DESCONEXIÓN DE CATALUÑA DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL VICTIMISMO Y LA MANIPULACIÓN

            Como en los últimos 43 años, estamos pasando el mes de Agosto en este remanso de tranquilidad que es la Playa de los Eucaliptos en el Parque Natural del Delta del Ebro. Al llegar nos topamos visualmente con una gran bandera estelada izada día y noche en uno de los chalets de la urbanización. También hemos percibido, por primera vez, un velado sentimiento de animosidad de algunos vecinos que califican despectivamente de “madrileños” al conjunto de familiares y amigos que formamos el grupo “invasor”, pese a que ninguno de nosotros hayamos nacido en la capital del Reino. Este hecho –que no pasaría de ser una anécdota sin mayor transcendencia- es revelador porque refleja el sentir anti-español fomentado por el nacionalismo secesionista a través de los medios de comunicación catalanes, especialmente TV-3, que ha llegado hasta el extremo de negar a España la medalla ganada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por la nadadora catalana Mireya Belmonte.

Violación de las leyes e incumplimiento de las sentencias por la Generalitat

            La Generalitat de Cataluña ha venido ignorando durante años la normativa estatal aplicable en todo el territorio nacional e incumplido las sentencias de los Tribunales –incluidos el Supremo (TS) y el Constitucional (TC)- que no le placían, y el Gobierno central apenas ha hecho nada para impedirlo a fin de no dar argumentos que favorecieran los propósitos de de los nacionalistas de segregar Cataluña del resto de España. La política de paños calientes no ha surtido efecto, antes al contrario, pues –al ver que sus violaciones no le acarreaban consecuencias adversas- el ejecutivo y el legislativo catalanes aumentaron su política de confrontación y desafío al Estado. El punto culminante de insumisión se alcanzó con la adopción por el Parlament el 9 de Noviembre de 2015 de la resolución 1/XI sobre inicio del proceso de proceso político constituyente. El Parlamento –que se considera el único depositario de la soberanía de Cataluña- constató que el mandato democrático derivado de las elecciones del 27 de Septiembre tenía como objetivo que “Cataluña sea un Estado independiente”. En consecuencia, 1) declaró solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república; 2) proclamó la apertura de un proceso constituyente para elaborar la futura Constitución catalana; 3) instó al Govern a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas semejantes declaraciones; 4) decidió iniciar la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública; e 5) instó a cumplir exclusivamente las normas y los mandatos emanados de la cámara. Para que no quedara duda alguna sobre su abierta insumisión, afirmó que “el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditaría a las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y  de competencia”. El Gobierno central impugnó esta resolución y el TC -en su sentencia 259/2015, de 2 de Diciembre de 2015- estimó la impugnación y declaró “su inconstitucionalidad y nulidad”

La autoridades catalanas hicieron caso omiso de esta sentencia y, el 27 de Julio, el Parlamento –pasando por alto la advertencia hecha por el TC sobre su ilegalidad- adoptó la resolución  2631/XI, por la que se aprobaron las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente para la “Desconexión” de Cataluña de España, mediante la celebración de un referéndum de libre determinación, la adopción de una Constitución propia y la declaración unilateral de independencia. A tales efectos, el Gobierno catalán  presentará los proyectos de leyes necesarios para establecer las bases estructurales de un Estado independiente. La Presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, cambió el orden del día de la reunión para permitir que se votara de la resolución en contra de lo ordenado en un auto del TC, y -tras preguntar a los diputados si eran conscientes de la advertencia incluida en el citado auto- autorizó la votación, realizando así un nuevo acto de desacato ya que no debería haber permitido la votación de un texto  que exhortaba a desbordar el marco constitucional. El Gobierno central presentó un incidente de ejecución ante el TC, que –por auto de 1 de Agosto- lo admitió a trámite, lo que supuso la suspensión automática de la resolución. El Tribunal advirtió a la Presidenta, a la Mesa y al Secretario General del Parlamento, así como al Presidente y a los miembros del Gobierno de la Generalitat de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las oportunas responsabilidades, incluida la penal, en que pudieran incurrir”.

