Los
separatistas siguen intentando llevar adelante el lamentable proceso de
creación de una República independiente en Cataluña. En las últimas semanas se han producido algunos acontecimientos
relevantes como el Auto de procesamiento por parte del Magistrado Instructor
del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, de varias autoridades catalanes –y
ulterior encarcelamiento de Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva, Dolors Bassa
y Carme Forcadell-, la detención en Alemania
de Carles Puigdemont y los intentos del Presidente del Parlament, Roger Torrent, de presentar tres candidatos enjuiciados
para su investidura como Presidentes de la Generalitat.
Menos mal que
Montesquieu no ha muerto
Según Felipe González, hemos
judicializado la política porque, como políticos, somos unos inútiles. Nos
amparamos en las togas a ver di alguien nos resuelve los problemas y, “cuando perdemos, vamos a que lo resuelvan
los jueces. En efecto, desde la Declaración de soberanía del Parlament en 2013, el Gobierno central ha escurrido el bulto y dejado
en manos de los jueces la respuesta al desafío separatista. Como ha observado
Lucía Méndez, los independentistas fueron dando pasos de gigante en su
desobediencia a las leyes y a las sentencias en una abierta insumisión al
Estado de Derecho ante la inacción del Gobierno, por lo que se fueron éstos creciendo
en vista de la impunidad con la que podían actuar. Resulta curioso que, en el
recurso presentado al TS contra el auto
de su procesamiento, Puigdemont haya alegado que, hasta la causa del 9-N por la
celebración del primer seudo-referéndum ilegal de 2014, nunca se había
criminalizado la desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional
(TC). Por
ello se habían sentido impunes y siguieron incumpliendo las
sentencias.
Efectivamente, la lenidad de los
sucesivos Gobiernos centrales ante el flagrante incumplimiento del las
sentencias de los Tribunales por parte de la Generalitat
llevó a los dirigentes catalanes a considerarse impunes, por lo que se sorprendieron
sobremanera cuando a principios de este año los jueces Carmen Lamela y Pablo Llarena
pusieron entre rejas al “procés” con
las primeras decisiones sobre prisiones preventivas de líderes políticos y
sociales. Si del Gobierno hubiera dependido, no se habrían producido encarcelaciones
de políticos, pues está deseando dejar de aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución para
atender al chantaje del PNV, con el fin de que los votos de sus cinco diputados permitan la aprobación
de los Presupuestos Generales de este año, como se ha puesto de manifiesto con
la propuesta del Fiscal General, Julián Sánchez Melgar, de liberar al ex
–Consejero de Interior, Joaquín Forn, pocos días después de haber defendido
motivadamete lo contrario. El impecable auto de Llarena es una prueba de cargo
de la incapacidad del Gobierno para detener la rebelión de unos políticos
oportunistas al ampara de las instituciones autonómicas. Por fortuna –y mal que
le pese a Alfonso Guerra- el Barón de Montesquieu sigue vivo y coleando. El TC
y el TS –y de forma especial el Magistrado Instructor Llarena- han echado a sus
espaldas la defensa del Estado de Derecho y a liderar el combate contra los que
pretenden desguazarlo. El propio Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis,
lo ha reconocido al afirmar que “lo que
ha sido una victoria del Estado ha sido la actuación continuada de los jueces”.
Como señaló en su día John F. Kennedy, en un Gobierno de leyes, “ningún hombre tiene derecho a desafiar a un
tribunal de justicia”, por lo que cabe deducir que el de la Generalitat
no era un “Govern de leyes”.
Como ha señalado “EL Mundo”, el separatismo buscó, alentó y perpetró un choque
frontal con la democracia. Por ello, la decisión adoptada por Llarena de
prisión incondicional de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell era la
consecuencia lógica de su auto de procesamiento. En él afirmaba que el
separatismo había realizado un ataque al Estado constitucional “que integra una gravedad y persistencia
inusitadas, y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno”. Habían
construido la tramoya necesaria para proclamar una República independiente, “siendo conscientes de que se podrían
producir hechos violentos”. Como consideró que el independentismo
reanudaría su diseño criminal una vez que recuperara el pleno control de las
competencias autonómicas, advirtió al Gobierno de que debería analizar con
cuidado el riesgo que conllevaría levantar la aplicación del artículo 155, ya
que la acción emprendida para vulnerar el marco constitucional no era un acto
del pasado, sino que continuaba vivo. Al apreciar grave riesgo de fuga de los
procesados dada la continuidad de la deriva separatista –como quedó probado con
la realizada por Marta Rovira-.el Instructor mantuvo la prisión preventiva incondicional.
