argumentar su sentencia. Ha afirmado que se estableció un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y municipal”,  basado en la “estrecha y continua relación” del cabecilla de la trama, Francisco Correa, con influyentes militantes del PP, que podían influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública. Es posible que esto sea cierto, pero hay que probarlo, y no caben elucubraciones predeterminadas. Por delitos -principalmente de índole fiscal y económica- cometidos entre 1999 y 2005 – contra la Hacienda Pública, exacciones ilegales, fraude fiscal,  blanqueo de dinero, malversación, apropiación indebida…- , la AN ha impuesto penas de prisión de 51 años  y 11 meses a Francisco Correa, 38 años y 3 meses a Guillermo Ortega, 37 años  y 6 meses a Pablo Crespo, 33 años y 4 meses a Luis Bárcenas,  31 años y 9 meses al ex-Consejero de la Comunuidad de Madrid Alberto López Viejo, 15 años y 1 mes a la esposa de Bárcenas  Rosalía Iglesias, 14 años a Jesús Sepúlveda…Son unas penas a todas luces desproporcionadas, pues son  incluso superiores a las impuestas a algunos etarras por asesinato y a las aplicadas por delitos similares a banqueros, empresarios y deportistas. Es lo que ha sido calificado de “demagogia punitiva”.

            La mayoría de la Sala, en una consideración  meramente subjetiva y sin aportar hechos constatados y probados, ha descalificado las declaraciones como testigo de Rajoy el pasado 26 de Julio, que ha considerado no creíbles. Es ésta una frivolidad impropia de un Tribunal, pues si los Magistrados tuvieran  indicios suficientes para estimar que el entonces Presidente del Gobierno incurrió en perjurio y falso testimonio, deberían haberlo denunciado a los tribunales. Como ha señalado “Tadeu” en  El Mundo”,  utilizando términos futbolísticos, es grotesco que caiga el Gobierno por dos goles a uno, a falta del partido de vuelta en el estadio del TS.

Moción de censura destructiva

            El principal artífice de la caída de Rajoy  y de su Gobierno, y del acceso a la Moncloa por la puerta trasera del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el Magistrado de Prada, auto-declarado exponente del progresismo judicial, que ha mostrado una inquina inexplicable hacia Rajoy. Él y su colega de Diego, obligaron  al Presidente del Gobierno a comparecer físicamente como testigo ante la AN en vez de declarar por videoconferencia como era habitual en estos casos -  para humillarlo y desprestigiarlo al hacerle sufrir la “pena de telediario”. Aunque desde Abril está destinado en La Haya en servicios especiales, de Prada solicitó y obtuvo del Consejo General del Poder Judicial autorización para regresar temporalmente a Madrid a fin de redactar la sentencia de un juicio en el que había participado , al arrebatarle la ponencia al Presidente Hurtado por disponer de mayoría en la Sala. De Parada incluyó la frase incriminadora del  PP  a la que Hurtado se oponía por considerarla desorientadora, por presentar al partido bajo un prisma peor al que le correspondería a su situación procesal secundaria. Curiosamente, el PP y Rajoy fueron condenados sin haber sido juzgados. Como una muestra más de su ensañamiento con Rajoy y el PP, de Prada solicitó una comisión de servicio para participar en la vistilla que debería decidir sobre el posible ingreso en prisión de los condenados –que en esta ocasión el Consejo le negó-, para tratar de que aquéllos fueran  a la cárcel sin esperar a que el TS decida sobre el recurso planteado contra la sentencia de la AN.

            Esas lumbreras jurídica que son Pedro Sánchez y el defensor de la moción de censura,  José Luis Ábalos , se inspiraron en la sentencia redactada por de Prada para, dando un salto en el vacío sin  red de seguridad , afirmar sin pudor que Rajoy y el PP habían sido condenados por la AN por corruptos, pasando por alto que tan sólo habían sido condenados civilmente -como “partícipes a título lucrativo”-  a devolver una pequeña suma de dinero ilegalmente utilizada por dos Alcaldes miembros del partido. Se les llenó el espíritu y la boca de santa indignación dado que su sensibilidad democrática no podía tolerar tales actos de corrupción, soslayando que sobre sus cabezas pendía la sentencia del caso del fraude de los ERE y otras  muchas causas por corrupción institucional del PSOE. Olvidaron el auto de procesamiento dictado por  la Juez Mercedes Alaya contra dos ex-Presidentes de la Junta de Andalucía y 26 antiguos Consejeros y altos cargos, a los que acusó de ”institucionalizar la arbitrariedad y la  discrecionalidad  en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. El Partido –que es al fin y al cabo laicista y ligeramente anticatólico- no ha parado mientes en la advertencia de Jesús a los acusadores  de la adúltera: ”El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Los socialistas, empecatados hasta el corvejón, se han apresurado a lanzar cuanto proyectiles encontraron a mano contra el adúltero político de Rajoy, sin percatarse de que tenían el techo de vidrio y que las piedras retornaban a su morada como un bumerang.  Albert Rivera no dudó en espetarles :”Que el partido de los ERE quiera pactar con el del 3% para quitar a los de la Gürtel no parece una gran  idea”.  Sánchez  mostró una vez más sus contradicciones e incoherencias cuando –a pesar de lo expuesto por él y por su escudero Ábalos durante el debate  y del tenor de la propia moción de censura- pidió que constara en acta que el PP no era un partido corrupto, sino únicamente su jefe. Debió de sufrir un ataque súbito de mala conciencia.

            Siguiendo el modelo alemán, la Constitución de 1978 incluyó en su artículo 113 la moción de censura constructiva, con el objeto de que en su formulación se incluya el nombre del candidato a acceder a la Presidencia del Gobierno, quien –de resultar aceptada la moción  por el Congreso de los Diputados- se considerará investido por la Cámara como Presidente del Gobierno. En el presente caso, sin embargo, no sea  tratado de una moción de desconfianza hacia Rajoy y de confianza hacía Sánchez, sino de una moción de desconfianza hacia los dos. La desconfianza demostrada hacía el primero no suponía necesariamente la confianza hacia el segundo, como declararos sin ambages los representantes de ERC, PDeCAT o  Bildu.. Se ha respetado la letra de la Constitución, pero se ha violentado su espíritu. La moción de censura constructiva se ha trastocado en una moción destructiva..

            Aunque la Constitución  no lo indique explícitamente, resulta evidente que el candidato a sustituir al Presidente censurado debería haber  expuesto  en  la Cámara su programa de Gobierno. Sánchez no lo hizo y se limitó a formular unas ideas genéricas y vagas  sobre consenso, diálogo, estabilidad y regeneración , para no malquistarse con ningún grupo parlamentario y verse privado de su imprescindible voto. El líder socialista estaba determinado a llegar a la Presidencia por  el medio que fuera y de ahí su apresuramiento a presentar con las del alba una chapucera moción de censura, para evitar –iluso él- que Rajoy pudiera dimitir en un ataque de patriotismo y generosidad. Lo hizo pensando en debilitar aún  más  la ya débil  posición del Gobierno del PP, pero sin abrigar excesivas esperanzas de lograr la presidencia,  pero los resultados han superado las expectativas de la propia empresa. Sánchez fue el héroe del día a su pesar. Sin embargo, cuando inesperadamente vio que tenía a mano la materialización de su sueño, le entró pánico escénico –“Señor, aparta de mi este cáliz”- y hasta en siete ocasiones pidió a Rajoy que dimitiera y con ello poner término a la tramitación de la moción. Cuando se vio a la vera del poder, fue consciente del berenjenal en que se metía para gobernar con sólo 84 diputados y quedar supeditado a las contradictorias exigencias de sus aliados coyunturales Como ha observado Francisco Pascual, “presidir un Gobierno con 84 diputados tras recibir el apoyo de los populistas noqueados y de los independentistas rebeldes es un dislate de dimensiones  estratoféricas”. Rajoy no ha salido vencido y Sánchez vencedor del debate, sino que ambos han sido derrotados por el nacionalismo. Aparecieron como unos boxeadores zumbados que se abrazaban para sostenerse  antes de caer víctimas del ocaso del bipartidismo, pero- como eran coriáceos y  resistentes y-siguieron aguantando a pesar de los golpes recibidos.

Actitud del PP

            Lejos de mi ánimo hacer leña del árbol caído, pero Rajoy se ha ganado a pulso su exclusión del poder y su eventual jubilación de la política activa, lo  que aún  está por ver, pues tiene el don de aferrarse a la roca del poder como los percebes de su Galicia natal. La corrupción no ha acarreado hasta ahora  consecuencias electorales desfavorables para los partidos que la han practicado –que son  todos sin excepción-, como se ha puesto de manifiesto en dos de los feudos donde  más se ha institucionalizado esta corruptela: el cortijo socialista de Andalucía y el oasis catalán del Patriarca Jordi Pujol, con su 3% y su cantinela de que “España nos roba”.

Según Rafa Latorre, “el PP es una formación inmunodeficiente contagiada del desprecio a la política de su líder” y “hundirse con él es el destino que les espera a las formaciones que atan lazos providenciales con un líder cuyo único horizonte moral es prevalecer”.  Para David Gistau, “la corrupción quedó incrustada en el PP como una esquirla inoperable, que al final mató al Gobierno de Rajoy de septicemia”. Sin  ampararnos en el socorrido adagio de “mal de muchos, consuelo de tontos”, es un hecho indubitado que, cuando los partidos consiguen parcelas de poder -sea central, autonómico o municipal- suelen cometer actos de corrupción más o menos graves, y que todos ellos se han financiado en algún momento de forma ilegal. El PP –al igual que los demás partidos- ha pecado de soberbia y se ha negado a aceptar la evidencia. Si lo hubiera hecho cuando estas prácticas aún no eran consideradas delictivas y pedido perdón a la sociedad por sus malas prácticas, la cuestión habría quedado zanjada con una multa a lo sumo. No lo hizo y ahora le ha explotado la carga de profundidad que llevaba adherida a su piel política.

            Sería injusto no reconocer los éxitos obtenido por Rajoy  en beneficio de la Nación, especialmente en el ámbito económico, pero no cabe decir lo mismo en lo relativo al ámbito político, sobre el que ha pasado de puntillas. peroy Rajoy  ha ignorado el  sabio consejo de que “no sólo de pan vive el hombre” y descuidado los temas políticos. Ha dado  notables  muestras de vanidad, egoísmo y “dontancredismo”. A nivel de Estado, ha permitido que se envenene el conflicto de Cataluña con su inacción y su condescendencia con el continuado incumplimientos de las leyes y sentencias por parte de la Generalitat.. En el ámbito del partido,  ha ido excluyendo a los discrepantes o a los que pudieran hacerle sombra –como Alejo Vidal-Quadras, María San Gil, Alberto Gallardón, Jaime Mayor o Josep Piqué- y se ha rodeado de un grupo de “Yes-Men/Women”, que le han servido con lealtad, pero con servilismo, diciéndole tan sólo lo que quería oír. Ello ha impedido la indispensable regeneración del partido. Ahora, los que creen  en el “aggiornamiento” del PP temen que Rajoy se mantenga al frente del partido e impida su regeneración.

