PUIGDEMONT, UN GOLPE DE ESTADO COMO EL DE HÍTLER
Los
independentistas que controlan la Generalitat
y las instituciones políticas y sociales de Cataluña desde la llegada al Govern de Jordi Pujol han dado un golpe
de Estado perfecto que haría las delicias de Curzio Malaparte. Un golpe de
Estado que –salvadas las distancias- es similar al realizado por Adolf Hítler
contra la República
de Weimar en 1923 y que ha ido realizándose gradualmente por etapas a la luz
pública conforme al plan previsto por el desprestigiado patriarca catalán, ante
la indiferencia, la inanidad y la condescendencia –cuando no la complicidad- de
los sucesivos Gobiernos de España. Ha supuesto una insurrección contra las
instituciones legales del Estado español, realizada desde los órganos del poder
autonómico legitimado por la
Constitución de 1978, a costa del bolsillo de todos los
españoles. ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados socios de España en la Unión Europea y de
la propia Unión? Creo que no ha estado en muchos casos a la altura de las
circunstancias ante una situación sumamente grave, no sólo para la propia
Cataluña y para España, sino también para toda Europa.
Actitud de Bélgica
Tras el
fracaso del golpe de Estado palaciego para lograr la independencia de la República Catalana ,
el ex-Presidente de la Generalitat , Carles
Puigdemont y varios de sus Consejeros huyeron cobardemente a Bélgica, dejando
en la estacada y en la cárcel, o en libertad bajo fianza, al Vicepresidente
Oriol Junquera, a los restantes Consejeros, a los componentes de la Mesa del Parlament –incluida su Presidenta, Carme Forcadell- y los
Presidentes de las agrupaciones sociales independentistas Asociación Nacional
Catalana, Jordi Sánchez, y “Omnium
Cultural”, Jordi Cuixart. La elección de destino no fue casual y estaba más
que justificada, ya que los Tribunales belgas han rechazados en diversas ocasiones
conceder la extradición a España de criminales de ETA, so pretexto de que no
recibirían un juicio justo en nuestro país. El partido nacionalista flamenco
NV-A, que controla el Gobierno belga, los han acogido con simpatía y les han
dado su apoyo político, económico y logístico, creando un problema interno a su
Presidente Charles Michel, quien –forzado por sus socios coyunturales- criticó
el uso de la violencia por parte del Gobierno español e instó al diálogo y a la
desescalada. El Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Interior, Jan Jambon,
criticó a la Justicia
española por procesar a los dirigentes catalanes, que se habían limitado a
seguir el mandato concedido por sus electores. Afirmó que estaba dispuesto a
concederles el estatuto de refugiados políticos y pidió a la comunidad
internacional que estuviera vigilante para evitar que Puigdemont recibiera un
trato injusto. Para calmar el malestar del Gobierno español, Michel declaró que
su Gobierno no estaba dando protección política a los prófugos y que Puigdemont
–que era un ciudadano más que debería responder de sus actos como cualquier ciudadano-
era tratado como cualquier persona que se encontrara en territorio belga, en
perfecta conformidad con el Estado de Derecho.
La
magistrada de la
Audiencia Nacional , Carmen Lamela, dictó auto de
procesamiento contra los responsables del golpe de Estado catalán y emitió una
Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont y sus
ex-Consejeros por los delitos de sedición, prevaricación, desobediencia y
malversación. El Fiscal del Rey. Jean-Marc Meilleur, manifestó que daría una
importancia particular a la cuestión de “saber
si la extradición no podría constituir una infracción de sus derechos
fundamentales”. Puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y
formuló una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba información
sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las
condiciones de las cárceles y la “posible
exposición a episodios de violencia”. Con esta inaceptable actitud, el
Fiscal dinamitó la aplicación de la
OEDE , que se basa en la confianza en los sistemas judiciales
de los Estados miembros de la UE
en un espacio jurídico europeo único.
La autoridad judicial belga ha
dado largas a la repuesta a la
OEDE –a pesar de su carácter urgente- y decidido conceder la
libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga consienteque
actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las
leyes españolas. Ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de
los encausados sólo por malversación, el
Instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena retiró la OEDE y la rehízo para incluir
en ella sólo los cargos de rebelión y de malversación. Puigdemont fue detenido
en Alemania tras un viaje a Finlandia, la ex-Consejera de Educación Clara Ponsati
se trasladó a Escocia y otros tres miembros de la Corte de los Milagros en el
exilio –Toni. Comín. Maritxell Serret y Valentí Puig- permanecen en Bélgica y
continúan con su campaña de agitación contra el Estado español y de
desprestigio de España.
