Reflexiones sobre el juicio del 1-O

REFLEXIONES  SOBRE EL JUICIO DEL 1-O

        Transcurridas varias semanas desde el inicio del juicio por parte del Tribunal Supremo a los responsables de de la organización del referéndum ilegal del 1-O, cabe hacer algunos comentarios preliminares sobre el desarrollo del mismo.

Actitud inicial de los acusados

      El juicio ha estado precedido de una intensa campaña del separatismo para intentar convencer a la opinión pública internacional de que se trata de un juicio político contra los representantes de la soberanía del pueblo catalán, y que los Tribunales españoles carecen de independencia y de credibilidad democrática. El ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont - prófugo de la Justicia española- ha llegado a situar a ésta por debajo de la de Turquía o Siria y ha demandado penal y civilmente al Reino de España ante un Tribunal belga por la violación de sus derechos humanos fundamentales. Se ha producido una cierta expectación en los medios de comunicación internacionales, especialmente en los anglosajones que más simpatizan con el secesionismo catalán, como el “The Times”, que publicó un editorial sobre “The Spanish Inquisition”.

        Como ha observado Santiago González, el proceso está desarrollándose con cierta lógica y por etapas. En la primera, los acusados y sus defensores han seguido una estrategia de politización y de ruptura, pues -erigiéndose ellos en fiscales- han pretendido sentar al Gobierno de España en el banquillo de los acusados por sus ofensas a Cataluña. La estrategia fue claramente expuesta por el Vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri, cuando afirmó: “No presentamos un escrito de defensa, sino uno de acusación contra el Estado, que ha suspendido los derechos políticos democráticos para preservar su unidad, y ha enviado el mensaje de que la unidad de España está por encima de los derechos más básicos. Se han vulnerado la libertad de expresión y de reunión, y el derecho a la autodeterminación y a la disidencia política”. Salvo Joaquin Forn y los procesados no acusados de rebelión, los principales encausados han montado un espectáculo político y renunciado a alegar argumentos jurídicos para defenderse ante un el Tribunal de Justicia como es el Supremo. El abogado de Oriol  Junqueras y de Raúl Romeva, Andreu van den Eynde, señaló que “esta causa ha sido una suspensión generalizada y sostenida de derechos políticos. una causa general y prospectiva con vulneraciones de derechos que hacen sonrojar” y concluyó, de entrada, que todos los derechos consagrados en la Constitución habían sido violados en la causa. El letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez- Jordi Pina- destacó que los acusados tenían derecho a un juicio con garantías, y el de Jordi Cuixart –Benet Salellas- pidió al Tribunal que depurara de los escritos de la acusación los apartados que criminalizaban derechos fundamentales de su defendido. Javier Melero no siguió la línea de que se trataba de un juicio político y comentó que se trataba de “un juicio penal, nada más y nada menos, como una estafa o una alcoholemia”, y está aportando argumentos jurídicos para defender a Forn y dejando a los acusadores que aporten las pruebas de que éste ha cometido un delito de rebelión, partiendo del principio de presunción de su inocencia,

El intento de las defensas de de culpabilizar al Gobierno de la Nación tuvo un cierto éxito en las declaraciones como testigos de Mariano Rajoy y de sus antiguos Ministros, Soraya Saénz de Santamaria, Cristóbal Montoro e Ignacio Zoido, que adoptaron una actitud defensiva para justificar su actuación, como si fueran ellos los que se sentaban en el banquillo para ser enjuiciados. Sus declaraciones fueron correctas, pero no venían a cuento, porque no se estaba juzgando a ellos, sino a los responsables del Govern por su intervención en el referéndum del 1-O, y dejaron bastante que desear, especialmente la del Ministro del Interior, quien no se enteró al parecer de nada, ni tomó decisión alguna en un momento de máximo peligro para la seguridad del Estado, declinando la responsabilidad en sus “operativos”. O era un incompetente o un mentiroso, o las dos cosas.

