lunes, 12 de marzo de 2018

La Iglesia catalana contaminada por el virus del nacionalismo

LA IGLESIA CATALANA CONTAMINADA POR EL VIRUS DEL NACIONALISMO

Rasgos de la Iglesia catalana

            La Iglesia catalana tiene una falsa aura de progresismo que viene de la época de la oposición al franquismo de una parte de ella  representada por el Abad del Monasterio de Montserrat Aureli María Escarré. Desde que la  “Moreneta” fue entronizado en 1947, el Monasterio se convirtió en el Monte Sinaí del catalanismo. Escarré hizo unas declaraciones a “Le Monde” en 1963, en las que afirmaba que “el régimen español se llama cristiano pero no lo es, porque no obedece a los principios básicos del cristianismo”, e hizo una afirmación fundamental para comprender la situación actual del catolicismo en Cataluña:”Defender la lengua [catalana]  no sólo es un deber sino una necesidad, porque, cuando se pierde la lengua, la religión se va detrás”. Ello explica la confusión entre la religión y la lengua catalana, y la exclusión de la asamblea religiosa regional de los castellano-parlantes e incluso de los catalano-parlantes no nacionalistas. Su declaración y sus continuos altercados con las autoridades del Gobierno de Franco costó a Escarré el exilio en 1965 y no regresó a España hasta 1968 para morir en Montserrat. A sus multitudinarias exequias asistieron todos los políticos nacionalistas y de la oposición, y unos años más tarde –en 1974 exactamente- Jordi Pujol creó en el propio Monasterio el partido de Convergencia, que sería el principal motor del movimiento nacionalista que derivó de forma planificada hacia el soberanismo. En efecto, Pujol planeó desde el principio una hábil estrategia dirigida, lenta pero implacablemente, a conseguir la independencia por etapas de Cataluña.

            El espíritu de libertad y aperturismo estuvo encarnado por la revista “El Ciervo”, fundada en 1951 por Lorenzo, Joan y Joaquim Gomis, y en la que colaboraron escritores como Alfonso Carlos Comín y Jordi Maluquer. Era una publicación sin adscripción política alguna orientada al ámbito político y cultural desde una perspectiva religiosa basada en una teología renovadora que se reflejaría en el Concilio Vaticano II. El grueso de la Iglesia catalana hacía honor a sus antecedentes carlistas y era conservadora y excluyente. Éste fue al ambiente en que se crió el ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su pueblo natal de Amer, donde el General Ramón Cabrera –el “Tigre del Maestrazgo”- capituló en 1849 tras la “guerra de los matiners”, dando por concluido el segundo conflicto civil carlista. El carlismo mayoritario en Cataluña –“Dios, Patria y Rey”- se oponía a la separación entre Iglesia y Estado, y a la libertad de conciencia y de cultor, y era profundamente antiliberal, reaccionario y absolutista. Como ha observado con ironía José Antonio Zorrilla, si en el momento  carlista se hubiese respetado el ámbito catalán o vasco de decisión habría ganado el carlismo, porque liberales en aquellos territorios había más bien pocos.  En opinión de Conxa Rodríguez,  Puigdemont y sus seguidores están muy cerca del movimiento carlista, sólo que los independentistas católicos de siempre hacen ahora piña con los anticlericales de la CUP en la causa común de la independencia. Ha prevalecido el sentimiento secesionista y se ha prescindido de Dios.

            Aunque culturalmente siga siendo católica, Cataluña es la región española que más se ha descristianizado y secularizado. Sólo el 50% de la población se declara católica -13.7% practicante-, 30% ateo o agnóstico y el resto de otras religiones –hay una importante minoría musulmana formada principalmente por marroquíes-. No obstante, en el centro del altar mayor de la Basílica de la Sagrada Familia, detrás de la Cruz, hay una enorme señera, que simboliza la unión carlista de Iglesia y Estado, como si la esencia de Cataluña y de la fe fuera la misma cosa. Según José Manuel Vidal, es como si la identidad catalana llegase al altar y pretendiera quedarse, “sólo ella y en exclusiva”. En contraste, los aliados anti-natura de los nacionalistas conservadores de la CUP prodigan sus gestos antirreligiosos y sus cachorros de Arran pretenden convertir la Catedral de Barcelona en un almacén de ultramarinos.

