Sánchez se autocensura en una supuesta crisis de Gobierno

SÁNCHEZ SE AUTOCESURA EN UNA SUPUESTA CRISIS DE GOBIERNO La semana pasada se abrió con una inesperada y profunda purga del Gobierno de Pedro Sánchez en la que han sido depurados sus más fieles seguidores. Se ha producido asimismo otro acontecimiento del máximo interés, como ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales algunos artículos del Real Decreto por el que se proclamó el estado de alarma Autocrisis de Gobierno Sánchez no cesa de sorprendernos con sus ocurrencias políticas y ha provocado una moción de censura interna a su propio Gobierno. La purga acometida por el presidente excede los rasgos de una crisis de Gobierno al uso. La intrahistoria de esta masacre –en opinión de “El Mundo”- está llena de detalles sórdidos que confirman la noción cesarista que Sánchez tiene del poder y prueban que ni el núcleo duro de sus partidarios está a salvo, si el líder cree que sacrificarlos sin miramientos puede servirle para remontar el vuelo en las encuestas. Como ha señalado Rafa Latorre, el frenesí especulativo desatado por la gran escabechina es ferozmente revelador precisamente por lo que obvia. El Gobierno es el andamiaje de un cesarismo sin fin declarado. Sánchez es un espécimen metamorfo, que no va moldeando la nación en función de una doctrina o de una lógica de Estado de la que carece, sino que es él quien va transformando –a sí mismo y a su entorno- en función de la purísima necesidad. Según Emilia Landaluce, Sánchez ha vuelto a demostrar que sólo cree en él mismo y que la política no conoce la lealtad, sino la conveniencia. César Antonio Mo9lina nos ha recordado el caso de un ex-ministro que le preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero por qué lo había destituido cuando siempre había cumplido sus órdenes y el presidente le contestó: ”Por eso mismo”. Todos los ministros cesantes lo han sido precisamente por cumplir fielmente las designios presidenciales. De especial significación han sido los sacrificios de la tripleta central del sanchismo: Iván Redondo, Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Redondo es un mercenario experto en mercadotecnia electoral y política que, tras haber conseguido victorias inesperadas para candidatos del PP –como Monago y García Albiol-, se puso a las órdenes de Sánchez y consiguió –en una maniobra digna de encomio- llevarlo a la Moncloa. Se ganó la confianza del presidente debido a su eficacia y astucia, y se convirtió en la eminencia gris del Gobierno en la sombra, y en el poderoso coordinador de toda la actividad gubernamental. . Según Jorge del Palacio, Redondo ha sido el gran gurú que llevó al poder a Sánchez a lomos de un PSOE demediado. Es notable el éxito de un “outsider” de la familia socialista a la hora de controlar el partido, acaparar el poder y llevar las riendas del Gobierno. Todos los socialistas reían sus ocurrencias como golpes de ingenio, pero se ganó muchos enemigos dentro del PSOE, que ahora celebran su ocaso. Él se consideraba un humanista, cuya ideología era la de su generación, aunque “también de Pedro Sánchez”. Esta sanchomanía un poco sospechosa le llevó a afirmar que, por su jefe, se tiraría por un barranco. Sánchez le ha tomado la palabra y se ha encargado él de lanzarlo al abismo, celoso quizás de la excesiva influencia que había adquirido dentro del Gobierno, y que se puso de manifiesto en el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional, en que se puso al mismo nivel que el presidente. Le ha pasado como en la película de “El mago de Oz” en la que el temible mago quedó al descubierto al descorrerse la cortina que reveló su falta de su autenticidad. Como ha reconocido el propio Redondo, “con el tiempo comprendes que todo es un fraude”. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sufrido un desgaste tremendo al tener que hacerse cargo de papeletas desagradables como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, las reformas de importantes leyes, la concesión de los indultos a los sediciosos catalanes o la recreación del pasado para ganar “a posteriori” la guerra civil con su cainita proyecto de ley de memoria diplomática. Pero lo peor para ella fue el “fuego amigo” recibido desde dentro del Gobierno por parte de Podemos en la simbólica cuestión del feminismo en la que finalmente Sánchez la dejó caer ante la indocumentada ministra de Igualdá, Irene Montero. El caso más dramático de desagradecimiento ha sido sin duda el del ministro de Transportes, el perro fiel al que el amo le encargaba las tareas sucias, de los trapicheos inconfesables con Delcy Rodríguez en Barajas, a la organización de las desleales mociones de censura en Murcia. Lo dejaron además en la ardiente soledad como si fuera un réprobo y a la ceremonia de entrega de carteras no asistió ningún miembro del Gobierno, anterior o actual, ni ningún representante cualificado del PSOE Ábalos ha acusado el golpe y dimitió del puesto de secretario de Organización del partido y no mencionó en vano el santo nombre del presidente que tan mal lo había tratado, a diferencia de la Dómina Cabra, que cantó los loores en honor del amado líder. Sánchez ha aprovechado gustoso la ocasión para librarse de algunos ministros que estaban chamuscados, como Aranza González –por las trifulcas con Marruecos-, Isabel Celaá –por la infumable Ley de educación- y Juan Carlos Campo –por los ilegales indultos a los sediciosos catalanes-, o prescindibles por su inanidad, como Pedro Duque o José Manuel Rodríguez. Ha degradado a Miquel Iceta al canjearle la importante cartera de Política Territorial por la devaluada de Cultura y Deporte. El hasta ahora líder del PSC dejó constancia pública de que no le placía el cambio. A María Jesús Montero le privaron de su ardua tarea portavoz/a –con lo que conseguiremos enterarnos de lo que se haya acordado en los Consejos de Ministros- y la compensaron con la medio cartera de la Función Pública. La macro-crisis ha puesto de manifiesto la existencia de un Gobierno y medio en una única entidad jurídica. En el Gobierno del PSOE, Sánchez ha cambiado a ocho de sus componentes, pero del medio Gobierno del Podemos no se ha atrevido a prescindir de ninguno, pese a que –con la honrosa excepción de la ministra del Trabajo, que pasaba el corte por los puntos- los otros cuatro ministros deberían haber sido destituidos por incompetentes. Landaluce mantiene que, desde la fuga de Pablo Iglesias, a Sánchez le ha resultado más difícil aparentar su moderación, por lo que no le viene mal tener en el Gobierno a Garzón, Castells, Montero-bis y Belarra, para convencer al electorado de que lo mejor para la izquierda era votar al PSOE. Es como cuando, en el siglo XVII, las damas de la Corte incluía alguna persona de color en su séquito para que, por contraste, destacara su belleza. No comparto esta opinión, pues creo que Sánchez se ha encontrado con el veto de Yolanda Díaz., que le ha recordado el pacto de investidura y su dependencia de Podemos para continuar en el poder. La nueva vicepresidenta segunda –una comunista confesa- seguirá luchando en el seno del Gobierno con la primera, Nadia Calviño, para imponer la revolución pendiente frente al capitalismo desenfrenado y derogar la reforma laboral del anterior Gobierno. En este enfrentamiento, Sánchez tendrá que decantarse por Calviño, porque “poderoso caballero es don dinero” y los fondos comunitarios son imprescindibles para su supervivencia. Sánchez afirmó que la prioridad del Gobierno era “la recuperación económica, social y territorial”. Ha resaltado que los cambios no se debían a que el Gobierno estuviera en crisis, sino a la necesidad de rejuvenecerlo y refeminizarlo, en una nueva etapa de “recuperación y modernización”. Ha entrado en el Gobierno “gente vinculada con la política local, personas más jóvenes pero con experiencia acreditada y una aportación más feminista”. Por eso ha dado rango ministerial a tres jóvenes alcaldesas socialistas, a la presidenta del Senado y a una diputada que fue secretaria de Organización del PSOE aragonés. A ellas se han sumado el diplomático José Manuel Albares –antiguo asesor de política exterior de Sánchez- y, sobre todo, Félix Bolaños, que asumirá las funciones de Redondo de fontanero mayor del Reino, con la ventaja de que es militante socialista y conoce bien los entresijos de la Administración. Ante de expresar un juicio sobre el nuevo equipo habrá que darle un período de gracia, porque muchos de ellos son melones o melonas aún por calar. El Gobierno, no obstante, ha demostrado –según “El Mundo”- displicencia ante los problemas reales de una población que se encuentra al límite de su aguante. Hace tiempo que debió haber abandonado las consignas populistas para centrarse en gestionar con eficacia. “Ojalá el nuevo ejecutivo fuera capa de calibrar el riesgo económico que nos acecha y de aparcar las guerras doctrinarias que dividen a la coalición, pero los precedentes no invitan al optimismo”. Según Latorre, la enésima mutación de Sánchez no funcionará porque su crédito está exhausto. Es probable que ahora trate de desviar la atención hacia lo material, después de un ciclo donde la propaganda hs sido la más degradante emocionalidad. Centrará su actividad principal en hacerse acreedor del maná de Bruselas. para lo que cuenta con la baza de Calviño –bien considerada en la Comisión Europea- y de ahí su promoción a la vicepresidencia primera, aunque se verá marcada en forma de pinza por las otras dos vicepresidentas. Asistimos en el fondo a un espectáculo “lampedusiano” en el que todo se cambia para que todo siga igual. Pedro Sánchez ha presentado una moción de censura contra Sánchez Castejón, que se ha cobrado la vida política de los más fieles ejecutores de sus políticas. Ha hecho unas aparentes concesiones al PSOE al recuperar a militantes como Oscar López -que fue hombre de confianza de Alfredo Rubalcaba- y dar entrada a políticas jóvenes que en su día apoyaron a Susana Díaz. Aunque estas incorporaciones han sido bien acogidas en lo que queda del partido socialista, ¿significa que Sánchez pretende regresar a las esencias de lo que fue el PSOE? ¿Logrará el nuevo Gobierno regresar a la senda perdida del socialismo? El ex-ministro César Antonio Molina ha expresado sus dudas, porque son los mismos perros con distintos collares. Sánchez ha asumido el axioma de Luis XIV de que el Estado es él y, .mientras el siga, “lasciate ogni esperanza”. Sentencia del Tribunal Constitucional El pasado día 14, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las restricciones a las libertades de circulación, reunión y manifestación impuestas por el Real Decreto de 14 marzo de 2020 que estableció el estado de alarma. Vox presento un recurso de anticonstitucionalidad contra dicho decreto y solicitó que se declararan ilegales las restricciones a las libertades de movimiento y de establecimiento, y al cierre obligatorio de comercios. El fallo fue adoptado por 6 votos a favor