Cuando un político no dimite a su debido tiempo

CUANDO UNA POLÍTICA NO DIMITE A SU DEBIDO TIEMPO Llevaba algún tiempo queriendo hacer un comentario sobre el “Caso Cifuentes”, que ya tenía más o menos pergeñado, cuando se han precipitado los acontecimientos y la resistencia numantina de la ex –Presidenta de la Comunidad de Madrid a ejercer el saludable derecho y deber de dimitir se ha desmoronado y la ha obligado a hacer mutis por el foro a causa de un estúpido mini-latrocinio de colegiala contestataria –un “error involuntario”, según la protagonista-, que resulta fácil de perdonar en una adolescente, pero no tanto en una veterana política que adoptó como lema “Corrupción cero, levantar alfombras y regenerar la vida política, caiga quien caiga”. Lo que son los avatares y sorpresas que nos depara la vida política. Al final, ha sido la supuesta adalid de la lucha contra la corrupción la que ha caído “por do menos pecado había”, a diferencia del Rey godo Don Rodrigo. Ha pisado muchos callos en su afán de “desageuirreizar” la Comunidad de Madrid y al final ha sido víctima de una lamentable “vendetta” –al parecer provocada por “fuego amigo”- y, por no dimitir a su debido tiempo con dignidad, se ha visto envuelta en el lodazal de la indignidad. No quisiera “hacer leña del árbol caído”, pero creo necesario hacer un juicio crítico de las políticas seguidas por Cristina Cifuentes, que ha sido objeto de un tratamiento nauseabundo por el video de marras. Desde el punto de vista humano, lamento la forma en que ha sido desplazada del poder autonómico y me solidarizo con ella, pero ello no es óbice para que me haya alegrado de su marcha, pues ha adoptado en muchos temas una política equivocada y ajena a los principios básicos que el Partido Popular ha mantenido hasta ahora en sus Estatutos, aunque no siempre los haya seguido en la práctica. El “Caso del Master fantasma” La actitud de Cifuentes en el “affaire” del Máster regalado por la Universidad Rey Juan Carlos ha sido deplorable. En vez de confesar desde que se hizo público el asunto que se había equivocado y pedir disculpas por ello, ha seguido la táctica “marianista”” de “mantenella y no enmendalla”. Mintió descaradamente sobre la elaboración y presentación de su tesina, una especie de OVNI universitario -“Objeto Volante no Identificado” ni en la Universidad ni fuera de ella-, y le ha echado la culpa al mensajero, la URJC, que tiene buena parte de ella y deberá rendir cuentas a la sociedad, a pesar del corporativo manto protector que sobre ella ha extendido el Consejo de Rectores. Aquí cabe hacerse la pregunta de rigor de de “Qui prodest?”. Es evidente que la principal beneficiada de la chapuza –que podría ser algo más, al haber pasado el caso a manos de la Justicia- es evidentemente Cifuentes. Aún concediéndole el beneficio de la duda y la presunción de inocencia de que ella no fue responsable del fraude y de las falsificaciones de las firmas y de las correcciones ilegales de las actas, a la larga se ha beneficiado de ellas. Ya entonces debería haber presentado Cifuentes su dimisión, no tanto por haberse lucrado de un título universitario “de bovilis bovilis”, como por haber mentido en la Asamblea de Madrid. Es un caso semejante al de Richard Nixon, que tuvo que dimitir de la presidencia de Estados Unidos, no por el espionaje realizado por sus servicios secretos al Partido Demócrata –labor a la que los partidos tienden a incurrir al margen de cualquier principio ético-, sino por haber mentido en el Congreso. Semejante trapacería es una de las pocas cosas que un político no puede permitirse. Como hicieron los periodistas norteamericanos decon la pregunta retórica de “¿compraría a este induviduo un coche de segunda mano?”, los medios de comunicación españoles han deteriorado con saña la imagen privada y pública de Cifuentes. Moción de censura El PSOE aprovechó gustoso la ocasión para presentar una moción de censura, pese a que Cifuentes ni siquiera había sido imputada, y proponer a un renuente Ángel Gabilondo como candidato a la Presidencia de la Comunidad. Podemos (Ps) la apoyó de inmediato y sin condiciones, porque su objetivo primordial era echar al PP del Gobierno autonómico como fuera. Ciudadanos (Cs) –aliado parcial del PP, con el que firmó un Plan de Gobierno y al que ha apoyado hasta ahora desde fuera- se convirtió en la pieza clave del rompecabezas madrileño. Ha utilizado con pragmatismo y oportunismo su espíritu regenerador, que pierde intensidad en cuanto cruza Despeñaperros, y aplicado distinta vara de medir. Su espíritu de Torquemada se desvanece cuando se topa con la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que no osa hacer ni un rasguño, pese a que los Jueces hayan imputado a algunos de sus colaboradores. En Madrid es diferente y Albert Rivera pidió la cabeza de Cifuentes por su pifia del Máster, aunque ni siquiera hubiera sido imputada y que el fraude de ”titulitis” universitaria fuera una práctica relativamente habitual entre las mejores familias y los mejores partidos, incluido el suyo. Se daba la paradoja de que la persona que debería presentar la moción de censura –el