El tsunami independentista sigue afectando a Cataluña

EL TSUNAMI INDEPENDENTISTA SIGUE AFECTANDO A CATALUÑA

          El tsunami post-sentencia sigue afectando adversamente a Cataluña. Era de esperar la furibunda reacción de la Generalitat  y de los colectivos independentistas ACN, Omnium Cultural  y, sobre todo, los CDR, que llevaban meses preparando la reacción violenta de sus comandos, que han contado con los refuerzos de elementos anarquistas y antisistema procedentes de diversos países europeos. Pero se les ha ido la mano a los niñatos de los CDR, hijos de gente bien -como la familia Torra-, que juegan a ser revolucionarios y están  ofreciendo un lamentable espectáculo, como el de los repetidos incidentes producidos en Barcelona

Artículos de “Le M;onde”

El prestigioso diario “Le Monde” dedicó tres entrada  en su edición del pasado día 17 a la situación actual en Cataluña: un editorial,  un artículo y una tribuna, escrita por siete antiguos o actuales presidentes de la Generalitat o del Parlament. El periódico describía la violencia desencadenada en la Comunidad y la atribuía a la indignación que había producido el fallo del Tribunal Supremo (TS), que ha condenado por el delito de sedición a los responsables de la celebración del referéndum  ilegal del 1-O. Ciento veintiún miembros del Foro de Profesores hemos escrito una carta  al diario en la que le explicamos que la explosión violenta se habría producido cualquiera que hubiera sido el veredicto del Tribunal,  pues - tras haber perdido fuelle el movimiento separatista- sus muñidores buscaban un pretexto para relanzar su lucha por una independencia imposible y lo han encontrado en la sentencia. El Foro ha echado en cara al periódico que ponga en pie de igualdad a un Estado que respeta la Constitución, el Estatuto de  Cataluña y las leyes, y a una región cuyos dirigentes políticos y sociales los violan constantemente, pues, entre quienes infringen la ley y los que la respetan y hacen cumplir, no cabe adoptar un posición equidistante.

En el periódico se ha culpado al Gobierno de Rajoy de no haber prestado atención a las aspiraciones de unos dirigentes catalanes, que el Tribunal ha reconocido que eran conscientes de la inviabilidad de la independencia y tan solo pretendían presionar al Gobierno a fin de conseguir su autorización para celebrar una consulta popular. Sin embargo, Rajoy se había mostrado dispuesto a negociar, siempre que se hiciera en el marco de la Constitución, pero Puigdemont no lo aceptó porque estaba determinado a lograr la independencia a cualquier coste.

            El autor del artículo advertía al Gobierno  español del peligro de que se restringieran los derechos de reunión y de manifestación, y la libertad de expresión, y los coautores de la Tribuna han afirmado que España violaba los derechos humanos y las libertades fundamentales de los catalanes. Cabe. Sin embargo,  recordar a este respecto, que el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre (TEDH) ha rechazado recientemente una demanda de Puigdemont contra el Tribunal Constitucional (TC) y afirmado que tales derechos pueden ser restringidos en determinadas circunstancias. Torra no ha acatado la sentencia, ha hecho un llamamiento al pueblo catalán para que muestre su rechazo a la misma en la calle y alentado la realización de acciones violentas por parte de los CDR y, cuando la violencia ha estallado, no la ha condenado y ha participados incluso en marchas de protesta.

            “Le Monde” simplifica la realidad al dar por bueno que el gobierno de la Generalitat representa a todos los catalanes, cuando sólo representa a menos de la mitad de la población, porque -aunque los partidos nacionalistas no obtuvieron  la mayoría de los votos en las elecciones- gozan de una ligera mayoría en el Parlament. La Généralitat  monopoliza el poder político, económico y social, y los catalanes no nacionalistas son silenciados y discriminados, Desde 2017, la Generalitat se ha colocado en abierta insumisión contra el Estado español.