            Rajoy ha puesto su supervivencia  en el Gobierno por encima de cualquier otra consideración, incluidos los intereses de España. Para conseguir el apoyo de los cinco diputados del PNV a la aprobación de los presupuestos –con lo que erróneamente creía tener asegurada su permanencia hasta el final de la legislatura- no dudo en cambiar su política en materia de déficit y de pensiones, y en derogar  las reformas que había introducido a instancias de la Comisión Europea. Ahora, cuando vio que el PP iba a perder el gobierno, podía haber tenido un gesto de generosidad y patriotismo cívico con el fin de eludir la presentación de la moción de censura, que iba dirigida -justa o injustamente- contra su persona. Dio como excusa para no dimitir que debía  seguir en el poder mientras el Congreso y los ciudadanos le mantuvieran su confianza, pero aquélla se la ha negado y es probable que éstos hagan lo mismo si el PP no cambia su política y su imagen. Podría haber salido del atolladero con gallardía, sacrificándose por la Nación y por su partido, y presentado su dimisión como hicieron en ocasiones similares Adolfo Suárez o Charles De Gaulle, pero se ha mantenido en sus trece y preferido, como Sansón, que se hundiera el templo y murieran  todos sus ocupantes. Ha tenido que hacer mutis por el foro en la ignominia, dando la sensación de que su lema era “después de mi, el diluvio”.  Tuvo asimismo un gesto poco elegante de mal perdedor al ausentarse del hemiciclo durante toda la tarde, dando así  muestras de desconsideración  hacia el Congreso y los diputados que estaban debatiendo la moción de censura contra él.

Actitud del PSOE

                Hay que reconocer la determinación, constancia e inesaquibilidad al desaliento de Sánchez que, a pesar de haber sido enterrado en vida por sus correligionarios en un par de ocasiones, ha conseguido su ambición de acceder a la Moncloa, aunque haya sido de manera poco ortodoxa. Ha sabido aprovechar la turbulencia emocional causada por las sentencia de la AN sobre el “caso Gürtel” para vestirse con los paños ajenos de la dignidad ofendida y exigir la dimisión de Rajoy por las corrupción institucional de su partido. Producía vergüenza ajena escuchar la mediocre y oportunista argumentación  expuesta por él y por Ábalos  y por él mismo para justificar la presentación de la moción, que fue fácilmente desarbolada por la hábil dialéctica parlamentaria de Rajoy. Ha pasado de ser un Alcoyano para convertirse en un Gerona, recurriendo a realidades futbolísticas. Cabe felicitarle por haber superado todos los “records” del Guinness político español, al ser el primero en acceder a la presidencia del Gobierno tras haber sacado adelante una moción de censura, sin haber ganado unas elecciones y no ser ni siquiera diputado.”¡Audacia fotuna iuvet!”.

Sánchez es una persona de convicciones poco firmes e ideología líquida, lo que le hace cambiar con facilidad de opinión. Ello presenta inconvenientes, pero también ventajas, por su capacidad de adaptación. Muestra de ello ha sido su giro copernicano de 180º al afirmar que respetaría los Presupuestos Generales adoptados por Rajoy –que había considerado totalmente inaceptables por su carácter antisocial-, para complacer al PNV y conseguir el voto de sus cinco diputados. No presentó un programa de Gobierno y se limitó a exponer unas ideas generales centradas en la estabilidad: institucional y de regeneración democrática, macroeconómica y presupuestaria, territorial y social, laboral y medioambiental. Se trata de un mero esbozo cuya precisión y concreción brillan por su ausencia. Esta grave omisión supone que el programa se lo facilitarán sus coyunturales aliados. Podemos ya le ha hecho los deberes y exigido una serie de medidas de mejora económica y social, cuya costosa financiación no se ha molestado en precisar.

También se comprometió a sentar las bases para solucionar el problema del encaje de Cataluña en España, que es-a su juicio- un problema político que requiere soluciones políticas. Ha considerado la posibilidad de recuperar algunas de las disposiciones del proyecto de Estatuto de Cataluña declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 y reconociendo a Cataluña como nación de conformidad con  la confusa idea socialista del plurinacionalismo. Se ha propuesto a normalizar las relaciones e iniciar el diálogo de su Gobierno con el nuevo Govern  y a “tender puentes”, y el Presidente de la Generalitat, Quim Torra –portavoz de Carles Puigdemont al que considera el único Presidente legítimo- ya  le ha planteado sus desorbitadas exigencias.

Sánchez se ha comprometido asimismo a cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero se ha aliado con quienes la violan continuamente. Se verá obligado a formar un “Gobierno Frankestein” –aunque sea en la sombra- compuesto de nacionalistas, populistas y filoetarras, sumamente difícil de coordinar por lo contradictorio de sus exigencias. Según Luis Miguel Fuentes, la moción de censura ha sido la danza macabra de Camille Saint-Saens en la que bailan los muertos, “el PSOE más pelado de la Historia, los podemitas en crisis de valores y de encuestas, los separatistas acosados por la ley, la izquierda peleada por sus barbas  e incluso los posetarras vestidos de sus propios muertos”. No, no lo va a tener fácil Pedro Sánchez para lidiar el morlaco de la crisis política creada por los partidos independentistas en Cataluña y de los problemas socio-económicos de España con una cuadrilla de sólo 84 peones y el auxilio interesado de independentistas radicales y populistas antisistema. Como ha comentado Albert Rivera, “no se puede gobernar España con quienes la quieren liquidar”.  

Sánchez puede hacerse la pregunta del millón: ¿Por qué todos los que aborrecen la Constitución lo han preferido a Rajoy? Como ha observado Rafa Latorre, por primera vez en la Historia  de España, un Gobierno ha sido apoyado por más partidarios del derecho de autodeterminación que por defensores de la Constitución.

Actitud del PNV

         El PNV ha sin duda sido la fuerza política más favorecida del esperpento de la moción de censura destructiva, pues ha sido el partido determinante para derribar el Gobierno de Rajoy y de colocar a Sánchez en la Moncloa. El debate que tenía lugar en el Congreso era irrelevante porque la cuestión planteada no se estaba decidiendo en Madrid, sino en una oficina de Vitoria/Gaztelu. Resulta increíble que el futuro político de un país de 44 millones de habitantes sea decidido por el 0.7% de los votantes del PNV en España. No es el perro de España el que mueve el rabo del País Vasco, sino el rabo del PNV el que mueve al perro de España, lo que resulta inaceptable. Esta incongruencia debería hacernos reflexionar sobre las insuficiencias de los sistemas electorales vigentes en nuestro país y la necesidad de modificarlos.
        
         El PNV practica desde hace tiempo un doble juego. Como el dios romano Jano, tiene dos caras: la amable, colaboradora y autonomista encarnada por el Lehendakari Íñigo UIrkullu, y la desagradable, insolidaria e independentista encarnada por el Presidente del “Euskadi Buru Batzar”, Andoni Ortúzar, que es el que pacta con Bildu y asiste a los festejos organizados por ETA en el País Vasco francés. Es el mismo dios, que muestra caras bien diferentes según las conveniencias del partido. Mientras la faz buena permitía la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en Madrid, la faz mala acordaba con los filoetarras de Bildu un proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para Euskadi, que reconocía la soberanía de la Nación Vasca y abría la vía para su independencia. Una de las caras del Jano peneuvista –ya no sé si la buena o la mala- se rasgaba las vestiduras tras la sentencia de la AN sobre el caso “Gürtel” y, alegando razones de ética, decidía apoyar la caída del Gobierno del PP y el acceso a la Moncloa del PSOE. Las profundas convicciones morales del partido le habían llevado a reprobar al corrupto PP, aunque esta terrible corrupción no había sido óbice para que, unos días antes, hubiera apoyado a la aprobación de los Presupuestos –no precisamente por motivos filantrópicos- presentados por un partido que entonces no era tan corrupto.

         Hay que reconocer la habilidad del PNV -y de su portavoz en la capital, Aitor Esteban- para saber comer a dos carrillos. Tras haber ordeñado la vaca pepera hasta dejarla seca en detrimento de otros mamoncetes, ha pasado ahora a ordeñar la cabra sociata con las expectativas de su sustanciosa leche. ¡Chapeau!. El propio Esteban  lo ha reconocido con franqueza: ”¡Vaya con la nación española, que no es capaz de buscar acuerdos para no quedar en manos del PNV!” El iluso Rajoy se fio del partido vasco, pero –como ha señalado Jorge Bustos- hemos podido ver “la traición del viejo muñidor de pactos imposibles que confiaba en la lealtad comprada con dinero público, sin sospechar que siempre hay alguien dispuesto a elevar la suma destinada al bolsillo de su efímero aliado”. La súbita caída paulina de Sánchez del caballo de los Presupuestos Generales tiene un cierto aire de subasta. Con sus cinco insignificantes diputados, el PNV ha conseguido convertirse en el socio preferente del Gobierno Sánchez, del que espera concesiones adicionales, como la transferencia de las competencias en materia de prisiones y la gestión de la seguridad social o el acercamiento de presos etarras. Esteban es consciente de que el nuevo Gobierno no va a tener una singladura fácil y ha reconocido y va a sufrir un “pin-pam-pum” continuo.
El doble juego del PNV resulta obsceno y,  encima nos lo quieren presentar como una consecuencia obligada de la ética peneuvista. Desde el genial Nicolás Maquiavelo hasta nuestros días, la política es el arte posible y resulta normal que los partidos arrimen el ascua a su sardina “frescué”, pero, por favor, no nos el tomen el pelo con justificaciones de Ética.

Actitud de Ciudadanos

         Ciudadanos (Cs) también cree haber salido favorecido del delirante debate de la moción de censura destructiva. Prueba de ello es que ha sido la fuerza política más criticada por tirios y troyanos en el hemiciclo –“¡Ladran, luego cabalgamos!”-.  Rajoy ha caído por la corrupción y Sánchez tendrá que gobernar con la ayuda de Podemos (Ps) y de los independentistas, lo que le dará una buena base para sus críticas. Cs ha dado muestra una vez más de su tacticismo oportunista.  Ha sido el desencadenante de la crisis al denunciar–tras conocerse la sentencia de la AN- el pacto de  legislatura concertado con el Gobierno y considerar que había que darla por concluida. Durante el debate, Rivera ha nadado entre dos aguas. De un lado, estaba la conveniencia de censurar al Gobierno por la corrupción, si bien la marcha de Rajoy le cercenaba una de sus bazas promocionales sobre  la regeneración democrática; de otro, su disconformidad con que la solución de la crisis se lograra con la ayuda de B ildu, ERC, Puigdemont y Torra. No quería ni un Gobierno zombi por la corrupción del PP, ni un Gobierno Frankestein de Sánchez. De ahí que tuviera que revisar su estrategia: lanzada al moro muerto del PP para evitar que se recuperara, y alfilerazos continuos al PSOE por la factura pendiente de la corrupción de los ERE y otros casos similares.

Pese a sus pretensiones regeneracionistas, Cs presenta unos rasgos poco claros de tacticismo. Ha supeditado la explotación de su posición de fuerza política más votada en Cataluña a la promoción de sus posibilidades electorales en el resto de España, aprovechando el viento de cola que le han proporcionado los sondeos electorales. Ha reducido el protagonismo de Inés Arrimadas  en Cataluña y dejado la iniciativa política  a movimientos sociales como Sociedad Civil Catalana. Está pleno de ambigüedades y dobles estándares, y aplica distintos baremos en la lucha contra la corrupción según las Comunidades en que se produzca. Así, mientras ha sido extremadamente riguroso en la Comunidad de Madrid al exigir la dimisión de su Presidenta, Cristina Cifuentes, a pesar de que ni siquiera había sido imputada, ha mantenido su respaldo al Gobierno de Susana Díaz pese a, no ya la imputación, sino al procesamiento de algunos de sus colaboradores, y ha dado su apoyo incondicional a los presupuestos de la Junta de Andalucía, notoria por su grado de corrupción institucional. De ahí la desconfianza que suscita en ciertos sectores del centro-derecha, que le acusan de ambigüedad, de variabilidad y de falta de un programa político.