Cambio de panorama tras las declaraciones de los testigos

Tuvieron que llegar al estrado el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Coordinador de la acción policial en Cataluña, Diego Pérez de los Cobos, y lo Jefes de la Guardia Civil y de las Policía Nacional  –Ángel Gonzalo y Sebastián Trapote, respectivamente- para que alguien asumiera la responsabilidad y pusiera de manifiesto la actuación rebelde de las autoridades separatistas catalanas y la pasividad de los Mossos de Esquadra durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En este sentido, el contraste entre el testimonio de los políticos y los funcionarios está siendo demoledor, en opinión de  Elisa de la Nuez. Mientras los primero parecía más preocupados por su imagen y por eludir su responsabilidad política, los segundos contestaron con rigor y profesionalidad a las preguntas que se les formularon para esclarecer los hechos. De especial relevancia fue la contundente y valiente declaración de la agente judicial Montserrat del Toro, que estuvo retenida variad horas en la Consejería de Economía y tuvo que escapar por el tejado del edificio antes el cerco de los “pacíficos” manifestantes liderados por los Jordis. Por temor a las represalias, la funcionaria solicitó que las cámaras que transmitían la sesión en “streaming” no revelaran su imagen, a lo que se opusieron los abogados van den Eyden y Pina, alegando que velar las imágenes de los testigos criminalizaba a Cataluña. Aunque el Tribunal accedió a su petición, las redes sociales difundieron su foto y toda clase de dato sobre su persona.

Estas intervenciones y las de otros testigos –incluidos los jefes de los Mossos- cambiaron la marcha del proceso. Los acusados –en uso de su derecho- mintieron cuanto les plujo y sus defensores se basaron en “postverdades”, definidas por el Diccionario de Óxford como “afirmaciones que no están basadas en hechos objetivos, sino en una distorsión deliberada de la realidad”, aque -a fuerza de repetirse una y otra vez- acaban por convertirse en verdades oficiales. Sin embargo, la mentira tiene las patas cortas y los hechos –que son muy tozudos- acaron por prevalecer sobre las ilusiones y las quimeras ideológicas. La realidad virtual en la que vivían inmersos los separatistas ha acabado por toparse con la realidad real, y la opinión pública  internacional -hábilmente engañada por la propaganda de la Generalitat- ha podido comprobar como el movimiento supuestamente, pacífico, legalista y democrático de los separatistas, no era tal y estaba basado en la división de la sociedad catalanas, en el enfrentamiento entre sus habitante y en el recurso a cualquier medio –incluida la violencia- para lograr la independencia de Cataluña.

La Justicia se ha limitado a cumplir la ley y hubiera sido una irresponsabilidad no intervenir ante su continuada violación por parte de las autoridades catalanas, a las que no se están juzgando por reclamar libertad para su pueblo, sino porque trataron de arrebatársela. No se persiguen ideologías que pueden ser libremente expuestas -como prueba los casos paradigmático de Torra o Torrent- y no se vulnera el derecho de opinión y de expresión. Como ha señalado el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación, han seguido un plan criminal orquestado, minucioso y pluriconvergente para lograr la secesión de Cataluña de forma unilateral. No se persigue una ideología que puede ser libremente defendida en un sistema democrático, sino unos hechos y unos planteamientos políticos que se han intentado imponer a los demás.