El Foro ha comparado a Francia, que es el país más centralizado de Europa, con España, que es el más descentralizado. Los ciudadanos que no son franco-parlantes carecen de una comunidad autónoma propia y se encuentran dispersos entre varios departamentos; en España hay 17 Comunidades Autónomas que poseen competencias superiores a las de la mayoría de los Estados federales; además de disponer de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, Cataluña cuenta con policía propia y con competencias en materia penitenciaria. En Francia no hay más idioma oficial que el francés y las lenguas regionales no tienen ningún status oficial; en España, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano son lenguas co-oficiales en sus respectivas Comunidades. En Francia se  pueden ilegalizar las organizaciones que subviertan el orden público, como se ha hecho con Iparretarrak; en España, los partidos separatistas están protegidos por la ley.

Le ha preguntado a “Le Monde” cuál sería su opinión si las autoridades regionales de Francia decidieran unilateralmente declarar la independencia de sus territorios, derogar la Constitución de 1958, celebrar un referéndum ilegal prohibido por el Consejo Constitucional, rechazar la autoridad del Gobierno central y de los tribunales franceses, hacer un llamamiento a la desobediencia civil y alentar las acciones violentas de los “chalecos amarillos”. ¿Las consideraría acciones sin importancia y recomendaría al Gobierno de Paris que exonerara de responsabilidad a sus autores y que iniciara  negociaciones con ellos para tomar en consideración sus reivindicaciones?  ¿Aceptaría que los niños que residieran en Francia no pudieran realizar sus estudios en francés y tuvieran que hacerlo única y obligatoriamente en euskera, catalán, bretón o  corso?... Y concluía su carta formulando la pregunta que hace el evangelista Mateo (7, 3-5): ”¿Cómo ves  la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo?...Quita primero la viga  de tu ojo y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano”. 

            “Le Monde” dio por otra parte la de cal al publicar ese mismo día una entrevista de su corresponsal en España, Sandrine Morel, con la Vicepresidenta del Gobierno en funciones. Carmen Calvo dijo cosas tan sensatas como que el juicio del TS contra los independentistas había sido transparente y se habían respetado plenamente sus derechos, que habían sido juzgados por sus actos delictivos y no por sus ideas o por votar, que los hechos considerados probados serían considerados delito en cualquier país democrático, que los líderes habían engañado a su propio pueblo ofreciéndoles una solución ilegal e inviable, que en ningún país europeo se permitía que una parte decidiera por el todo, o que los ciudadanos podían ejercer libremente su libertad de expresión siempre que lo hicieran de forma no violenta. Preguntada sobre si consideraba que Cataluña era una nación, contestó que estamos en el siglo XXI y no se podía volver a los nacionalismos del siglo XX que habían causado dos guerras mundiales; no era posible mirar hacia atrás, ya que el proyecto europeo nos lleva hacia adelante. Se podían atender las aspiraciones y necesidades de los catalanes, pero siempre en el marco de la Constitución.

Calvo no pudo evitar asomar la patita demagógica al afirmar que, para establecer un modelo federal que compaginara la diversidad de España con la igualdad de los españoles, era necesaria una política de altos vuelos que la derecha española, “perdida en sus sueños de uniformidad, no está dispuesta a seguir”. Responsabilizó a Rajoy de la crisis en Cataluña por ser incapaz de gestionar la situación y tener que recurrir a los tribunales. Indicó que los catalanes debían seguir su camino en el marco de la Constitución -como hicieron en 2006- y que, si el PP no hubiera recurrido el Estatuto ante el TC, la situación ahora sería diferente. La profesora Calvo olvida que el Estatuto fue asimismo recurrido por su correligionario Enrique Mújica, Defensor del Pueblo, y que el Estatuto original de 2006 no entraba en el marco de la Constitución, como mostró el Tribunal al declarar inconstitucionales algunos de sus artículos básicos, entre los que figuraban los que creaban un poder judicial propio, autónomo del de España. Si estos preceptos hubieran sido aceptados, el juicio  nunca se habría celebrado.

