Al Gobierno le cuesta sudores de sangre aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

AL GOBIERNO LE CUESTA SUDORES DE SANGRE APLICAR EL ARTÍCULO

115  DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA

De mi época de estudiante en Inglaterra recuerdo haber visto en una iglesia de

 Walshingam una vieja estufa del siglo XIX, en cuya tapadera había esculpida la imagen de una tortuga bajo l cual había la siguiente  inscripción: “Lenta, pero segura”. De la Justicia cabe decir lo mismo. La tortuga de marras se ha puesto parsimoniosamente en marcha y va a acabar por adelantar a Aquiles-Puigdemont y sus maratonianos colegas en la carrera filosófica de la conquista del espacio y del tiempo políticos imaginada por Zenón de Elea. A diferencia del ritmo cansino del quelonio, los acontecimientos en Cataluña se han desarrollado últimamente con una celeridad inusitada y se ha llegado a lo que apenas nadie –incluidos muchos independentistas- creía que llegaría nunca a suceder: la declaración unilateral de la independencia de Cataluña (DUI), la destitución del Presidente y de los miembros del Govern, la suspensión del Parlament, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de Diciembre, la “espantá” del ex-Honorable y cuatro de los miembros de su Gobierno a Bélgica , el encarcelamiento del Vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de otros siete antiguos miembros del Govern y de los Presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de “Omnium Cultural”, y la prisión con fianza de la Presidenta del Parlament Carme Forcadell.

En opinión de Arcadi Espada, el Estado se equivocó gravemente al considerar que los políticos nacionalistas nunca serían capaces de llegar hasta donde han llegado, pero lo mismo les ha ocurrido a ellos, ya que creían que el Estado tampoco llegaría hasta donde ha llegado, y ahora se encuentran en la cárcel o camino de ella. Estos políticos y la extrema izquierda se han mostrado atónitos e indignados por las últimas decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (TS),  pero -como ha señalado “El Mundo” en un editorial- “sólo quien está habituado a la impunidad se sorprende cuando ésta se acaba”. El ejercicio de la política no está eximido de la vigilancia del Código Penal y el Estado de Derecho sigue sus procesos al margen de la conveniencia política. “Quien echa un pulso al Estado, lo pierde”.

Auto de la Magistrado de la Audiencia Nacional Carmen Lamela

            Tras su comparecencia en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la Magistrada Carmen Lamela, condenó a prisión provisional incondicional a Junqueras y a los antiguos Consejeros de la Generalitat Jordi Turull,, Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquín Forn, Meritxel Borrás y Carles Mundó, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Al Consejero Santiago Vila –que dimitió antes de que se aprobara la DUI- le impuso la pena de prisión con fianza de €50.000, por lo que –una vez abonada ésta- quedó en libertad.

            El auto de la Magistrada ha sido calificado por el Embajador Melitón Cardona de equilibrado, fundamentado y bien redactado. Está perfectamente motivado en lo jurídico y redactado en un castellano legible, fluido e impecable. Su decisión ha cumplido con los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de una medida tan gravemente restrictiva como la privación de libertad. Ha constatado que se han producido hechos que presentan caracteres de delitos muy graves, que existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a los querellados, y que la posible pena a aplicar supera los dos años. Ha desgranado sus conductas destinadas a lograr la independencia de Cataluña y analizado con detalle el documento “Enfocat”, que propuso la estrategia para lograr tal fin, que se ha correspondido con los pasos dados por el Govern en los últimos dos años. Se trata de “una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, las parlamentarias y las asociativas (ANC y  Omnium Cultural), que conduciría a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de Octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el 27 de Octubre”.

            El auto describe la desobediencia al TC a través de medidas “que pretendieron dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, mediante la actuación a través de movimientos populares encaminados a crear en los ciudadanos un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado”. Para la consecución de este fin secesionista, los querellados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública”.  Su actuación “fue meditada y perfectamente  preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional  en pro de la independencia”.

            Según la Magistrada, “la planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas con fondos públicos”. Los querellados han hecho posible la realización de pagos “para llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de de la declaración explícita de anticonstitucionalidad”.  Cobra especial importancia el papel que todos ellos protagonizaron desde sus cargos públicos, sin el cual el proceso independentista no habría podido impulsarse.  Concluye advirtiendo sobre “la alta probabilidad de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, así como el alto riesgo de reiteración delictiva”, y destaca el elevado poder adquisitivo de los  investigados, que les permitiría fácilmente “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”.

            Los nacionalistas, como era de esperar, se han rasgado las vestiduras. Puigdemont ha enviado un mensaje a la opinión pública –transmitido por TV-3 (¿?)- en el que denunció la decisión de Lamela de encarcelar a los miembros de su Gobierno -que calificó de muy grave error y de “atentado gravísimo contra la democracia, que rompe con sus principios básicos”- y exigió su libertad, porque habían sido privados de ella por cumplir con su programa aprobado en el Parlament. Semejante decisión suponía un ataque a las elecciones del 21 de Diciembre, “que se van a celebrar en un clima de represión y encarcelamientos de políticos sin precedentes”. Artur Mas ha señalado que se trata de un “abuso de derecho” y Joan Tardá que habían sido víctimas de un juicio político. A ellos se ha unido la extrema izquierda, tanto regional como nacional. Así, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a Lamela de actuar con espíritu de venganza y propuesto la creación de un frente común para conseguir la liberación de los “presos políticos”. Pablo Iglesias, en paralelo, ha afirmado:”Me avergüenzo de que en mi país se encarcele a opositores, No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos,¡Libertad para los presos políticos!”. Los partidos de ambos –fundidos en una candidatura común para las elecciones autonómicas- han acordado incluir en su programa electoral la exigencia de amnistía para todas las personas inmersas en procesos judiciales  por desafiar a la Justicia con sus actos en pro de la independencia. De los partidos constitucionalistas sólo Ciudadanos ha mostrado su satisfacción por el auto. Miguel Iceta ha declarado que el PSC acataba la decisión judicial –lo cual resulta positivo, pues el Presidente de la Geeralitat José Montilla se rebeló contra la sentencia del TC sobre el Estatut y se ausentó del Senado cuando éste autorizó la aplicación del artículo 155-, si bien lo consideraba desproporcionado. El ex-Ministro socialista Josep Borrell –muy en candelero ahora en Cataluña y elogiado a diestra y a siniestra- ha manifestado que “cuanto menos responsables políticos haya en prisión, mejor para las elecciones”. El PP ha respondido con su habitual positura de acatar las decisiones judiciales y no comentarlas, pero el Gobierno ha dejado filtrar su preocupación por estimar que el encarcelamiento de los líderes catalanes fomentará el victimismo de los nacionalistas, mobilizará a sus desanimados seguidores y perjudicará las perspectivas electorales del partido. Sin embargo, lo que le va a perjudicarles –según Cayetana Álvarez de Toledo- es “que no defiendan con determinación y orgullos democrático la decisión de los tribunales”.

            Según Raúl del Pozo, el nacionalismo necesita perseguidos y, si es posible, mártires, y ya los tiene. El mártir por antonomasia debería haber sido el President Puigdemont, pero le han fallado sus impulsos heroicos y ha preferido tomar las de Villadiego y cederle generosamente la palma del martirio a su hermano separado Oriol Junqueras. Éste no se ha mostrado entusiasmado con la cesión de derechos y ha decidido poner fin a la coyunda de Junts pelSí y recorrer la Vía Dolorosa en solitario, de acuerdo con lo que reza el refrán castellano de que “más vales estar sólo que mal acompañado”. Huido a Bélgica con cuatro de sus Consejeros –Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluis Puig-, Puigdemont ha reiterado su negativa a comparecer ante los Tribunales y justificado su presencia en Bruselas para mantener la legitimidad del Gobierno de la República de Cataluña y crear una estructura estable que organice la resistencia de los catalanes contra la opresión del Estado español. El Gobierno español han emitido una euro-orden solicitando la detención y extradición de los prófugos y el asunto está en manos de las autoridades judiciales belgas, que les han prohibido que abandonen el país hasta que tomen una decisión. Cambiando su decisión de no presentarse a las elecciones, Puigdemont se ha sacrificado y ofrecido encabezar una lista única de todas las fuerzas separatistas, pero ERC –que según los sondeos va a ganar las elecciones- no ha accedido a su propuesta y ha decidido presentar una lista propia encabezada por Junqueras y en la que se incluyen todos los antiguos Consejeros del Partido encarcelados o prófugos.

Auto del Instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena

            El mismo día en que Junqueras y Cía comparecieron ante la Audiencia Nacional estaba prevista la comparecencia en el TS de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa, dada la condición de aforados de todos ellos. Los  Abogados de los acusados solicitaron más tiempo para preparar sus defensas, y el Magistrado Instructor, Pablo Llarena, les dio una semana adicional de plazo, pese a que la Fiscalía había pedido que fueran interrogados con urgencia. Parece ser que el Magistrado comentó a los Abogados, de forma un tanto displicente, que el TS no era la Audiencia Nacional.

            Esta decisión fue distinta a la adoptada por la Audiencia Nacional y ha sido interpretada como una crítica implícita a la Magistrado Lamela, pero, frente a esta interpretación, cabe señalar que los defensores de Junqueras y de los Consejeros no solicitaron una extensión del plazo para los interrogatorios. La progresista Asociación de Jueces para la Democracia ha comentado que “resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos”  y criticado a Lamela porque la prisión debería ser la  excepción y no la regla general. Es cierto, pero no es menos cierto que el cumplimiento de la ley debería ser la regla general y los políticos nacionalista catalanas lo han convertido en la excepción. En  cuanto al fondo, la diferencia no ha sido tan grande. Llarena  ha estimado que se cumplen los requisitos para considerar que han cometido un delito y aceptado iniciar la investigación.

