HACIA LA RESTAURACIÓNDE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL
Aün nos
estamos recuperando de la ceremonia de la confusión protagonizada el pasado día
11 por el Presidente de la Generalitat Carlesla Galicia natal de ambos. El
Arzobispo de Santiago trataba de convencer al Jefe del Estado de que el Gobierno
debería costear las obras de la ampliación del aeropuerto de Labacolla con
motivo de la celebración del Año Jubilar Compostelano de 1965 y utilizaba como
principal argumento la posible visita del Papa a la tumba del Apóstol. Franco
le dijo:”¿Y si no viene?” y el
Cardenal le replicó:”¿Y si viene?”.
La cuestión que nos planteamos en el día de hoy es la de si ha habido o no una
declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI).
¿Ha habido
Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña?
Puigdemont
afirmó solemnemente en el Parlament:
“Llegados a este momento histórico, como Presidente de la Generalitat , asumo, al
presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y ante nuestros
conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado
independiente en forma de República”. Acto seguido añadió:”El Govern y yo mismo proponemos que el
Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia”.Tras
finalizar esta intervención, hablaron los portavoces de los distintos partidos
representados en la cámara para expresar su opinión sobre la declaración
presidencial y se levantó la sesión sin que el Parlament se pronunciara en modo alguna sobre la supuesta
declaración de independencia o sobre la propuesta de suspender la misma. El
Secretario General del PSC, Miquel Iceta, planteó una pregunta que quedó sin
respuesta. ¿Cómo se puede suspender una declaración que no se ha formalizado y,
por tanto, no se ha llegado a producir ?.
A
continuación, los diputados de “Junts pel
Sí” y de la CUP
se reunieron en otro salón para firmar un papel –un “non-paper- pomposamente denominado “Declaración de Independencia de Cataluña”, un “destino manifiesto”
que, cuan nuevos Bolívares –aunque más bien sean “bolivarianos”- iba dirigido “al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos
del mundo”. La declaración contiene más mentiras e inexactitudes por
centímetro cuadrado que cualquier otro documento de carácter político y
jurídico. Verbi gratia:
Disparatado contenido
de la Declaración
de Independencia
1) “La justicia y los derechos humanos, individuales y colectivos, … son la base de la Constitución de la República Catalanala Constitución y el
Estatuto de Autonomía, sino las propias leyes autonómicas- por un voto de
mayoría pretende sustituir las Constitución Española de 1978, que fue aprobada
en las Cortes por mayoría de dos tercios y refrendada casi por consenso por la
inmensa mayoría del pueblo español, incluida una amplísima mayoría del pueblo
catalán. Se basa en un supuesto “derecho de libre determinación” que no ampara
el Derecho Español, el Derecho Catalán, el Derecho Internacional o el Derecho
Europeo. Según el Derecho Internacional, el citado derecho de autodeterminación
sólo corresponde a los pueblos de los territorios sometidos a dominación
colonial o que se encuentran oprimidos en violación de los derechos humanos, lo
que no es obviamente el caso del pueblo catalán, pese al desvergonzado
victimismo de los separatistas. Ninguna normativa europea reconoce el “derecho
a decidir” ni el derecho de una parte de un Estado a separarse del mismo de
forma unilateral. En un Estado de Derecho como es español, los ciudadanos ejercen
su derecho a decidir a través de las elecciones generales, autonómicas, locales
o europeas, y –de forma excepcional- mediante referendums, siempre que se
realicen de acuerdo con la ley. El futuro de Cataluña y de España no puede ser
decidido únicamente por los catalanes, pues
requiere la participación de todos los españoles. Por muy importantes
que sean los catalanes, de acuerdo con el principio de igualdad no son
superiores al resto de los españoles.
2) “Durante siglos Cataluña se ha dotado de
instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud”. Cataluña
nunca ha sido un Estado soberano: estuvo sometido al Rey de Francia y pasó más
tarde a formar parte del Reino de Aragón. El autogobierno de Cataluña sólo se
inició con el Estatuto de la II Repúblicala Constitución
consagrara un régimen de plena autonomía, que ha alcanzado uno de los más altos
niveles de autogobierno del mundo.