Presiones catalanes sobre el Tribunal Supremo

 Las autoridades autonómicas, las entidades separatistas ANC y Omnium Cultural, y los medios de comunicación nacionalistas han recurrido a todo tipo de presiones y amenazas a los testigos para que no depongan en contra de los acusados, y han tratado de influenciar a magistrados y fiscales antes del juicio y durante el juicio. Torra ha repetido en reiteradas ocasiones que no admitirá mas sentencia que la que exonere a los encausados de responsabilidad. Su última tentativa de presión ha sido la manifestación realizada en Madrid el 16 de Marzo, encabezada por él, todo su Govern, el Presidente del Parlament, Roger Torrent, y los líderes de ANC y Omnium, para protestar por el juicio, bajo el lema “La autodeterminación no es delito”. El bardo Torra glosó la oda de Joan Maragall y afirmanó:”Escucha España y aprovecha la ocasión de democratizarte. Seguiremos en defensa de nuestros derechos. Denunciamos este juicio de la vergüenza.[…] Estamos aquí por ellos, por su libertad, para denunciar ese juicio farsa, para acusar al Estado de esta injusticia y no pararemos hasta su libertad y hasta que nuestro derecho de autodeterminación sea respetado y ejercido. ¡No pasarán!”. Aunque sea lego en Derecho –como en tantas otras disciplinas-, el President sabe perfectamente que la autodeterminación efectivamente no es delito, pero tampoco es un derecho de que goce el pueblo catalán de conformidad con el Derecho Internacional, pues ni Cataluña es un territorio sometido a dominación colonial, ni su pueblo sufre de violaciones constantes de sus derechos fundamentales. Tiene derecho a la autodeterminación interna, de la que disfruta de forma bastante más amplia que la mayoría de los Estados federados. Si hay alguna minoría –en este caso ligera mayoría- que no ve respetados sus derechos fundamentales por la Generalitat, es la parte de la población catalana no nacionalista.

Como ha señalado en un editorial “El País”, ante la imposibilidad de agitar la caricatura de un juicio político, las fuerzas independentistas han pretendido hacer política con el juicio, con el único resultado de poner en evidencia ”las entretelas sin épica de un credo político que ha apostado todo por la manipulación”. La democracia se reafirmó en Madrid, no porque la invocaran en sus calles las fuerzas independentistas -que pretenden secuestrarla en Cataluña-, sino porque, una vez más, quedó de manifiesto que la Constitución garantiza las libertades de todos los espaóles. Los oprimidos separatistas pudieron pasear por el centro de un acogedora ciudad sus esteladas y sus lazos amarillos, sus rencores y sus prejuicios, y toda parafernalia de una Diada-bis, que no se veía por estos pagos desde los festivales de los sindicatos verticales franquistas. Los madrileños los vieron desfilar con curiosidad e indiferencia, como ven pasar por sus calles las ovejas de la trashumancia o los corredores de una competición.

Hicieron el más completo de los ridículos pues, queriendo demostrar como un Estado autocrático les oprimía, comprobaron que no tenían que sufrir ningún martirio y que podían circular y despotricar a su antojo, cosa que no pueden hacer loa no nacionalistas en Cataluña, sometidos a “escraches”, amenazas, pintadas ofensivas en viviendas y sedes de partidos de la oposición, ataques de “kale barroka”de los CDR y de los cachorros de Arran y atentados contra sus personas y sus bienes, con la connivencia del Gobierno de Torra –que les insta a que “aprieten”- y la pasividad de los Mossos. No se escandalizaron los madrileños ni xiquiera cuando un cretino en gayumbos realizó el acto heroico de colgar una estelada de la cabeza de la Cibeles, el símbolo de la Villa y Corte. Como ha comentado con sorna Jorge Bustos, hay más actividad en el cráneo de mármol de la diosa que en el feldespato mental del independentismo, incapaz de asumir su clamorosa derrota, ni de deponer sus estériles arremetidas contra el granito de la ley. Muchos cabezazos contra la pared tendrá aún que darse el indepe medio antes de comprender que ni la mayoría de los catalanes comparte su estado de calcificación neuronal, ni la mayoría de los madrileños destina mayor atención a sus acrobacias identitarias.