El fiscal del Tribunal de Primera
Instancia de Bruselas, Dirk Merck, preguntó al Instructor Llarena si la nueva
OEDE se fundaba en las órdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional y éste contestó que en su auto había
ratificado expresamente las órdenes de detención dictadas por la magistrada
Lamela, y que no era necesario dictar una nueva orden de detención, ya que la
ley española permitía acordar la prisión en el auto de procesamiento. El
Tribunal belga ha dictaminado que no existen órdenes de arresto nacional
subyacentes válidas que se correspondan con el contenido de las OEDEs, por lo que -basándose en un
supuesto error formal- se ha negado a su ejecución, poniendo de manifiesto la
escasa disposición de las autoridades belgas a colaborar con la Justicia española. No es
de extrañar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales
belgas han negado la extradición de criminales de ETA so pretexto de que no
serían objeto de un juicio justo en España.
Un grupo de 50 Embajadores
jubilados hemos escrito una carta abierta al Embajador belga en Madrid, Marc
Calcoen, para hacerle llegar nuestra “sorpresa,
preocupación e indignación” por el injustificado comportamiento inamistoso
que están teniendo con España el Gobierno y las autoridades judiciales de
Bélgica.
Actitud de Alemania
En su ansia de seguir atacando
la credibilidad de España y aprovechándose de la tolerancia –cuando no la
connivencia- del Gobierno belga,
Puigdemont estuvo revoloteando por Europa –Dinamarca, Suiza, Finlandia- hasta
que, víctima de su arrogancia y de su exceso de confianza, tuvo que abandonar
Finlandia de forma precipitada y rocambolesca al enterarse que el Código Penal
de este país incluía el delito de rebelión. Al cruzar la frontera de Alemania
fue detenido y encarcelado de conformidad con lo solicitado en la OEDE del TS español. El
Juzgado de Neumünster decretó su prisión incondicional hasta que la Audiencia Territorial
(Landesgericht) de Schleswig-Holstein
decidiera sobre la Orden.
Ésta dictó una primera resolución denegatoria de la entrega del prófugo por
rebelión y lo dejó en libertad bajo una fianza de 75.000 euros.
Puigdemont ha violado reiteradamente la Constitución , el
Estatuto de Autonomía de Cataluña y las decisiones de los Tribunales españoles,
pretendido derogar la
Constitución de 1978 mediante una ley autonómica, celebrado
un referéndum ilegal de autodeterminación expresamente prohibido por el
Tribunal Constitucional y declarado la independencia de la República de Cataluña.
Para la Audiencia
de Schleswig-Holstein, sin embargo, los actos violentos por él realizados para
conseguir estos objetivos no eran de
suficiente entidad como para ser considerados en Alemania delitos de alta
traición (Hochverrat) –la
calificación jurídica más cercana a la rebelión-, porque no habían sido capaces
de doblegar la voluntad de los órganos constitucionales españoles. Inútil decir
que, si lo hubiera sido, no habría caso pues Cataluña sería independiente y
–como reza el refrán español- “muerto el
perro, se acabó la rabia”.
En esta misma línea, el
portavoz-adjunto del Partido Socialdemócrata en el Parlamento, Rolf Mützenig,
afirmó que la Justicia
española era igual que la turca Existe en el seno del SPD –que forma parte del
Gobierno de coalición con la CDU- un sentimiento anti-español, que se refleja
en una actitud de simpatía hacia los rebeldes catalanes, en contra de la
posición de su partido hermano, el PSOE, que ha apoyado la posición del
Gobierno español en el conflicto de Cataluña –incluida la aplicación del
artículo 155 de la Constitución ,
por el que se destituyó al Govern y se suspendió el Parlament-, como tuvo ocasión de
manifestar su Secretario General, Pedro Sánchez, cuando se trasladó a Alemania
para asistir al Congreso del SPD.
El Instructor Llarena ha
reformulado la OEDE
e incluido el delito de sedición, que equivale en el Derecho alemán al de “perturbación del orden público”. La Audiencia ha vuelto a
adoptar una resolución denegatoria de la entrega de Puigdemont por rebelión,
por seguir considerándola “en principio
inadmisible”, y ha rechazado asimismo la entrega por perturbación del orden
público, porque los episodios violentos del “procés” no pueden ser atribuidos “personalmente” al ex-Presidente. Habría que preguntar a estos
preclaros juristas –calificados por Francisco Sosa de “magistrados a la violeta”- si el responsable del gaseamiento de
miles de judíos en los campos de exterminio nazi era únicamente el agente de la SS que abría la llave del gas.
