miércoles, 27 de diciembre de 2017

Jerusalén: Una irresposabilidad más de Donald Trump

JERUSALÉN: UNA IRRESPONSABILIDAD MÁS DE DONALD TRUMP


Decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel

            El pasado 6 de Diciembre, Donald Trump dio una muestra más de su carencia de sentido de Estado y, a golpe de “twitter”, anunció que Estados Unidos reconocería Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladaría allí su Embajada, actualmente en Tel-Aviv.. Por más que su Secretario de Estado, Rex Tillerson –que no fue consultado por el Presidente antes de tomar su decisión- haya tratado de apaciguar los ánimos asegurando que la Embajada no se trasladaría este año ni probablemente tampoco en 2018, y que cualquier decisión sobre el estatuto final de Jerusalén dependería de la negociación entre las dos partes, la salida de tono de Trump ha sido adversamente acogida por la comunidad internacional, con la obvia excepción de Israel, aunque más de un político nacional la haya considerado como un regalo envenenado.

El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas,  ve ahora más lejos que nunca un acuerdo de paz basado en el paradigma de dos Estados y ha afirmado que jamás permitirá que Estados Unidos tenga ningún rol en un proceso futuro de paz. El Ayuntamiento de Nazaret ha anulado la celebración de sus fiestas navideñas en protesta por la decisión de Trump. Los 57 Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, reunidos en Teherán, consideraron semejante decisión nula y legalmente vacía, “un ataque a los derechos históricos, jurídicos, naturales y nacionales del pueblo palestino, un socavamiento deliberado de todos los esfuerzos de paz” y  “una amenaza contra la seguridad  y la paz mundial”, y ha declarado Jerusalén-Este “capital del Estado de Palestina”. También en Occidente -desde la ONU a la Unión Europea, y desde el Vaticano a España- ha sido acogida con generalizadas reticencias y críticas.

Trump ha roto el consenso internacional sobre el statu quo de Jerusalén, dividida desde la guerra árabe-israelita de 1948 en dos mitades, respectivamente ocupadas por Israel y por Jordania, pero cuya parte oriental fue ocupada por Israel en 1967 tras la “guerra de los seis días” y anexionada unilateral e ilegalmente por el Gobierno israelita. Pese a ello, Israel ha respetado hasta ahora, en menor o mayor medida, el estatuto especial de la “Ciudad de las Tres Religiones”. La ONU declaró Jersusalén  “corpus separatum” al que dotó de un régimen internacional especial, que no fue aceptado ni por los judíos ni por los árabes. Restos de aquel malogrado estatuto es que los Cónsules Generales de España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia y -hasta ahora- Estados Unidos en Jerusalén no están acreditados ante el Gobierno ocupante israelita y que los Gobiernos de aquellos países no tengan que pedirle el correspondiente "exequatur" para ser nombrados. Israel considera Jerusalén como su “capital eterna e indivisible”, algo que ningún Estado hasta ahora ha reconocido, y pretende que la comunidad internacional reconozca su plena soberanía sobre la ciudad. Los palestinos, a su vez, aspiran a establecer en su parte oriental la capital de su nuevo Estado. La comunidad internacional ha entendido que el estatuto final de la ciudad deberá ser decidido mediante acuerdo entre israelitas y palestinos.

Justificación dada por Ben Shapiro de la decisión de Trump

            Ben Shapiro ha dado en “The Daily Wire” las siguientes razones para justificar la decisión presidencial: 1) Jerusalén ha sido, es y será la capital milenaria y eterna de Israel: Esto no es del todo cierto, entre otras razones porque Israel sólo existe desde hace 51 años. Pero ni siquiera es cierto que históricamente haya sido la capital del pueblo judío. Palestina -incluido lo que hoy es Israel- fue ocupada sucesivamente por diversos pueblos a lo largo de la Historia: filisliteos, judíos, romanos, árabes, cristianos de Occidente, turcos, británicos... El pueblo judío fue guiado por Moisés desde Egipto a la "tierra prometida", que ya estaba ocupada por los filisteos o philistinos = palestinos. Por otra parte, el establecimiento de la capitalidad israelita en Jerusalén reunificada sería compatible con la de capitalidad palestina en su sector oriental e caso de que se llegara a un acuerdo entre las dos partes.

            2) El Congreso de Estados Unidos ya reconoció dicha capitalidad es 1995: Es  cierto que Trump no ha inventado nada al respecto ya que desde esa fecha existía una ley que que así lo establecía y pedía al Gobierno norteamericano que trasladara a ella la sede de su Embajada, pero no es menos cierto que ninguno de los Presidentes que le precedieron -los Bush, Bill Clinton o Barack Obama- no la aplicaron y fueron dando largas por fundadas razones. No se han producido nuevos hechos en el plano interno o en el internacional que justifiquen el abandono por el Presidente de este razonable modo de actuar.

            3) La decisión asume la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados y le permite defender sus propios intereses: Se trata de una afirmación evidente, auque no sea correcta. Israel viene ocupando desde 1948 unos territorios que no le corresponden y debería, por tanto evacuar la parte oriental de Jerusalén  para cumplir los mandatos de la ONU. Pese a su enorme poderío militar, Israel no afianzará su seguridad mientras no llegue a un acuerdo con los palestinos y con los demás Estados árabes. El problema palestino-israelita es tremendamente difícil de resolver, pero la fórmula que parece más viable para alcanzar la paz en la región pasa por la constitución de dos Estados, con fronteras reconocidas, seguras y garantizadas por la comunidad internacional.

            4) La decisión minimiza la violencia en la zona a medio y largo plazo. Dudo que así sea cierto, pero es evidente que la violencia no se va a reducir a corto plazo, antes al contrario. Los grupos palestinos más radicales se han visto beneficiados y han recuperado protagonismo al poder explotar los sentimientos de agravio del pueblo palestino. Hamas ha amenazado con “abrir las puertas del infierno”, y su líder, Ismail Haniyeh ha proclamado “el Día de la Ira”  y hecho un llamamiento para lanzar una nueva intifada contra Israel. La Yihad Islámica, por su parte, ha manifestado que “nos vengaremos e intensificaremos la Intifada por Jerusalén”. Desde el 6 de Diciembre se han producido en la capital, en Cisjordania y en Gaza numerosos disturbios y enfrentamientos, que han sido reprimidos con violencia por las fuerzas de ocupación y causado ocho muertos y centenares de heridos.

            5) La decisión muestra al mundo que Estados Unidos no se dejará intimidar por los terroristas: En una situación de dominación colonial o de ocupación militar no es fácil establecer lo que es la lucha por obtener la liberación y lo que es terrorismo. El apologeta olvida que el sionismo fue en sus orígenes un movimiento terrorista, que cometió numerosos asesinatos y atentados, como la voladura del Hotel Semíramis en la que murieron 25 personas, incluido el diplomático español Manuel Allendesalazar. Para debilitar a la relativamente moderada OLP de Yasser Arafat, los distintos Gobiernos israelitas potenciaron los movimientos opositores a la misma como Hamad  y ahora se queja de las barbaridades que cometen estos movimientos, a cuyo fortalecimiento contribuyó como aprendiz de brujo al que se le fue el genio de la botella. Israel practica un terrorismo de Estado y tiene legalizada la tortura como medio de lucha contra el terrorismo. Cuenta con uno de los mejores servicios secretos del mundo -el Mosad-, que conoce perfectamente la idiosincrasia del pueblo palestino, que -como la mayoría de los árabes- es tremendamente orgulloso y sensible a la ofensa, y las fuerzas armadas israelitas los humillan incesante e innecesariamente para provocarlos.

            6) Reconocer la capitalidad de Jerusalén es el requisito para la paz y no al revés: La ciudad –con una población de  850.000 habitantes- está  dividida en dos mitades. En la parte occidental los judíos son mayoría, mientras que en la oriental la mayoría es palestina, unos 300.000, que conviven con otros 200.000 judíos. El 25% de los palestinos se encuentran aislados del resto de Cisjordania por los diversos muros ilegalmente erigidos por los Gobiernos israelitas. En Jerusalén-Este se encuentra la Explanada de las Mezquitas, donde se ubican dos de los centros principales de culto de los musulmanes: las Mezquitas de Al Aqsa y de la Roca. Los israelitas la denominan “Monte del Templo”, por hallarse allí  los restos del templo de Salomón y, por tanto, es considerada sagrada por los seguidores del judaísmo. También está la Iglesia del Santo Sepulcro, lugar fundamental del Cristianismo. El irredentismo israelita se enfrenta con el irredentismo palestino y ambos tienen los mismos fundamentos, y puede incluso hablarse de un irredentismo cristiano basado históricamente e las Cruzadas. Lo cierto es que Jersusalén es la ciudad sagrada de las tres grandes religiones monoteístas -Islamismo, Judaísmo y Cristianismo- y las tres tienen en ella sus monumentos más preciados, por lo que debería ser respetada por todos. De ahí que la ONU le otorgara un régimen especial destinado a preservar la libertad de acceso de los creyentes a sus respectivos santuarios. No habría obstáculo alguno para que israelitas y palestinos estableciera en ella la capitalidad  de sus respectivos Estados, siempre que se llegara a un acuerdo al respecto.

            7) Estados Unidos pretende formar una alianza con Israel, Egipto, Arabia Saudita y Jordania para oponerse a Irán: Esta supuesta coalición es un cocktail demasiado inverosíimil para que se le conceda el menor crédito. Por muy enfrentados que estén los sauditas con los iraníes por la hegemonía en el Golfo Arábigo-Pérsico, no parece que estén dispuestos a aliarse con Israel, y mucho menos, Egipto o Jordania  Por otra parte, pese a considerar a Irán como el villano de la historia -sólo superado por Corea del Norte- Estados Unidos ha colaborado estrechamente con Teherán -política y militarmente- para acabar con el Daesh en Irak. 

Trump opera por impulsos sin la menor planificación,  toma sus decisiones "impromptu" sin consultar a su Gobierno ni a sus asesores y las trasmite a través de las redes sociales, especialmente “twitter”. Actúa egoístamente teniendo en mente se exclusivo interés personal, que no coincide  necesariamente con el de la nación cuya presidencia ostenta. Con su proverbial grado de irresponsabilidad, ha dado este paso irreflexivo, que acarreará serias consecuencias internacionales, por meras consideraciones de política personal -ganar para las próximas elecciones buena parte del voto judío predominantemente demócrata-, sin importarle un bledo que se produzca una crisis internacional que empeore la ya complicada y trágica situación existente en Oriente Medio. Si coincide la actuación favorece sus intereses particulares, ¡ya  pueda hundirse el mundo!.  

Pasos dados para la solución del conflicto palestino-israelita

            Siento gran admiración por el pueblo judío, por su potencial intelectual y su sensibilidad artística, por su resiliencia y su inmensa capacidad de superación para resistir los injustos padecimientos que históricamente se le han infligido y que culminaron con el holocausto nazi. Sin embargo, no puedo decir lo  mismo del Estado sionista que surgió en 1948 con ánimo de revancha, que ha afectado muy adversamente con su actuación al pueblo palestino, con el que se resiste a convivir pacíficamente, si bien hay que reconocer que no toda la culpa es  suya. No parece haber aprendido de las injusticias sufridas por su pueblo y las ha practicado –aunque en mucha menor medida, por supuesto- con sus vecinos palestinos.