y 5 en contra, en una decisión transversal en la que votaron a favor de la ponencia de Pedro González-Trevijano magistrados progresistas, como la vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, y en contra otros considerados conservadores, como el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero, lo que prueba que no ha sido una sentencia política. El bofetón ha sido mal encajado por el Gobierno –que se ha visto sorprendido por esta desautorización- y su reacción ha sido lamentable. En su primera manifestación, la flamante ministra de Justicia, Pilar Llop –que para más inri es juez, aunque no lo parezca- ha leído una declaración institucional en la que, si bien acataba la sentencia –menos da una piedra, porque el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, desacató en 2010 la sentencia sobre el Estatut-, afirmó que no la compartía, por razones a cual más disparatada: a) La sentencia fue adoptada por un margen mínimo de votos; b) el recurso había sido presentado por Vox, que votó a favor de la declaración del estado de alarma; c) el decreto fue adoptado de conformidad con la Constitución y la Ley 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio; d) sin el recurso a esta herramienta, el Gobierno no habría sido capaz de hacer frente al virus; e) otros países de nuestro entorno han recurrido a medidas similares; y f) el confinamiento ha permitido salvar cientos de miles de vidas. A estos pobres argumentos cabe oponer los siguientes; a) Las sentencias son incontestables una vez que reciban la mayoría de votos requerida con independencia de su distribución, y los votos discrepantes quedan registrados en las actas del Tribunal- El Gobierno no alegó este hecho cuando el Tribunal condonó las restricciones a la libertad de manifestación gracias al voto de calidad del presidente González Rivas. b) El recurso es importante por lo que dice y no por quien lo presente, sea Agamenón o su porquero. Además –como ha señalada Macarena Olona-, Voz votó a favor de la primera que el Gobierno. Pero éste había ultrapasado sus competencias y tomado medidas que sólo estaban amparadas por el estado de emergencia. c) Nadie ha puesto en duda que el decreto hubiera sido adoptado de conformidad con las leyes, y lo que se ha criticado era que el Gobierno hubiera ido más allá de sus competencias. d) la urgencia de la situación podía haber justificado la declaración del estado de alarma, que podía establecer el Gobierno sin necesidad de requerir la autorización de las Cortes, pero –como ha observado Carlos Vidal-, un vez comprobado que dicho estado no amparaba todas las medidas que el Gobierno había adoptado, debería éste haber solicitado la anuencia parlamentaria para decretar el estado de excepción, en vez de solicitar sucesivas prórrogas del estado de alarma. e) Es cierto que los Estados de nuestro entorno democrático han proclamado estados de alarma, pero la mayoría de ellos lo ha hecho con la autorización de sus parlamentos; f) Es paradójico que un Gobierno que ha sido incapaz de dar fe de un hecho comprobable como es el número de muertos provocado por el covid-19, avale un dato no comprobable como el de las 450.000 vidas supuestamente salvadas gracias a los confinamientos. Más vidas habrían sido salvadas si el Gobierno, en vez de procrastinar la declaración del estado de alarma y permitido la celebración de la macro-manifestación feminista del 9 de marzo de 2020, por motivos ideológicos, hubiera declarado dicho estado a su debido tiempo. La juez Llop ha dado pruebas sobradas de que el cargo de ministra del ramo le viene demasiado grande y me temo que va a hacer un lamentable “pendant” gubernamental con su antecesora y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El Gobierno se ha contagiado de sus aliados separatistas catalanes de su menosprecio por, e incumplimiento de, las sentencias de los tribunales, y ha dado un paso más en su desafortunada crítica al Tribunal Constitucional. La ministra de Justicia, Margarita Robles –la única juez del Gobierno que hasta ahora había mantenido la dignidad de su profesión- ha salido del armario gubernamental y calificado la sentencia de mera “elucubración doctrinal”, que no debería haberse reflejado en una sentencia, y acusado al Tribunal de carecer de sentido de Estado. Se trata para André Betancor de unas declaraciones poco afortunadas, porque no se puede hablar de elucubraciones doctrinales cuando son las libertades las que están en juego. Existe evidentemente una cuestión académica como es la de distinguir entre “limitación” y “suspensión” de derechos. El Tribunal Constitucional ha dicho que hubo durante el estado de alarma una suspensión de derechos, por lo que debería haberse procedido para poder realizarla a la declaración del estado de excepción, ya que –según el artículo 55-1 de la Constitución- el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional –reconocido en su artículo 19- sólo podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Como ya señalé en un artículo escrito en mayo de 2020 y titulado “¿Estado de alarma o estado de excepción encubierto”, de la Ley 4/1981 procede la declaración del estado de alarma o de excepción cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Dicha declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales –artículo 1-. A la declaración del estado de alarma se debe recurrir en los casos de “crisis sanitarias tales como pandemias” –artículo 4-c)-, y las autoridades competentes podían “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de estos requisitos”-artículo 11-a)-. El estado de alarma se podrá declarar cuando el funcionamiento “de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo” –artículo 13-1-. De ahí que se estime, en principio, que para hacer frente a una epidemia como la del covid-19 el recurso al estado de alarma era más adecuado que al del estado de excepción. Sin embargo, no cabe duda de que una pandemia de la gravedad de la padecida altera el funcionamiento de los servicios y el orden público, por lo que cabría declarar también el estado de alarma, sobre todo porque permite no sólo la restricción, sino también la suspensión de los derechos de los ciudadanos –artículo 13-2- y, en especial la prohibición de “la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine” o la fijación transitoria de “la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuados” –párrafos 1 y 5 del artículo 20-. Esto permitió al Gobierno suspender el derecho de circulación –salvo en determinadas circunstancias- y confinar a las personas en sus domicilios, competencias que no le concedía la declaración del estado de alarma. Hoy mismo se ha conocido que la vicepresidente Calvo – basándose en los informes de la Abogacía del Estado- era partidaria de declarar el estado de excepción por considerar insuficiente el de alarma –a cada una lo suyo-, pero se impuso el criterio del entonces secretario general de la presidencia y ahora “eminencia gris” del nuevo Gobierno, Félix Bolaños. Ello explica por qué el Real Decreto sólo fuera aprobado por el Consejo de Ministros a últimas horas de la noche, porque el texto, redactado por el equipo de Bolaños, no era conocido por los ministros. No se trata sólo de una simple discrepancia doctrinal sobre las competencias que tenga el Gobierno según declare el estado de alarma o el de excepción, sino que hay una importancia formal para la declaración de uno u otro. Para la declaración del primero basta la decisión por decreto del Gobierno, que deberá informar al Congreso de su decisión y sólo necesitará su autorización para prorrogar el estado declarado, mientras que para el segundo resulta indispensable la autorización previa del Congreso, que determinará el contenido y el alcance de las competencias del Gobierno. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Sánchez tomó medidas que excedían las competencias concedidas por la declaración de estado de alarma, por lo que dichas actuaciones fueron inconstitucionales y los afectados tenían derecho a que se levanaran todas las sanciones penales o administrativas que recibieron por incumplir unas normal ilegales, salvo las que hubieran sido impuestas por sentencia firme. Ha considerado asimismo ilegal la habilitación ulteriormente concedida al ministro de Sanidad para modificar o ampliar las medidas de contención de las actividades comerciales. No condenó, en cambio, las medidas restrictivas aplicadas a ciertos establecimientos, porque no tuvieron un carácter general, por lo que ha cerrado la puerta a reclamaciones por daños, que habrían supuesto un alto coste para el Estado. En la otra parte del Gobierno, la ministra Belarra ha ido aún más lejos al declarar que tenían un problema muy serio con la justicia española, que estaba dominada por la derecha y la ultraderecha –el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refirió despectivamente al Tribunal “Voxtitucional”-, pues los jueces no eran independientes y se dedicaban a hacer oposición al Gobierno. No deja ser der curioso que un partido que se ha pronunciado por la sumisión del poder judicial al ejecutivo, se rasgue ahora las vestiduras so pretexto de que los jueces españoles no son independientes. Como Ha destacado “El Mundo” en su editorial de hoy “es alarmante que pese a la nutrida nómina de magistrados de aparente solvencia que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez, las instituciones y los tribunales de Justicia estén siendo víctimas constantes de una campaña de desprestigio y deslegitimación por parte del Ejecutivo impropia de una democracia liberal”. Aunque no conozca la sentencia en su integridad y desconozca, por consiguiente, los argumentos jurídicos en que se ha basado la mayoría y los votos particulares de la minoría, por lo que he tenido conocimiento de su contenido,, me parece una sentencia equilibrada, razonable y bien fundada. No ha cuestionado las medidas adoptadas por el Gobierno, que ha considerado necesarias y proporcionadas, sino el instrumento en que se basó para su adopción -que resultaba jurídicamente insuficiente-, por lo que debería haber optado por la declaración del estado de excepción en vez de por el de alarma. La mayor crítica que se puede hacer al Tribunal Constitucional es la de su lentitud, ya que es lamentable que haya tardado más de un año en pronunciarse sobre un tema tan urgente. Aún le queda en el tintero otro recurso sobre la constitucionalidad de la segunda declaración del estado de alarma, en el que –en flagrante violación de lo establecido en la Ley 4/1981- prorrogó dicho estado durante seis meses, período en el que el Congreso durmió el sueño de los justos. El Tribunal seguirá sufriendo descaradas presiones políticas por parte del Gobierno y acabará fracturado como en el presente caso. Sánchez quiere enterrar de una vez por todas los restos insepultos del Barón de Montesquieu. Madrid, 17 de julio de 2021

¿Existe semejanza entre España y la República de Weimar?