 Actitud de Podemos y de los nacionalistas catalanes

         Ps ha reconocido su error de no apoyar a Sánchez en su primera tentativa de acceder a la presidencia del Gobierno y, en esta ocasión,  rebajó sus ínfulas y anunció, en principio, su apoyo incondicional a su candidatura, aunque luego haya matizado su respaldo con exigencias más razonables. Pablo Ibáñez  ha ofrecido a Sánchez la colaboración de su partido y la conveniencia de incluir en su Gobierno a a miembros de su partido, dado que 115 diputados aportan obviamente mayor estabilidad al Gobierno que 84. Ha dicho que ha aprendido de sus errores y propuesto una alianza de la izquierda para desalojar a la derecha del mapa político. ”Tenemos que ganar juntos las próximas elecciones”, ha dicho. Ante la escasa receptibilidad de Sánchez a sus arrumacos, Iglesias ha endurecido el tono y afirmado que, ”si no somos socios, seremos oposición”, y ha actuado en consecuencia al presentar en el Senado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales que han sido aceptados por Sánchez.

Los partidos catalanes independentistas dejaron bien claro que su apoyo a Sánchez era instrumental y coyuntural. Así, ERC afirmó que su voto favorable  a la moción no suponía un apoyo a Sánchez, sino un rechazo a Rajoy, y PDdCAT que, desde la discrepancia, iba a apoyar la moción para poner fin a la etapa de Rajoy. Así pues, aviso a navegantes. Los separatistas van a vender caro su apoyo al Gobierno de Sánchez y lo condicionarán a recibir contraprestaciones.

Torra ya ha sacado la cartera de pedidos. Ha solicitado a Sánchez que abra  unas negociaciones bilaterales “de Gobierno a Gobierno” y mantenido sus exigencias de nombramiento de los consejeros excluidos, liberación de los “presos políticos”, revocación total de la aplicación del artículo 155 de la Constitución –incluida la supresión del control de las finanzas de la Generalitat- y el reconocimiento de la República de Cataluña. Los actuales dirigentes catalanes,-a los que bien recientemente Sánchez había calificado de golpistas, racistas  y supremacistas, se han transformado de la noche a la mañana en interlocutores respetables. Torra  ha tenido la desfachatez de afirmar que “ha llegado el momento de que independentistas y no independentistas trabajemos  juntos, porque juntos somos más fuertes”, y añadido que necesita saber el proyecto que tiene el Estado sobre Cataluña.


Celebración de elecciones generales
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            Según Jorge Bustos, Sánchez –que es aficionado al baloncesto- salió  a la cancha para “jugar los minutos de la basura”.  En su declaración ante el Congreso, señaló -entre los cuatro puntos de su plan de acción- la pronta celebración de elecciones generales, aunque no dio indicios sobre cuándo se celebrarían. Con posterioridad no volvió a hablar del tema, consciente de que una consulta inminente no sería conveniente para el PSOE. Tras haber conseguido su anhelo de llegar a la Moncloa, Sánchez quiere aprovechar la ocasión y gobernar todo el tiempo que pueda para, desde el poder, redorar su imagen y potenciar la posibilidades electorales del PSOE..

Al PP –aún sumido en el estupor de la inesperada debacle y pendiente de lo que Rajoy decida sobre su continuidad en el liderazgo del partido- tampoco le interesa enfrentarse a unas elecciones a corto plazo, aunque su opinión no parece que preocupe sobremanera a Sánchez. Rivera es partidario de que se convoquen cuanto antes, para que Cs coseche los frutos que las consultas demoscópicas le vaticinan. El PNV -que teme a Cs  por su oposición a los privilegios fiscales y a los derechos históricos del País Vasco- prefiere, por el contrario, que se agote la legislatura, para ver si, durante el tiempo que queda, se desinfla el “souflé” de Cs.Ps y PDdCAT tampoco propugnan un adelanto de las elecciones, que sólo a ERC podría favorecer.

Dada la fragilidad del “Gobierno Frankestein”, convendría  que Sánchez convocara cuanto antes elecciones generales para que el pueblo español pueda expresar su opinión sobre las fuerzas políticas que deban gobernar nuestra nación en momentos especialmente delicados por la continuidad de la rebelión de Cataluña.  Es probable que no se altere sensiblemente la distribución de escaños entre la derecha y la izquierda, aunque –según los sondeos- es posible que se produzca una realineación de fuerzas dentro de cada bloque, con una importante bajada del PP, un ligero descenso de Ps y una notable subida de Cs.

El problema de los ciudadanos es decidir sobre a qué fuerza política confiar su voto, pues todos los partido presentes en las Cortes han dado  reiteradas muestras de falta de sentido de Estado. La triste conclusión a la que cabe llegar tras el desarrollo de los acontecimientos en la tragicomedia de la moción de censura destructiva es que estos partidos están dispuestos a sacrificar el interés general de la Nación por sus mezquinos intereses partidistas.

Madrid, 2 de Junio de 2018

Puigdemont, un golpe de Estado como el de Hítler


PUIGDEMONT, UN GOLPE  DE ESTADO COMO EL DE HÍTLER

            Los independentistas que controlan la Generalitat y las instituciones políticas y sociales de Cataluña desde la llegada al Govern de Jordi Pujol han dado un golpe de Estado perfecto que haría las delicias de Curzio Malaparte. Un golpe de Estado que –salvadas las distancias- es similar al realizado por Adolf Hítler contra la República de Weimar en 1923 y que ha ido realizándose gradualmente por etapas a la luz pública conforme al plan previsto por el desprestigiado patriarca catalán, ante la indiferencia, la inanidad y la condescendencia –cuando no la complicidad- de los sucesivos Gobiernos de España. Ha supuesto una insurrección contra las instituciones legales del Estado español, realizada desde los órganos del poder autonómico legitimado por la Constitución de 1978, a costa del bolsillo de todos los españoles. ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados socios de España en la Unión Europea y de la propia Unión? Creo que no ha estado en muchos casos a la altura de las circunstancias ante una situación sumamente grave, no sólo para la propia Cataluña y para España, sino también para toda Europa.

Actitud de Bélgica

            Tras el fracaso del golpe de Estado palaciego para lograr la independencia de la República Catalana, el ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y varios de sus Consejeros huyeron cobardemente a Bélgica, dejando en la estacada y en la cárcel, o en libertad bajo fianza, al Vicepresidente Oriol Junquera, a los restantes Consejeros, a los componentes de la Mesa del Parlament –incluida su Presidenta, Carme Forcadell- y los Presidentes de las agrupaciones sociales independentistas Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart. La elección de destino no fue casual y estaba más que justificada, ya que los Tribunales belgas han rechazados en diversas ocasiones conceder la extradición a España de criminales de ETA, so pretexto de que no recibirían un juicio justo en nuestro país. El partido nacionalista flamenco NV-A, que controla el Gobierno belga, los han acogido con simpatía y les han dado su apoyo político, económico y logístico, creando un problema interno a su Presidente Charles Michel, quien –forzado por sus socios coyunturales- criticó el uso de la violencia por parte del Gobierno español e instó al diálogo y a la desescalada. El Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Interior, Jan Jambon, criticó a la Justicia española por procesar a los dirigentes catalanes, que se habían limitado a seguir el mandato concedido por sus electores. Afirmó que estaba dispuesto a concederles el estatuto de refugiados políticos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para evitar que Puigdemont recibiera un trato injusto. Para calmar el malestar del Gobierno español, Michel declaró que su Gobierno no estaba dando protección política a los prófugos y que Puigdemont –que era un ciudadano más que debería responder de sus actos como cualquier ciudadano- era tratado como cualquier persona que se encontrara en territorio belga, en perfecta conformidad con el Estado de Derecho.

            La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó auto de procesamiento contra los responsables del golpe de Estado catalán y emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont y sus ex-Consejeros por los delitos de sedición, prevaricación, desobediencia y malversación. El Fiscal del Rey. Jean-Marc Meilleur, manifestó que daría una importancia particular a la cuestión de “saber si la extradición no podría constituir una infracción de sus derechos fundamentales”. Puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y formuló una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba información sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la “posible exposición a episodios de violencia”. Con esta inaceptable actitud, el Fiscal dinamitó la aplicación de la OEDE, que se basa en la confianza en los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE en un espacio jurídico europeo único.

La autoridad judicial belga ha dado largas a la repuesta a la OEDE –a pesar de su carácter urgente- y decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga consienteque actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las leyes españolas. Ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de los encausados sólo por  malversación, el Instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena retiró la OEDE y la rehízo para incluir en ella sólo los cargos de rebelión y de malversación. Puigdemont fue detenido en Alemania tras un viaje a Finlandia, la ex-Consejera de Educación Clara Ponsati se trasladó a Escocia y otros tres miembros de la Corte de los Milagros en el exilio –Toni. Comín. Maritxell Serret y Valentí Puig- permanecen en Bélgica y continúan con su campaña de agitación contra el Estado español y de desprestigio de España.

El fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Dirk Merck, preguntó al Instructor Llarena si la nueva OEDE se fundaba en las órdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional  y éste contestó que en su auto había ratificado expresamente las órdenes de detención dictadas por la magistrada Lamela, y que no era necesario dictar una nueva orden de detención, ya que la ley española permitía acordar la prisión en el auto de procesamiento. El Tribunal belga ha dictaminado que no existen órdenes de arresto nacional subyacentes válidas que se correspondan con el contenido de  las OEDEs, por lo que -basándose en un supuesto error formal- se ha negado a su ejecución, poniendo de manifiesto la escasa disposición de las autoridades belgas a colaborar con la Justicia española. No es de extrañar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales belgas han negado la extradición de criminales de ETA so pretexto de que no serían objeto de un juicio justo en España.

Un grupo de 50 Embajadores jubilados hemos escrito una carta abierta al Embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para hacerle llegar nuestra “sorpresa, preocupación e indignación” por el injustificado comportamiento inamistoso que están teniendo con España el Gobierno y las autoridades judiciales de Bélgica.

Actitud de Alemania

            En su ansia de seguir atacando la credibilidad de España y aprovechándose de la tolerancia –cuando no la connivencia- del  Gobierno belga, Puigdemont estuvo revoloteando por Europa –Dinamarca, Suiza, Finlandia- hasta que, víctima de su arrogancia y de su exceso de confianza, tuvo que abandonar Finlandia de forma precipitada y rocambolesca al enterarse que el Código Penal de este país incluía el delito de rebelión. Al cruzar la frontera de Alemania fue detenido y encarcelado de conformidad con lo solicitado en la OEDE del TS español. El Juzgado de Neumünster decretó su prisión incondicional hasta que la Audiencia Territorial (Landesgericht) de Schleswig-Holstein decidiera sobre la Orden. Ésta dictó una primera resolución denegatoria de la entrega del prófugo por rebelión y lo dejó en libertad bajo una fianza de 75.000 euros.

