Gloria y loor al Gobierno "sedicida" de Sánchez

GLORIA Y LOOR ALGOBIERNO “SEDICIDA” DE SÁNCHEZ Cuando escribí mi último artículo sobre “De la eliminación de la sedición al debilitamiento de la malversación” desconocía la magnitud de la campaña de la “Brunete mediática”, de los medios de comunicación adictos al régimen y demás ”compañeros de viaje” del Gobierno, encabezados por su buque insignia ”El País”, para ensalzar la decisión de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal, para derogar el delito de sedición y emascular el de malversación, a petición de su socio preferente -el independentista ERC-, que exije una sustancial contrapartida a su desinteresado apoyo a los presupuestos generales del Estado. Entre esta bazofia, destaca el artículo “Cataluña en paz, España protegida y el PP desarmado”, publicado el pasado día 11 por uno de sus periodistas-estrella, Xavier Vidal-Folch, cuyo título es significativamente revelador sobre las aviesas intenciones de su autor. Como ha señalado Andreu Jaume en “The Objective”, los medios de comunicación afines al Gobierno han lanzado a bombo y platillo una campaña para justificar la supresión del delito de sedición, haciendo suya la estrategia publicitaria que encúbrelos espurios intereses parlamentarios de un presidente que ha perdido -si es que alguna vez la tuvo- la noción del Estado de Derecho, y “está dispuesto a rendir los principios fundamentales de la convivencia que no se basa en los sentimientos de concordia -lo que une a los corazones-, sino en la isonomía -la igualdad ante la ley-, que en una democracia permite convivir al margen de las pasiones y los odios”. El Gobierno mantiene sin pudor que su iniciativa ha sido un rotundo éxito y que, a su estrategia analgésica, solo se oponen “quienes odian a los catalanes”, ignoran la realidad y no se acercan a las calles y plazas de Cataluña, y quienes están en contra de la verdad, el perdón y la concordia. Yo, que llevo 45 años pasando los veranos en Cataluña -pese a mi supuesto odio a los catalanes-, no puedo menos que alzar mi voz ante semejantes falacias. El artículo está plagado de , por utilizar la terminología de la película de Steven Sodenberg, “sexo -la aberrante Ley de “Sí es sí” y el disparatado proyecto de “Ley Trans”-, mentiras y cintas de video”. Son muchas las falacias argumentales respuestas por Vidal-Folch, que revelan la falta de rigor intelectual de un famoso periodista apesebrado. El autor ha señalado que la inesperada decisión de Sánchez -que en principio solo había prometido reducir las penas por el delito de sedición- había producido con su supresión tres efectos benéficos de inmediato: Ha completado la pacificación de Cataluña, protegido a la justicia española ante los tribunales europeos, y desarmado al PP, que ha quedado sin argumentos para alancear a enemigos inexistentes. Según Jaume, se vende como un mecanismo de salvaguarda de una justicia que al mismo tiempo se desacredita “Los culpables de un delito contra el orden constitucional pactan en el Congreso una reforma del Código Penal que les condenó y se convierten, efectivamente, en enemigos inexistentes alanceados por una oposición cautiva y desarmada en un Parlamento denigrado”. Cataluña en paz En realidad -continúa el comentarista-, todo se explica por una misma y proteica manipulación moral que se subsume en el mito de la pacificación de Cataluña, mediante lo que ha calificado de “”estrategia del ibuprofeno”. A saber, ceder a todas las exigencias de los independentistas a cambio de su apoyo al Gobierno sanchista, que se jacta de que, con su política de diálogo y distensión, ha conseguido desactivar los efectos de la sedición del 1-O y volver a la Arcadia feliz de ese oasis de paz y mesura que tradicionalmente ha sido Cataluña. Vidal-Folch incurre en una descarnada desfachatez cuando afirma que Cataluña ha sido al fin pacificada, ya que el clima político social se ha despresurizado, ya solo algún grupúsculo residual insulta a los discrepantes y deslegitima a los disidentes, y se ha restaurado la pluralidad. Las avenidas de Cataluña no lucen ya lazos amarillos en sus semáforos y el unilateralismo ha decaído. Vuelve la normalidad pero solo para los nacionalistas. Solo las gafas de color de rosa con las que el periodista contempla Cataluña -que en modo alguno coinciden con la visión del español medio, incluida, por lo menos, la mitad de los catalanes- le permiten hacer esta afirmación tan ajena a la realidad. ¿ Es normal y democrático que el Gobierno de una Comunidad Autónoma incumpla la Constitución y las leyes y se oponga a aplicar las sentencias? ¿Es normal y democrático que el presidente de la Generalitat menosprecie al jefe del Estado y asegure que hará cuanto esté en su mano para proclamar una República y separar a Cataluña de España??Es normal y democrático que España sea el único país europeo en el que los niños catalanes hispanoparlantes no puedan ser escolarizados en su lengua materna, que es la oficial del Estado, y que el Parlament adopte una ley para impedir que se apliquen unas sentencias de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de estos alumnos a recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano? ¿Es normal y democrático que los profesores sean denunciados por dar sus clases en español, que los universitarios constitucionalistas sean agredidos e en las universidades por los vándalos nacionalistas con total impunidad, que se sancione a las empresas que mantengan los títulos de sus establecimientos en castellano, que el consejero Educación se vanagloria de que de los 3.600 centros escolares existentes en Cataluña tan solo 26 imparten un 25% de la enseñanza en español, que…? Así podría seguir citando infinidad de conductas antidemocráticas, por lo que cabe llegar a la conclusión de que en Cataluña no existe un régimen democrático y que no se le espera mientras siga siendo gobernada por los nacionalistas. ¿Puede alguien con un mínimo de vergüenza afirmar sin sonrojarse que Cataluña está “pacificada”? Será la paz de los cementerios, de la que hablaron en sus poemas Paul Claudel y Georges Bernanos. España y su justicia protegidas La afirmación de que, como consecuencia de la decisión de Sánchez, España y sus Tribunales de Justicia van a resultar fortalecidos es el mayor dislate de los muchos que figuran en el artículo de Vidal-Folch. Tendrá que hacer un tremendo esfuerzo pedagógico para explicarnos cómo se protege la justicia cuando se censuran las sentencias de los tribunales -acusando implícitamente de prevaricación al TS por haber dictado una sentencia inicua en el caso del 1-O, se transforma el grave delito de sedición en otro de desórdenes públicos de menor cuantía, se indulta -en contra del criterio del Tribunal juzgador y de la Fiscalía- a personas condenadas por sentencia firme por los delito de sedición y de malversación, se pretende modificar este último delito para rebajar las penas de inhabilitación de los condenados, se desarbola el Tribunal de Cuentas y se condonan a los condenados las elevadas multas impuestas, o se deja al Estado sin los medios jurídicos adecuados para hacer frente a un eventual ataque al orden constitucional, que los actuales dirigentes de la Generalitat han prometido que realizarán. ¡Señores del Gobierno, no nos protejan tanto, por favor! ¡Virgencita de Montserrat, que nos quedemos como estamos! Tiene el periodista el cuajo de afirmar que la eliminación de la sedición protege a la justicia española ante los Tribunales europeos cuando ocurre justamente lo contrario. España ha sido suficientemente esnobeada por los Tribunales nacionales de Alemania y de Bélgica, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Cuando -gracias a los esfuerzos sobrehumanos de magistrados ejemplares como Manuel Marchena o Pablo Llarena- parecía que empezaban a volverse las tornas en favor de la justicia española, llega el tío Pedro con las rebajas de otoño y la modificación del Código Penal. En el ámbito del TJUE -que tiene pendiente su decisión sobre la consulta del TS acerca de si las autoridades belgas habían cumplido con la orden europea de detención y entrega planteada por España-, su Abogado General, Jean-Richard de la Tour, respaldó en su informe del pasado 14 de julio la actuación del magistrado Llarena, y condenó el comportamiento de los tribunales belgas. Todos esperábamos que el Tribunal General dictara una sentencia que siguiera los lineamientos de su Abogado General, pero la decisión del Gobierno español de suprimir el delito de sedición puede echar todo por tierra, por la aplicación del principio “rebus sic stantibus” -cambio de las circunstancias-. El próximo día 25 se realizará la vista del caso y el siniestro abogado de Puigdemont y sus secuaces, Gonzalo Boye -condenado por terrorismo y procesado por blanqueamiento de capitales-ha afirmado que argumentará que el TS había solicitado la entrega por la supuesta comisión de un delito que va a dejar de serlo, y aportará -gracias al derrape legislativo de Sánchez- la proposición de ley para la supresión del delito de sedición. Muerto el perro -sedición-, se acabó la rabia -extradición-. Los magistrados pueden preguntarse cómo es posible entregar a un eurodiputado por un modesto delito de desórdenes públicos, y no me extrañaría nada que el TJUE nos diera una vez más calabazas, a pesar del fundamentado dictamen de De La Tour. En el Parlamento Europeo se está actualmente examinando el caso de la retirada de su acreditación a los diputados Puigdemont, Comin, Ponsati y Puig. El entonces presidente del Parlamento Europeo, el popular Antonio Tajani, les retiró la acreditación, pero su sucesor, el socialista David Sassolí, se las devolvió. A petición del propio Parlamento, la Junta Electoral Central le ha informado que -según la normativa española aplicable-los interesados no habían adquirido la condición de eurodiputados por faltarles el requisito insoslayable del acatamiento de la Constitución española. Preguntada al respecto, la actual presidenta del Parlamento -la popular Roberta Metsola- ha dicho en público que su decisión estaba pendiente del informe jurídico de los asesores de la Cámara, pero en privado ha apuntado que probablemente seguiría el dictamen de la JEC y retiraría definitivamente la credencial a los sediciosos, lo que permitiría su entrega a España, salvo que el TJUE se pronunciara por una sentencia favorable. El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha expresado su honda preocupación por la inminente derogación del delito de sedición que -en su opinión-no tenía el menor sentido que Sánchez trasladara la visión separatista a la legislación nacional. Tampoco tenía sentido dividir países y adoptar una visión separatista, pues todo lo que pusiera en peligro la unidad de un país debería evitarse, especialmente tras la sentencia TS sobre los líderes independentistas. Había que respetar a los tribunales y a sus sentencias. “El Estado de Derecho, como principio básico, significa aceptar el resultado de las sentencias de los jueces. Aviso a España de que esta reforma va en la mala dirección, pues están enviando la señal de que romper la Constitución es más fácil, y que también resulta más fácil saltarse las sentencias de nuestros jueces independientes”. El PP desarmado Es la pata más débil del trípode argumental del artículo de Vidal-Folch, entre otras razones por que, para desarmar, hace falta que el interesado esté armado y, en este caso, el PP peca de pacifista. Al partido se le ha presentado una ocasión excelente para exponer ante el Congreso las vergüenzas del Gobierno Frankenstein mediante la presentación de la correspondiente moción de censura, aunque tenga escasas posibilidades de ganarla. El PP sufre tradicionalmente de un síndrome múltiple de ambigüedad, dontancredismo y complejo de inferioridad ante la injustificada superioridad moral de la izquierda, lo que hace que vaya siempre a remolque de la progresía en una actitud defensiva, y que -por mucho que critique las arbitrarias leyes de los Gobiernos del PSOE- las respete y las deje en vigor cuando ha llegado al poder. A esto se suma el quietismo galaico de su actual presidente, que le induce a quedarse sentado a la puerta de su casa a la espera de ver pasar por delante el cadáver de su enemigo. Está convencido de que las elecciones no las gana la Oposición, sino que los pierde el Gobierno, por lo que “sutout, pas trop de zèle”, para evitar decir alguna inconveniencia o dar un paso en falso, y esperar -como Mariano Rajoy-que el tiempo solucione los problemas. El que calla tiene la ventaja de que evita meteduras de pata, pero también otorga, y se puede pecar no solo por comisión, sino también por omisión. Éste es un adecuado momento en el que el Gobierno de Sánchez está contra las cuerdas -alta inflación y aumento notable del coste de la vida, incremento de la factura de electricidad, pero real y encubierto, leyes de “Sí es sí” y Trans, concesiones inaceptables a Cataluña y al País Vasco, insuficiente utilización de los generosos fondos facilitados por la UE, continua pelotera con sus socios podemitas de Gobierno, indultos a los condenados por los ERE y, -sobre todo- reforma del Código Penal a la carta para satisfacer las exigencias de ERC, con la supresión del delito de sedición y el debilitamiento del de malversación, lo que permitirá la impunidad completa de los sediciosos, el regreso de los prófugos de la justicia y el desarbolamiento de las defensas jurídicas de un Estado de Derecho para hacer frente a un más que probable nuevo ataque al orden constitucional. Con su habitual ironía, Félix de Azúa, ha comentado en “The Objective” –“Muchas gracias” -que, gracias a sus desvelos, a partir de ahora podremos incitar a golpes de Estado, que solo se considerarán como desórdenes públicos. Ya podemos pedir la independencia de Barcelona o de la isla de Barataria a bajo coste. También podremos prevaricar y repartir el dinero -aunque no sea nuestro, ¿ de quién es el dinero público, Carmen Calvo?