¿EXISTE SEMEJANZA ENTRE ESPAÑAY LA REPÚBLICA DE WEIMAR? El pasado 22 de junio, el Consejo de Ministro aprobó el Informe de un anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 26/2015 de Seguridad Nacional, con el supuesto fin de reforzar los mecanismos del Estado para acceder a los recursos necesarios para gestionar las crisis. La disposición final segunda de la Ley prevé que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno debería remitir al Congreso un proyecto de ley “reguladora de la preparación y disposición de las contribuciones de los recursos a la seguridad nacional”. La experiencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 había puesto de manifiesto la necesidad de cumplir con ese mandato. El texto del anteproyecto ha sido parcialmente filtrado a través de “El País” y de otros periódicos, por lo que no puedo hacer un juicio genuino de valor sobre su contenido, pero -de lo que se ha conocido a través de la prensa- cabe deducir que el Gobierno no se ha limitado a desarrollar una ley, sino que ha creado una nueva figura jurídica sobre emergencias, denominada “Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, que rivaliza con los tres supuestos previstos en el artículo 116 de la Constitución –Estados de alarma, de excepción y de sitio-, y que podría modificar el propio texto constitucional por medio de una ley ordinaria, lo que sería extremadamente grave. El Gobierno ha lanzado uno de sus globos-sonda para ver las reacciones y, ante las críticas que ha empezado a recibir, ha tratado de quitar relevancia al anteproyecto, afirmando –a través de la ministra de Defensa, Margarita Robles- que tiene aún mucho recorrido y que, hasta que no haya sido debatido y adoptado en las Cortes Generales, no se sabrá cómo quedará. De mi época de asesor jurídico internacional, recuerdo la máxima que solía citar el Jefe de la Asesoría, Antonio Poch, de que el asesor debería actuar como un perro de caza que, en cuanto viera una liebre, debería levantar el rabo para avisar al cazador. Yo veo una inmensa liebre y me siento obligado a mover el rabo para advertir a los políticos y a la opinión pública española del gran peligro que correría la democracia si las Cortes aprobaran una Ley en los términos que figuran en los textos filtrados. Parece que la gravedad de su enunciado, la nueva ley ha pasado un tanto desapercibida por la opinión pública y los partidos políticos, que no parecen ser conscientes del gravísimo riesgo que corre España por la ambición y la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Carácte poco democrático del anteproyecto de ley El presidente hizo lo que le plujo durante la pandemia del coronavirus. Tras una fase de inacción dolosa al comienzo, el Gobierno obtuvo la autorización del Congreso para declarar el estado de alarma, que prorrogó en varias ocasiones por períodos de quince días. Como cada vez tenía más dificultades para obtener la mayoría requerida, Sánchez decidió cortar por lo sano y consiguió de sus socios “frankensteinianos” una prórroga ilegal de seis meses, sin control alguno por parte del Congreso. No deja de ser curioso que, pese a presentarse como un adalid del antifranquismo, Sánchez haya mostrado ser un aventajado discípulo en las tácticas de Francisco Franco. Como ha señalado José María Triper en su artículo “Contra la libertad y la democracia”, Sánchez ha seguido el esquema de Torcuato Fernández Miranda “de la ley a la ley, a través de la ley”, que permitió pasar del franquismo a la democracia. El presidente y su guionista, Iván Redondo, pretenden acabar con el Estado de Derecho consagrado en la Constitución mediante un cambio de régimen que propiciaría el anteproyecto de Ley de Interés para la Seguridad Nacional que -con el supuesto fin de corregir los vacíos legales que se produjeron durante la vigencia de los estados de alarma- prevé que “toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales” que exijan el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) o la ”autoridad funcional”, cuando se declare en España un estado de crisis (artículo 28-2), situación que el texto no explica, ni define cómo y en qué circunstancias deberá realizarse, por lo que lo deja a la absoluta discrecionalidad del presidente del Gobierno. Prevé asimismo que las autoridades competentes podrán acceder a “todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas” y a los que se encuentren “en manos particulares”, incluida la requisa de todo tipo de bienes y la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios. Y para completar sus afinidades con los momentos más oscuros del franquismo, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de “colaborar con las autoridades competentes en la difusión de información de carácter preventivo u operativo”, lo que en román paladino significa que el Gobierno se carga de un plumazo el derecho de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, consagrado en el artículo 20-1 de la Constitución. Ahora el Gobierno se inventa un instrumento legal para modificar la Carta Magna por la puerta trasera, dejando sin validez algunos de sus artículos, gracias al incondicional apoyo de un PSOE, “convertido hoy en la reedición del Movimiento Nacional franquista, que –prietas las filas tras el caudillo Sánchez- busca convertirse en el único cauce de participación en la vida pública española”. Sánchez se aprovechó de los poderes excepcionales que le otorgo la declaración de los estados de alarma para –según ha observado Consuelo Madrigal- apoderarse ilícitamente del poder y privar a los ciudadanos de libertades fundamentales mediante una coerción policial excesiva e innecesaria. Aunque la Ley 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio impusiera como regla general la libertad y su restricción sólo debiera ser una excepción temporal, el Gobierno restringió severamente los derechos fundamentales de los españoles al amparo del estado de alarma, al que mutó en estado de excepción encubierto. Aprovechó la coyuntura para fortalecer su poder presidencial, eludir el control parlamentario, restringir las libertades básicas, instrumentalizar las instituciones e instalarse en una deriva iliberal, para lo recurrió de forma permanente al uso y al abuso de decretos-leyes por razones de urgencia. Pese a reconocerse en el Real Decreto-Ley 21/2020 de prórroga del estado de excepción que –de conformidad con el artículo 86-1 de la Constitución- el Gobierno sólo podría utilizar los decretos-leyes en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, y que no deberían afectar “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”, el Gobierno afirmó con el mayor de los cinismos que ninguna de las medidas por él adoptadas afectaban a los citados derechos y libertades, lo que era rotundamente falso. Mantuvo asimismo que el Tribunal Constitucional había manifestado que una interpretación extensiva de los límites establecidos en esa disposición supondría un vaciamiento de la figura del decreto-ley, “inservible para regular, con mayor o menor incidencia, cualquier aspecto concerniente a las materias vinculadas al Título I de la Constitución”. Mas no se trataba de hacer una interpretación ación“extensiva” del artículo 86, sino de una interprete literal que no dejaba lugar a dudas. El Gobierno señaló que el decreto-ley era un instrumento constitucional lícito y necesario para la consecución del fin que justificaba la legislación de urgencia. Con una formulación de pura tautología, afirmó sin rubor que “en ningún caso, el decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional”. “¡Habló Iván, punto redondo!”. Satisfecho con el ejercicio incontrolado del poder del que abusó “de facto“ durante la pandemia, Sánchez quiere seguir ejerciéndolo “de iure”. Por eso, pretende que las Cortes aprueben una modificación de la Ley de Seguridad Nacional, que le permita crear mediante un simple decreto-ley una nueva situación de “Interés para la Seguridad Nacional”, que le faculte para actuar arbitrariamente sin control alguno por parte de las Cortes o del poder judicial. Según el Gobierno, el anteproyecto responde a los principios de “necesidad, eficacia, proporcionalidad,, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia” requeridos por la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Hay quien dé más? Sánchez se ha auto-concedido poderes absolutos y discrecionales para establecer esta nueva situación no constitucional de emergencia por sí y ante sí. Aunque los temas de seguridad nacional sean competencia del CSN, el presidente del Gobierno podría adoptar el real decreto-ley que estableciera la nueva situación sin contar con el preceptivo informe del Consejo, ni la intervención de las Cortes, “si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan”. El concepto de “urgencia” está relativamente claro, pero ya conocemos liberalidad con que lo interpreta el Gobierno, que - desde que está en el poder- lleva utilizando los decretos-leyes como si fueran órdenes ministeriales, haya o no motivo o urgencia. A título de muestra baste mencionar las disposición transitoria que se incluyó en una disposición adicional en el Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente a la crisis del coronavirus, por la que se blindaba la presencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión de Supervisión del CNI, inclusión que acaba de ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En cuanto a la “oportunidad” –aparte de ser una noción bastante imprecisa y subjetiva en su apreciación-, ¿quién decide sobre lo que es o no oportuno? ¿Una comisión neutral y apolítica, o un órgano judicial? ¡Quiá!. Sánchez y Redondo, “of course”.