Secretario General del PSOE madrileño, José Manuel Franco- había incluido en su “currículum vitae” una licenciatura en Matemáticas que sólo existía en su imaginación. Aquí vienen a colación las palabras de Jesús a los apedreadores de la adúltera:”El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Su hubiera algún insensato que lo hiciere –pues de todo hay en la viña del Señor-, la piedra retornaría como un “boomerang” para destrozar el tejado de vidrio del partido correspondiente. Mención especial merece el diputado de “En Marea-Podemos”, Juan Merlo, que ha sido el único que ha tenido la decencia de presentar la dimisión por haber inflado su “c.v.” con un inexistente título de Ingeniero. Lo último que interesaba a Cs era que el PSOE accediera a la Presidencia de Madrid por la puerta de atrás. Tampoco podía desaprovechar la ocasión para atacar al PP, a través de Cifuentes, en su guerra civil abierta para conquistar el espacio político de centro-derecha. Tenía que buscar un motivo para poder explicar a la opinión pública su apoyo a la moción de censura y lo encontró en la propuesta de crear una Comisión de Investigación. Tras no lograr llegar a un acuerdo a tal efecto con el PP, Rivera lanzó su ultimátum de que apoyaría la moción de censura socialista si Cifuentes no presentaba su dimisión. Mariano Rajoy –que apoyó sin entusiasmo a la Presidenta de la Comunidad casi hasta el final- ha seguido una táctica de maquiavelismo de Casino de pueblo, no exenta de riesgos, con el fin a poner a Cs entre la espada y la pared y situarlo en el disparadero de su chantaje. Se ha producido entre las dos formaciones una irresponsable carrera de coches a la americana, en la que dos vehículos se dirigen a toda velocidad hacia el precipicio y gana la apuesta el conductor que aguante más tiempo al volante y salte antes de que el coche se desplome en el abismo. El problema era que un posible error de cálculo podía provocar que se despeñara uno de los vehículos o incluso los dos. La situación me recuerda el episodio del “Decameron” de Giovanni Boccaccio, en el que dos cortesanos que se odiaban a muerte pidieron al Rey que sancionara al adversario. El monarca puso como condición que el castigo a infligir afectara a ambos, de modo que, si a uno se le cortaban los dos brazos, orejas o piernas, al otro se le cortara uno. Era tal su odio que aceptaron los términos reales y, al cabo del tiempo, los dos quedaron tullidos e insatisfechos, ante el regocijo de los demás cortesanos que se aprovecharon de la situación de inferioridad física de los contrincantes.. Cifuentes se aferró al cargo y se negó a dimitir -alegando que no había hecho nada ilegal-, salvo que se lo pidiera el Jefe de su partido. Rajoy, que no es capaz de pedir ni la hora si ello puede causarle alguna molestia o perjuicio, mantuvo su apoyo a la Presidenta, que había dado a su juicio explicaciones más que suficientes, y pidió a Cs y demás partidos que ajustaran las palabras a los hechos, con su popular dicho “consejos vendo que para mí no tengo”-. Con gran irresponsabilidad y falta de respeto a su formación, Cifuentes dinamitó el éxito de la Convención del PP en Sevilla –cuyos militantes sorprendentemente premiaron con una ovación- y la reunión, que supuestamente debía relanzar al PP andaluz con vistas a las elecciones autonómicas, fracasó al convirtirse en el Congreso de Cifuentes. Ésta se ha visto obligada a dimitir por sus propios errores, pero, antes de caer, lanzó un torpedo contra la línea de flotación de la Administración de su predecesora Aguirre con la denuncia a los Tribunales del “Caso de la Ciudad de la Justicia”, que ha resultado ser un proyectil-boomerang que se ha vuelto contra ella. ¡Descanse políticamente en paz! Corrupción política y actitud anticristiana de Cifuentes La gran enemiga de la corrupción no ha podido escapar de ella. Cuando se habla de corrupción se piensa en los políticos que se lucran económicamente con el ejercicio del poder o de la administración, pero hay otros tipos de corrupción. La Real Academia de la Lengua la define como “en las organizaciones, especialmente en las públicas, practica consistente en la utilización de las funciones y los medios de aquéllas en provecho económico o de otra clase de sus gestores”. Se trata de un abuso del poder, por el que los políticos se extralimitan en sus competencias e imponen su voluntad sobre los ciudadanos, en ocasiones saltándose las leyes o incumpliendo las sentencias de los tribunales. Cifuentes ha incurrido en más de una ocasión en abuso de poder y en falta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños. Se ha autocalificado de agnóstica –allá ella con su conciencia-, pero en su actuación política ha mostrado un militante espíritu anticristiano. Cuando se debatió la revisión de los Estatutos del PP, propuso la supresión de la palabra “cristiano”, so pretexto de que una convicción religiosa no podía estar en la base de una formación política, pero su propuesta fue rechazada por amplia mayoría. Poco ducha en Historia, la ex –Presidenta ignoraba el papel de los partidos democristianos en la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial y en la fundación de la Comunidad Económica Europea, de la que sus dirigentes más destacados –Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer o Alcide De Gasperi- fueron fervientes católicos que dejaron la impronta cristiana en la Comunidad Europea. Se ha pronunciado a favor del aborto –incluida la adopción de una ley de plazos- en contra de las tesis hasta ahora mantenidas por el PP y ha propuesto la retirada del recurso presentado en 2010 por el partido ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de salud reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo El partido incluyó en sus Estatutos su “compromiso con el derecho a la vida” y, en el Programa Electoral de 2011, afirmó que cambiaría la regulación vigente del aborto para “reforzar la protección del derecho a la vida”. Parece ser que el PP se ha arrepentido de haber presentado el recurso contra la “Ley Aído” y, durante la legislatura en que contó con mayoría absoluta en las Cortes, no hizo apenas nada para modificar dicha Ley –impuesta por el rodillo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, salvo en la cuestión menor de exigir la venia paterna para que las niñas menores de edad pudieran abortar. Culminó su política de freno y marcha atrás con la retirada del anteproyecto de Ley de de protección de los derechos de los concebidos y de la mujer embarazada presentado en 2013 por el entonces Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón . También el TC tiene sus dudas hamletianas al respecto y, ante la opción de reiterar lo afirmado en su sentencia 53/1985 de que “los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre los del nasciturus” y de que su protección “encarna un valor central del ordenamiento constitucional”, o cambiar su jurisprudencia y mostrarse sensible a los cantos de sirena del laicismo y del poderoso bloque LGTBI, se ha inclinado por un inadmisible silencio que dura ya ocho años. Durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cifuentes forzó a la Junta Electoral a que prohibiera la campaña de algunas asociaciones católicas que ponían de manifiesto la postura pro-abortista de la Presidenta. El Tribunal Supremo (TS) le propinó un buen rapapolvos por no haber tenido en cuenta postulados constitucionales básicos. El Tribunal levantó la ilegal prohibición con el argumento de que “establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricción de derechos fundamentales”. Cifuentes apoyó –en contra de la opinión mayoritaria del PP- la iniciativa de Cs de regular el delicado tema de la “gestión subrogada” de los de vientres de alquiler” y amparar una conducta que permite el tráfico de bebés. Asimismo se opuso a la postura de su partido de rechazar la legalización de los matrimonios homosexuales y propuso retirar el recurso contra ellos presentado ante el TC. Fue la primera Presidente de la Comunidad que izó la bandera arco iris en su sede de la Real Casa de Correos con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay y el pasado año encabezó –del bracete con la Alcaldesa de Ahora Madrid-Podemos, Manuela Carmena- la gran manifestación que se celebró para conmemorar ese día. Ley madrileña contra la LGTIfobia Pero donde ha llegado la culminación de su política de abuso de poder ha sido con la adopción de la Ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, en la que se discrimina a la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños que no forman parte del colectivo LGTBI. Ya hace un año escribí un artículo titulado “Exuberante exaltación del Movimiento LGTBI: Para exigir respeto hay que respetar”, en el que criticaba la citada Ley por razones jurídicas y éticas, por lo que me limitaré a reproducir algunas de mis conclusiones de entonces. La Ley establece que todas las personas LGTBI –se añadió la “I” de “intersexuales” al tradicional colectivo LGTB- tendrán derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida y a recibir protección efectiva, lo que no impedía que se adoptaran medidas específicas a su favor para compensar las desventajas que les afectaban –o sea, igualdad y media-. La Comunidad elaborará una estrategia integral de educación y diversidad sexual y expresión de género, que se aplicará a todos los niveles y etapas formativas, y que será de obligado cumplimiento en todos los centros educativos. La Consejería de Educación incorporará la realidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado en las materias en que sea procedente, lo que abre el camino a la imposición “velis nolis” de la ideología de género en las escuelas de Madrid. La Ley ha conculcado el artículo 27-3 de la Constitución (CE), que prevé que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Con la adopción de una ley como ésta –y otras similares adoptadas en Comunidades regidas por el PP, como Galicia o Murcia- difícilmente tiene el partido fuerza moral y jurídica para oponerse en el Congreso al Proyecto de Ley contra la discriminación sexual presentado por Ps. La ley crea por la vía administrativa –al margen de la judicial- una serie de infracciones imprecisamente definidas, como utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual en cualquier medio de comunicación, intervenciones públicas o redes sociales; no facilitar la labor de colaboración con la acción investigadora de los Servicios de Inspección; realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público; o discriminar a un trabajador por su orientación sexual, “se ésta real o percibida”. Considera falta muy grave “la promoción o realización de terapias de aversión o conversión con finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por una persona sometida a tales terapias”-definidas las mismas como ”las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole, que persigan la modificación de la orientación sexual o la identidad de género de una persona”. O sea, que la decisión inquisitorial del colectivo LGTBI se puede imponer sobre la libre voluntad de una persona de realizar las terapias que estime oportunas. Siguiendo el carácter antijurídico de la norma, la Ley incluye una disposición sobre “inversión de la carga de la prueba”, de modo que, si una persona aporta indicios racionales de haber sido insultada o discriminada, a aquél al que se atribuya dicha conducta corresponderá “la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Existe, pues, una presunción “iuris tantum” en contra del acusado, que deberá probar su inocencia. La Ley prevé la imposición en un procedimiento administrativo para-judicial de multas que `pueden llegar hasta 45.000 euros, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden”. A saber, si un miembro del colectivo LGTBI, por ejemplo, percibe o tiene la impresión de que una persona lo ha insultado o discriminado, puede denunciarla ante las autoridades administrativas y el acusado tendrá que probar su inocencia. ¡Muy democrático, Sra Cifuentes!. Esta Ley incumple lo dispuesto en el artículo 81 de la CE que establece que el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas deberá hacerse mediante una ley orgánica adoptada por mayoría absoluta del Congreso. El derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral conforme con sus convicciones no puede ser derogado por una ley ordinaria de una Comunidad, que además establece importantes sanciones administrativas por unas supuestas infracciones insuficientemente tipificadas y que se impone a través de un procedimiento carente de las mínimas garantías procesales. La Ley contiene muchas otras disposiciones igualmente injustas y disparatadas, pero creo que basta con mencionar las principales de ellas para no alargar el artículo. La Administración Cifuentes ha aplicado con severidad y convicción estas absurdas disposiciones, como se ha puesto de manifiesto con las sanciones impuestas en tres ocasiones por otras tantas infracciones. 1) Colocar una pancarta en un autobús con u lema tan evidente como el de que “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”, que provocó una denuncia ante los tribunales por tratarse de una frase “ultrajante y ofensiva”. El Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid rechazó la demanda por estimar que su contenido no traspasaba el límite del derecho a la libertad de expresión, y que los hechos denunciados no eran constitutivos de infracción penal. Pese a esta decisión judicial, Cifuentes impuso una multa a la Asociación“Hazte Oír”. 2) Publicar y distribuir un libro titulado “¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?: Los planes de adoctrinamiento sexual”. Pese a ser desautorizada por el TS, Cifuentes impuso a la Asociación editora un sanción de €1.500. 3) Escribir una carta a los padres de los alumnos del Colegio Juan Pablo II en la que les informaba sobre los planes de imponer la enseñanza de la ideología de género. La Administración abrió un expediente sancionador contra el Director del Colegio en contra del criterio de la Inspección de Educación. Por todo lo expuesto, no voy a arrojar una sola lágrima por la marcha de Cifuentes, antes al contrario, pues creo que algunas de sus actuaciones han sido nefastas para los ciudadanos madrileños. Le deseo todo género de venturas personales, incluso si sigue en la vida pública, como parece ser el caso, ya que no ha renunciado a su acta de diputada autonómica. Quizás tendría que buscar una nueva ubicación política en otro partido en el que se encuentre más cómoda, como sería el caso Cs o el propio PSOE. Siempre ha actuado como un “verso suelto” en el seno PP, pues –pese a provenir del granero conservador de las Juventudes de Alianza Popular- ha ido adoptando un supuesto “look” progresista –conducción en moto, chupas de cuero, alineamiento LGTBI, participación en manifestaciones…-, que encajaba mal con los fundamentos ideológicos del PP, basados en el humanismo cristiano, pero que le han dado ua cierta popularidad. Aunque puede que haya llegado el momento en que, cuando el partido está renunciando a sus principios y a su identidad tradicionales, quizás vuelva a sentirse a gusto en él, y sea el electorado cristiano de centro-derecha el que tenga que buscar su reubicación, lo que no resultará tarea fácil por falta de un adecuado interlocutor. Madrid, 28 de Abril de 2018