Evidentemente, la responsabilidad iba subiendo por la escala jerárquica y
aumentando en intensidad a medida que subía de nivel hasta llegar al principal
culpable . ¿Habría que esperar a encontrar
una foto de Puigdemont lanzando un cóctel Molotov para que el Tribunal autorice
su entrega? Por otra parte –como ha observado el TS- en el contexto de Cataluña
-en el que los rebeldes actuaban desde el poder y disponían de todos los medios
del Gobierno autonómico-, el recurso a la violencia física “pasaba a un segundo plano, pues sólo era preciso
utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían
marcado”.
Ante la imposibilidad de ser
reelegido Presidente de la
Generalitat desde Alemania por la prohibición
expresa del TC, Puigdemont propuso a sus fieles que nombraran a un testaferro, el ultranacionalista supremacista y xenófobo
Quim Torra, quien lo sigue reconociendo como Presidente legítimo de Cataluña y ha
asumido una función de subalterno a sus órdenes. Ya era difícil encontrar un
payaso que superara las excelencias de Puigdemont, pero lo han encontrado, pues
el circo independentista catalán está plagado de “freakies” políticos y humanos. Muestra de la catadura moral del
nuevo President vicario son sus
perlas oratorias y digitales denigratorias de todo lo que sea español: ”Los españoles son bestias que beben odio”;
”no son demócratas, sólo saben expoliar”;
”vergüenza es una palabra que los
españoles han eliminado de su vocabulario“; “vivimos ocupados por los españoles desde 1714” ; “vienen a vigilarnos, ¡fuera de aquí, de una vez!;”el fascismo de los españoles en Cataluña es
tétrico, revulsivo y burdo”; ”corremos
el riesgo de acabar tan locos como los españoles”…Como ha señalado José
Andrés Rojo en “El País”, no se trata
ya de la aspiración de una minoría independentista para desconectarse de
España, sino de una lucha de un pueblo superior contra los bárbaros que habitan
en el resto de España o en la propia Cataluña, si no son favorables de la
independencia.
Un grupo informal de 55 Embajadores
jubilados hemos escrito una carta al colega alemán en España, Peter Tempel,
para expresarle nuestra “sorpresa y
preocupación” por el desarrollos
de los acontecimientos en Alemania en relación con Puigdemont, especialmente
por las resoluciones de la
Audiencia de Schleswig-Holstein.
La misiva –reproducida en su integridad por el diario “ABC” bajo el titular “Un golpe de Estado como el de Hítler”-
concluía afirmando que ”lo que ha sucedido en Cataluña es un
auténtico golpe de Estado, como lo fue el realizado por Hítler contra la República de Weimar”. En efecto, Puigdemont se alzó desde
el control del Gobierno autonómico -del que disfrutaba gracias a la Constitución de
1978-, contra el poder legítimamente constituido de un Estado de Derecho, violó
esa Constitución, el Estatuto de Autonomía y las sentencias de los Tribunales,
y declaró la independencia de la
República catalana. Con el agravante comparativo de que
Hítler había sido democráticamente elegido en 1923 para gobernar la totalidad
de Alemania, mientras que Puigdemont sólo
fue elegido para regir una pequeña parte de España.
Señalaban los Embajadores que, en
el ínterin, esperaban que las autoridades germanas fueran menos tolerantes con Puigdemont
y no le permitieran realizar actuaciones políticas ilegales contra el Estado
español. Las autoridades germanas deberían preguntarse si no está violando uno
de los principios básicos del Derecho Internacional como es la no intromisión
en los asuntos domésticos de otro Estado. La “Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de
las Naciones Unidas” –contenida en la resolución 2625(XXV) de la Asamblea General
de la ONU de
1970-, consagra la obligación de “no intervenir en los asuntos de la
jurisdicción interna de otros Estados”. Deben abstenerse los Estados de “ejercer
coerción militar, política o de
cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad
territorial de cualquier Estado”. Esta intromisión puede hacerse de forma
activa o pasiva. Así, la resolución añade que los Estados deben abstenerse de apoyar o tolerar actividades subversivas encaminadas a cambiar el régimen de
otro Estado, actividades que son precisamente
las que viene realizando Puigdemont desde que quedó en libertad bajo fianza,
pese a ser un prófugo de la justicia española tras sus imputación por los
graves delitos de rebelión, sedición y malversación. El ex-Presidente de la Generalitat
ha establecido un Gobierno paralelo en Berlín, desde donde conspira a diario
para conseguir la separación de Cataluña de España. Con su conducta pasiva y su
tolerancia con las actividades ilegales de Puigdemont, las autoridades alemanas
le están permitiendo que continúe delinquiendo y atente contra el orden
constitucional y la integridad territorial de España. Alemania no sólo puede que
esté violando una norma de Derecho Internacional general que le obliga frente a
cualquier Estado, sino que -para máyor “INRI”- lo hace contra un Estado socio
de la UE y aliado en
la OTAN.