Es más que evidente que tanto el Gobierno de la Generalidad como la Presidenta y algunos miembros de la Mesa del Parlamento realizaron un flagrante acto de desacato al TC y cometido delitos de prevaricación y de desobediencia, que llevan aparejadas sanciones administrativas –inhabilitación y multas- e incluso penales, como ha advertido el Tribunal. ¿Se atreverá el TC a hacer lo que hasta ahora no han osado hacer los Gobiernos del PSOE o del PP  ante las reiteradas violaciones de la ley y desacatos a las sentencias de los Tribunales realizados por las instituciones catalanas?. El anterior Gobierno –en un acto poco gallardo de tratar de trasladar a otros responsabilidades que le eran propias- modificó la Ley Orgánica del TC para conceder a éste funciones ejecutivas en caso de que no se cumplieran sus sentencias. Ahora tiene el Tribunal –como siempre tuvo el Gobierno- facultades para ejecutar las sentencias por él dictadas. Las autoridades catalanas –que empiezan a verle los dientes al lobo- han iniciado una campaña para desacreditar una más que probable inhabilitación de Forcadell y demás autores o cómplices de los citados delitos. Así, la Consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, ha afirmado que el TC no puede dirimir  debates, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento del Parlamento catalán, por lo que la decisión de éste de celebrar un referéndum unilateral no puede ser suspendida. El Presidente Carles Puigdemont también ha negado al TC la potestad de frenar el proceso hacia la desconexión de España y reiterado que mantendrá inmutable la hoja de ruta, incluida la celebración de un referéndum unilateral de independencia, pese a la suspensión decretada por el Tribunal. Munté ha señalado que una eventual inhabilitación de Forcadell u otros diputados sería una decisión tremendamente injusta por tratarse de personas elegidas democráticamente, y ha hecho un llamamiento a impulsar movilizaciones contundentes en caso deque  se produjera alguna inhabilitación. Para ella, el mandato otorgado en las urnas es, al parecer, una patente de corso para cometer todo tipo de tropelías, ignorando que, si hay una legitimidad de origen –Hitler fue elegido democráticamente- también existe una legitimidad de ejercicio –que permitió la condena del lídez nazi por sus criminales acciones-, y que una elección democrática no autoriza a los elegidos a violar la ley a su antojo. El TC debe adoptar una decisión basada exclusivamente en derecho sin  contaminarse con condicionamientos metajurídicos y sin que las togas de sus magistrados se ensucien con los polvos políticos del camino. Ya va siendo hora de que las autoridades que prevariquen e incumplan la ley o las sentencias de los Tribunales sean inhabilitadas, separadas de sus cargos y sancionadas con substanciales penas económicas. Como ha observado atinadamente el diputado autonómico del PP Enric Millo, el secesionismo usa y abusa de las instituciones del Estado para alcanzar su objetivo de inapelable ruptura, y consiguen avanzar “hasta donde les dejamos los demócratas”. Pues bien, los Gobiernos democráticos de España han sido demasiado permisivos y pecado por omisión en la errónea idea de que había que ser condescendientes con los desafíos institucionales de las autoridades catalanas para no darles argumentos que reforzaran el secesionismo. ¿Ha tenido efectos positivos esta política de apaciguamiento?. De ninguna manera, antes al contrario, pues las concesiones a los soberanistas no han hecho más que aumentar sus apetito reivindicativo, al ser interpretadas como signo de debilidad del Gobierno central. Hay que decir “¡Pro!”, aplicar las normas con todas sus consecuencias y hacer frente al injustificado victimismo catalán.

Injustificado victimismo de Cataluña

            Cataluña carece de motivs para considerarse víctima de la opresión y explotación de España –o de Madrid, como simplifican los nacionalistas catalanes-, en base a razones históricas, políticas, económicas o culturales. Pese a la “agit-prop” catalanista y a la habitual manipulación de la Historia, Cataluña nunca fue un Reino independiente, sino un Condado que dependió primero del reino de Francia y más tarde del de Aragón. Formando parte de éste, se integró en el primer Estado nacional europeo:España. Tuvo veleidades separatistas en tiempos de Felipe IV al mismo tiempo que Portugal -que logró separarse de España- pero fracasaron. Lo que los historiadores nacionalistas presentan como la lucha entre el centralismo español y el autonomismo catalán a principios del siglo XVIII no fue tal, sino una guerra civil de sucesión, en la que unos catalanes apoyaron al candidato francés Felipe V y otros al austriaco Archiduque Carlos. El sitio de Barcelona por las fuerzas borbónicas en 1714 fue un episodio más de este conflicto, que en modo alguno justifica su presentación como el punto de partida de la lucha por la independencia de Cataluña.

