Diplomacia paralela de la Generalitat de Cataluña

DIPLOMACIA PARALELA DE LA DE GENERALITAT DE CATALUÑA

En sus ansias de construir la estructura de un Estado independiente, la Generalitat de Cataluña ha dado prioridad y gastado multitud de esfuerzos e ingentes sumas de dinero en crear una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores y una red de representaciones seudodiplomáticas de Cataluña en el exterior.

 Regulación de los asuntos exteriores en Cataluña      

De conformidad con la Constitución, corresponde al Estado la competencia

exclusiva en materia de relaciones internacionales. El Estatuto de Autonomía de  1979 apenas contenía disposiciones relativas a las relaciones internacionales de Cataluña, salvo una referencia a los tratados internacionales. Diversas Comunidades –incluida Cataluña- establecieron delegaciones en Bruselas para defender sus intereses ante las Comunidades Europeas y, como surgieron roces entre ellas y la Representación Permanente de España, la discordia llegó hasta el Tribunal Constitucional. Éste mantuvo en 1994 que las relaciones internacionales se mantenían entre sujetos de Derecho Internacional, lo que excluía la posibilidad de que los entes territoriales dotados de autonomía pudieran participar en las relaciones internacionales y establecer órganos permanentes de representación antes tales sujetos. El Tribunal señalaba, sin embargo, que no todas las actividades de relaciones exteriores de una Comunidad suponían una infracción de la competencia exclusiva del Estado y que la existencia de una Oficina del Gobierno Vasco en Bruselas no prejuzgaba su tipo de actividad, ni determinaba que hubiera de incidir forzosamente en el ejercicio de la competencia estatal sobre relaciones internacionales.

            Esta permisiva sentencia fue ampliamente interpretada por Cataluña, y pronto  proliferaron sus delegaciones, no sólo ante la Unión Europea, sino también ante terceros Estados. Así, la Generalitat abrió al principio representaciones en Londres, París, Berlín, Roma, Nueva York y Ginebra, y posteriormente en Viena, Lisboa, Zagreb, Estocolmo, Riga y Beirut, y decidió la apertura de otras en Ciudad de Méjico, Buenos Aires y Túnez. Al mismo tiempo, desarrolló considerablemente la Consejería de Relaciones Exteriores, y el Servicio Diplomático de la Comunidad -“Diplocat”-. Mientras disminuía las inversiones en las Consejerías de carácter social, el Govern no escatimaba en gastos para financiar su diplomacia paralea.

            El Estatuto de 2006 estableció que la Generalitat debía impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito, “respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores”, y tenía capacidad para llevar a cabo acciones cuya proyección exterior derivara de sus propias competencias y, a tales efectos, podía establecer oficinas en el extranjero. El Govern debería participar en las Organizaciones Internacionales de interés relevante para Cataluña, especialmente en la UNESCO. La Generalitat tenía que intervenir en los asuntos relacionados con la UE que afectaran a sus competencias exclusivas, así como en la elaboración de la posición de España ante la Unión en relación con dichos temas. y podría participar en la negociación de los tratados que concertara la Unión. Asimismo podía hacer al Gobierno las observaciones y propuestas que estimara pertinentes, en relación con la UE.

  

            En Marzo de 2014, las Cortes adoptaron la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (LAESEE) y, unos meses más tarde, el Parlament  hizo lo propio con una Ley similar y casi idéntica para Cataluña: la Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea. Dicha Ley partía de la base de que -al haberse difuminado el concepto de soberanía- se habían modificado las reglas sobre las relaciones internacionales. El Govern, debía dirigir, ejecutar y coordinar la acción exterior de la Generalitat a través de sus representaciones en el extranjero. El Parlament aprovechó la ocasión para colar de matute entre los principios rectores de la acción exterior el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. El Govern debía potenciar la coordinación de sus representaciones con otras Administraciones y entes públicos de Cataluña. El Estado parecía haber desaparecido de la faz de la tierra catalana, pese a que la LAESEE previera que las actividades de las Comunidades Autónomas en el exterior habían de respetar los principios establecidos por el Estado y se adecuarse a las directrices, fines y objetivos de política exterior fijados por el Gobierno. Tales actividades deberían adecuarse asimismo a los instrumentos de planificación establecidos por el Estado. Pese a ello, la Ley catalana se limitaba a reconocer, sin más, “el cumplimiento del principio de lealtad institucional y la búsqueda de sinergias con el Gobierno del Estado”.