Puigdemont  ha violado reiteradamente la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las decisiones de los Tribunales españoles, pretendido derogar la Constitución de 1978 mediante una ley autonómica, celebrado un referéndum ilegal de autodeterminación expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y declarado la independencia de la República de Cataluña. Para la Audiencia de Schleswig-Holstein, sin embargo, los actos violentos por él realizados para conseguir estos objetivos no eran  de suficiente entidad como para ser considerados en Alemania delitos de alta traición (Hochverrat) –la calificación jurídica más cercana a la rebelión-, porque no habían sido capaces de doblegar la voluntad de los órganos constitucionales españoles. Inútil decir que, si lo hubiera sido, no habría caso pues Cataluña sería independiente y –como reza el refrán español- “muerto el perro, se acabó la rabia”.

La Audiencia ha llegado a la sorprendente conclusión  de que dichos actos flagrantemente ilegales no serían punibles en Alemania. Según la Ley Fundamental Alemana de 1949 (Grundgesetz), serán declarados ilegales los partidos que tiendan a destruir el régimen constitucional (artículo 21-2), están prohibidas las asociaciones cuyos fines o actividades sean contarios a las leyes penales o vayan dirigidos contra el orden constitucional (artículo 9-2), y los alemanes tienen derecho a la resistencia contra cualquiera que intente derribar el orden constitucional (artículo 20-4). En una sentencia de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) no admitió la celebración de un referéndum sobre la separación del land de Baviera porque, “en la República Federal de Alemania, Estado fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son dueños de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder por ser contrarias al orden constitucional”. Puigdemont ha violado reiteradamente todas las normas equivalentes del ordenamiento español, y algunas más, y organizado un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña, pero -para el Landesgericht- semejante conducta no constituiría un delito en Alemania. Resulta difícil de creer que si los Presidentes de Baviera o de Schleswig-Holstein organizaran en sus respectivos lander  un referéndum de autodeteminación prohibido por el TC, abrogaran la Grundgesetz  y proclamaran la República de Bavaria o de Schleswig respectivamente, pudieran seguir en libertad y ultimar sus propósitos como si no hubiera pasado nada. Para el Tribunal alemán hay dos pesos y dos medidas para calificar los mismos actos, según se realicen en Alemania o en España.

            La Ministra de Justicia, Caterina Barley, elogió la resolución y descalificó al TS  español. Llegó hasta el extremo de afirmar que, si la Audiencia exoneraba a Puigdemont del delito de malversación, quedaría éste “libre en un país  libre, como la República Federal de Alemania”, lo que, “contrario sensu”, equivalía a decir que España no era un país libre y democrático. El portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, desautorizó a la Ministra al afirmar que España era un Estado democrático de derecho y que el Gobierno alemán  consideraba que el conflicto catalán era un problema interno de España, que debería ser resuelto de conformidad con la Constitución  y el ordenamiento legal españoles. Llamada a capítulo por Frau Angela Merkel, Barley se excusó con su colega español, Rafael Catalá, por el “malentendido” causado por su declaración.

En esta misma línea, el portavoz-adjunto del Partido Socialdemócrata en el Parlamento, Rolf Mützenig, afirmó que la Justicia española era igual que la turca Existe en el seno del SPD –que forma parte del Gobierno de coalición con la CDU-  un sentimiento anti-español, que se refleja en una actitud de simpatía hacia los rebeldes catalanes, en contra de la posición de su partido hermano, el PSOE, que ha apoyado la posición del Gobierno español en el conflicto de Cataluña –incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que  se destituyó al Govern y se suspendió el Parlament-, como tuvo ocasión de manifestar su Secretario General, Pedro Sánchez, cuando se trasladó a Alemania para asistir al Congreso del SPD.

El Instructor Llarena ha reformulado la OEDE e incluido el delito de sedición, que equivale en el Derecho alemán al de “perturbación del orden público”. La Audiencia ha vuelto a adoptar una resolución denegatoria de la entrega de Puigdemont por rebelión, por seguir considerándola “en principio inadmisible”, y ha rechazado asimismo la entrega por perturbación del orden público, porque los episodios violentos del “procés” no pueden ser atribuidos “personalmente” al ex-Presidente. Habría que preguntar a estos preclaros juristas –calificados por Francisco Sosa de “magistrados a la violeta”- si el responsable del gaseamiento de miles de judíos en los campos de exterminio nazi era únicamente el agente de la SS que abría la llave del gas. Evidentemente, la responsabilidad iba subiendo por la escala jerárquica y aumentando en intensidad a medida que subía de nivel hasta llegar al principal culpable . ¿Habría  que esperar a encontrar una foto de Puigdemont lanzando un cóctel Molotov para que el Tribunal autorice su entrega? Por otra parte –como ha observado el TS- en el contexto de Cataluña -en el que los rebeldes actuaban desde el poder y disponían de todos los medios del Gobierno autonómico-, el recurso a la violencia física “pasaba a un segundo plano, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado”.

Ante la imposibilidad de ser reelegido Presidente de la Generalitat desde Alemania por la prohibición expresa del TC, Puigdemont propuso a sus fieles que nombraran a un testaferro, el  ultranacionalista supremacista y xenófobo Quim Torra, quien lo sigue reconociendo como Presidente legítimo de Cataluña y ha asumido una función de subalterno a sus órdenes. Ya era difícil encontrar un payaso que superara las excelencias de Puigdemont, pero lo han encontrado, pues el circo independentista catalán está plagado de “freakies” políticos y humanos. Muestra de la catadura moral del nuevo President vicario son sus perlas oratorias y digitales denigratorias de todo lo que sea español: ”Los españoles son bestias que beben odio”; ”no son demócratas, sólo saben expoliar”; ”vergüenza es una palabra que los españoles han eliminado de su vocabulario“; “vivimos ocupados por los españoles desde 1714”; “vienen a vigilarnos, ¡fuera de aquí, de una vez!;”el fascismo de los españoles en Cataluña es tétrico, revulsivo y burdo”; ”corremos el riesgo de acabar tan locos como los españoles”…Como ha señalado José Andrés Rojo en “El País”, no se trata ya de la aspiración de una minoría independentista para desconectarse de España, sino de una lucha de un pueblo superior contra los bárbaros que habitan en el resto de España o en la propia Cataluña, si no son favorables de la independencia.   

Un grupo informal de 55 Embajadores jubilados hemos escrito una carta al colega alemán en España, Peter Tempel, para expresarle nuestra “sorpresa y preocupación por el desarrollos de los acontecimientos en Alemania en relación con Puigdemont, especialmente por las resoluciones de la Audiencia de Schleswig-Holstein.
La misiva –reproducida en su integridad por el diario “ABC” bajo el titular “Un golpe de Estado como el de Hítler”- concluía afirmando que lo que ha sucedido en Cataluña es un auténtico golpe de Estado, como lo fue el realizado por Hítler contra la República de Weimar. En efecto, Puigdemont se alzó desde el control del Gobierno autonómico -del que disfrutaba gracias a la Constitución de 1978-, contra el poder legítimamente constituido de un Estado de Derecho, violó esa Constitución, el Estatuto de Autonomía y las sentencias de los Tribunales, y declaró la independencia de la República catalana. Con el agravante comparativo de que Hítler había sido democráticamente elegido en 1923 para gobernar la totalidad de  Alemania, mientras que Puigdemont sólo fue elegido para regir una pequeña parte de España.

Señalaban los Embajadores que, en el ínterin, esperaban que las autoridades germanas fueran menos tolerantes con Puigdemont y no le permitieran realizar actuaciones políticas ilegales contra el Estado español. Las autoridades germanas deberían preguntarse si no está violando uno de los principios básicos del Derecho Internacional como es la no intromisión en los asuntos domésticos de otro Estado. La “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” –contenida en la resolución 2625(XXV) de la Asamblea General de la ONU de 1970-, consagra la obligación de “no intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de otros Estados”. Deben abstenerse los Estados de “ejercer  coerción militar, política o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado”. Esta intromisión puede hacerse de forma activa o pasiva. Así, la resolución añade que los Estados deben abstenerse de apoyar o tolerar actividades subversivas encaminadas a cambiar el régimen de otro Estado, actividades que   son precisamente las que viene realizando Puigdemont desde que quedó en libertad bajo fianza, pese a ser un prófugo de la justicia española tras sus imputación por los graves delitos de rebelión, sedición y malversación. El ex-Presidente de la Generalitat ha establecido un Gobierno paralelo en Berlín, desde donde conspira a diario para conseguir la separación de Cataluña de España. Con su conducta pasiva y su tolerancia con las actividades ilegales de Puigdemont, las autoridades alemanas le están permitiendo que continúe delinquiendo y atente contra el orden constitucional y la integridad territorial de España. Alemania no sólo puede que esté violando una norma de Derecho Internacional general que le obliga frente a cualquier Estado, sino que -para máyor “INRI”- lo hace contra un Estado socio de la UE y aliado en la OTAN.

Actitud de Gran Bretaña

            En el Reino Unido, y más concretamente en Escocia, sólo hay una antigua Consejera del Govern, que funge como profesora en la Universidad de Saint Andrew. El TS ha solicitado la entrega de Clara Ponsatí por rebelión y malversación mediante la correspondiente OEDE. El tribunal escocés competente se lo ha tomado con calma –pese al carácter urgente de una Orden de este tipo- y ha aplazado sin justificación alguna su decisión hasta después del verano. Supongo que, como es muy respetuoso con la autonomía universitaria, le ha querido permitir que termine el curso, pero no lo ha sido tanto con la Justicia española a la que ha dejado para Septiembre .

            Gran Bretaña es uno de los países europeos que ha acogido con mayor simpatía las tesis y los actos ilegales de los independentistas catalanes, especialmente en sus medios del comunicación, del “The Times” al “Guardian” y del “The Daily Telegraph” al “The Economist”, pasando por la supuestamente objetiva y neutral “BBC”. Los medios han simplificado el problema equiparando a Cataluña con Escocia, cuando hay tres elementos diferenciales que se silencian: Escocia fue un Reino independiente antes de integrarse la Gran Bretaña, las leyes británicas no prohíben los referéndums de autodeterminación y el Gobierno británico dio su anuencia a la celebración del referéndum en Escocia. Por el contrario, Cataluña nunca fue un Reino independiente sino un Condado que formaba parte del Reino de Aragón, la Constitución española prohíbe la celebración de referéndums salvo que sean autorizados por el Gobierno central y éste nunca ha aceptado su celebración, que ha sido prohibida por el TC.

            Gran Bretaña ha mantenido una política vacilante en relación con la extradición de etarras a España, habiendo adoptado actitudes distintas según los casos. En un mundo político en el que la consolidación del “Brexit” es uno de los objetivos básicos del Gobierno de Teresa May, no parece que éste muestre especial interés en la aplicación de las OEDEs. Esta figura jurídica está basada en la confianza mutua de todos los Estados miembros de la UE, cuyos sistemas jurídicos se consideran homologables, con el fin de abreviar los largos, complejos y farragosos procedimientos de extradición. Tiene un carácter de urgencia para favorecer la cooperación judicial y no es de recibo que los tribunales decidan prolongar frívola e innecesariamente la debida respuesta, sin ni siquiera alegar un motivo que lo justifique.

