Sentencia de los ERE: La justicia es lenta, pero segura

SENTENCIA DE LOS ERE: LA JUSTICIA ES LENTA PERO SEGURA

          Cuando hoy leía con alivio y satisfacción la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), me acordé de una iglesita en el norte de Inglaterra en la que vi una antiquísima chimenea de hierro en cuya tapadera había grabada una tortuga y las palabras: “lenta, pero segura”. La lenta tortuga judicial ha llegado al fin en su parsimonioso caminar a la capital andaluza.  Parafraseando al gran Federico García Lorca podría decirse “voces de muerte –judicial, por supuesto- se oyeron cerca del Guadalquivir”.                                                                   

            He seguido paso a paso el prologado proceso de los ERE. Han tenido que transcurrir  más de nueve años desde que “El Mundo”, tirando informativamente de los hilos del caso Mercasevilla, sacó a la luz pública en 2010 los indicios de una trama de corrupción institucional generalizada en la Junta de Andalucía. No era más que la punta del iceberg de lo que devendría el “caso de los ERE”, el mayor caso de corrupción en la historia de España, que reveló –como ha atestiguado el entonces director del periódico en Andalucía, Francisco Rosell- que la Junta “era un patio de Manipodio –no en vano Miguel de Cervantes situada a sus pícaros Rinconete y Cortadillo a la vera de la Giralda- en el que la corrupción no era una malformación del sistema, sino el sistema mismo”.Ante la defraudación consentida de más de 679 millones de euros, un periódico llevó a la puerta del Juzgado unas indagaciones en las que el periódico y sus profesionales “se dejaron girones no sólo de papel, sino de piel”.

            La heroína de la historia –a la que quiero rendir homenaje en este artículo- fue Mercedes Alaya, titular del Juzgado nº 6 de Sevilla, quien, contra vientos y mareas, se atrevió a imputar al ex-Consejero de Empleo, Antonio Fernández, en un demoledor auto en el que acusaba a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad  y la discrecionalidad  en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de de fondos públicos  y poder regalar fraudulentamente ayudas  a un extensísimo grupo de personas  físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”.

            Era demasiado para una Junta que gozaba de absoluta impunidad  en su cortijo andaluz, donde llevaba reinando desde hacía 39 años. De inmediato, puso toda clase de obstáculos a la actuación judicial –negativa a entregar documentos, expurgo de los mismos, acusación de retraso en la instrucción, indefensión de los acusados…-. Llegó a personarse como acusación particular para, desde dentro del proceso, seguir obstaculizando la tramitación del proceso. Tras el procesamiento de Fernández, recurrió la imputación y asumió su defensa, dándose la paradoja de que el fiscal se convertía en abogado. No le bastó con eso, sino que inició una campaña insidiosa y calumniadora  contra la juez, dirigida en lo político por Alfonso Guerra y en lo jurídico por el Consejero de Justicia, Emilio de Llera –fiscal de profesión para más inri-, en complicidad con las más altas instancias judiciales. Así, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, maniobró para apartarla del caso y el Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, la amenazó con expedientarla.

            La posición de Alaya se vio fortalecida con el auto del instructor del TS, Alberto Jorge, en el caso de los aforamientos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, en el que avaló la instrucción de la juez. No obstante, los despiadados ataques, incluso personales, minaron su salud y sufrió una depresión y neuralgia de trigémino, que la hicieron tirar la toalla. Recibió la “patada hacia arriba” y pasó a la Audiencia Provincial, en donde trató de obtener una comisión de servicio para seguir con la instrucción del caso, pero se la negaron. Rosell ha destacado la entereza de una magistrada a la que las autoridades socialistas acusaron de subvertir el Estado democrático en una tierra donde la que la corrupción “se encostró por la permisividad, cuando no la connivencia de los obligados, por juramento y sueldo, a perseguirla”. A riesgo de ostracismo social, Alaya no sólo enfrentó  en clara inferioridad de medios a “una soledad incómoda, pero inevitable, cuando se trata de decir la verdad al poder”.

            Alaya fue sustituida por María Núñez Bolaños, que pronto empezó a deshacer la la ímproba instrucción realizada por su antecesora. Troceó la macro-causa para supuestamente agilizar la actuación judicial, separando la `pieza  más política de los  mini-casos generados por cada una de las ayudas concedidas irregularmente por la Junta, que el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha cifrado en unas 270. Núñez archivó algunos casos, permitió que otros prescribieran, egó la realización de pruebas y ralentizó la investigación- Por ello ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial, que la está investigando.

            Yo me temía lo peor por la actuación de Núñez y por las presiones que la Audiencia Provincial recibía desde la Junta y otras altas instancias o personalidades políticas, e incluso judiciales, pero mi fe en la justicia –al fin y al cabo soy hijo de juez y he mamado el respeto por ella- me ha permitido conservar la esperanza, que ahora se ha visto recompensada con la ejemplar sentencia de la Audiencia sevillana.

