CUANDO UN MINISTRO CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE APOYA A LOS INDEPENDENTISTAS Si el PP montara un circo le crecerían los enanos. Los últimos liliputienses del Partido de la Gaviota atienden por los nombres de Cristóbal y Cristina. .El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, ha afirmado en numerosas ocasiones que ni un solo euro de dinero público había sido utilizado para financiar el “procés” y el Presidente Mariano Rajoy corroboró semejante aserto. Hace un par de meses, Albert Rivera preguntó a Rajoy si –tal como había afirmado el titular del Juzgado nº 13 de Barcelona- parte del dinero con que se financió el referéndum ilegal del 1-O procedía del Fondo de Liquidez Autonómico y el Presidente del Gobierno contestó que de ninguna manera. Sin venir a cuento –o sí, como diría Rajoy- Montoro concedió recientemente una entrevista al diario “El Mundo”, en la que señaló que el Estado podía impedir presupuestariamente la independencia de Cataluña y lo estaba haciendo. Ya se había cubierto de gloria y confirmó sus escasas dotes de pitoniso cuando, el 31de Agosto de 2017 declaró que, “con toda seguridad”, no iba a a celebrarse el referéndum porque no había presupuesto, pero –como las “meigas” en Galicia que “haberlas, haylas”- se celebró mal que bien un simulacro de referéndum ante la impotencia del Gobierno central. El Ministro dijo taxativamente a su etrevistador:”Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no fue con dinero público”. Los separatistas no utilizaron dinero público para perpetrar el golpe de Estado, que se llevó a cabo con coste cero para las arcas públicas. Señaló que su Ministerio tenía desde Septiembre de 2017 el control de los 35.000 millones de euros que manejaba la Generalitat intervenida y que el sistema finalista de control de pagos funcionaba. Si dinero público fue a para al procés, sólo habría ocurrido mediante un delito de falsificación de algún funcionario conchavado con algún promotor de la causa. Las declaraciones de Montoro se produjeron en pleno proceso de tramitación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) presentada por el Magistrado-Instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (AT), para la entrega de Carles Puigdemont a las autoridades judiciales españoles por la comisión de sendos delitos de rebelión y de malversación. Sus tajantes afirmaciones suponían un sabotaje de la Euroorden, pues contradecían los argumentos y pruebas recogidos en el auto del TS y respaldaban la tesis de las defensas de los acusados, que han mantenido que difícilmente podían haber cometido un delito de malversación cuando el propio responsable de la Hacienda española afirmaba que ni un solo euro del erario público había sido utilizado para la financiación del referéndum. El portavoz económico del PDeCat, Ferrán Bel, ha comentado que Llarena quería “sostener al precio que sea una instrucción plagada de fantasías delirantes” frente a un Ministro que quería justificar su propia actuación, y pedido al Instructor que envíe a la AT las declaraciones de Montoro. El Ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha encontrado “legítimo” que los abogados de los encausados aprovechen la oportunidad que les ha brindado las afirmaciones de Montoro, para consolidar sus argumentos ante la Justicia de Alemania, Bélgica y Escocia. Señaló de forma sorprendente que no había discrepancia alguna entre el Ministerio de Hacienda y el Instructor del TS, si bien admitió que la controversia estaba aportando combustible a la campaña secesionista para conseguir la exculpación de Puigdemont. Recordó que había sido el Gobierno el que había impugnado la adscripción por la Generalitat de 5 millones de euros en su presupuesto para celebrar el referéndum y el que había intervenido las Cuentas de Cataluña y hecho una comprobación contable regular y continuada de las mismas. Añadió que de la información contable de que disponía el Gobierno no se desprendía que ningún dinero público hubiera sido destinado a cubrir los gastos de la consulta, si bien habría que verificar la verosimilitud de las Cuentas cotejándolas con los datos aportados por la Guardia Civil, que acreditaban la malversación de casi dos millones de euros. En efecto, la investigación policial ha identificado el gasto de €224.835 para crear un censo electoral de catalanes residentes fuera de España, de €227.804 para la campaña publicitaria institucional, de €979.661 para la impresión de papeletas y otros