ROMBECABEZAS SINIESTRO DE
SÁNCHEZ PARA CONSERVAR EL PODER
Poco a poco van encajando de forma inexorable las piezas
catalanas, vascas y navarras del siniestro rompecabezas diseñado por Pedro
Sánchez para conservar como sea el poder. Como ha señalado “El Mundo” en un editorial, “los
españoles no se merecen que la
integridad territorial, la seguridad y el bienestar de todos queden a merced de
las ambiciones de un líder que ha demostrado que sólo le obsesiona mantenerse
en el poder a cualquier precio”. El fiasco de las segundas elecciones
generales ha debilitado a Sánchez de forma considerable y, tras haber vetado y
estigmatizado a Pablo Iglesias y afirmado que ni él ni el 95% de la población
podría dormir tranquilo con su presencia en el Gobierno, le ha dado o –más
bien- ha recibido el “abrazo del oso” podemita y lo ha nombrado Vicepresidente
del Gobierno “in pectore”, sin
esperar siquiera a recibir el preceptivo encargo del Rey para formar Gobierno.
El que
fuera otrora icono del progresismo izquierdista, Alfonso Guerra, ha descrito
gráficamente en una entrevista televisiva el citado abrazo. Ha señalado que, 24
horas después de las elecciones y sin consultar con ningún partido
constitucionalista, el Presidente del Gobierno en funciones, firmó un preacuerdo
con Podemos y se fundió en un abrazo con Iglesias. La evolución del abrazo era
una metáfora de lo que iba a ocurrir si el preacuerdo se concretara en
Gobierno: Habrá uno que tome la iniciativa y otro que no podrá decir que no
aunque le gustara hacerlo, lo que era un drama. Ya sólo quedaba que nos
salvaran los independentistas dejando de abstenerse y haciendo fracasar la
investidura de Sánchez y, entonces, se podría empezar de nuevo.
Pieza catalana
La pieza catalana del
rompecabezas es la más preciada y decisiva, sobre todo la que lleva la marca de
ERC, pues la abstención del partido republicano –sumada al apoyo de Podemos y
otros partidos nacionalistas y regionalistas, que se da por descontado-,
Sánchez podría ser investido Presidente de Gobierno de verdad y no como ahora,
aunque para él, no haya mayores diferencias. Mas los independentistas han
puesto un elevado precio a su abstención. ERC exige la constitución de una Mesa
de diálogo entre los Gobiernos español y catalán, en pie de igualdad, para
resolver el conflicto político mediante la celebración de un referéndum de
autodeterminación. Y pueden exigir porque –según ha fanfarroneado el
impresentable Gabriel Rufián-, “como
Pedro Sánchez es un derrotado, se le puede sentar a hablar”.El Presidente
del Parlament, el republicano Roger
Torrent, ha desafiado una vez más al Tribunal Constitucional y ha permitido que
se vote una resolución por él suspendida el pasado día 5, que rechaza la
sentencia del Tribunal Supremo sobre el
referéndum del 1-O, reeprueba la Monarquía y defiende el derecho a la
autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán. La portavoz del partido, Marta Villata, ha afirmado que no pueden aceptar que el
Tribunal Constitucional dicte, limite o imponga al Parlament lo que puede o no debatir o votar. No hay nada por encima
de la voluntad del Parlamento –donde está representada la soberanía del pueblo
catalán.
Según Cayetana Álvarez de Toledo,
al desafío de los frentes anticonstitucionales catalán, vasco y navarro, se
añade en Cataluña el plurinacionalismo del PSC, cuyo líder, Miquel Iceta -que
ha sido calificado por Iñaki Gil de jefe
de un circo de dos pistas, una en Barcelona y otra en Madrid, donde realizan
sus piruetas los partidarios de un Gobierno tripartito integrado por PSOE/PSC ,
ERC y Podemos-, ha vuelto a afirmar que Cataluña es una Nación, con las
consecuencias políticas y jurídicas que ello comporta.
Juntos por Cataluña ha
incorporado la exigencia de que Joaquim Torra participe en la Mesa de
negociaciones y de que se nombre a un relator internacional que actúe de
árbitro cuando se produzca alguna divergencia entre las partes. Se trata de
volver a la Cumbre de Pedralbes –resolución del conflicto político por el
diálogo entre los dos Gobiernos en pie de igualdad y al margen de las Cortes y
del Parlament, y reconocimiento del
derecho a decidir de los catalanes-, a
la que se suma el requerimiento de conceder una amnistía a los políticos
condenados por el Tribunal Supremo. El Gobierno central -por boca de la
Vicepresidenta Carmen Calvo- se ha negado por ahora a discutir sobre el derecho
a la libre determinación del pueblo catalán y ha ofrecido modificar el Capítulo
VIII de la Constitución para mejor acomodar a Cataluña en el Estado español.
