Mala conciencia de la UE sobre refugiados e inmigranntes

MALA CONCIENCIA DE LA UE SOBRE  REFUGIADOS E INMIGRANTES

Mientras los satisfechos ciudadanos de la Unión Europea disfrutan de unas merecidas vacaciones en las deliciosas playas del Mediterráneo, miles de personas extra-comunitarias arriesgan sus vidas al intentar cruzar sus aguas en búsqueda de la feliz Arcadia europea. Más de 3.000 personas han perecido en el intento en lo que va de año ante la indiferencia de las instituciones comunitarias y los Estados miembros de la UE. La Unión creía haber resuelto el problema de los refugiados sirios con su  Acuerdo con Turquía y, si bien ha conseguido disminuir considerablemente el flujo de inmigrantes a Grecia vía Turquía, ha provocado el desviar el tráfico a otras rutas, especialmente la que va de Libia a Italia. Numerosos inmigrantes han podido ser salvados de la muerte gracias a la actuación de buques de la propia Italia y de España y, sobre todos, de las ONG humanitarias.

El Gobierno italiano –que no cuenta con la debida solidaridad de sus socios de la Unión y de la Comisión Europea- se encuentra desbordado a la vez que dividido pues, mientras el Ministerio del Interior ha impuesto un “Código de Conducta” que obliga a llevar personal armado a bordo de los buques de rescate y es partidario de prohibir el trasbordo de náufragos a otras embarcaciones e incluso su desembarco en Italia, el de Transportes propugna priorizar la aplicación de las normas internacionales de salvamento marítimo. Una muestra del caos existente es lo ocurrido al barco “Golfo Azurro” de la ONG española “Preactiva Openarms” que, tras haber rescatado a tres náufragos libios a petición de las autoridades italianas, ha encontrado la oposición de éstas a que sean desembarcados en su territorio. El barco “Iuventa” de la ONG alemana “Jugend Rettet” fue confiscado por Italia bajo la acusación de negarse a aceptar el “Código de Conducta” y “favorecer la inmigración clandestina”. Esta opinión es compartida por muchos en Italia y en el resto de la UE , por estimar que los rescates producen un “efecto llamada” y hace el juego a las mafias de traficantes, al permitir que un alto porcentaje de los inmigrantes que arrojan al mar en condiciones deplorables sean rescatados de la muerte  puedan llegar a su destino europeo. La Organización xenófoba “Generación Identitaria” ha fletado el buque “C-Star” para obstaculizar las actividades salvadoras de las ONG. Las patrulleras libias –financiadas con fondos comunitarios- disparan –de momento al aire- sobre los navíos de las ONG para dificultar su actuación humanitaria con total impunidad ante la pasividad de la Unión. En vez de actuar eficazmente contra las mafias traficantes, permiten que se hostigue a los buques humanitarios, ponen obstáculos a la admisión de los rescatados e incumplen sus normas y directrices sobre admisión de refugiados.

Refugiados políticos y económicos

            Los medios de comunicación y la opinión pública suelen confundir en un “totum revolutum” variantes de emigrantes muy distintas: refugiados, personas acreedoras a “protección subsidiaria” y emigrantes por motivos económicos o de índole no política. Según la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, por tales se entiende a las persona que -debido a fundados temores a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual- se encuentren fuera del país de su nacionalidad y  no puedan o no quieran acogerse a la protección de tal país, o que –careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes hubieran tenido su residencia habitual- no puedan o quieran regresar a él. La Directiva 2004/83 de la Comunidad Europea sobre Refugiados y Personas Necesitadas de Protección Internacional requiere que dichas personas no estén incursas en causas de exclusión, denegación o revocación de asilo. Quedan excluidas las personas que hubieran cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o de lesa humanidad u otros delitos graves, o realizado actos contrarios a los principios de la ONU, o que constituyan un peligro para la seguridad interior o exterior del Estado de acogida. La Directiva incluye asimismo el supuesto de personas acreedoras de “protección subsidiaria”: a saber, los extranjeros o apátridas que –sin reunir los requisitos para obtener asilo o ser considerados como refugiados- se enfrenten a un riesgo real de sufrir daños en casos de regresar a sus países de origen. Tales daños podrían derivar de una condena a muerte, de torturas o tratos degradantes, o de amenazas graves contra su vida o integridad física, motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de de conflicto interno o internacional.