Los separatistas están convencidos de que sus líderes golpistas serán condenados por el Tribunal Supremo y ya sólo esperan a que se consuma su cáliz y puedan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en búsqueda de la justicia perdida. En el ínterin, siguen con su pataleo quejumbroso y ponen todo tipo de trabas formales y sustantivas para tratar de pillar al Tribunal Supremo en algún renuncio que airear en Estrasburgo. Lo acusan de vulneración de sus derechos fundamentales, parcialidad, arbitrariedad de su Presidente –contra el que han presentado quejas formales-, dificultades a las defensas para acceder a documentos y pruebas, atentados a la libertad ideológica y de expresión, violación del principio de legalidad penal, contaminación de los magistrados, conculcación del principio de separación de poderes, politización del procedimiento, indefensión de los acusados, limitaciones indebidas de la actuación de los defensores…etc. El letrado Jordi Pina ha llegado a instar a los miembros del Tribunal a que hagan de jueces y no de salvadores de la patria.

Impecable actuación del Presidente Marchena

El Presidente del Tribunal, Manuel Marchena, es consciente de esta táctica y de las continuas trampas que le tienden los abogados defensores, y ha hecho gala de un garantismo que resulta excesivo, como al autorizar a los acusados lucir el lazo amarillo en la solapa durante el juicio o permitirles que pronuncien extenso discursos políticos que nada tienen que ver con el proceso judicial.Todo sea por no dar munición a los acusados cuando recurran ante el TEDH, que no podrá entrar en el fondo del asunto en el supuesto de que se produzcan condenas y sólo debería examinar si  la actuación del Tribunal ha sido correcta desde el punto de vista procesal y si no se han violado los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso.

La transparencia de las sesiones del juicio no puede ser mayor y, en mi opinión, quizás excesiva,  pues está siendo retransmitido por TV en tiempo real, en directo y sin interrupciones ni cortes. Ello ha hecho innecesaria la autorización a la presencia de observadores internacionales -como pedían las defensas-, ya que cualquier ciudadano puede seguir con todo detalle el desarrollo del juicio. Hay pocos Estados que permitan una difusión tan completa del desarrollo de los juicios de sus Tribunales Supremos y algunos países –como Estados Unidos- ni siquiera autorizan la publicación de fotografías de los participantes en los miosmos.

La actuación de Marchena, por otra parte, está siendo impecable: plena de rigor jurídico y de dominio del procedimiento, condescendiente con los acusados y respetuosa pero firme con los testigos, y no exenta de un cierto toque de ironía. Como ya señaló a los letrados, la Sala sería muy flexible en los tiempos para que no se sintieran coartados ni limitados en su capacidad argumental. Ha limitado su intervención al mínimo necesario y lo ha hecho con autoridad y buen criterio. La solvencia del Presidente va a dificultar los planes de de los acusados recurrir al TEDH para alegar errores en la tramitación del proceso o restricción de sus derechos a la defensa, y hace cada vez menos verosímil que el Tribunal de Estrasburgo pueda desautorizar la actuación procesal del Tribunal Supremo.

Marchena no se ha casado con nadie y ha sabido poner en su sitio procesal a los fiscales, la Abogacía del Estado, la acusación particular, los abogados defensores y los testigos. Así, a Javier Zaragoza le impidió interrogar a Trapero porque el Ministerio Fiscal no lo había convocado como testigo, a la Abogada del Estado, Rosa María Seoane –que está haciendo un “papelón” al haberle forzado el Gobierno a cambiar la acusación de rebelión por la sedición, por lo que tienen que utilizar argumentos contrarios a los hasta entonces empleados- le advirtió de la improcedencia de una pregunta a Gabriel Rufián, al Abogado de la acusación particular, Javier Ortega, le señaló que no procedía que formulara unas preguntas a Junqueras que éste había anunciado de antemano que no tenía intención de contestar, al letrado Francesc Homs le señaló la improcedencia de sus preguntas a Rajoy ya que las opiniones políticas del ex presidentes del Gobierno no tenían relevancia jurídica y le advirtió de que no podía introducir en el interrogatorio preguntas nuevas que no pudieran ser objeto de contradicción, a Joan Tardá le obligó a hacer sus preguntas en el idioma oficial del Estado, a Gabriel Rufíán le instó a que se limitara a describir los hechos y no emitir opiniones políticas ajenas al caso, o al testigo Jaume Mestre le recordó que se podía delinquir por falso testimonio no sólo por no decir la verdad, sino también por inexactitud en el testimonio o  formulación de respuestas evasivas.