Actitud de la Unión Europea

            Las altas autoridades de la UE –con la excepción del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani- no han estado siempre a la altura de las circunstancias y, no sólo no han apoyado sin condiciones a España ante el desafío del independentismo catalán, sino que en ocasiones han tomado posturas cautelosas, cuando no hostiles, y tratado de adoptar injustificables posiciones de neutralidad, cuando en modo alguno pueden ser equidistante entre un Estado miembro que cumple la ley y el Gobierno de una parte de su territorio que la incumple.

            Cuando, como consecuencia del cumplimiento del mandato de los Tribunales catalanes, se produjeron algunos enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con ciudadanos que participaban en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de Octubre de 1917 -expresamente prohibido por el TC- , surgieron numerosas críticas procedentes del “fuego amigo” comunitario. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que había instando al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a “encontrar fórmulas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Tuvo la osadía de mandarle a Puigdemont un mensaje de parte de alguien cercano a una minoría étnica que sabía lo que era “ser golpeado por las porras de los policías”, en el que le decía que había pedido a Rajoy -en su calidad de Presidente del Consejo y de firme creyente en  la UE- que buscara soluciones sin el uso de la fuerza y con el diálogo, porque “la fuerza de los argumentos es mejor que los argumentos de la fuerza”. ¿Con qué derecho se dirigía dialogante a la autoridad regional de un Estado miembro que se había rebelado contra su propio Estado?

            El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, afirmó que eran tiempos de unidad y de estabilidad e hizo un llamamiento al diálogo, porque la violencia no podía ser un instrumento de la política. Instigado por su entonces Jefe de Gabinete y hoy Secretario General de la Comisión -tras un “pucherazo” burocrático “made in Brussels”-, Martin Selmayr, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se mostró partidario de que la UE mediara entre el Gobierno español y el catalán. En una tensa reunión de la Comisión estuvo en un triz de salir adelante una recomendación en este sentido, pero fue rechazada por los pelos gracias a la defensa numantina del Comisario español, Miguel Ángel Arias y, sobre todo, por el apoyo a España del Vicepresidente Frans Timmermans. Un centenar de funcionarios españoles de la Comisión enviaron una carta a Juncker para protestar por la deriva pro-independentista de aquélla, en la que hay un importante núcleo de funcionarios catalanes influyentes en puestos intermedios de alto nivel, que son partidarios de la independencia o afines al  nacionalismo, que llevan a cabo una continuada labor de proselitismo con celo digno de mejor causa. Muestra de ello es el antiguo alto cargo de la Comisión, Amadeu Altafaj, que fue nombrado por Puigdemont “Embajador” de Cataluña ante la UE y que ha tenido una destacada actuación en favor de la independencia.

            Ante las numerosas protestas -internas y externas-, la UE ha modificado su criterio y adoptado una actitud más comprensiva hacia uno de sus miembros, como se puso de manifiesto durante la entrega a la Unión del Premio “Princesa de Asturias” a la Concordia en Octubre del pasado año. El díscolo Tusk  dijo que la gente sentía que estaba rodeada por mentiras, manipulaciones y noticias falsas, pero que él creía que “la verdad es invencible y esta ceremonia es una expresión de esa invencibilidad”. Juncker afirmó que la fuerza del derecho era un principio fundamental de una UE que nos protegía y nos permitía vivir juntos en una convivencia armoniosa, ofreció al Gobierno español “un hombro en el que poder descansar” y defendió el sentido histórico de unas fronteras inamovibles como garantía de la paz. Tajani afirmó que la Constitución española formaba parte de la legislación de la Unión y no cabía mediación alguna al tratarse de un problema interno español, y que el derecho no era una opción sino una obligación, “lo que no está  mal recordar cuando afloran los egoísmos nacionalistas”.

El rey Felipe VI señaló que la presencia en Oviedo de los tres máximos dirigentes de la UE simbolizaba “el compromiso, el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas con España, con nuestros sistema constitucional y con nuestro Estado democrático y social de Derecho”. España tenía que hacer frente a un inaceptable intento de secesión de una parte de su territorio, que resolvería por medio de sus legítimas instituciones democráticas y ateniéndose a los valores y a los principio de la democracia parlamentaria. Ningún proyecto futuro de progreso podía construirse tomando como base la ruptura de la convivencia democrática, ni sustentarse en la desafección y en la división de la sociedad, de la familia y de los amigos. “No queremos ni podemos – concluyó el monarca- renunciar a lo que junto hemos construido sumando las aportaciones de todos, que constituye un valiosísimo legado que a todos y a cada uno pertenece por igual. Una España en la que todos –independientemente de sus ideas o de sus intereses- tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y  libertad, sin temores a los miedos, a la imposición y a la arbitrariedad, y alejados del rencor y de las fracturas. Una España abierta y solidaria en la que los pueblos que la integran vieran protegidas, reconocidas y respetadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus instituciones, como verdadero patrimonio que identifica y enriquece a todos”.

Aún hay muchos en Europa y en el seno de la UE que no son concientes de los gravísimos peligros que supone el independentismo catalán para el futuro integrador de la Unión. En su carta abierta al Embajador alemán, sus colegas españoles hicimos hincapié en “la transcendental importancia de mantener un frente unido ante uno de los retos más graves que compromete el futuro de la UE; a saber, el auge de los nacionalismos radicales y excluyentes –de los que Alemania, más que ningún otro Estado, ha sufrido en el reciente pasado-, que, junto con el populismo, ponen en peligro el proceso de construcción europea”.

Madrid, 29 de Mayo de 2018

ETA ha muerto, ¿Gora ETA?


ETA HA MUERTO ¿GORA ETA?

            El pasado 16 de Abril, lo poco que queda de ETA hizo pública una declaración en la que anunciaba a bombo y platillo que daba por concluida  toda su actividad política” y  desmantelaba completamente sus estructuras, si bien seguiría luchando en otros ámbitos por “una Euskal Herria reunificada, independiente y socialista”.  So pretexto de que había que escenificar la disolución de la organización terrorista –vencida por la acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la actuación de los jueces y la cooperación internacional, especialmente de Francia-, la izquierda abertzale organizó día 4 de Mayo una grotesca y siniestra romería en Cambo-les-Bains para blanquear el comunicado hecho público el día anterior explicitando la disolución, acusar al Gobierno español de no haber hecho nada por la paz, exigirle una solución urgente para los presos de la banda y mofarse de las  víctimas de su acción terrorista. ETA y su heredero universal y representante político BILDU mantienen  que, con este generoso gesto, el conflicto con el Gobierno español ha terminado y en el País Vasco y en Navarra vuelve la normalidad, como si no hubiera pasado nada  en los últimos 60 años. ¡Aquí paz y después gloria!.

Dramáticas consecuencias de la actuación criminal de ETA

            Sin embargo, han pasado demasiadas cosas en la Historia del País Vasco y de España, que no se pueden subsanar por ensalmo con un tramposo comunicado. Entre 1968 y 2010, ETA ha cometido 3.751 atentados terroristas y 4.500 acciones de “kale borroka”, que han producido 854 muertos, 808  de ellos después de haberse establecido la democracia en España y sólo 46 durante la época franquista, lo que pone de manifiesto la falacia sobre los heroicos gudaris que lucharon para liberar a Euskadi de la tiranía de Franco. 579 murieron en el País Vasco, 123 en Madrid, 54 en Barcelona, 42 en Navarra, 10 en Francia y 46 en diversas ciudades españolas. 773 eran varones y 59 mujeres , y entre ellos  figuran 22 niños. 493 pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Seguridad – 209 guardias civiles, 150 policías nacionales, 93 militares, 25 policías municipales y 16 erzantzas- y 361 eran civiles -68 dirigentes políticos, 55 empleados, 50 autónomos, 33 empresarios, 6 jueces. 3 periodistas y 147 personas de diversas profesiones y amas de casa-. El número de bajas civiles fue aumentando a partir del momento en que ETA impuso su política de  socialización del terror”, con la quecolocó a cualquier ciudadano en el punto de mira de los terroristas. También cabe mencionar la muerte de 7 integrantes de ETA, que fueron asesinados en ajustes de cuentas o “ejecutados” por ser considerados traidores a la causa.  547 sufrieron la muerte por disparos y 307 por explosiones -158 de ellas por coche/bomba-

            Los ataques de ETA han causado 2.597 heridos –sólo 27 durante el período franquista-, incluidos 60 niños, y 709 inválidos.  8 menores han quedado huérfanos de padre y madre. Entre la clase política, el más afectado ha sido el PP, seguido del PSOE. Especial significación tuvieron el vil asesinato del Concejal popular Miguel Ángel Blanco, que provocó el “espíritu de Ermúa” y la condena generalizada de la conducta de la banda, y el secuestro y reclusión en un zulo durante 532 días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega, a cuyo carcelero, Josu Uribetxeberría –que se mostró dispuesto a dejarlo morir por inanición- el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria concedió indebida e injustamente la libertad condicional. Ahora, el Ayuntamiento de Mondragón, regido por BILDU, ha decidido rellenar el zulo con hormigón para que no sirva de recordatorio del inhumano secuestro.
Entre 1970 y 1997, ETA realizó 86 secuestros, por los que recaudó €104,7 millones, así como otros  €161,2 millones por extorsiones y €37,3 millones por el “impuesto revolucionario” -15.000 empresarios habían recibido cartas de extorsión hasta 2010-. 42.000 persona fueron amenazados por la banda, que, -entre 1968 y 2001- recogió información sobre 15.649 personas: 3.760 miembros del  PP y 1.294 del PSOE, 1.843 empresarios, 899 jueces y 213 profesores. Muchas personas –incluidos algunos miembros de mi familia- tuvieron que abandonar el País Vasco por las amenazas de ETA. Según la Fundación BBVA, entre los años 1980 y 2000, 157.417 ciudadanos vascos tuvieron que huir de sus hogares, provocando un desequilibrio en el censo electoral que favoreció al PNV. El Gobierno del PP elaboró un plan para permitir que estos exiliados involuntarios pudieran votar en las elecciones que se celebraran en el País Vasco auque residieran fuera de la Comunidad, pero no se atrevió a aplicarlo ante la oposición del PNV y de los filoetarras de BILDU. 3.300 ciudadanos tuvieron que vivir con escolta –algunos durante más de 20 años-, para lo que el Gobierno tuvo que gastar €1.725 millones, amén de otros €3.895 millones en seguridad. Los daños económicos causados por los atentados ascendieron €5.671 millones y las pérdidas globales por los gastos de seguridad y de pensiones, las indemnizaciones a 3.421 víctimas y la paralización de la central nuclear de Lemóniz supusieron €25.000 millones. Se calcula que se ha producido un descenso del 10% en el PIB del País Vasco, aunque hay expertos que sitúan la pérdida en el doble.