            Existe, por último, la categoría de personas que abandonan sus países y se trasladan a otros –legal o ilegalmente-, con el  loable objetivo de salir de la pobreza o de mejorar su nivel de vida. Éstos son  que son calificados de “emigrantes económicos” y no gozan de ningún estatuto especial de conformidad con el Derecho Internacional o Comunitario. Como ha señalado –por una vez con razón- Donald Trump, la emigración no es un derecho, sino un privilegio. Los Estados, en el ejercicio de su soberanía, se pueden negar a acoger a emigrantes o condicionar su acceso al territorio nacional al cumplimiento de determinados requisitos.

            Es un grave error mezclar estos conceptos y pretender tratar a todos los emigrantes con el mismo patrón, de lo que salen perjudicados los refugiados y las personas dignas de protección subsidiaría, que –por encontrase en una situación de vulnerabilidad- requieren un tratamiento especial por parte de la comunidad internacional. Tal no es el caso de los subsaharianos y nacionales de países en desarrollo que tratan de alcanzar Italia o España desde las costas norteafricanas en pateras, o de saltar las vallas que separan Marruecos de las ciudades españolas de Ceuta o Melilla. Se criticó en su día la afirmación del entonces Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de que quienes cruzaran ilegalmente la frontera en estos territorios no serían considerados refugiados y podrían ser devueltos a su lugar de procedencia sin aplicar el proceso legal individualizado que requieren la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y la Ley 12/2009 Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. Por mucho que nos duela la lamentable situación en que se encuentran los subsaharianos que pretenden entrar por la fuerza en nuestras plazas de soberanía, la opinión del Ministro es jurídicamente impecable. España está en su derecho a negarse a recibir emigrantes extra-comunitarios y a poner requisitos a la entrada de éstos en su territorio mediante la exigencia de visados. Es no sólo un derecho sino también un deber, pues –como miembro de la UE y parte en el Acuerdo de Schengen, está obligada a impedir intrusiones ilegales de terceros a través de sus fronteras, que forman parte de las fronteras exteriores de la Unión. Cuestión bien distinta es el tratamiento dado a los refugiados y a las personas acreedoras de protección subsidiaria, con respecto a los que la UE no ha estado a la altura de sus compromisos y ha incumplido –y sigue incumpliendo- sus propias normas y decisiones en la materia.

Incumplimiento por parte de la UE de sus propias normas y decisiones

            La UE dispone de un amplia y adecuada normativa para hacer frente al problema de los refugiados. En la Cumbre de Tampere de 1999, decidió crear un sistema común europeo de asilo, basado en la Convención de Ginebra de 1951, con el fin de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia a abierto a los que –impulsados por las circunstancias- busquen legítimamente protección, así como un régimen capaz de responder de forma solidaria a sus necesidades de tipo humanitario, reconoció su derecho a solicitar asilo y garantizó la no devolución del solicitante a un país en el que sufriera persecución. Amén de la citada Directiva 2004/83, la Unión dictó las Directivas 2005/85 sobre Procedimiento para Conceder o Retirar la Condición de Refugiado y 2003/86 sobre Reagrupación Familiar. Asimismo adoptó en 2004 el Programa de La Haya sobre Protección Internacional. Pese a las bellas palabras consagradas en estos textos, los Estados miembros de la Unión no han establecido un política común en materia de emigración y de asilo,  y –ante el éxodo a Europa de refugiados- han actuado de forma unilateral e insolidaria, haciendo caso omiso de las normas comunitarias y de las recomendaciones de sus órganos rectores. Así, la Comisión Europea adoptó en 2015 un Plan de Acogida que preveía la reubicación en su territorios de 160.000 refugiados que habían llegado a Grecia y a Italia, pero los Estados miembros no sólo no cumplieron con las cuotas que les habían sido adjudicadas, sino que algunos de ellos –como Hungría, Polonia, la República Checa o Austria- tomaron medidas unilaterales contra los refugiados en violación de las normas internacionales y comunitarias. Alemania –cuyo partido de Gobierno sufrió adversos resultados electorales como consecuencia de la generosidad de la Canciller Angela Merkel al acoger a casi un millón de refugiados- aceptó en 2016 a 1.403 refugiados, Países Bajos a 673, Francia a 522, Suecia a 278, Finlandia a 248, Italia a 112, Bélgica a 102, Luxemburgo a 98, España a 57, Lituania a 25, Estonia a 20, Portugal a 12, Lituania a 10 y el resto a 0.