Se afirma que Israel es el único Estado democrático que existe en el Próximo Oriente. Semejante aserto es correcto hasta cierto punto, sobre todo si se le compara con los demás Estados de la región, pero no es un país totalmente homologable con las democracias  occidentales, debido sin duda a las circunstancias bélicas en que se ha encontrado desde su nacimiento. Israel, Estado mesiánico, se considera por encima del bien y del mal, y se ha situado al margen de la legalidad internacional, que ha violado reiterada e impunemente. Hace lo que le place y tiene bula porque cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos, siempre dispuesto a echarle un capote y ha recurrir al veto para evitarle cualquier condena por parte del Consejo de Seguridad. Prueba de ello, es el  recurso en el día de hoy al veto en el Consejo de Seguridad para rechazar la propuesta que invalidaba la decisión de Trump, que recibió el apoyo de los 14 restantes miembros del Consejo. Por estas circunstancias, el Gobierno israelita se permite adoptar una actitud arrogante y prepotente, que voy a poner de manifiesto con una simple anécdota.  

Estando en Viena de Representante Permanente de España ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica, Estados Unidos propuso que se restableciera la ayuda técnica que el Organismo prestó a Israel y que había sido suspendida en 1981 tras su ataque a la central nuclear de Osirak en Irak. La UE se había opuesto a que la cuestión se tratara en la Conferencia General del OIEA y, de ahí, mi sorpresa cuando, en una reunión preparatoria de la misma, el Embajador alemán –que ejercía la presidencia rotatoria- nos indicó  que los Estados miembros de la Unión deberíamos apoyar la propuesta estadounidense de abordar el tema. Señalé que el Consejo Europeo había adoptado una “acción común” en sentido contrario y que no veía motivos para cambiar de postura. Otros delegados me apoyaron y no hubo consenso para aceptar la propuesta del Presidente de turno. Al día siguiente, el Embajador israelita en Madrid presentó en el Ministerio de Asuntos Exteriores una protesta por mi comportamiento y me acusó de “antisemitismo”.

Evolución del conflicto palestino-israelita

            Tras la guerra de 1967, el Consejo de Seguridad exigió en su resolución 232(1967) la implantación en Palestina de una paz justa y duradera, que implicaba la retirada israelí de los territorios ocupados, y el “reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”. Después de la guerra de Yom Kipur (1973) , de la invasión de Líbano por Israel (1982) y el lanzamiento de la primera “Intifada de las Piedras” (1987) se deterioró la situación y la comunidad internacional estimó que había llegado el momento de comenzar negociaciones para solucionar el conflicto. En 1991 se celebró en Madrid la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, en la que por primera vez se inició un diálogo directo entre árabes e israelitas sobre el estatuto de Palestina. Roto el hielo de la desconfianza, se pasó a las negociaciones secretas de Oslo, que se plasmaron en el Acuerdo de Washington de 13 de Septiembre de 1993. Se llegó a una declaración de principio de “intercambio de paz por territorios”. La OLP reconoció el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y libertad e Israel aceptó a la OLP como representante legítima del pueblo palestino y a la ANP como embrión de un futuro Estado en Cisjordania y Gaza, posteriormente ampliado en 1994 al resto de Cisjordania por el Acuerdo de Taba (Oslo-2), lo que permitió la instalación de Arafat  en Ramallah y la retirada de tropas israelíes de las principales ciudades

 Pasé las Navidades de 1995 con mi familia en Israel, en un momento en que. Arafat -que, por cierto, asistió, con su esposa cristiana Suha, a la misa del Gallo en la Basílica de la Natividad en Belén en la que nosotros también participamos- había sido autorizado a instalarse en Ramallah para poner en pie la estructura de la Autoridad Nacional Palestina y la cooperación palestino-israelita había aumentado de forma considerable. Pudimos circular sin problema por todo Israel pese a la fuerte presencia de los militares israelitas. Reinaba un ambiente de distensión propicio al compromiso y la ansiada paz parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, la coalición de partidos religiosos y del Likud ganó las elecciones en 1996 y el Presidente del Gobierno, Benjamín Netanyahu, congeló el proceso negociador. La construcción de un túnel bajo la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén fue considerado como una provocación y produjo graves enfrentamientos entre palestinos e israelitas.

.           Hubo un nuevo intento en Julio del año 2000 con la entrevista en Camp David de Yasser Arafat y Ehud Barak bajo el patrocinio de Bill Clinton, Israel propuso devolver Cisjordania quedándose con 9% del territorio, que quedaba partido en dos zonas, dominando los israelitas el Mar Muerto y sendas franjas al norte y al sur del río Jordán y controlando la mayor parte de Jerusalén. Clinton hizo una propuesta más razonable. Israel se quedaría con entre del 3 y el 6% de Cisjordania y cedería de 1 a 3% de su territorio a la ANP, el 80% de los colonos israelitas se concentraría en tres enclaves y se establecería un pasillo de seguridad entre Cisjordania y Gaza. En cuanto a Jerusalén, todo lo árabe sería palestino y todo lo judío israelita. Israel rechazó esta propuesta y el jefe de su delegación, el “paloma” Schlomo Ben Ami –que fue Embajador en España- culpó del fracaso a la cuestión de Jerusalén, al problema de los refugiados palestinos y a las obsesiones panislamistas de Arafat. La verdad fue que la delegación israelita no aceptó la soberanía de la ANP sobre la explanada de las Mezquitas  y rechazó el derecho al retorno de los cerca de cuatro millones de palestinos que habían sido obligados a abandonar el país por los conflictos armados entre judíos y árabes.

Las negociaciones quedaron paralizadas a raíz de la provocadora irrupción en Septiembre a la Explanada de Ariel Sharon y un grupo de sus diputados y otros fanáticos, que fue considerada por los palestinos como una profanación de sus lugares santos y una provocación que causó la indignación de los musulmanes. Saltó la chispa y, en pocas horas, se perdió todo lo que durante años se había avanzado hacia la paz a través de la diplomacia. No fue un acto espontáneo ni casual, sino perfectamente planeado. Una importante minoría del sionismo radical es partidaria de la política "du pire", de cuanto peor, mejor. Israel ocupa ilegalmente por la fuerza unos territorios que no le pertenecen en contra de las normas del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Los Gobiernos de Israel -salvo el de Isaac Rabin, que por eso fue asesinado- han preferido una situación de guerra, en la que se sienten más fuertes, a la búsqueda sincera de la paz.

            En 2002, el Gobierno israelita realizó una campaña contra la ANP y el relativamente moderado partido de Al-Fatah, confinó a Arafat en su sede de Ramallah y , para debilitarlo, dejó hacer a los radicales de Hamas, con lo que éstos aumentaron su peso político. Un año más tarde inició la construcción de un muro de 700 kms de norte a sur de Cisjordania, que fue condenado por la Asamblea General de la ONU y declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia en 2003. Al año siguiente murió Arafat y fue sustituido por Mahmud Abas. En 2005 Israel se retiró de Gaza y dejó el campo libre a Hamas, que –con la ayuda militar y financiera de Irán- ocupó militarmente el territorio, ganó las elecciones en 2006 y se desligó de la ANP. A causa de ello y del estancamiento de las negociaciones cayó el prestigio de ésta, y –para redorar el blasón- su Presidente solicitó en 2011 el ingreso de Palestina en la ONU, pero se encontró con el veto de Estados Unidos. Un año después moderó sus aspiraciones y pidió su admisión como Estado observador, lo que le concedió la Asamblea por 139 votos a favor, 9 en contra  -incluidos  Israel y Estados Unidos- y 41 abstenciones.

Condiciones para la solución del conflicto

            Pese al escaso alcance de la admisión de Palestina como observador en Naciones Unidas, Israel reaccionó de forma desproporcionada, y anunció su intención de construir 3.000 viviendas en sus asentamientos de Jerusalén y Cisjordania. La ampliación de la colonia de Maale Adumnin y su conexión con Jerusalén Oriental dejaría incomunicadas zonas del norte y del sur de la Ribera Occidental y provocaría el parcial aislamiento de Ramallah, Belén y Jerusalén. Ello haría inviable la solución de dos Estados “que vivan uno junto a otro dentro de fronteras seguras y reconocidas”, de conformidad con la resolución 1397(2002) del Consejo de Seguridad. España, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia protestaron ante el Gobierno israelita por esta decisión, porque su política de asentamientos era ilegal conforme al Derecho Internacional, dañaba la confianza requerida para volver al diálogo y constituía un obstáculo para lograr una paz justa fundada en la solución de dos Estados. Israel afirmó que no cambiaría su decisión pese a la presión internacional. Según Michael Ignatieff, sabemos cuál es la solución para el problema: dos Estados para dos pueblos, pero, mientras los palestinos nieguen el derecho de Israel a tener un Estado y los israelitas sigan expandiéndolo, no se alcanzará esta solución. Para conseguirla, Israel tendría que cambiar su política de asentamientos, desmantelar el muro y permitir la creación de un Estado palestino viable, y los palestinos –incluido Hamas- deberían de reconocer sin ambigüedades el derecho de Israel a existir como Estado dentro de fronteras seguras y reconocidas. Unos y otros deberían ser conscientes de que merece la pena apostar por la paz.

Trump no sólo no contribuye al éxito de esta posible solución, sino que la ha torpedeado con su torpe yabsurda decisión, que –como ha señalado el Viceprimer Ministro turco, Bakir Bozdag- ni siquiera beneficia a Israel y va a lanzar a la región a un  nuevo desastre. El gesto de Trump puede suponer la puntilla al moribundo proceso de paz, que fracasó estrepitosamente en 2014 tras el intento de mediación del Secretario de Estado John Kerry y ha enterrado las posibilidades de Estados Unidos para actuar como “amable componedor” para la solución del conflicto. No parece que vaya a producirse por el momento una tercera intimada, aunque la “cerilla diplomática” encendida innecesariamente por el Presidente norteamericano tardará en apagarse y crea los correspondientes riesgos de reanudación del incendio. Su actitud me recuerda el viejo chiste del conductor que se ha metido en una autopista a contramano y oye por la radio "¡Atención!: Un loco se ha metido en dirección equivocada en la autopista X", y aquél se dice a sí mismo :"Un loco, no, muchos”.