Críticas a la sentencia

            La Generalitat y el Parlament han seguido su campaña institucional en contra de la sentencia y a favor de la autodeterminación. El Presidente de éste, Roger Torrent, ha desoído las advertencias del TC y permitido que la Cámara reitere el derecho a la libre determinación del pueblo catalán. La Generalitat reunió el día 25 en Lotja de Mar a los partidos independentistas de toda España –JxC, PDeCAT, ERC. CUP, HB Bildu, BNG, Mes Balear y Esquerra Valenciana-, que adoptaron una Declaración en la que se proclamaba el derecho a la libre determinación de los pueblos, se condenaba la sentencia del TS y se exigía la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Lo patético del caso es que los signatarios fueron los que permitieron a Pedro Sánchez llegar al poder, son sus aliados en Comunidades y Ayuntamientos y en ellos tendrá que apoyarse para conservar su puesto.”¡Jó que tropa!”, como dijo Romanones.

            ANC, Omnium Cultural y los CDR celebraron ayer una marcha multitudinaria para protestar por la sentencia y hoy ha sido el turno de los catalanes no nacionalistas que -convocados por Sociedad Civil Catalana- han participado en otra manifestación asimismo multitudinaria, bajo el lema “Por la concordia, por Catalunya ¡Basta!”. Han participado a título individual, dirigentes del PP, Ciudadanos. Vox, PSOE y PSC. Chirriaba un tanto la participación de los máximos líderes de este último partido, como la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Presidente del Senado, Manuel Cruz y –sobre todo- su Secretario General, Miquel Iceta, quien lo ha hecho por exigencias del guion electoral. Iceta está muy cerca del nacionalismo, apoya una tercera vía  para solucionar el “conflcto político” en Cataluña, favorece el apaciguamiento y el pacto con los independentistas para gobernar en distintas instituciones, se ha negado a apoyar la moción de censura a Torra, se ha mostrado partidario de indultar a los sediciosos, se ha congratulado con la decisión del TS de no obligarles a cumplir en la cárcel la mitad de la pena, y ha sido el único en dar por buenas las supuestas condenas a la violencia del Presidente de la Generalitat. Puede que se haya equivocado de manifestación. Por muy firme que se muestre Sánchez con el separatismo, carecerá de credibilidad mientras no rompa los pactos y alianzas de diverso tipo con sus aliados independentistas.

            En el ámbito de los medios de comunicación internacionales -incluidos algunos tradicionalmente hostiles a España- van apareciendo artículos más objetivos sobre la sentencia del TS. Juan Claudio de Ramón ha publicado un artículo en el importante periódico belga “Le Soir” sobre “L´Espagne comme toute démocratie doit avoir le droit de se défendre”, Bárbara Loyer otro en “Liberation” sobre “Catalogne: les risques de la désunion européenne”,Teresa Freixes sendos artículos en “Le Figaro” y “La Tribune  de Genève”, el Embajador en Canadá, Enrique Ruiz Molero, una carta a la prensa de Quebec y han aparecido recientemente artículos en “The Economist”y “The Guardian”.

            En el ámbito interno, han continuado apareciendo críticas a la sentencia, por  defecto o por exceso. Cuatro prestigiosos juristas –Edmundo Bal, Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Tomás Ramón- han mantenido, en un Coloquio de la “European Business School”, que la intención de los golpistas catalanes no era una ensoñación, sino la consecución de la independencia de Cataluña. Según Bal, no hay norma ni jurisprudencia que requiera que, para que se produzca rebelión, la violencia tenga que ser instrumental, funcional y preordenada, y el TS se ha convertido en colegislador. Para Gimbernat, la intención de los condenados era lograr la independencia y segregar una parte del territorio nacional, y –para evitarlo- hubo que recurrir al artículo 155 de la Constitución. Aragón y Ramón han señalado que los dirigentes catalanes hicieron cuanto pudieron para lograr la independencia conforme a la “fórmula Kosovo”, con la única diferencia de que no consiguieron reconocimiento internacional El Presidente del TS, Carlos Lesmes, ha afirmado que las leyes de transitoriedad, algunas acciones realizadas para celebrar el referéndum del 1-O y los movimiento callejeros violentos subvertían, y él tuvo la impresión de que se estaba tratando de subvertir el orden constitucional y se había creado un proceso cuasi-revolucionario, pero que el Tribunal –que había examinado a fondo los hechos- no había llegado a semejante conclusión.