materiales electorales, de €61.879 para gastos de correo, de €119.700 para cubrir los costes de la visita de los observadores internacionales y de €17.690 para el alquiler del Teatro Nacional de Cataluña. Todo ello sin contar la adscripción ilegal de ciertos gastos generados por la preparación y la realización del referéndum a diversas partidas de las distintas Consejerías, y aún habría que añadir las considerables sumas de dinero aportadas al procés por la Asociación Nacional Catalana y por Omnium Cultural con cargo a las generosas subvenciones otorgadas a estas asociaciones por la Generalitat. Como ha señalado Francisco Rosell, si se sigue la pista del dinero se encontrará y se desenredara el ovillo del delito de malversación. A nadie se le escapa que el proceso separatista se ha hecho a cargo del Tesoro Público sin distinción ni recato. Fundamentalmente porque -como evidencia el Auto de Llarena- todo se ha consumado a la luz del día, sin que el Gobierno las fuerzas constitucionalistas quisieran ver lo que tenían a la vista hasta rozar lo irremediable. Fue clamoroso que los presupuestos destinados a servicios asistenciales se derivaran a sostener costosas estructuras de Estado y a municionar los “fondos de reptiles” con los que granjearse el favor de los medios de comunicación internacionales, y que el Gobierno central se hiciera cargo de los impagos de los servicios públicos –primordialmente del sanitario- de una Generalitat en bancarrota. Así, por ejemplo, una semana antes de que Montoro afirmara en Agosto de 2017 en el Congreso que nadie en la Generalitat había habilitado partida alguna para una consulta ilegal, el responsable de Difusión Institucional de la Presidencia, Jaume Mestre, había ordenado a la Comisión Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que llevara a cabo una campaña institucional de promoción del referéndum -que fue realizada principalmente por TV-3 y Radio Catalunya-, por valor de €277.804. El Ministerio de Hacienda ha afirmado que las correspondientes facturas -que fueron pasadas a cobro cuando ya las Cuentas de la Generalitat habían sido intervenidas-, no habían sido abonadas y figuraban como pendientes de pago. Si la Generalitat las pagara, generaría la correspondiente deuda para ella y, si no lo hacía, la deuda se adjudicaría al ente público CCMA. Como el propio Montoro ha reconocido, no es preciso que se transfiera dinero público para que se produzca malversación, pues basta con que se utilicen recursos públicos con fines ilegales. Según la jurisprudencia, el delito se comete desde que se coloca al Gobierno en posición del deudor. Así, por ejemplo, en el caso del encargo a Unipost de la impresión de papeletas electorales, aun en el caso de que no se hayan pagado las facturas, ha generado una deuda reclamable a la Generalitat, lo que suponía la comisión de un delito de malversación por tratarse de un encargo ilícito con cargo al erario público. Ya en Febrero, la Abogacía del Estado había solicitado personarse en el proceso como acusación particular en nombre del Ministerio de Hacienda, tate an el TS como en el Tribual Superior de Justicia de Cataluña, ante la existencia de indicios racionales de la comisión de unos delitos de malversación, que ahora el Jefe del Departamento pone en duda. Esperemos que Montoro no decida retirar esta personación para ser consecuente con sus ideas. Ante las declaraciones de Montoro poniendo en tela de juicio los argumentos y las pruebas incluidos en el auto del TS por el que se reclamaba la entrega de Puigdemont por el delito malversación, Llarena dictó una providencia en la que instaba al Ministro a que comunicara con urgencia los datos que justificaban su convicción de que el referéndum ilegal –celebrado cuando Hacienda ya había intervenido las Cuentas de la Generalitat- no había sido pagado con dinero público sometido a su control. Hacienda respondió de inmediato con un comunicado -que ni rectificaba ni matizaba las afirmaciones del Montoro- en el que resaltaba el control que el Ministerio había hecho del dinero de la Generalitat y afirmaba que se aportaría al Juzgado –no se sabe si esta imprecisión terminológica obedecía a un lapsus o a una intencionada afrenta al TS, rebajándolo de categoría- toda la documentación en la que se detallaba el control de la ejecución presupuestaria. El Gobierno tuvo que salir a la palestra para reiterar su apoyo a la instrucción de Llarena y lamentar que las tajantes declaraciones de Montoro hubieran venido