Se calcula en unos 3.800 el número de militantes que ha tenido ETA durante su siniestra historia. Unos 100 comandos fueron desarticulados por las fuerzas de seguridad y 20.000 sospechosos de terrorismo fueron detenidos, el 25% de los cuales resultaron imputados. Se han incautado 41.132 kgs de explosivos y 6.118 armas -1.946 armas cortas, 1.231 subfusiles, 853 fusiles, 24 escopetas, 2.104 granadas y un misil-. De los etarras detenidos 1.595 fueron excarcelados, 1.232 amnistiados en 1977, 78 se arrepintieron y 27 se acogieron a la “vía Nanclares”. Actualmente hay 100 militantes fugados y 297 encarcelados: 243 en España, 53 en Francia y 1 en Portugal. Aún quedan 358 crímenes si esclarecer. Desde 2016, se han celebrado 123 homenajes a los etarras que ha salido de prisión, especialmente por parte de los Ayuntamientos regidos `por militantes de BILDU. Toda esta orgía sangrienta puede ser lavada con el jabón del buenismo y el detergente del olvido. Como ha señalado David Gistau, los etarras tratan de librarse de la droga del odio a los no nacionalistas “cpn una metadona mental  que forma parte de los ejercicios de memoria selectiva y olvidos adrede, con los que una buena parte de la sociedad vasca está dispuesta a cerrar en falso el sangriento capítulo etarra con tal de dejarlo atrás cuanto antes”. Sin embargo, las víctimas tienen derecho a que se aplique la ley y a reclamar justicia, verdad y memoria..

Declaración relativa a la disolución de ETA

            La declaración sobre la supuesta disolución de ERA es un modelo de cinismo y tergiversación. Insiste en la existencia de un conflicto y de la necesidad del pueblo vasco de recurrir a las armas para hacer frente a la violencia del Estado y liberarse del yugo opfresor. Afirma que la falta de voluntad del Estado para solucionar el conflicto y las oportunidades perdidas han provocado su alargamiento y “multiplicado el sufrimiento de las distintas  partes”.  ETA reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su “lucha” y pide perdón “a los no implicados directamente en el conflicto”. Deja el hacha, pero se jacta de su ·”trabajo”, ya que con su “lucha” ha dejado un “pueblo vivo”, donde “las garras del franquismo” hacían agonizar a Euskal Herria. ETA ha hecho un llamamiento a los vascos ya que “la solución del conflicto y la construcción de Euskal Herria os necesita a todo vosotros, porque el futuro es responsabilidad de todos”. Ha reiterado  los mantras de ETA: existencia de un conflicto que justifica el recurso a las armas para la liberación del oprimido pueblo vasco, situación de Euskadi en posición de igualdad con el Estado, y existencia de víctimas en la dos partes. Para Marimar Blanco, Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la palabra perdón queda muy bien en un comunicado, pero está vacía de contenido si no reconoce los daños causados y sigue hablando de conflicto y de víctimas de los dos lados. Para la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, la petición de perdón es cínica y selectiva. Llega tarde y se dirige sólo a los vascos, cuando los crímenes etarras se perpetraron en toda España.

Fernando Aramburu ha afirmado que el comunicado de ETA le ha parecido una redacción de colegio de una impresionante liviandad intelectual. Los últimos etarras que quedan pretenden hacerse los buenos, los sensibles, los compasivos con una parte de sus propios asesinados, los “no implicados directamente en el conflicto”, que no se sabe muy bien quienes son, pero no existe la bondad armada. “Estos sacralizqdores del suelo patrio, persuadidos de la nobleza de su causa, creyeron implicarse en una acción positiva montándose un paraíso, una comunidad ideal de vascos libres y genuinos, por el expeditivo procedimiento de arrebatarles la vida a otros…Ahora, los encargados de echar el cierre a la barraca del terror piden con humildad impostada esa cosa imposible: la absolución histórica”. ETA se considera perdonable y reitera la cantinela de la victimización del pueblo vasco, y se jacta de hablar en su nombre y de imponer su utopía a tiro limpio. ETA pretende convencernos de que recurrió a la violencia porque había una violencia previa, que había continuado después de que la banda hubiera abandonado la lucha armada. Ha mantenido con sostenida  pertinacia el mito de u n nacionalismo inocente y la tesis de que los vascos han sido sempiternas victimas de la Historia, pero su relato no se sostiene.

            Como ha observado Joan Mezquida, el comunicado de ETA establece diferencias entre víctimas y sólo pide perdón por algunas de ellas. Sigue alimentando la idea de que existe un “conflicto político” en el País Vasco que hay que resolver  y pretenden aparecer ante la Historia como unos luchadores por la libertad del pueblo vasco, fabricando un falso relato de la Historia con tintes épicos y revolucionarios, cuando no son más que una jauría de asesinos en serie en vez de un grupo de gudaris.     

            Según un editorial de “Libertad Digital”, sería temerario hablar del “fin definitivo de ETA” por lo que hagan o digan, o dejen de hacer o decir, unos terroristas que siguen prófugos, en un comunicado en el que anuncian haber disuelto completamente sus estructuras. Se supone que son los tribunales y las fuerzas de seguridad los que deben desarticular esas estructuras, requisar su armamento y detener a los criminales, pero desde hace décadas a quienes se encomiendan estos menesteres no es al Estado de Derecho, sino a los propios terroristas. Es lógico que una banda terrorista que no renuncia a sus fines secesionistas ni repudie los medios criminales con los que los trató de alcanzar, procure de sacar el mayor provecho posible a lo que denomina “fin de su recorrido”. Lo más penoso es ver a los voceros de ETA campar a sus anchas en las instituciones. “Si éste es el final de ETA, sus ninguneadas víctimas no se lo merecen”.

            Como ha señalado Jaime Mayor en una “tercera” en “ABC”, no estamos  asistiendo al final de ETA, sino a su metamorfosis o transformación.  La banda terrorista  no sólo no ha desparecido, sino que se ha extendido territorialmente y está más presente que nunca en nuestra sociedad y en nuestro horizonte político y social, a través de la autodeterminación como objetivo próximo. Ya no necesita matar porque está en la política y, a través de ella, puede conseguir los objetivos políticos que antes perseguía con las armas. Está acabada, pero su proyecto de ruptura de España sigue vigente y más fuerte que antes, un proyecto que se traduce en el debate sobre la autodeterminación de los pueblos y la legalización de los referendums de libre determinación, que se ha extendido a Navarra, Baleares y Valencia, además de a Cataluña.  Asistimos a un punto y seguido de un proceso de “resolución de conflictos”, mal llamado “proceso de paz”, que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero y que sigue vivo. ETA alcanzó sus objetivos a través de una serie de pactos por medio de sucesivas treguas-trampa, que escenificó primero en Estella en 1998 con el PNV, después en Perpiñán en 2004 con ERC, y finalmente en 2005 con el Gobierno de Zapatero, con el que inició negociaciones de paz tras haber declarado un alto el fuego permanente. “Yo no puedo –concluía el ex –Ministro del Interior- aceptar el proceso de ruptura de España a través de una metamorfosis de ETA”.

            Cayetano González pone en duda que se haya disuelto ETA. Ha dejado de matar –lo cual es una buena noticia-, pero sigue con el proyecto totalitario que ha encarnado, por lo que –mientras éste subsista-, ni se habrá disuelto, ni habrá sido derrotada. Su objetivo sigue siendo la destrucción de España. Cuando llegó a la conclusión de que sin matar podia conseguir sus objetivos, dejó de hacerlo. Desde hace año está en las instituciones, su heredero BULDU es la segunda fuerza política en Euskadi, gobierna en 77 Ayuntamientos vascos, y tiene 17 diputados en el Parlamento autonómico y dos en el Congreso. Según Luis María Ansón, se disuelven porque no necesitan recurrir a la fuerza para financiarse, ya que están en el poder en el País Vasco y en Navarra, y pueden luchar por sus ambiciones totalitarias y separatistas desde las instituciones.

            Para Francisco Rosell, los malhechores filoetarras  propugnan un “punto y final” que suena a “punto y seguido”. En vez de implorar perdón, se vanaglorian de un pretérito infame que blanquean impúdicamente y principian otra fase en la que ya no tienen que manejar el hacha a la que enrosca su condición de sierpe, al haberse apropiado de importantes parcelas de poder a través de su brazo político BILDU, pero siguen moviéndose con la sinuosidad del reptil. ETA ha sido reducida policial y judicialmente, pero podría resarcirse si ganara la batalla ideológica del relato y se pusiera en la piel del personaje del cuento de  José Agustín Goytisolo sobre “el lobito bueno al que maltratan los corderos”. Como ha observado Iñaki Gil, “la serpiente ha jubilado el hacha, pero quiere vender su piel como paz”.

Actitud de los partidos políticos

            El nacionalismo vasco ha ofrecido dos caras muy distintas en la forma, pero coincidentes en el fondo: la amable del “moderado” PNV y la terrible de ETA y sus circunstancias. Coincidían en su objetivo –la libre determinación de Euskadi-, pero  diferían en los medios para lograrlo, aunque quizás no tanto. Como confesó Monseñor Xavier Arzallus en 1990 con una cándida desvergüenza, “no conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan, unos sacudan el árbol sin romperlo para que caigan las nueces y otros las recojan”. El principal partido del País Vasco ha ejercido con fruición su labor de “recogenueces” y le ha ido de maravilla, sin necesidad de gastarse y manteniendo su aureola de partido otrora inspirado en el humanismo cristiano.

            A excepción del PP –y, a ratos, del Partido Socialista de Euskadi (PSE)-, los demás partidos, antiguos y modernos, han mantenido que existe un conflicto político  el en País Vadsco y es, por consiguiente, necesario negociar para solucionarlo. Ya en el Manifiesto de 1998 ”Por una salida dialogada al conflicto vasco”, los firmantes instaron al Gobierno a que asumiera sus responsabilidades y buscara soluciones que fueran  más allá de las estrictamente policiales y apostara –con independencia de lo que hicieran los demás (¿?)- por la vía del diálogo y de la negociación sin condiciones”. Iñigo Urkullu afirmó en 2004 que ETA era algo más que una organización que tuviera un carácter exclusivamente militar. Se trataba de una expresión más de lo que era un problema político que afectaba secularmente a la sociedad vasca. Aunque los golpes policiales desbarajustaran la organización, la raíz política no iba a ser solucionada. Pachi López, por su parte, afirmó en  2005 que  el primer paso lo tenía que dar ETA al decretar la ausencia de violencia y que después los políticos arreglarían los problemas políticos. O sea, que uno y otro, PV y PSE creían que existía un “conflicto político” en Euskadi que debería ser resuelto mediante el diálogo y la negociación entre las partes. La propuesta sobre el Preámbulo del futuro Estatuto de Autonomía del País Vasco presentada por los peneuvistas en la Comisión del Parlamento Vasco creada para su elaboración muestra de la identidad de miras entre el PNV y ETA. En ella, se define a Euskal Herria como “un pueblo con identidad propia”, que ha pervivido en los siete territorios históricos que forman el País Vasco, Navarra y la Mancomunidad de Iparralde en el sur de Francia. La propuesta coincide casi en su integridad con la formulada por ETA en su Declaración de disolución. El nuevo Estatuto establecería una relación confederal entre Euskadi y el Estado español. El PP y el PSE han criticado la propuesta por desarrollar las directrices marcadas por ETA, si bien los socialistas no se plantean salir del Gobierno vasco en el caso de que resultara aprobada, ya que hace mucho frío fuera del poder. Mientras el PP, Ciudadanos y, en ocasiones, el PSOE  han negado la existencia de un conflicto en el País vasco, Izquierda Unida y Podemos (Ps) han dado en distintos momentos su apoyo, si no directamente a ETA, sí a sus testaferros SORTU o BILDU.