            El principal problema lo planteaba Siria en la que –como consecuencia de la sangrienta guerra civil, la conducta genocida de Bashar al-Asad, el apoyo incondicional de Rusia e Irán, la radicalización de los rebeldes apoyados por los países árabes sunitas, la política inefectiva de Estados Unidos y la impotencia de la UE- la mitad de su población se ha visto obligada a desplazamientos internos o externos, tres millones han pasado a Turquía y un millón a Líbano. Una buena parte de los sirios trasladados a Turquía ha intentado llegar a Europa y, ante esta afluencia, se ha producido un rechazo xenófobo, especialmente en los países del Este europeo. Para hacer frente a esta grave situación, Alemania y la Comisión Europea buscaron la solución provisional y de emergencia de externalizar el control del flujo de ciudadanos sirios mediante la firma en 2016 de un Acuerdo con Turquía. A cambio de una suculenta suma de dinero -€6.000 millones hasta 2018- y promesas de eximir a los ciudadanos turcos de visado y reactivar las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión, aquélla se ha comprometido a aceptar la devolución de los emigrantes irregulares que lleguen a Grecia y a tomar medidas para impedir que se abran nuevas rutas para la inmigración ilegal hacia la UE.

            El Acuerdo –que sólo afecta a los refugiados sirios e ignora a contingentes importantes de afganos, iraquíes, pakistaníes o eritreos- es una chapuza vergonzante que viola el Derecho Internacional y el propio Derecho comunitario, al permitir deportaciones colectivas de refugiados irregulares y su entrega a un país “no seguro” como. Turquía. Tras el último referéndum, su democracia ha pasado a ser meramente formal, ya que la intensificación del autoritarismo, el continuo acoso a la oposición, la denegación de la libertad de información y la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales han convertido el país en una autocracia personalista de Tayip Erdogan. El Gobierno soporta bien el considerable número del refugiados sirios que acoge, fácilmente asimilables, y los utiliza como medio de presión ante la UE, a la que amenaza de dejarlos seguir su camino hacia Europa so pretexto de que la Unión está incumpliendo el Acuerdo.Asimismo puede trasladar a parte de este contingente al Kurdistán turco para diluir la  población kurda. La supresión de visados es poco probable mientras Turquía no cumpla con los requisitos requeridos y su creciente inclinación hacia la autocracia dificulta la reanudación de las negociaciones con vistas a su integración en la UE, que aparece cada día más lejana. Las autoridades comunitarias muestran su satisfacción por la notable disminución del flujo de refugiados  y del número de muertos entre los refugiados procedentes de Turquía –que ha pasado de 1.740 por día en 2015 a 47 en 2016-, pero, al dificultarse esa ruta, las mafias de traficantes la han desviado hacia Italia a partir del Norte de África –especialmente desde Libia-, lo que ha aumentado la mortalidad. En lo que va de años, unas 59.135 personas han llegado a Europa a través del Mediterráneo.