            En el plano político, Cataluña disfruta de unas competencias muy superiores a los de muchos Estados federados y, en todo caso, a la de las demás Comunidades Autónomas españolas. Además de las tres instituciones básica –legislativa, ejeftuva  judicial- dispone de policía propia y de competencia en materia de prisiones. Lo único que no ha conseguido ha sido la cesión de competencia fiscales excepcionales similares a las reconocidas al País Vasco y a Navarra. Precisamente fue esta negativa del Gobierno de Mariano Rajoy lo que llevó al ex-Presidente Artur Mas a radicalizar su postura y adoptar la senda “anti-natura” para CDC del independentismo, echándose en brazos de ERC e incluso de los antisistemas de la CUP, junto con su intento de paliar los efectos nocivos de los numerosos casos de corrupción del partido y de su hombre de marca, Jordi Pujol. Aunque siempre se había quejado por sistema de discriminación económica, Mas y CDC lanzaron desde ese momento una campaña mediática para explotar el victimismo económico:”España nos roba”, Cataluña es la Comunidad que más aporta al Estado y menos recibe, Cataluña financia a los haraganes de Extremadura y Andalucía … Todas estas falacias han sido evidenciadas y refutadas con argumentos fundados por el ex-Ministro socialista Joseph Borrell en su libro “Las cuentas y  los cuentos de la independencia”. No sólo no es Cataluña la que más aporta al Estado, sino que es la que más ayuda financiera recibe de él. En 2015 tenía una descomunal deuda de 72.424 millones de euros –el 30% de toda la deuda autonómica-, que sigue creciendo y es incapaz de financiar en los mercados internacionales porque las Agencias Calificadoras han situado a la Comunidad a nivel de “bono basura” y su prima de riesgo asciende a 364 puntos, frente a los 100 de la española. La Agencia Moody acaba de rebajar su “rating” de Ba2 a Ba3 –por debajo de Nigeria o Bangladesh- y “con perspectiva negativa”, como consecuencia de la política secesionista del Gobierno. Con el mayor de los descaros, el Vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha culpado de la situación al Estado español, al que Puigdemont acusa de ser muy malo para Cataluña, que habría entrado en bancarrota si el denostado Gobierno  central no hubiera acudido en su auxilio para financiarle la deuda, prestándole entre 2012 y 2015 -a través del Fondo de Liquidez Autonómica - 46.400 millones de euros a 0% de interés, un 33% de los préstamos del FLA y más del 20% del PIB catalán.

            En el ámbito educativo y cultural Cataluña, goza de plena autonomía tanto a nivel legislativo como ejecutivo, y abusa de estas competencias para dar prioridad al catalán sobre el castellano y preterirlo –especialmente en la enseñanza-, saltándose a la torera el principio del bilingüismo y de la paridad idiomática reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomia e ignorando  diversas sentencias del Tribunal Superior de Cataluña, del TS y del TC. Barcelona, ciudad cosmopolita e integradora por excelencia, otrora Meca de la literatura y de la edición en castellano, ha sido convertida en una ciudad culturalmente provinciana y mezquina y los Torquemadas nacionalistas discriminan a los autores catalanes hispano-escribientes –vetando incluso su participación en la Feria Internacional del Libro en Francfort dedicada a Cataluña- y han impuesto la verdad oficial a través del “himleriano” editorial único de los medios de comunicación. 

Proceso unilateral de desconexión de Cataluña de España

Con gran cinismo, la portavoz  Neus Munté ha alegado que todo lo que hace Cataluña es profundamente positivo y no va contra nadie, en comparación con el Estado español que es un muro granítico con diálogo cero, incomprensión y persecución. Pero, pese a cubrirse con la dialogante piel de cordero, la Generalidad –en expresión de Arcadi Espada- ha cruzado la línea que separa la negociación del chantaje. Como ha observado Luis María Ansón, el Gobierno y el Parlamento catalanes han puesto en marcha un proceso de secesión que atenta contra la Constitución y contra la Historia, aprovechándose de la debilidad del Estado español, pues ni el PP ni el PSOE han sabido responder al órdago secesionista con una política de Estado. El Partido Demócrata Catalán, que ostenta la presidencia del Gobierno autonómico, ha dado muestras de este cinismo al presentar un recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar su petición de formar grupo parlamentario propio ante un TC al que niegan competencia y legitimidad  y del que no acatan sus decisiones. Su socio en el Gobierno, ERC, le ha echado en cara su incoherencia al señalar Joan Tardá que no se puede incurrir en desacato a las instituciones del Estado como parte del proceso soberanista y a la vez buscar el amparo de la legalidad y de la Constitución, por lo que sería más coherente ignorar abiertamente al TC y abstenerse de presentar recursos. Eso sería demasiado pedir a un partido clonado de CDC que, durante toda su andadura, ha erosionado al Estado desde dentro el interior de las instituciones de las que formaba parte. Puigdemont ha reafirmado que convocará elecciones constituyentes dentro de un año para adoptar una Constitución que será sometida a referéndum para consagrar la independencia de Cataluña. El cacareado diálogo se limita a negociar con el Estado la fecha de la consulta. Ya está bien de mofarse del pueblo español y el Gobierno central debe aplicar de una vez la ley. Esperemos que el TC le muestre la vía.

Playa de Amposta, 15 de Agosto de 2016