Actitud de la Administración de Justicia

            Los Tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal en el País Vasco han sido uno de los baluartes en la lucha contra el terrorismo de ETA. El problema de la enorme presión que los terroristas y su entorno ejercían sobre jueces y fiscales –y que se reflejó en la actitud poco clara adoptada en ocasiones por el Fiscal-Jefe de la Comunidad, Juan Calparsoro- quedó en buena medida superado cuando la Audiencia Nacional (AN) asumió la competencia en los temas de terrorismo y la lejanía física de jueces y fiscales hizo que disminuyera considerablemente la tensión, aunque no se resolviera del todo, como se puso de manifiesto con los asesinatos de los Magistrados del Tribunal Supremo (TS) Rafael Martínez Emperador y José Francisco de Querol , del Magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Tomás , del Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, o de la Fiscal de la AN Carmen Tagle, así como con los atentados con paquetes-bomba contra los Magistrados de dicha Audiencia Fernando de Mateo y José Antonio Jiménez Alfaro. La AN ha dictado 1.500 sentencias sobre ETA, 713 de las cuales se referían a atentados mortales.
            El borrón negro en la Administración de Justicia lo ha puesto el TC, que, aunque imparta justicia, no es técnicamente un órgano jurisdiccional, pese a lo cual ha pretendido erigirse en una instancia superior al TS y, en tres ocasiones, ha anulado sentencias de este Tribunal: En 2009 en relación con el rechazo de la candidatura de Iniciativa Internacional, en 2011 con la de BILDU y en 2012 con la de SORTU. Especialmente grave fue la última sentencia, pues en la de BILDU existía la atenuante de que en la candidatura se habían integrado dos fuerzas políticas legales, Eusko Alkartsasuna y Alternatiba Eraizitzen. La mayoría –por un voto- del TC descartó las pruebas e ignoró las sólidas argumentaciones del TS, que estaban sólidamente fundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico, y llevaban a una certeza de sentido común. El TC calificó frívolamente estos argumentos de “sospechas, convicción subjetiva, juicio de intenciones e ilegalización preventiva”, y alcanzó conclusiones tan absurdas como que SORTU no era una reconstitución o refundación de otras organizaciones ilegalizadas ya que había una nítida e indubitada ruptura  respecto de ellas, y que resultaba evidente que quienes llegaran a las instituciones en sus listas de no darían legitimación ni apoyo político a ETA, sino que, antes al contrario, desarrollarían “una actividad de deslegitimización de cualquier conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales de las personas”. Como señaló Manuel Aragón en su voto discrepante, el Tribunal incurrió en una flagrante contradicción ya que –aunque afirmó que no le correspondía la revisión de las pruebas practicadas, ni la valoración que de ellas, había valorado negativamente los elementos probatorios tenidos en cuenta por dicho Tribunal  y los había rechazado sin apenas motivarlo jurídicamente.

Actitud de la sociedad vasca en general

            Según ha observado Manuel Gutiérrez Aragón, al hablar de ETA no sólo hay que contar a los activos, sino también a los “pasivos”, a quienes miraban para otro lado, que eran una parte importante del problema. La actuación criminal de los terroristas etarras ha sido posible porque han contado con la complicidad, la tolerancia o la indiferencia de buena parte de la sociedad vasca, que no sólo no ha consolado o arropado a las víctimas del terrorismo, sino que las han ignorado, menospreciado e incluso forzado a abandonar sus hogares. Esta situación de marginación ha sido magistralmente descrita por Aramburu en su novela “Patria”, como “un mundo en que la ficción colectiva arrasó con las responsabilidad y hasta con la conciencia individual de una comunidad quebrada por el etnicismo y la estupidez”. Una sociedad que se ha abstenido de condenar a los verdugos por las atrocidades cometidas para no significarse, cuando no ha culpado a sus víctimas con la penosa e infamante coartada de  algo habrán hecho” y causado el vacío en torno a ellas. Como afirmaba con amargura la viuda del empresario euskaldún “Txato” asesinado por la banda, no lo hemos enterrado, lo hemos escondido. “Las víctimas estorbamos y nos quieren empujar con la escoba bajo la alfombra. Que no se nos vea y desaparezcamos de la vida pública, mientras ellos consiguen sacar a sus presos de la cárcel porque esa es su paz. Aquí no ha pasado nada y todos tan contentos”. El párroco del pueblo le pidió que se ausentara durante una temporada del pueblo y no regresara hasta que las aguas volvieran a su cauce, porque su presencia causaba inquietud a la población y los vecinos tenían derecho a rehacer sus vidas. Algunas actuaciones de las fuerzas de seguridad habían golpeado con dureza al pueblo, pero –sin poner paliativo a esas terribles tragedias que tanto dolor causaban-, no debía perder de vista el sufrimiento de otras personas. Se habían producido registros,  detenciones y torturas, y había varios hijos de la villa encarcelados por muchos años. Él o podía decir a estas familias “Vuestro hijo militaba en ETA ¡que os zurzan!”. Eran parte de “un conflicto en el que estaba implicada toda la sociedad y no cabía descartar
que aquellos que deberían pedir perdón, esperaran a su vez que les pidieran perdón a ellos y, como eso era muy difícil, lo mejor sería esperar a que se calmara la situación y se fueran aminorando el dolor y los agravios con el paso del tiempo.

            Esta argumentación es un claro ejemplo de la hipocresía bien pensante y del cinismo cómplice: existencia de un conflicto que afectaba a toda la sociedad vasca; agravios de España al País Vasco y represión de su pueblo; acusaciones generalizadas de maltratos y torturas; equiparación del uso de la fuerza por parte del Estado y por los terroristas; equidistancia entre los que aplicaban la ley y los que la incumplían, con inclinación benévola hacia éstos; paridad entre verdugos y víctimas, y crispación producida por la mera presencia de éstas; deseo de que desaparecieran para que no entorpecieran la paz; obligación de las víctimas de perdonar aunque no se les pidiera perdón; deber de pedirlo ellas por supuestos agravios; pesar por los “presos políticos”; derecho de éstos a ser excarcelados y a rehacer sus vidas…

Iñaki Gil ha señalado que  muchos vascos compartieron fines y medios con ETA: Unos votaba a Herri Batasuna, otros señalaban objetivos y otros apretaban el gatillo.  Muchas persona supuestamente honorables gritaban “¡ETA, mátalos!” Según  José Antonio Marina, se activaban los virus nacionalistas de la idolatría que deshumanizaba al contrario y los enemigos dejaban de tener la condición de personas. Para Edurne Portela –autora de “El eco de los disparos” y de “Mejor la ausencia”, que describen la violencia ejercida por el entorno de ETA-, muchos adoptaron el punto de vista del testigo, que, “si no es indiferente al problema de la violencia, sí le dio la espalda y eligió no querer entender, porque hacerlo resultaba complicado y emocionalmente agotador”. Gil  ha recordado que los etarras han pasado 60 años segando vidas, desde el primer tiro al último comunicado. Unos recogían las nueces mientras otros arreaban al árbol, y otros pronunciaban sermones equidistantes justificando 854 muertos. “¿Pensabais que iba a pedir perdón, ilusos?”. Toda una vida se nos ha pasado aguantando su matonismo y su superioridad moral de vanguardia armada de Euskal Herria. “¿Soñabais que iban a arrepentirse, ilusos? Se van como llegaron, dando lecciones”.
             
            La sociedad vasca desea volver cuanto antes a la normalidad a cualquier precio, incluidos los de una amnesia colectiva y un olvido culpable. Bien al contrario, hay  que desterrar el olvido, porque lo peor sería –en opinión de Carlos Urquijo - que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y de su historia criminal”. La consigna era recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido y –como ha señalado Joseba Arregui- había nacionalistas que estaban dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca. Pero por mucho que quieran pasar página, la sociedad vasca no podía ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y la petición de perdón. La sociedad vasca tiene esta asignatura pendiente.

Actitud de la Iglesia vasca
            El mismo día que ETA anunciaba su disolución, los Obispos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Tudela y Bayona publicaron un comunicado en el que declaraban: ”Somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, ambigüedades y omisiones por las que pedimos sinceramente perdón”, auque no especificaran en qué habían consistido éstas. Afirmaban que “además del inmenso y prolongado sufrimiento infligido por la violencia, nuestro pueblo ha padecido un daño espiritual y social incalculable, provocado por las ideologías totalitarias e idolátricas que alimentaron el fenómeno terrorista y generado un daño incalculable. En el momento presente, nuestra sociedad tiene que afrontar el reto de la reconstrucción y de la reconciliación, consciente de que ello está  en íntima conexión con los valores evangélicos“. Señalaban que había que reparar el mal causado y se mostraban partidarios de “la oportunidad de atender las peticiones de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias”.

            Como reza el refranero español, “más vale tarde que nunca” y “nunca es tarde si la dicha es buena” y, por tanto, bienvenida sea la petición de perdón de los purpurados. No obstante, cabe oponer algunos peros a la misma. En primer lugar, ¿qué pito tocan los Obispos de Pamplona, Tudela y Bayona en una declaración que afecta al País Vasco. Con su incorporación a la Declaración, los Obispos hacen el caldo gordo a los nacionalistas al implicar en ella a los pastores de las diócesis de dos territorios ajenos al País Vasco, como Navarra y las prefecturas de los territorios vascoparlantes franceses de Iparralde, con lo que se alinean, consciente o inconscientemente, con las tesis de ETA y del nacionalismo. No parecían tener demasiada empatía con  las víctimas del terrorismo etarra del que sólo hacían una condena abstracta e ideológica, pero se mostraban en cambio sensibles a las demandas de los criminales de ETA encarcelados, que parecían ser los únicos que tenían necesidades humanitarias. No condenaron a la banda por haber establecido dos categorías de víctimas y haberse limitado a pedir una reparación “en la medida de lo posible”.

            ETA surgió de las juventudes del entonces confesional PNV, se desarrolló al amparo de los conventos y de las sacristías de las iglesias, y contó con la comprensión -cuando no la complicidad- del clero vasco y de parte de la jerarquía, especialmente de los que fueron Obispos de San Sebastián, José María Setién y Juan María Uriarte. Aquél –descrito como “abertzale con alzacuello”- fue especialmente notorio por sus simpatías nacionalistas, su complacencia con el entorno etarra y su falta de empatía con las víctimas del terrorismo, como ha puesto de manifiesto María San Gil en su libro “En la mitad de la vida”. Cuando fue a quejarse por su desconsideración con la familia del asesinado Gregorio Ordóñez y le echó en cara que no tratara a todos sus feligreses por igual, Setién le replicó:”¿Dónde está escrito que haya que querer a todos los hijos por igual?”.  San Gil ha mantenido que la institución eclesiástica en el País Vasco ha adolecido de falta de ejemplaridad e incluso de caridad cristiana. Negaban iglesias para la celebración de los funerales de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por ETA y, cuando se autorizaban, se hacían de tapadillo, los féretros salían por la puerta trasera y eran enterrados de madrugada. Setién ponìa reparos a que se celebraran  funerales de este tipo en la Catedral del Buen Pastor –como en el caso del senador socialista Enrique Casas- y se negaba a que se cubrieran los féretros con la bandera española, mientras cedía gustoso locales de la seo para los encierros de las madres de presos o de las Gestoras pro Amnistía. Dejo constancia de sus opiniones en el libro “Un Obispo vasco ante ETA” y, entre otras cosas, manifestó que entre la Iglesia y ETA existía una interrelación que no se podía ignorar, que la Iglesia debía intervenir a favor de los derechos fundamentales incluso del mundo de los verdugos, que las víctimas eran manipuladas y utilizadas políticamente, que éstas deberían conceder su perdón a los asesinos aún cuando éstos lo rechazaran, que la violencia no invalidaba la justicia y la ética de los objetivos políticos de ETA como la autodeterminación y la territorialidad, que los derechos históricos de los vascos habían sido violentados mediante la acción de una violencia que se había convertido en derecho, que no quería para Euskadi la unidad del modelo soberanista de la llamada nacionalidad española o que reivindicaba el derecho a la autodeterminación, lo que no implicaba necesariamente el derecho a la secesión. Esta afinidad entre ETA y la Iglesia vasca se ha puesto de manifiesto con el hecho de que, de las 15.469 personas sobre las que la banda había recabado información, tan sólo una estaba vinculada a la institución eclesial.