Madrid, 18 de Diciembre de 2017

domingo, 17 de diciembre de 2017

Compás de espera ante unas impredecibles elecciones autonómicas en Cataluña

 COMPÁS  DE ESPERA ANTE UNAS IMPREDECIBLES ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA

            Hoy 5 de Diciembre es un día de especial relevancia pues se abrirá la campaña electoral para las elecciones autonómicas catalanas del 21-D, que van ser decisivas para el futuro de Cataluña y de España.. Las dos últimas semanas han sido intensas y agitadas, y hasta 17 partidos velan sus armas para entrar en la lidia lectoral, auque sólo 7 de ellos tengan fundadas esperanzas de acceder al Parlament. El Gobierno central aplica con sordina el artículo 155 de la Constitución, interviniendo lo menos posible y procurando no molestar a nadie, con la honrosa excepción de Iñigo Méndez de Vigo, que ha tomado las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia de un Juzgado de Huesca que ha ordenado la devolución de las obras de arte del Monasterio de Sijena expuestas en el Museo de Lérida –“¡Chapeau1”, Ministro-. En paralelo, la Justicia ha seguido su curso implacable contra los golpistas catalanes de forma lenta pero segura. Mientras Junqueras, siete ex –Consejeros  de la Generalitat y los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana  (ANC) –Jordi Sánchez-y de Omnium Cultural –Jordi Cuixart- continuaban en prisión, la antigua Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de su Mesa quedaron en libertad bajo fianza. El Juez Instructor del Tribunal Supremo (TS),  Pablo Llarena, ha respondido a la petición de concesión de libertad condicional presentada por Oriol Junqueras y varios ex-Consejeros encarcelados en Madrid. con una fórmula intermedia. El ex-President Carles Puigdemont y otros cuatro antiguos Consejeros disfrutan en Bélgica de su condición de prófugos de la Justicia española, mientras la belga examina con calma la petición de su extradición presentada por la Audiencia Nacional a través de una “euroorden” y los ha hecho comparecer por segunda vez, aunque no tendrá que tomar una decisión dado que el TS ha retirado la euroorden lanzada por la Audiencia Nacional.

Asunción de todas las causas por el Tribunal Supremo

            El primer punto a decidir por la Justicia era el de la asunción por el TS –que lleva la causa por rebelión y otros delitos contra varias personas aforadas- de la causa que estaba siendo instruida por la Audiencia Nacional contra los ex-Consejeros no aforados y los “Jordis”, que había sido solicitada por los propios investigados. La Fiscalía de la Audiencia se mostró contraria a la acumulación porque resultaba prematuro ya que la situación de algunos de ellos podría cambiar tras las elecciones, no existía nigua norma que previera que el Tribual debiera acumular las causas contra no aforados cuando fueran acusados junto con aforados, las causas gozaban de sustantividad y características propias y –auque estuvieran entrelazadas- eran susceptibles de análisis por separado, las conductas de cada uno de los encausados eran distintas y no presentaban una conexión material inescindible, la acumulación supondría la creación de una macro-causa innecesaria que llevaría largo tiempo en adjudicar, y se abría la vía a un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por privar a los no aforados de una instancia de apelación.

La Juez Instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, informó a favor de la fusión de las dos causas y de su asunción por el TS, porque la actuación de los investigados no se podía examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos habían formado parte para culminar un propósito común. La Magistrada dejó en su dictamen una bomba con espoleta retardada al afirmar categóricamente que la organización delictiva constaba de tres partes: legislativa –el Parlament presidido por Forcadell-, ejecutiva –la Generalitat presidida por Puigdemont- y la civil –constituida por ANC y Omnium-, y señalar que los líderes independentistas habían actuado como “una organización criminal unida para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña como República independiente, a espaldas de la Constitución y de las leyes”. En cuanto a los Mossos d’Esquadra, destacó  que “su capacidad investigadora e intimidatorio al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum “.

El Magistrado Llarena rechazó los alegatos de la Fiscalía, concordó con el dictamen de Lamela y decidió la fusión de las dos causas y su asunción por el TS, por razones de coherencia interna y de unidad de la investigación en un supuesto de rebelión, en el que presuntamente habían participado todos los investigados. En cuanto a la objeción de más peso relativa a un posible recurso al TEDH –que ya anuló con anterioridad  la sentencia de un Tribunal belga por la privación de una instancia de apelación a unos acusados no aforados- la descartó con el argumento de que, siendo los encausados no aforados los que había solicitado la fusión, era improbable que presentaran un recurso. Es mucho suponer, porque –dada la facilidad con que los acusados acuden a la mentira y al perjurio- no sería de extrañar que recurrieran la sentencia si sus intereses así lo aconsejara. La fusión era lo lógico, pero el Instructor se ha quedado corto en su aplicación, pues –si rige el principio de investigación unificada de todos los imputados- deberían haber incorporado asimismo al sumario las causas seguidas por la Audiencia Nacional contra el antiguo Jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y de un Juzgado de Barcelona contra el número dos de Junqueras en la Vicepresidencia, Josep María Juvé, “eminencia gris” que planificó el referéndum del 1-O y todo el proceso que llevó a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Decisión del Tribunal Supremo sobre los encarcelados por la Audiencia Nacional

El segundo punto a dilucidar era el de la solicitud de Junqueras y demás compañeros mártires de acogerse a la “vía Forcadell” y obtener la libertad bajo fianza, a fin de poder participar en la campaña electoral. A estos efectos se produjo un cambio de táctica entre los detenidos del PDdeCAT y los de ERC. Ambos volvieron a declarar ante el Instructor y afirmaron que acataban la aplicación del artículo 155 y que actuarían dentro del el marco constitucional, por lo que no había cesado el riesgo de reiteración delictiva, pero -a diferencia de los primeros- los segundos no contestaron a las preguntas del Fiscal. Junqueras tuvo que hacer encaje de bolillos para no ofrecer un flanco a las críticas de claudicación  hechas por su “hermano separado“ Puigdemont, su gran rival en el campo del separatismo. Junqueras reconoció que la DUI sólo había surtido efectos estrictamente políticos y no jurídicos,  y –a diferencia de Puigdemot que sigue considerándose el Presidente legítimo de Cataluña- alegó que no desempeñaba ya ningún cargo y que había cesado en el uso de sus funciones “sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia”.

Estos argumentos no convencieron a la Fiscal del TS,Consuelo Madrigal, que se  pronunció en contra de la concesión de la libertad bajo fianza, porque los acusados no se habían comprometido a nada , ni habían garantizado que su actuación futura fuera distinta a la que les había llevado a prisión. No se habían producido cambios en sus conductas, ni se percibían atisbos de sometimiento a la legalidad, por lo que existía la posibilidad de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. También había  riesgo de fuga de los investigados, con el fin de eludir las elevadas penas que podrían recibir por los graves delitos de los que eran acusados, ya que disponían de suficientes medios económicos y existía además el precedente de la huida de Puigdemont y de otros cuatro ex-Consejeros a Bélgica.

El Magistrado Llarena tenía que decidir y me temía que siguiera la misma línea excesivamente benigna aplicada a Forcadell, pese a sospechar que sus declaraciones podían ser mendaces, pero no lo tenía fácil porque las situaciones de unos y otros no eran del todo equivalentes. Los delitos por los que estaban imputados –rebelión en especial- eran más graves que los presuntamente cometidos por la Mesa del Parlament. Junqueras había alegado que ningún acto dirigido a la DUI había sido  violento, pues él era creyente y la violencia iba contra sus convicciones. Sin embargo, Llarena, en su auto sobre Forcadell, había afirmado que un alzamiento podía ser considerado como violento cuado se orientara de modo inequívoco “a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública  y patente de estar dispuestos a su utilización por existir una determinación a alcanzar a todo trance los fines que contempla”, sin que fuera necesario que “incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”.

Según han señalado Fernando Pérez y Reyes Rincón en “El País”, el TS se mostraba  partidario de que la campaña electoral se abriera sin líderes políticos separatistas en la cárcel. Si esto fuera cierto, habría supuesto un grave atentado a la independencia judicial. Los jueces no deben manchar sus togas con el polvo del camino, ni condicionar sus decisiones a circunstancias ajenas a la justicia como la realización de procesos electorales. Todos los partidos políticos -salvo Ciudadanos y el PP- han pedido insistentemente la liberación de los “presos políticos” para que pudieran participar libremente en la campaña electoral. Llarena ha tirado por la calle de en medio y adoptado una solución salomónica. No ha detectado riesgos de fuga ni de destrucción de pruebas, pero sí peligro de reiteración delictiva por parte de algunos de los encausados, “cuyas actividades están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados  por ella”.  Su libertad pondría en riesgo el derecho de los catalanes “a poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino también la propia identidad física”. De ahí que haya seguido un doble criterio: mantener en prisión cautelar a estos responsables  -Junqueras, Forn  y los Jordis- y conceder a los otros seis ex –Consejeros libertad bajo fianza de €100.000, suma que ha sido inmediatamente abonada por la ANC y permitido su excarcelación.

El Instructor podría reconsiderar su decisión si se constatara que la posibilidad de nuevos ataques había desparecido o que “paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. El auto de Llarena ha sido muy criticado por los nacionalistas, así como por otros que no lo son. Es enrevesado, farragoso y a ratos confuso, pero está solidamente fundamentado desde el punto de vista jurídico, sin que el Magistrado se haya dejado influir por la intensa presión política y mediática. Como ha comentado irónicamente Tsevan Rabtan, “ha actuado como si estuviera en un Tribunal y no en una tertulia televisiva”.


Actitud de los Tribunales belgas

La actuación de los Tribunales belgas en relación con la petición de la Audiencia Nacional de extradición de Puigdemont y otros cuatro prófugos españoles es manifiestamente mejorable. Tras la recepción de la euroorden española, el Fiscal del Rey, Jean-Marc Meilleur, manifestó que, dada la calidad de los imputados, daría importancia particular a la cuestión de “saber si la extradición no podría constituir una infracción  de sus derechos fundamentales”. Puso en duda el respeto de los derechos humanos en España y envió al Gobierno español una treintena de preguntas en las que solicitaba información sobre las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo y las condiciones de las cárceles -espacio vital disponible, calidad de la comida, de la higiene y de los servicios médicos, y “posible exposición a episodios de violencia”-, pasando por alto que el Consejo de Europa había criticado  al  Gobierno belga por la pésimas condición en que se encuentran sus cárceles. Sólo le faltó preguntar por la “suite” del Hotel Ritz en la que estaba previsto albergar a tan distinguidos delincuentes.

El Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo comentó que la solicitud belga debía enmarcarse en la relación normal que existía entre los órganos judiciales de los países miembros de la UE. Pues no, Ministro. Semejante petición era anómala, extemporánea y humillante para un Estado miembro de la Unión, que respeta escrupulosamente los derechos humanos, al poner en tela de juicio su cumplimiento por parte de las autoridades españolas. Suponía además un cuestionamiento de la propia institución de la euroorden, basada en la confianza entre los socios comunitarios. Claro que llovía sobre mojado, pues-ya en anteriores ocasiones- Tribunales belgas habían negado conceder la extradición de etarras terroristas, so pretexto de que no recibirían en España un juicio justo. El Juez belga competente se ha tomado con calma el examen de la petición de extradición, ha dado amplios plazos a los interesados para que presenten sus alegaciones, les ha concedido la libertad sin fianza y les ha impuesto como únicas obligaciones estar localizables  y no abandonar el país sin su consentimiento. El Juez ha vuelto a tomar hoy declaración a los prófugos y comunicado que el próximo día 14 daría a conocer su decisión sobre si aceptaba o denegaba la extradición. Cualquiera que sea ésta, será recurrida por la Defensa o por la Fiscalía ante dos instancias superiores disponibles, amén del TEDH, por lo que sería imposible que el caso quedara resuelto antes del 21-D, salvo que los encausados aceptaran regresar a España.