- a quién nos dé la gana, siempre que se trate de alguien tan progre como nosotros, y lo podremos hacer sin que nos castiguen y ni siquiera nos critiquen. Ya será posible robar directamente al Estado si lo gastamos en financiar a las asociaciones y partidos progresistas. Tan solo habrá que tener cuidado en que no caiga ningún billete en el bolsillo de los autores y que toda la pasta beneficie a los amigos progresistas o al partido titular del progreso. España ha pasado en el índice de democracia de Freedom House a una puntuación de 90 puntos, cuatro menos que en 2018, y entre los motivos alegados para esta reducción se citan los ataques a la independencia judicial, la corrupción, la fragmentación política y -de forma destacada- “el desafío al orden constitucional y a la integridad territorial planteado por el movimiento separatista catalán”. Como ha observado José Ignacio Torreblanca, no figura entre ellos la supuesta falta de homologación europea del delito de sedición. Debilitar el Estado de Derecho, erosionar la separación de poderes y socavar la independencia del poder judicial son objetivos esenciales de los partidos populistas, que parecen haber sido asumidos por el Gobierno de Sánchez. “Las actuales normas sobre defensa de la Constitución pueden no ser suficientes a la hora de prevenir o sancionar asaltos al orden constitucional, sobre todo cuando se alientan desde las instituciones. Su reforma es necesaria, pero para dotarlas de la eficacia que han perdido”. A las loas al Gobierno de estómagos agradecidos, como a las hojas de los árboles en otoño, se las lleva el viento. Madrid, 22 de noviembre de 2022

De la eliminación de la sedición al debilitamiento de la malversación

DE LA ELIMINACIÓN DE LA SEDICIÓN AL DEBILITAMIENTO DE LA MALVERSACIÓN En mi último artículo escribía ingenuamente que sería difícil que el presidente del Gobierno pudiera caer más bajo en el desarbolamiento del Estado frente los ataques contra el orden constitucional, pero con Pedro Sánchez es más que posible, pues aún no hemos tocado fondo y todavía le queda por conceder una amnistía sin tapujos y permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación solo apto para catalanes, como le exigen sus aliados preferentes de ERC. La Generalitat ha valorado como pasos muy importantes la realización de las reformas para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, pero ha advertido que se mantienen intactas sus metas primigenias de la amnistía y la autodeterminación. Es digno de mención el comentario del ”independentista bueno”, Íñigo Urkullu, de que había llegado la hora de reformar el artículo 155 de la Constitución y de reflexionar sobre el modelo de Estado en España. ¿Hay quien dé más? Puede que Bildu proponga la supresión del artículo 2. Como ha observado Teresa Freixes en su artículo en el “El imparcial” sobre “Reformas híbridas y voladura constitucional”, la voladura híbrida del sistema constitucional avanza inexorablemente, sin que percibamos que no se están realizando actos aislados que supongan vulneraciones puntuales, sino que se trata de un ataque en toda regla, solapado pero firme y estrictamente planificado contra el orden constitucional. En este ámbito cabe insertar las llamativas propuestas de supresión del delito de sedición y su sustitución por otro desórdenes públicos agravados, o la modificación del delito de malversación, que se están llevando a cabo por la puerta de atrás. Sí se aprobaran, el Código Penal presentaría una estructura deslavazada para defender la Constitución, porque -al reformarse el título relativo a los delitos contra el orden público- la nueva normativa supondría en la práctica la cuasi impunidad de los responsables de los lamentables sucesos de 2017. ¿No estaremos -se ha preguntado Freixes- en una vulneración sistémica del orden constitucional español y europeo? Supresión del delito de sedición Pese a ser harto evidente su intención de, no ya reducir las penas por el delito de sedición, sino de suprimirlo “tout court”, el Gobierno ha estado engañando a los ciudadanos hasta el último minuto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, enviaba correos a su interlocutor en el PP, Esteban González Pons, en los que le aseguraba que el Gobierno no tenía por el momento intención de modificar la sedición, y el portavoz en el Congreso, Pachi López, afirmaba en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero que no se había llegado todavía a un acuerdo con los republicanos al respecto y no había ningún texto redactado, hasta unas horas antes en que, -junto con Bolaños y sus innumerables asesores- tuvieran que sacarse de la manga un detalladísimo texto articulado “improvisado” de 22 paginas para presentarlo en el Registro del Congreso, en compañía del representante de Podemos. Al margen de su contenido, el texto de la proposición de Ley Orgánica es un auténtico bodrio jurídico. De su larga Exposición de Motivos de 12 páginas, la parte V está dedicada a la reforma de los delitos contra el orden público. En ella se repite hasta 8 veces que el Gobierno se había visto obligado a suprimir el delito de sedición para armonizar la legislación española con la de los países democráticos de su entorno, pero no citaba en su apoyo ni una sola disposición de las leyes de los Estados que nombraba: Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza. Sánchez llegó a declarar a Alsina en una patética entrevista que España adaptaba su normativa a un inexistente Derecho europeo en la materia. Cualquiera que haga un examen del Derecho comparado en Europa podrá comprobar que la legislación vigente para defender el orden constitucional de los Estados contiene normas que contemplan penas similares o superiores a las incluidas en el Código Penal español para la sedición, como expuso fundadamente el Tribunal Supremo en su sentencia de 2019 en el juicio del “procés”. Es cierto que ninguna legislación europea -salvo parcialmente la italiana- califica estas conductas ilegales de sedición, pero lo importante no es la terminología -que varía en cada país de conformidad con su tradición jurídica- sino las conductas que se tipifican como delito. Como ha observado Tservan Rabtan, lo que importa a los españoles no es la denominación de la conducta delictiva, sino el logro de que quienes cometan desde el poder gravísimos atentados contra la estructura institucional y la soberanía nacional paguen por ello, y se lo piensen dos veces antes de iniciar el camino del delito o de repetirlo. El Gobierno afirma que es deber del Estado dotar a su ordenamiento jurídico de tipos penales que permitan dar la respuesta más adecuada para los nuevos retos que se plantean para la pacífica convivencia de la sociedad ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para hacer frente al desafío de unos dirigentes independentistas que incumplen sistemáticamente las leyes y las sentencias de los tribunales, que -además de dominar el Poder ejecutivo y el legislativo- pretenden hacer lo mismo con el judicial, que derogaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía mediante una ley autonómica, que convocaron y celebraron un referéndum ilegal de autodeterminación expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional, y que declararon la independencia de Cataluña? Pues suprimir del Código Penal las disposiciones sobre el delito de sedición, que -pese a su insuficiencias técnicas y a su ambigua redacción- permitieron evitar la consumación de la secesión de Cataluña de España y condenar a la mayor parte de los culpables. ¿Es defendible -se ha preguntado Rabtan en un artículo en “El Mundo” titulado “Sánchez Manostijeras- eliminar el delito de sedición y subsumirlo en un delito de desórdenes públicos con modalidades leves y graves? La actual sedición castiga hechos que no pueden ser considerados como rebelión por faltarles la violencia requerida en el Código para la obtención de alguno de los fines contemplados en este delito, pero que son muy superiores a un atentado contra el orden público. Como observó el TS, los delitos de sedición por los que fueron condenados los dirigentes independentistas no podían identificarse con el simple desbordamiento del orden público, porque suponían no solo un ataque a la paz pública, sino también una inobservancia de las leyes y de las resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional. Según Nicolás Redondo -uno de los pocos socialistas auténticos que ha expresado su oposición a la decisión de Sánchez de abolir la sedición-, los sucesos que se desarrollaron antes y después del 1-O fueron mucho más que una mera crisis de orden público, ya que supusieron un auténtico atentado contra la Constitución, por lo que difícilmente se podían considerar desproporcionadas las penas impuestas. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar hoy que lo que sucedió en Cataluña durante aquellos días -que nos avergüenza a todos los demócratas- fueron unos simples y anecdóticos desórdenes públicos? Fue con claridad meridiana un acto contra la Constitución, con el agravante de malversación de caudales públicos […] y de ser organizado y liderado por cargos públicos que habían jurado defender todo lo contrario?”