3) “El parlamentarismo ha sido durante los
períodos de libertad la columna sobre la cual se han sustentado esas
instituciones”. Esto puede que sea cierto hasta fecha bien reciente, cuando
el Parlamento empezó a adoptar decisiones contrarias a la Constitución y al Estatut, pero dejó de serlo muy
especialmente a partir del 7 de Septiembre de 2017, cuando la exigua mayoría de
diputados de “Junts pel Sí” y de la CUP laminó los derechos de la
minoría opositora, impuso el desacato y violó todo tipo de leyes, incluidas las
autonómicas. Una muestra más de la denegación del parlamentarismo es que la Declaración de
Independencia ni siquiera fue registrada, no fue adoptada por el Parlament y se firmó de tapadillo en una
sala aneja al hemiciclo.
4) Los
diputados tuvieron que aprobar la
DUI “después de décadas de intentar honesta y
lealmente la convivencia con los pueblos de la Península Ibéricala Generalitat
y ésta inició su política de inmersión escolar y de adoctrinamiento de los
alumnos, a los que –amén de enseñarles un Historia falseada- inculca odio y
menosprecio al resto de los españoles, vagos y parásitos que se aprovechan de
la laboriosidad de los catalanes y encima les roban. Esta “debilitación convivencial”
se intensificó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó
justificadamente la petición del President
Artur Mas de que se concediera a Cataluña un Pacto Fiscal similar al
reconocido en la
Constitución al País Vasco y a Navarra,
5) El
Estado español “ha concedido una
autonomía limitada, un tratamiento económico profundamente injusto y una
discriminación lingüística y cultural” (¡!). No se pueden acumular mayor
número de falacias en tan pocas palabras. No es el Estado sino la Constitución
–aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de los catalanes- la que
establece una distribución no suficientemente clara de las competencias.
Precisamente ha sido el Estado –a través de los Gobiernos del PSOE y del PP- el
que ha ido transfiriendo a la
Generalitat
competencias propias, en contrapartida a su apoyo para conseguir una mayoría
que les permitiera gobernar en España. El chantaje de la bisagra ha provocado
un lamentable “strip-tease” de
competencias estatales y la transferencia de algunas que nunca deberían haber
sido totalmente cedidas, como es el caso de la Educación. Decirla Constitución y el Estatut como lengua co-oficial- es preterida en la Comunidad hasta el punto
de negar a los niños castellano-parlantes la enseñanza en su lengua materna. El
Govern se ha negado a aplicar
numerosas sentencias en la materia de los más altos Tribunales españoles con
absoluta impunidad. En cuanto al tratamiento económico injusto, no lo explica -antes al contrario- la posición dominante de la
economía catalana, que es una de las más
pujantes de España. Con independencia de que sea más o menos acertado, da la
casualidad de que los distintos sistemas de distribución de recursos
financieros –incluido el actualmente vigente- fueron acordados en negociaciones
bilaterales entre el Gobierno central y el Govern,
y posteriormente impuestos a las demás Comunidades. Lo que la Generalitat
ha pretendido hasta ahora –y así se incluyó en el non-nato Estatuto de 2005- es
que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al porcentaje de la
aportación de la Comunidad
al PIB nacional. Esto sí que es injusto y contrario a la justicia distributiva
y a la solidaridad interterritorial, pues pretende -sin el menor pudor- que se
dé más al que más tiene, en detrimento de las Comunidades menos favorecidas.
6) “El respeto a la ley será una de las piedras
angulares” del nuevo Estado, que se compromete a “continuar siendo parte de los tratados internacionales”: Resulta
difícil aceptar este aserto cuando la proclamada República Catalana tiene su
origen en la violación de la
Constitución española, del Estatuto de Cataluña, de las
normas dictadas por el propio Parlament y
del Derecho Internacional. Un Estado nacido de la ilegalidad y de la insumisión
carece de fuerza moral para exigir a sus ciudadanos el respeto a las leyes y a
las sentencias de los Tribunales. La falta de seguridad jurídica y la
desconfianza en un Gobierno que estaría co-dirigido por un partido antisistema
como la CUP -que
preconiza la nacionalización de la banca y de las empresas proveedoras de servicios públicos, así como la salida de la UE y de la OTAN- han provocado el
impresionante éxodo de las principales empresas y bancos de Cataluña. Para
poder ser parte en los tratados y miembro de las Organizaciones
Internacionales, Cataluña necesitaría ser reconocida como Estado por la
comunidad internacional, lo que resultaría harto difícil. Los dirigentes
separatistas han mentido descaradamente a los ciudadanos al asegurarles que la
independencia no afectaría a la pertenencia de Cataluña a la ONU , la UE , la OTAN y demás Organizaciones
de las que España forma parte. Los dirigentes comunitarios han citado por
activa y por pasiva las disposiciones del Tratado de la Unión que consagran la
integridad territorial de los Estados miembros y establecen que, si una parte
de un Estado se separara de él, pasaría automáticamente a ser un tercero con
respecto a la
Organización y perdería los derechos que ésta concede a sus
miembros.