La decisión más criticada de Marchena -por las que van den Eyden y Pina han presentado una queja formal- ha sido su interrogatorio al ex-Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero. Aunque había sido convocado como testigo por la acusación particular, Javier Ortega no lo interrogó. Cuando quiso hacerlo Zaragoza, el Presidente no lo autorizó porque el Ministerio Fiscal no lo había llamado a declarar. Marchena salvó de forma magistral la posibilidad que la Sala perdiera la ocasión de escuchar un testimonio fundamental que podía arrojar luz sobre los hechos que acontecieron en torno al 1-O. Lo hizo recurriendo al artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al Presidente “dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes a depurar los hechos sobre los que declaren” y, en su virtud, le preguntó a Trastero que había ocurrido en la reunión que él y otros altos mandos de los Mossos mantuvieron el 26 y el 28 de Septiembre de 2017 con Puigdemont, Junqueras y Forn. Según ha observado José Antonio Zarzalejos en “ABC”, la respuesta de Trapero demostró que la pregunta había sido adecuada, pertinente y necesaria para un mejor conocimiento de los hechos que se enjuiciaban.

Declaraciones de los Jefes de los Mossos

Trapero se explayó a su gusto en su declaración y dejó a sus superiores políticos a los pies de los caballos. Afirmó que los altos mandos policiales autonómicos trasladaron al Govern su preocupación porque el 1-O iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando para cumplir una orden judicial, lo que necesariamente iba a suponer un conflicto grave de orden público y de seguridad ciudadana. Le emplazó a que cumpliera con la legalidad y desconvocara el referéndum, y le informó que la Policía autonómica no iba a quebrar la legalidad ni a violar la Constitución. Puigdemont les contestó:”Hagan Vds lo que tengan que hacer, pero el Govern seguirá el mandato que le ha dado el pueblo catalán”, y –en cumplimiento de ese mandato- se celebraría el referéndum, pese a conocer el riesgo de que se podrían producir actos violentos. Estos datos fueron corroborados por los Comisarios Manel Castellví y Emili Quevedo. Trapero calificó a Forn de irresponsables por afirmar públicamente que los Mossos facilitarían  la celebración del referéndum. Añadió que el 24 de Octubre se había puesto a la disposición del Presidente y del Fiscal-Jefe del TSJC, y que habían preparado un plan para detener a Puigdemont y a sus Consejeros, si así se lo ordenaba el Tribunal,

Las afirmaciones exculpatorias de Trapero –que trataba de salvarse él y la reputación de la Policía autonómica- resultaban poco creíbles, como ha puesto de manifiesto Casimiro García Abadillo en “El Independiente”. Si bien advirtió sobre los riesgos de del referéndum, no hizo nada para impedirlo y contribuyó a su celebración mediante la pasividad –cuando no la connivencia- de los Mossos. No aceptó de buen grado la función coordinadora de Pérez de los Cobos, con el que discrepaba del recurso policial a la fuerza, que limitaba al único caso de ser atacados. Ni colaboró con él, estableció un dispositivo insuficiente –una pareja de guardias para cada centro electoral, que se limitaban a tomar nota de la situación-, no desplegó la Brigada Móvil –con el absurdo pretexto de que estaba ocupada en el seguimiento de una mini-manifestación anarquista y la cobertura un partido de fútbol de Barça-Las Palmas-, ordeno espiar a las Fuerzas de Seguridad del Estado e informar de sus movimientos a los ocupantes de los centros de votación y no envió refuerzos para ayudar a los policías en apuros. Justificó la inacción de sus efectivos en la recomendación verbal de la Juez de que actuaran “con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”. Lo máximo a lo que aspiró fue a convertir el 1-O en otro 9-N.    