. ¿Deberían merecer estas conductas un castigo especialmente elevado? Para Rabtan, si el abuso y la alegalidad travestida formalmente como actividad parlamentaria y gubernamental, destinados a socavar la Constitución, las instituciones, la integridad del territorio y la indivisibilidad nacional no merecían un castigo muy elevado, uno no sabía ya qué lo merecía. “Es una trampa pretender que hay que eliminar la sedición porque se trata de una figura de contornos imprecisos, penas excesivas y problemas de encaje con el ejercicio derechos fundamentales”. Lo más grave en esta reforma es lo que falta en ella: a saber, la introducción de otro tipo específico de delitos, como el de atentado a la Constitución, que permita perseguir penalmente la creación de un aparato paralegal destinado a destruir la integridad territorial de España. Según ha expresado Elisa de la Nuez en el artículo sobre “El tramposo debate sobre las edición” publicado en “El Mundo”, sería conveniente pensar en algún delito similar a la rebelión que cubriera los supuestos en los que se pretendiera derogar el orden constitucional, sin violencia y desde las instituciones. No es razonable dejar un hueco que permita que los les responsables de este tipo de situaciones queden impunes y tan solo sean condenados sus autores por las algaradas que hubieran podido organizar. A mi juicio, ni siquiera haría falta tipificar un nuevo delito, sino que bastaría con modificar levemente la redacción del artículo 472 que regula la rebelión, suprimiendo la exigencia de que exista un cierto grado de violencia o de que se produzca un alzamiento -concepto de contenido predominantemente militar- , porque los golpes de Estado postmodernos triunfan sin necesidad de que se recurra al uso de la fuerza o se produzca una sublevación militar, sobre todo si son realizados desde el poder, como en el caso de Cataluña, en el que los rebeldes fueron las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma, que contaban con el monopolio del poder, una poderosa estructura administrativa y financiera, y unas fuerzas de seguridad de 17.000 “mossos d’esquadra”. Asimismo pueden ser llevados a cabo mediante medios no violentos, como los ciberataques, la propaganda y las falsas noticias, el control de las comunicaciones, o las presiones económicas o políticas. La citada disposición menciona los objetivos principales cuya búsqueda debería ser objeto de sanción penal, tales como la derogación o la suspensión de la Constitución, la destitución del Rey o la limitación de sus poderes, el impedimento de la celebración de elecciones, la declaración de la independencia de una parte del Estado, o la privación del ejercicio de las competencias del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas. La parte introductoria del artículo podría ser redactada como sigue: “Son reos de rebelión lo que realicen actos destinados a lograr cualquiera de los fines siguientes”. Desde un punto de vista doctrinal, el ínclito Javier Pérez Royo -uno de los ideólogos de la “gauche-caviar- ha afirmado categóricamente que la sedición debe ser eliminada del Código Penal por tratarse de un delito pre-democrático. Si aceptáramos el disparatado criterio del profesor sevillano, habría que modificar el 90% del Código actualmente vigente. Según Gonzalo Quintero, en ningún caso se puede plantear la reforma del delito de sedición si no va acompañada de un cambio simultáneo de los delitos de desobediencia, desórdenes públicos, resistencia a la autoridad o usurpación de poderes. Como ha señalado de la Nuez, este debate tramposo ignora lo esencial, que es cómo puede un Estado democrático defenderse de las amenazas populistas e iliberales que provienen de su interior, y de las tentativas de derogar el orden constitucional desde las instituciones, porque ahora los Estados se desmontan desde dentro. Hay que huir del Derecho Penal de autor y de las leyes “ad hominem”, destinadas a proteger a determinados delincuentes políticos, a los que solo falta poner los nombres y apellidos Desguace de la malversación Pese al éxito obtenido con la proposición de ley para suprimir el delito de sedición, ERC no se ha sentido plenamente satisfecha ya que, al haber sido algunos de sus dirigentes condenados por malversación, no podrían beneficiarse del todo con la reforma, debido fundamentalmente a las largas penas de inhabilitación impuestas por el TS. De ahí que, sin permitir un minuto de respiro, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, afirmara que era indispensable modificar el delito de malversación y que su Grupo parlamentario presentaría con tal fin una enmienda a la proposición de ley durante su tramitación. Podemos ha apoyado de inmediato la iniciativa y su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha manifestado que la respuesta penal no podía ser la misma en los casos de malversación según hubiera o no lucro personal del malversador. El PSOE no ha dado hasta ahora su apoyo expreso a la propuesta de ERC, pero tanto Sánchez como Bolaños se han mostrado abiertos a considerar la cuestión cuando se presente en las Cortes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sacado extemporáneamente sus galones de juez y afirmado que “la regulación del delito de malversación es muy desigual, porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero en su bolsillo, que aquél que no se lo lleva”. La ex-magistrada del TS se ha inspirado probablemente en la enmienda que en 2015 presentó el PSOE durante el debate sobre la reforma el artículo propuesta por el Gobierno de Rajoy, en la en la que proponía una reducción de las penas cuando no se produjera lucro personal. Lo importante en este caso, sin embargo, no es el elemento subjetivo de si el autor del delito se había lucrado no con él, sino el factor objetivo de que se hubiera producido una defraudación de caudales públicos, con independencia de quien fuera beneficiado. La ausencia de lucro podría ser considerada a lo sumo como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. El vigente Código incluye en su artículo 432 el requerimiento del “ánimo de lucro” , pero en el siguiente artículo se olvida de él y establece que la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses y de suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 3 años. Puestos ya a reformar, convendría suprimir en la disposición la referencia al ánimo de lucro. El delito de malversación se encontraba recogido ya en las Partidas, bajo la denominación de “peculatum”, y contemplaba la apropiación de bienes públicos, fuera en provecho propio o para otros fines. Según la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, los funcionarios gestionaran, protegerán y conservaran adecuadamente los recursos públicos, que no pueden ser utilizados para actividades que no estén permitidas por la normativa en vigor. El informe del grupo GRECO del Consejo de Europa sobre Corrupción ha recomendado a los Gobiernos que persigan la malversación en todas sus formas. El Gobierno de coalición, sin embargo, se muestra propicio a reducir el alcance del delito a la apropiación de caudales en provecho propio. De esta manera -según Quintero- quedaría excluida la responsabilidad penal por el uso indebido de fondos públicos realizada para organizar y ejecutar los sucesos de 2017. En su artículo en “El Confidencial” titulado “El desguace de la malversación”, Quintero ha advertido que, tras la modificación de la malversación, vendrá la supresión de la responsabilidad contable, limitándola a los casos de desvío de fondos al patrimonio del defraudador. También se podría revisar los delitos de prevaricación y reducir las penas de inhabilitación de funcionarios públicos previstas en diversas disposiciones. ¿ Procede la presentación una moción de censura? Tras conocerse la presentación de la proposición de ley, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, instó al PP a que presentara una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez y Santiago Abascal aseguró que Vox la apoyaría. Aunque el PP no se negara en principio a asumir esta iniciativa, con posterioridad ha prevalecido la cautela galaica de su actual líder y la dirección del partido parece haberse decantado por la abstención y recriminado a los proponentes de oportunismo y deseo de ganar espacio, al hacer una propuesta que no servía para nada. Ha mantenido, que hay que hacer las cosas para ganar el poder y no para ganar espacio, y que la moción de censura se presentaría “de facto” con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Las razones en pro de la presentación de la moción han sido expuestas por Arrimadas en un artículo publicado en “El Mundo” sobre “Censurar a Sánchez para frenar su golpe al Código Penal”, que tiene la ventaja de haber sido escrito por alguien que ha escarmentado en cabeza propia, tras su fiasco por no haber presentado su candidatura a la presidencia de la “Generalitat” cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. Resultaba necesaria porque la gravedad de lo decidido por el Gobierno lo merecía, ya que va a cambiar el Código Penal para complacer a los condenados por la justicia; porque ayudaría a elevar el debate sobre la cuestión, ya que le daría mayor dimensión y trascendencia con la denuncia del golpe propinado por el Gobierno a la normativa penal del país; y porque la moción era útil en sí misma, ya que permitiría boicotear los planes del Gobierno, ya que la votación de la moción no podría realizarse antes de 2023, con el consiguiente retraso en la adopción de la nueva ley, que se produciría muy cerca de la fecha en que se celebrarán los comicios autonómicos y municipales. “No se trata de esperar más de un año a ver si el PSOE pierde las elecciones generales y después empezar la tramitación para revertir el cambio, pues entonces el daño estará hecho y en gran medida será irreversible […] Es ahora cuando hay que actuar y hacerlo con la contundencia que la gravedad de la situación merece”. En el mismo periódico publicó Arcadi Espada un artículo en el que lamentaba que Feijóo no hubiera anunciado el mismo día 13 la intención de su partido de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, que le habría venido como anillo al dedo estratégica y técnicamente, ya que le habría permitido superar el inconveniente de que, al no ser diputado, no puede ejercer la oposición en el Congreso, y sus esporádicos enfrentamientos en el Senado los tiene que realizar en una situación de flagrante inferioridad. La presentación de la moción le aseguraría el control de la agenda el debate y del tiempo para realizarlo, en pie de igualdad con Sánchez. Es además el momento oportuno de hacerlo, porque la presentación de una moción de censura necesita un motivo rotundo y el atentado contra el Código Penal lo es. La negativa del líder popular a presentar la moción por el temor a que no prospere, ofrece motivos para que se sospeche de la debilidad del liderazgo de Feijóo. Según José Ignacio Benavides, el jefe de la oposición no puede esperar a que le traigan a la cama el Gobierno de la Nación junto con el café con leche y el periódico. Hay ocasiones en que hay que levantarse temprano y ponerse manos a la obra. Yo también considero que es un error que Feijóo no se arriesgue a presentar la moción de censura al Gobierno en un momento tan crítico. Es obvio que no conseguiría sacarla adelante, pero le daría la oportunidad única de denunciar ante el Congreso y la opinión pública -como hizo en su día Felipe González- los enormes errores y arbitrariedades que está llevando a cabo el Gobierno Frankenstein, con la ayuda de los separatistas y filoetarras que tratan de destruir España, así como de exponer un programa de Gobierno alternativo, serio y riguroso, si es que el PP lo tiene. Como dicen los franceses, “les absents ont toujours tort” –“los que están ausentes siempre se equivocan”-. Conclusiones El Foro de Profesores, del que formo parte, ha emitido -junto a otras Asociaciones en el marco de la Red Consenso y Regeneración- un manifiesto en el que a) censura que el Gobierno reforme delitos incluidos en el Código Penal que son clave para la protección del orden constitucional por razones políticas coyunturales, y legisle “ad personam”, para conceder una suerte de amnistía a quienes lideraron una insurgencia en Cataluña en otoño de 2017, bajo el mantra de buscar una pretendida desjudicialización del conflicto político catalán, lo que resultará aún más evidente si se reformara asimismo el delito de malversación; b) considera que la adecuación del ordenamiento penal debe venir precedida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria, por lo que resultaba inaceptable que la reforma haya sido planteada como una proposición de ley que permite que se eludan los informes pertinentes de los órganos consultivos, y que se tramite por la vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos; c) considera que la reforma supondrá una desprotección de la Constitución como marco democrático de convivencia, y que, en cualquier modificación que se realice del Código Penal, debería contemplar la inclusión de un delito que sancione las conductas más graves de deslealtad constitucional. Las reformas del Código Penal constituyen -en opinión de Eduardo Álvarez -la última deslealtad de Pedro Sánchez a Felipe VI, pues el presidente del Gobierno siempre ha antepuesto su interés personal al interés general de la Nación encarnado en el Rey. Defender este interés es lo que hizo el monarca en su discurso del 3-O, dos días después se produjeran los gravísimos sucesos de Cataluña. Existía hasta ahora el consenso de que semejantes hechos fueron de extraordinaria importancia, pero Sánchez -que en su día subrayó la trascendencia de aquella locura- no duda ahora en reescribir un relato que ha dejado al Rey a los pies de los caballos, porque -si solo se produjeron a la sazón unos simples desórdenes públicos- habría que colegir que su contundencia al hablar como paladín de la Constitución estuvo de más. El independentismo lo convirtió desde entonces en su bestia negra y hoy le podrían decir con sorna: ”¿Ve cómo no era para que se pusiera así?”. Según ha observado Raúl del Pozo, Erasmo criticaba a los teólogos porque retorcían las Escrituras como los curtidores hacen con el cuero. Pese a su agnosticismo, Sánchez imita a los teólogos e incurre en la funesta manía de retorcer la Constitución y las leyes para camuflar sus desmanes. Concuerdo con la afirmación de Quintero de que “la reforma de la malversación supondrá un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y, ante eso, solo cabe -y no es mucho-esperar que no tenga vida política bastante para consumar su plan de la destrucción del derecho”. Lamento concluir con una premonitoria y pesimista cita de Cicerón en “Contra Verres, que parece estar dedicada a Hispania, aunque resulte aplicable unos siglos más tarde: “Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados y se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación”. Madrid, 19 de noviembre de 2022