La situación ha cambiado, sin embargo, de forma radical tras la inesperada y hábil  maniobra del Magistrado Llarena de retirar la eurooeden, con lo que ha quitado a Puigdemont la escalera que justificaba su exilio en Bruselas y lo ha dejado colgado de la brocha. El motivo de esta decisión ha sido evitar que el antiguo Presidente y sus Consejeros puedan eludir ser enjuiciados por rebelión. La justicia belga –cuya disposición a colaborar con la española ha sido puesta en entredicho en más de ua ocasión- podría conceder la extradición, pero excluir del enjuiciamiento los delitos de rebelión y de sedición, que no está suficientemente tipificados en el Código Penal belga. En tal caso, el TS no podría juzgar a ninguno de los encausados por rebelión ya que se trata de un delito cometido por una pluralidad de personas y todas ellas deberían ser juzgadoa por los mismos cargos. Si el juez belga concediera la extradición pero excluyera del enjuiciamiento los delitos de rebelión y sedición, el TS –que debería acatar y respetar el veredicto belga- no podría juzgar por estos delitos  ni a Puigdemont ni a ninguno de sus ex-Consejeros, que sólo podrían ser condenados por delitos menores como la desobediencia o la malversación. Ha sido una jugada magistral y nunca  mejor empleado el término. Puigdemont “et ali” han perdido el motivo que alegaban de dependencia de los tribunales belgas que justificaba su condición de refugiados políticos y tendrán que optar por regresar a España para afrontar ante el TS los cargos por los que ha sido acusados o emular al holandés errante y errar por los mares del mundo en estado de fuga permanente.

Insólita conducta de Puigdemont

            En su “Carta al separatismo”, Fernando Savater ha comentado que muchos nacionalistas veían la independencia como los cristianos el cielo: un lugar de perfección y delicias al que no tenían prisa en llegar. Sin embargo, esta percepción cambió bruscamente a partir de la fuga hacia ninguna parte de Artur Mas, que culminó Puigdemont con la DUI. Como ha señalado Berta González Harbour, la aceleración súbita para llegar al paraíso que ha vivido Cataluña ha sorprendido a casi todos. Finiquitados el Govern y el Parlament, y sus acciones ilegítimas, “a falta de cielo, acaso les quede el limbo”. Y es precisamente en el limbo donde se ha instalado Puigdemont, tras huir cobardemente a Bélgica y dejar en la estacada a sus compañeros de aventura separatista. Ha justificado hipócritamente su espantada alegando que era la única forma de preservar la legitimidad de la Generalitat y la continuidad de la República Catalana a través de su Presidente.  

Otro de sus objetivos principales era congraciarse con la UE y conseguir su apoyo o, cuando menos, su neutralidad, pero ha fracasado de forma rotundal. Según Carlos Yarnoz, la Unión ha cerrado filas en torno al Gobierno español y Puigdemont sólo ha logrado los indignos parabienes de xenófobos y neofascistas. De ahí la indignación del “Gran Caganer”,que –despechado y humillado- lanzó su excrecencia contra la Organización y sus dirigentes, al declarar que Cataluña tendría que tomar su propia decisión sobre su continuidad en la UE, un “club de países decadentes” ligado a intereses cada vez más discutibles, y en la que mandan unos pocos. El pueblo catalán deberá “decidir si quiere pertenecer a esta UE y en qué condiciones”. Ha sido la reacción de la zorra de Esopo, que -al ver que no podía alcanzar las uvas- justificó su fracaso diciendo: “Están verdes”. Y metidos en fábulas, cabe mencionar otro cuento del humorista y moralista griego, en que el animal le decía al busto:”¡Que cabeza tan bella, pero sin seso!”. A su ADN de voluntarismo, victimismo, xenofobia, manipulación, mentira, populismo y demagogia, el separatismo catalán ha añadido una nueva seña de identidad: el masoquismo.

            Pese a que había afirmado que carecía de ambiciones políticas y no se presentaría a las elecciones autonómicas, Puigdemont ha consentido en inmolarse para salvar a la República y condescendido a comparecer ante el electorado, si bien en sus propios términos. Ha creado Junts per Catalunya (JxC”) -una agrupación política a su imagen y semejanza-, orillado a su propio partido y presentado una lista compuesta por los ex-Consejeros encarcelados o prófugos y por independentistas no adscritos al partido -como Jordi Sánchez- y excluyendo de ella a algunos de sus pesos pesados, como la Secretaria General Marta Pascal o David Bonvehí. No ha tenido el menor escrúpulo en dinamitar la tentativa de la Secretaria General de hacer volver al partido al sentido común y  a la centralidad, a fin de  recuperar los simpatizantes desconcertados por la deriva radical impuesta por el antiguo President. Como ha observado Javier Redondo, Puigdemont se ha convertido en un “candidato sin partido, dispuesto a la última voladura del sigiloso, acoquinado y gallináceo catalanismo burgués. Militante de sí mismo, se suma a la escuela del berlusconismo y del trumpismo”. Presentó virtualmente su candidatura desde Bruselas a través de una pantalla gigante instalada en la plaza “1 de Octubre” de su pueblo natal Sant Juliá de Ramís.

            Desde el confort de su exilio bruselense y amparado por sus cuates nacionalistas flamencos y la connivencia de los medios públicos catalanes de comunicación –¡a pesar de la aplicación del artículo 155!-, ha mantenido intacto su perfil más radical y –en contraste con Junqueras, que ha tenido que renegar de la DUI antes de que cantara el gallo para tratar de salir de la cárcel- pretende convertir los comicios en la segunda vuelta del referéndum del 1-O y en un plebiscito contra la legalidad vigente. Su objetivo es restaurar las instituciones catalanas siguiendo el mandato democrático del citado referéndum. Puigdemont se está promocionando como víctima con un mensaje fantasioso pero eficaz y, contra todo pronóstico, ha subido cinco puntos en las encuestas a expensas de ERC y de la CUP. La huida a Egipto/Bruselas parece dar más réditos que la cárcel y el mártir de la causa no es Junqueras sino Puigdemont. Según Iñaki Gil, cuando aquél –que aún conserva una holgada ventaja en los sondeos dentro del campo independentista- salga de la cárcel, va a tener que pelear por el relato con Puigdemont, que ahora  le está robando protagonismo, discurso y votos.

            Reconociendo implícitamente el fracaso de la DUI  -auque sin “cantar la gallina”- PDdeCAT y ERC decidieron cambiar de táctica y abandonar la unilateralidad, y plasmaron en un documento su aspiración de lograr “una negociación bilateral con el Estado y la UE a partir de la cual -sin ninguna renuncia previa por parte de los partidos ni del Govern-, se haga posible el acceso de Cataluña a la independencia y a la efectiva y pacífica articulación democrática de la República Catalana”. Sin embargo, el abandono de la unilateralidad y la búsqueda de la bilateralidad han descompuesto al bloque independentista. JxC- que es PDdeCAT, pero no acaba de serlo al convertirse en la plataforma personal de Puigdemont- sigue manteniendo su querencia a la unilateralidad y –en una campaña personalizada en  el ex-President y caracterizada por el presidencialismo y el oportunismo- da una de cal y otra de arena. Los dos partidos no han logrado acordar un programa común, aunque estén de acuerdo en el abandono de la aplicación del artículo 155, la liberación de los presos políticos, la justificación  de los resultados del 1-O y la ampliación de la base soberanista para hacer posible un proceso constituyente.

Pero, además del conflicto entre ERC y JxC , hay otro entre éste y PDdeCAT. 
Harta de que Puigdemont hiciera la guerra por su cuenta y no prestara el menor caso a los dirigentes de su  partido, Marta Pascal ha afirmado que será la dirección de éste la que tome las grandes decisiones de estrategia y, en particular, sobre pactos después de los comicios, a lo que Elsa Artadi ha replicado que será Puiigdemont quien “lidere las decisiones tras el 21-D”. El “Gran Líder” le ha tomado gusto al poder y pretende renovar su presidencia de la Generalitat, aún cuando ERC supere a JxC e votos.

ERC en la encrucijada

            ERC se sabe favorita para ganar las elecciones autonómicas del 21-D, pero no está satisfecha de cómo se están desarrollando últimamente los acontecimientos. Junqueras creía que su estancia en prisión le acarrearía ventajas por mor del victimismo y del martirologio nacionalista, pero ha comprobado con desconcierto que su competidor por la hegemonía en el campo del independentismo le está ganando terreno a marchas forzadas. De ahí su repentina urgencia por salir del trullo, no sólo para plantar cara a Puigdemont, sino también para controlar a la Secretaria General de su partido y “delfina”, Marta Rovira, por lo que se muestra dispuesto a cantar la gallina y hasta el gallo de San Pedro. Viendo que desde la cárcel no podía participar activamente ni en la precampaña ni en la campaña electoral, decidió dar hilo a la cometa de Rovira y la propuso como candidata a la presidencia, porque ya iba “siendo hora de que una mujer esté al frente del país, pero la cometa vuela a su aire y no hace excesivo caso al hilo conductor que pretende manejar Junqueras en las bambalinas.

            Rovira es una independentista confesa y carece de la mano izquierda de su jefe para dar una imagen más tranquilizadora y aceptable para la mayoría de los ciudadanos, sean nacionalistas o no. Como ha revelado la investigación policial, fue –junto con Jové- la principal responsable de organizar la logística del referéndum del 1-O, por lo que debería haber sido imputada -al menos por sedición- como sus colegas separatistas. Ha declarado sin ambages a Catalunya Radio -¿acaso no se está aplicando realmente el artículo 155?-que su partido no tenía que pedir permiso a nadie para implementar la República, aunque no conviniera poner plazos para caminar hacia la independencia. Rovira ha hecho unas declaraciones tremendistas, falsas y sectarias, al afirmar que el Gobierno les había amenazado con que habría muertos en las calles si el Govern seguía adelante con el ”procés” hacia la DUI. “Directamente nos decían que habría sangre y que teníamos que parar porque esta vez no dudarían, esta vez no serían pelotas de goma sino que la cosa sería claramente contundente” y, por eso,  no fueron más allá a fin de evitar represalias sobre la población.

            ERC sigue preconizando en su programa la secesión de Cataluña y ha  incluido en él su compromiso de reiniciar el camino para acceder a la independencia si gana las elecciones, pero –tras el fiasco de la  DUI- Junqueras es consciente de que no cuenta con suficiente base social para ello, por lo que -en la carta que dirigió el 15 de Noviembre a la militancia desde la cárcel de Estremera- expresó la necesidad de “sumar nuevas complicidades, nuevos aliados no necesariamente independentistas”. Es obvio que estaba tirándole los tejos a Catalunya en Comú/Podem (CeC/P), que se deja querer. Es partidario de un tripartito de izquierdas con el PSC y los comunes, pero -dado que la alianza con los socialistas parece poco viable por el momento- se conformaría con que la tercera parte del trío la formara el PDdeCAT, aunque sin su mesiánico líder. Tras la ruptura de la coalición entre comuneros y socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona, ERC ofreció “desinteresadamente” sus votos a Ada Colau para la aprobación de los presupuestos municipales.