            Paliado a corto plazo el problema de los refugiados sirios, la UE ha centrado sus esfuerzos en tratar de resolver el no menos peliagudo problema de la presencia de innumerables inmigrantes económicos irregulares en la Unión. Estas personas son vistas como “oportunistas” más que como “víctimas, a pesar de su vulnerabilidad que los hace sujetos de explotación y de abuso. Como el tema no es competencia comunitaria sino de los Estados miembros, la Comisión Europea les ha recomendado que actúen con mayor contundencia y celeridad para expulsar a los inmigrantes “sin papeles”, aumenten el número de detenciones previas a la expulsión y amplíen el tiempo de estancia en los centros de detención. No deja de ser paradójico que los bienpensantes europeos condenen a Trump por querer levantar un muro en la frontera con Méjico y negarse a recibir a nacionales de ciertos países musulmanes, mientras que pasan por alto que algunos Estados miembros –como Hungría o Austria- erijan vallas en sus fronteras y otros –como Polonia o Croacia se nieguen a recibir musulmanes en sus territorios

Globalización del problema de los refugiados y de los emigrantes

            El problema excede del ámbito europeo y ha alcanzado nivel global En 2015 hubo 244 millones de emigrantes 21 millones de refugiados y 40 millones de desplazados. La ONU viene examinando conjuntamente el problema de los refugiados y los emigrantes ante la gravedad del problema con más buena intención que éxito. La Asamblea General adoptó en 2016 la “Declaración de Nueva York”, que –al ser una resolución- no tienen carácter vinculante. Los Estados se comprometieron a proteger los derechos humanos de todos los refugiados y emigrantes cualquiera que fuere su “status” y reconocieron que era responsabilidad de todos ellos abordar el problema de unos y otros “de forma humana, sensible, compasiva y centrada en las personas” (artículo 1). Es una mera declaración y los Estados son libres de cumplirla o no, pero menos da una piedra en cuanto a la concienciación global del problema. Lo más positivo de la reunión fue la decisión de incorporar la Organización Internacional para las Migraciones al sistema de la ONU. La Asamblea instó a los Estados –especialmente a los destinatarios del grueso de las migraciones- a ser Partes en la Convención de 1990 sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Emigrantes y de sus Familias.

            En la última reunión del G-77, Italia trató en vano de que su Declaración final mencionara la “movilidad humana”, reconociera los beneficios de las migraciones a los países de acogida y recordara la necesidad de proteger a los refugiados. La Declaración se limitó a reafirmar “el derecho soberano de los Estados, individual y colectivamente, a controlar sus fronteras y establecer políticas de acuerdos con sus intereses y seguridad nacionales”.

            Como ha señalado Anna Terrón, la llegada a territorio europeo de los que huyen de la guerra de Siria y de los distintos conflictos de Oriente Medio y en África han puesto en evidencia la fragilidad del Sistema Europeo Común de Asilo y la necesidad de modificarlo. La Comisión Europea propuso hace un año una reforma que pretende reforzar las normas comunes y garantizar su cumplimiento, mediante la adopción de reglamentos que eliminen las diferencias entre los sistemas nacionales de asilo, equiparen los estándares de acogida y aseguren decisiones uniformes sobre la concesión de protección internacional. Hay que evitar procedimientos prolongados, agilizar las decisiones, garantizar las salidas en caso de rechazo de las peticiones de asilo, reforzar la dimensión exterior del sistema y crear medios seguros de llegada y de acceso a los territorios de los Estados miembros de la UE. Debería establecerse un sistema común garantista pero ágil, que determine cuándo un solicitante debe ser acogido en la Unión y, en caso afirmativo, dónde debería hacerse efectiva su acogida. Según el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, la propuesta se dirige a redistribuir automáticamente a los solicitantes que dirigen sus peticiones a determinados países –como Alemania- y homogeneizar en toda la Unión los criterios de concesión de asilo. Una respuesta seria exige una estrategia europea general que aborde los problemas de raíz y no se limite a gestionar las emergencias. Para Blanca Garcés, la alternativa al Convenio de Dublín de 1990 –que establecer que las peticiones de asilo deben presentarse en el primer país de la UE al que acceda el solicitante- no es una nueva revisión de la normativa, sino la construcción de una verdadera política común de asilo.