“Trapero rompe la baraja”, destacó Xavier Vidal-Folch en el diario “El País”. Las declaraciones del antiguo Mayor de los Mossos puso de manifiesto que, aunque las máximas autoridades de la Generalitat sabían que la celebración del referéndum del 1-O podría abocar en incidentes violentos, siguieron adelante con sus planes, lo que demostraba que la violencia fue uno de los ingredientes de la Declaración Unilateral de Independencia. Han erosionado el relato secesionista al poner en evidencia la ausencia de “pacifismo” y la opción del separatismo por el recurso a cualquier medio –incluida la violencia- para lograr sus objetivos, Los medios independentistas han reaccionado calificando a Trapero de traidor y la diputada de la CUP, Mireya Boya, ha manifestado que “acaba de caer otro héroe de Cataluña”. Las declaraciones de los mandos de los Mossos han afectado adversamente a la estrategia seguida por las defensas, pues la supuesta actuación pacífica de los acusados se ha visto desacreditada por el propio aparato policial del Govern. El único que ha resultado beneficiado ha sido Forn, cuyo abogado Melero está tratando de probar que su defendido no incurrió en rebelión.

Perspectivas de la sentencia

Según “El País”, el Tribunal Supremo no esconde ninguna sentencia dictada de antemano y ésta dependerá del desarrollo del juicio. La propia Ministra de Defensa -la magistrada Margarita Robles – que ha manifestado que el juicio se está llevando de una manera ejemplar e impecable- ha comentado que cualquier sentencia es posible y todas las opciones están abiertas. Para el Director de “El Mundo”, Francisco Rosell , parecía que Marchena, en pos de una sentencia unánime que reforzara la posición de España con vistas al previsible recurso ante el TEDH, estaba dispuesto a dictar una condena por rebelión en grado de tentativa, pero los testimonios que se están recibiendo no facilitan esa postura. Con cada testificación –especialmente de los propios jefes de los Mossos- aumentan las pruebas de que la conducta de los acusados entraba dentro del ámbito de un delito de rebelión consumada.   

Valoración ce la violencia en la actuación de los acusados

La cuestión clave para que el Tribunal decida si se ha producido o no un delito de rebelión es la apreciación del grado de violencia que quepa atribuir a los encausados para que encaje en el requisito de  “alzamiento violento” requerido para su tipificación por el artículo 472 del Código Penal. La cuestión ya fue abordada por el Landesgericht de Schleswig-Holstein y resuelta -en mi opinión de forma inadecuada- por la Audiencia, que negó la extradición de Puigdemont por estimar que, aunque había cometido actos de violencia, no fueron éstos de suficiente entidad ya que no “no condujeron a una secesión inmediata de España”, ni “alcanzaron la intensidad suficiente para poner en serio peligro el orden constitucional”. Uno de los argumentos alegados por los separatistas para excluir la existencia de un delito de rebelión ha sido el de que no habían recurrido al uso de las armas. En un artículo en “El País”, Reyes Rincón y Xavier Vidal-Folch se han referido a un innominado penalista que mantiene que nuestro Código Penal sólo reconoce dos modalidades de rebelión: la de tipo agravado del artículo 473-2, que implica el uso de armas, y todas los demás, en las que se requiere el “propósito” de usarlas. En consecuencia, si los acusados recurrieron a “una violencia a secas”, quedarían exonerados del delito de rebelión porque no usaron armas, ni tenían intención de usarlas.

Como ha señalado Enrique Gimbernat en “El Mundo”, para que fuera correcta esta tesis, se requeriría que el legislador hubiera hecho una referencia expresa a la exigencia de que existiera un “propósito” de utilizar armas y, como no lo hizo, carecía de base jurídica. Existen, en efecto, dos modalidades de rebelión: la básica, que se cumple cuando se recurre a cualquier tipo de violencia, y la agravada, cualificada por haber “esgrimido armas”. Como no es sostenible mantener que la violencia del tipo básico de rebelión exija el “propósito” de recurrir a las armas, los demás tipos de rebelión se caracterizan porque se utilice la violencia sin necesidad de esgrimir armas. Por lo demás, si los acusados pretendieron declarar la independencia de Cataluña por medio de la violencia es algo que debe esclarecer y dar por probado por el Tribunal Supremo en el juicio. Estoy convencido de que un Tribunal formado por tan cualificados y experimentados magistrados dictará la sentencia apropiada.