            De los 21 acusados, sólo han sido absueltos los dos funcionarios implicados –el Interventor General, Manuel Gómez, y el Jefe de los Servicios Jurídicos, mi buen amigo Francisco del Río-, mientras que los otros 18 –todos ellos políticos- han sido condenados por los delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos se encuentran dos antiguos Presidentes de la Junta –Chaves, que además de Ministro fue Vicepresidente del Gobierno, y Griñán, que fue asimismo Consejero de Economía y Hacienda y Ministro de Trabajo y de Sanidad-, seis ex-Consejeros –incluida la antigua Ministra de Fomento y Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez-, tres ex-Viceconsejeros y diez Directores Generales. Las penas de prisión han correspondido a Antonio Fernández y Javier Guerrero -7 años y 11 meses-, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Juan Márquez y Agustín Barrera -7 años-, Miguel Ángel Serrano -6 años y 6 meses-, y José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo y Jesús Rodríguez -6 años-. Todos ellos –incluidos Chaves y el antiguo Secretario de Estado Gaspar Zarrias- han sido condenados a inhabilitación especial de entre 9 y 19 años y medio.

              Según la sentencia, la Junta de Andalucía instauró un sistema para  burlar los controles de la Administración autonómica y repartir a su antojo ayudas por valor de 679.432.180 euros a trabajadores y a empresas, prescindiendo de los procedimientos de control legales establecidos con la complicidad de todos los condenados, que eran conscientes de la ilegalidad de las ayudas. Las decisión sobre las mismas no provenían sólo de la Consejería de Empleo sino del conjunto del Gobierno, que aprobó numerosas modificaciones presupuestarias para hacer transferencias ilegales y dar cobertura legal a un procedimiento que permitía manejar el dinero público sin dar cuenta a nadie, partíendo del programa con el que el PSOE se había presentado a las elecciones. La base jurídica para semejante actuación se encontraba en el Acuerdo-marco  concertado en 2001 entre el Consejero de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que se celebró sin haber recibido el preceptivo informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, no fue trasladado al Interventor General y nunca fue publicado. Este Acuerdo permitió la creación de un incontrolado “fondo de reptiles”, del que se  transmitían fondos al IFA y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que actuaban como cajas pagadoras de las ayudas socio-laborales concedidas al margen de la ley, a sabiendas de que no podían obras como tales en los supuestos de subvenciones excepcionales. La ley nunca permitió que, con cargo a las transferencias de financiación, se concedieran subvenciones socio-laborales ni de ninguna otra clase.

            Respecto al argumento de la defensa de que los Presidentes no estaban al tanto de las ayuda, la Audiencia no lo consideró creíble. Lo lógico era que la modificación del procedimiento por el que se concedían las ayudas no sólo lo conociera el Presidente del Gobierno andaluz, sino que lo tuviera que aprobar.  Le parecía impensable que un cambio en las normas de tal caldo pudiera ser decidido por los Consejeros de Empleo y de Hacienda sin su consentimiento. Griñán ha sido condenado por su participación en la elaboración de los presupuestos en los que se incluía la financiación de las ayudas, por el conocimiento de la irregularidad del procedimiento y por el caso omiso que hizo a las reiteradas advertencias del Interventor General sobre tales irregularidades.

El PSOE ha alegado que no se había producido una financiación del partido, porque éste no se había beneficiados de tales subvenciones y ni Chaves ni Griñán, se habían enriquecido personalmente, pero –como ha observado Carlos Mármol- no han sido juzgados por ninguno de estos motivos. Su responsabilidad como gobernantes era sistémica, pues se amparaban en un sistema perverso que hurtaba cualquier mecanismo de control el reparto discrecional de dinero público a sabiendas de su ilegalidad. Que ese dinero no financiara directamente al PSOE y que sus dirigentes no se quedaran con parte del botín no los convertía en inocentes. Fueron culpables  de permitir y facilitar una estafa mayúscula que permitía a empresarios y intermediarios afines al partido, ajenos a cualquier interés social o público, lucrarse sin freno gracias a los despidos de trabajadores, que financiaban indirectamente en cuanto contribuyentes su exclusión del mercado laboral. Realizaron estas prácticas “al amparo de un abominable paternalismo que presentaba como solidaridad progresista lo que no era más que un comercio de voluntades disfrazado bajo el pretexto de sensibilidad social. El fraude adquirió una extensión superlativa, hasta el `punto de que afecta a todos los estamentos de la Andalucía oficial”. Con el contentamiento de su red clientelar, el PSOE se beneficiaba indirectamente de esta reserva de votos conservada a buen recaudo, lo que le permitió a mantenerse en el poder en Andalucía durante casi cuarenta años.