Actitud de Gran
Bretaña
En el Reino
Unido, y más concretamente en Escocia, sólo hay una antigua Consejera del Govern, que funge como profesora en la Universidad de Saint
Andrew. El TS ha solicitado la
entrega de Clara Ponsatí por rebelión y malversación mediante la correspondiente
OEDE. El tribunal escocés competente se lo ha tomado con calma –pese al
carácter urgente de una Orden de este tipo- y ha aplazado sin justificación
alguna su decisión hasta después del verano. Supongo que, como es muy
respetuoso con la autonomía universitaria, le ha querido permitir que termine
el curso, pero no lo ha sido tanto con la Justicia española a la que ha dejado para
Septiembre .
Gran
Bretaña es uno de los países europeos que ha acogido con mayor simpatía las
tesis y los actos ilegales de los independentistas catalanes, especialmente en
sus medios del comunicación, del “The
Times” al “Guardian” y del “The Daily Telegraph” al “The Economist”,
pasando por la supuestamente objetiva y neutral “BBC”. Los medios han simplificado el problema equiparando a
Cataluña con Escocia, cuando hay tres elementos diferenciales que se silencian:
Escocia fue un Reino independiente antes de integrarse la Gran Bretaña , las
leyes británicas no prohíben los referéndums de autodeterminación y el Gobierno
británico dio su anuencia a la celebración del referéndum en Escocia. Por el contrario,
Cataluña nunca fue un Reino independiente sino un Condado que formaba parte del
Reino de Aragón, la
Constitución española prohíbe la celebración de referéndums
salvo que sean autorizados por el Gobierno central y éste nunca ha aceptado su
celebración, que ha sido prohibida por el TC.
Gran
Bretaña ha mantenido una política vacilante en relación con la extradición de
etarras a España, habiendo adoptado actitudes distintas según los casos. En un
mundo político en el que la consolidación del “Brexit” es uno de los objetivos básicos del Gobierno de Teresa
May, no parece que éste muestre especial interés en la aplicación de las OEDEs.
Esta figura jurídica está basada en la confianza mutua de todos los Estados
miembros de la UE ,
cuyos sistemas jurídicos se consideran homologables, con el fin de abreviar los
largos, complejos y farragosos procedimientos de extradición. Tiene un carácter
de urgencia para favorecer la cooperación judicial y no es de recibo que los
tribunales decidan prolongar frívola e innecesariamente la debida respuesta,
sin ni siquiera alegar un motivo que lo justifique.
Actitud de la Unión Europea
Las altas
autoridades de la UE
–con la excepción del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani- no han
estado siempre a la altura de las circunstancias y, no sólo no han apoyado sin
condiciones a España ante el desafío del independentismo catalán, sino que en
ocasiones han tomado posturas cautelosas, cuando no hostiles, y tratado de
adoptar injustificables posiciones de neutralidad, cuando en modo alguno pueden
ser equidistante entre un Estado miembro que cumple la ley y el Gobierno de una
parte de su territorio que la incumple.
Cuando,
como consecuencia del cumplimiento del mandato de los Tribunales catalanes, se
produjeron algunos enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con ciudadanos
que participaban en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de Octubre
de 1917 -expresamente prohibido por el TC- , surgieron numerosas críticas
procedentes del “fuego amigo” comunitario. El Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, declaró que había instando al Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, a “encontrar fórmulas para evitar
una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Tuvo la osadía
de mandarle a Puigdemont un mensaje de parte de alguien cercano a una minoría
étnica que sabía lo que era “ser golpeado
por las porras de los policías”, en el que le decía que había pedido a
Rajoy -en su calidad de Presidente del Consejo y de firme creyente en la
UE- que buscara soluciones sin el uso de la fuerza y con el
diálogo, porque “la fuerza de los
argumentos es mejor que los argumentos de la fuerza”. ¿Con qué derecho se
dirigía dialogante a la autoridad regional de un Estado miembro que se había rebelado
contra su propio Estado?