            Según la LAESEE, las Comunidades debían comunicar al Gobierno el establecimiento de oficinas en el exterior con anterioridad a su apertura, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores pudiera informar la propuesta, de conformidad con las directrices, fines y objetivos de la política exterior, la Estrategia de Acción Exterior y el principio de unidad de acción en el exterior. La Ley autonómica autorizaba al Govern a crear delegaciones y oficinas sectoriales en los países y áreas geográficas que considerara prioritarios para la promoción de los intereses de Cataluña, pero no hacía referencia alguna a la intervención del Estado en el proceso. La Generalitat disponía de su propio Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la UE al margen del Plan del Estado, que la Ley ni mencionaba. El Govern  podía establecer relaciones con “Gobiernos de otros territorios” y debía potenciar  las relaciones de colaboración con las Organizaciones Internacionales. La Ley guardaba un ominoso silencio sobre el Estado español. Las Comunidades no podían concertar tratados internacionales, aunque sí  acuerdos internacionales administrativos  con cualquier sujeto de Derecho Internacional y correspondía al Govern aprobar los acuerdos, pero -según la LESEE- el Ministerio de Asuntos Exteriores debería informar tales acuerdos con anterioridad a su celebración. Sin embargo, la Ley catalana omitía cualquier referencia a este respecto. Las representaciones de la Generalitat en el exterior tenían por misión “promover y defender, de forma cohesionada y eficaz, los intereses de Cataluña, en coherencia con el Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea”. No hacía mención alguna al Plan Estratégico de España

La Ley ignoraba por completo al Estado español y su monopolio de las relaciones internacionales con otros sujetos de Derecho Internacional, y pasaba por alto el axioma de que las actuaciones exteriores de las Comunidades no podían incidir ni perjudicar la política exterior de las Nación, que dirigía el Gobierno central. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, presentó de un recurso contra varios artículos de la Ley y, en una sentencia de 2016, el Tribunal Constitucional anuló varias de sus disposiciones por ser  inconstitucionales.

Actuación a modo de “Embajadas” de las delegaciones en el exterior

            Las delegaciones de la Generalitat en el exterior han  actuado como piezas claves para presentar ante la opinión pública internacional el derecho a la autodeterminación de los catalanes y justificar la segregación de España y la proclamación de una República independiente. Incluso después de haberse producido la fuga de Carles Puigdemont a Bélgica, las delegaciones lo siguieron considerando como Presidente legítimo de la Generalitat y  se pusieron a su disposición. Por ello el Gobierno central, durante su breve fase de control de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, suprimió el tinglado de DiploCat y cerró todas las delegaciones salvo la de Bruselas. Tras la instauración del Gobierno de Joaquim Torra, el Consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, restauró el DiploCat y reabrió las delegaciones cerradas por el Gobierno central. Como una muestra más de su desafío al Estado, Maragall nombró Jefa de la delegación de Bruselas a Meritxell Serrret,  ex–Consejera prófuga de la Justicia.

            El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en un principio que la Constitución no impedía la creación por parte de las Comunidades Autónomas de agencias de representación en el exterior. La  Ministra portavoz, Isabel Celáa, afirmó que en el Gobierno veían con respeto la “reapertura de las Embajadas” (sic). No obstante, a Borrell le entraron algunas dudas y ha recurrido la reapertura de las delegaciones, porque la Generalitat no había solicitado el informe previo del Ministerio.  Maragall replicó  que se trataba de reabrir delegaciones ya creadas, que ya habían cumplido en su día los trámites correspondientes. La Consejería anunció que seguiría adelante con su plan de reactivar las delegaciones clausuradas y de abrir otras nuevas, y acusó al Gobierno de  pretender limitar la presencia de la Generalitat en el exterior. En la reapertura de la delegación en Alemania, Maragall reclamó el derecho de Cataluña a existir como una República independiente y condenó la existencia de “presos políticos”.