La sentencia no es firme, pues es más que posible que los condenado recurran en casación al TS. No parece, sin embargo, que éste vaya a casar el bien motivado fallo de la Audiencia, pues el tema ya fue examinado por el Tribunal en relación con los suplicatorios de Chaves, Griñán Vieira y Zarrías, y el Instructor de la Sala de lo Penal, Alberto Jorge, calificó a los ERE de “sistema ilegal establecido en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que se centró en crear una partida específica para conceder las ayudas/subvenciones con cargo a partidas a las que se ascribió el rótulo de transferencias de financiación, bajo el que se ocultaban auténticas subvenciones, cuyo concepto y función son ajenos al de transferencia de financiación”.

Hay que congratularse de que al fin se haya hecho justicia en Andalucía aunque quepa poner un par de “peros” que no empañan el logro de la sentencia: De un lado, que hayan tenido que pasar más de nueve años para que el TS se haya pronunciado sobre la causa principal, siendo de esperar que –una vez resuelta ésta- puedan dilucidarse a velocidad de crucero los más de 200 casos que quedan por resolver. De otro, que, por razones supuestamente técnicas, se haya retrasado la publicación de la sentencia –al parecer ya redactada de antemano- hasta después de ls celebración de las pasadas elecciones generales, cuyos resultados podrían haberse visto afectados por el conocimiento por parte de los electores del contenido y motivación del fallo.

Los dirigentes del partido han tratado de quitar importancia a una sentencia que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación del PSOE. Su Secretario General ha eludido hacer comentario alguno sobre la misma para no asumir responsabilidades políticas por unos hechos idénticos a los que que motivaron su moción de censura a Mariano Rajoy. Su fiel escudero –el Ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos- ha salido a la palestra para señalar que se trataba de un asunto regional -la concesión de ayudas socio-laborales por parte de la Junta de Andalucía durante la pasada década-, que no afectaba al actual Gobierno ni a la dirección del partido, sino sólo a la federación andaluza, que ya había depurados sus responsabilidades políticas en las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, Pedro Sánchez no puede pasar por alto que su partido ha sufrido el más duro reproche penal de la democracia y que el contundente fallo de la Audiencia sevillana no ha reprobado sólo a “los cuatro golfos” de que hablaba Chaves, sino a la Junta socialista de Andalucía en su integridad y  a  un sistema de poder basado en el  cesarismo clientelar. A diferencia del “caso Gürtel” -que provocó la caída del Gobierno de Rajoy tras el planteamiento de una moción de censura basada en el “obiter dictum” de un magistrado prevaricador, que ha sido excluido del Tribunal por su flagrante falta de neutralidad-, el fraude de los ERE apenas ha pasado factura al PSOE, que no perdió la mayoría absoluta por su causa, sino por la nefasta política de Gobierno de Sánchez en Cataluña. Prueba de ello, es que sigue siendo el partido más votado en Andalucía e incluso aumentó ligeramente su representación en las elecciones generales.

Más patética aún ha sido la reacción –o, más bien, la falta de reacción- de Podemos ante la sentencia. Pablo Iglesias, que abanderó la moción de censura contra el Gobierno del PP so pretexto de  que la democracia no podía soportar delincuentes en el poder, ha mantenido un perfil plano, desvinculado al actual PSOE del escándalo de los ERE y blindado su pacto de Gobierno con Sánchez. Con su habitual desfachatez, ha afirmado que el bipartidismo había traído corrupción y arrogancia, pero que España había cambiado y, con él en la Vicepresidencia del Gobierno, no se tolerarían..

Una vez comprobada la incapacidad del PSOE de influenciar el desarrollo del proceso de los ERE, la Presidenta andaluza, Susana Díaz, retiró a la Junta como acusación particular y pidió el archivo de la “pieza política” de la causa, porque no se había cometido ningún delito, los ex-Presidentes no podían tener conocimiento de nada y, caso de que se hubiera cometido alguna irregularidad, la responsabilidad recaería sobre los escalones inferiores de la Administración. No pidió la responsabilidad civil por los daños causados a la Junta, ni reclamó la devolución de lo que le había sido ilegalmente sustraído, con lo que impidió que el Ministerio Fiscal pudiera hacerlo  y tuviera que limitarse a solicitar el castigo penal de los culpables. Se reservó el derecho a plantear una demanda civil una vez finalizado el juicio penal, si hubiere lugar. La Junta actual es partidaria de ejercer dicha acción, pero no podrá hacerlo hasta que la sentencia sea firme, una vez que el TS haya decidido sobre el posible recurso de los condenados.

La corrupción sólo parece afectar adversamente al PP, al que se le quedó cara de pasmado con la censura al Gobierno de Rajoy. El pavoroso escándalo de los ERE tampoco ha perjudicado hasta ahora en demasía al PSOE en Andalucía. Y tampoco ha afectado en lo más mínimo a las diversas reencarnaciones de Convergencia Democrática de Cataluña pese a protagonizar  la corrupción más antigua del país –del tres y pico por ciento- practicada desde 1980 por el “Molt Deshonorable” Jordi Pujol y

su del mafiosa familia. Espero que la tortuga de la justicia culmine pronto su lento caminar más  allá del Ebro y extienda sus benéficos efectos sobre Cataluña.

Madrid, 20 de noviembre de 2019