            El sentimiento de fusión entre lengua y religión ya existía antes de que se iniciara el sunami soberanista. Recuerdo que la primera vez que pasé un verano en Cataluña en 1971 era difícil asistir a una misa en castellano. Se decían misas en inglés, en francés y e alemán, e incluso en latín, pero pocas en lengua española, para desesperación de mi madre. Cuando recalamos en el Delta del Ebro –donde seguimos veraneando desde hace 43 años-  se resolvió nuestra cuita religiosa, pues el Párroco de Sant Jaume d’Enveijá, el castellonense Mosén Vicent, era bilingüe y  no nacionalista, y  decía misa en ambas lenguas.

            La Biblia del catalanismo religioso fue redactada en 1985 por el Obispo nacionalista Joan Carrera bajo el título “Les arrels cristianes de Catalunya”, en la que trataba de las relaciones entre el catolicismo y la sociedad catalana. En 2010, la Conferencía Episcopal Tarraconense la actualizó en el documento “Al servir del nostre poble”, en el que se reiteró el compromiso de la Iglesia catalana con su pueblo. Este documento sirve a los sectores más radicales para reivindicar la autodeterminación y a los más moderados para apoyar el nacionalismo sin necesidad de romper con España.
De los 14 prelados catalanes, cinco son independentistas: Los Arzobispos de Tarragona -Jaume Pujol-, y de Seo de Urgell  y Co-Príncipe de Andorra - Joan Enric-, los Obispos de Solsona -Xavier Novell-, y de Gerona -Francesc Pardo-, y el Obispo Auxiliar de Barcelona y Administrador Apostólico de Mallorca -Sebastiá Taltavull-. Son catalanistas y nacionalistas moderados los restantes: El Arzobispo de Barcelona -Juan José Omella- y sus Obispos Auxiliares -Sergi Gordo y Antoni Vadell-, y los Obispos de Lérida -Salvador Jiménez-, Tortosa, -Enrique Benavent-, Vich , -Román Casanova-, Tarrasa –José Ángel Sáiz – y San Feliú de LLobregat –Agustín Cortés-. El independentista más militante es Xavier Novell, que actúa a su aire en plan kamikaze, al margen de la línea marcada por la Conferencia Tarraconense, moderada desde la Santa  Sede.  Como señaló el Cardenal Omella –que tiene que hacerse perdonar haber nacido en Aragón -aunque sea en la raya fronteriza y hable catalán- y a quien los celosos custodios de la ortodoxia lingüística han hecho que se rebautice como Joan-Josep-, “la Iglesia cambia con el pueblo”,  y afirmó lo siguiente:”Yo soy un pastor y vengo con las siglas del Evangelio. Traicionaría mis raíces si no hiciera lo que decida el pueblo de Cataluña”.

Relaciones entre la Iglesi Catalana  la Iglesia Española

            La cuestión de las relaciones entre España y Cataluña ya se planteó en 2006 en la Conferencia Episcopal Española, que adoptó una Declaración sobre “Orientaciones morales ante la situación actual de España”. Aún reconociendo la legitimidad en principio de las posturas nacionalistas, la Conferencia hizo un llamamiento a la responsabilidad respecto al bien común de toda España. En su opinión, ninguno de los pueblos o regiones que formaban parte de España podría entenderse si no hubiera formado parte de la larga historia y de la unidad y cultura política de esa antigua  nación que era España. Las propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad les causaba una gran  inquietud . Por ello, exhortaron al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales. para preservar el bien de la unidad, a la par que el de la rica diversidad de los pueblos de España. “No puede ser que una parte de los ciudadanos de una parte de un Estado legítimamente constituido quiera romper unilateralmente la unidad de la comunidad política”. La Conferencia consideró la unidad de España como un “bien moral”. La Declaración fue aprobada por 53 votos a favor y 25 en contra, entre los que se encontraba previsiblemente la inmensa mayoría de los Obispos catalanes, si no la totalidad. Algunos de estos prelados  afirmaron que no se debía sacralizar la unidad de España, ni estigmatizar a los nacionalismos.