            Junqueras no ha tenido más remedio que reconocer, aunque con la boca pequeña, que Puigdemont sigue siendo el Presidente legítimo de la Generalitat, pero le ha dolido su jugarreta de dejarlo tirado a los pies de los caballos judiciales, mientras él ponía los suyos en polvorosa. Consciente del descrédito y caída en barrena del PDdeCAT, se negó a formar una lista única como en las elecciones anteriores y no hizo esfuerzo alguno para la adopción de un programa común. Ahora está sorprendido de la remontada de JxC bajo  el  impulso de su mediático líder. Formó una lista de personas de su confianza, entre los que figuraban la arrepentida “ma non troppo” Forcadell  y los antiguos consejeros encarcelados o exiliados, y presentó a Rovira como candidata a la presidencia de la Generalitat, de lo que es probable que ahora se esté arrepintiendo.

Volatilidad y oportunismo del PSC

            El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, está siendo -junto con Puigdemont- el personaje más destacado de la precampaña. Como su jefe, Pedró Sánchez, parece decidido a acceder a cualquier precio a la presidencia de la Generalitat, aunque el PSC no sea ni por asomo el partido más votado en las elecciones, que previsiblemente configurarán un Parlament muy fragmentado. Se ha presentado con habilidad y maquiavelismo como la bisagra requerida, el único político que podría forjar una mayoría por su transversalidad y por ser el candidato que menos rechazo suscita entre los diferentes partidos. Así, se ha ofrecido a ser “el Capitán de la política catalana”, prometido aparcar diferencias ideológicas y “ser el Presidente de toda la ciudadanía”. Con este objetivo en mente, se ha prodigado a diestra y a siniestra para tratar de pescar votos en todos los caladeros. A estos efectos, no ha dudado en proponer medidas populistas y escasamente viables como la creación de una Hacienda catalana –resucitando en parte el malogrado Estatuto de 2006-, la quita de la mayor parte de la ingente deuda de Cataluña y, sobre todo, una versión edulcorada del Pacto Fiscal, que se incluiría en una reforma de la Constitución de carácter federal asimétrico, similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra, auque camuflado para no alarmar a la buena gente con la vitola de régimen fiscal a la alemana. “El Mundo” ha calificados estas propuestas, no sin razón, de “dislate”.

No deja de ser paradójico que Iceta coja el relevo de Artur Mas tras la negativa de Mariano Rajoy al Pacto Fiscal por él solicitado, lo que le llevó a la progresiva radicalización de su partido –hasta entonces no independentista- y finalmente a la DUI, adoptada bajo los auspicios del dúo dinámico Puigdemont-Forcadell. Para este viaje no necesitábamos alforjas. “À la recherche de l’électorat perdu”, Iceta ha incluido en la lista del PSC a miembros de Units para Avançar –restos del naufragio de la UDC-, como Ramón Espalader, Consejero de Interior y responsable de la logística del seudo-referéndum del 9-N y al que sólo la condescendencia del Gobierno central impidió que hoy esté entre rejas o, por lo menos, inhabilitado como Mas y Cia.

En sus oscilaciones oportunistas, Iceta se ha comprometido a no hacer Presidente con el voto del PSC a un independentista o a un político de derechas, aunque luego haya matizado que ello no suponía un veto a la candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas.  Su corazoncito está, si embargo, en una alianza de las formaciones de izquierda, ya que –no en vano- fue mamporrero y fontanero de los nefastos Gobiernos Tripartitos de Pascual Maragall y de José Montilla. Pese a su aparente bonhomía y espíritu danzarín,  Iceta no es trigo limpio. ”La cabra siempre tira al monte”, por lo que no sería de extrañar que –pese a sus compromisos- Iceta acabara por aliarse con los nacionalistas de distinto cuño, con el respaldo del sector catalanista de su partida. Como ha señalado Santiago González, el PSC no puede ser considerado estrictamente como un partido constitucionalista,  ya que mantiene vasos comunicantes con los nacionalistas y que, en amplios sectores del  partido, prevalece el deseo de instaurar en Cataluña la “sociovergencia”.  Para dar muestra de su espíritu conciliador, Iceta ha pedido al TS que  libere  a los candidatos encarcelados para que puedan participar en la campaña electoral y que imponga a los políticos encarcelados medidas cautelares que no impliquen prisión mientras no se celebre su juicio. Aunque haya abandonado por el momento sus devaneos con el “derecho a decidir” y su apoyo a un referéndum pactado con el Gobierno central, ha insistido en que el Estado debe reconocer la “identidad nacional de Cataluña” y en que es preciso que España asuma que es un “Estado plurinacional” para facilitar la reconciliación .

 Con sus iniciativas, Iceta ha conseguido dar voz propia al PSC y “madrugar” al PSOE -que deberá hacer seguidismo de lo que su filial catalana decida-, dado contenido a la propuesta federalista del socialismo en materia de financiación y presentado unas propuestas aparentemente positivas en contraste con la actitud negativa y a la defensiva de los otros dos partidos constitucionalistas. El líder del PSC ha asumido el compromiso de un triple NO, que presenta contradicciones difícilmente conciliables: No a la investidura de un separatista como Presidente, al apoyo a Ciudadanos y a la repetición de las elecciones. Puede que estas incoherencias obedezcan a que ya ha encontrado la solución al problema: ”Iceta for President!”.

Debilidad del PP e ímpetu de Ciudadanos

            El PP catalán padece las secuelas de su inmolación por José María Aznar, que entregó la cabeza de Alejo Vidal-Quadras en bandeja de plata a Jordi  Pujol en la época en que hablaba catalán en la intimidad. Desde entonces, la filial catalana no se ha recuperado y ha pasado a ser una fuerza política marginal, percibida como una mera sucursal del PP nacional.  Se encuentra hipotecado por la actuación del Gobierno central, generalmente criticada en Cataluña con o sin razón. De ahí el lema de su campaña:”España es la solución”. Tratará de que se acredite en su Haber que -gracias a la aplicación del artículo 155- el Gobierno de Mariano Rajoy ha restablecido la legalidad y la convivencia en Cataluña, frenado la independencia y convocado elecciones para dar la palabra al pueblo catalán. El partido puede beneficiarse de la masiva salida a la calle de “los otros españoles”, aunque parece más probable que sus votos recalen en Ciudadanos y, en menor medida, en el PSC.

            El Gobierno desconfía de Ciudadanos porque le quita votos a escala nacional, por lo que parece preferiría que Iceta sacara más escaños que Arrimadas. Va a hacer una campaña a la defensiva, en la que sus principales argumentos son que el PP es el único partido que puede garantizar una “Cataluña española” y que, si los independentistas volvoeraen a ganar, “lo que hemos pasado será poco comparado con lo que vendría en el futuro”, en palabras de Xavier García Albiol. Rajoy se va a volcar en la campaña, lo que no sé si será positivo o negativo para el PP catalán.

            Ciudadanos –que es el segundo partido de Cataluña y lidera la oposición- está pletórico. Ha dado la talla en la lucha contra la DUI y cuenta con una candidata competente, valiente y experimentada, pese a su juventud. Arrimadas tiene además una ventaja que hasta hace poco era un inconveniente: ser una “charnega” de Jerez que habla  el catalán con un delicioso acento andaluz. Quiere alcanzar la presidencia desde “el centro, la razón, el respeto y un proyecto alternativo al nacionalismo”, y espera que los partidos constitucionalistas la apoyen si resultara ser la candidata más votada entre ellos. Ciudadanos ha insistido de forma interesada y quizás excesiva en este criterio.

En cuanto al proyecto alternativo, el partido naranja no acaba de explicitarlo, quizás por temor a que se produzcan reacciones desfavorables, pero los votos adicionales disponibles procederían de los catalanes que se sienten españoles -hasta ahora marginados y que se refugiaban en la abstención-, que lo recibirían con agrado.  Arrimadas ha insistido en que “hace falta ganar a los partidos nacionalistas en las urnas” y, a estos efectos, ha hecho un llamamiento a la movilización de afiliados y simpatizantes, y a la participación lo más amplia posible en la votación..

 Radicalismo de la CUP y ambigüedad, no tan ambigua, de  CeC/P

            El partido antisistema de la CUP no ha renunciado a la unilateralidad, que –según su portavoz, Nuria Gisbert- es la única salida para su proyecto político, pues la bilateralidad supone un paso atrás, ya que “es una entelequia pesar que el Estado va a negociar”. No ha aceptado la propuesta de sus aliados de abrir tras los comicios un diálogo con el Gobierno que les permita dar una salida al agotado procés y les ha exigido que incluyan en sus programas electorales el compromiso de hacer efectiva la República Catalana en base a los resultados del 1-O. Propugna el choque frontal con el Estado y pretende que el nuevo Govern tome el control efectivo del territorio y expulse de la Comunidad a las instituciones del Estado, al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad.

            Pablo Iglesias ha entrado como elefante en cacharrería en la filial catalana de Podemos y ha impuesto, de forma poco democrática, su non-santa voluntad de aliarse para las elecciones con Catalunya e Comú y así aprovecharse del tirón de Ada Colau. Ha provocado el cese del Secretario autonómico, Dante Fachín, que ha creado un nuevo mini-partido. La coalición  CeC/P está liderada por el diputado Xavier Doménech..

            Iglesias y Doménech han pretendido adoptar una actitud intermedia y equidistante, sin percatarse que –como ha señalado Rafael Moyano- el medio ha dejado de existir pues sólo hay dos bloques: los favorables a la DUI y los contrarios a la misma. Rige el axioma bíblico de que “el que no está conmigo está contra mí” y los nacionalistas consideran traidores a quienes -debiendo estar a su juicio con ellos- no lo están, especialmente si son intelectuales y de izquierdas. Prodigan críticas a babor y a estribor, aunque mucho más a la derecha, a la que echa en cara la aplicación del artículo 155, -que, siguiendo su errática política, han impugnado ante el Tribunal Constitucional a petición de ERC- y el encarcelamiento de presos políticos. Aunque insisten en que no son separatistas, cuando se produce un enfrentamiento entre los dos bloques, curiosamente siempre inclinan la balanza del lado de los independentistas.  Su solución al problema catalán pasa por la celebración de un referéndum pactado con el Gobierno, que consideran “algo irrenunciable, no porque lo diga Catalunya en Comú, sino porque existe una mayoría social en Cataluña que lo avala”, según su portavoz, Elisenda Alemany. 