            El auto apunta a la posible comisión de un delito de rebelión consumada y no de simple conspiración para la realización de la misma. El artículo 472 del Código Penal considera reos de rebelión a los que “se alzaren violenta y públicamente” para lograr objetivos tales como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.El problema que se ha planteado la doctrina y la jurisprudencia es qué grado de violencia ce necesita para que se produzca el delito. Llarena estima que el alzamiento es violento “cuando se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estar dispuesto a su utilización, por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla”. La referencia a la violencia no quiere decir que “para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”. En cualquier caso, el Instructor enumera una lista de episodios de violencia real como el apedreamiento de de agentes el 1-O, el asedio a  sus hoteles, el entorpecimiento de registros policiales, las amenazas a empresarios, los cortes de carreteras o la erección de “murallas humanas”, que defendían de manera activa los centros de votación empleando la fuerza. “Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arraigaba expandirse” y constituyen “una clara y plural expresión de esta violencia”.

El auto contempla la posibilidad que se haya cometido la variante agravada del delito de rebelión. Ello se produce cuando va acompañada de circunstancias tales como que se hayan detraído caudales públicos de su legítima inversión. Mientras la Fiscalía consideraba estos hechos como un delito separado de malversación, Llarena los estima como una circunstancia agravante del delito de rebelión que supone un endurecimiento de la pena. Señala que  –dado que durante el 1-O se realizaron votaciones- seróa lógico pensar  que tuvo que haber algún gasto de dinero público, pero la Fiscalía no ha aportado indicios de ello y, en consecuencia, rechazó imponer a los querellados una fianza de €6.2 millones por responsabilidad civil.

Pese a la contundencia de los argumentos expuestos en el auto, el Instructor rechazó dictar prisión incondicional contra los encausados y decretó prisión eludible mediante fianza de €150.000 para Forcadell y de €25.000 para los demás componentes de la Mesa salvo Joan Josep Nuet, que –al demostrar que no había votado a favor de admitir a trámite la propuesta sobre la independencia- quedó en libertad sin fianza. Los motivos que llevaron a Llarena a tomar semejante decisión fueron que los querellados habían aceptado la legalidad constitucional, tenían arraigo y habían comparecido cuando había sido citados, y no existía riesgo de reiteración delictiva o huida del país. Ha supuesto la rendición innoble de quien, no ha mucho, alardeó de que jamás daría un paso atrás, y ahora ha dado, no ya uno, sino tres: aceptación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, renuncia a la secesión al afirmar que la DUI había sido solamente simbólica y compromiso de no actuar fuera del marco de la Constitución y del Estatuto. Rafael Moyano lo ha expuesto irónicamente es estos términos:”Que lo de la declaración de independencia era broma, tontos, y que lo del 155 no está tan mal y además no tengo intención de seguir en la política, pero –aunque siguiera- ni se me ocurriría hacer nada fuera del marco constitucional”. A juicio de “El Mundo”, en los Tribunales no se dirimen hechos simbólicos, expresiones sentimentales o debates ideológicos, sino la responsabilidad penal y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron del poder para pisotear la ley.

Este giro copernicano de 180º por parte de Forcadell no parece que obedezca a una caída del burro –similar a la de San Pablo del caballo- de la persona que, junto a Mas y Puigdemont, ha sido la principal responsable del proceso hacia la DUI, pues ha desobedecido sistemáticamente las resoluciones del TC, hecho caso omiso de los dictámenes de los juristas del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, permitido la tramitación de leyes ostensiblemente inconstitucionales y de la resolución sobre la independencia de Cataluña, silenciado a la Oposición y arengado públicamente a las masas alentándolas a la insurrección contra el Estado de Derecho. ¿Llega la ingenuidad de Llarena a creer en las lágrimas de cocodrilo de la antigua Presidenta de la ANC, principal impulsora en tal condición de las Diadas separatistas?. No parece que así sea cuando deja caer que las promesas de Forcadell podrían ser mendaces, pero le concede generosamente el beneficio de la duda. La aún Presidenta del Parlament no ha sufrido una conversión paulina, sino que ha visto de cerca los dientes al lobo. La cárcel asusta –para eso está, entre otras razones- y es humano que trate de eludirla, aunque para ello tenga que olvidarse de su dignidad y hacer  pública abjuración de principios.

El auto de Llarena no es a la postre tan favorable para Forcadell como pueda aparecer a primera vista, ya que los hechos que se están investigando ya han sucedido y producido nefasta a s consecuencias, por lo que un arrepentimiento sobrevenido -sea sincero o no- no va a hacer que deje de existir lo que ya ha ocurrido. Podría ser considerado como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. La argumentación del Instructor, por otra parte, destroza la previsible estrategia  defensora de los Abogados de que sus defendidos actuaron siempre de forma pacífica y no realizaron actos violentos.

Una prueba de que Forcadell no ha cambiado de opinión ha sido el mensaje –no sé si conciente o inconsciente- remitido nada más salir de la prisión, tras haber pagado su fianza con un cheque de la ANC:  ”Volvemos a casa con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. En tan breve misiva cabe apreciar al menos tres falacias: La Presidenta sólo garantizó la libertad de expresión de una mitad del Paramento y conculcó de forma obscena la libertad de la otra mitad, la soberanía nacional no radica en el Parlament sino en la Cortes Españolas,  y -si no tenía nada que reprocharse- ¿por qué ha tenido que ir a Canosa y hacer la palinodia de afirmar que la DUI era sólo un declaración simbólica sin efectos jurídicos?.

Aplicación mínima del artículo 155 por parte del Gobierno

            Mariano Rajoy se ha visto obligado a recurrir al artículo 155 muy a su pesar y está tratando que la acción del Estado en Cataluña a través del Gobierno central se note lo menos posible. De ahí su precipitada convocatoria de elecciones autonómicas cuando no ha habido tiempo material para restablecer del todo el orden constitucional en la región. El objetivo del artículo 155 no es el de convocar elecciones, sino el de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso  de las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, y al respeto del interés general de España. La celebración de elecciones puede ser un medio para recuperar la normalidad constitucional, pero no es un fin en sí mismo, y el resultado de las mismas podría llevar a que se reprodujera la situación que prevalecía en Cataluña cuando la Generalitat y el Parlament optaron por la DUI.

            La actuación del Gobierno se ha reducido al mínimo indispensable, que ha afectado especialmente a los ámbitos financiero .-intervención de las cuentas y control del presupuesto regional- y administrativo –asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos-. No ha intentado abordar el tema de la enseñanza, que es sumamente complejo y delicado, si bien el Gobierno provisional podría haber tratado de paliar, en la medida de lo posible,  la situación de discriminación escolar de los hispanoparlantes. Otro tema urgente que se ha ignorado -auque en gran parte por culpa del PSOE- ha sido el de la “desoberanización” de los medios públicos de comunicación –especialmente TV-3 y Radio Catalunya-. Los socialistas obligaron a que se omitiera del mandato del Senado la autorización para controlar los citados medios. ¿Cómo es posible que, después de la intervención del Estado en Cataluña, TV-3 siga con su perfil sobranista y difunda sin el menor pudor un mensaje del prófugo Puigdemont, presentado como Presidente legítimo del Gobierno de la Generalitat?. Contento estará Pedro Sánchez con la irreductible e inadmisible actitud de TV-3, que no cesa. ¿Acaso podrá controlarla la Junta Electoral de aquí al 21-D?.

            Ni siquiera en el ámbito de la seguridad –fundamental junto con el de la Hacienda Pública- ha actuado debidamente el Gobierno provisional: algunos cambios en la jerarquía política de los Mossos de Escuadra y poco más. La pasividad de la Policía, regional y nacional durante la huelga general política del día 8 permitió que unos pocos agitadores bloquearan el normal funcionamiento de los transportes en Barcelona.

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable directo de los Mossos, declaró que su actuación –o no actuación, diría yo- “fue muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba”, a pesar de que los piquetes fueron muy violentos, porque “no era el día  para caer en provocaciones”, y se ufanó de que, gracias a ello, los independentistas no podrían quejarse de la actuación policial, ya que “no hubo ni  un solo lesionado”. Me parecen lamentables estas declaraciones de un Ministro, que –para más “INRI”- es juez de carrera., pues ha supeditado el cumplimiento de la ley al “contexto” y a la conveniencia política. Los Mossos han pasado de ser criticados por el Ministerio de Interior por su inacción el 1-O a ser elogiados como un modelo de profesionalidad.. Supongo que ahora el Gobierno tratará de paralizar la tramitación de las diversas querellas presentadas por la inacción de los Mossos el 1-O por lo que “no hicieron” cuando los mandaba Josep Lluis Trapero. Entonces –se ha preguntado Santiago González- ¿qué necesidad había de destituirlo?. Si así se aplicaba el artículo 155, ¿por qué Forcadell no iba a acatarlo si Zoido hablaba como el ex-Consejero Forn?. Como ha comentado Federico Jiménez Lozanitos, con su proverbial  sarcasmo, “a Papá Noel Zoido sólo le faltó llevar porros a los piquetes y chuches a los niños”.

            Otra actitud poco comprensible del Gobierno es su renuencia a que se excluyan de las listas electorales a prófugos y presuntos delincuentes, antes al contrario. El Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo ha declarado que sería bueno que Puigdemont y los ex –Consejeros investigados participaran en las elecciones del 21.D, pues su status de presos preventivos no se lo impedía. Sí se lo impediría si el Gobierno cumpliera con su deber y aplicara la Ley 19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que le permite –de oficio o a instancia de parte- inhabilitar a los autores de infracciones tales como “incumplimiento del deber de respeto a la Constitución” o “adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos”.El Gobierno debería haber inhabilitado a estos desaprensivos tiempo ha, pero prefiere una vez más que el TC le saque las castañas del fuego e inhabilite a algunos dirigentes secesionistas al amparo de los poderes que le concede su Ley Orgánica tras la última reforma. Mas ésta es misión del poder ejecutivo y no del judicial, y –en caso de que el Tribunal decidiera hacerlo-, se rompería la unanimidad que hasta ahora ha prevalecido en su seno en el tema de Cataluña y, sobre todo, supondría un desgaste innecesario y daría argumentos a las críticas nacionalistas de falta de imparcialidad.

            No es de higiene democrática permitir, e incluso facilitar, las presencia en las listas electorales de prófugos y presuntos delincuentes –no tan presuntos- para que accedan al Parlament –y eventualmente al Govern-, gracias al voto cautivo de buena parte de la población catalana, intoxicada durante años por la agitprop soberanista. ¿Qué ocurriría si Junqueras y sus cachorros salieran elegidos y accedieran de nuevo al Gobierno de la Generalitat y luego fueran condenados a largos años de cárcel por el delito de rebelión?. Las consecuencias del encarcelamiento de unos diputados escogidos por el pueblo serían mucho más graves que las que se producirían ahora si el Gobierno y/o los Tribunales los inhabilitaran e impidieran su participación en las elecciones, pues más vale prevenir que curar.

            El Gobierno yerra al dejarse engañar por los nacionalistas y mostrrarse dispuesto a hacer concesiones en aras del apaciguamiento, que –en opinión de Álvarez de Toledo- nunca es general, pues sólo se apacigua del lado del que no lo merece..”La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático”. El diccionario inglés Webster define “apaciguar” como “hacer concesiones a alguien –como un agresor o un crítico-, a menudo a costa de sacrificar los principios”. No fue el apaciguamiento lo que ha empujado a Forcadell a “pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional”, sino “la amenaza seca y concreta de la cárcel”. El cambio de ciclo en Cataluña y la vuelta a la normalidad constitucional no se conseguirá con guiños al separatismo. El Gobierno deberá  abandonar sus complejos, creer en la fortaleza que le proporciona el Estado de Derecho y hacer cumplir en Cataluña la Constitución, el Estaturo y las leyes, sin condicionarlo al “contexto” o a las conveniencias políticas.

Madrid, 13 de Noviembre de 2017 

            

"Consumatum est: Aborto de una independenncia imposible

“CONSUMATUM EST”: ABORTO DE UNA INDEPENDENCIA IMPOSIBLE

            La conducta increíble del veleidoso, voluble y volátil ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont –que se ha ganado al pulso el calificativo acuñado por Fernando Sanche Dragó de “necionalista”- ha hecho inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de las reticencias del PSOE y del propio Gobierno central. Resulta incomprensible la demonización que ha sufrido el citado artículo –una salvaguardia razonable que figura en casi todas las Constituciones democráticas- por parte de nacionalistas y socialistas. Todavía en el caso de los primeros cabría encontrar una explicación, dado que la disposición  parece pensada para hacer frente a sus eventuales excesos, pero en el de los segundos escapa a la lógica de un partido que ha gobernado a España en los últimos años y que aspira a volver a hacerlo.

 Actitud suicida del President Puigdemont

            Pese a sus palabras críticas a la autorización del Senado al Gobierno para la aplicación del artículo 1555, parece como si Puigdemont la estuviera deseando y no se ha quedado contento hasta que no lo ha conseguido. Tras el envío de sendas misivas dignas de Groucho Marx, en las que no daba respuesta alguna a los requerimientos del Presidente  del Gobierno y seguía con su “raca-raca” independentista, Mariano Rajoy y su coyuntural aliado Pedro Sánchez no han tenido más remedio que recurrir a él por “vergüenza torera”. Y mira que han hecho lo posible y loo imposible para evitarlo, con el protagonismo conciliador de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que –hasta el último minuto de la prórroga- afirmó que el partido se suspendería  si el Capitán del equipo contrario aceptaba dar por perdido el partido y aceptaba que se produjera un nuevo encuentro, al decir que “el artículo 155 podría sortearse con la llamada a las urnas”-. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta –con la complicidad interesada del Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu- mantuvo reiteradas entrevistas con Puigdemont.

Hubo un momento en que estas presiones y las recibidas del sector menos separatista del PDeCAT y de los medios empresariales parecían haber dado su fruto y que el President convocaría elecciones autonómicas anticipadas como dio a entender, pero -ante la reeacción furibunda de ERC, de la CUP y de su propio partido- giró una vez más como la veleta que es y se lanzó como un kamikaze a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Dijo estar dispuesto a convocar elecciones siempre que el Gobierno les diera garantías y permitiera que se celebraran con absoluta normalidad. Estas garantías no deberían implicar el reconocimiento explícito de la renuncia a la DUI y la aceptación de la Constitución y del Estatuto como el único marco legal. Suponía establecer “de facto” una doble legalidad en pie de igualdad -la estatal y la autonómica-, pero –como ha señalado Araceli Mangas- hay que impedir que emerja un Estado impostado que compita con el Estado legal y democrático, y evitar que existan legalidades paralelas. Al  no aceptar el Gobierno su penúltimo chantaje, Puigdemont optó por pasarle la “patata caliente” al Parlament y saltó al precipicio sin paracaídas.

            “Junts pel Sí” y la CUP habían presentado una propuesta de resolución en cuya exposición de motivos se reproducía  el texto fantasmal de la “Declaración de Independencia” firmada de tapadillo el día 10 de Octubre por los diputados separatistas. En ella instaban al Gobierno a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la fundación de la República”, así como a iniciar el proceso constituyente para la adopción de la Constitución de 

Hacia la restauración de la legalidad constitucional

HACIA LA RESTAURACIÓNDE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

            Aün nos estamos recuperando de la ceremonia de la confusión protagonizada el pasado día 11 por el Presidente de la Generalitat  Carles Puigdemont y, en menor medida, por el Presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. La situación me ha recordado una anécdota sobre un intercambio de palabras entre el Cardenal Fernando Quiroga y Francisco Franco en la Galicia natal de ambos. El Arzobispo de Santiago trataba de convencer al Jefe del Estado de que el Gobierno debería costear las obras de la ampliación del aeropuerto de Labacolla con motivo de la celebración del Año Jubilar Compostelano de 1965 y utilizaba como principal argumento la posible visita del Papa a la tumba del Apóstol. Franco le dijo:”¿Y si no viene?” y el Cardenal le replicó:”¿Y si viene?”. La cuestión que nos planteamos en el día de hoy es la de si ha habido o no una declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI).

¿Ha habido Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña?

            Puigdemont afirmó solemnemente en el Parlament: “Llegados a este momento histórico,  como Presidente de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”. Acto seguido añadió:”El Govern y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia”.Tras finalizar esta intervención, hablaron los portavoces de los distintos partidos representados en la cámara para expresar su opinión sobre la declaración presidencial y se levantó la sesión sin que el Parlament se pronunciara en modo alguna sobre la supuesta declaración de independencia o sobre la propuesta de suspender la misma. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, planteó una pregunta que quedó sin respuesta. ¿Cómo se puede suspender una declaración que no se ha formalizado y, por tanto, no se ha llegado a producir ?.

            A continuación, los diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP se reunieron en otro salón para firmar un papel –un “non-paper- pomposamente denominado “Declaración de Independencia de Cataluña”, un “destino manifiesto” que, cuan nuevos Bolívares –aunque más bien sean “bolivarianos”- iba dirigido “al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo”. La declaración contiene más mentiras e inexactitudes por centímetro cuadrado que cualquier otro documento de carácter político y jurídico. Verbi gratia:

Disparatado contenido de la Declaración de Independencia

1) “La justicia y los derechos humanos, individuales  y colectivos, … son la base de la Constitución de la República Catalana”. El panfleto titulado “Ley de  Transitoriedad Jurídica”, adoptado en el Parlament -sin debate y negándole la palabra a los diputados de la oposición y violando, no ya la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino las propias leyes autonómicas- por un voto de mayoría pretende sustituir las Constitución Española de 1978, que fue aprobada en las Cortes por mayoría de dos tercios y refrendada casi por consenso por la inmensa mayoría del pueblo español, incluida una amplísima mayoría del pueblo catalán. Se basa en un supuesto “derecho de libre determinación” que no ampara el Derecho Español, el Derecho Catalán, el Derecho Internacional o el Derecho Europeo. Según el Derecho Internacional, el citado derecho de autodeterminación sólo corresponde a los pueblos de los territorios sometidos a dominación colonial o que se encuentran oprimidos en violación de los derechos humanos, lo que no es obviamente el caso del pueblo catalán, pese al desvergonzado victimismo de los separatistas. Ninguna normativa europea reconoce el “derecho a decidir” ni el derecho de una parte de un Estado a separarse del mismo de forma unilateral. En un Estado de Derecho como es español, los ciudadanos ejercen su derecho a decidir a través de las elecciones generales, autonómicas, locales o europeas, y –de forma excepcional- mediante referendums, siempre que se realicen de acuerdo con la ley. El futuro de Cataluña y de España no puede ser decidido únicamente por los catalanes, pues  requiere la participación de todos los españoles. Por muy importantes que sean los catalanes, de acuerdo con el principio de igualdad no son superiores al resto de los españoles.

            2) “Durante siglos Cataluña se ha dotado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud”. Cataluña nunca ha sido un Estado soberano: estuvo sometido al Rey de Francia y pasó más tarde a formar parte del Reino de Aragón. El autogobierno de Cataluña sólo se inició con el Estatuto de la II República de 1932, pero hubo que esperar hasta 1978 para que la Constitución consagrara un régimen de plena autonomía, que ha alcanzado uno de los más altos niveles de autogobierno del mundo.

            3) “El parlamentarismo ha sido durante los períodos de libertad la columna sobre la cual se han sustentado esas instituciones”. Esto puede que sea cierto hasta fecha bien reciente, cuando el Parlamento empezó a adoptar decisiones contrarias a la Constitución y al Estatut, pero dejó de serlo muy especialmente a partir del 7 de Septiembre de 2017, cuando la exigua mayoría de diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP laminó los derechos de la minoría opositora, impuso el desacato y violó todo tipo de leyes, incluidas las autonómicas. Una muestra más de la denegación del parlamentarismo es que la Declaración de Independencia ni siquiera fue registrada, no fue adoptada por el Parlament y se firmó de tapadillo en una sala aneja al hemiciclo.

            4) Los diputados tuvieron que aprobar la DUI  “después de décadas de intentar honesta y lealmente la convivencia con los pueblos de la Península Ibérica” [sic].  No sé si este lapsus se debe a la influencia del Vicepresidente Oriol Junqueras, que considera a los catalanes distintos a españoles y portugueses, y más próximos a los franceses y a los italianos. Como ha observado Rafa Latorre, los declarantes deberían sustituir su mapamundi por un atlas geopolítico, a menos que quieran incluir en su oferta de diálogo a los portugueses y declarar independientes de España –antes que a ellos mismos- a los canarios, baleares, ceutíes y melillenses. Lo que denominan “debilitación de la convivencia” se inició a partir del momento en que el Gobierno central cedió en exclusiva las competencias sobre Educación a la Generalitat y ésta inició su política de inmersión escolar y de adoctrinamiento de los alumnos, a los que –amén de enseñarles un Historia falseada- inculca odio y menosprecio al resto de los españoles, vagos y parásitos que se aprovechan de la laboriosidad de los catalanes y encima les roban. Esta “debilitación convivencial” se intensificó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó justificadamente la petición del President Artur Mas de que se concediera a Cataluña un Pacto Fiscal similar al reconocido en la Constitución al País Vasco y a Navarra,

            5) El Estado español “ha concedido una autonomía limitada, un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural” (¡!). No se pueden acumular mayor número de falacias en tan pocas palabras. No es el Estado sino la Constitución –aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de los catalanes- la que establece una distribución no suficientemente clara de las competencias. Precisamente ha sido el Estado –a través de los Gobiernos del PSOE y del PP- el que ha ido transfiriendo a la Generalitat competencias propias, en contrapartida a su apoyo para conseguir una mayoría que les permitiera gobernar en España. El chantaje de la bisagra ha provocado un lamentable “strip-tease” de competencias estatales y la transferencia de algunas que nunca deberían haber sido totalmente cedidas, como es el caso de la Educación. Decir que Cataluña sufre de discriminación lingüística y cultural es una falsedad mayúscula. Si existe discriminación en Cataluña es en contra de la lengua español, que –pese a ser reconocida en la Constitución y el Estatut como lengua co-oficial- es preterida en la Comunidad hasta el punto de negar a los niños castellano-parlantes la enseñanza en su lengua materna. El Govern se ha negado a aplicar numerosas sentencias en la materia de los más altos Tribunales españoles con absoluta impunidad. En cuanto al tratamiento económico injusto, no lo explica  -antes al contrario- la posición dominante de la economía catalana, que es  una de las más pujantes de España. Con independencia de que sea más o menos acertado, da la casualidad de que los distintos sistemas de distribución de recursos financieros –incluido el actualmente vigente- fueron acordados en negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y el Govern, y posteriormente impuestos a las demás Comunidades. Lo que la Generalitat ha pretendido hasta ahora –y así se incluyó en el non-nato Estatuto de 2005- es que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al porcentaje de la aportación de la Comunidad al PIB nacional. Esto sí que es injusto y contrario a la justicia distributiva y a la solidaridad interterritorial, pues pretende -sin el menor pudor- que se dé más al que más tiene, en detrimento de las Comunidades menos favorecidas.

             6) “El respeto a la ley será una de las piedras angulares” del nuevo Estado, que se compromete a “continuar siendo parte de los tratados internacionales”: Resulta difícil aceptar este aserto cuando la proclamada República Catalana tiene su origen en la violación de la Constitución española, del Estatuto de Cataluña, de las normas dictadas por el propio Parlament y del Derecho Internacional. Un Estado nacido de la ilegalidad y de la insumisión carece de fuerza moral para exigir a sus ciudadanos el respeto a las leyes y a las sentencias de los Tribunales. La falta de seguridad jurídica y la desconfianza en un Gobierno que estaría co-dirigido por un partido antisistema como la CUP -que preconiza la nacionalización de la banca y de las empresas proveedoras de servicios públicos, así como la salida de la UE y de la OTAN- han provocado el impresionante éxodo de las principales empresas y bancos de Cataluña. Para poder ser parte en los tratados y miembro de las Organizaciones Internacionales, Cataluña necesitaría ser reconocida como Estado por la comunidad internacional, lo que resultaría harto difícil. Los dirigentes separatistas han mentido descaradamente a los ciudadanos al asegurarles que la independencia no afectaría a la pertenencia de Cataluña a la ONU, la UE, la OTAN y demás Organizaciones de las que España forma parte. Los dirigentes comunitarios han citado por activa y por pasiva las disposiciones del Tratado de la Unión que consagran la integridad territorial de los Estados miembros y establecen que, si una parte de un Estado se separara de él, pasaría automáticamente a ser un tercero con respecto a la Organización y perdería los derechos que ésta concede a sus miembros.

            7) La declaración concluye la con la siguiente afirmación: “Constituimos  la República Catalana como Estado soberana, independiente, de derecho, democrática y social”: Comentando una de las Leyes fundamentales del Gobierno de Franco, el profesor de Derecho Político de la Universidad de Sevilla, Ignacio María Lojendio, nos decía que cuanto más adjetivos se adjudicaban a un texto básico, más se diluía su contenido, y el refranero español advierte de que “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. La República Catalana se ha autocalificado con cinco adjetivos tan falsos como los duros antiguos de Cádiz, pues no es independiente, soberana, democrática o  social y –sobre todo- no es de derecho. Según Latorre, sus promotores han confundido la realidad con la literatura y no han firmado un texto jurídico o una declaración constituyente, sino “un manifiesto dadaísta”,  que  es “un testimonio imborrable para que los historiadores del futuro puedan mostrar la decadencia en la que el Gobierno de Puigdemont sumió a una de las Comunidades más prósperas de España; una degradación no sólo económica y social, sino también puramente moral”.

            Los catalanes han dado sobradas muestras de creatividad y capacidad de inventiva, pero, con la actuación del Govern, han revolucionado la ciencia política y su conducta será explicada en las universidades de todo el mundo como el modelo de lo que no deben hacer los gobernantes. 1) Desde el poder concedido por la Constitución que legitima su presencia en el Gobierno, la han atacado, socavado y sustituido en último término por una Ley que carece de la más mínima legitimidad. Han reemplazado una Carta Magna aprobada por dos tercios de las Cortes y refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español –incluido el catalán- por una Ley adoptada en un Parlamento autonómico por un solo voto de mayoría, tras haber impedido que la minoría opositora pudiera siquiera expresar su opinión y violando sus propias leyes y reglamentos. 2) Han basado su supuesta legitimidad en un seudo-referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y realizado sin las mínimas garantías democráticas, en violación e las normas nacionales y autonómicas y en base a unos resultados fantasmagóricos no verificados por ninguna instancia neutral y sobre un censo desconocido; aún así, han admitido que los votos afirmativos obtenidos sólo supusieron el 43% del censo. 3) Pese a que la Ley de Transitoriedad Jurídica –suspendida por el Tribunal Constitucional- ha sustituido supuestamente a la Constitución, el Govern  y su Presidente no han dimitido ni convocado elecciones autonómicas para la formación de un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, y han permanecido en el poder al amparo de una Constitución que –a su juicio-ha dejado de estar en vigor. 4) Han hecho una declaración implícita de independencia y otra explícita de suspensión de la misma, que no han sido sancionadas por el Parlament, por lo que –de conformidad de la lógica surrealista y dadaísta que prevalece en la tierra de Salvador Dalí- se trata, en el mejor de los casos, de una independencia meramente virtual. Difícilmente se podrá encontrar en la Historia un caso semejante de trapacería jurídica y de falta de respeto al Derecho.

El parto de los montes

            En este punto, volvemos a plantearnos la cuestión de si se ha producido una auténtica DUI. ¿Sí, no o todo lo contrario?. Como los teólogos medievales con el sexo de los ángeles, los juristas pueden discutir hasta la naúsea si, desde el punto de vista jurídico, ha habido o no una declaración formal de independencia. La Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, ha dicho que “Rajoy no ha entendido nada”. El problema es que la gran mayoría de los ciudadanos españoles comparte el sentir del Presidente. Como ha señalado Raúl del Pozo, ante la confusión provocada por el estilo enrevesado y tramposo de sofista empleado por Puigdemont, Rajoy ha respondido con estilo cartesiano –yo añadiría y con retranca gallega- requiriéndole que se aclare. En efecto, el Presidente le ha enviado el requerimiento de que “confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia” y le ha exigido que responda antes de las 10 horas del próximo 16 de Octubre. En el caso de que no respondiera antes de esa fecha o diera una respuesta afirmativa, le ha pedido que revoque la DUI y ordene a la Presidenta y a la Mesa del Parlament que hagan lo propio. Le ha instado asimismo a que “comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación el cumplimiento íntegro de este requerimiento tanto por parte del Govern de la Generalitat como del Parlament de Cataluña antes de las 10 horas del próximo 19 de Octubre” y advertido que, en caso de que no atienda a esta orden, su Gobierno propondrá al Senado que ponga en marcha la aplicación del artículo 155 de 

Declaración unilateral de independencia a la vista antr ls desidia del Gobierno central

DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA A LA VISTA ANTE LA DESIDIA DEL GOBIERNO CENTRAL

            La inmensa mayoría de los españoles seguimos con estupefacción e incredulidad la ruta imparable hacía la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI), gracias al cerrilismo, la obstinación y el instinto suicida del Presidente de la Generalitat,  Carles Puigdemont y sus secuaces. Nada parece arredrarles en su alocada carrera hacia el precipicio: la denuncia de la reiterada  violación de la Constitución, del Estatuto y de su propias leyes; las decisiones del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; las advertencias del Gobierno central; el reconocimiento de todos los Estados democráticos de la ilegalidad del seudo-referéndum del 1-O; la exclusión de la Unión Europea en caso de producirse la DUI; las admoniciones de sus órganos asesores sobre la ilegalidad de su proceder; el inicio del proceso de deslocalización de los grandes bancos y empresas catalanas… ¡Alea  iacta est!.  Puigdemont –auto-asumida mezcla de César y de Moisés- se ha obstinado en cruzar el Rubicón del Ebro para llevar al pueblo escogido hacia la tierra prometida de la independencia.

Pasividad del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

            El hiperactivismo de Puigdemont contrasta con la pasividad –culposa, si no  dolosa- de Mariano Rajoy, pese al impecable y acertado discurso del Rey Felipe VI que lo ha puesto ante su responsabilidad, al afirmar de forma taxativa que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. 

Para Manuel Arias Maldonado, esta declaracióno ha venido a rellenar el vacío simbólico generado por el silencio del Gobierno. Su firme defensa de la legalidad ha achicado el espacio a quienes venían defendiendo un diálogo en condiciones de igualdad con el Govern. Según Luis Marín Sicilia, no hay nada más perverso ante el desafío catalán que hablar de diálogo o negociación. Con los delincuentes no se negocia, sino que se les aplican las sanciones que corresponden en un Estado de Derecho y, “una vez reconstruido el orden constitucional quebrantado, se dialoga hasta la extenuación y dentro del marco legal con los interlocutores que legítimamente se determinen en una situación ordenada y acorde con la legalidad vigente”. José Bono ha afirmado que “el diálogo debe ser la fase posterior a la reposición del orden constitucional: negociar bajo chantaje es impropio de un Estado democrático”. Como en su “Carta abierta a Pedro Sánchez “ han advertido algunos veteranos militantes socialistas ,”nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje”.

            A Rajoy, sin embargo, el mensaje regio le ha entrado por un oído taponado por el algodón “arriólico” y salido por el otro. El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha instado a aplicar sin demora el artículo 155 de la Constitución y a convocar elecciones autonómicas en Cataluña para impedir la DUI, pero Rajoy ha hecho oídos sordos con el increíble argumento de que no había aún motivos jurídicos suficientes. Siguiendo su línea política de no hacer nada y dejar que el tiempo soluciones los problemas, apura los tiempos en la esperanza de que Puigdemont dé marcha atrás. Como ha afirmado el Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, el Gobierno tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y las necesidades, sabe cuándo debe intervenir y actuará, “con inmediatez, firmeza y serenidad”, en el momento más propicio. Según el propio Presidente, hará lo que crea mejor para España y en el momento que le parezca más oportuno. “Sé que no es fácil –ha afirmado-, pero también me correspondió en su día tomar otra [decisión] que tampoco lo era”.  Pero el tiempo se le está acabando y –según ha observado Luis Herrero en “ABC”-, si el Gobierno catalán conserva el pleno ejercicio de sus competencias tras la DUI, “Rajoy se convertirá en cómplice de la rebelión y tendrá que responder ante la justicia”.

            EL presidente duda porque no tiene plenamente asumidos los riesgos de recurrir al artículo 155 ante un flagrante acto de sedición, si no de rebelión. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó a uno de sus asesores “¿qué pasa si aplico el artículo 155 de la Constitución  y no me hacen caso?”. El Gobierno no acaba de entender ni la naturaleza del poder, ni las exigencias de la posmodernidad. ”El poder es la demostración de la autoridad; la posmodernidad requiere movilización. En vez de convocar al conjunto de los españoles contra el secesionismo xenófobo y la tiranía de los sentimientos, en vez de apoyarse en los ciudadanos para reafirmar que aquí manda el Estado democrático, el Gobierno vacila, espera y calcula. Sólo actúa cuando no tiene más remedio –el 1 de Octubre- y a veces incluso recula”. Esta actitud del Gobierno es una muestra de su falta de confianza en sí mismo y en los ciudadanos.

            Rajoy someterá sus próximos y decisivos pasos al visto bueno de Sánchez,

no porque anhele una acción consensuada con el PSOE, sino para salvaguardarse de sus críticas y eludir una posible moción de censura que lo aparte del poder. Y no se da cuenta que son tal para cual. Su única coincidencia es que ambos aspiran al puesto de mando en la Moncloa: uno para mantenerse aferrado al poder y el otro para  tratar de arrebatárselo por cualquier medio, como ha puesto de manifiesto al debilitar al Gobierno -en vez de apoyarlo en momentos críticos para el futuro de España- solicitando en el Congreso la reprobación de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras llenársele la boca con farisaicas alabanzas a las fuerzas de seguridad del Estado, trata de condenar a quien supuestamente dio la orden para que cometieran toda clase de atropellos en Cataluña. Sánchez ha sido severamente criticado por  prestigiosos ex-dirigentes socialistas –especialmente andaluces- en el citado Manifiesto por la ambigüedad con la que está abordando un golpe de estado en toda la regla, ya que “la ilegítima, desleal y malversadora acción contra la democracia” emprendida por la Generalitat exige la unión de todos los partidos constitucionalistas.

        

            El recurso al artículo 155 –o a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es otra alternativa legal para impedir la DUI- debería llevarse a cabo antes del 10 de Octubre, fecha en que está convocado el Parlament y la ocasión podría ser aprovechada para proclamar formalmente la secesión de Cataluña. El Gobierno debería instar asimismo al Tribunal Constitucional a que aplicara el artículo 92 de su Ley Orgánica, que establece que el Tribunal velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Según su párrafo 4-b), si apreciara el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, podría adoptar –entre otras- la siguiente medida:”Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”. Es evidente que la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Vicepresidente, Oriol Junqueras, han incumplido varias de las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que sería conveniente que –con independencia de que puedan ser imputados ante los Tribunales correspondiente por la comisión de diversos delitos- fueran suspendidos en sus funciones con carácter urgente. De esta manera se lograría, por otra parte, dificultar la DUI al verse privado el  Parlament de su Presidenta y de dos de sus más cualificados diputados. Pero no parece que Rajoy vaya a tomar medida alguna, como cabe deducir de sus declaraciones a “El País”, al afirmar que “el Gobierno impedirá que cualquier declaración unilateral de independencia se plasme en algo”. No dijo que vaya impedir que se celebre una DUI, sino que ésta no tendrá efecto, lo que –“a contrario sensu” quiere decir que va a permitir que se produzca.. Rajoy sabe que Sánchez no apoyará el recurso al artículo 155 mientras no se declare la independencia, por lo que no cabe excluir que –en su maquiavelismo galaico-  prefiera esperar a que se produzca ésta para así aplicar el citado artículo con las bendiciones del PSOE. Desde luego no se ha  molestado en enviar a Puigdemont el preceptivo apercibimiento precio a la aplicación del artículo 155 porque no quiere exponerse a nuevos desmentidos ya que su credibilidad está bajo mínimos. Juró o prometió por Breogan y la Santa Compaña que no habría referendums el 9-N y el 1-O, pero votaciones en Cataluña –como las meigas en su Galicia natal- “haberlas, haylas”.

Decisión del titular de un Juzgado de Barcelona sobre la actuación policial

            En estos últimos días no ganamos los ciudadanos para sobresaltos y, en el plazo de 24 horas, hemos recibido tres malas noticias: Decisión del titular del Juzgado nº  7 de Barcelona sobre las denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de Octubre, declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña en las que ha pedido disculpas por la actuación de dichas fuerzas, y resolución del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo la dimisión de de Rajoy y otros altos cargos..

            El titular del Juzgado nº 7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha admitido a trámite las querellas de 120 afectados por la actuación el pasado domingo de las fuerzas de seguridad del Estado en su intento de cumplir el mandato de los Tribunales de impedir la celebración de un referéndum ilegal. No aceptó los argumentos del Ministerio Fiscal y abrió una “causa general” contra los agentes de los cuerpos nacionales de seguridad por actuar de forma desproporcionada. El juez ha dado poe bueno que en Barcelona hubo 97 personas heridas leves y dos graves –sin contar 20 agentes heridos, que no sé si considerará personas- y que las medidas adoptadas por la policía afectaron a la convivencia. “La actuación policial sólo estará amparada en caso de que exista proporcionalidad. De lo contrario generará responsabilidad “, ha afirmado. Según esta lumbrera de la Judicatura, hay una presunción “iuris tantum” de que cualquier actuación de la policía nacional –no de la autonómica- es desproporcionada y, en cada ocasión en que los agentes tengan que intervenir para evitar la comisión de un delito tendrán que probar que su acción fue “proporcionada”, so a de incurrir en responsabilidad pnal.

Y el juez Miralles ha seguido desgranando sus perlas jurídicas:”No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos votaran, dado que no podía producir ningún efecto jurídico relevante y el mandato del Tribunal Constitucional sólo afectaba a quienes convocaron y organizaron el referéndum”. En otras palabras, como su voto era irrelevante y como no habían sido expresamente mencionados en la decisión del Tribunal Constitucional, los pacíficos ciudadanos separatistas podían violar la ley, incumplir las sentencias de los Tribunales –y no sólo del Constitucional-, ocupar ilegalmente los centros públicos, obstaculizar la actuación de la policía formando barricadas y murallas humanas, insultar y agredir a los agentes, vulnerar su  propia Ley del Referéndum cometiendo toda clase de irregularidades, ocupar la vía pública y obstaculizar el tráfico…Todas estas acciones eran legales y lícitas, y estaban amparadas por la ley catalana y por su Juzgado. Los secesionistas tenían bula para incumplir la ley y no cometían delito alguno si lo hacían, a diferencia de los policías nacionales que tenían que demostrar su inocencia para no ser condenados por cumplir la ley. ¿Esto es lo que ha aprendido en la Escuela Judicial de Barcelona?. Espero que el resto de jueces de Cataluña no sean de la misma calaña jurídica que Miralles, aunque muchos de ellos están contaminados por el soberanismo.

Desafortunada petición de disculpas del Delegado del Gobierno en Cataluña

            En una entrevista en TV-3 –emisora de la Generalitat totalmente entregada a la causa del secesionismo- el Delegado del Gobierno en Cataluña, Eric Millo, afirmó que, tras haber visto las imágenes, quedaba en evidencia que “hay personas que han recibido golpes  y empujones, e incluso hay una en el hospital” –y los policías heridos, ¿tampoco son personas para el Delegado?-, por lo que no podía más que “pedir disculpas en nombre de los agentes”.  Millo explicó que el objetivo de la policía no era realizar cargas sino recuperar urnas y papeletas. “Las instrucciones dadas no eran ir a por las personas, sino a  por el material electoral“. Estas declaraciones son de vergüenza ajena y  totalmente rechazables. Implican que los policías incumplieron las órdenes y se  dedicaron a “ir a por las personas” y a golpearlas de manera desproporcionada. Esto, sin embargo, no fue sí y -aunque puede que se cometiera algún exceso, por otra parte inevitable cuando la policía se enfrenta a una multitud hostil y agresiva- la actitud de los agentes fue totalmente normal. El representante del Gobierno y principal responsable en Cataluña del orden público exageró y culpabilizó injustamente a sus propios agentes. Por si fuera poco, tuvo además la desfachatez de pedir disculpas “en nombre de los agentes”, que quedaron en la desagradable situación de “tras cornudos, apaleados”.

            Ante la justificada indignación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por las lamentables palabras de su jefe político, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que salir a la palestra para desautorizar las palabras de Millo, hacer una cerrada defensa de la actuación de de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y darles las gracias por su sacrificada intervención. Si el delegado –que no es la primera vez que comete graves errores- no tiene la decencia de presentar su dimisión tras haber sido desautorizado, el Gobierno debería destituirlo de manera fulminante.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

            A propuesta de los concejales del PD-CAT, ERC y la CUP, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una resolución en la que pedía las dimisiones de Rajoy, Zoido y Millo por la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de Octubre.. Aunque votaron en contra el PP, PSC y Ciudadanos, la moción salió adelante gracias a la abstención de los “equidistantes” de “En Comú”, de la Alcaldesa Ada Colau.

            La Declaración “rechaza la escalada represiva del Estado Español contra el pueblo catalán, los Ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat, y constata que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo estos días es un golpe de Estado encubierto”. No deja de ser paradójico que los autores de un golpe de Estado que pretenden declarar unilateral e ilegalmente la independencia de Cataluña acusen de esta fechoría a los responsables del Gobierno que –con más voluntad que fortuna- tratan de defender la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. El Ayuntamiento pidió al Gobierno central que respetara el mandato democrático emanado del referéndum, que retirara de inmediato “todos los cuerpos policiales represivos que mantiene en Cataluña” y que resarciera a los afectados por todos los daños sufridos durante la jornada del domingo, sean personales o materiales.

            La resolución instó al Gobierno del municipio a que “empiece a trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía el 1 de Octubre”. Los concejales separatistas exigieron a Colau que rompiera la alianza que tiene en el municipio con el PSC -que le permite gobernar-, a lo que la Alcaldesa se ha opuesto, alegando que está tratando de convencer a Sánchez a que presente una moción de censura contra Rajoy, para lo que resulta indispensable mantener la coalición municipal.. Ahora, la sectaria Alcaldesa se ha vestido de blanco y afirmado sin pudor que “lo valiente hoy es escuchar y sentarse  hablar”

            Esta es una muestra más del objetivo que, con el fin de quebrar el orden constitucional, une a los separatistas con los populistas, antisistemas y grupos de extrema izquierda en un cóctel explosivo que –en palabras de Marín Sicilia- “el egoísmo de una burguesía catalana adormecida ha propiciado y del que han sabido aprovecharse quienes hoy dominan la calle en un proceso claramente revolucionario”. Ante tal desafío, el PSOE y su ingenuo y ambicioso Secretario General no pueden ponerse de perfil, como se ha advertido el citado Manifiesto de los veteranos socialistas.

Buenas noticias

            No ha habido sólo malas noticias, pues también se han producido algunas buenas. La Audiencia Nacional está investigando a Llosep Lluis Trapero, a la Intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los Presidentes de la ANC y de “Omnium Populi”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un supuesto delito de sedición, y ya han comparecido éstos ante la magistrada Carmen Lamela, quien ha aplazado la vistilla y emplazado a los imputados a una nueva comparecencia tras haber recibido de la policía judicial nuevo material inculpatorio. El cerco de la justicia se va cerrando gradualmente sobre sus cabezas.

            Ante el temor creado por la incertidumbre jurídica y económica que crearía la DUI, 15 empresas catalanas –incluidas el Banco de Sabadell, Caixa Bank, Criteria, Gas Natural-Fenosa o Aguas de Barcelona- han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.  Otras empresas tan emblemáticas como Catalana de Seguros, Abertis, Freixenet e incluso Codorniú se lo están pensando. El Gobierno central –agradecido a los empresarios por echarle una mano y darle un respiro a su inacción- se ha apresurado a dictar un Decreto que facilita la realización de los traslados. Como ha observado Francisco Rosell, en vez de reponer el orden constitucional, el Gibierno se limita a facilitar el éxodo de las empresas. ¿Para qué  emplear el artículo 155 si la estampida de empresas obra análogos frutos sin arriesgar la imagen del Estado?. Rajoy considera que ello, amén de menos arriesgado, es más efectivo porque incide en el punto más sensible y vulnerable de los catalanes: la bolsa.

            Se siguen produciendo declaraciones institucionales a favor de la integridad de España y de la defensa del Estado de Derecho. Junto a la de la Real Academia Española de la Lengua, cabe citar la de la Asociación de Diplomáticos Españoles, realizada “ante la excepcional gravedad de la situación en España”. Afirma que la historia muestra que “no existen atajos en sociedades plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de Derecho”, marco que ofrece vías para el desarrollo de todas las opciones legítimas y permite perseguir la satisfacción de las aspiraciones de todos, en un espíritu de concordia y entendimiento, y con todas las garantías legales. “No es concebible un Estado cuyas instituciones y Administración, en su territorio y en el exterior, no respeten y hagan respetar el orden constitucional”. Manda un mensaje de solidaridad y agradecimiento a los servidores públicos –miembros de la judicatura y cuerpos de seguridad del Estado-, que “están trabajando en estos momentos en Cataluña en un entorno especialmente difícil, que está exigiendo de ellos sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de  las órdenes que reciben de las autoridades del Estado con un escrupuloso respeto a la ley” y a los principios de proporcionalidad y de adecuación a los objetivos y fines perseguidos. Concluye afirmando:”Volem enviar un càlid missatge de recolzament i afecte a tots els catalans: tota la xarxa d’ambaixades i consolats d’Espanya a l’estranger, sou i sereu a casa vostra”.

 

Esperanza en la manifestación unionista del 8-O en Barcelona

            Pero la mejor noticio y motivo de esperanza es la manifestación por la unidad de España que se va a celebrar mañana en Barcelona, convocada por la Sociedad Civil Catalana y a la que se han adherido una serie de entidades cívicas y sociales y partidos políticos como Ciudadanos, el PP y, vergonzantemente, el PSC, que ha pedido a sus militantes que participen a título particular. Como ha observado Álvarez de Toledo, nunca  antes los españoles se habían movilizado por Cataluña en una reacción insólita, fraterna y radicalmente optimista, porque “desafía por primera vez el dogma fundacional del nacionalismo: la idea de que Cataluña es un asunto interno de Cataluña”. Los españoles han considerado como suyas las víctimas del nacionalismo radical vasco, pero con Cataluña la mezcla de resignación y abandono ha durado hasta hoy. “Por culpa, complejo, cansancio o cobardía, a las tierras de Pujol siempre se había llegado pidiendo permiso o perdón”.El separatismo convirtió la marcha contra el terrorismo islamista en una manifestación contra España y el Rey, exhibió su fanatismo y destrozó la unidad civil. La manifestación del 8-O busca lo contrario: reivindicar el orden constitucional, lanzar una advertencia a los secesionistas de que no van a seguir encontrando como aliada la indiferencia española y señalar al Gobierno el camino que hasta ahora no ha deseado o sabido emprender. Quienes cultiven el derrotismo serán barridos por la realidad. “Podría ocurrirle a Rajoy si sigue haciendo ganchillo en la retaguardia. Los españoles libres e iguales se han activado a pesar del Gobierno”.

            El independentismo ha perdido este fin de semana el monopolio del espacio publico en Cataluña, como se pondrá de manifiesto mañana cuando la mayoría silenciada por el sectarismo diga “¡Basta!” en una histórica y multitudinaria manifestación. Según Javier Redondo, España ha puesto pie en pared y detenido la espiral de silencio para defender las libertades. “Es la regeneración desde abajo frente al segregacionismo desde arriba”. Para Arcadi Espada, mañana habrá en Barcelona una gran manifestación democrática, en la que se verá el alcance de la insumisión frente el Govern  rebelde. Como ha  señalado “El Mundo” en una editorial, “lo urgente y prioritario es restablecer la legalidad en Cataluña y que quienes nos han colocado en este abismo rindan cuentas ante la Justicia. Cuando la Ley regrese a Cataluña, habrá que retomar el diálogo, pero libre de chantajes y dentro de la Constitución”.

Sevilla, 7 de Octubre de 2017

Se consumó la rebelión y a lo hecho, pecho

SE CONSUMÓ LA REBELIÓN Y… A LO HECHO, PECHO”

            El día 1 de Octubre la Generalitat consumó con alevosía y diurnidad su rebelión contra el Estado de Derecho de España y abrió la vía a la consiguiente declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando el dedo señala a la luna, los necios miran al dedo. Algunos políticos hipócritas y bienpensantes y la mayoría de los medios internacionales de comunicación se han fijado en el dedo del uso legítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de las órdenes de los Tribunales para evitar la celebración de un referéndum ilegal –lo que provocó, como es natural, la realización de cargas que produjeron algunos heridos, incluidos numerosos policías-, y olvidado la luna de la flagrante insurrección de la Generalitat contra el Estado de Derecho que le otorga su legitimidad. De nada han servido las reiteradas advertencias y peticiones del Gobierno de la nación a las autoridades catalanas para que respetaran la legalidad y -ante su insistencia en incumplir la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los Tribunales- aquél no tiene más opción que emplear todos los recursos que le concede el Estado de Derecho para poner coto a esta intolerable situación. Como reza el refrán castellano, “a lo hecho, pecho”.

Aplicación del artículo 155 de la Constitución

            Para hacer frente a situaciones como las que prevalecen hoy en Cataluña, la Constitución española –siguiendo el modelo alemán- incluyó el famoso artículo 155 –más comentado que leído-, que establece lo siguiente: ”Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

El precepto entra como anillo al dedo en la rebelión de la Generalitat. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha llegado el momento de actuar y aplicar de inmediato el artículo 155, pues el único camino posible para defender la Constitución  y reconstituir la democracia en Cataluña pasa por una convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. Según el profesor David Ortega, la única medida sensata para traer sosiego al pueblo catalán y a España es que hablen las urnas, pero no como ha sucedido de forma tan lamentable el pasado día 1, donde todo ha sido un esperpento Ello es competencia de Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o del Presidente del Gobierno central, en el caso de que se invocara el artículo 155. El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado contrario a recurrir al citado artículo y –en un buenismo irrealista- ha instado al Gobierno a abrir una negociación inmediata con Puigdemont, pese a que éste se ha auto-descalificado al violar todas las normas habidas y por haber, revolverse contra el Estado de Derecho y expresar su intención de que el Parlament declare unilateralmente la independencia de Cataluña..

Genio y figura, Rajoy –en su patológica y patética indecisión- se muestra proclive a aguardar ver los pasos que dé el President –como si hubiera alguna duda sobre cuáles serán- y, aunque ha considerado la posibilidad de aplicar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana, prefiere esperar por el momento. Resulta increíble su actitud que excede de la prudente cautela para entrar en el ámbito de la cobardía y de la pusilaminidad, justo lo contrario de la determinación que se espera de un hombre de Estado que se precie de tal . ¿Esperar a qué?. ¿Al hecho consumado de la declaración de independencia y a la creación de facto de la República de Cataluña?. ¿No es una pérdida de tiempo reunirse con los nacionalistas y con Podemos, que reduce la solución del problema catalán a que el Presidente del Gobierno se quite de en medio para acceder al poder de la mano de Pedro Sánchez?. Tiempo es precisamente lo que no sobra, pues -según la Ley del Referéndum- en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlament se reunirá para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, y Puigdemont ha afirmado que cumplirá dicha disposición en cuanto concluya el disparatado proceso de recuento de votos.

Rajoy está obsesionado con obtener el apoyo del PSOE antes de recurrir al artículo 155 y se niega a aplicarlo mientras no lo consiga, pero  Sánchez y su equipo no están por la labor. No le basta con contar con la razón jurídica y con la mayoría del PP en el Senado, reforzada con el respaldo de Ciudadanos. ¿A qué viene tanta cautela cuando está en grave e inminente peligro la integridad territorial de España?. Mientras sigue deshojando la margarita de su  proceder, convendría que releyera las páginas de la Historia sobre los sucesos del 4 de Octubre de 1934, en los que –tras la declaración por el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, de la independencia de Cataluña dentro de la República Federal Española- el Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, ordenó al Capitán General de Barcelona, Domingo Batet, que pusiera fin a la rebelión mediante el uso de la fuerza armada. Tras la intervención militar –que causó la muerte de algunos rebeldes. incluidos varios Mossos- la rebelión fue sofocada en 24 horas, el President y todos los miembros del Govern fueron detenidos y posteriormente condenados a 30 años de prisión,  y la autonomía catalana quedó suspendida. No sería preciso que Rajoy llegara tan lejos, pero algo tendrá que hace sin esperar al explícito respaldo del PSOE. Ha sido la pasividad de su Gobierno la que ha hecho posible en gran medida que los separatistas catalanes violen  flagrantemente la legalidad constitucional y se cisquen en el Estado de Derecho. Ya sólo les falta alcanzar el último eslabón de la cadena que es la secesión de España. Si carece de la suficiente fuerza moral, que tenga la decencia de dimitir y dar paso a otro miembro de su partido menos coitadiño, que tome las medidas adecuadas para poner fin a la actual situación de insurrección.

Como ha señalado El Mundo” en un editorial, “el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que permitan frenar en seco los planes del independentismo, lo que incluye la aplicación inmediata del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Ciudadana, en aras a preservar la legalidad y situar a los Mossos bajo el control del Estado. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo”.

Lo primero que tiene que hacer es enviar al Presidente de la Generalitat un requerimiento formal para que cumpla sus obligaciones constitucionales, cosa que debería haber sido hecha tiempo ha. Como la respuesta será previsiblemente negativa, tendrá que convocar el Senado a la brevedad posible. Dado que este proceso puede llevar algún tiempo, Rajoy -o su sustituto- debería invocar la Ley 36/2015 de Seguridad Ciudadana y, a su amparo, poner a los desleales Mossos de Esquadra bajo el mando directo de la autoridad militar nacional y destituir sus dirigentes políticos –el Consejero de Interior Joaquim  Forn, que ya advirtió que los Mossos  no sólo no impedirían la celebración del referéndum ilegal, sino que contribuirían a su realización, y al Director del Cuerpo, Pere Esteve- y a sus dirigentes militares, especialmente al Mayor Josep Lluis Trapero. Al mismo tiempo, debería instar al Tribunal Constitucional a que  inhabilite y suspenda en sus funciones a Puigdemont, Oriol Junqueras y a los miembros del Govern más implicados –los Consejeros de Presidencia, Interior, Educación y Relaciones internacionales-, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que dicte sentencia en las querellas presentadas contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la impute por los delitos de sedición, prevaricación y malversación. El Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, debería asimismo instar a los juzgados competentes a que imputen a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de “Omnium Cultural”, Jordi Cuixart, por dedición, y a la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por prevaricación. También deberían seguir su curso las diversas demandas presentadas contra los Mossos por desobediencia.

Una vez que el Senado autorizara al Gobierno a tomar las medidas apropiadas para que la Generalitat cumpla con sus obligaciones constitucionales y proteja el interés nacional, aquél debería convocar elecciones autonómicas, para que el pueblo catalán pueda elegir legalmente un nuevo Parlament y se constituya un Gobierno debidamente legitimado por las urnas, que negocie con el Gobierno central la restauración de la normalidad constitucional y de la democracia en Cataluña.

La chapuza del seudo-referéndum

            Según Santiago Muñoz Machado, los dirigentes de la Generalitat han llegado a tal grado de trapacería y mixtificación en el plano del derecho que resulta totalmente inviable discutir con ellos sobre temas jurídicos. Han modificado ilegalmente el Reglamento del Parlament para poder adoptar leyes fundamentales de forma exprés y sin debate, les han negado la palabra a los diputados de la oposición, han desoído las advertencias de sus propias instituciones jurídicas -el Secretario General del Parlamento o el Consejo de Garantías Estatutarias-, han aprobado una Ley de Referéndum que convoca una votación ilegal sobre algo en lo que carece de competencia –la independencia de Cataluña- sin fijar un mínimo porcentaje de participación o de votos obtenidos para decidirla bastando una simple mayoría, han adoptado la Ley de Transitoriedad que pretende sustituir a la Constitución mediante decisión por mayoría simple de una cámara regional…etc.

            Pero ni siquiera han cumplido sus propias normas. La forma en que se ha realizado el supuesto referéndum ha sido una vergüenza sin paliativos. No ha habido censo verificable ni tarjeteas electorales, no ha existido una Comisión Electoral ni  control neutral alguno durante las votaciones, se estableció a última hora un “censo universal” que permitía votar en cualquier lugar –incluso en la calle y en casas particulares-, las mesas electorales se constituyeron con voluntarios independentistas, las urnas eran opacas y llegaban a las mesas “preñadas” de votos afirmativos, se ha podido votar en cuantos sitios y cuantas veces los votantes  han querido, han podido votar menores de edad y extranjeros, no se sabe quién ha hecho el recuento de votos y aún no se conocen los resultados oficiales de la votación…¿Puede darse un mayor cúmulo de irregularidades?. Las autoridades a través del Consejero de Presidencia Jordi Turrull han filtrado los resultados oficiosos: De un censo fantasmagórico de 5.313.000 personas, se han recogido 2.262.424 papeletas (42%), de las que 2.020.144 eran afirmativas (90%), 176.566 negativas, (7.8%), 45.586 abstenciones y 2.129 nulas. ¿Resulta creíble que se haya alcanzado tan alto grado de participación a pesar de las dificultades objetivas para poder votar y el cierre de no menos de 400 colegios electorales?. ¿Es razonable pensar que 176.66 personas contrarias a la independencia  y otras 45.586 no favorables a la misma al  pronunciarse por la abstención se hayan enfrentado a las enormes dificultades existentes para depositar su voto?. Los resultados estaban predeterminados y ya los había anunciado Junqueras antes de la votación: 45% de participación y 90% de votos positivos. El Vicepresidente -que gracias a sus cualidades de pitoniso ha acertado los 14 resultados de la quiniela- afirmó tras el feliz parto que Cataluña había demostrado su desconexión de un Estado profundamente autoritario y que correspondía al Parlament la declaración unilateral de independencia.

            Varios medios de comunicación internacionales –como “Le Monde” o “Fijnancial Times”- han estimado que Rajoy se había equivocado al tratar de impedir la celebración del referéndum, pues, si lo hubiera permitido, nadie habría aceptado los resultados al ser evidentemente ilegal, y se habría ahorrado la difusión de las imágenes de las cargas policiales contra niños y ancianitas. Sin embargo, un Estado de Derecho no puede consentir sin pestañear la flagrante violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales por parte de sus propias autoridades autonómicas. Habría perdido toda credibilidad democrática.

Reacciones nacionales e internacionales tras la jornada del 1-O

            El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró su apoyo sin fisuras al Gobierno y a la Justicia, señaló que no podía entablarse un diálogo con Puigdemont y Junqueras -por lo que había que buscar nuevos interlocutores salidos de unas adelantadas elecciones autonómicas- y resaltó que el futuro pasaba por reconstruir el proyecto común español y no por conceder más privilegios los independentistas. El PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias y se situó en la inaceptable actitud de equidistancia. Sánchez responsabilizo por igual a Puigdemont y a Rajoy de los enfrentamientos producidos durante la jornada y de la grave crisis institucional que atraviesa a España. Aunque culpó al primero de incurrir en desacato, sacar la política a la calle y organizar una consulta contraria a la Constitución y al Estatuto, ha cargado asimismo contra Rajoy por haber cerrado la puerta a la política y le ha instado a negociar. Condenó las cargas policiales  y aseguró que exigiría responsabilidad a los políticos que las habían ordenado. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta,  calificó de inaceptable cualquier acción policial desproporcionada y pidió que cesaran los intentos de impedir por la fuerza una movilización ciudadana. La portavoz  socialista en el Congreso, Margarit Robles ha criticado la acción policial en la cámara y solicitado la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santa Maria. No deja de ser paradójico que esta petición provenga de una magistrado que ha sido Secretaria de Estado en el Ministerio de Interior. Sánchez ha dado prueba una vez más que su escasa talla política cuando, en un momento crítico en que resulta indispensable la unión de todos los partidos constitucionalistas se unan en torno al Gobierno para afrontar el desafío independentista, se desolidarice del mismo y requiera la reprobación de la supuesta responsable de la normal actuación de una policía que sigue los mandatos de los jueces, no del Gobierno, para tratar de restablecer la legalidad. No me sorprende su irresponsable actitud, pues –como ha observado su correligionario Joaquín Leguina- Pedro “es una veleta que se mueve según hacia donde sopla el viento. Está obsesionado con que España tiene un solo enemigo, que es Mariano Rajoy”.

            La reacción de Podemos era previsible y monotemática. Pablo Ibáñez ha señalado que la estrategia represiva del PP ha fracasado y reiterado su repetitivo llamamiento a Sánchez para que lidere una moción de censura contra Rajoy y forme un Gobierno con el fin de “construir una solución democrática y pactada en Cataluña”, que desemboque en un referéndum de autodeterminación. Pero ha llevado aún más lejos su extravagancia al solicitar a la Unión Europea que sancione a España con la suspensión de su derecho de voto en el Consejo por la vulneración de los valores fundamentales de la Unión en Cataluña. El PNV ha arrimado el ascua a su sardina y, tras criticar al Gobierno por la violencia ejercida en las calles catalanes, sugirió la celebración de un “referéndum legal y pactado” como los realizados en Escocia y en Québec. La Alcaldesa Colau ha roto su calculada equidistancia, acusado a Rajoy de “haber lanzado  brutalmente a la policía contra una población indefensa”, exigido al PSOE que presente una moción de censura y apoyado la propuesta de Puigdemont de mediación de la UE entre Cataluña y España.

            Las más importantes democracias europeas –Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos…- han respaldado la actuación del Gobierno español. No ha sido tal el caso de las instituciones de la UE. El Presidente del Consejo, Donald Tusk, ha afirmado que compartía los argumentos constitucionales de Rajoy, pero que le había instado a “encontrar formas para evitar una escalada de la situación y evitar el uso de la fuerza”. Peor aún ha sido el comentario de Margaritas Schinas, portavoz del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Aunque afirmó que “confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso en completo respeto de la Constitución española y los derechos de los ciudadanos”, añadió una velada crítica:”Son tiempos de unida y estabilidad. Apelamos al diálogo. La violencia no puede ser instrumento en política”. Están de más estas hipócritas admoniciones buenistas. Como ha comentado Arcadi Espadas, Tusk y Schinas/Juncker ponen en paridad “a un Gobierno que defiende los derechos de los ciudadanos  en nombre de la ley y a otro que, desde fuera de la ley, los conculca. Ni Tu8sk ni Schinas demuestran conocer la diferencia entre la fuerza de la ley y la violencia, siempre ilegal”. El Gobierno español debe estar orgulloso de su policía que ha cumplido con prudencia y proporcionalidad un mandato judicial y realizado una labor impecable en una situación delicadísima tras la deslealtad de los Mossos. Los bienpensantes pacifistas de Bruselas parecen ignorar que, para proteger la ley y el orden público, la policía tiene que recurrir al uso legal de la fuerza y, si se escapa algún mamporro, es lo normal, sobre todo cuando los afectados se encuentran en lugares donde no deberían estar e incurriendo en posibles actividades delictivas –allanamiento de morada, obstrucción de la justicia, atentados de palabra y de obra contra la policía judicial…- . Deberían explicarnos cómo se impide en sus países la comisión de un delito de sedición, que no creo que se haga repartiendo besos y claveles rojos.. Además los indefensos ciudadanos afectados no son tan pacíficos como se pretende cuando centenares de policías han resultado heridos o contusionados. Los jerarcas comunitarios no parecen ser conscientes de que la insurrección catalana no afecta solamente a Cataluña y al resto de España, sino también a Europa. Si la rebelión catalana tuviera éxito, la UE se tambalearía y es posible que sucumbiera a la exaltación de los populismos nacionalistas, que provocaron la II Guerra Mundial. La UE puede permitirse el lujo de meter la pata en Kosovo, que es un tercero que ni siquiera es Estado, pero no en España, que es un Estado de Derecho miembro de la Unión. En vez de frívolas críticas, debería prestarle un apoyo incondicional.

            EL Gobierno español ha ganado la baza jurídica al contener el referéndum ilegal, pero ha perdido el relato mediático, en el que la agitprop nacionalista le da ciento y raya. La inmensa mayoría de los medios internacionales de comunicación han sido muy críticos con los actos de fuerza –que no de violencia gratuita- de las fuerzas españolas de seguridad, cuyos supuestos excesos se difunden de forma selectiva. . ¿Acaso se difunden de igual manera los ataques y vejaciones sufridos por los policías a manos de los pacíficos votantes como la trampa tendida a unos coches de la guardia civil por una multitud de energúmenos que apedrearon a  los agentes en San Carlos de la Rápita?.  ¿Es más humanitaria y benéfica la actuación de la policía alemana, francesa, belga, estadounidense o griega, o ls de los Mossos?. En cualquier caso, hay que reconocer que la difusión de las imágenes de algunas escenas de la actuación policial ha afectado muy adversamente la imagen de España y aumentado el caudal de simpatía hacia los pacíficos y ejemplares catalanes, que, aunque se saltan todas las leyes, lo hacen por una buena causa.

Mensaje del Rey Felipe VI a los españoles

            En estos momento críticos para la Historia de España, se echaba de menor la voz autorizada del Rey Felipe VI, en cuanto garante de la unidad y permanencia del Estado y responsable de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Como ha observado Lucía Méndez, “tardó en a parecer, pero lo hizo por todo lo alto” y, según Federico Jiménez Losantos, “Ni Felipe VI podía ser más oportuno, ni su mensaje llegar más a tiempo”. En efecto, el impecable mensaje del Rey Felipe ha llegado justo a tiempo y no contiene ni una sola palabra de más. Lo reproduzco en su integridad porque no tiene desperdicio.

            “Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña,-de una manera reiterada, consciente y deliberada- han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus disposiciones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

            Estas autoridades han menospreciados los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles y, con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.- Esas autoridades –de una manera clara y rotunda- se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

            Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña –a todos- quiero reiterarles que, desde hace décadas, vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad en Cataluña, ni en el resto de  España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que todos tienen un despacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de la libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes y sólidos, y los son  porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino con serenidad y determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos estará también Cataluña.

            Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución,  de renovar mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y permanencia de España”. ¡Que así sea!.

            El mensaje ha sido bien acogido por el PP, Ciudadanos y, en menor medida, por el titubeante PSOE, que ha echado en falta una referencia al mantra del diálogo. Bien al contrario, el profesor Francisco Sosa ha dicho que se agradece precisamente que el Rey haya omitido cualquier referencia a “la blandenguería del diálogo”. En opinión de Fernando Savater, se ha transigido demasiado. Se ha dialogado con Cataluña, los catalanes y los “pujoles” de un modo exagerado. Se ha mentido y se ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lógico que cree un estado de gran frustración, que no se va a curar tan fácilmente y tardará en hacerlo. Ha sido mal acogido –como era de esperar- por los nacionalistas y por las huestes bolivarianas de Podemos, que criticaron que iba dirigido a sólo una parte de Cataluña y no hacía referencia alguna al diálogo  ni a las víctimas de los ataques policiales. Su  mascarón de proa, Ibáñez, afirmó con su habitual suficiencia:”Le digo al Rey no votado: No en nuestro nombre”. Ha sido bien acogido por la opinión pública en general, ahíta y harta  de las arbitrariedades y desplantes de las autoridades catalanas. También ha supuesto un alivio para los que dudaban que el Estado fuera capaz de tomar decisiones firmes en defensa de la Nación española. En términos futbolísticos, el Rey le ha dado una asistencia a Rajoy para que marque en la puerta del secesionismo catalán con la ayuda del artículo 155. Confiemos en el Presidente del Gobierno empuje el balón a la red. Si no, habrá que pedir al entrenador que lo cambie por otro jugador más en forma.

Sevilla, 4 de Octubre de 2017