Pieza vasca
El PNV ha jugado
últimamente las cartas de la moderación frente al frenesí en el que ha caído el
nacionalismo catalán. Íñigo Urkullu desempeña una papel similar al que en su
día tuvo Jordi Pujol para garantizar la gobernabilidad en España, inclinándose
a babor o a estribor según su conveniencia. Primero apoyó al Gobierno de
Mariano Rajoy ofreciéndole los diputados del PNV para aprobar los Presupuestos
Generales y, en horas 24, cambió de rumbo sin pestañear, apoyó la moción de
censura contra Rajoy y respaldó la investidura de Sánchez. Por supuesto que no
lo hizo “gratis et amore”, sino
pasando una abultada factura a los dos Gobiernos.
Sin embargo,
no ha abandonado sus postulados soberanistas y, aunque se alió con el Partido
Socialista de Euskadi para formar Gobierno, acordó con Bildu una reforma del
Estatuto de Guernica que consagrara el derecho a decidir del pueblo vasco. El
proyecto de nuevo Estatuto elaborado por una ponencia de cinco expertos
jurídicos en representación de los principales partidos ha presentado un
proyecto claramente soberanista, con el voto particular del representante del
PP, Juan Ignacio del Burgo. El texto ha alterado sustancialmente los principios
del federalismo al conceder las competencias a la Junta del País Vasco con
carácter general y al Estado con carácter residual. La Comunidad asume todas
las competencias salvo las expresamente conferidas al Estado. Así pues, el
Gobierno autonómico asumiría la mayor parte de las competencias legislativas y
ejecutivas, que califica de “políticas públicas”. Como ha señalado del Burgo,
no hay lugar para el Estado, ni para la aplicación de las políticas dirigidas a
garantizar la igualdad de los españoles, ni a establecer medidas comunes por
razones de interés general.
El proyecto
sienta el principio de “prevalencia”, conforme al cual el derecho propio de
Euskadi en materia de sus competencias –que son casi todas- se aplicará con
preferencia a cualquier otro y el derecho del Estado tendrá carácter
supletorio. Distingue entre “nacionales” y “ciudadanos” vascos, con lo que se
rompe el concepto de soberanía nacional, haciendo de los nacionales vascos
“sujetos políticos” ajenos al resto de los españoles. En una disposición
transitoria se reconoce “el derecho a
decidir de sus ciudadanos libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. La inclusión de las palabras por mí
subrayadas ha sido la principal contribución del PSE a la redacción del
proyecto y no resulta aceptable para Bildu, que pretende consagrar el derecho
de autodeterminación de forma absoluta, sin necesidad de que medie el Estado.
Antes de su envió a las Cortes, el proyecto será sometido a una “consulta
habilitante” del pueblo vasco, de modo que lo que éste decida condicionará a
los diputados y senadores, como ya ocurrió con el Estatuto catalán de 2006 tras
su aprobación en referéndum.
Para mostrar
el camino, el Parlamento vasco ha aprobado hoy una resolución en la que aboga
por un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado español, basado en la
igualdad, la bilateralidad y el pacto, que dé cauce al ejercicio del derecho a
decidir. El PNV y Bildu han votado a favor, el PP y el PSE en contra y Podemos
–salvo su Presidenta- se ha abstenido. El diputado Borja Semper /(PP) ha
afirmado que el derecho a decidir era un desbordamiento legal y un disparate
jurídico. El Parlamento ha pedido que se acabe con la excepcionalidad en la
aplicación de la política penitenciaria, de manera que se acerquen a cárceles
vascas los presos –incluidos los de ETA- que cumplan condena en otros
territorios.
Pieza navarra
La pieza
navarra es la menos importante, pero tiene un alto sentido simbólico porque
Navarra es la “joya de la corona” y un elemento fundamental para la creación de
un Estado vasco. Tras las últimas elecciones autonómicas ganadas por Navarra
Suma –que logró 20 escaños frente a 11 del Partido Socialista-, María Chivite
se empeñó en acceder a la presidencia del Gobierno foral, para lo que forjó un
mini-Gobierno Frankesntein con el apoyo de Geroa Bai - fllial del PNV en la
Comunidad-, Podemos e Izquierda-Ezquerra, y la abstención de Bildu, a cambio de
un puesto en la Mesa del Parlamento que no le correspondía y la alcaldía de
Huarte. Gracia a ello, Chivite obtuvo la investidura con un Gobierno
minoritario, pero ahora se encuentra con dificultades para la aprobación de sus
Presupuestos Generales al carecer de los votos necesarios.
