FALACIAS DE UNOS DESINFORMADOS SENADORES FRANCESES
El
pasado día 25, cuarenta y un Senadores franceses nos obsequiaron –en testimonio
de amistad y buena vecindad- con un manifiesto titulado “Por el respeto a las libertades y los derechos fundamentales de
Cataluña”, publicado en el diario digital “Mediapart”. Los signatarios pertenecen a partidos que van de la
izquierda –comunistas, ecologistas y socialistas- a la derecha –conservadores-,
pasando por el centro –“República en marcha” y centristas-. Hubiera sido normal
que se sumaran a las críticas contra las instituciones españolas los
representantes de la extrema izquierda –eco-comunistas y socialistas
“insumisos”-y de la extrema derecha –“lepenistas”
del Frente Nacional- porque los extremos se tocan, pero lo que resulta chocante
es que figuren entre los críticos trece socialistas, cuatro “marchosos”, dos centristas y dos
conservadores, y que entre sus promotores se encuentren André Gattolin
–República en Marcha-, François Calvet -republicano-
y Simon Sitour –Partido Socialista-. Este hecho
revela la mala prensa que sigue
teniendo España en Francia y la incapacidad de los Gobiernos españoles –el
anterior y el actual- de comunicar con la opinión pública internacional y de
presentar adecuadamente la realidad española ante los centros de poder,
instituciones universitarias y medios de comunicación. Resulta paradójico que
esta crítica extemporánea e injustificada procedas de uno de los países que más
amplias competencias concede a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que pueden
encarcelar a personas sospechosas durante un largo período de tiempo, incluso
sin mandato judicial.
Por su
interés, reproduzco en su integridad el breve Manifiesto de Senadores tan
variopintos, ya que no tiene desperdicio.
“Nuestro país está cerca de España y de su
gran región Catalunya, con la que compartimos una larga historia. Como europeos
y como franceses estamos muy preocupados con los graves acontecimientos que se
han producido en Catalunya. En el momento en que tiene lugar el juicio en el
Tribunal Supremo español contra antiguos
miembros de la Generalitat de Catalunya, la ex-Presidenta del Parlament de
Catalunya y líderes de las Asociaciones catalanas, nosotros, miembros del
Senado de la República,
-pedimos respeto a los derechos
y libertades fundamentales en Catalunya y, por supuesto, sin interferir en
los problemas políticos de un país vecino y sin tomar partido en la cuestión de
la independencia de Catalunya;
-denunciamos la represión sufrida por los representantes políticos de la
Generalitat de Catalunya legítimamente elegidos, encarcelados o forzados a exilarse
por sus opiniones en el ejercicio de los mandatos que los electores les
encomendaron;
-constatamos que esta situación
es un verdadero ataque contra los derechos y las libertades
democráticas;
-lamentamos que la
gravedad de esta situación esté subestimada en nuestro país y pedimos que Francia y los países de la UE
intervengan para restablecer unas condiciones de diálogo que permitan encontrar
soluciones políticas a un problema político”.
El
Manifiesto –amén de desconocer por completo lo que está ocurriendo en España y
en Cataluña- es un alarde de hipocresía, porque –tras afirmar que no pretende
interferir en los problemas políticos españoles- entra a saco en ellos y asume
casi al 100% las tesis del separatismo catalán. Gattolin ha afirmado que no era
independentista, ni estaba a favor de la fragmentación de los Estados entre
regiones ricas y regiones pobres, pero que encontraba exagerado el proceso
judicial en curso, teniendo en cuenta que no había habido intento de golpe, ni toma de armas y que -aunque en
ocasiones hubieran sido “agitadas”- las manifestaciones no habían sido
violentas y el Govern no había
intentado tomar las instancias del poder central.