            El Tribunal de Justicia de la UE ha echado un jarro de agua fría sobre los partidarios de favorecer el estatuto de los solicitantes de asilo al afirmar que los Estados no están obligados a conceder visados humanitarios, ni siquiera cuando los solicitantes corran riesgo real y probado de persecución, malos tratos o incluso muerte. Una pareja cristiana siria con tres hijos –que sufrían persecución en su país- solicitó en la Embajada belga en Líbano un “visado de validez territorial limitada” para poder ir a Bruselas y solicitar asilo. El Gobierno belga rechazó la petición alegando que no estaba obligado “a admitir en su territorio a un nacional de un tercer país, siendo su única obligación a este respecto la de no devolver a ese nacional”. Añadió que los Convenios en vigor –la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y las Directivas de la CE 2004/83 y 2005/85- no le obligaban a admitir en su territorio a “ personas que vivan en situación catastrófica”. El TJUE ha dado lamentablemente la razón a Bélgica.

Actitud de España

            A diferencia de otros Estados miembros de la UE, en España no se ha producido un rechazo frontal a la acogida de refugiados, entre otras razones porque España ha sido tradicionalmente un país de emigración. El 82% de los españoles es favorable a una Política Europea Común de Migraciones. En Marzo de 1917 se celebraron en toda España manifestaciones para exigir el Gobierno que cumpliera sus obligaciones con los refugiados y los inmigrantes, respetara las cuotas de reubicación de refugiados procedentes de Grecia e Italia y garantizaran el derecho de asilo facilitando vías seguras de acceso y procedimientos justos y acordes con el Derecho Internacional, así como una acogida digna.

            El Gobierno español recibió en 2016 17.155 solicitudes de asilo –tan sólo el 1.2% de las solicitadas en la UE- y resolvió 10.250 expedientes. Aprobó el 67% de las peticiones de protección internacional, pero sólo reconoció “status” de refugiado a 355 personas. Por otra parte, de los 17.317 refugiados que le adjudicó la Comisión Europea en 2015 sólo ha acogido a 1.136. Pese a sus buenas intenciones y a  los carteles acogedores como los instalados en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, España está muy por debajo de sus compromisos comunitarios.

            La Ley 12/2009 está inspirada en la Convención de Ginebra y en las Directivas de la CE, e incluso va más allá en algunos puntos. Su puesta en práctica, sin embargo, deja bastante que desear. El principal problema radica en que, para solicitar asilo, hay que hacerlo desde España y no resulta fácil acceder a ella a los ciudadanos de países a los que se requiere visado. Como ha observado Garcés, para los que vienen del Sur implica trepar las vallas de Ceuta o Melilla o lanzarse al Mar Mediterráneo en las condiciones precarias impuestas por las mafias de traficantes. En 2015, el Gobierno estableció sendas Oficinas de Asilo en las dos ciudades, pero para llegar a ellas hay que pasar los controles de las autoridades fronterizas de Marruecos, que suelen facilitar el paso a los árabes, pero no a los subsaharianos, de modo que éstos se ven forzados a acceder a deichas ciudades de forma irregular y, en frecuentes ocasiones, por medios violentos. En estos casos se produce una situación que me parece surrealista. Cuando consiguen superar los obstáculos y entrar en el recinto de las ciudades, ocurre como en el juego de “pilla-pilla” de mi niñez, en el que, una vez que se llegaba a “casa”, el corredor era intocable. Los violadores de la soberanía española son de hecho libres de hacer lo que les plazca, desde abandonar los Centros de Internamiento Temporal de Inmigrantes a trasladarse ilegalmente a la península. Resulta chocante que, cuando se produce un asalto a la valla –con o sin éxito-, los medios de comunicación y la opinión pública se pongan de parte de los asaltantes y denigren a los miembros de las fuerzas de seguridad –a veces lesionados como consecuencia de  la violencia de los inmigrantes- que cumplen con su deber de defender la santidad de las fronteras hispanas y comunitarias, que, incluso en alguna ocasión, han sido llevados ante los tribunales por repeler a los intrusos. En lo que va de año se han producido 5.266 intentos de asalto  y 10.751 entradas irregulares, un tercio de las cuales se han realizado a través de Ceuta o de Melilla. Más de 1.500 inmigrantes se encuentran concertados en los bosques marroquíes cercanos a la linde con Ceuta esperando una oportunidad y, ante la disminución de la intervención de las fuerzas de seguridad de Marruecos, la Delegación del Gobierno en Ceuta decidió el pasado día 9 a cerrar el tráfico de mercancías por el paso fronterizo del Tarajal.