            Según el jesuita José Ignacio González Faus, residente en Cataluña, “en este terreno no se puede apelar a la moral, porque ni la unidad de España ni la independencia tienen nada que ver con la moral. En todo caso, la moralidad podría estar en el modo en que se gestione, pero no en el hecho. Por ejemplo, que en las iglesias se dediquen a poner banderas, con estrella o sin ella, como si la casa de Dios no fuera casa de oración para todas las gentes”. El Papa Francisco ha manifestado en público y, sobre todo, en privado su oposición a la desintegración de España y a la independencia de Cataluña. En unas declaraciones que hizo a “La Vanguardia” afirmó:
que “la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas”.

            Lo que la inmensa mayoría consideró una velada advertencia sobre su desaprobación de una eventual independencia de Cataluña, fue interpretada en sentido contrario por algunos de los apologetas de la secesión como el Padre Hillari Raguer –autor del libro “Ser independentista no es pecado”- quien mantuvo que las palabras del Papa  no suponían una condena del independentismo catalán sino que, antes bien, lo abonaba ,dado que -en este caso-, se trataba de una unidad  impuesta a la fuerza desde 1714 y a lo largo de tres siglos hasta el presente, “con ininterrumpidos movimientos de protesta y sus mártires”. Una muestra más de la capacidad tergiversadora de la Historia de los independentistas catalanes  de la conversión de la mentira más burda en una “post-verdad “. Como ha señalado el hispanista británico John Elliot, los políticos catalanes manipulan y tergiversan el pasado, con lo que han generado una victimización  que perdura desde 1714. Así , según Raguer, es doctrina universal de la Iglesia que el cuarto mandamiento que manda honrar a nuestros padres exige asimismo amar y servir a la patria, pues –como dijo Pío XI- el patriotismo era la forma más amplia de la caridad cristiana , pero que había pueblos y gobiernos que sacrílegamente se arrogaban el derecho de imponer a otros su propia patria. “No hay autoridad humana, ni civil ni tampoco eclesiástica, que pueda dictarme cuál es mi patria. Esto sólo puede salir de lo más hondo de mi conciencia”.

Inicio del proceso independentista

            Tras la negativa en 2013 del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la petición del Parlament de que se concediera a Cataluña de un régimen fiscal similar al que gozaban en el País Vasco  en Navarra, el Presidente de la Generalitat, Artur  Mas, se lanzó al monte e inició la deriva hacia la independencia, pese a que su partido, Convergencia y Unió, nunca había incluido en su programa electorale la independencia de la Comunidad. Tras la escisión de Unió Democrática de Cataluña por su desacuerdo con la política pro-independista del President, Convergencia Democrática de Cataluña se transformó sucesivamente en Partido Democrático de Cataluña, Junts pel Sí –en coalición con Esquerra Democrática de Cataluña- y Juntos por Cataluña, en una errática huida hacia la independencia imposible. Mas inició en 2014 el proceso independentista con la convocatoria de un referéndum de libre determinación que –tras su prohibición por el Tribunal Constitucional- se convirtió en el seudo-referéndum del 9-N.

            El Obispo Novell se desentendió de la línea de prudencia recomendada por la Conferencia Episcopal Tarraconense y se pronunció abiertamente a favor del “procés”  y pidió a sus fieles que no permanecieran ajenos a él  y acudieran a votar el 9-N, pues el Gobierno central estaba usando la ley para impedir un derecho fundamental  de los ciudadanos catalanes que era anterior y superior a la Constitución. El problema de hasta donde llega el “derecho a decidir” del pueblo catalán deriva de que se considere o no a Cataluña como una nación, aunque el Tribunal Constitucional (TC) dejó bien claro en su sentencia de 2010 que no había más nación que la española.