a “quebrar la unidad del discurso”. Asimismo rebajó el tono de las declaraciones del tozudo Ministro al admitir que los independentistas podrían haber sorteado el control de Hacienda y apuntó la posibilidad de que, desde dentro de la Administración autonómica, se hubieran elaborado facturas falsas para desviar fondos fraudulentamente, en cuyo caso se habría cometido un delito adicional que habría de ser probado. Dando muestra de oportunismo y escaso sentido de Estado, Ciudadanos –que se apunta a un bombardeo con tal de conseguir un voto- ha pedido la comparecencia en el Congreso del Ministro para que dé explicaciones. Rivera ha manifestado que si Montoro y Rajoy habían mentido y se destinó dinero público al golpe separatistas, deberían asumir responsabilidades. El PSOE, dando en esta ocasión muestras de ser un partido de Estado, no ha considerado adecuada dicha comparecencia. Puigdemont se frota entre tanto las manos con satisfacción por los dos magníficos regalos que ha recibido inesperadamente en los últimos días: la resolución de la AT rechazando su entrega por el delito de rebelión y el insólito enfrentamiento entre Montoro y Llarena, que refleja un intento más de politización de la Justicia.. Como ha señalado Rosell, el Ministro ha dado alas a los separatistas para que revoloteen como moscas en derredor de la AT, que debe decidir sobre la entrega de Puigdemont, amén de entorpecer la instrucción de Llerena, “que ha debido soportar los zumbidos maliciosos e irrespetuosos de los sediciosos”. En una acción magistralmente concertada -iniciada con la presentación de una querella por prevaricación contra Llarena con el fin de desprestigiarlo ante la opinión pública internacional-, los procesados se ha insolentado con el Magistrado, como en el caso de Jordi Turull, que le ha espetado:”Usted me ha convertido en un preso político… Dejen de meter la justicia en la política”. Y esto está sucediendo en un momento en que la AT tiene que pronunciarse sobre la entrega de Puigdemont por el delito de malversación, una vez que reciba la información complementaria solicitada al TS. Como ha observado el abogado de VOX, personado en el proceso como acusación particular, Montoro se ha convertido en el mejor testigo de la defensa. También cabe la posibilidad de que La AT reconsidere su decisión de no entregarlo por un delito de rebelión. Según la Magistrada Fraude Holmer, dependerá de que la Fiscalía General de Schleswig-Holstein presente un nuevo escrito complementario de la OEDE. En tal caso, la AT la volvería a examinar y nada estaba atado definitivamente, pues, una vez que recibiera la documentación adicional, la Audiencia estudiaría de nuevo si la entrega era legalmente admisible. Como circunstancia atenuante –aunque no eximente- cabe señalar que Montoro esta actuando en “legítima defensa”. Como ha observado Jorge Bustos, sabe que tendría un problema grave si se llegara a demostrar que la rebelión independentista se financió con recursos públicos por falta de celo en el control por parte del Ministerio de Hacienda. Según Rosell, si las malversaciones se hubieran perpetrado durante el períodos en que las Cuentas de la Generalitat estaban intervenidas, Montoro se encontraría en una situación política delicada. “Lo más calamitoso es que, en su orgullo por sacar pecho negando que un solo euro público hubiera sufragado el referéndum ilegal del 1-O, Montoro ha lanzado un obús a la línea de flotación de la instrucción del juez Llarena en lo que hace al supuesto delito de malversación por parte de los golpistas” A Montoro le gusta ir por el mundo dando lecciones a todo quisque, pro no tolera que se las den a él.. Esta vez ha ido, sin embargo, demasiado lejos y debería hacer un acto de humildad y reconocer que se ha equivocado o, al menos, que podría haberse equivocado, o bien presentar su dimisión. Lo triste del caso es que Rajoy –una vez que se ha desentendido del grave conflicto catalán y dejado su solución en manos de la Justicia-, no sólo no está colaborando con ella, sino que permite que se la torpedee desde el Gobierno, como ha hecho –cosciente o icoscientemete- su Ministro preferido. Hacer frente a la intrincada situación en Cataluña con todos los medios posibles es mucho más importante que conseguir de forma mendicante los votos de los cinco diputados del PNV e el Congreso, para obtener la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018 y permanecer dos años más al frente del Gobierno. Madrid, 22 de Abril de 2018