¡ Presidencialismo cesarista puro! Como ha observado Javier Redondo, Sánchez quiere proveerse de una Ley de Seguridad de Su Persona que obligue a todos los españoles –nuevos “siervos de la gleba” de la autocracia sanchista- y se ha sacado de la manga un proyecto de ley habilitante, porque las crisis propician el pretexto y facilitan la concentración del poder. Es curioso cómo –al igual que el Cid, que ganaba batallas después de muerto- la sombra de Iglesias es alargada y se cierne sobre Sánchez y el Gobierno después de su “espantá” política. El profesor le habló al gurú de la tesis de Carl Schmitt de que “la norma no explica nada; la excepción lo explica todo”, Redondo articuló la idea en una fórmula de mercadotecnia política, y se la pasó al jefe, que –al ver la posibilidades de fortalecer aún más su ya excesivo poder- la lanzó a la palestra parlamentaria en forma de anteproyecto de ley. De aquella prórroga del estado de alarma por seis meses sin control alguno por las Cortes al anteproyecto de marras no había más que un paso y la ambición desorbitada de Sánchez por mantenerse en el poder lo ha dado. Si en el futuro apareciera otra pandemia, llegara otra “Filomena” o se produjera un ataque cibernético, se crearía una situación de excepcionalidad que requeriría el recurso a un “führer, como el coloso Sánchez. Tranquilidad, ciudadanos, los españoles estamos a salvo en caso de crisis. Como ha señalado Ana Belén Ramos en “El Independiente”, con la nueva Ley, el Gobierno podría activar una especie de estado de alarma “sui generis”, al margen de la Constitución y sin la intervención de las Cortes y del propio CSN. Un instrumento que se vería libre de los molestos contrapesos y controles –“check and balance”- previstos en las leyes. Sánchez podría establecer un Estado de alarma propio por tiempo ilimitado y sin control alguno de las Cortes, suspender la Ley de Transparencia para ocultar los contratos de adquisición de bienes y servicios, confinar a los ciudadanos y obligarlos a cumplir cualesquiera órdenes de las autoridades, y nacionalizar la industria y otros sectores productivos para asegurarse el suministro de alimentos y medicinas. Resulta impresionante comprobar la impronta que sobre un presidente sin ideología ni principios van calando lentamente como lluvia fina la filosofía y las ideas de Podemos y de sus coyunturales aliados nacionalistas. Según el anteproyecto, el Gobierno tendrá libertad para adjudicar contratos para el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico que permitan el autoabastecimiento de España bajo condiciones excepcionales, crear un Reserva Estratégica que le habilite para elegir a las empresas que formen parte de un grupo destinado a asegurar una producción industrial suficiente para hacer frente a situaciones de peligro para la seguridad nacional mediante su decisión unilateral, impedir inversiones extranjeras directas, o eliminar los controles d transparencia de las adjudicaciones públicas. Aquí se pueden encontrar las consignas de Podemos de estatalizar la economía, nacionalizar la industria y conceder manos libres al Gobierno para controlar la actividad productiva. De los nacionalistas catalanes ha asumido Sánchez su menosprecio por la norma jurídica que no sea la propia, y la subversión de la jerarquía normativa, como cuando –merced a la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República- pretendieron derogar la Constitución. Ahora el presidente pretende modificar la Ley de Seguridad Nacional e incluso la Constitución mediante una ley ordinaria. Sus asesores saben perfectamente que una ley que modifique otra ley orgánica o afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos requiere ser realizada mediante otra ley orgánica, pero Redondo se resiste a seguir esta vía por temor a no conseguir en las Cortes la mayoría cualificada requerida para la adopción de este tipo de leyes. Incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional Es cierto que la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno a declarar una Situación de Interés para la Seguridad Nacional (artículo 15), que es definida como aquélla en la que, “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias”, que deberá afrontarse “con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y que en ningún caso podrían implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”(artículo 23). El anteproyecto, sin embargo, independiza la nueva Ley de la Ley-madre de Seguridad Nacional dándole un carácter autónomo, concede facultades excepcionales al presidente y a su jefe de gabinete, y excluye las funciones controladoras de las Cortes, pese a que la Ley permite al Gobierno establecer la suspensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles. Si bien la Ley 36/2015 autoriza al presidente a declarar mediante un decreto la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, es necesario definir la crisis que provoque la declaración, establecer el ámbito geográfico del territorio afectado, fijar la duración de la Situación, y determinar los recursos humanos y materiales necesarios, y el Gobierno deberá informar de inmediato al Congreso de las medidas que se adopten (artículo 2). Se trata de una actuación reglada, que el Gobierno pretende convertir en actuación discrecional del presidente, al que concede poderes excepcionales, a la par que prescinde de cualquier intervención del Congreso. El anteproyecto es claramente contrario a la Ley de Seguridad Nacional de la que depende y bordea la constitucionalidad, cuando no la incumple. La Ley encomienda al CSN la organización de la contribución de recursos a la seguridad nacional y prevé que el sector privado participará en dicha contribución (artículo 27), pero el anteproyecto se ha saltado al Consejo y ha establecido la imposición a los particulares de obligaciones como las prestaciones personales o las requisas, que afectan a sus derechos fundamentales. Es asimismo cierto que la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil- definido como el “servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada antes los distintos tipos de emergencias y catástrofes”- prevé la imposición de prestaciones personales a los particulares y la posible realización de requisas, pero lo hace de forma reglada y limitada, En caso de emergencia, cualquier persona mayor de edad estará obligada a realizar prestaciones personales si se lo requiriera la autoridad competente. Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, la autoridad competente podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que fueran necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Las medidas restrictivas de dichos derechos tendrán vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario para hacer frente a las emergencias y deberán ser adecuadas a la entidad de las mismas (artículo 7-bis). Se trata, pues, de unas medidas regladas, funcionales y restrictivas, dentro del marco debidamente regulado de los estados de alarma y excepción previstos en la Constitución. Sánchez, en cambio, pretende que la nueva Ley le conceda –a él y a su cuate Redondo, erigido ya “de iure” en Superministro por encima incluso de las vicepresidentas- poderes absolutos, discrecionales, temporalmente ilimitados y escasamente reglados, que les permita limitar a su gusto los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Lo grave no es tanto el “qué”, como el “cómo”. Que el presidente del Gobierno pueda a su libre albedrío limitar a través de un decreto los derechos básicos de los españoles cuando estime que haya razones de oportunidad y urgencia, sin control alguno político o judiciales resulta del todo inaceptable. Sánchez juega con la intencionada imprecisión y vaguedad del texto del del anteproyecto para poder actuar “ad libitum”, libre de cualquier contrapeso y sin restricción alguna. Como ha observado Daniel Berzosa, se trata de una reforma constitucional y habrá, por tanto, que determinar claramente en la Ley los tipos y los casos en los que pueda actuar el Gobierno. Mientras la ley se tramite en el marco del artículo 30-4 de la Constitución –“mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”- no habrá mayor problema, siempre que en la Ley se regulen con precisión los derechos y los deberes de los ciudadanos en esas circunstancias excepcionales. Para el profesor José Manuel Vera, hay que definir claramente qué se entiende por “crisis” y precisar con todo lujo de detalles la proporcionalidad normativa, porque se verán afectados derechos fundamentales de los ciudadanos. El ámbito de actuación de la Ley de Seguridad Nacional en la que se basa la nueva Ley es sumamente amplio, pues cubre la seguridad económica y financiera, marítima, aérea y espacial, energética. y sanitaria, la ciberseguridad y la protección del medio ambiente, por lo que hay que ser extremadamente precisos al fijar el ámbito al que se aplique para evitar posibles abusos, pues el principal riesgo en que se incurre es que se produzca una