Como es más que probable que los resultados de las elecciones produzcan un empate técnico entre los dos bloques, CeC/P se va a convertido en el fulcro de la balanza y su voto hará que ésta se incline hacia un lado u otro del espectro catalán. Ya han anunciado su veto a Ciudadanos, pues –como ha manifestado Irene Montero- no cree que “ni Ciudadanos deba presidir un Gobierno, ni que sea posible alcanzar un acuerdo de Gobierno con ellos”. El veto se ha extendido a Iceta, pues no apoyarían su investidura como Presidente si el PSC pactara con Ciudadanos. Para justificar su pretendida equidistancia, la agrupación, Motero ha mostrado también tarjeta roja a los corruptos del PDeCAT y ha advertido a ERC que no cuente con ellos si pretende reeditar el Gobierno de Junts pel Sí. Con tanto descarte, sólo quedaría una fórmula viable de Gobierno para CeC/P: un Tripartito con ERC y con el PSC, descartado, a su vez,  por Iceta, aunque “de sabios es rectifica” y el discípulo de San Pascual Bailón ha dicho a cuantos quieran oírlo que se muere por ser Presidente de la Generalitat.

Perspectivas de las elecciones autonómicas

            Los independentistas han conseguido partir a Cataluña por la mitad  y algo menos de un 50% de su población es partidaria de la independencia. Según Fernando Savater, Cataluña está llena de catalanes como todos los demás. Si unos se consideran tan diferentes que no pueden soportar la visión del otro es porque se le ha inducido, porque se ha creado una conciencia artificial. “Ahora mismo en Cataluña ser nacionalista o fingir serlo no tiene más que ventajas y, claro, la gente se apunta”. Para Iñaki Gil, puede que se haya restaurado el orden institucional e Cataluña, pero muchos ciudadanos “viven en  una realidad paralela dominada por la emotividad”. Cualquiera que sea el motivo, resulta escalofriante que, pese al fiasco de la DUI y el daño político, económico, de imagen y –sobre todo- moral que el Govern ha hecho a Cataluña, aún haya al menos un par de millones de personas que están dispuestas a votar de nuevo a los autores de semejante desastre, y –como ha comentado Arcadi Espada- ¿no hay nadie que les pregunte si no se les cae la cara de vergüenza?.

            La división a partes iguales de la opinión pública hace que los sondeos prevean de nuevo unos resultados electorales de paridad entre los dos bloques. Según Juan Abreu, estas elecciones son atípicas: Han sido convocadas por el Gobierno central tras la disolución del Govern a causa de  una sublevación de las autoridades autonómicas contra el Estado español, hay candidatos en la cárcel, en libertad condicional o refugiados en el extranjero, continúa acosándose lo español en Cataluña y sigue TV-3 fungiendo como motor propagandístico del independentismo  y del antiespañolismo militante. Para Rafa Latorre, al ser las elecciones anómalas, su resultado resulta impredecible. Es imposible anticipar  como va a reaccionar los votantes ante los cambios radicales que se han producido en el seno del independentismo. El cebo electoral no es ya la DUI, sino la represión del Gobierno español.  A los convencidos de toda la vida se unirán  los compañeros de viaje, no necesariamente independentistas, enternecidos por la letanía de los detenidos. Hay, sin embargo, un hecho muy positivo a reseñar: las encuestas vaticinan una participación récord de más del 80% de los catalanes, debido a la incorporación al proceso electoral de un núcleo de ciudadanos que, por sentirse preteridos, se solían abstener de acudir a las urnas en las elecciones autonómicas. Se estima asimismo que la opinión secesionista ha alcanzado su techo e incluso es posible que muchos independentistas de buena fe –hastiados por el fiasco de la DUI y los engaños a los que les han sometido sus líderes- decidan por vergüenza propia o por cansancio abstenerse de ir a votar. La bolsa de nuevos votantes parece propicia a respaldar a los partidos que defienden mantener a Cataluña dentro de España.

            Los partidos constitucionalistas deberían tener sentido de Estado y no incurrir en refriegas estériles entre sí para ganar votos a expensas unos de otros, lo que favorecería a los partidos separatistas, cuyos votantes suelen ser más disciplinados y acuden a las urnas a toque de clarín y en manada como en las Diadas, perfectamente orquestadas y organizadas al milímetro por la  agitprop nacionalista. En opinión de la eurodiputada Beatriz Becerra, los partidos constitucionalistas deberían reflexionar sobre la forma de afrontar la competencia electoral. No es hora de arañar unos pocos votos al partido al que te une el respeto a la legalidad, sino de desactivar en lo posible el secesionismo, para que el próximo 21-D haya una mayoría histórica que permita dar por zanjado el episodio golpista y alumbre la Cataluña plural que tanto tiempo ha estado oculta por la abusiva hegemonía nacionalista.

            Acaba de hacerse pública la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las elecciones, que sorprendentemente da como ganador a Ciudadanos con 22.25% de los votos, pero con los mismos escaños o uno menos -32- que ERC -20.8%-. Sube considerablemente al 16.9% el porcentaje de votos de JxC, gracias al tirón de Puigdemont -25-26 escaños-, y en menor medida el del PSC -16% de votos y 21 escaños-. Pierden fuerza los demás partidos, y consegirían 9 escaños CeC/P -8.6%-y la CUP  -6.7%-, y 7 el PP -5.8%-, que quedaría con el farolillo rojo El voto útil del centro-derecha iría a parar a Ciudadanos, al que el PP ha cedido -muy a su pesar- 47.6% de sus antiguos votantes. Los partidos constitucionalistas  superarían a los nacionalistas en votos pero no en escaños –al verse beneficiados por la ley electoral-, si bien perderían por un escaño la mayoría absoluta que tenían en la anterior legislatura y no podrían formar Gobierno por sí solos. No se ofrece ninguna perspectiva clara de posibles coaliciones que permitan la formación de un Gobierno viable y ésta situación podría dar una oportunidad al transversal Iceta, como un mal menor.  

La del CIS no es más que una encuesta –que a menudo se equivocan-, pero parece reflejar la tendencia apuntada en otros sondeos. En caso de confirmarse, estos vaticinios aportarían noticias buenas y malas. Las buenas son que parte de la población silenciada se va a expresar, que los separatistas perderán un poco de fuerza y que los partidos no nacionalistas –especialmente gracias a Ciudadanos- ganarán el partido aunque sea por la mínima y en tiempo de descuento. Las malas son que el independentismo más radical encabezado por Puigdemont conservaría más apoyo del deseable y que el fiel de la balanza sería ocupado una formación inspirada por Podemos, que es constitucionalista en los días pares y anticonstitucionalista en los impares. El futuro Gobierno estaría en manos del triángulo de las Bermudas formado por Iglesias, Doménech y Colau, que son poco de fiar y que tratarán de formar un nuevo tripartido con ERC y PSC. La situación de punto muerto seguiría, pues, como estaba hasta ahora, si bien los separatistas perderían posiciones y no podrían imponer un Gobierno, salvo que CeC/P abandonara su pretendida equidistancia y se alineara de hoz y coz con los independentistas. Ello implicaría un alto coste para Colau en Cataluña y para Iglesias en el resto de España., por lo que deberían pensárselo bien.
           
            Cataluña ha iniciado un peculiar y gradual proceso de “strp-tease” de la ciudadanía, similar a una limpieza étnica a la yugoslava: Turistas extranjeros, españoles no catalanes, catalanes españoles, charnegos no suficientemente catalanizados, empresas capitalistas explotadora del pueblo catalán…¡Fuera! ¡Sacad vuestros sucios pies de la Arcadia feliz! ¡Heil  Puigdemont!.  Yo no soy inmune a estos llamamientos y me siento conminado a hacerles caso. Junto con mi familia, he disfrutado durante cuarenta y tantos años de las deliciosas playas de Tarragona y de la hospitalidad de sus lugareños, pero “enough is enough” y –a pesar de mi amor no correspondido a Cataluña-- he decidido cambiar el próximo verano los aires salinos del delta del Ebro por otros menos contaminados por el veneno del nacionalismo –Jean-Claude Juncker “dixitt- y  más acogedores, donde me sienta bienvenido y no me metan la “estelada” hasta en la sopa. Al final, los catalanes bien pensantes –descendientes por línea más o menos directa de la pata de Wilfred “el Pilós”- se van a quedar como el gallo de Morón, cacareando “Els segadors” y sin plumas, y más solos que Robinsón en su isla. Aún estamos a tiempo de que la mitad de catalanes  que padecen un trastorno mental separatista transitorio salgan de su obnubilación, recuperen la cordura y pongan fin al trágico disparate que se esta produciendo últimamente en Cataluña. 


Madrid, 5 de Diciembre de 2017

lunes, 13 de noviembre de 2017

Al Gobierno le cuesta sudores de sangre aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

AL GOBIERNO LE CUESTA SUDORES DE SANGRE APLICAR EL ARTÍCULO
115  DE LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA

De mi época de estudiante en Inglaterra recuerdo haber visto en una iglesia de
 Walshingam una vieja estufa del siglo XIX, en cuya tapadera había esculpida la imagen de una tortuga bajo l cual había la siguiente  inscripción: “Lenta, pero segura”. De la Justicia cabe decir lo mismo. La tortuga de marras se ha puesto parsimoniosamente en marcha y va a acabar por adelantar a Aquiles-Puigdemont y sus maratonianos colegas en la carrera filosófica de la conquista del espacio y del tiempo políticos imaginada por Zenón de Elea. A diferencia del ritmo cansino del quelonio, los acontecimientos en Cataluña se han desarrollado últimamente con una celeridad inusitada y se ha llegado a lo que apenas nadie –incluidos muchos independentistas- creía que llegaría nunca a suceder: la declaración unilateral de la independencia de Cataluña (DUI), la destitución del Presidente y de los miembros del Govern, la suspensión del Parlament, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de Diciembre, la “espantá” del ex-Honorable y cuatro de los miembros de su Gobierno a Bélgica , el encarcelamiento del Vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de otros siete antiguos miembros del Govern y de los Presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de “Omnium Cultural”, y la prisión con fianza de la Presidenta del Parlament Carme Forcadell.

En opinión de Arcadi Espada, el Estado se equivocó gravemente al considerar que los políticos nacionalistas nunca serían capaces de llegar hasta donde han llegado, pero lo mismo les ha ocurrido a ellos, ya que creían que el Estado tampoco llegaría hasta donde ha llegado, y ahora se encuentran en la cárcel o camino de ella. Estos políticos y la extrema izquierda se han mostrado atónitos e indignados por las últimas decisiones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (TS),  pero -como ha señalado “El Mundo” en un editorial- “sólo quien está habituado a la impunidad se sorprende cuando ésta se acaba”. El ejercicio de la política no está eximido de la vigilancia del Código Penal y el Estado de Derecho sigue sus procesos al margen de la conveniencia política. “Quien echa un pulso al Estado, lo pierde”.

Auto de la Magistrado de la Audiencia Nacional Carmen Lamela

            Tras su comparecencia en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la Magistrada Carmen Lamela, condenó a prisión provisional incondicional a Junqueras y a los antiguos Consejeros de la Generalitat Jordi Turull,, Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquín Forn, Meritxel Borrás y Carles Mundó, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Al Consejero Santiago Vila –que dimitió antes de que se aprobara la DUI- le impuso la pena de prisión con fianza de €50.000, por lo que –una vez abonada ésta- quedó en libertad.