Su sucesor, Alfred Bosch, ha continuado con esa política expansionista. En su toma de posesión, el Presidente Torra le encargó que actuara como Ministro de Exteriores y explicara en el mundo que Cataluña tenía derecho a autodeterminarse. Bosch le contestó que trabajaría para que la nación fuera conocida y su acción exterior reconocida mediante la creación de nuevas delegaciones. Especial relevancia ha tenido la de Méjico –con la que Bosch se estrenó-, debido a la disparatada carta del Presidente mejicano, Andrés López Obrador, al Rey Felipe VI exigiéndole que se disculpara por los agravios cometidos por los españoles durante la conquista de Méjico. En una visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Bosch manifestó que la conquista y la colonización introdujeron una discriminación y una marginación in aceptables, y presentó sus disculpas, en nombre del Govern, porque reconocía  el genocidio que se produjo, que era “una verdad histórica demostrada”. Mostró su apoyo a los pueblos indígenas, se ofreció como mediador entre las autoridades mejicanas y españolas, y se comprometió a trabajar codo con codo con los mejicanos para recuperar toda la dignidad que nunca debería haberse perdido. En estricta reciprocidad seudodiplomática, el Director de Asuntos Internacionales del INPI, Saúl Vicente Vázquez, expresó el apoyo de los `pueblos indígenas mejicanos –en nombre del Gobierno de Méjico- a la lucha del pueblo catalán por la autodeterminación. Como comentó Borrell ante semejante sarta de estupideces, Bosch perdió lo que –en opinión de Josep Tarradellas- un político jamás debería perder: el sentido del ridículo.

Un centenar de profesores miembros del Foro de Profesores, escribieron el 9 de Julio una carta al Canciller mejicano, Marcelo Ebrard, en la que le informaban de que la Generalitat había establecido delegaciones en varios países que se dedicaban a defender el derecho a la libre determinación de los catalanes y a justificar la escisión de Cataluña de España y la proclamación de una República independiente. Las Comunidades Autónomas debían comunicar al Gobierno central su intención de establecer delegaciones en el extranjero con anterioridad a su apertura a fin de que el Ministerio de Asuntos Exteriores pudiera informar sobre la propuesta. Sin embargo, la Generalitat había creado su oficina en Méjico antes de haber recibido el  preceptivo informe, que fue negativo, porque el Govern no respetaba las directrices, fines y objetivos de la política exterior española. Bosch –que se presentaba como Ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña- se dedicaba a denigrar a España y a propalar que en ella no había democracia, sino presos políticos. Los profesores expresaron su esperanza de que la actividad de la delegación -que seguía unas directrices contrarias a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Derecho Internacional- no afectara las excelentes relaciones existentes entre los dos países.

           

            Borrell ha pasado a la ofensiva y solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el cese de las actividades de las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra por la singular actividad en las labores que realizan en favor de los objetivos del proceso secesionista de Cataluña y por contravenir de forma evidente la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, con grave perjuicio para la política exterior de España. Ha recurrido asimismo contra la apertura de las representaciones en Méjico, Argentina y Túnez, que constituyen un elemento fundamental para promover las tesis secesionistas y denigrar la imagen de España.

Hostilidad hacia España de la diplomacia catalana

            Las delegaciones catalanas no han conseguido hasta ahora el más mínimo reconocimiento de los Gobiernos de los Estados en las que están ubicadas. A este respecto, la labor de la diplomacia española ha sido impecable y no ha habido un solo Estado que haya reconocido la independencia de Cataluña. No cabe decir lo mismo de la opinión pública internacional y de los medios de comunicación, que han sido sensibles a la hábil labor propagandística de la Generalitat de presentar al David catalán oprimido por el Goliat español, ante la pasividad del Gobierno central. Según me comentó el Ministro Consejero de una Embajada europea en Madrid, en contraste con las facilidades que concedía la Generalitat a periodistas y diplomáticos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de Comunicación no les daban ninguna, y la única vez que los convocaron para un “briefing”, les echaron una bronca porque no informaban adecuadamente a sus Gobiernos de lo que pasaba en Cataluña. La situación ha mejorado algo con el nuevo Gobierno, pese a las insuficiencias de la Secretaria de Estado de España Global. La influencia benéfica de Borrell se ha visto contrarrestada por la actitud der la ex-Ministra de Administración Territorisl y actual Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, –totalmente entregada al nacionalismo-, y del propio Presidente, Pedro Sánchez, que llegó al poder gracias a los votos de los separatistas y los sigue necesitando para mantenerse en el Gobierno. La entrevista de Pedralbes con Torra fue inconcebible. Concluyó con un comunicado conjunto –como si se tratara de una Conferencia entre dos Estados soberanos- en el que se aceptaba la existencia de un conflicto en Cataluña y en la necesidad de dar una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía catalana al margen de la Constitución. Sánchez admitió la designación de un relator,  mediador o notario internacional para facilitar las negociaciones entre los dos Gobiernos.