El portavoz
de la Comisión
Europea , Margaritis Schinas, afirmó que eran tiempos de
unidad y de estabilidad e hizo un llamamiento al diálogo, porque la violencia
no podía ser un instrumento de la política. Instigado por su entonces Jefe de
Gabinete y hoy Secretario General de la Comisión -tras un “pucherazo” burocrático “made in Brussels”-, Martin Selmayr, el
Presidente de la Comisión ,
Jean-Claude Juncker, se mostró partidario de que la UE mediara entre el Gobierno
español y el catalán. En una tensa reunión de la Comisión estuvo en un
triz de salir adelante una recomendación en este sentido, pero fue rechazada
por los pelos gracias a la defensa numantina del Comisario español, Miguel Ángel
Arias y, sobre todo, por el apoyo a España del Vicepresidente Frans Timmermans.
Un centenar de funcionarios españoles de la Comisión enviaron una carta a Juncker para
protestar por la deriva pro-independentista de aquélla, en la que hay un
importante núcleo de funcionarios catalanes influyentes en puestos intermedios
de alto nivel, que son partidarios de la independencia o afines al nacionalismo, que llevan a cabo una continuada
labor de proselitismo con celo digno de mejor causa. Muestra de ello es el antiguo
alto cargo de la Comisión ,
Amadeu Altafaj, que fue nombrado por Puigdemont “Embajador” de Cataluña ante la UE y que ha tenido una
destacada actuación en favor de la independencia.
Ante las numerosas
protestas -internas y externas-, la
UE ha modificado su criterio y adoptado una actitud más
comprensiva hacia uno de sus miembros, como se puso de manifiesto durante la
entrega a la Unión
del Premio “Princesa de Asturias” a la Concordia en Octubre del pasado año. El díscolo
Tusk dijo que la gente sentía que estaba
rodeada por mentiras, manipulaciones y noticias falsas, pero que él creía que “la verdad es invencible y esta ceremonia es
una expresión de esa invencibilidad”. Juncker afirmó que la fuerza del
derecho era un principio fundamental de una UE que nos protegía y nos permitía
vivir juntos en una convivencia armoniosa, ofreció al Gobierno español “un hombro en el que poder descansar” y
defendió el sentido histórico de unas fronteras inamovibles como garantía de la
paz. Tajani afirmó que la
Constitución española formaba parte de la legislación de la Unión y no cabía mediación
alguna al tratarse de un problema interno español, y que el derecho no era una
opción sino una obligación, “lo que no
está mal recordar cuando afloran los
egoísmos nacionalistas”.
El rey Felipe VI señaló que la
presencia en Oviedo de los tres máximos dirigentes de la UE simbolizaba “el compromiso, el apoyo y la solidaridad de
las instituciones europeas con España, con nuestros sistema constitucional y
con nuestro Estado democrático y social de Derecho”. España tenía que hacer
frente a un inaceptable intento de secesión de una parte de su territorio, que
resolvería por medio de sus legítimas instituciones democráticas y ateniéndose
a los valores y a los principio de la democracia parlamentaria. Ningún proyecto
futuro de progreso podía construirse tomando como base la ruptura de la
convivencia democrática, ni sustentarse en la desafección y en la división de
la sociedad, de la familia y de los amigos. “No queremos ni podemos – concluyó el monarca- renunciar a lo que junto hemos construido sumando las aportaciones de
todos, que constituye un valiosísimo legado que a todos y a cada uno pertenece
por igual. Una España en la que todos –independientemente de sus ideas o de sus
intereses- tuviesen la oportunidad de encontrar su lugar en paz y libertad, sin temores a los miedos, a la
imposición y a la arbitrariedad, y alejados del rencor y de las fracturas. Una
España abierta y solidaria en la que los pueblos que la integran vieran protegidas,
reconocidas y respetadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus
instituciones, como verdadero patrimonio que identifica y enriquece a todos”.
Aún hay muchos en Europa y en el
seno de la UE que
no son concientes de los gravísimos peligros que supone el independentismo
catalán para el futuro integrador de la Unión.
Enla UE ;
a saber, el auge de los nacionalismos radicales y excluyentes –de los que
Alemania, más que ningún otro Estado, ha sufrido en el reciente pasado-, que,
junto con el populismo, ponen en peligro el proceso de construcción europea”.
Madrid, 29 de Mayo de 2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario