lunes, 13 de noviembre de 2017

Al Gobierno le cuesta sudores de sangre aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

AL GOBIERNO LE CUESTA SUDORES DE SANGRE APLICAR EL ARTÍCULO
115  DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA

De mi época de estudiante en Inglaterra recuerdo haber visto en una iglesia de
 Walshingam una vieja estufa del siglo XIX, en cuya tapadera había esculpida la imagen de una tortuga bajo l cual había la siguiente  inscripción: “Lenta, pero segura”. De la Justicia cabe decir lo mismo. La tortuga de marras se ha puesto parsimoniosamente en marcha y va a acabar por adelantar a Aquiles-Puigdemont y sus maratonianos colegas en la carrera filosófica de la conquista del espacio y del tiempo políticos imaginada por Zenón de Elea. A diferencia del ritmo cansino del quelonio, los acontecimientos en Cataluña se han desarrollado últimamente con una celeridad inusitada y se ha llegado a lo que apenas nadie –incluidos muchos independentistas- creía que llegaría nunca a suceder: la declaración unilateral de la independencia de Cataluña (DUI), la destitución del Presidente y de los miembros del Govern, la suspensión del Parlament, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de Diciembre, la “espantá” del ex-Honorable y cuatro de los miembros de su Gobierno a Bélgica , el encarcelamiento del Vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de otros siete antiguos miembros del Govern y de los Presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de “Omnium Cultural”, y la prisión con fianza de la Presidenta del Parlament Carme Forcadell.

En opinión de Arcadi Espada, el Estado se equivocó gravemente al considerar que los políticos nacionalistas nunca serían capaces de llegar hasta donde han llegado, pero lo mismo les ha ocurrido a ellos, ya que creían que el Estado tampoco llegaría hasta donde ha llegado, y ahora se encuentran en la cárcel o camino de ella. Estos políticos y la extrema izquierda se han mostrado atónitos e indignados por las últimas decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (TS),  pero -como ha señalado “El Mundo” en un editorial- “sólo quien está habituado a la impunidad se sorprende cuando ésta se acaba”. El ejercicio de la política no está eximido de la vigilancia del Código Penal y el Estado de Derecho sigue sus procesos al margen de la conveniencia política. “Quien echa un pulso al Estado, lo pierde”.

Auto de la Magistrado de la Audiencia Nacional Carmen Lamela

            Tras su comparecencia en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la Magistrada Carmen Lamela, condenó a prisión provisional incondicional a Junqueras y a los antiguos Consejeros de la Generalitat Jordi Turull,, Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquín Forn, Meritxel Borrás y Carles Mundó, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Al Consejero Santiago Vila –que dimitió antes de que se aprobara la DUI- le impuso la pena de prisión con fianza de €50.000, por lo que –una vez abonada ésta- quedó en libertad.

            El auto de la Magistrada ha sido calificado por el Embajador Melitón Cardona de equilibrado, fundamentado y bien redactado. Está perfectamente motivado en lo jurídico y redactado en un castellano legible, fluido e impecable. Su decisión ha cumplido con los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de una medida tan gravemente restrictiva como la privación de libertad. Ha constatado que se han producido hechos que presentan caracteres de delitos muy graves, que existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a los querellados, y que la posible pena a aplicar supera los dos años. Ha desgranado sus conductas destinadas a lograr la independencia de Cataluña y analizado con detalle el documento “Enfocat”, que propuso la estrategia para lograr tal fin, que se ha correspondido con los pasos dados por el Govern en los últimos dos años. Se trata de “una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, las parlamentarias y las asociativas (ANC y  Omnium Cultural), que conduciría a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de Octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el 27 de Octubre”.

            El auto describe la desobediencia al TC a través de medidas “que pretendieron dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, mediante la actuación a través de movimientos populares encaminados a crear en los ciudadanos un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado”. Para la consecución de este fin secesionista, los querellados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública”.  Su actuación “fue meditada y perfectamente  preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional  en pro de la independencia”.

            Según la Magistrada, “la planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas con fondos públicos”. Los querellados han hecho posible la realización de pagos “para llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de de la declaración explícita de anticonstitucionalidad”.  Cobra especial importancia el papel que todos ellos protagonizaron desde sus cargos públicos, sin el cual el proceso independentista no habría podido impulsarse.  Concluye advirtiendo sobre “la alta probabilidad de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, así como el alto riesgo de reiteración delictiva”, y destaca el elevado poder adquisitivo de los  investigados, que les permitiría fácilmente “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”.

            Los nacionalistas, como era de esperar, se han rasgado las vestiduras. Puigdemont ha enviado un mensaje a la opinión pública –transmitido por TV-3 (¿?)- en el que denunció la decisión de Lamela de encarcelar a los miembros de su Gobierno -que calificó de muy grave error y de “atentado gravísimo contra la democracia, que rompe con sus principios básicos”- y exigió su libertad, porque habían sido privados de ella por cumplir con su programa aprobado en el Parlament. Semejante decisión suponía un ataque a las elecciones del 21 de Diciembre, “que se van a celebrar en un clima de represión y encarcelamientos de políticos sin precedentes”. Artur Mas ha señalado que se trata de un “abuso de derecho” y Joan Tardá que habían sido víctimas de un juicio político. A ellos se ha unido la extrema izquierda, tanto regional como nacional. Así, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a Lamela de actuar con espíritu de venganza y propuesto la creación de un frente común para conseguir la liberación de los “presos políticos”. Pablo Iglesias, en paralelo, ha afirmado:”Me avergüenzo de que en mi país se encarcele a opositores, No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos,¡Libertad para los presos políticos!”. Los partidos de ambos –fundidos en una candidatura común para las elecciones autonómicas- han acordado incluir en su programa electoral la exigencia de amnistía para todas las personas inmersas en procesos judiciales  por desafiar a la Justicia con sus actos en pro de la independencia. De los partidos constitucionalistas sólo Ciudadanos ha mostrado su satisfacción por el auto. Miguel Iceta ha declarado que el PSC acataba la decisión judicial –lo cual resulta positivo, pues el Presidente de la Geeralitat José Montilla se rebeló contra la sentencia del TC sobre el Estatut y se ausentó del Senado cuando éste autorizó la aplicación del artículo 155-, si bien lo consideraba desproporcionado. El ex-Ministro socialista Josep Borrell –muy en candelero ahora en Cataluña y elogiado a diestra y a siniestra- ha manifestado que “cuanto menos responsables políticos haya en prisión, mejor para las elecciones”. El PP ha respondido con su habitual positura de acatar las decisiones judiciales y no comentarlas, pero el Gobierno ha dejado filtrar su preocupación por estimar que el encarcelamiento de los líderes catalanes fomentará el victimismo de los nacionalistas, mobilizará a sus desanimados seguidores y perjudicará las perspectivas electorales del partido. Sin embargo, lo que le va a perjudicarles –según Cayetana Álvarez de Toledo- es “que no defiendan con determinación y orgullos democrático la decisión de los tribunales”.

            Según Raúl del Pozo, el nacionalismo necesita perseguidos y, si es posible, mártires, y ya los tiene. El mártir por antonomasia debería haber sido el President Puigdemont, pero le han fallado sus impulsos heroicos y ha preferido tomar las de Villadiego y cederle generosamente la palma del martirio a su hermano separado Oriol Junqueras. Éste no se ha mostrado entusiasmado con la cesión de derechos y ha decidido poner fin a la coyunda de Junts pelSí y recorrer la Vía Dolorosa en solitario, de acuerdo con lo que reza el refrán castellano de que “más vales estar sólo que mal acompañado”. Huido a Bélgica con cuatro de sus Consejeros –Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluis Puig-, Puigdemont ha reiterado su negativa a comparecer ante los Tribunales y justificado su presencia en Bruselas para mantener la legitimidad del Gobierno de la República de Cataluña y crear una estructura estable que organice la resistencia de los catalanes contra la opresión del Estado español. El Gobierno español han emitido una euro-orden solicitando la detención y extradición de los prófugos y el asunto está en manos de las autoridades judiciales belgas, que les han prohibido que abandonen el país hasta que tomen una decisión. Cambiando su decisión de no presentarse a las elecciones, Puigdemont se ha sacrificado y ofrecido encabezar una lista única de todas las fuerzas separatistas, pero ERC –que según los sondeos va a ganar las elecciones- no ha accedido a su propuesta y ha decidido presentar una lista propia encabezada por Junqueras y en la que se incluyen todos los antiguos Consejeros del Partido encarcelados o prófugos.

Auto del Instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena

            El mismo día en que Junqueras y Cía comparecieron ante la Audiencia Nacional estaba prevista la comparecencia en el TS de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa, dada la condición de aforados de todos ellos. Los  Abogados de los acusados solicitaron más tiempo para preparar sus defensas, y el Magistrado Instructor, Pablo Llarena, les dio una semana adicional de plazo, pese a que la Fiscalía había pedido que fueran interrogados con urgencia. Parece ser que el Magistrado comentó a los Abogados, de forma un tanto displicente, que el TS no era la Audiencia Nacional.

            Esta decisión fue distinta a la adoptada por la Audiencia Nacional y ha sido interpretada como una crítica implícita a la Magistrado Lamela, pero, frente a esta interpretación, cabe señalar que los defensores de Junqueras y de los Consejeros no solicitaron una extensión del plazo para los interrogatorios. La progresista Asociación de Jueces para la Democracia ha comentado que “resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos”  y criticado a Lamela porque la prisión debería ser la  excepción y no la regla general. Es cierto, pero no es menos cierto que el cumplimiento de la ley debería ser la regla general y los políticos nacionalista catalanas lo han convertido en la excepción. En  cuanto al fondo, la diferencia no ha sido tan grande. Llarena  ha estimado que se cumplen los requisitos para considerar que han cometido un delito y aceptado iniciar la investigación.

            El auto apunta a la posible comisión de un delito de rebelión consumada y no de simple conspiración para la realización de la misma. El artículo 472 del Código Penal considera reos de rebelión a los que “se alzaren violenta y públicamente” para lograr objetivos tales como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.El problema que se ha planteado la doctrina y la jurisprudencia es qué grado de violencia ce necesita para que se produzca el delito. Llarena estima que el alzamiento es violento “cuando se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estar dispuesto a su utilización, por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla”. La referencia a la violencia no quiere decir que “para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”. En cualquier caso, el Instructor enumera una lista de episodios de violencia real como el apedreamiento de de agentes el 1-O, el asedio a  sus hoteles, el entorpecimiento de registros policiales, las amenazas a empresarios, los cortes de carreteras o la erección de “murallas humanas”, que defendían de manera activa los centros de votación empleando la fuerza. “Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arraigaba expandirse” y constituyen “una clara y plural expresión de esta violencia”.

El auto contempla la posibilidad que se haya cometido la variante agravada del delito de rebelión. Ello se produce cuando va acompañada de circunstancias tales como que se hayan detraído caudales públicos de su legítima inversión. Mientras la Fiscalía consideraba estos hechos como un delito separado de malversación, Llarena los estima como una circunstancia agravante del delito de rebelión que supone un endurecimiento de la pena. Señala que  –dado que durante el 1-O se realizaron votaciones- seróa lógico pensar  que tuvo que haber algún gasto de dinero público, pero la Fiscalía no ha aportado indicios de ello y, en consecuencia, rechazó imponer a los querellados una fianza de €6.2 millones por responsabilidad civil.

Pese a la contundencia de los argumentos expuestos en el auto, el Instructor rechazó dictar prisión incondicional contra los encausados y decretó prisión eludible mediante fianza de €150.000 para Forcadell y de €25.000 para los demás componentes de la Mesa salvo Joan Josep Nuet, que –al demostrar que no había votado a favor de admitir a trámite la propuesta sobre la independencia- quedó en libertad sin fianza. Los motivos que llevaron a Llarena a tomar semejante decisión fueron que los querellados habían aceptado la legalidad constitucional, tenían arraigo y habían comparecido cuando había sido citados, y no existía riesgo de reiteración delictiva o huida del país. Ha supuesto la rendición innoble de quien, no ha mucho, alardeó de que jamás daría un paso atrás, y ahora ha dado, no ya uno, sino tres: aceptación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, renuncia a la secesión al afirmar que la DUI había sido solamente simbólica y compromiso de no actuar fuera del marco de la Constitución y del Estatuto. Rafael Moyano lo ha expuesto irónicamente es estos términos:”Que lo de la declaración de independencia era broma, tontos, y que lo del 155 no está tan mal y además no tengo intención de seguir en la política, pero –aunque siguiera- ni se me ocurriría hacer nada fuera del marco constitucional”. A juicio de “El Mundo”, en los Tribunales no se dirimen hechos simbólicos, expresiones sentimentales o debates ideológicos, sino la responsabilidad penal y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron del poder para pisotear la ley.

Este giro copernicano de 180º por parte de Forcadell no parece que obedezca a una caída del burro –similar a la de San Pablo del caballo- de la persona que, junto a Mas y Puigdemont, ha sido la principal responsable del proceso hacia la DUI, pues ha desobedecido sistemáticamente las resoluciones del TC, hecho caso omiso de los dictámenes de los juristas del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, permitido la tramitación de leyes ostensiblemente inconstitucionales y de la resolución sobre la independencia de Cataluña, silenciado a la Oposición y arengado públicamente a las masas alentándolas a la insurrección contra el Estado de Derecho. ¿Llega la ingenuidad de Llarena a creer en las lágrimas de cocodrilo de la antigua Presidenta de la ANC, principal impulsora en tal condición de las Diadas separatistas?. No parece que así sea cuando deja caer que las promesas de Forcadell podrían ser mendaces, pero le concede generosamente el beneficio de la duda. La aún Presidenta del Parlament no ha sufrido una conversión paulina, sino que ha visto de cerca los dientes al lobo. La cárcel asusta –para eso está, entre otras razones- y es humano que trate de eludirla, aunque para ello tenga que olvidarse de su dignidad y hacer  pública abjuración de principios.

El auto de Llarena no es a la postre tan favorable para Forcadell como pueda aparecer a primera vista, ya que los hechos que se están investigando ya han sucedido y producido nefasta a s consecuencias, por lo que un arrepentimiento sobrevenido -sea sincero o no- no va a hacer que deje de existir lo que ya ha ocurrido. Podría ser considerado como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. La argumentación del Instructor, por otra parte, destroza la previsible estrategia  defensora de los Abogados de que sus defendidos actuaron siempre de forma pacífica y no realizaron actos violentos.

Una prueba de que Forcadell no ha cambiado de opinión ha sido el mensaje –no sé si conciente o inconsciente- remitido nada más salir de la prisión, tras haber pagado su fianza con un cheque de la ANC:  ”Volvemos a casa con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. En tan breve misiva cabe apreciar al menos tres falacias: La Presidenta sólo garantizó la libertad de expresión de una mitad del Paramento y conculcó de forma obscena la libertad de la otra mitad, la soberanía nacional no radica en el Parlament sino en la Cortes Españolas,  y -si no tenía nada que reprocharse- ¿por qué ha tenido que ir a Canosa y hacer la palinodia de afirmar que la DUI era sólo un declaración simbólica sin efectos jurídicos?.

Aplicación mínima del artículo 155 por parte del Gobierno

            Mariano Rajoy se ha visto obligado a recurrir al artículo 155 muy a su pesar y está tratando que la acción del Estado en Cataluña a través del Gobierno central se note lo menos posible. De ahí su precipitada convocatoria de elecciones autonómicas cuando no ha habido tiempo material para restablecer del todo el orden constitucional en la región. El objetivo del artículo 155 no es el de convocar elecciones, sino el de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso  de las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, y al respeto del interés general de España. La celebración de elecciones puede ser un medio para recuperar la normalidad constitucional, pero no es un fin en sí mismo, y el resultado de las mismas podría llevar a que se reprodujera la situación que prevalecía en Cataluña cuando la Generalitat y el Parlament optaron por la DUI.

            La actuación del Gobierno se ha reducido al mínimo indispensable, que ha afectado especialmente a los ámbitos financiero .-intervención de las cuentas y control del presupuesto regional- y administrativo –asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos-. No ha intentado abordar el tema de la enseñanza, que es sumamente complejo y delicado, si bien el Gobierno provisional podría haber tratado de paliar, en la medida de lo posible,  la situación de discriminación escolar de los hispanoparlantes. Otro tema urgente que se ha ignorado -auque en gran parte por culpa del PSOE- ha sido el de la “desoberanización” de los medios públicos de comunicación –especialmente TV-3 y Radio Catalunya-. Los socialistas obligaron a que se omitiera del mandato del Senado la autorización para controlar los citados medios. ¿Cómo es posible que, después de la intervención del Estado en Cataluña, TV-3 siga con su perfil sobranista y difunda sin el menor pudor un mensaje del prófugo Puigdemont, presentado como Presidente legítimo del Gobierno de la Generalitat?. Contento estará Pedro Sánchez con la irreductible e inadmisible actitud de TV-3, que no cesa. ¿Acaso podrá controlarla la Junta Electoral de aquí al 21-D?.

            Ni siquiera en el ámbito de la seguridad –fundamental junto con el de la Hacienda Pública- ha actuado debidamente el Gobierno provisional: algunos cambios en la jerarquía política de los Mossos de Escuadra y poco más. La pasividad de la Policía, regional y nacional durante la huelga general política del día 8 permitió que unos pocos agitadores bloquearan el normal funcionamiento de los transportes en Barcelona.
El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable directo de los Mossos, declaró que su actuación –o no actuación, diría yo- “fue muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba”, a pesar de que los piquetes fueron muy violentos, porque “no era el día  para caer en provocaciones”, y se ufanó de que, gracias a ello, los independentistas no podrían quejarse de la actuación policial, ya que “no hubo ni  un solo lesionado”. Me parecen lamentables estas declaraciones de un Ministro, que –para más “INRI”- es juez de carrera., pues ha supeditado el cumplimiento de la ley al “contexto” y a la conveniencia política. Los Mossos han pasado de ser criticados por el Ministerio de Interior por su inacción el 1-O a ser elogiados como un modelo de profesionalidad.. Supongo que ahora el Gobierno tratará de paralizar la tramitación de las diversas querellas presentadas por la inacción de los Mossos el 1-O por lo que “no hicieron” cuando los mandaba Josep Lluis Trapero. Entonces –se ha preguntado Santiago González- ¿qué necesidad había de destituirlo?. Si así se aplicaba el artículo 155, ¿por qué Forcadell no iba a acatarlo si Zoido hablaba como el ex-Consejero Forn?. Como ha comentado Federico Jiménez Lozanitos, con su proverbial  sarcasmo, “a Papá Noel Zoido sólo le faltó llevar porros a los piquetes y chuches a los niños”.

            Otra actitud poco comprensible del Gobierno es su renuencia a que se excluyan de las listas electorales a prófugos y presuntos delincuentes, antes al contrario. El Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo ha declarado que sería bueno que Puigdemont y los ex –Consejeros investigados participaran en las elecciones del 21.D, pues su status de presos preventivos no se lo impedía. Sí se lo impediría si el Gobierno cumpliera con su deber y aplicara la Ley 19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que le permite –de oficio o a instancia de parte- inhabilitar a los autores de infracciones tales como “incumplimiento del deber de respeto a la Constitución” o “adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos”.El Gobierno debería haber inhabilitado a estos desaprensivos tiempo ha, pero prefiere una vez más que el TC le saque las castañas del fuego e inhabilite a algunos dirigentes secesionistas al amparo de los poderes que le concede su Ley Orgánica tras la última reforma. Mas ésta es misión del poder ejecutivo y no del judicial, y –en caso de que el Tribunal decidiera hacerlo-, se rompería la unanimidad que hasta ahora ha prevalecido en su seno en el tema de Cataluña y, sobre todo, supondría un desgaste innecesario y daría argumentos a las críticas nacionalistas de falta de imparcialidad.

            No es de higiene democrática permitir, e incluso facilitar, las presencia en las listas electorales de prófugos y presuntos delincuentes –no tan presuntos- para que accedan al Parlament –y eventualmente al Govern-, gracias al voto cautivo de buena parte de la población catalana, intoxicada durante años por la agitprop soberanista. ¿Qué ocurriría si Junqueras y sus cachorros salieran elegidos y accedieran de nuevo al Gobierno de la Generalitat y luego fueran condenados a largos años de cárcel por el delito de rebelión?. Las consecuencias del encarcelamiento de unos diputados escogidos por el pueblo serían mucho más graves que las que se producirían ahora si el Gobierno y/o los Tribunales los inhabilitaran e impidieran su participación en las elecciones, pues más vale prevenir que curar.

            El Gobierno yerra al dejarse engañar por los nacionalistas y mostrrarse dispuesto a hacer concesiones en aras del apaciguamiento, que –en opinión de Álvarez de Toledo- nunca es general, pues sólo se apacigua del lado del que no lo merece..”La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático. El diccionario inglés Webster define “apaciguar” como “hacer concesiones a alguien –como un agresor o un crítico-, a menudo a costa de sacrificar los principios”. No fue el apaciguamiento lo que ha empujado a Forcadell a “pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional”, sino “la amenaza seca y concreta de la cárcel”. El cambio de ciclo en Cataluña y la vuelta a la normalidad constitucional no se conseguirá con guiños al separatismo. El Gobierno deberá  abandonar sus complejos, creer en la fortaleza que le proporciona el Estado de Derecho y hacer cumplir en Cataluña la Constitución, el Estaturo y las leyes, sin condicionarlo al “contexto” o a las conveniencias políticas.

Madrid, 13 de Noviembre de 2017 

            

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