            Cabe esperar que la designación de Borrell como Alto Representante de Política Exterior de la UE suponga un freno a las aspiraciones separatistas de reconocimiento de una Cataluña independiente por parte de la Unión. Buena prueba de ello han sido los ataques furibundos que ha recibido por parte de los medios nacionalistas y la campaña de difamación y descrédito de la que ha sido últimamente objeto. Ha sido acusado de urdir una trama de espionaje contra los dirigentes independentistas catalanes, y de utilizar para ello los fondos del Ministerio de forma ilegal. Ahí les duele, porque el Tribunal de Cuentas ha estimado que, entre 2013 y 2017, la Generalitat destinó fondos públicos para financiar ilegalmente el procés, incluidos los €1.39 millones pagados al grupo “Independent Diplomat” de Carme Ross por su asesoramiento o los €206.567 gastados en cubrir los gastos del Equipo Internacional de Expertos en Investigación Electoral que fueron testigos de parte en el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017, consignación camuflaas bajo el concepto de “proyectos de investigación”.

            El principal objetivo de la paralela diplomacia catalana ha sido la internacionalización del procés y la obtención del reconocimiento de la UE. Se hallaron muy cerca de ello a raíz de los incidentes del 1-O, cuando la Comisión Europea estuvo a puntos de ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre los dos Gobiernos, a lo que Jean-Claude Juncker parecía estar dispuesto, pero a lo que opuso firmemente el Vicepresidente Frans Timmermans. Ello provocó que un centenar de funcionarios españoles de la Comisión escribieran una carta de protesta a Juncker. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió un mensaje a Puigdemont en el que decía que sabía lo que era ser golpeado por las porras de los policías y que, como Presidente del Consejo, había pedido a Mariano Rajoy que buscara soluciones sin recurrir a la fuerza. La situación se recondujo en la ceremonia de entrega a la UE del premio Princesa de Asturias a la Concordia. Tusk dijo que la gente estaba rodeada por mentiras, manipulaciones y noticias falsas, pero él creía que la verdad era invencible, como probaba la ceremonia de Oviedo, Juncker afirmó que el derecho era un principio fundamental de la UE y ofreció al Gobierno español “un hombro en el que poder descansar”. El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, señaló que la Constitución española formaba parte de la legislación de la Unión y no cabía mediación alguna de ésta al tratarse de un problema interna español, y que el derecho no era una opción sino una obligación.

            La UE y sus Estados miembros han prestado su apoyo a España, con la notoria excepción de Bélgica, cuyo Presidente del Gobierno –Charles Michel- su Vicpeesidente y Ministro del Interior –Jan Jambon-, el Fiscal del Rey –Jean-Marc Meilleur- y el Presidente del Parlamento de Flandes –Jan Peumans- han menospreciado a España –el último ha llegado a decir que no era digna de ser miembro de la UE-, y sus Tribunales han negado la extradición de Puigdemont y de otras personas reclamadas por la Justicia española por no fiarse de la independencia de sus Tribunales. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Bélgica por no haber ejecutado la Orden de Entrega de la etarra Natividad Jaúregui para ser juzgada por el asesinato del temiente coronel Ramón Romeo.

El grito de guerra de los almogávares era “Venganza catalana te alcance”. Ahora, con el transcurso del tiempo y la transformación del Reino de Aragón en la República de Cataluña, parece ser que ese lema ha sido sustituido por el de “Diplomacia catalana te alcance”

. Madrid, 20 de Julio de 2019