            Tanto Setién como su sucesor Uriarte se esforzaron por quitarle la voz a las víctimas, “a las que no correspondía tener un peso decisivo“ y que no deberían “inhibir los movimientos del Gobierno que puedan conducir a la reconciliación”. No existía  acuerdo sobre quiénes eran víctimas del terrorismo y, para identificarlas,  no había que tener en cuenta “la causa defendida”, sino “el sufrimiento hondo padecido en la confrontación”. Ante la radicalización de Setién, el Vaticano lo forzó a dimitir en el año 2.000. Los últimos Obispos nombrados en el País Vasco -como el de Bilbao, Mario Iceta, o de San Sebastián, José Ignacio Munilla- son bien diferente. Así, Munilla ha afirmado que la Iglesia tenía un gran déficit en el acompañamiento a las víctimas del terrorismo, que “merecen un trato y un mimo especial”.           

            La actitud de buena parte del clero vasco se ha visto lúcidament reflejada en la novela de Aramburu, que –si bien se trata de ficción- está muy cerca de la realidad. El párroco Don Serapio dirigía las siguientes palabras a la madre del asesino del Txato: Esta lucha nuestra es la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración de decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. No es una lucha individual y egoísta, sino –ante todo- un sacrificio colectivo, y Xose Mari [el asesino] , como tantos otros, había asumido su parte con todas las consecuencias. Dios nos hizo a los vascos como somos, tenaces en nuestros propósitos, trabajadores y firmes en la idea de una nación soberana. Por eso me atrevería a decir que sobre nosotros recae la misión cristiana de defender nuestra identidad. ¿Tu crees que Goliat, con su tricornio a la cabeza y sus torturadores de patio de cuartel van a mover un dedo a favor de nuestra identidad? La misma humillación que tú y tu familia tuvísteis que soportar la padecen a diarios miles de personas en Euskal Herria. Y son los mismos que nos maltratan los que luego hablan de democracia –su democracia-, que es la que nos oprime como pueblo. Por eso, con el corazón en la mano, te digo yo que nuestra lucha “no sólo es justa, sino también necesaria”, hoy más que nunca. Resulta indispensable porque es defensiva y tiene por objeto la paz. ¿No has oído las palabras de nuestro Obispo? “Si un día –concluía el bueno de Don Serapio- encuentras a tu hijo, dile de mi parte, del párroco de su pueblo, que tiene mi bendición y que rezo mucho por él”. Sí, efectivamente los Obispos vascos tienen sobrados motivos para pedir perdón, aunque sea con la boca pequeña.

¿Disolución de ETA?

            Según Ángeles Escrivá, con el pretexto de que había que certificar la disolución de ETA, la izquierda abertzale organizó un acto internacional en Cambo-les-Bains para que los participantes blanquearan el comunicado hecho público por la banda. A este montaje se prestaron los figurantes internacionales autoproclamados mediadores, liderados por el abogado sudafricano Brian Currin. Participaron algunas personalidades como el antiguo Primer Ministro irlandés, Bertie Ahern,  el ex –Director General del FMI, Michel Camdessus o el ex –Alcalde de Méjico, Cuahtemoc Cárdenas, que ni ellos mismos sabían por qué estaban en el país vasco-francés.  Asimismo asistieron al festival del entierro de la serpiente o de la sardina el Presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y unos representantes de Ps y de UGT. Que PNV y Ps acompañaran a sus deudos batasunos en el macabro homenaje a ETA entraba dentro de la lógica. No tanto lo del Sindicato otrora socialista que, bajo el liderazgo del charnego Pepe Álvarez, se ha alineado con el independentismo. Ortúzar fue el único asistente que mencionó a las víctimas además de Ahern  -que se congratuló por la inexistente referencia a las víctimas en el comunicado- y dio un moderado sopapo a la banda al calificar su legado de “infierno”, afirmar que sin ETA la sociedad vasca se había “sacudido el plomo de las alas” y rendir homenaje “quienes no han permitido llegar aquí”, entre los que incluyó a las víctimas. Se dio lectura a la “Declaración de Arnaga”, en la que los mediadores internacionales daban la bienvenida a la decisión de ETA de disolverse –“momento histórico para Europa ya que marca el fin del último grupo armado en el continente”-, echaban la culpa de todo al Gobierno español  y señalaban que aún quedaba por resolver el problema de los presos y de los huidos. En paralelo, se celebró en Bertiz  una cumbre autonómica en la que los Presidentes del País Vasco, Iñigo Urkullu, y de Navarra, Uxue Barkos, pidieron al Gobierno español el acercamiento de los presos a sus lugares de residencia y la modificación de la política de reinserción, y decidieron crear un Grupo de Trabajo para abordar cambios en la política penitenciaria del Gobierno tras la disolución de ETA.

            Pese a los festejos celebratorios, ETA ha tenido que disolverse formalmente por consunción ante los numerosos golpes policiales y judiciales recibidos que han ermado sus efectivos. Ha fracasado en la imposición del los objetivos de la “Koordniadora Abertzale Sozialista” –Alternativa KAS-, que pretendía el ejercicio del derecho de autodeterminación en Euskadi y la creación de un Estado que incorporara a Navarra y a todos los territorios vascos en España y Francia, la expulsión del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad Españoles, una amnistía total, la legalización de todos los partidos y el reconocimiento del euskera como la lengua oficial y prioritaria del nuevo Estado; es decir, conseguir un Estado “independiente, unificado, socialista y euskaldún”. A estos calificativos ha añadido últimamente –signo de los tiempos- el de “antipatriarcal” o “borroka-feminista”. La banda se ha puesto la mini-falda y el “piercinng” y  se ha desplazado hacia una nueva bandera que está dando contenido y cohesión a los militantes de extrema izquierda: la supuesta revolución feminista. El mundo filoetarra ha tratado de “aggiornarse”  y se arroga ahora la defensa de una causa muy de moda en la sociedad actual. Ello permite a personajes tan nefastos como Arnaldo Otegui darse ínfulas de defensor de las mujeres y de la democracia.

            Aunque haya sido derrotada y tenido que disolverse, ETA conserva aún importantes bazas. Como ha advertido Mayor Oreja, no hay proceso de resolución de conflictos que no implique el pago de un precio político. “La gravedad radica en la potencia que adquiere la exigencia de la autodeterminación, del derecho a decidir -aunque se llame de otra manera-, que requiere previamente  un cambio de la  política  penitenciara y, sobre todo, un proceso de desdramatización  de aquella reivindicación, que es a lo que vamos a asistir en los próximos tiempos”.  Para el Presidente de “Dignidad y Justicia”, Daniel Portero, ETA sólo buscaba con su comunicado el  acercamiento de los presos y presionaba al PNV a que lo exigiera a Rajoy como contrapartida al apoyo de sus diputados para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Jon Juaristi se ha mostrado pesimista al respecto y señalado que la banda logrará su objetivo porque el Gobierno necesitaba al PNV para la aprobación de los presupuestos y el PNV requería la impunidad de ETA “para tener la fiesta en paz”.

            Las víctimas están con la mosca en la oreja y en la reciente reunión con el Presidente del Gobierno le han instado a que no modifique la política penitenciaria, ni acepte el acercamiento de los presos etarras. Rajoy les respondió que no realizaría cambio alguno en la política penitenciaria, si bien esquivó cualquier compromiso sobre el acercamiento de presos, que es asimismo apoyado por el PSOE y por Ps. No hay que fiarse demasiado teniendo en cuenta el antecedente de la vergonzosa liberación del archi-asesino Uribetxeberría. Rajoy ha declarado que “los crímenes seguirán investigándose y  juzgándose, y las condenas seguirán cumpliéndose”, aunque está por ver si mantiene esa firmeza dado que su presidencia está cogida con pinzas y al albur de las presiones peneuvistas . El Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado asimismo que, antes y después del comunicado, los etarras serán perseguidos dondequiera que se encuentren y no habrá impunidad. ETA sólo ha renunciado a unas siglas vacías y en descomposición. Podrán desaparecer esas siglas, pero eso no borrará el sufrimiento que han infligido a las víctimas, ni eliminará la responsabilidad penal por los asesinatos cometidos. Joaquín Echeverría –padre de Ignacio, el joven asesinado por los yihadistas en  Londres- ha pedido al Gobierno, en nombre de las víctimas, que trate de resolver los 358 crímenes de ETA aún sin esclarecer. La actuación al respecto de los distintos Gobiernos no ha sido esperanzadora. Es paradigmático el caso de José Ignacio Uastarán, asesinado en Vitoria en 1980. Su viuda, Rosario Muela –a la sazón Concejal por UCD en la capital vasca- ha afirmado que, Gobierno tras Gobierno, nadie se había preocupado del caso. Hasta 2017 no pudo tener acceso al sumario gracias a COVITE, pero ya era demasiado tarde pues el caso había prescrito debido al comportamiento negligente del Estado.

            Un grupo de personalidades vascas afines a las víctimas –entre los que figuraban Consuelo Ordóñez, Maite Pagazaurtundúa o Fernando Savater- hicieron público un comunicado en el que ponían de manifiesto su preocupación por cuestiones como la engañifa  del falso perdón solicitado por ETA o la existencia de tanto crímenes sin resolver. Según Gistau, el auto-blanqueamiento etarra y su cínica socialización del sufrimiento y de la responsabilidad incluyen esfuerzos para legitimarse ante la Historia cara al futuro, pero -como ha señalado Pagazaurtundúa- cualquier relato que reparta las culpas o difumine la responsabilidad de ETA haría una falsa contribución a la paz y permitiría el olvido del único responsable de los crímenes cometidos. Para Zoido, si los etarras quieren exonerarse de su responsabilidad histórica tendrán que arrepentirse de sus crímenes, pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas contraídas y colaborar con la Justicia para esclarecer los atentados aún sin resolver.

            En la tradición monárquíca, cuando un monarca fallece, la Corte proclama “El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey!”. ETA pretende hacer algo semejante, pero, aunque asegure haberse disuelto, no abjura de sus objetivos totalitarios que intentará alcannzar desde las instituciones, ni de su historial sangriento, y va a mantener a tal efecto un organismo clandestino para velar por la llama del legado etarra. El Gobierno, los partidos constitucionalistas y la sociedad española en general no pueden aceptar semejante pretensión, y deberán hacer todo lo posible para que la disolución definitiva de ETA sea una realidad.    

Madrid, 13 de Mayo de 2018