            El auto de la Magistrada ha sido calificado por el Embajador Melitón Cardona de equilibrado, fundamentado y bien redactado. Está perfectamente motivado en lo jurídico y redactado en un castellano legible, fluido e impecable. Su decisión ha cumplido con los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de una medida tan gravemente restrictiva como la privación de libertad. Ha constatado que se han producido hechos que presentan caracteres de delitos muy graves, que existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a los querellados, y que la posible pena a aplicar supera los dos años. Ha desgranado sus conductas destinadas a lograr la independencia de Cataluña y analizado con detalle el documento “Enfocat”, que propuso la estrategia para lograr tal fin, que se ha correspondido con los pasos dados por el Govern en los últimos dos años. Se trata de “una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente organizada, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, las parlamentarias y las asociativas (ANC y  Omnium Cultural), que conduciría a la celebración de un referéndum ilegal el 1 de Octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el 27 de Octubre”.

            El auto describe la desobediencia al TC a través de medidas “que pretendieron dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, mediante la actuación a través de movimientos populares encaminados a crear en los ciudadanos un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado”. Para la consecución de este fin secesionista, los querellados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública”.  Su actuación “fue meditada y perfectamente  preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional  en pro de la independencia”.

            Según la Magistrada, “la planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas con fondos públicos”. Los querellados han hecho posible la realización de pagos “para llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de de la declaración explícita de anticonstitucionalidad”.  Cobra especial importancia el papel que todos ellos protagonizaron desde sus cargos públicos, sin el cual el proceso independentista no habría podido impulsarse.  Concluye advirtiendo sobre “la alta probabilidad de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, así como el alto riesgo de reiteración delictiva”, y destaca el elevado poder adquisitivo de los  investigados, que les permitiría fácilmente “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”.

            Los nacionalistas, como era de esperar, se han rasgado las vestiduras. Puigdemont ha enviado un mensaje a la opinión pública –transmitido por TV-3 (¿?)- en el que denunció la decisión de Lamela de encarcelar a los miembros de su Gobierno -que calificó de muy grave error y de “atentado gravísimo contra la democracia, que rompe con sus principios básicos”- y exigió su libertad, porque habían sido privados de ella por cumplir con su programa aprobado en el Parlament. Semejante decisión suponía un ataque a las elecciones del 21 de Diciembre, “que se van a celebrar en un clima de represión y encarcelamientos de políticos sin precedentes”. Artur Mas ha señalado que se trata de un “abuso de derecho” y Joan Tardá que habían sido víctimas de un juicio político. A ellos se ha unido la extrema izquierda, tanto regional como nacional. Así, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a Lamela de actuar con espíritu de venganza y propuesto la creación de un frente común para conseguir la liberación de los “presos políticos”. Pablo Iglesias, en paralelo, ha afirmado:”Me avergüenzo de que en mi país se encarcele a opositores, No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos,¡Libertad para los presos políticos!”. Los partidos de ambos –fundidos en una candidatura común para las elecciones autonómicas- han acordado incluir en su programa electoral la exigencia de amnistía para todas las personas inmersas en procesos judiciales  por desafiar a la Justicia con sus actos en pro de la independencia. De los partidos constitucionalistas sólo Ciudadanos ha mostrado su satisfacción por el auto. Miguel Iceta ha declarado que el PSC acataba la decisión judicial –lo cual resulta positivo, pues el Presidente de la Geeralitat José Montilla se rebeló contra la sentencia del TC sobre el Estatut y se ausentó del Senado cuando éste autorizó la aplicación del artículo 155-, si bien lo consideraba desproporcionado. El ex-Ministro socialista Josep Borrell –muy en candelero ahora en Cataluña y elogiado a diestra y a siniestra- ha manifestado que “cuanto menos responsables políticos haya en prisión, mejor para las elecciones”. El PP ha respondido con su habitual positura de acatar las decisiones judiciales y no comentarlas, pero el Gobierno ha dejado filtrar su preocupación por estimar que el encarcelamiento de los líderes catalanes fomentará el victimismo de los nacionalistas, mobilizará a sus desanimados seguidores y perjudicará las perspectivas electorales del partido. Sin embargo, lo que le va a perjudicarles –según Cayetana Álvarez de Toledo- es “que no defiendan con determinación y orgullos democrático la decisión de los tribunales”.

            Según Raúl del Pozo, el nacionalismo necesita perseguidos y, si es posible, mártires, y ya los tiene. El mártir por antonomasia debería haber sido el President Puigdemont, pero le han fallado sus impulsos heroicos y ha preferido tomar las de Villadiego y cederle generosamente la palma del martirio a su hermano separado Oriol Junqueras. Éste no se ha mostrado entusiasmado con la cesión de derechos y ha decidido poner fin a la coyunda de Junts pelSí y recorrer la Vía Dolorosa en solitario, de acuerdo con lo que reza el refrán castellano de que “más vales estar sólo que mal acompañado”. Huido a Bélgica con cuatro de sus Consejeros –Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluis Puig-, Puigdemont ha reiterado su negativa a comparecer ante los Tribunales y justificado su presencia en Bruselas para mantener la legitimidad del Gobierno de la República de Cataluña y crear una estructura estable que organice la resistencia de los catalanes contra la opresión del Estado español. El Gobierno español han emitido una euro-orden solicitando la detención y extradición de los prófugos y el asunto está en manos de las autoridades judiciales belgas, que les han prohibido que abandonen el país hasta que tomen una decisión. Cambiando su decisión de no presentarse a las elecciones, Puigdemont se ha sacrificado y ofrecido encabezar una lista única de todas las fuerzas separatistas, pero ERC –que según los sondeos va a ganar las elecciones- no ha accedido a su propuesta y ha decidido presentar una lista propia encabezada por Junqueras y en la que se incluyen todos los antiguos Consejeros del Partido encarcelados o prófugos.

Auto del Instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena

            El mismo día en que Junqueras y Cía comparecieron ante la Audiencia Nacional estaba prevista la comparecencia en el TS de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa, dada la condición de aforados de todos ellos. Los  Abogados de los acusados solicitaron más tiempo para preparar sus defensas, y el Magistrado Instructor, Pablo Llarena, les dio una semana adicional de plazo, pese a que la Fiscalía había pedido que fueran interrogados con urgencia. Parece ser que el Magistrado comentó a los Abogados, de forma un tanto displicente, que el TS no era la Audiencia Nacional.

            Esta decisión fue distinta a la adoptada por la Audiencia Nacional y ha sido interpretada como una crítica implícita a la Magistrado Lamela, pero, frente a esta interpretación, cabe señalar que los defensores de Junqueras y de los Consejeros no solicitaron una extensión del plazo para los interrogatorios. La progresista Asociación de Jueces para la Democracia ha comentado que “resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos”  y criticado a Lamela porque la prisión debería ser la  excepción y no la regla general. Es cierto, pero no es menos cierto que el cumplimiento de la ley debería ser la regla general y los políticos nacionalista catalanas lo han convertido en la excepción. En  cuanto al fondo, la diferencia no ha sido tan grande. Llarena  ha estimado que se cumplen los requisitos para considerar que han cometido un delito y aceptado iniciar la investigación.

            El auto apunta a la posible comisión de un delito de rebelión consumada y no de simple conspiración para la realización de la misma. El artículo 472 del Código Penal considera reos de rebelión a los que “se alzaren violenta y públicamente” para lograr objetivos tales como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.El problema que se ha planteado la doctrina y la jurisprudencia es qué grado de violencia ce necesita para que se produzca el delito. Llarena estima que el alzamiento es violento “cuando se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estar dispuesto a su utilización, por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla”. La referencia a la violencia no quiere decir que “para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”. En cualquier caso, el Instructor enumera una lista de episodios de violencia real como el apedreamiento de de agentes el 1-O, el asedio a  sus hoteles, el entorpecimiento de registros policiales, las amenazas a empresarios, los cortes de carreteras o la erección de “murallas humanas”, que defendían de manera activa los centros de votación empleando la fuerza. “Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arraigaba expandirse” y constituyen “una clara y plural expresión de esta violencia”.

El auto contempla la posibilidad que se haya cometido la variante agravada del delito de rebelión. Ello se produce cuando va acompañada de circunstancias tales como que se hayan detraído caudales públicos de su legítima inversión. Mientras la Fiscalía consideraba estos hechos como un delito separado de malversación, Llarena los estima como una circunstancia agravante del delito de rebelión que supone un endurecimiento de la pena. Señala que  –dado que durante el 1-O se realizaron votaciones- seróa lógico pensar  que tuvo que haber algún gasto de dinero público, pero la Fiscalía no ha aportado indicios de ello y, en consecuencia, rechazó imponer a los querellados una fianza de €6.2 millones por responsabilidad civil.

Pese a la contundencia de los argumentos expuestos en el auto, el Instructor rechazó dictar prisión incondicional contra los encausados y decretó prisión eludible mediante fianza de €150.000 para Forcadell y de €25.000 para los demás componentes de la Mesa salvo Joan Josep Nuet, que –al demostrar que no había votado a favor de admitir a trámite la propuesta sobre la independencia- quedó en libertad sin fianza. Los motivos que llevaron a Llarena a tomar semejante decisión fueron que los querellados habían aceptado la legalidad constitucional, tenían arraigo y habían comparecido cuando había sido citados, y no existía riesgo de reiteración delictiva o huida del país. Ha supuesto la rendición innoble de quien, no ha mucho, alardeó de que jamás daría un paso atrás, y ahora ha dado, no ya uno, sino tres: aceptación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, renuncia a la secesión al afirmar que la DUI había sido solamente simbólica y compromiso de no actuar fuera del marco de la Constitución y del Estatuto. Rafael Moyano lo ha expuesto irónicamente es estos términos:”Que lo de la declaración de independencia era broma, tontos, y que lo del 155 no está tan mal y además no tengo intención de seguir en la política, pero –aunque siguiera- ni se me ocurriría hacer nada fuera del marco constitucional”. A juicio de “El Mundo”, en los Tribunales no se dirimen hechos simbólicos, expresiones sentimentales o debates ideológicos, sino la responsabilidad penal y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron del poder para pisotear la ley.

Este giro copernicano de 180º por parte de Forcadell no parece que obedezca a una caída del burro –similar a la de San Pablo del caballo- de la persona que, junto a Mas y Puigdemont, ha sido la principal responsable del proceso hacia la DUI, pues ha desobedecido sistemáticamente las resoluciones del TC, hecho caso omiso de los dictámenes de los juristas del Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias, permitido la tramitación de leyes ostensiblemente inconstitucionales y de la resolución sobre la independencia de Cataluña, silenciado a la Oposición y arengado públicamente a las masas alentándolas a la insurrección contra el Estado de Derecho. ¿Llega la ingenuidad de Llarena a creer en las lágrimas de cocodrilo de la antigua Presidenta de la ANC, principal impulsora en tal condición de las Diadas separatistas?. No parece que así sea cuando deja caer que las promesas de Forcadell podrían ser mendaces, pero le concede generosamente el beneficio de la duda. La aún Presidenta del Parlament no ha sufrido una conversión paulina, sino que ha visto de cerca los dientes al lobo. La cárcel asusta –para eso está, entre otras razones- y es humano que trate de eludirla, aunque para ello tenga que olvidarse de su dignidad y hacer  pública abjuración de principios.