extralimitación en las funciones del Gobierno. Según Berzosa, habría que incluir en el texto un listado de las emergencias o catástrofes en las que el Gobierno podría aplicar la Ley, y especificar qué autoridades estarían capacitadas para garantizar su cumplimiento. Se trata de una norma que invade manifiestamente la libertad y el derecho de propiedad, y contendría elementos autoritarios si no se precisara el carácter temporal y puntual de la norma y a qué supuestos podría aplicarse. La Ley debería incluir mecanismos para evitar que nadie pueda utilizarla para fines desproporcionados o ilegítimos. ¿Está en peligro la democracia en España? Pese a su gravedad, el texto, ha pasado un tanto desapercibido y ha provocado una reacción demasiado débil por parte de los partidos de la oposición y de la opinión pública, quizás porque es apenas conocido. En el PP, Pablo Casado lo ha calificado de “auténtico disparate”, que atenta contra las libertades de los ciudadanos. Según Cuca Gamarra, ¿se puede limitar derechos fundamentales mediante una ley ordinaria? Sánchez sigue con su deriva autoritaria y no contará con las votos del partido, que recurriría la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de ser adoptada. Vox ha dicho que la Ley era la medida más tirana contra la democracia, pues habilita a Sánchez a abolir derechos de los españoles sin control alguno. De Ciudadanos no he escuchado ningún comentario. Desde el PSOE se rasgan las vestiduras y dicen que el anteproyecto está basado en una ley adoptado por un Gobierno del PP que no había recibido crítica alguna. Olvidan decir que la Ley de Seguridad Nacional fue consensuada en 2015 por el PP y el PSOE, mientras que respecto a la nueva Ley, el Gobierno no sólo no ha negociado con la oposición, sino que ni siquiera le ha facilitado una copia del texto del anteproyecto. De los jueces que están en el Gobierno cabe esperar poco. Fernando Grande-Marlaska se ha sumido en la indignidad y ha renunciados a sus principios, y Juan Carlos Campo supedita sus brillantes conocimientos jurídicos a su sectarismo político. Sólo es recuperable Robles, que ha defendido el texto afirmando que sólo se aplicaría en circunstancias muy excepcionales, pero ¿qué instancia objetiva y neutral decidiría sobre la excepcionalidad? “Tu quoque, Margarita”. Ha acudido a mi mente la desaparición de la República de Weimar en Alemania provocada por el régimen nazi. Adolfo Hitler ganó democráticamente las elecciones y, desde el seno del Gobierno, fue socavando las instituciones democráticas alemanas hasta que se produjo la inevitable desaparición de la República, barrida por la ola del totalitarismo nazi. Una táctica similar fue seguida en Checoslovaquia, cuando el presidente Edvard Benes formó en 1947 un Gobierno de coalición con el Partido Comunista que, tras un año, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder ¿Existe alguna semejanza entre la España actual y la República de Weimar? Ojalá me equivoque, pero yo –como un perro perdiguero- levanto el rabo en señal de aviso. Madrid, 10 de julio de 2021

Nuev Carta abierta de un católico al presidente de la Conferencia Episcopal Española

NUEVA CARTA ABIERTA DE UN CATÓLICO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA, CARNDENAL OMELLA Eminencia Reverendísima Juan José Omella Cardenal-Arzobispo de Barcelona Presidente de la Conferencia Episcopal Española MADRID Estimado Sr. Presidente: Hace algo más de un año, exactamente el 6 de marzo de 2020, le envié una carta para felicitarle cordialmente por su elección a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Le expresaba sinceramente mi preocupación por algunas de sus actitudes en relación con el proceso independentista de Cataluña y concluía mi misiva señalando que, en cualquier caso, le daba el beneficio de la duda y quedaba a la espera de ver cómo actuaba Vd. en su puesto de máximo dirigente de la Iglesia española. Ahora, me ha sorprendido desagradablemente el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Tarraconense –de la que Vd. es vicepresidente- en favor de la concesión de indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación cometidos en 2017. En su declaración de ayer han destacado Vds el valor evangélico del perdón, pero, a fin de que se den las condiciones para el ejercicio del mismo, se requieren diversos requisitos, el principal de los cuales es el arrepentimiento del pecado -como se pone de manifiesto en la parábola del hijo pródigo-, condición que no se da en modo alguno en el caso de los presuntos beneficiarios del perdón. La Iglesia ha cambiado últimamente en muchos aspectos de forma considerable y no sé si el cambio ha afectado también al sacramento de la confesión. Recuerdo de mis años mozos cuando me iniciaba en el aprendizaje de la religión católica, que el catecismo del Padre Ripalda requería para recibir el perdón por medio de la confesión el cumplimiento de las siguientes condiciones: hacer examen de conciencia, tener dolor de corazón y propósito de la enmienda, confesar los pecados al confesor, y cumplir la penitencia. Es evidente que existe un paralelismo entre el plano moral y el político, entre la absolución del pecado y el indulto del delito, especialmente cuando –como en este caso- se trata del pronunciamiento de los Obispos de Cataluña, que se supone deben orientar espiritualmente a sus fieles. Si examinamos –“mutatis mutandis”- la conducta de las personas receptoras de la posible gracia del perdón a través del indulto, encontramos con que no han cumplido ni uno solo de estos requisitos. ¿Han hecho examen de conciencia? Más bien poco, porque están firmemente convencidos de que no han hecho nada incorrecto. ¿Qué hay de malo en sacar las urnas a la calle para que el pueblo catalán pueda expresar su voluntad sobre el futuro de Cataluña? El problema es que Cataluña no es una isla aislada en medio del océano, sino que, desde hace siglos, forma parte integrante de una entidad política denominada España, en la que los catalanes conviven con millones de ciudadanos que también son españoles y tienen algo que decir sobre el futuro de la Nación. Los políticos nacionalistas mantienen, sin embargo, que sólo los catalanes tienen “derecho a decidir” y son, por tanto, los únicos que estarían llamados a pronunciarse en una eventual consulta. Pero, entre los catalanes, hay unos que están a favor de la independencia y otros en contra. ¿Tiene acaso el Gobierno de la Generalitat en cuenta la voluntad de estos últimos? No lo parece, dado que en la llamada “Mesa del Diálogo” sólo participan las autoridades nacionalistas partidarias de la independencia y los representantes del Gobierno frente-populista de la Nación, que se muestran dispuestos a acceder a las demandas de los independentistas. Me permito recordarle que Vd. y sus colegas en el episcopado son los pastores de las ovejas de la región y si -como se indica en el Evangelio- el Buen Pastor cuida de hasta la última de sus ovejas, no puede éste abandonar a la mayoría de ellas y excluirlas del redil. Vd es además el presidente de la Conferencia Episcopal Española, por lo que tiene asimismo la responsabilidad de velar por los intereses de todos los católicos españoles. ¿Cómo van a tener los políticos catalanes dolor de corazón por su conducta si estiman que no han hecho más que cumplir con su deber, de conformidad con el mandato recibido del pueblo catalán? Parece ser que -a juicio de la Conferencia Episcopal Tarraconense- los líderes condenados no han cometido infracción alguna al violar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes nacionales y autonómicas, al incumplir sistemáticamente las sentencias de los tribunales nacionales y regionales, al derogar la Constitución mediante una ley autonómica de rango inferinor, al silenciar a la oposición en el Parlament y no permitirle participar en los debates, al impedir por la fuerza el cumplimiento de órdenes judiciales, al decidir la desintegración de España o al declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Si no hay “dolor de corazón”, difícilmente podrá haber “propósito de la enmienda”. Pese a que la Ley de 1870 reguladora del indulto requiera para la concesión la existencia de “pruebas o indicios de su arrepentimiento”, no ha existido ni una sola. Antes al contrario, los condenados se han jactado en sede judicial y en declaraciones públicas de que “lo volverán a hacer”. Como señaló en su día el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás –asesinado por los terrorista de ETA-, “si el arrepentimiento consta, puede concederse el indulto; si no, no”. Los políticos condenados no sólo no han confesado sus pecados-delitos al Tribunal Supremo que los juzgó, sino que se vanagloriaron de ellos de forma provocadora. Las defensas mantuvieron que el juicio no era más que un montaje del Ministerio Fiscal, que acusaban a sus defendidos por actos políticos realizados en el ejercicio de sus funciones gubernamentales o parlamentarias. Los acusados pronunciaron discursos políticos durante el juicio, adoptaroon una actitud insolente, y no cesaron de verter injurias e insultos contra el Tribunal Supremo y de desacreditar a la Justicia española ante la opinión pública internacional. El quinto requisito ha sido el único en haber sido parcialmente cumplido por los condenados, muy a pesar suyo, pero en condiciones