Reconocimiento de Cataluña como nación

            Si bien Novell ha sido el más explícito de los Obispos catalanes, todos ellos han reconocido que Cataluña es una nación . No es una tesis, es una realidad, y tiene, por tanto, derecho a decidir su futuro. El Obispo de Solsona recurrió nada menos que a la Virgen María para fundamentar el derecho del pueblo catalán a la libre determinación. “La Virgen del Claustro se dio cuenta de las muchas banderas que adornan los balcones de la ciudad de Solsona. Va a sorprenderse de ver tatas esteladas. María del Claustro, nacida en un país ocupado y oprimido, que ha conocido la persecución y  el exilio, y ha sufrido la condena injusta de Jesús a muerte, sabe bien lo que significan estas banderas. ¿Qué le debemos explicar nosotros sobre deseos nobles y justos de independencia de un pueblo?  Pasado mañana en Barcelona una gran manifestación reclamará la independencia de Cataluña. ‘Cataluña próximo Estado de Europa’. Ante estos hechos puede preguntarme ¿cuál es la palabra de la Iglesia?”. La Iglesia no es ajena a los gozos y las esperanzas, los llantos y las angustias de los hombres contemporáneos. Más aún. ‘No hay nada verdaderamente humano que no resuene en mi corazón’. La Iglesia reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación”. Se trata de un texto surrealista, casi de realismo mágico a lo Gabriel García Márquez, que recuerda a la invocación a la Virgen del Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para justificar la próxima huelga de las mujeres feministas. Si el Catecismo nos prohíbe invocar el santo nombre de Dios en vano, semejante prohibición debería extenderse asimismo a su Santa Madre.

            Como ha manifestado González Faus, la Iglesia defiende la autodeterminación de las colonias, pero, cuando se trata de la separación o escisión de un territorio,  confiesa no saber si también se aplica esta doctrina al caso. El padre jesuita tiene escasos conocimiento de Derecho Internacional e ignora,  por tanto, que el principio de libre determinación reconocido por la ONU se aplica a los territorios bajo dominación colonial o a los pueblos que estén sometidos a graves violaciones de los derechos humanos. Por mucha que sea la capacidad mistificadora de los nacionalistas, resulta difícil mantener que Cataluña sea una colonia española o que los catalanes vean permanentemente violados sus derechos humanos. Pero incluso en el caso harto improbable de que se reconociera a Cataluña como un territorio dependiente pendiete de descolonización, la “Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” establece que “toda tentativa encaminada a destruir parcial o totalmente la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

            El Arzobispo Emérito de Barcelona, Cardenal  Lluis María Martinez Sistach ha afirmado:”Somos un pueblo vivo y por ello cambiante, pero también permanente, con la voluntad de mantener nuestras esencias como nación”.  El Arzobispo de Tarragona, Jaume, Pujol, pidió a la “Moreneta” que iluminara a la tierra catalana en estos momentos de su Historia  “para que encuentre el camino de la afirmación nacional”. Según el Abad de Montserrat, Josep María Soler, “Cataluña es una nación evidentemente y, si lo es, tiene derecho a decidir su futuro”. La Conferencia Episcopal Tarraconense ha reconocido la “realidad nacional de Cataluña” y afirmado que “conviene que sean valorada su singularidad nacional”. Incluso el “charnego” Omella se vio obligado en la misa de San Jordi,-ante Puigdemonto, Junqueras y el Govern en pleno- a referirse a Cataluña como una nación, a cuyo pueblo empezaba a conocer y querer. Este ambiente se ha trasladado parcialmente a la propia Conferencia Episcopal Española, que  publico en 2017 una nota –cuyo texto había sido consensuado por Blázquez, Osoro y Omella- en la que se apelaba al dialogo salvaguardando “los bienes comunes de siglos  y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”. Ya no esgrimía la unidad de España como un “bien moral” y parecía que se instaba a realizar un diálogo entre iguales. El Cardenal Antonio Cañizares y otros prelados españoles, sin embargo, siguen manteniendo que la unidad de España en un “bien superior” que hay que defender, porque de ello depende también la credibilidad social de la propia Iglesia.