El auto de Llarena no es a la postre tan favorable para Forcadell como pueda aparecer a primera vista, ya que los hechos que se están investigando ya han sucedido y producido nefasta a s consecuencias, por lo que un arrepentimiento sobrevenido -sea sincero o no- no va a hacer que deje de existir lo que ya ha ocurrido. Podría ser considerado como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. La argumentación del Instructor, por otra parte, destroza la previsible estrategia  defensora de los Abogados de que sus defendidos actuaron siempre de forma pacífica y no realizaron actos violentos.

Una prueba de que Forcadell no ha cambiado de opinión ha sido el mensaje –no sé si conciente o inconsciente- remitido nada más salir de la prisión, tras haber pagado su fianza con un cheque de la ANC:  ”Volvemos a casa con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. En tan breve misiva cabe apreciar al menos tres falacias: La Presidenta sólo garantizó la libertad de expresión de una mitad del Paramento y conculcó de forma obscena la libertad de la otra mitad, la soberanía nacional no radica en el Parlament sino en la Cortes Españolas,  y -si no tenía nada que reprocharse- ¿por qué ha tenido que ir a Canosa y hacer la palinodia de afirmar que la DUI era sólo un declaración simbólica sin efectos jurídicos?.

Aplicación mínima del artículo 155 por parte del Gobierno

            Mariano Rajoy se ha visto obligado a recurrir al artículo 155 muy a su pesar y está tratando que la acción del Estado en Cataluña a través del Gobierno central se note lo menos posible. De ahí su precipitada convocatoria de elecciones autonómicas cuando no ha habido tiempo material para restablecer del todo el orden constitucional en la región. El objetivo del artículo 155 no es el de convocar elecciones, sino el de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso  de las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, y al respeto del interés general de España. La celebración de elecciones puede ser un medio para recuperar la normalidad constitucional, pero no es un fin en sí mismo, y el resultado de las mismas podría llevar a que se reprodujera la situación que prevalecía en Cataluña cuando la Generalitat y el Parlament optaron por la DUI.

            La actuación del Gobierno se ha reducido al mínimo indispensable, que ha afectado especialmente a los ámbitos financiero .-intervención de las cuentas y control del presupuesto regional- y administrativo –asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos-. No ha intentado abordar el tema de la enseñanza, que es sumamente complejo y delicado, si bien el Gobierno provisional podría haber tratado de paliar, en la medida de lo posible,  la situación de discriminación escolar de los hispanoparlantes. Otro tema urgente que se ha ignorado -auque en gran parte por culpa del PSOE- ha sido el de la “desoberanización” de los medios públicos de comunicación –especialmente TV-3 y Radio Catalunya-. Los socialistas obligaron a que se omitiera del mandato del Senado la autorización para controlar los citados medios. ¿Cómo es posible que, después de la intervención del Estado en Cataluña, TV-3 siga con su perfil sobranista y difunda sin el menor pudor un mensaje del prófugo Puigdemont, presentado como Presidente legítimo del Gobierno de la Generalitat?. Contento estará Pedro Sánchez con la irreductible e inadmisible actitud de TV-3, que no cesa. ¿Acaso podrá controlarla la Junta Electoral de aquí al 21-D?.

            Ni siquiera en el ámbito de la seguridad –fundamental junto con el de la Hacienda Pública- ha actuado debidamente el Gobierno provisional: algunos cambios en la jerarquía política de los Mossos de Escuadra y poco más. La pasividad de la Policía, regional y nacional durante la huelga general política del día 8 permitió que unos pocos agitadores bloquearan el normal funcionamiento de los transportes en Barcelona.
El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable directo de los Mossos, declaró que su actuación –o no actuación, diría yo- “fue muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba”, a pesar de que los piquetes fueron muy violentos, porque “no era el día  para caer en provocaciones”, y se ufanó de que, gracias a ello, los independentistas no podrían quejarse de la actuación policial, ya que “no hubo ni  un solo lesionado”. Me parecen lamentables estas declaraciones de un Ministro, que –para más “INRI”- es juez de carrera., pues ha supeditado el cumplimiento de la ley al “contexto” y a la conveniencia política. Los Mossos han pasado de ser criticados por el Ministerio de Interior por su inacción el 1-O a ser elogiados como un modelo de profesionalidad.. Supongo que ahora el Gobierno tratará de paralizar la tramitación de las diversas querellas presentadas por la inacción de los Mossos el 1-O por lo que “no hicieron” cuando los mandaba Josep Lluis Trapero. Entonces –se ha preguntado Santiago González- ¿qué necesidad había de destituirlo?. Si así se aplicaba el artículo 155, ¿por qué Forcadell no iba a acatarlo si Zoido hablaba como el ex-Consejero Forn?. Como ha comentado Federico Jiménez Lozanitos, con su proverbial  sarcasmo, “a Papá Noel Zoido sólo le faltó llevar porros a los piquetes y chuches a los niños”.

            Otra actitud poco comprensible del Gobierno es su renuencia a que se excluyan de las listas electorales a prófugos y presuntos delincuentes, antes al contrario. El Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo ha declarado que sería bueno que Puigdemont y los ex –Consejeros investigados participaran en las elecciones del 21.D, pues su status de presos preventivos no se lo impedía. Sí se lo impediría si el Gobierno cumpliera con su deber y aplicara la Ley 19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que le permite –de oficio o a instancia de parte- inhabilitar a los autores de infracciones tales como “incumplimiento del deber de respeto a la Constitución” o “adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos”.El Gobierno debería haber inhabilitado a estos desaprensivos tiempo ha, pero prefiere una vez más que el TC le saque las castañas del fuego e inhabilite a algunos dirigentes secesionistas al amparo de los poderes que le concede su Ley Orgánica tras la última reforma. Mas ésta es misión del poder ejecutivo y no del judicial, y –en caso de que el Tribunal decidiera hacerlo-, se rompería la unanimidad que hasta ahora ha prevalecido en su seno en el tema de Cataluña y, sobre todo, supondría un desgaste innecesario y daría argumentos a las críticas nacionalistas de falta de imparcialidad.

            No es de higiene democrática permitir, e incluso facilitar, las presencia en las listas electorales de prófugos y presuntos delincuentes –no tan presuntos- para que accedan al Parlament –y eventualmente al Govern-, gracias al voto cautivo de buena parte de la población catalana, intoxicada durante años por la agitprop soberanista. ¿Qué ocurriría si Junqueras y sus cachorros salieran elegidos y accedieran de nuevo al Gobierno de la Generalitat y luego fueran condenados a largos años de cárcel por el delito de rebelión?. Las consecuencias del encarcelamiento de unos diputados escogidos por el pueblo serían mucho más graves que las que se producirían ahora si el Gobierno y/o los Tribunales los inhabilitaran e impidieran su participación en las elecciones, pues más vale prevenir que curar.

            El Gobierno yerra al dejarse engañar por los nacionalistas y mostrrarse dispuesto a hacer concesiones en aras del apaciguamiento, que –en opinión de Álvarez de Toledo- nunca es general, pues sólo se apacigua del lado del que no lo merece..”La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático”. El diccionario inglés Webster define “apaciguar” como “hacer concesiones a alguien –como un agresor o un crítico-, a menudo a costa de sacrificar los principios”. No fue el apaciguamiento lo que ha empujado a Forcadell a “pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional”, sino “la amenaza seca y concreta de la cárcel”. El cambio de ciclo en Cataluña y la vuelta a la normalidad constitucional no se conseguirá con guiños al separatismo. El Gobierno deberá  abandonar sus complejos, creer en la fortaleza que le proporciona el Estado de Derecho y hacer cumplir en Cataluña la Constitución, el Estaturo y las leyes, sin condicionarlo al “contexto” o a las conveniencias políticas.

Madrid, 13 de Noviembre de 2017 

            

jueves, 2 de noviembre de 2017

"Consumatum est: Aborto de una independenncia imposible

“CONSUMATUM EST”: ABORTO DE UNA INDEPENDENCIA IMPOSIBLE

            La conducta increíble del veleidoso, voluble y volátil ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont –que se ha ganado al pulso el calificativo acuñado por Fernando Sanche Dragó de “necionalista”- ha hecho inevitable la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de las reticencias del PSOE y del propio Gobierno central. Resulta incomprensible la demonización que ha sufrido el citado artículo –una salvaguardia razonable que figura en casi todas las Constituciones democráticas- por parte de nacionalistas y socialistas. Todavía en el caso de los primeros cabría encontrar una explicación, dado que la disposición  parece pensada para hacer frente a sus eventuales excesos, pero en el de los segundos escapa a la lógica de un partido que ha gobernado a España en los últimos años y que aspira a volver a hacerlo.

 Actitud suicida del President Puigdemont

            Pese a sus palabras críticas a la autorización del Senado al Gobierno para la aplicación del artículo 1555, parece como si Puigdemont la estuviera deseando y no se ha quedado contento hasta que no lo ha conseguido. Tras el envío de sendas misivas dignas de Groucho Marx, en las que no daba respuesta alguna a los requerimientos del Presidente  del Gobierno y seguía con su “raca-raca” independentista, Mariano Rajoy y su coyuntural aliado Pedro Sánchez no han tenido más remedio que recurrir a él por “vergüenza torera”. Y mira que han hecho lo posible y loo imposible para evitarlo, con el protagonismo conciliador de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que –hasta el último minuto de la prórroga- afirmó que el partido se suspendería  si el Capitán del equipo contrario aceptaba dar por perdido el partido y aceptaba que se produjera un nuevo encuentro, al decir que “el artículo 155 podría sortearse con la llamada a las urnas”-. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta –con la complicidad interesada del Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu- mantuvo reiteradas entrevistas con Puigdemont.

Hubo un momento en que estas presiones y las recibidas del sector menos separatista del PDeCAT y de los medios empresariales parecían haber dado su fruto y que el President convocaría elecciones autonómicas anticipadas como dio a entender, pero -ante la reeacción furibunda de ERC, de la CUP y de su propio partido- giró una vez más como la veleta que es y se lanzó como un kamikaze a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Dijo estar dispuesto a convocar elecciones siempre que el Gobierno les diera garantías y permitiera que se celebraran con absoluta normalidad. Estas garantías no deberían implicar el reconocimiento explícito de la renuncia a la DUI y la aceptación de la Constitución y del Estatuto como el único marco legal. Suponía establecer “de facto” una doble legalidad en pie de igualdad -la estatal y la autonómica-, pero –como ha señalado Araceli Mangas- hay que impedir que emerja un Estado impostado que compita con el Estado legal y democrático, y evitar que existan legalidades paralelas. Al  no aceptar el Gobierno su penúltimo chantaje, Puigdemont optó por pasarle la “patata caliente” al Parlament y saltó al precipicio sin paracaídas.


            “Junts pel Sí” y la CUP habían presentado una propuesta de resolución en cuya exposición de motivos se reproducía  el texto fantasmal de la “Declaración de Independencia” firmada de tapadillo el día 10 de Octubre por los diputados separatistas. En ella instaban al Gobierno a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la fundación de la República”, así como a iniciar el proceso constituyente para la adopción de la Constitución de