La Presidenta
anunció el envío del proyecto de presupuestos al Parlamento para su debate,
pero Bildu exigió y consiguió que se realizaran con anterioridad consultas
entre los partidos políticos. Chivite –que había jurado o prometido por sus
ancestros que nunca negociaría con Bildu- lo ha convocado a su despacho
oficial, concediéndole así la vitola institucional. Navarra Suma ha expresado
su sorpresa por la convocatoria de un partido que nunca ha condenado los
crímenes de ETA y su Presidente, Javier Esparza, ha señalado que la gran
diferencia ética entre los dos partidos radica en que Navarra Suma tenía
asesinados de ETA, mientras que en Bildu había quienes aplauden a los asesinos
de la banda. La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, advertió a Chivite que, si
quería mira a la izquierda y en progresista, sólo conseguiría aprobar los
presupuestos con Bildu y, tras la reunión con la Presidenta, comento que había
habido una buena sintonía que facilitaría la aprobación de las cuentas. Chivite
tendrá que optar entre Navarra Suma y Bildu, pero es más probable que se
incline por el segundo, a pesar de sus negativa a negociar con él. Al fin y al
cabo. Chivite es una aventajada discípula de Sánchez., “el epítome más acabado del sanchismo -según “El Mundo”- que sacrifica
“la laminación de la tradición constitucionalista del PSOE en aras del
puro afán de poder”. El acercamiento a Bildu es, por otra parte, una
estrategia necesaria a nivel nacional, dado que Sánchez necesita su abstención
para lograr la investidura.
Reacciones ante los últimos acontecimientos
Pese a la
gravedad del comportamiento de Sánchez, se ha producido un ominoso “silencio de
los corderos” entre los dirigentes de más peso del PSOE. ¿Dónde están Felipe
González, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Ximo
Puig, Javier Fernández, Susana Díaz o Abel Caballero? ¿Quién calla
otorga?...Sólo han reaccionado algunos antiguos dirigentes socialistas como
Nicolás Redondo Jr., César Antonio Molina, Joaquín Leguina, José Rodríguez de
la Borbolla o Francisco Vázquez, que –junto a personas cercanas a Ciudadanos,
como Francesc de Carreras, Félix Ovejero
o Manuel Valls, han formado el colectivo
“España nos reúne”, y han
presentado una declaración en la que afirman que España está en una situación
grave y alertan sobre el peligro de destrucción del régimen de libertades
nacido de 1978, por culpa del pacto del PSOE con Podemos y por el posible
acuerdo de investidura con ERC. Han expresado su deseo de que se forme un
Gobierno que excluya a partidos populistas y nacionalistas, y se apoye en las
formaciones que ocupan el amplio centro del tablero político, pues sólo un
acuerdo de este tipo permitiría “el
desarrollo durante cuatro años de una acción de gobierno, sólida y coherente,
que contribuya a la concordia entre los españoles”.
En un
artículo publicado en “El Mundo”,
titulado “Insistencia en Luzbel”. El
ex–Ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha afirmado que el PSOE ha
defraudado a los votantes y los ha engañado vilmente. Sánchez va camino de
llevar a su partido a la destrucción y a fenecer él mismo ¿Cómo se puede pasar
de una izquierda socialdemócrata, moderada y progresista a una extrema
izquierda aliada con proindependentistas, anticonstitucionalistas, enemigos de
nuestro régimen económico, antieuropeos y tantas cosas más que abren paso a un
Estado totalitario? ¿Cómo se puede hablar con los partidos secesionistas que
tienen en la cárcel a sus dirigentes por haber cometid graves delitos, e
incluso pedirles el apoyo para la investidura y extender esta petición en a
quienes el País vasco tienen las manos manchadas de sangre socialista? ¿Cómo podrán sobrevivir dos Gobiernos paralelos?
¿Por qué el Partido Socialista prefiere estar con los anticonstitucionalistas
en vez de con quienes comparten el credo principal de la Constitución? ¿Cómo se puede hablar de
una mesa de iguales entre una Comunidad y el Estado?... Molina deja en el aire
estos interrogantes y concluye que hay que hacer todo lo posible para impedir
que el poder caiga en manos de los populistas o, -aún peor- de los
independentistas periféricos. La situación es de una gravedad absoluta porque
nos estamos jugando la supervivencia de nuestro país.
Especialmente
duro ha sido el antiguo Ministro de Interior, José Luis Corcuera,
que ha llamado a Sánchez “mentiroso compulsivo y sin escrúpulos, que hace lo contrario de lo que
dice”. Es impresentable que justifique su pacto con Iglesias por el ascenso
de Vox, que él mismo ha provocado por la celebración de unas elecciones
innecesarias. Su conducta lleva a poner en dificultad el futuro de España como
país y en riesgo elementos fundamentales
de la convivencia entre los españoles. Ha concluido que no se podía votar a un
mentiroso y que los ciudadanos deberían
pedir su dimisión.
El
comportamiento de Sánchez merece estas críticas y muchas más. Lleva años
jugando frívolamente con el futuro de España y de los españoles por su
insaciable apetito de poder. Albergo fundada dudas sobre que un hombre tan
pagado de sí mismo escuche este clamor de sus propios compañeros de partido y
recapacite, devuelva las piezas del rompecabezas a su caja y siga el camino marcado por la Constitución, Puede que París bien
valiera una misa, pero Madrid no se merece la desintegración de España.
Madrid, 28 de
noviembre de 2019
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