Referéndum ilegal del 1-O

            Las relaciones entre las dos Conferencias se tensaron con la preparación, la celebración y las secuelas del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre de 2017. La Iglesia catalana, en sus distintos niveles, colaboró activamente en la preparación y realización del referéndum que había sido declarado ilegal por el TC: Se escondió  material electoral en las iglesias, se prestaron locales parroquiales y escolares -e incluso algunos templos- para que se instalaran en ellos mesas electorales, se realizaron escrutinios en varias iglesias incluso durante la celebración de la misa…etc. De nuevo, Monseñor Novell fue el que sobresalió por su mayor protagonismo. En una Carta Pastoral defendió el independentismo en Cataluña y destacó la injusticia que suponía que se negara e impidiera a los catalanes el ejercicio de la autodeterminación. Afirmaba que “los Presidentes del Parlament y de la Generalitat, los Consejeros y muchos Diputados, Alcaldes y altos cargos de la Generalita están arriesgando su libertad, carrera y patrimonio para ofrecernos, por primera vez en la Historia, la posibilidad de votar para forzar la independencia”. Se trataba de un derecho inalienable de toda la nación, una mayoría social lo quería ejercer y era el punto primero de los programas electorales de los partidos políticos que habían ganado las últimas elecciones autonómicas. El Parlamento había adoptado la ley que regulaba su ejercicio y la Generalitat había convocado  el referéndum que lo hacía posible, a pesar de que todo parecía indicar que no reuniría las condiciones internacionales establecidas para su reconocimiento, y la sociedad se estaba defendiendo contra todos los ataques imaginables, y criticó la declaración de la Conferencia Episcopal Española sobre la unidad de España.

            La Conferencia Tarraconense, en cambio, fue más objetiva y neutral, pues no se inclinó por ninguna de las opciones y pidió sensatez y fraternidad para “avanzar en el camino del dialogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones, y no de la confrontación”. En la misma longitud de onda, la Conferencia Española reivindicó el diálogo como solución al conflicto derivado del referéndum del 1-O, y pidió que se evitaran “decisiones y actuaciones irreversibles de graves consecuencias”, que situaran a las administraciones y a los partidos al margen de la práctica democrática. Ofreció su colaboración sincera al diálogo a favor de una pacífica y libre convivencia entre todos e invitó a la oración por todos los que tenían responsabilidades en el Gobierno y en las distintas Administraciones Públicas para que fueran “guiados por la sensatez”. Era preciso recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, en el marco del “respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado e la Constitución”.  La referencia a la Carta Magna era una menció significativa que se echaba en falta en el mensaje de la Conferencia Tarraconense.

            En contraste, unos 480 sacerdotes  y religiosos lanzaron un manifiesto en el que hacían un llamamiento a los ciudadanos para que acudieran a votar y lo hicieran por la autodeterminación y la independencia, y enviaron una carta al Papa pidiéndole que mediara ante el Gobierno español para que permitiera la celebración el referéndum. Los peticionarios decían no favorecer la independencia sino el “derecho a decidir”, aunque su argumentario coincidía plenamente  con el del Govern.  El referéndum era el último grito de dignidad  “ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada” (¿?). Calificaban de legítima y necesaria la consulta, y afirmaban moverse por “valores evangélicos y humanitarios” y por su “amor sincero al pueblo”, al que querían servir. La falacia argumental no podía ser más patente. El “animus negotiandi” de la Generalitat se había limitado a “referéndum sí o sí” y, como única concesión, ofrecieron la posibilidad de acordar la fecha de su celebración. En cuanto a las leyes en que se basaba el citado referéndum –adoptadas por el Parlament con alevosía y nocturnidad en horas 24 y violando el Reglamento de la Cámara- eran contrarias a la Constitución –que era derogada por una ley autonómica- y a cualquier norma de Derecho Internacional o Constitucional. 

  El párroco de Calella, Cinto Busquet, advirtió que, si cerraban las escuelas, dejaría su parroquia para que se votase, pues no dejarles expresase libremente el 1-O era una vulneración de los derechos humaos.  Afirmó que “Jesús fue condenado a muerte en base a la ley vigente y ninguna persona sensata lo consideraría algo legítimo o moral. En Cataluña también se quería impedir a la gente votar cumpliendo una ley, pero esa legalidad atentaba contra la dignidad y la libertad de las personas”. El TC y las fuerzas del orden estaban violando los derechos humanos y pisoteando la dignidad de Cataluña, por lo que exigía al Gobierno español “escuchase  las legítimas aspiraciones del pueblo catalán”. La votación del 1-O estaba avalada por el mismo Evangelio, pues la doctrina de la Iglesia anteponía a cualquier ley la dignidad de las personas, tanto a nivel personal como colectivo. “El Evangelio es nuestra legalidad. El cristianismo enseña que cada ser humano ha sido creado con libertad y que nadie puede  imponer su voluntad sobre el otro. Es inmoral lo que está haciendo España. Hay un 80% de catalanes que quiere votar y se les está reprimiendo esgrimiendo la Constitución”.