Sin entrar
en demasiados detalles, dada la debilidad argumental de sus Señorías, cabe señalar
que: 1) el Gobierno español respeta plenamente los derechos y libertades fundamentales
de los catalanes, no cabiendo decir lo mismo de la Generalitat, que viola sistemáticamente los derechos de la mayoría
de los catalanes no nacionalistas; 2) no se ha producido represión alguna en
Cataluña y los políticos catalanes no han sido encarcelados preventivamente por
sus opiniones en el ejercicio de su mandato electoral, sino por la supuesta
comisión de unos hechos delictivos, y los que han huido al extranjero no lo han
hecho por causa de su ideología, sino para eludir la acción de la justicia, que
los ha declarado prófugos; 3) no existe ataque alguno por parte del Gobierno
españoll contra los derechos y libertades de los catalanes, mientras sí se
producen tales ataques por parte del Govern
contra los catalanes no nacionalistas;
4) la UE y sus Estados miembros –incluida Francia- han afirmado
reiteradamente que el problema catalán es una cuestión doméstica de la
competencia exclusiva del Gobierno español y ha rechazado –por inapropiada- una
posible intervención mediadora de la Unión; 5) no se ha producido un intento de
golpe de Estado en Cataluña,.sino un golpe de Estado como la basílica de la
Sagrada Familia y, si no, que vengan a verlo Curzio Malaparte y Daniel Gascón
–“El golpe posmoderno”-; 6) hubo
violencia en las manifestaciones y concentraciones, tanto el 20 de Septiembre
como el 1 de Octubre de 2017; dos “Mossas” advirtieron al Teniente de la
Guardia Civil responsable del registro de la Consejería de Economía:”No se os ocurra salir con las cajas que os
van a matar” y la Secretaria judicial tuvo que huir por la terraza del
edificio; 7) los dirigentes de la Generalitat
no necesitaron luchar por el poder porque, a nivel autonómico, ya lo
detentaban y, a nivel nacional, no les interesaba, porque lo que pretendían era
escindir a Cataluña de España y declarar su independencia.
Es
significativa la labor proselitista de las “Embajadas” de la Generalitat en el exterior. Sólo unos
meses después de haberse restablecido la Delegación catalana en París, su titular
se ha apuntado el tanto del Manifiesto de los Senadores, que podría haber sido
redactado por él mismo o por el Consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch. El
separatismo –que hasta ahora había tratado sin éxito de lograr algún tipo de
reconocimiento internacional por parte de
Francia- ha conseguido una pequeña pero indudable victoria. El Delegado.
Daniel Camós, se ha congratulado a justo título de que el Manifiesto no tenía
precedentes en Europa por su transversalidad y su representatividad geográfica,
y se ha mostrado convencido de que el renacimiento de Europa -al que apelaba
Emmanuel Macron hace unas semanas- pasaría por una mediación de la UE y por una
solución democrática para Cataluña. En estos resultados cabe hallar una pista
sobre a dónde van a parar las ingentes sumas de dinero que gasta a discreción Diplocat a expensas de los impuestos de
los españoles.
Benoit
Pellistrandi –autor de “Le labyrinth
catalan”, un libro bastante crítico del separatismo- ha afirmado que el
Manifiesto refleja un desconocimiento
brutal de la situación en España, y de Cataluña en especial. Los Senadores
afirmaban hipócritamente que en modo pretendían inmiscuirse en los asuntos
domésticos españoles, pero la hacían de forma descarada al valorar y cuestionar
el Estado de Derecho en España. No han querido entender que el Tribunal Supremo
estaba juzgando a algunos representantes políticos porque habían abusado de sus
poderes. Resulta extraño que estas descalificaciones se hayan hecho en pleno del
juicio, cuando aún no se han pronunciado las sentencias. Los Senadores son muy
libres de evaluar las sentencias una vez que se hayan sido dictadas pero sus comentarios
en el curso del proceso son de carácter político y no jurídico.
El Gobierno
francés y el partido de la mayoría han salido de inmediato a la palestra para
tratar de corregir la situación. El Gobierno emitió un comunicado en el que
aseguraba que Francia reiteraba su compromiso constante con el respeto al marco
constitucional de España, dentro del cual se debería tratar el asunto de
Cataluña. Ha señalado que ”no le
corresponde a Francia inmiscuirse en los procesos judiciales en curso” y
afirmado “la plena confianza en la
capacidad de la democracia española para llevar a cabo un diálogo político
pacífico, respetando la legalidad constitucional y el Estado de Derecho”.
En un momento en que el espíritu de unidad y solidaridad debe guiar más que
nunca la reactivación del proyecto europeo, “las autoridades francesas recuerdan su compromiso con una España fuerte
y unida, y su pleno apoyo a las autoridades españolas”-
El Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian,
expresó la plena confianza de su Gobierno en la democracia y en las autoridades
españolas, y la Ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, comentó que era
un tema que correspondía a los representantes de España y en el que “nadie –por mucho que sea parlamentario
francés- tiene por qué inmiscuirse”. El partido de “La República en Marcha”,
a su vez, ha señalado que se trataba de la opinión personal de unos senadores y
no reflejaba la posición del grupo, y que España era “un país aliado y una gran democracia”.
El
Ministerio español de Asuntos Exteriores -cuyo titular se hallaba en Argentina
con el Rey- ha agradecido la rápida y contundente reacción de las autoridades
francesas ante el inadmisible Manifiesto. Ha declarado que España era una
democracia plena con división de poderes, en la que los derechos y las libertades fundamentales
–incluido el derecho a un juicio justo- estaban plenamente garantizados. Se ha
echado, sin embargo, de menos una reacción al más alto nivel gubernamental dada
la transcendencia del tema, pero Pedro Sánchez ha preferido no salir a la
palestra para no incomodar a sus aliados, los separatistas catalanes. Ni
siquiera a nivel partidario se ha atrevido a propinar una merecida colleja al
partido hermano por el incalificable comportamiento de trece de sus senadores
. En cambio,
el candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex-Primer Ministro francés, Manuel
Valls, se ha puesto en contacto con Macron, con la diplomacia francesa y con
las instituciones europeas para destacar el desconocimiento mayúsculo de los Senadores
firmantes de la carta sobre lo que ocurre en Cataluña, a los que ha pedido
explicaciones. Ha manifestado que se ha producido un escándalo político y
lamentado que los parlamentarios galos hayan sido sensibles a la intoxicación que
el separatismo propala desde hace años.
Este
lamentable episodio pone de manifiesto como la continua e insistente propaganda del secesionismo catalán va calando
como lluvia fina en la opinión pública internacional. Uno de sus mayores éxitos
ha sido el de convencer a muchos de que el Gobierno español pretende solucionar
un problema político –como es el de las reivindicaciones de los nacionalistas
catalanas- a través de la vía judicial. Esto es una tremenda falacia, pues el
Tribunal Supremo –y en su momento la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña- no tratan de resolver el problema político de
Cataluña, sino de cumplir con su obligación de juzgar a unas personas sobre las
que –por muy políticos que sean- hay indicios razonables para sospechar que han
violado presuntamente la ley.
Como ha
señalado el Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes -en una carta
dirigida al Presidente del Senado francés, Gerard Larcher-, la afirmación de
que determinados políticos catalanes están sufriendo prisión por razón de las
opiniones vertidas en el ejercicio del mandato que les ha sido confiado y
siendo juzgados por este motivo por el Tribunal Supremo del Reino de España, es
una manifestación contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible, al
señalar la existencia en España de una situación de represión. ”El Tribunal Supremo, en cumplimiento de su
obligación de garante de la legalidad y del Estado de Derecho en nuestro país,
está celebrando en estos momentos un proceso en el que únicamente se
enjuician determinadas actuaciones
atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades
públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún
caso se estén juzgando sus ideas u opiniones. Conviene recordar a este respecto,
que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que
vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de
cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto
un proceso penal a sus dirigentes, militantes o votantes en razón de sus ideas
u opiniones públicas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución
española. Precisamente por ello, como representante del Poder Judicial de
España, me resulta especialmente doloroso tener que recordar a personas integrantes
de la institución que Vd. preside, que en nuestro país […] se respetan
escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho, muy especialmente en lo
que se refiere a los derechos fundamentales, a las libertades públicas y a la
independencia del Poder Judicial”.
Si
semejante aserto fuera cierto, ¿cómo se explica que sigan en libertad y en el
ejercicio de las más altas funciones en Cataluña de personas tales como Joaquim
Torra, Roger Torrent, Pere Aragonès, Elisa Artadi o Eduard Pujol, que están
propugnando el establecimiento de una República Catalana independiente un día
sí y otro también? ¿Cómo es posible
que siga funcionando una emisora como TV3, que se pronuncia día tras día por la
independencia de Cataluña?...
Concluye Lesmes su carta afirmando
que el Manifiesto ha generado un profundo malestar en el Tribunal, “al constituir una descalificación de nuestra
actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto”,
descalificación que se basa “en unos
hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la
propaganda y de la desinformación interesada”. La transparencia, el buen
hacer procesal y el rigor jurídico con los que está actuando el Tribunal
Supremo y su Presidente Manuel Marchena son una garantía plena de que se hará
Justicia.
Madrid, 27 de Marzo de 2019
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