Homenaje a Gorvachov, el politico ruso más alabado en Occidente y menos apreciado en su país

HOMENAJE A GORVACHOV, EL POLÍTICO RUSO MÁS ALABADO EN OCCIDENTE Y MENOS APRECIADO EN SU PAÍS El pasado 30 de agosto falleció en Moscú Mijail Sergueivich Gorbachov, último presidente de la URSS, uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XX. Ha sido, sin embargo, un personaje controvertido que ha sido ensalzado en todo el mundo libre y criticado ferozmente en Rusia, donde lo más radicales –incluido Vladimir Putin- lo consideran un traidor a la patria rusa por ser el responsable de la disolución de la Unión Soviética. Como ha observado el embajador José Cuenca en su libro “De Suárez a Gorbachov”, éste producía entusiasmo fuera de Rusia y repudio en su interior. La historiadora Kristina Spohr lo ha descrito en su libro “Después del Muro”-como una figura fundamental que dio comienzo a una nueva era. Cambió el rumbo de la Historia al reformar la URSS y acercarla a Europa, puso en marcha un proceso de modernización del país y adoptó una actitud pacífica con Estados Unidos para que las dos grandes potencias cooperaran de manera pacífica. Gestionó de forma pacífica la transformación y la disolución de la URSS, la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana y “fue clave en conducir al mundo del período de la guerra fría al de la era post-guerra fría”. Aunque estrechamente interconectadas, la política interior y exterior de Gorbachov produjo resultados bien dispares. El líder ruso no fue un converso súbito a la democracia liberal al estilo de San Pablo, pues era –y siguió siendo- un marxista-leninista, que lo que pretendió fue acabar con los abusos criminales de Iosif Stalin y convertir al Partido Comunista a un “socialismo de rostro humano”. Era misión imposible, porque el anquilosado PCUS era irrecuperable, salvo que se modificaran substancialmente las estructuras políticas, económicas y sociales del país, y a Gorbachov le faltó tiempo para realizar una labor digna de Hércules. Según Juan Pablo Fusi, el de Gorbachov fue un caso paradigmático de un hombre que hacía Historia pero no la controlaba. Era consciente de que la URSS no podía continuar como un sistema cerrado sin libertades ni representación política, e intentó una reforma prudente que no liquidase a la Unión Soviética, sino que la reafirmara, aunque haciéndola compatible con el orden internacional. Careció de la cooperación necesaria dentro del PCUS y se vio desbordado por el proceso que había desencadenado, que llevó a una disolución de la Unión, que no estaba en sus convicciones, ni entraba en su proyecto político. Para José Manuel Núñez Seixas, la única manera de que la URSS sobreviviera era corrigiendo sus múltiples disfunciones. La estatalizada economía producía numerosos cuellos de botella que no permitían el desarrollo económico ni el desarrollo social. La guerra en Afganistán y el régimen represivo existente incidieron en el descontento creciente de la población. Gorbachov pensó que podría regenerar el sistema desde arriba, intentando salvar ideales primigenios como la emancipación social y la igualdad, con un régimen menos represivo y un funcionamiento mixto de la economía con incentivos individuales, especialmente en la agricultura. La nueva política generó unas tensiones que el líder no fue capaz de encauzar, su proyecto quedó dinamitado y llevó, en último término, a la disolución de la URSS. Según William Taubman en su obra “Gorbachov, vida y época”, “la Unión Soviética se vino abajo cuando Gorbachov debilitó el Estado en un intento por fortalecer el individuo”. Política interior de Gorbachov Nacido en 1931en la región de Stávropol de modesto origen, Gorbachov se afilió a los 14 años en las juventudes comunistas y, unos años más tarde, ingresó en el PCUS. En 1955 se licenció en Derecho en la Universidad estatal de Moscú y, dos años antes, contrajo matrimonio con la estudiante de Filosofía, Raísa Titarenko, que fue su más leal asesora. A partir de su licenciatura y hasta 1962 desempeñó diversos cargos en el Partido y en el Gobierno de la región de Stavropol, donde adoptó una actitud de apertura en materia de libertad de expresión y de culto, que más tarde extendería a todo el país cuando accedió al poder. Protegido por Fyodor Kulakov y Yuri Andropov, accedió en 1971 al Comité Central del PCUS y en 1980 al Politburó. Fue la mano derecha de Andropov en su período de presidente de la URSS, y ya entonces adoptó medidas de apertura económica. En 1985 fue nombrado secretario general del PCUS y en 1990 presidente de la Unión. Gorbachov era un marxista leninista con voluntad aperturista, que consideraba Stalin como el principal responsable de la desastrosa situación política y económica por la que atravesaba la nación, por su política de terror y de estatalización de la economía. De ahí que intensificará la política de ”desestalinización” -que había sido iniciada por Kruschev- y de lucha contra la excesiva estatalización de la economía, la burocratización y la corrupción. Su política estuvo simbolizada en dos palabras mágicas: “perestroika” -reestructuración económica- y “glasnost” -transparencia-. Lanzó la primera en 1986 y, con ella, se inició un cambio profundo en las estructuras sociales y económicas de la URSS hacia una economía de mercado, que fue complementada en 1988 con la Ley de Cooperativas, que abrió pasó a la propiedad privada en las empresas de servicios, la industria manufacturera y ciertos sectores de la agricultura y del comercio exterior. Ese mismo año proclamó la “glasnost”, que abría el camino a la libertad de expresión, de prensa y de culto. Se encontró de entrada con dos graves problemas: Las trágicas consecuencias del accidente nuclear en la central de Chernobyl y la guerra de Afganistán, en la que se encontraba empantanado el desmoralizado Ejército soviético. El obscurantismo del aparato del PCUS le impidió al principio informar de lo ocurrido, pero -dos semanas más tarde-facilitó información, aunque solo fuera de manera parcial. Resolvió el segundo problema ordenando la retirada de las tropas de Afganistán y procuró que el Ejército lamiera sus heridas y se recuperara de la catastrófica aventura. En el ámbito político, Gorbachov inició su mandato liberando al científico Andrei Sajarov y a otros 600 presos de conciencia. Acabó con el monopolio del PCUS mediante una reforma constitucional que abría el camino al multipartidismo, promovió elecciones libres, estableció una República presidencialista, y puso fin a la era de terror y de opresión impuesta por sus antecesores. No pretendía acabar con el sistema comunista sino reformarlo, pero las importantes transformaciones que introdujo desarticularon la estructura socio-política del país, sin llegar a sustituirlas por un sistema plenamente democrático, lo que produjo contradicciones e ineficiencias. Estas reformas eran necesarias para homologar el régimen soviético con el europeo, pero no surtieron efecto a corto plazo y produjeron considerable malestar y descontento en la población. Gorbachov se encontró en medio del fuego cruzado entre los comunistas más recalcitrantes -que se oponían a cualquier cambio- y los conversos demócratas -que encontraban que las transformaciones requeridas se realizaban a un ritmo demasiado lento-, y procuro mantener una posición equidistante que no convencía a tirios ni a troyanos. El principal problema que tuvo que enfrentar fue la estructuración de la URSS. Las libertades concedidas y la renuncia a la imposición por el terror hicieron que resurgiera el sentimiento nacionalista. Aunque Gorbachov se negara al principio a acceder a las demandas de mayor autonomía e incluso de independencia, acabó por comprender que no podía mantener a los países bálticos dentro de la Unión y accedió de mala gana su independencia, que estaba justificada políticamente porque eran Estados anteriormente independientes que fueron invadidos por la URSS durante la II Guerra Mundial, y jurídicamente por qué -conforme lo establecido en los artículos 72 de la Constitución- “cada una de las Repúblicas mantendrá el derecho a separarse libremente de la URSS”. Así, Estonia, Lituania y Letonia recuperaron su independencia en 1991. Gorbachov trató de mantener el resto de la URSS, aunque concediendo mayor autonomía a la Repúblicas y, a tales efectos, elaboró un Tratado de la Unión, precedido de un referéndum celebrado el 17 de marzo, en el que el 76% del pueblo votó a favor de que se preservara la Unión como una federación renovada de repúblicas soberanas e iguales en la que se respetarán los derechos y las libertades de los pueblos de todas las nacionalidades. El tratado debería haberse firmado el 20 de agosto, pero un día antes se produjo un intento de golpe de Estado por parte de los elementos más radicales del PCUS y la KGB, que -aunque no tuvo éxito- dejó a Gorbachov en una situación muy precaria y fortaleció la posición de Boris Yeltsin, que había abandonado el Partido y había sido elegido presidente de la Federación de Rusia. Ésta y Bielorrusia se negaron a firmar el Tratado y el presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, ni siquiera asistió a la reunión. A espaldas de Gorbachov, los presidentes Yeltsin, Kravchuk y Shushkevich firmaron el 8 de diciembre el Acuerdo de Belovesh, que derogó la Constitución de 1977 en los territorios de la URSS y declaró su desaparición como sujeto de Derecho Internacional. Se decidió asimismo crear una Comunidad de Estados Independientes (CEI), que fue adoptada unos días más tarde por todas la Repúblicas menos los Estados bálticos y Georgia, mediante el Protocolo de Alma-Ata. El 25 de diciembre, Gorbachov dirigió una breve alocución televisada a la nación en la que presentó su dimisión como presidente de la extinta Unión Soviética. Con gran dignidad afirmó que, dada la situación creada con la formación de la CEI, cesaba en sus actividades como presidente de la Unión, decisión que tomaba por razones de principio, dado que se había impuesto la desmembración del país y la desunión del Estado, lo que no podía aceptar. “Hoy estoy de acuerdo con la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la guerra fría, se ha detenido la carrera armamentista y la militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo, que nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto”. Dejó constancia de que la sociedad rusa había conseguido su objetivo más preciado -la libertad-, el sistema totalitario había sido liquidado, y las transformaciones democráticas eran irreversibles y los derechos humanos respetados. No es justo responsabilizar en exclusiva a Gorbachov de la desintegración de la URSS, aunque tuvo su cuota de culpa. Como dijo a George Bush, él no había accedido al poder para pilotar el desmembramiento de la URSS, sino para reformarla y democratizarla. Los principales responsables fueron Kravchuk, Shushkevich y -sobre todo- Yeltsin, que antepuso sus ansias de poder al interés de la Unión, y promovió su desintegración para sustituir a Gorbachov al frente de la Federación de Rusia, pensando que -a través del control de la CEI- lograría reconstituir una URSS a su medida, pero -tras su independencia- los miembros del Comunidad se negaron a plegarse a los deseos de Yeltsin. A su muerte, la periodista Pilar Bonet tituló su obituario en ”El País” como sigue: “Muere Boris Yeltsin, el destructor del último imperio”. Política exterior Donde Gorbachov tuvo una actuación más destacada ha sido en el ámbito de la política exterior, pues sacó a la URSS de su aislamiento, la acercó al mundo occidental, abolió la Doctrina Brezhnev de la soberanía limitada y renunció a imponer sus dictados por la fuerza a las Repúblicas que formaban parte de la Unión y a los Estados comunistas asociados en el Pacto de Varsovia. Ya desde su llegada al poder, Gorbachov advirtió a sus colegas comunistas que no contaran con el Ejército rojo para dominar las eventuales revueltas y protestas en sus territorios, como había ocurrido con Hungría en 1956 y con Checoslovaquia en 1968. Gorbachov -ateo declarado- se entrevistó con el papá Juan Pablo II e instó al general Jaruzelski a que negociara con Lech Walesa y el sindicato “Solidaridad”. El caso más relevante fue el de la República Democrática Alemana, ya que se negó a apoyar la política represiva de Eric Honecker y éste tuvo que dimitir, abriendo paso a la remoción del muro de Berlín y a la reunificación de las dos Alemanias en 1989. Ello supuso una grieta abierta en la infraestructura militar de los países socialistas, llevó a la disolución del Pacto de Varsovia e influyó en la desintegración de la URSS. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier alabó públicamente la actuación de Gorbachov, cuando le dijo: “nunca olvidaremos que el milagro de la reunificación pacífica de mi país y el fin de la división de Europa no habrían sido posibles sin las decisiones valientes humanas que tomó usted personalmente“: No sé si Alemania lo olvidó, pero Estados Unidos si pareció hacerlo cuando -a pesar de las promesas hechas a Gorbachov- impulsó el área de actuación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, admitió en la Alianza a antiguos Estados miembros del Pacto de Varsovia y a los países bálticos, e invitó a Georgia y a Ucrania a incorporarse a la Organización, lo que provocó el deterioro de las relaciones entre Rusia y la OTAN. No hubo ningún compromiso por escrito y, cuando un periodista interrogó a Putin al respecto, éste contestó que se lo preguntaran a Gorbachov, si bien comentó que, “como dice un refrán de nuestra gente; engañaron al tonto con cuatro puños. Todo tiene que quedar por escrito en el papel”. Según Felipe Sahagún, entre 1985 y 1991, la política exterior de Gorbachov condujo al fin del sistema bipolar e hizo posible la unificación alemana y la democratización de la Europa central y oriental, y permitió eliminar los euromisiles instalados en tierra y reducir los arsenales convencionales. La URSS se vio superada tecnológica y financieramente por el iniciativa de Donald Reagan denominada “Guerra de las galaxias” y -fuera por convicción o por hacer de la necesidad virtud- Gorbachov se convirtió en un adalid del desarme y concertó con Estados Unidos acuerdos internacionales como los Tratados sobre fuerzas nucleares de tamaño intermedio o de reducción de armas estratégicas (START). Por estos motivos, Gorbachov recibió en 1990 el premio Nobel de la Paz, con cuyos fondos cofundó el periódico liberal “Novaya Gazeta”, que ha dejado de publicarse por presión de la censura de Putin. Su director -el también premio Nobel, Dimitri Muratov- ha afirmado que Gorbachov dio a Rusia 30 años de paz. Despreciaba la guerra y la “realpolitik”, y detuvo la carrera armamentística nuclear. Como le confesó, se había negado a pulsar el botón de ataque nuclear, incluso en los ensayos. Para Pilar Bonet, la actuación de la Rusia de Putin en los últimos meses han destruido la obra de la vida de Gorbachov, pero no su mensaje dirigido al género humano, y -según Andrei Kolesnikov- Gorbachov murió de manera simbólica cuando Putin destruyó el trabajo de su vida: la libertad. En efecto, Putin estima que la disolución de la URSS ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XXI y menosprecia a su predecesor, al qué consideraba un menguado y un traidor. De ahí que le haya negado la celebración de un funeral de Estado y no haya asistido a su entierro. Lo triste es que esta opinión sea compartida por buena parte del pueblo ruso. Prueba de ello es que, cuando en 1996 se presentó a las elecciones presidenciales, apenas logró el 2% de los votos. Gorbachov era un gran amigo y admirador de España, a la que visitó en diversas ocasiones, oficial y privadamente. En 1989 recibió el premio Príncipe de Asturias a la Cooperación. Al incorporarme a mi puesto en Moscú, me encontré en la embajada con el título acreditativo de este nombramiento y decidí entregárselo. Consulte con el viceministro de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, sobre si le parecía oportuno que ofreciera una recepción para entregarle el título y éste me sugirió que hiciera la entrega en un acto privado. Me puse en contacto con Gorbachov, lo invité a una comida en mi residencia para entregarle el título y le pedí que me facilitará una lista de invitados. Puestos de acuerdo sobre la fecha, mi mujer informó a la cocinera de qué habíamos invitado a Gorbachov, a su esposa Raisa y a unos amigos, y queríamos ofrecerles una paella. La cocinera comunicó al día siguiente a mi esposa que dejaba el servicio en la embajada. Menos mal que entre los policías destinados en la misión había un valenciano que se ofreció a cocinar la paella. Tras establecer una cordial relación, solía visitar a Gorbachov de vez en cuando en su Fundación y manteníamos interesantes discusiones sobre la situación en Rusia y en el mundo, y sobre las relaciones hispano rusas. En 1999 falleció Raisa y Gorbachov quedó sumamente afectado pues estaba mi unido a su compañera. Me llamó un día para que fuera a verle y me dijo que estaba desconsolado y le gustaría ir a España para recuperarse. Entré en contacto con el Ministerio y con la Comunidad Balear, y ésta tuvo la gentileza de invitarlo -junto con su hija Irina- a pasar una temporada en las islas. Al término de ese año, sufrí un infarto y tuve que regresar a Madrid, y no volví a tener contacto con Gorbachov. Según el embajador Cuenca, Gorbachov intentó salir del círculo infernal que había supuesto el tránsito de una dictadura dirigida por un zar autocrático a la dictadura del PCUS, e intentar transformar el caduco y esclerótico universo estalinista en un mundo de libertad. Quiso hacerlo desde dentro del PCUS y ahí se equivocó, porque, desde dentro del Partido, podía destruirlo pero no reformarlo, porque, entre el hermético mundo comunista del que provenía y el abierto y humano modelo al que aspiraba, no había compromiso posible. Como el aprendiz de brujo, Gorbachov se vio arrastrado por su ola transformadora que inundó la acartonada sociedad soviética, y fue incapaz de controlarla. Coincido con la afirmación del novelista Viktor Yerofeyev de que Gorbachov ”condujo a Rusia a su destino histórico: Ha ingresado en el Panteón de la Historia rusa y, poco a poco, llegará a ser considerado como una gran figura: Pero no será pronto. El ruso es un pueblo desagradecido”. Por ello, quiero rendir un modesto homenaje personal a su memoria. A pesar de su ideología -que no comparto- y a los errores que cometió -¿Qué político no los ha cometido?-, fue una persona íntegra y admirable, que llevó a cabo una labor encomiable para la paz y la seguridad internacional. Confío en que sirva de inspiración a la clase política española, que es manifiestamente mejorable. Madrid, 3 de septiembre de 2022

Más bajo difícilmente podrá caer el presidente del Gobierno de España

MÁS BAJO DIFÍCILMENTE PODRÁ CAER EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Según la tradición germánica en las orillas del Rhin, el día 11 del 11 a las 11 se despierta el espíritu del Carnaval. Por mor de la globalización, este espíritu carnavalesco se ha trasladado a España, pero no con su espíritu festivo, sino con un carácter grotesco y siniestro. El 11 de noviembre, el representante del PSOE, Francisco a) Pachi López, y el de Podemos, Jaume Asens, han presentado en amor y compaña en el Registro del Congreso una propuesta de Ley Orgánica destinada a reformar el Código Penal, con el fin de suprimir el delito de sedición. Ha constituido la última genialidad de Pedro Sánchez, el político de las mil caras, de una versatilidad tal que puede pasar del cero al infinito en cuestión de segundos. Como mostró anoche Vicente Vallés en el telediario de Antena 3, su capacidad de transformismo y de cambio de opinión deja a Houdini en mantillas. En 2018, cuando era líder de la oposición, afirmó en TV que los responsables del referéndum ilegal del 1-O habían incurrido en un delito de rebelión y que él traería desde Bélgica al fugado Carles Puigdemont para que fuera juzgado en España. Un año más tarde, prometió aumentar la cuantía de las penas a los delitos de rebelión y de sedición, y a tipificar como delito la convocatoria ilegal de un referéndum, y se comprometió a no indultar a los culpables. En cuanto accedió al poder gracias a los votos de los independentistas de toda laya, sus firmes convicciones comenzaron a desvanecerse ante la necesidad de contar con sus votos para seguir en La Moncloa. Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días. En la reunión de la “mesa negociadora” entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat celebrada en Madrid, Sánchez se comprometió “personalmente” a rebajar las penas previstas en el Código Penal por el delito de sedición. Semejante promesa se ocultó a la opinión pública y Sánchez la mantuvo en barbecho hasta mejor ocasión. La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó en el Senado que el tema estaba siendo cuidadosamente estudiado por ser una cuestión que requería cierto grado de consenso entre las fuerzas políticas y que aún no existía un acuerdo al respecto. Mientras estaba negociando con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba su interlocutor, Esteban González Pons, que el rumor sobre la inminencia de una modificación del delito de sedición era mero “ruido mediático”, al mismo tiempo que negociaba con su contraparte en el Govern la reducción a la mitad de las penas previstas para el citado delito. Cuando el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, conoció por boca de Sánchez su intención de cumplir con su promesa en el curso de la legislatura, decidió suspender las negociaciones. Indignado por este contratiempo cuando ya creía tener en mano la renovación del CGPJ y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional -lo que le permitiría controlar ambos órganos-, Sánchez pasó a la ofensiva y -ante la presión de su aliado republicano- pensó que “para poca salud, ninguna”, de modo que decidió, no ya reducir a la mitad las penas del delito, sino suprimirlo por completo, porque, “muerto el perro, se acabó la rabia”. Movido por su compulsión a la mentira, declaró que, aunque seguían las conversaciones con ERC, aún no se había acordado nada, pero, en la tarde del día 10, ofreció a la Sexta la primicia de la reforma del Código Penal. Horas más tarde apareció por arte de birlibirloque un texto articulado que fue presentado en el Registro del Congreso. Asens manifestó que la propuesta derogaba las disposiciones del Código sobre la sedición, mientras que ese genio de la Política y de la Filología que es López afirmó, con el mayor de los cinismos y negando la evidencia, que de ninguna manera se iba a derogar el delito, sino que se iba a “europeizar” (¿?). Llevaba razón el podemita porque uno de los artículos de la propuesta establecía la supresión del Capítulo primero del Título XXII del Código, que contiene las disposiciones sobre la sedición. No he tenido ocasión de ver aún la propuesta en su integridad, pero según la prensa, se ha propuesto la supresión del delito de sedición y su sustitución por la nueva figura del “desórdenes públicos agravados”, con penas de 6 meses a 3 años para quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, realicen una serie de actos de violencia o intimidación contra las personas o las cosas. Si los hechos fueran cometidos por una multitud cuyo número, organización y propósito fueran idóneos para afectar gravemente al orden público, la pena de cárcel se elevaría a entre 3 y 5 años, y si sus promotores fueran autoridades, el castigo se complementaría con una pena de inhabilitación absoluta de 6 a 8 años. No se contempla en la disposición el supuesto de atentado contra el orden constitucional. Pese a tratarse de un compromiso del presidente del Gobierno, no ha sido éste el que ha hecho la propuesta sino los partidos PSOE y