privilegiadas merced a la descarada arbitrariedad de las autoridades penitenciarias de la Generalitat, que les ha dado tratamiento VIP y, con la concesión de los indultos, se soslayará este último obstáculo y los condenados irredentos podrán continuar abiertamente con sus intentos de destruir la unidad y la integridad territorial de España. Han dicho Vds. que “el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”. No sé si necesitará de algo más, pero sí sé que requerirá algo que no sea menos que la aplicación y el cumplimiento de la ley, porque -como Vd. bien sabe- sin ley no puede haber democracia. Han afirmado Vds asimismo que “avanzar teniendo sentimientos de misericordia y de perdón sinceros, respetando la justicia, ayudará a que los acuerdos que todos esperamos se logren pronto”. El problema radica en que la concesión de indultos a unas personas que no se han arrepentido de sus delitos, y que están determinados a volverlos a cometer, no supone el respeto de la justicia. Según Aristóteles, la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y para Ulpiano es “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Pues bien, lo que corresponde a unos delincuentes que han cometido graves delitos que -como ha señalado la Fiscalía del Tribunal Supremo- ha consistido en “un deliberado y plaanificado ataque al núcleo esencial d, representado por la Constitución, la soberanía nacional, la unidad territorial y el respeto a las leyes, como principios vertebradores del Estado”, es una elevada condena, y demasiado benévolo ha sido el Tribunal Supremo que les ha condenado por sedición, cuando –en mi opinión y la de muchos ootros juristas- cometieron un flagrante delito de rebelión.. El indulto tiene un carácter excepcional que sólo se justifica cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia y equidad, “que –s juicio de la Fiscalía- “aquí no se aprecian, y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política”. Según el adagio latino, “ex iniuría nec oritur ius” -de la injusticia no nace el derecho-, pero tampoco puede nacer la concordia. Han destacado Vds la fuerza que tienen las medidas de gracia y el diálogo en todas las situaciones de “conflicto” –aquí siguen Vds la terminología de los independentistas que sostienen la existencia de un conflicto entre Cataluña y España, que no es tal- . También recomiendan Vds, acertadamente, que hay que promover siempre el citado diálogo “como vía efectiva que dé respuesta a la esperanza de resolver las divisiones” y que, para ello, es preciso que éste sea serio, capaz y abierto, y suponga “renunciar a las propias exigencias para encontrarse en el camino con las renuncias del otro”. El diálogo es –a juicio del profesor Antonio Elorza- un intercambio de opiniones entre dos partes para tratar de superar unas discrepancias, y no cabe hablar de tal si una de ellas adopta una actitud inamovible y procura imponer su posición a la otra, cual es el caso de los independentistas, que no renuncias al inexistente derecho de autodeterminación y a la concesión de una amnistía que está prohibida por la Constitución. La profesora Teresa Freixes se ha preguntado si se puede dialogar con quienes quieren separar en vez de unir y defienden que sólo aplicarán las leyes que consideren justas, o si se puede llegar a acuerdos con quienes desprecian los procedimientos legales y quieren imponer los que les parezcan adecuados, sin respetar las garantías propias de una toma de decisión democrática, que no puede ser otra que la preestablecida por la ley ¿Es legítimo pactar con quienes desnaturalizan las instituciones jurídicas tergiversando los conceptos y pretendiendo hacer creer a los ciudadanos que sería legal el ejercicio del mal llamado derecho a decidir, que encubre el derecho de autodeterminación? Lo peor del caso es que entre los engañados por estos argumentos falaces se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el que fue ex-Fiscal General con Felipe González, Eligio Hernández, el llamamiento al diálogo y a la concordia es una pura y simple operación de propaganda de Sánchez, que –aunque no crea en el diálogo- lo mantiene para permanecer a toda costa en la Moncloa. No se puede dialogar sobre el futuro de Cataluña y de España sin contar con la mitad de los catalanes que no son separatistas, ni con el 62% de los españoles que no están de acuerdo con la decisión del Gobierno de conceder unos indultos injustos e injustificados, que además han sido rechazados por los propios beneficiarios, que exigen la amnistía. El perdón es una gran cosa y todos deberíamos estar dispuestos a concederlo, pero siempre que se cumplan unos requisitos mínimos por parte de los que aspiren a ser perdonados, especialmente los del arrepentimiento del culpable y el propósito de no volver a delinquir. Yo soy hijo de juez y crecí en un ambiente de respeto al derecho, por lo que no tolero la injusticia. Si mañana los condenados dieran muestras de dolor de corazón y se desdijeran de sus actos delictivos –aunque fueran insinceros o poco sinceros- sería el primero en cambiar de actitud y apoyar los indultos, y tengo la convicción de que los españoles opuestos a su concesión actuarían de forma similar. Lo que no se puede tolerar es que los culpables de tan graves delitos se refocilen en el incumplimiento de la ley y encima se burlen de los demás españoles que la cumplen, en un acto de intolerable de supremacismo, porque nadie está por encima de la ley. Como buen latinista, probablemente conocerá Vd. la filípica que le dedicó Marco Tulio Cicerón a Marco Antonio en el Senado romano: “¿Qué hay más vil que quien habiendo atentado contra la soberanía del pueblo romanos, y después de haber sido condenado en un juicio, vuelve a realizar el mismo alzamiento por el que fue condenado?” Reciba, Sr. Presidente, un cordial y respetuoso saludo de su hermano en Cristo José Antonio de Yturriaga Barberán Embajador de España Madrid, 18 de junio de 2021

Secuelas de los indultos; De tal señor, tal honor

SECUELA DE LOS INDULTOS: A TAL SEÑOR, TAL HONOR Tras la farsa de los indultos, los aliados del Gobierno han montado a su benefactor, Pedro Sánchez, un espectáculo grotesco, que ha dejado en mantillas las artes escénicas de Iván Redondo. Carencia de fundamento jurídico para la concesión de los indultos El Gobierno se ha fundado para la concesión de los indultos en los informes de las venales autoridades penitenciarias de la Generalitat, que han mentido como bellacas o –en el mejor de los casos, dándoles el beneficio de la duda-, han errado más que una escopeta de feria. De Oriol Junqueras decían que había “asumido su conducta y participación en los hechos fruto de un proceso de reflexión, desarrollado pensamientos autocríticos y tomado conciencia de sus consecuencias”, y de Jordi Sánchez que había “detectado los factores que estuvieron presentes en los hechos, podido reflexionar sobre éstos y sido capaz de reconocer los hechos descritos en la sentencia y las consecuencias de sus actos, y asumido su responsabilidad”. La descripción de la actitud de los demás presos era similar y de ellos se decía que existía un riesgo bajo de violencia intra-institucional, de reincidencia delictiva general o de quebrantamiento de condena. El 23 de junio salieron los presos de las prisiones de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses y, con sus primeras palabras, desmintieron de forma rotunda las conclusiones de los informes, que habían sido dados por buenos por el Gobierno. Junqueras comentó que era un día de renuncia y que no cambiaría nada, porque continuarían trabajando para culminar la independencia y mantendrían sus compromisos para hacer realidad la República catalana, la libertad del país, la amnistía para los 3.000 represaliados, y el regreso de los que estaban en el exilio. Jordi Sánchez afirmó que no daría ni un paso atrás y que lo volverían a hacer, aunque en esa ocasión todos juntos y bien combinados. Jordi Cuixart dijo que era un día de reafirmación y de lucha, y que la represión no les haría callar, y Raúl Romeva que salían con las mismas convicciones y que -tarde o temprano- establecerían la República de Cataluña. Los presos portaban una pancarta con la consigna de “Freedom for Catalonia” y todos ellos afirmaron en una declaración conjunta que la prisión les había reforzado en sus convicciones y seguirían luchando por la independencia y por la amnistía general. No parece que estas declaraciones ofrezcan el menor síntoma de autocrítica, asunción de responsabilidades o intención de no reincidir, sino más bien todo lo contrario. Esta voluntad de mantenerse en la insumisión fue ampliamente corroborada en el acto-homenaje a los indultados reclusos ofrecido por la Generalitat y por el Parlament en un auténtico “ongi etorri” en honor de unos delincuentes, por muy políticos que fueran. El presidente del Govern, Pere Aragonés, no dejó duda alguna al equívoco; ”Vuestra libertad nos hace más fuertes. Que nadie se equivoque. Seguimos empecinados en hacer posible la independencia de Cataluña y la República catalana”. Reiteró que el objetivo primordial de su Gobierno sería hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación y -en el ínterin- acabar de una vez con la ofensiva de los Tribunales de Justicia y del Tribunal de Cuentas. El vicepresidente, Jordi Puigneró, dijo que no