7) La
declaración concluye la con la siguiente afirmación: “Constituimos la República Catalanala
Universidad de Sevilla, Ignacio María Lojendio, nos decía que
cuanto más adjetivos se adjudicaban a un texto básico, más se diluía su
contenido, y el refranero español advierte de que “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. La República Catalana
Los
catalanes han dado sobradas muestras de creatividad y capacidad de inventiva,
pero, con la actuación del Govern,
han revolucionado la ciencia política y su conducta será explicada en las
universidades de todo el mundo como el modelo de lo que no deben hacer los
gobernantes. 1) Desde el poder concedido por la Constitución que
legitima su presencia en el Gobierno, la han atacado, socavado y sustituido en
último término por una Ley que carece de la más mínima legitimidad. Han
reemplazado una Carta Magna aprobada por dos tercios de las Cortes y refrendada
por la inmensa mayoría del pueblo español –incluido el catalán- por una Ley
adoptada en un Parlamento autonómico por un solo voto de mayoría, tras haber
impedido que la minoría opositora pudiera siquiera expresar su opinión y
violando sus propias leyes y reglamentos. 2) Han basado su supuesta legitimidad
en un seudo-referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y realizado sin
las mínimas garantías democráticas, en violación e las normas nacionales y
autonómicas y en base a unos resultados fantasmagóricos no verificados por
ninguna instancia neutral y sobre un censo desconocido; aún así, han admitido
que los votos afirmativos obtenidos sólo supusieron el 43% del censo. 3) Pese a
que la Ley de
Transitoriedad Jurídica –suspendida por el Tribunal Constitucional- ha
sustituido supuestamente a la
Constitución , el Govern
y su Presidente no han dimitido ni
convocado elecciones autonómicas para la formación de un nuevo Parlamento y un
nuevo Gobierno, y han permanecido en el poder al amparo de una Constitución que
–a su juicio-ha dejado de estar en vigor. 4) Han hecho una declaración
implícita de independencia y otra explícita de suspensión de la misma, que no
han sido sancionadas por el Parlament,
por lo que –de conformidad de la lógica surrealista
y dadaísta que prevalece en la tierra de Salvador Dalí- se trata, en el mejor
de los casos, de una independencia meramente virtual. Difícilmente se podrá
encontrar en la Historia
un caso semejante de trapacería jurídica y de falta de respeto al Derecho.
El parto de los montes
En este
punto, volvemos a plantearnos la cuestión de si se ha producido una auténtica
DUI. ¿Sí, no o todo lo contrario?. Como los teólogos medievales con el sexo de
los ángeles, los juristas pueden discutir hasta la naúsea si, desde el punto de
vista jurídico, ha habido o no una declaración formal de independencia. La Consejera de Trabajo,
Dolors Bassa, ha dicho que “Rajoy no ha
entendido nada”. El problema es que la gran mayoría de los ciudadanos
españoles comparte el sentir del Presidente. Como ha señalado Raúl del Pozo,
ante la confusión provocada por el estilo enrevesado y tramposo de sofista empleado
por Puigdemont, Rajoy ha respondido con estilo cartesiano –yo añadiría y con
retranca gallega- requiriéndole que se aclare. En efecto, el Presidente le ha
enviado el requerimiento de que “confirme
si alguna autoridad de la
Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia” y
le ha exigido que responda antes de las 10 horas del próximo 16 de Octubre. En
el caso de que no respondiera antes de esa fecha o diera una respuesta
afirmativa, le ha pedido que revoque la
DUI y ordene a la Presidenta y a la Mesa del Parlament
que hagan lo propio. Le ha instado asimismo a que “comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación el cumplimiento
íntegro de este requerimiento tanto por parte del Govern de la Generalitat como del
Parlament de Cataluña antes de las 10 horas del próximo 19 de Octubre” y
advertido que, en caso de que no atienda a esta orden, su Gobierno propondrá al
Senado que ponga en marcha la aplicación del artículo 155 de
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