Podemos, con lo que se ha cometido un fraude procesal y un desaire político, ya que mediante este truco utilizado habitualmente por el Gobierno se excluyen los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal, para ahorrarse tener que recibir unos dictámenes que pondrían en evidencia la pobreza jurídica, cuando no la inconstitucionalidad, de los textos propuestos. “Europeización” de la sedición Puestos a contar mentiras “tra-la-lá”, el Gobierno ha afirmado, sin sonrojarse, que se ha visto obligado a alinear su regulación de la sedición con la normativa vigente en los países de nuestro entorno democrático, en contra de la realidad fáctica y de la opinión expresada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el 1-O, en la que negó que las penas previstas para delitos similares en Europa -al margen de su denominación- fueran inferiores a las establecidas en el Código Penal español. Consideró erróneo situar los sucesos del 1-O en el marco de los delitos de orden público, pues fueron mucho más. “Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara -por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público”. Afirmó taxativamente que “el delito de sedición no es, desde luego, la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación”, sino “un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”. Lo que estaba en juego no era la preservación del orden público, sino la solidaridad con los pilares sobre los que se asentaba la convivencia democrática, y el alcance del delito de sedición iba más allá del orden público, ya que protegía la paz social, la ley y las resoluciones judiciales. Sánchez, sin embargo, es no solo un doctor en Economía -aunque ni siquiera haya llegado a leer su propia tesis-, sino también un doctor ” honoris causa” en Derecho, que se permite rebatir las paupérrimas opiniones de unos magistrados chochos y fachas. Ha pontificado “ex-catedra” que las penas sobre sedición del Código Penal español no tenían parangón por su dureza con las impuestas en los Códigos de otros países democráticos, enmendándole la plana al TS. En efecto, en Alemania y en Francia se aplican penas de especial gravedad entre 10 años y cadena perpetua; en Italia se sanciona con 12 años de prisión los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país; en Portugal se aplican penas de 10 a 20 años para quienes intenten separar una parte del territorio nacional, aunque sea sin violencia. Afirmó el presidente que la sedición era un delito centenario que había que actualizar, y en su ayuda acudieron los ” tontos útiles” progresistas, como Edmundo Rodríguez Achútegui, miembro de Jueces para la Democracia, que ha insistido en la necesidad de actualizar una normativa del siglo XIX que estaba anticuada. Según él, el régimen franquista había mantenido unas previsiones decimonónicas que no se acomodaban a los estándares que exigían los convenios internacionales suscritos por España a partir de la Transición y que -a diferencia de otros países europeos -el Gobierno español no había actualizado. Prueba de ello eran las dificultades con las que se había topado el TS para que los tribunales alemanes y belgas aceptaran la entrega de Puigdemont para su debido enjuiciamiento. Parece mentira que un juez en ejercicio ignore que la regulación actual de la sedición data de la reforma del Código Penal realizada en 1995 por un Gobierno socialista, fecha bastante distante del fin de la Transición, por mucho que Bildu estire ese límite. Cabe recordar a Achútegui que a) la negativa a entregar al ex-presidente de la Generalitat la adoptó -de forma errónea, en mi opinión- el tribunal del pequeño ”land” de Schleswig-Holstein, similar a la Audiencia Provincial de La Rioja, que sí aceptó entregar a Puigdemont por el delito de malversación; b) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bélgica por su negativa a conceder la extradición de la etarra Natividad Jáuregui; y c) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene “sub iudice” la petición del TS de que se condene a Bélgica por su negativa a entregar a los prófugos españoles huidos a ese país y que el Abogado general del Tribunal, Jean-Richard de la Tour, ha condenado en su dictamen el comportamiento de los tribunales belgas. Según Joaquím Coll, en octubre de 2017 se produjo en Cataluña un golpe de Estado en toda regla contra el orden constitucional de España, pero el TS no pudo condenar a sus autores por rebelión por no haberse producido la suficiente violencia requerida en el Código Penal. Solo fueron condenados por sedición, que se aplicaba a quienes se alzaran pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes (artículo 544). El Gobierno pretende suprimir el delito de sedición y sustituirlo por el evanescente nuevo delito desórdenes públicos agravados. Hay que modernizar efectivamente el Código, pero no para derogar el delito de sedición, sino para actualizarlo y aumentar las sanciones previstas. Conviene suprimir el condicionamiento de la violencia porque -como ha observado Coll- en los tiempos post modernos y digitales que vivimos, algunos golpes de Estado no se dan a punta de pistola, chino con otros medios no violentos pero más efectivos -ciberataques, “hackeos”, difusión de noticias falsas o presiones económicas-. Como ha señalado Teresa Freixes, en la gran mayoría de los países democráticos, la conducta subyacente al delito de sedición y el bien jurídico protegido para justificar la penalización de la misma, se sitúan en la quiebra del orden público, con la finalidad de incumplir la ley, resistirse a las decisiones judiciales o provocar un estallido social, por lo que no se trata de la simple alteración del orden público como una algarada callejera, tal como se hace en la propuesta, que pretende reducir el delito a las alteraciones del orden público sin una motivación política. Lo importante no es tanto cómo se produce el delito -uso de violencia o carácter tumultuario-, sino qué es lo que se pretende con él, que es la subversión del orden constitucional. Este supuesto quedaría excluido de la nueva normativa y el Gobierno se encontraría inerme frente a un intento de este tipo como el que se produjo el 1-O. Como ha señalado Sociedad Civil Catalana, la reforma es extremadamente grave porque erosiona la fortaleza y la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo, y cuando éste plantee un nuevo desafío -lo que hará en cuanto se le presente una oportunidad propicia- encontraría a un Estado más debilitado, que carecería de las necesarias herramientas para defender la integridad territorial de la Nación. Según ha firmado Juan Antonio de Castro en un artículo titulado significativamente “Señor presidente del Gobierno, eres un traidor”, a partir de ahora el golpismo -ni en forma de rebelión, ni de sedición- no será realmente delito porque, equiparándolo a desórdenes públicos agravados, no podrá nunca ser sancionado con más de cinco años de cárcel y -como la pena quedará seguramente reducida a dos años- nadie irá a prisión por romper España, su integridad o su Constitución. La ministra Llop ha acudido presurosa a ayudar a su jefe y afirmado que nadie puede acusar a Sánchez de traidor, porque es el presidente legítimo del Gobierno de España. No se le acusa por eso, sino porque, con su propuesta de supresión del delito de sedición, va a dejar al Estado indefenso ante los ataques de los independentistas al orden constitucional y a la unidad de España. Como juez, debería saber distinguir entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. No se cuestiona la legitimidad de Sánchez como presidente del Gobierno, sino su proceder en el ejercicio de sus competencias, que pone en grave riesgo los fundamentos del Estado. Asimismo ha afirmado que el PP no tenía legitimidad para criticar al Gobierno por su propuesta de derogar el delito de sedición, porque había obstruido la renovación del CGPJ y provocado la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Ante eso, cabría preguntarle, recurriendo a la vulgar expresión popular, que qué tenía que ver el culo con las témporas. Aparte de que Llop haya eximido al Gobierno de cualquier responsabilidad en la dimisión de Lesmes, el PP -como cualquier otro partido- no solo tiene el derecho de criticar al Gobierno, sino, en este caso, el deber de hacerlo por la nefasta decisión que ha adoptado, que puede afectar a la seguridad, a la integridad y a la independencia del Estado. Reacciones a la decisión del Gobierno Sánchez ha sacado pecho ante su decisión y afirmado que se trataba de una iniciativa para distender la situación en Cataluña, y alardeado de que la situación actual en esa región es mucho mejor que en 2017, ya que se ha bajado considerablemente el “souflé” del independentismo. Efectivamente -como ha reconocido Freixes- ya no se quema Barcelona, se asaltan los edificios gubernamentales, o se cortan las vías de comunicación, pero es porque ya no resulta necesario hacerlo, dado que el independentismo se ha asegurado, con la connivencia del Gobierno central, su total dominio sobre el conjunto de la ciudadanía, pactando medidas y concesiones, no en el marco del debate institucional, sino a través de medios alegales que no están regulados. El Estado de Derecho brilla por su ausencia, no se respetan las decisiones judiciales, y los procesos reglados de toma de decisiones son abandonados cuando conviene. El problema se agrava cuando el que tendría que aplicar la institucionalidad y garantizar el Estado de Derecho mira hacia otro lado y admite -directa o solapadamente- lo que el secesionismo pretende. La destipificación de los atentados independentistas contra el orden constitucional -añado yo- empeorará aún mas la lamentable situación actual de insumisión permanente consentida por el Gobierno. El mayor grado de desfachatez lo ha protagonizado el sin par López, al mostrarse convencido de que los votantes socialistas comprenderían la intención última de Sánchez, que -más allá de buscar la europeización de la obsoleta legislación española- lo que pretendía era garantizar por encima de todo la unidad de España. Ya nos explicará el lenguaraz portavoz cómo se logra ésta si se concede la impunidad presente y futura a quienes quieren romperla. En el ámbito del PSOE se ha producido un ominoso silencio, solo turbado por las moderadas críticas de los barones de Castilla/La Mancha y de Aragón, preocupados por las incidencias negativas en las próximas elecciones autonómicas. Emiliano García Page ha dicho que no comparte la reforma del delito de sedición, pues no es correcto dejar las soluciones a quienes tienen como propósito romper la convivencia. Javier Lambán también se ha manifestado en contra de la reforma y ha sido algo más explícito al afirmar que, además de la legislación vigente, debería haber otras herramientas para armar al Estado de Derecho frente a los intentos de alteración de la Constitución, “qué fue lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017”. Se trata de meras expresiones declarativas que revelan una mala conciencia, pero que no implican un compromiso de intentar revertir la situación desde dentro del partido. El PSOE no es solo Pedro Sánchez y el que calla otorga. Según Nùñez Feijóo, él nunca habría tomado una decisión semejante y pensaba revertir la reforma cuanto antes si accedía. al Gobierno, porque “ni el independentismo ni Sánchez pueden abaratar los ataques a la Constitución”. Nunca entregaría la gobernabilidad de la nación a quienes quisieran romperla. Feijóo ha hecho un llamamiento a los dirigentes socialistas para que traten de revertir la situación, pues deberán escoger si están con los sediciosos y los fugados o con la legalidad. Inés Arrimadas ha instado al PP a que presente una moción de censura, lo que me parece una sugerencia acertada, pues -aunque esté abocada al fracaso- permitiría poner en evidencia en sede parlamentaria las carencias del Gobierno de coalición y obligaría a todos los partidos a manifestar su posición. En Génova no descartan esta posibilidad, pero prefieren no hacerlo en un futuro inmediato. ¿Para cuándo entonces? Hay que martillear el hierro cuando esté caliente y ahora está que arde. La reforma ha sido un fabuloso regalo pre-navideño para ERC, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha ganado unos centímetros en envergadura de pura satisfacción, al señalar que la derogación del delito de sedición suponía un paso importantísimo para poner fin a la represión del movimiento independentista, profundizar en el proceso de desjudicialización, y restaurar el conflicto con el Estado a la política, pero -antes de digerir tan suculento bocado-, ya está exigiendo nuevas concesiones, porque echar carnaza a las fieras no hace más que aumentar su apetito. Que no se haga ilusiones Sánchez porque va a tener muy poco tiempo de respiro, pues “le petit caporal” ya ha anunciado que, tras esta reforma, deberían seguir nuevos acuerdos que hagan posible la concesión de una amnistía y el ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum de autodeterminación para conseguir la independencia.” Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar fruto, más cerca estaremos de hacer posible la amnistía y volver a votar en un referéndum”. JxC se ha tragado el sapo del triunfo de su hermano separado, al que trata sin éxito de quitarle importancia. Para Puigdemont, aunque algunos celebren y vendan la supresión del delito de sedición, no se ha producido tal, ya que solo se le ha cambiado el nombre. El secretario general, Jordi Turull, ha calificado la reforma cómo “un traje a la medida para extraditar a los exiliados y poder castigarlos”. Donde se ha producido el impacto más negativo ha sido en los sectores judiciales, que han dado muestras de incredulidad, indignación y preocupación por la increíble decisión del Gobierno de Sánchez. Con la reforma -se comenta en estos medios- se han desarticulado todos los elementos de la sentencia del TS: “Es una amnistía ad hoc encubierta”. Se considera demencial porque los hechos dados como probados en la sentencia dejarán de ser considerados como delitos, con lo que dejaría a la Justicia española a los pies de los caballos. El Gobierno ha desautorizado una vez más a los jueces y dado bazas al TJUE y a los tribunales de Bélgica para que rechacen la entrega de los prófugos, y al TEDH para que condene a España por el trato dado a los sediciosos, ya que el propio Gobierno español ha reconocido la falta de proporcionalidad y el excesivo rigor de las sentencia del TS. En el ámbito de la sociedad civil, Impulso Ciudadano ha afirmado en un comunicado que la reforma equivalía a la exculpación de quienes trataron de derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y fueron responsables de la más grave crisis constitucional de la democracia española. El texto no implicaba una rebaja de las penas por sedición, sino la derogación de las disposiciones que se aplicaron a los responsables de los hechos del 1-O. Los ataques a la Constitución en Cataluña quedarán sin castigo. La Asociación ha denunciado el sometimiento del Gobierno español a los planes de los nacionalistas, a los que no deja de hacer concesiones, mientras ellos siguen amenazando con la ruptura de la legalidad y manteniendo una actitud de deslealtad y de vulneración de los derechos. Para el grupo Pompaelo, en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley y no se pueden hacer leyes a la medida de las personas. Con su reforma, el Gobierno no solo permite a sus amigos que incumplan la ley, sino que modifican ésta para legalizar sus hechos delictivos cometidos o por cometer. Ha dejado claro que las normas son para algunos, pero no para ellos, por lo que no somos todos iguales, y que mientras el Gobierno necesite esos votos, unos serán más iguales que otros. Considera inaceptable que el Gobierno esté vendiendo la seguridad jurídica, la justicia misma, la igualdad de todos y el Estado de Derecho a cambio de unos meses más de apoyo, y ha pedido que se retire la propuesta y que se aborde una reforma del delito de sedición que proteja suficientemente el orden constitucional. A juicio de Sociedad Civil Catalana, el Gobierno ha permitido una victoria rotunda de las autoridades nacionalistas al negociar los derechos fundamentales de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representada por los condenados y los prófugos de la justicia, y “no todo vale para mantenerse en el poder” La desjudicialización exigida por ERC a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado no es más que un eufemismo de injusticia y de impunidad, que permite a las autoridades nacionalistas hacer y deshacer a su conveniencia y al margen de la ley y de las sentencias judiciales. El Gobierno español ha dejado desamparados a los catalanes constitucionalistas y al resto de los españoles, y legitimado a un régimen excluyente y populista, que no respeta la ley ni se somete al Estado de Derecho, y que vulnera los derechos fundamentales de los catalanes que no son nacionalistas. Conclusiones 1.-La decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal para suprimir el delito de sedición es sumamente grave, porque el presidente del Gobierno ha superado todas las líneas rojas tolerables. 2.-Respecto a las formas, el Gobierno ha demostrado su menosprecio por el pueblo español y su falta de respeto por el derecho, al promover la de reforma mediante una propuesta de ley del PSOE y de Podemos, en vez de como un proyecto del Gobierno, con lo que evitará que se realicen los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal. Ha impuesto, sin justificación alguna, el procedimiento de urgencia para acortar los plazos y evitar que se realice un debate profundo de la cuestión. 3.-El Código Penal es uno de los instrumentos jurídicos básicos para garantizar la convivencia pacífica entre los españoles, y cualquier modificación que en él se introduzca debería ser adoptada por consenso o, al menos, con un amplio apoyo. 4.-No existe demanda social ni justificación jurídica para suprimir el delito de sedición. La supresión se produce por el chantaje de los partidos independentistas para mejorar la situación jurídica de los políticos que han sido condenados por el delito de sedición y de los prófugos que han eludido la acción de la justicia. 5.-La nueva normativa limita el alcance del nuevo delito de desórdenes públicos a las simples alteraciones del orden público, que implican unas penas máximas de 5 años de prisión. La disposición no contempla los atentados contra el orden constitucional. 6.-Supondrá una mejora en la situación personal de los condenados injustamente indultados, pues verán reducidos los tiempos de inhabilitación y pronto podrán volver a participar en la vida pública, pese a no haberse arrepentido de sus delitos. 7.-El Gobierno ha desacreditado al Tribunal Supremo y puesto en entredicho a los jueces. Ha dañado la imagen de España en el extranjero y debilitado la posición de sus Tribunales en sus peticiones de entrega de condenados o de prófugos de la justicia. 8.-El apaciguamiento no ha conseguido que se moderen las exigencias del independentismo, antes al contrario. El presidente de la Generalitat ya ha exigido la concesión de una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación. 9.-La actuación el presidente Sánchez no ha podido ser más volátil, frívola e irresponsable. Ha puesto en peligro la seguridad del Estado y ha mentido reiteradamente a los españoles, 10.- Parece difícil que el presidente pueda caer más bajo y es irrecuperable, por lo que solo cabe esperar que sea derrotado en las elecciones generales y abandone el Gobierno. ¡Amén! Madrid, 12 de noviembre de 2022

Giorgia; un melón por calar

GIORGIA, UN MELÓN POR CALAR El Congreso y el Senado de Italia han aprobado la designación de Giorgia Meloni, líder del partido “Fratelli d’ Italia” como primer ministro -cómo quiere que la llamen en vez de primera ministra, en contra del lenguaje inclusivo-, y ha sido nombrada para el cargo por el presidente de la República, Sergio Mattarella.Por primera vez en la historia de la democracia italiana una mujer ocupa la presidencia del Gobierno. Resultados de las elecciones italianas y causas de los mismos Las elecciones generales italianas fueron ganadas por el partido Hermanos de Italia con el 26% de los votos, tras desencadenarse lo que Carlos Herrera ha calificado de ” huracán Meloni”. Le siguieron el Partido Democrático (Enrico Letta) 19.1%, Cinco Estrellas (Giuseppe Conte) 15.4%, La Liga (Matteo Salvini) 8.8%, Forza Italia (Silvio Berlusconi) 8.2%, Tercer Polo (Carlo Calenda) 7.8%, Alianza Verde (Angelo Bonelli) 3.6%, Partido E (Emma Bonino) y otros por debajo del 1%. Las tres fuerzas de la derecha consiguieron la mayoría absoluta, pero Meloni triplico el número de votos de sus asociados Maldini y Berlusconi, que perdieron mucho apoyo. La izquierda fue la gran perdedora, especialmente el Partido Democrático y el Cinco Estrellas, quienes -unidos a todos los partidos izquierdistas-quedaron muy por debajo de la coalición de derechas. Meloni ha sido la gran vencedora debido a que el pueblo italiano ha apreciado su coherencia, ya que ha sido la única líder que ha mantenido su oposición a los tres últimos gobiernos, sin entrar en los mercadeos de bazar de los demás partidos, que han forjado alianzas “contra natura” a diestra y a siniestra con tal de acceder al poder. Ha ganado porque a la gente le gusta que su voto sirva para algo, sobre todo para protestar, y ella encarnaba -en opinión de Jorge Bustos- la protesta contra Draghi, que adoptó más por cálculo electoral que porque tuviera nada contra él. Bien pronto emergerá alguien más radical, frente al cual Meloni parecerá una tecnócrata tediosa. Han contribuido a su éxito la baja participación electoral que no ha llegado al 64% -en un país en el que el voto es obligatorio-, la desunión de la izquierda -que no ha logrado presentar una candidatura conjunta como hizo la derecha-, y el cansancio de los electores ante a las continuas y exageradas gritos de alarma de la progresía de que había que votar a la izquierda para evitar que llegara el lobo del fascismo. El giro hacia la derecha no es únicamente un fenómeno italiano, sino de toda Europa, como se ha puesto de manifiesto en Polonia, Hungría, Francia, Países Bajos, Estonia, Letonia, Eslovaquia o Suecia. Guy Sorman se ha preguntado en “ABC” por qué progresaba la derecha y ha contestado que éste es el fenómeno que debía explicarse y no demonizar a los electores que la han apoyado. Los votantes han rechazado el dogma socialdemócrata y a la izquierda que sostiene y domina todos los discursos públicos políticos, académicos o mediáticos. Aparte de los méritos de Meloni, hay que tener en cuenta los deméritos de la izquierda. Según el profesor Matteo Re, Hermanos de Italia ha sido el único partido que se ha mantenido alejado del poder, propiciando la idea de que suscita más interés un partido nuevo, por radical que sea, que otro tradicional. “El voto a Meloni ha tenido, por lo tanto, unos claros tintes de castigo hacia los políticos tradicionales, más que una orientación ideológica convencida”. El votante de derechas se fue escorando casi de manera natural hacia el partido de Meloni al comprobar que las demás partidos derechistas no le satisfacían -por lo que Forza Italia se dejó 6 puntos y la Liga 8-, y los Fratelli representaban una nueva opción, quizás la última. Reacciones frente al triunfo de Hermanos de Italia En el ámbito interno, Meloni se ha visto emparedada entre dos dirigentes tóxicos como Salvini y Berlusconi, pero la gran diferencia de votos obtenidos, ha reforzado considerablemente la posición de la novata frente a los veteranos, que ha conseguido imponer su autoridad, especialmente en relación con el “rey del bunga-bunga”, que no es más que una caricatura de sí mismo. El primer enfrentamiento se produjo en relación con la guerra de Ucrania, en la que los dos aliados habían expresado públicamente sus simpatías hacia Rusia. Berlusconi llegó a decir que Putin lo consideraba “el primero de sus cinco verdaderos amigos”, y culpó a Zelenski de haber provocado el conflicto. Meloni ha tenido que advertirles que pretendía seguir una línea de política exterior clara e inequívoca. ”Italia forma parte plenamente y con la cabeza alta de Europa y de la Alianza Atlántica y el que no esté de acuerdo con esto, no podrá formar parte del Gobierno”. Il Cavaliere tuvo que plegar velas y sacar un comunicado en el que afirmaba que su posición personal y la de Forza Italia no se apartaba de la del Gobierno italiano, de la UE y de la OTAN, tanto en la crisis de Ucrania como en los demás grandes temas de política internacional. La presidente también ha chocado con Berlusconi a la hora de cubrir los puestos importantes. Para la presidencia del Senado rechazó a su candidata, Licia Ronzulli, e impuso a