Ya al conocer la convocatoria de Llarena a los encausados, el Presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó con
nocturnidad y alevosía un Pleno extraordinario y urgente para investir a Turull
con Presidente de la Generalitat , pero la
abstención de la CUP
en la votación desbarató sus propósitos. La detención de Puigdemont en Alemania
ha trastocado la dinámica del “procés”
y va a obligar a los separatistas a buscar –tras los fracasos de las
candidaturas de Puigdemont, Jordi Sánchez y Turull- una
fórmula “D” que les permita imponer en la Presidencia de la Generalitat a un candidato independentista que trate de
culminar el proceso de creación de la República.
Detención de
Puigdemont en Alemania
En su ansia de seguir atacando
la credibilidad de España y aprovechándose de la tolerancia –cuando no
connivencia- de algunos Gobiernos como el belga, el danés o el suizo,
Puigdemont ha estado revoloteando por Europa hasta que, víctima de su
arrogancia y su exceso de confianza, tras abandonar Finlandia de forma
rocambolesca al saber que el Código Penal de este país condenaba la rebelión,
ha caído en manos de la justicia de Alemania,
donde es probable que encuentre la horma de sus volatineros zapatos. Horas
antes de su arresto, la ninfa egeria del independentismo de TV-3, Pilar Rahola,
lanzó un mensaje triunfalista en el que afirmaba que Puigdemont era “el puto amo” y que se había marchado de
Finlandia para eludir la Orden Europea
Como ha
observado Enrique Gimbernat, en la tramitación de la OEDE no intervienen los
Gobiernos, sino las autoridades judiciales, siempre que el delito por el que se
solicita figure en un catálogo cerrado, en el que figuran la malversación pero
no la rebelión. Para que se pueda aplicar a este supuesto se requiere la doble
tipificación, tanto por parte del Estado solicitante como del solicitado, y el delito de rebelión se
corresponde con el de alta traición en el Código Penal alemán. Según su
artículo 81, “el que con violencia o con
amenaza de violencia tratare de menoscabar la integridad de la República Federalla Ley Fundamental
El Juzgado competente
de Neumünster decretó la prisión incondicional de Puigdemont hasta que la Audiencia Territorialla
OEDE , porque “no puede
garantizar que el
OEDE, porque “no puede
garantizar que el detenido permanezca en OEDE,
Abonan la esperanza de que Puigdemont sea entregado a las autoridades
judiciales españoles dos hechos: la prohibición en Alemania de los partidos
políticos partidarios de la romper la integridad territorial del Estado o de poner
en peligro la existencia de la República
Federalla República Federalla Constitución ”. El periódico “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ha justificado la entrega del ex –President porque están en juego los
cimientos mismos del Estado constitucional. El “procés” catalán suponía una coacción continua y la supuesta
voluntad de diálogo de los independentistas era más que un engaño. Para el
diario berlinés “Der Tagespiegel”, el
alegato de que los Tribunales españoles habían procesado a Puigdemont por sus
ideas no resistía a una revisión sería. El periódico bávaro “Süddeutsche Zeitung”, en cambio, ha
estimado que, tras el procesamiento de Puigdemont había una motivación política
y que el delito de rebelión no tenía su parangón en el Derecho alemán.
El problema
que se plantea es si en la conducta de Puigdemont ha habido violencia o amenaza
de ella. En su recurso ante el TS, Puigdemont ha alegado que, ni en los
altercados del 20 de Septiembre ante la Consejería de Economía, ni durante la jornada
electoral del 1-O se habían producido actos de violencia. Los manifestantes se habían
limitado a resistir de forma pasiva a las Fuerzas de Seguridad y sólo “en algunos casos excedió claramente los
límites del cumplimiento de sus deberes” y, en tales supuestos puntuales, los
responsables serían en todo caso sus autores y no Puigdemont. Aparte de la
fragilidad de estos argumentos, la defensa del ex-Presidente de la Generalitat ha ignorado que tan violentos son los
que realizan actos de fuerza o de coacción, como quienes los inspiran o
alientan. El Presidente y otros miembros del Govern incitaron a la muchedumbre a la desobediencia y a la
resistencia a las fuerzas del orden, y el propio Puigdemont transmitió el
siguiente mensaje a los rebeldes: ”Vuestra
solidaridad, afecto y compromiso nos
alienta.¡Seguimos!”.
El Fiscal
General de Schlewig-Holstein ha dado por buenos los fundados argumentos de Llarena
en su OEDE y ha propuesto a la
Audiencia del land que
conceda la entrega de Puigdemont a las autoridades judiciales españolas, al
considerar que los delitos de rebelión y de malversación por los que se ha
invocado tienen su equivalencia en el
Código Penal alemán. Ha aceptado que “la
acusación de rebelión contempla esencialmente la celebración de un referéndum
inconstitucional, a pesar de que eran
de esperar enfrentamientos violentos”, como habían advertido al Govern el propio Mayor de los Mossos.
José Luis Trapero.
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