En el otro extremo, se encuentras las declaraciones a Radio CAT-1 del antiguo miembro del TC y del TEDH, Luis López Guerra -uno de los responsables de la derogación de la ”doctrina Poirot”-, que ha dejado las siguientes “perlas”: El TS ha condenado a los Jordi a 9 años de cárcel por haber liderado unas movilizaciones completamente pacíficas, lo que podría afectar al derecho de manifestación de cara a futuras movilizaciones; la sentencia dejaba abierta la puerta a restringir el derecho a la libertad de expresión aún en ausencia de violencia; expresión de confianza en que el TC resolverá los problemas de una sentencia que tiene muchos puntos débiles; si no hubo violencia, ´¿cómo se podían imponer penas de 9 a 13 años de cárcel?, lo que ha provocado una falta de proporcionalidad; cuando no hay violencia, el TEDH estima que cualquier restricción de las libertades deberá ser examinada con sumo cuidado; la prisión preventiva se ha aplicado de manera desproporcionada y difícilmente comprensible…El profesor López Guerra no parece estar al tanto de la sentencia ya citada de sus antiguos colegas, que ha señalado que las libertades citadas podían ser restringidas cuando se produjeran amenazas contra la integridad territorial de un Estado o contra su seguridad pública, se defendiera el orden público o se tratara de impedir la comisión de delitos. Los sediciosos incurrieron en todos y cada uno de estos supuestos.

Más templadas han sido las opiniones de Teresa Freixes y de Araceli Mangas que –aunque estimaban que los acusados habían cometido un delito de rebelión- han alabado la actuación del TS, afirmando que “la sentencia es un triunfo de la democracia y expresión palmaria de  que nuestro sistema judicial funciona según los cánones internacionales”, o que “el TS no se merece crítica alguna, pues ha sido el último bastión para la defensa del Estado de Derecho”. Suscribo plenamente estas afirmaciones, pero no acabo de compartir la opinión de Araceli de que la sentencia ha sido “técnicamente pulcra”. Creo que le falta coherencia interna, porque es un “patchwork”, un texto cosido a retazos, en cuya confección han intervenido demasiadas agujas. Tiene partes muy buenas, como cuando destroza jurídicamente los argumentos a favor del derecho a decidir, y otras no tan buenas, como cuando afirma -en una pirueta poco seria- que el “derecho a decidir” ha sido sustituido por el “derecho a  presionar” -¿un nuevo derecho humano de quinta generación?-, o cuando dice que la actuación de los encausados sólo seguía una ensoñación o una quimera. Como ha comentado Francisco Rosell, “¿alguien imagina el escándalo que se habría registrado si el tribunal militar que juzgó a los golpistas del 23-F hubiera resuelto que todo era una ensoñación de un teniente coronel tronado?”. El propio Jordi Sánchez lo ha reconocido, al afirmar que, “si hubiera sido un engaño, Felipe VI no habría realizado una alocución televisada para toda España el marte 3 de octubre de 2017”.

Dicho esto, comparto las opiniones de Freixes y Mangas sobre la transcendencia de la sentencia y reitero la necesidad de respaldar un fallo –que es, por otra parte, de obligado cumplimiento-, frente al criterio de las autoridades de Cataluña, que creen estar por encima de la ley y de las sentencias y se muestran determinadas a provocar un tsunami antidemocrático en las otrora calmas aguas catalanas.

Madrid, 27 de octubre de 2019