uno de los fundadores de Fratelli, el senador Ignazio La Russa, que resultó elegido sin los votos de Forza Italia. Berlusconi dio muestra de mal perdedor al calificar a Meloni de “obstinada, prepotente, arrogante y ofensiva”, y ésta, a su vez, le devolvió el cumplido calificándolo de escorpión que siempre estaba dispuesto a picar. Tampoco ha adjudicado a un miembro de su partido el Ministerio de Justicia, con el que Il Cavaliere pretendía protegerse de los juicios que aún tiene pendientes. Se ha tenido que conformar éste con que la vicepresidencia y la cartera de Exteriores hayan recaído sobre su hombre de confianza, Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo y europeísta convencido, que supone el vínculo del Gobierno con el PP Europeo, que le dará la requerida cobertura internacional. Tajani es, por cierto, un buen amigo de España, aunque no necesariamente de Sánchez. Para no abrir demasiados frentes en el seno de su coalición, Meloni ha cedido la presidencia del Congreso al vicesecretario general de la Liga, Lorenzo Fontana, , quien ya fue su vicepresidente en el primer Gobierno de Conte. Fontana es un católico practicante que ha participado en manifestaciones contra el aborto y el colectivo LGTBI,y es partidario de la familia tradicional, por lo que su nombramiento ha sido muy criticado por la progresía. En la izquierda, el PD ha caído en barrena y su secretario general Letta ha tenido que presentar su dimisión. Cinco Estrellas ha escapado algo mejor porque Conte ha logrado consolidar su posición en el sur, especialmente en Nápoles y en Sicilia, convirtiendo su partido -en opinión de Luca de Montis- en una especie de “Liga-Sur”, que defiende el asistencialismo estatal en las regiones italianas más desfavorecidas económica y socialmente. Fuera de Italia, los resultados han sido acogidos con desconfianza en la UE, a excepción de Polonia y Hungría. Úrsula von der Leyen se ha puesto de perfil, si bien ha recordado que la Comisión Europea contaba con mecanismos para hacer frente a las derivas iliberales. Ha expresado su esperanza de que el nuevo Gobierno de Italia respetará “l’acquis communautaire” y manifestado su intención de trabajar de forma constructiva con las nuevas autoridades italianas. La primera ministra francesa, Elizabet Borne, afirmó -de forma un tanto indiscreta- que sería necesario mantener la vigilancia sobre Italia, y estar atentos para que ver si respetaba los derechos humanos, cómo el derecho al aborto. Meloni le replicó que sus palabras suponían una falta de respeto, no solo para ella, sino para el pueblo italiano. Para tratar de superar este “faux pas”, Macron se ha entrevistado con Meloni en Roma. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tampoco ha estado demasiado fino al contraponer los resultados en Italia con una España plenamente comprometida con la construcción europea, dando a entender “sensu contrario”, que Italia no lo estaba. Añadió que, en un momento de incertidumbre, los populistas crecían y siempre terminaban en catástrofe porque daban respuestas sencillas a problemas muy complejos. Convendría que aplicará sus reflexiones a su propio Gobierno, que actúa de forma populista arrastrado por su socio Podemos y sus aliados separatistas. Los resultados han sido recibidos con entusiasmo por los partidos de derecha extrema -incluido Vox- y por el Gobierno húngaro de Viktor Orban, que espera encontrar en Italia un socio favorable a la “Europa de las naciones”, junto al grupo de Visegrad. Pese a su afinidad ideológica con Orban, la primera visita oficial de Meloni no ha sido a Budapest, sino a Bruselas. Como ha señalado la ex-diputada húngara Zsuszanna Szelenyi, Orban será el último de la fila, dada su alineación con los intereses de Rusia y su frialdad hacia los paquetes de apoyo a Ucrania por parte de la UE. La presidente ha afirmado que el objetivo de su Gobierno en modo alguno era cercenar o sabotear la Unión, sino hacerla más eficaz en respuesta a la crisis, porque constituye la casa común que permite a los Estados miembros afrontar los retos a los que difícilmente podrían hacer frente por sí solos. Italia nunca será el eslabón débil de Occidente, sino un miembro de pleno derecho y con la cabeza alta de la UE y de la OTAN. En momentos de crisis económica y energética, Italia dependerá de los vitales Fondos de Recuperación de la Unión y ello condicionará su política europea. Banalización del fascismo La izquierda ha banalizado el fascismo, pues -si todo lo que no es izquierda es fascismo- nada lo es, y el término -especialmente en su despectiva fórmula hispánica de “facha”- se ha convertido simplemente -en opinión de César Antonio Molina-en un insulto descalificador sin connotación política, que se aplica incluso a los socialistas auténticos que no están de acuerdo con Sánchez. El fascismo implica violencia, racismo, xenofobia, machismo, ultraconservadurismo, antidemocracia, antisemitismo, censura y, en una palabra, totalitarismo. Según el filósofo Diego Fusaro -de ideología marxista y pro-ruso-, Meloni lidera un partido neoliberal y atlantista que no tiene nada que ver con el fascismo. Es cierto que tuvo su origen en el neofascismo italiano, pero ya no lo es, al igual que la izquierda -que hoy es neoliberal- no tiene nada de comunista. La derecha de Meloni está dispuesta a hacer lo que le pida la UE, pues no quiere salir de la eurozona. El lema “Dios, patria y familia” no es en sí mismo un concepto fascista, pues -en ese caso- habría que decir que Platón, Tomás de Aquino o Hegel eran fascistas.” Tenemos una izquierda que debe ser continuamente antifascista en ausencia de fascismo, para no tener que ser capitalista en presencia de capitalismo”. En su artículo “?Quién es fascista?”, Emilio Gentile ha examinado el caso de Vox y ha llegado a la conclusión de que defiende un nacionalismo español católico -oposición al aborto y a la eutanasia, y defensa de la familia tradicional-, respeta la Constitución, no busca tomar el poder por la violencia, aboga por la unidad estatal centralizada, no se ha demostrado antidemócrata, protege los símbolos de la nación, no reivindica abiertamente el franquismo, es hostil a la inmigración, rechaza el Islam y defiende a Israel, y es ultraliberal en la economía. En consecuencia, cabía concluir que no es un partido fascista, sino de extrema derecha, nacionalista y católico. Lo mismo cabría decir de “Fratelli d’Italia”, que tantas semejanzas tiene con Vox y tan bien se llevan. Meloni ha afirmado en sede parlamentaria que el fascismo es cosa del pasado y que su partido condena sin ambigüedad las leyes antisemitas y la ausencia de democracia del fascismo de Mussolini. Ha condenado todos los totalitarismos del siglo XX, incluido el fascismo, por el que -según dijo- nunca había sentido simpatía. Ya quisiera yo que las tres “(des)gracias” del Olimpo “podemita” -Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero- abjuraran de forma tan contundente del comunismo, o que hicieran lo propio el ministro-director general de Consumo, el neo-estalinista Alberto Garzón, que cree que el comunismo sigue siendo válido hoy día, o el ex-secretario de Estado, Enrique Santiago, que propugna imitar a los bolcheviques que asaltaron el Palacio de invierno de San Petersburgo, y hacer lo mismo con el palacete de la Zarzuela. Conviene recordar que el Parlamento Europeo ha condenado en pie de igualdad al fascismo, al nazismo y al comunismo, como otras tantas formas nefandas del totalitarismo. El español es el único Gobierno de Europa que cuenta con ministros comunistas en sus filas. Inquieta en la UE Meloni, que se ha mostrado como una exaltada gritona, pero que nunca se ha salido del ámbito constitucional y, en cambio, no parece preocupar Gobierno de coalición en España integrado por un partido comunista antisistema y apoyado por separatistas y herederos de terroristas. Como ha observado Molina, desde los años 80, más de setenta gobiernos europeos han colaborado con partidos de la extrema derecha sin que pasara nada ¿ A qué viene ahora ese temor a que se forme en Italia un Gobierno de coalición entre partidos del espectro de la derecha? Prudente actuación de Meloni Sabemos lo que ha sido Meloni como líder de un partido de la oposición, pero está por saber lo que será como presidente del Gobierno, pues el poder modera y produce cambios significativos en los políticos y, si no, que se lo pregunten a Felipe González en relación con la OTAN. Cuando Meloni estaba en la oposición, arremetía con vehemencia contra la globalización, la inmigración, el multiculturalismo, el ecologismo, la ideología de género, la plataforma LGTBI+, las grandes empresas financieras o los eurócratas de Bruselas. Conocemos el discurso que pronunció en Marbella cuando participó en la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas en apoyo de Vox, una declaración coherente y falaz a ratos, en la que exponía de forma prístina su ideología, y que concluía como sigue: ”Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales; sí a la universalidad de la Cruz, no a la violencia islamista; sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva; sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas; sí a nuestra civilización, no a los que quieren destruirla”. La actitud de Meloni tras su apoteósico triunfo no ha podido ser más cauta y prudente. No hubo la menor celebración pública por expreso deseo suyo y envió mensajes a los cargos de su partido para que no se hiciera ruido ni hubiera manifestaciones en las calles, y los militantes cumplieron sus órdenes, lo que demuestra que -al menos por el momento- mantiene un férreo control de sus fieles. ¡Igual que en la victoria del PSOE en 1982! Su breve mensaje a la nación tuvo un marcado carácter institucional: “Los italianos nos han dado una responsabilidad importante y nuestro deber es no decepcionarlos y hacer todo lo posible por devolver la dignidad y el orgullo a la nación […] Es tiempo de responsabilidad, tiempo que -si se quiere formar parte de la Historia- debe comprender la responsabilidad que tenemos ante decenas de millones de personas. Si somos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos […] La situación hacia la que van Italia y la Unión Europea es profundamente compleja y requiere la contribución de todos y un clima sereno”. En política exterior, Meloni ha dejado bien clara la posición de Italia, que se alinea sin equívocos con la UE y con la OTAN. Su Gobierno respetará las normas del euro actualmente en vigor y, al mismo tiempo, ofrecerá su contribución para cambiar lo que no haya funcionado, empezando por el debate en curso sobre la reforma del Pacto de Estabilidad. Italia es y será un socio leal de la Alianza Atlántica y respaldará su política en la guerra de Ucrania y se opondrá al chantaje de Putin. “La libertad tiene un coste e Italia seguirá siendo un socio del valiente pueblo ucraniano, y se opone a la agresión de Rusia, no solo porque no podemos aceptar la guerra, sino también porque es la mejor manera de defender nuestro interés nacional”. En relación con los temas más ideológicos, Meloni -que se ha autodefinido como madre, italiana y cristiana- ha hecho suyo el lema de ”Dios, patria y familia”, pero ha afirmado que su Gobierno nunca limitará los derechos civiles ni el aborto. Es probable que en estos temas -lucha por la familia tradicional y contra la eutanasia- y en el de la inmigración, la presidente haga concesiones a su electorado -espoleada por la Liga de Salvini-, como se ha puesto de manifiesto con su negativa aceptar el desembarco en Italia de personas rescatadas de las aguas del mar Mediterráneo, incluidos algunos menores. En mi tierra, cuando no se sabe cómo se comportará una persona a la que se haya concedido un cargo, se dice que es “un melón por calar”. Tendremos que esperar a ver cómo se comporta Meloni desde su responsabilidad en el poder antes de poder emitir un juicio fundado. Si como dice el Evangelio, “por sus obras los conoceréis”, habrá que darle un cierto margen de confianza durante un período de prueba. Como ha observado Bustos, “la decepción será insoportable cuando Giorgia Meloni no se comporte como la fascista que se espera, sino como otra política canónica de la democracia italiana”. Italia es un país más serio de lo que parece y, pese a la serie de gobiernos populistas que ha padecido últimamente, la democracia sigue gozando de buena salud. Madrid, 5 de noviembre de 2022