Política de intoxicación de la Generalitat

La vergonzosa campaña de intoxicación por medio de “fake news” lanzada por la “agitprop” de la Generalitat para desprestigiar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba planeada desde hacía tiempo. Ya en Mayo de 2013, Junqueras –que ha sido el auténtico cerebro del golpe de Estado incruento- afirmó en Vich que había que hacer la convocatoria del referéndum –se refería al convocado por Mas para el 9-N- y, cuando fuera prohibido por el Gobierno, mantenerla, porque así se “mostraría al mundo una imagen de colas de gente con una papeleta en la mano yendo a votar en una urna, mientras el Gobierno español intentaba impedir que votasen, con lo que ya habrían ganado”. Había que difundir las imágenes del uso de la fuerza por parte de las policías del Estado para obligar a la Comunidad internacional a intervenir en Cataluña y forzar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La serie de videos amañados y las imágenes trucadas que se difundieron con profusión en todos los medios internacionales de comunicación con ocasión del referéndum del 1-O estaban preparadas de antemano. Se distribuyeron imágenes con cargas de los Mossos contra unos manifestantes antisistema o de policías ucranianos, noticias falsas sobre la presencia de tanques del Ejército en las calles de Barcelona –transmitidas desde Rusia- o videos como el elaborado por Omnium Cultural sobre “Help Catalonia, Save Europe“, que era un plagio de otro documental sobre el Maidán ucraniano. Se propaló que había habido casi un millar de heridos como consecuencia de las cargas policiales, cuando -según reconoció un Juez de Barcelona que aceptó una querella contra la actuación de la policía- sólo se habían producido dos heridos graves y 97 leves, que no necesitaron hospitalización. Los medios silenciaron la cincuentena de agentes heridos por las caricias de los pacíficos ciudadanos que ocupaban los centros de votación.

La propaganda separatista y algunos partidos de izquierdas –incluido el PSOE en el Gobierno- ha repetido que el conflicto catalán era político y  no podía ser resuelto por la vía judicial. Esto era evidente, pero partía de una falacia, ya que los Tribunales no están tratando de resolver el problema catalán, sino de juzgar a quienes incumplen las leyes. Este mantra ha engañado a personas supuestamente ecuánimes, como Joan Margarit, quien ha afirmado que la única solución es el diálogo y que dialogar es un asunto de Estado y no de jueces. “Lo que está sucediendo con el procés, sustituir el diálogo por el castigo, traerá consecuencias horribles“. Cabe preguntar a los intoxicados bienpensantes cómo se puede dialogar con unas personas que exigen “autodeterminación o autodeterminación”, violan la Constitución y las leyes, incumplen las sentencias de los tribunales, amenazan a los discrepantes, ignoran los dictámenes de sus propios organismos asesores, instan a las masas a ocupar las calles y a los energúmenos de los CDR que “aprieten”, y declaran unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Acaso creen  que estas personas tienen impunidad para vulnerar las leyes y que los Tribunales deberían de abstenerse de enjuiciarlos en caso de que lo hagan? Esto supondría la negación del Estado de Derecho, porque sin ley no hay democracia. Por fortuna, los Tribunales de Justicia, junto con el Rey, han sido las únicas instituciones del Estado que han estado a la altura de las circunstancias y ha cumplido adecuadamente sus funciones. Ahora sólo cabe confiar en que el Tribunal Supremo imparta justicia, aunque -decida lo que decida- no resultará aceptable para los separatistas, que, por boca del Presidente Torra, han reiterado que sólo aceptarán una sentencia absolutoria.

Madrid, 24 de Marzo de 2019