darían las gracias por los indultos y que la concordia era votar el derecho a la autodeterminación. “El 1-O no fue un error ni un delito. Este Govern persistirá”. En nombre de los homenajeados contestó la antigua presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien apostilló: ”No dudéis de que es una victoria. Hoy estamos dando un paso más hacia la República catalana”. Falta de concreción de la “concordia” El propio Gobierno ha reconocido que a los condenados no se les podía indultar por razones de justicia o equidad, por lo que sólo cabía hacerlo por el motivo de “utilidad pública”. Se trata de un término sumamente vago e impreciso, por lo que en el decreto de concesión se debería haber especificado su contenido y motivado las razones por las que procedía concederlo, pero –como ha observado la profesora Teresa Freixes- el Gobierno no lo ha hecho y se ha limitado a enunciar una serie de conceptos etéreos e imprecisos como “concordia”, “convivencia” o “encuentro”, así como a hacer referencia a la creación de un nuevo orden, más vago e indeterminado todavía. Andrés Trapiello se ha preguntado ¿Concordia? Los nacionalistas no la necesitan, porque ya la tienen y aún queda botín apara compartir con sus seguidores. ¿Convivencia? Los nacionalistas conviven entre ellos sin problemas y ofrecen a los no nacionalistas tranquilidad por sumisión y al Gobierno por referéndum, de modo que los indultos eran la última esperanza para los creyentes: una tregua, que aprovecharían para rearmar su decaído proceso -mejor conspirar fuera que en la cárcel, hasta el golpe definitivo-, mientras Sánchez pedía a los no nacionalistas su sometimiento, pues “su alianza con los independentistas le impide amparar ni uno solo de sus derechos”. Tirando del catálogo de buenos propósitos y bellas palabras que le prepara Iván Redondo para que las vaya soltando cuando convenga, Sánchez ha afirmado que lo que tienen que hacer los políticos y los Gobiernos es “construir convivencia y unir nuestra sociedad”, y que “pocos propósitos son tan dignos de este título como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes”. Sin embargo, Sánchez es consciente de una carencia importante. Como ha señalado Teodoro León en su artículo “¿Y los otros catalanes, Sr.Sánchez?, el mayor error cometido por el presidente ha sido haber ignorado a la mitad de la sociedad civil catalana excluida por el nacionalismo. No ha tenido el menor gesto de empatía hacia quienes han sido sus víctimas directas, lo que debería ser el mínimo para un presidente que va vendiendo concordia. “Hay una deuda con ellos”. El fracaso del 1-O debe mucho a la falta del reconocimiento internacional a la independencia de Cataluña y al discurso del Rey del 3-O, pero también a la manifestación del 8-O que puso los focos en esa mitad herida de Cataluña a la que Sánchez remataba ignorándola. En su sectarismo, el presidente identifica el pueblo catalán con los nacionalistas y prescinde de los constitucionalistas, que siguen siendo mayoritario en la región. La concordia debe empezar en Cataluña por prestar atención a esa otra mitad excluida y muchas veces humillada, a la que ni siquiera se le permite estudiar en su lengua materna, que es la oficial en toda España. Según Cayetana Álvarez de Toledo en su artículo “Tenemos un plan”, hay que reconocer que Cataluña está rota y dividida en dos, y otorgar a la mitad no nacionalista lo que nunca ha tenido: presencia, prestigio, presupuesto y poder, por lo que el Estado tendría que invertir en la democratización de Cataluña. Ser nacionalista en Cataluña es una fuente de lucro e influencia, y el más eficaz ascensor social, mientras que ser constitucionalista es una ruina y supone la condena a una vida áspera y contra corriente, y esto se ha de acabar. “El reencuentro que predica Sánchez sencillamente no es viable a partir de la humillación de la mitad de los catalanes. Sólo será posible cuando la mitad constitucionalista –la que respeta la ley y las opiniones ajenas, la que entiende el valor ético y político de vivir juntos los distintos- tenga por lo menos el peso que le corresponde en la esfera pública y privada”. El narcisismo identitario seguirá anidando en el sector más cerril de la sociedad, pero se hará cada vez más débil. Nos evitaríamos el sórdido espectáculo de un Gobierno, que justifique el indulto de sus socios golpistas en que tienen una gran relevancia económica y social, “ergo” votos. “El Estado debe convertirse en una fábrica de constitucionalista. Hay que frenar la involución identitaria y dar a la libertad en Cataluña una oportunidad”. Esta petición ha sido hecha recientemente, una vez más, por Sociedad Civil Catalana, que ha manifestado que la situación actual en Cataluña condena a una sensación de abatimiento de una parte importante de los catalanes que defendieron cívicamente el pacto constitucional durante el otoño de3 2017. “Es nuestro derecho exigir que el Gobierno de España conozca y se haga cargo de este sentimiento extendido y abra de forma rápida cauces para que esta parte sustantiva de la ciudadanía catalana se sienta reconocida en su existencia y escuchada en sus demandas. Llevaremos a cabo todas las acciones cívicas y democráticas necesaria para no volver nunca a ser moneda de cambio”. El diálogo político no puede consistir en un regateo ni en una espiral de contentamiento del independentismo. Debe atender a todas las voces de la sociedad y producirse en el marco de los Parlamentos, de las Cortes y de los cauces previstos por la Constitución. “Debe atender, muy particularmente, las demandas de aquéllos que durante décadas hemos sufrido la invisibilización permanente del nacionalismo y el orillamiento habitual del poder central”. En opinión de José Ignacio Torreblanc, Sánchez sólo ofrece – vagas palabras sobre la concordia sin oferta concreta alguna. El independentismo no va a renunciar a un referéndum sobre la independencia a cambio de una consulta sobre una reforma del Estatut. Los separatistas no regresarán por la vía unilateral hasta no estar seguros de que no tendrá coste penal o que forzará una negociación avalada internacionalmente. El Gobierno y la ERC tienen un interés estratégico compartido que les une y un mismo horizonte temporal en el poder para lograr objetivos similares, y por eso se llevan bien. Sánchez necesita dos años de crecimiento a costa de los fondos europeos para revalidarse en unas elecciones. ERC quiere hacerse con el liderazgo del independentismo para ser quien pilote el próximo empujón al Estado. Cuando se agoten esos dos años, “los nacionalistas tendrán que echar cuentas y valorar si plantean una nueva consulta unilateral”. Como consecuencia de esta comunidad de intereses.se explica el apoyo de ERC al Gobierno de Sánchez y la sumisión de éste a las exigencias del partido. ERC cree –y hasta ahora no le ha ido mal- que puede conseguir importantes ventajas de su connivencia con el Gobierno central. De ahí la carta de Junqueras desde su celda -que dio a Sánchez la coartada para convencer a los críticos del PSOE de la conveniencia de los indultos- y sus desmedidos elogios de que Sánchez al calificarlo de ser el presidente “más comprometido con la democracia, el diálogo y la negociación de la última década” que había tenido España. Junqueras es consciente de que jamás tendrá un Gobiernos tan favorable a sus designios como el actual, por lo que es natural que apoye su continuidad, aunque practicando con él un chantaje modulado, para lo que utiliza a su perro de presa, Gabriel Rufián, un charnego reciclado al independentismo con aspiraciones y mala uva. Junqueras es inteligente y astuto, por lo que resulta sumamente peligroso, pese a sus apariencias de inofensivo mosén –que se lo pregunten, si no, a Soraya Sáenz de Santamaría-. Sánchez también es astuto, pero no inteligente, aunque compense esa deficiencia con su osadía, su resistencia –o resiliencia, como dicen los cursis- y su ambición. Ambos se necesitan y se complementan aunque -por motivos más que justificados- no se fíen uno del otro. Sánchez teme que Junqueras le haga ir más lejos y más rápido de lo que el desearía con el tema de Cataluña, y Junqueras se malicia que Sánchez pueda volver a las posturas del viejo PSOE si estimare que es más conveniente para conservar el poder, que es su objetivo prioritario. Como teme que podría haber ido demasiado lejos y provocado una fuerte oposición incluso dentro de su sumiso partido –las elecciones autonómicas madrileñas dispararon la señal de alarma-, Sánchez declaró solemnemente en el Congreso el pasado día 30 de junio que nunca autorizaría, ni su partido aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y sus palabras han quedado registradas en el diario de sesiones de la Cámara. La reacción de Rufíán –ignoro si “motu proprio” o a instancias del “Capo”- fue impresionante: “Vd, dice que no habrá referéndum. También dijo que no habría indultos. Denos tiempo”. Si estas palabras hubieran sido pronunciadas por un dirigente de la oposición, no hubieran extrañado a nadie, dado el récord de incumplimiento de promesas que posee el presidente del Gobierno, pero que hayan provenido del portavoz del partido no gubernamental aliado preferente “off shore”, ha sorprendido sobremanera. Sánchez ha encajado esta bofetada dialéctica con su habitual pragmatismo y estoicismo, porque “ande yo caliente, ríase la gente” y “dame pan –o votos- y dime tonto”. Habrá que ver si se trata d un rifi-rafe táctico o un cambio de estrategia por parte del presidente o de ERC. Por una vez ha habido unanimidad en el Congreso –aparte del PSOE por supuesto- entre aliados y opositores para poner en tela de juicio las palabras de Sánchez. Como ha observado Jorge Bustos, Sánchez va a sufrir lo que queda de legislatura, no por culpa de la derecha, sino de sus socios. Pasa esto por pagar chantajes como el de los indultos, pues automáticamente se ceban las expectativas de los extorsionadores. “Cuando el Estado está en almoneda y sus enemigos perciben la patética disponibilidad al trueque del Gobierno, los indultos dejan de ser un postre para convertirse en un aperitivo”. Y no les vale un NO por respuesta, porque todos saben que un NO de Sánchez por la mañana, puede transmutarse en un SÍ por la tarde Por si no fuera suficiente es esta surrealista situación, el aliado gubernamental del PSOE, Podemos, se ha dedicado a contradecir continuamente –a través de su portavoz en el Congreso, Jaume Asens- las posturas del Gobierno del que forma parte. Así, ha expresado su apoyo a la vía del diálogo adoptada por el Gobierno bipartito, y pedido al presidente que dé nuevos pasos en el “pedregoso” camino que se abre en relación con el “conflicto catalán”. En cuanto a la Mesa del Diálogo, Podemos manifestó que discrepaba de su socio mayor, ya que se podría hablar de todo- incluidas la autodeterminación y la amnistía-, porque creía que tenía encaje en la Constitución. Según Javier Redondo, cuando Sánchez dice “jamás”, quiere decir “por ahora”. Los pronunciamientos de Sánchez sobre lo que hará o no hará “jamás” carecen de relevancia porque nunca es momento de saber lo que convendrá mañana. “Su jamás pasa desapercibido porque sus palabras están programadas. La fecha de obsolescencia de este jamás es 2023”, ya que los nacionalistas de las distintas estirpes le han dado de margen hasta esa fecha para que se negocie la celebración de un referéndum pactado, so pena de regresar a la vía unilateral para la declaración de la independencia. En cualquier caso, los glosadores sanchistas ya han tratado de matizar el tajante compromiso asumido por el presidente, al señalar que la negativa a autorizar un referéndum de autodeterminación no era óbice para que se pudieran celebrar otros tipos de referéndums de carácter consultivo. El oportunista portavoz del PNV, Aitor Esteban, aconsejó a Sánchez que fuera prudente ynunca dijera nunca y -arrimando de paso el ascua a su sardina de Santurce- le instó a que iniciara un diálogo fructífero que partiera de la realidad de España, teniendo en cuenta las “·identidades nacionales”, como las del Pais Vasco y de Cataluña, ¿Aguatará este galimatías toda la legislatura? Desarticulación del Tribunal de Cuentas Tras haber realizado una campaña de descrédito de la judicatura española y de la sentencia del TS sobre el “procés”, el Gobierno de Sánchez ha iniciado otra para presionar al Tribunal de Cuentas a fin de que deje sin sanción económica la malversación de los separatistas. De ahí las afirmaciones del “kamikaze” del sanchismo, José Luis Ábalos -ese zote que rivaliza con su jefe en el arte de mal mentir- de que la fiscalización del dinero público por el Tribunal era una piedra en el camino hacia la concordia, que había que ir “desempedrando” tal como le exigía ERC, y de la ministra/o/e de Igualdá, Irene Montero, de que había que exonerar a los defraudadores de su responsabilidad económica, para desjudicializar el problema y eliminar todo lo que no fuera eminentemente político. Estas declaraciones constituían unairresponsable intimidación sobre los funcionarios del Tribunal y sobre la Abogacía del Estado, que hasta entonces había apoyado la depuración de su responsabilidad contable, al pronunciarse por la desestimación de los recursos presentados por los 40 implicados. Uno de ellos, Josep Rull, le ha tomado la palabra a Ábalos y le ha instado a que, -si quería desempedrar el camino- apartara a la Abogacía de un proceso que afectaba gravemente la situación económica de muchas familias. Alexandre Mas. profesor de Economía Laboral en la Universidad de Princeton e hijo de otro de los implicados, Andreu Max-Colell –antiguo Consejero de Economía de la Generalitat- movilizó a todo el profesorado de Economía de Estados Unidos para quejarse de que su ilustre progenitor corría el riesgo de expropiación injusta de sus propiedades y embargo de sus bienes sin juicio alguno, y 53 profesores –incluidos 33 premios Nobel de Economia-reaccionaron solidaria y corporativamente escribiendo una “Carta en apoyo de Mas-Colell”. El Foro de Profesores elaboró una respuesta a los 53 indocumentados líderes de la economía norteamericana informándoles sobre la situación, poniendo los puntos sobre las íes, destacando que ser un genio de las finanzas no exoneraba al profesor catalán de sus responsabilidades como político y señalando que el órgano responsable de revisar la utilización de los caudales públicos, el Tribunal de Cuentas concluyó–tras la debida investigación- que Max Colell había defraudado €2.803.100 al erario público y que el conjunto de defraudadores debería devolver €5.42 millones al Estado. El presidente de la Academia Europea, David Coates, se hizo eco de la campaña norteamericana y envió un carta circular a los miembros de la Academia instándoles a que firmaran un documento en apoyo de Max-Colell. El académico José Domínguez, Abascal, profesor de la Universidad de Sevilla, le contestó mostrando su extrañeza porque le pidiera la firma de una declaración sin haber enviado una información completa sobre las actividades de Max-Colell por las que había sido investigado y condenado por el Tribunal de Cuentas. Tras aclararle la situación, le indicaba que la Academia pretendía cuestionar injustificadamente al Estado de Derecho una de las pocas democracias plenas del mundo. Max-Colell era un científico eminente, pero se le había investigado por ello sino por su actuación defraudadora durante su etapa de Consejero de Economía del Govern. Coates aceptó los argumentos de Domínguez y escribió una carta a los miembros de la Academia, en la que reconocía haber actuado sin tener suficiente información y pedía disculpas por su desacertada iniciativa. Sánchez y la Generalitat han continuado con su campaña de descrédito del Tribunal de Cuentas. El abogado del Govern ha llegado a mantener que los diputados democráticamente elegidos no podían tener responsabilidad contable por sus actuaciones políticas. La acción exterior de la Generalitat era una competencia establecida en el Estatut y reconocida por el Tribunal Constitucional, y el Gobierno central nunca había impugnado los planes de acción exterior. Sánchez declaró erróneamente que el Tribunal era una instancia administrativa y que resultaba anómalo que estuviera integrado por una mayoría de consejeros designados a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, incluida la antigua Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Sánchez se ha rasgado farisaicamente las vestiduras por la presencia en el Tribunal de una antigua ministra del PP -correctamente elegida conforme a las normas pertinentes- cuando él ha nombrado Fiscal General del Estado a la que era su ministra de Justicia, en contra del principio de independencia de esta institución. Además se equivoca en su estimación, porque el Tribunal no es una instancia administrativa, sino jurisdiccional Según la Constitución, es el supremo órganos fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y depende de las Cortes, a las que –sin perjuicio de su jurisdicción- deberá enviar un informes anual sobre su actividad (artículo 136). Tal ha sido el grado de los ataques recibidos desde el Gobierno, que el Tribunal de Cuentas ha tomado la inhabitual decisión de formular un comunicado oficial para rebatir estas críticas, que -aunque no haya mencionado explícitamente al Gobierno- van implícitamente a él dirigidas. Ha señalado que el Tribunal ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos. Su misión es contribuir a la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos “desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional”. Los Consejeros del Tribunal son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos por el Congreso y el Senado, y son independientes e inamovibles. Es un órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan sólo al ordenamiento jurídico. Los informes de fiscalización son aprobados por el Pleno del Tribunal y no pueden ser modificados por otras instancias ni recurridos. Sólo sus sentencias sobre desvíos de fondos son recurribles ante el Tribunal Supremo. El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que deje de actuar y ésta ha anunciado que no presentará demanda contra los defraudadores, desmarcándose así de la Fiscalía del Tribunal. La ha retirado del proceso, pese a ser el Estado la parte ofendida, so pretexto de que no era éste la parte perjudicada, sino la Generalitat. y el Gobierno de Sánchez ha renunciado a perseguir la malversación por el referéndum ilegal del 1-O. Gracias a este Señor, tenemos el dudoso honor de permanecer continuamente en vilo con la incertidumbre sobre el presente y el futuro de España. Madrid, 2 de julio de 2021