            Los inmigrantes que accedan legal o ilegalmente a territorio español y presenten su demanda de asilo, aunque tengan en principio derecho a circular libremente, deberán aguardar a recibir la respuesta de las autoridades españolas, que suele tardar entre año y medio y dos años. En 2015, el 70% de las repuestas fueron negativas, por lo que la mayoría de los solicitantes quedan “sin papeles” y no tienen permiso de residencia ni de trabajo, por lo que –ante la dificultad de expulsarlos- se convierten en carne de explotación y son proclives a la delincuencia. El Gobierno de España –país que tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y necesita de la inmigración para mantener el equilibrio poblacional y hacer posible el mantenimiento del régimen de pensiones en el futuro-, aún manteniéndole principio de integridad de sus fronteras y de respeto a la legalidad para impedir la inmigración ilegal, debería revisar los métodos de aplicación de su,  en teoría, adecuada normativa, acelerar la tramitación de los expedientes y ser más generoso en la concesión de asilo o en la dispensa de protección internacional.

Necesidad de solidaridad entre los Estados miembros de la UE

            Las fuerzas de orden españolas –como las italianas o las griegas- no pueden afrontar en solitario el problema de la creciente inmigración y se requiere una mayor implicación solidaria de todos los miembros de la UE. Como ha editorializado el periódico “El Mundo”, “carece de toda lógica que, habiendo eliminado las fronteras interiores, la UE no haya reforzado las exteriores y deje que cada país actúe de la forma que crea más conveniente o le permitan sus recursos para hacer frente a la llegada de inmigrantes. Es necesarios que los países comunitarios tomen conciencia de que no se trata de un problema que afecta solamente a los países del Sur, sino que es una cuestión que pone en riesgo la estabilidad y seguridad de toda la Unión”.  Pese a la actitud hasta ahora renuente de Alemania -más interesada por el Este que por el Sur-, la Canciller Merkel ha acabado por reconocer que Siria es un “vecino” de la Unión y que todos los Estados miembros de la Unión deben implicarse en la protección de sus fronteras exteriores. Asimismo ha afirmado que “la inmigración debe ser gestionada luchando contra el tráfico de personas y teniendo en cuenta, sobre todo, a los refugiados, ayudándoles a que puedan  llevar una vida digna dondequiera que estén”.

Según Taviani, la imagen que está dando la UE es la de una Europa impotente e incluso indiferente ante la tragedia de la inmigración y ante los recelos y los miedos crecientes de los ciudadanos. Las sirenas populistas apelan a la indignación, creando la ilusión de que se pueden cerrar muros y fronteras  dejar los problemas fuera. Debería reforzar los controles en las fronteras exteriores, destinando más medios y recursos a la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y establecer una nueva asociación con África que tenga en cuenta no sólo los desafíos, sino también las oportunidades. Habría que partir de una sólida diplomacia económica con más inversiones en infraestructuras, transferencia de tecnología y eficiencia de los recursos y conocimientos técnicos industriales, trabajar en la formación y la movilidad legal, y establecer cuotas para estudiantes, investigadores y trabajadores africanos. Se pueden adoptar Acuerdos de repatriación más eficaces y crear centros de acogida que garanticen la seguridad, la asistencia médica, el suministro de alimentos y la aplicación de las normas relativas al derecho de asilo. Ya es hora –ha concluido el Presidente del Parlamento Europeo- “de tomar decisiones que den respuesta a nuestros ciudadanos, que piden una Unión capaz de protegerles y de reafirmar sus propios valores”. La UE debe superar su mala conciencia por su inaceptable actuación frente a refugiados e inmigrantes de todo tipo y volver a los principios enunciados en la Cumbre de Tampere, pues –como ha dicho el Papa Francisco- “la UE sólo tendrá éxito si se mantiene durante su existencia fiel al espíritu de solidaridad  europea que la creó”.

Playa de Amposta,  10 de Agosto de 2017