Pero el mayor enfrentamiento se produjo tras el conato de celebración del referéndum y los incidentes que se produjeron como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en el cumplimiento del mandato recibido del Tribunal Superior de Cataluña de impedir que se celebrara la votación. Pero incluso unos días antes del 1-O, el 28 de Septiembre, ya una docena de entidades cristianas catalanes –entre las que se encontraban la poderosa Unión de Religiosos de Cataluña, el Movimiento de Profesionales Cristinanos, la Fundación de Escuelas Parroquiales de Cataluña o “Justicia y Paz”- hicieron pública una Nota en la que reiteraron que-de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia- los Obispos catalanes habían había afirmado que debían ser escuchadas las aspiraciones del pueblo catalán a que se estimara su singularidad nacional, defendieron la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basasen en el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, e hicieron un llamamiento a la población a que se sumase a las manifestaciones cívicas, pacíficas y democráticas convocadas en todo el país en defensa de sus instituciones

El Obispo de Gerona, Francés Pardo, condenó la violencia que sufría el pueblo catalán y pontificó que la resistencia no se vencía con la violencia, sino con un diálogo sincero y pacífico. Monseñor Novell se desmelenó y calificó de agresión la intervención de los policías –a los que llamó “guerrilleros”- ante los que se acantonaban frente a los centros electorales para obstaculizar su actuación. Exigió a los políticos que articularan una salida pacífica y justa para la nación catalana que respetara los derechos legítimos del pueblo, entre los que sobresalía el de la autodeterminación, sin ignorar lo que había pasado y teniendo en cuenta el resultado de las urnas. La reacción de la Conferencia fue menos drástica, pues declaró que la situación de violencia que vivía Cataluña era deplorable y que había que detener dicha violencia y los enfrentamientos, y encontrar una salida pacífica y democrática. La declaración era un tanto ambigua y equidistante, pues situaba en pie de igualdad a quienes atacaban al Estado y a quienes lo defendían. Mantuvo, sin embargo, una actitud de perfil bajo siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, que desaprobaba los intentos de los separatista de fracturar España y Europa. Asimismo los Obispos catalanes mostraron en privado su malestar y disgusto por el apoyo de los sacerdotes y religiosos al referéndum del 1-O. Señalaron que aquéllos podían pensar lo que quisiesen como ciudadanos, siempre que respetaran los principios morales, pero no podían hacer valer ante su comunidad su condición sacerdotal para apoyar cualquiera de las dos opciones en presencia. Suponía una extralimitación de su misión dado que era una cuestión autónoma desde el punto de vista del discernimiento político, sobre la cual carecían de autoridad y de competencia para decidir si el referéndum era legal o ilegal y si se debía celebrar o no.
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El 3 de Octubre se produjo el acertado y oportuno discurso del Rey Felipe VI, que se apartaba del bla-bla de los Obispos sobre diálogos imposibles y señalaba la obligación de los políticos catalanes de respetar la Constitución, las leyes y las sentencias de los Tribunales. Junqueras buscó la mediación  Omella para encontrar una salida sin perder la cara del avispero en que se había metido la Generalitat y el Cardenal se mostró dispuesto a intervenir, pero se topó con el “non placet” del Vaticano e igual resultado obtuvo la propuesta del “lehendakari” Iñigo Urkullu de que mediase el Arzbispo de Bolonia, Matteo Zuppi. El Papa Francisco dejó traslucir su desagrado por el desarrollo del proceso separatista en Cataaluña.

Encarcelamiento de políticos catalanes

En el ínterin, los Tribunales siguieron el lento curso de la Justicia y los Magistrados Instructores de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, ,imputaron a los antiguos componentes del Govern y de la Mesa del Parlament, así como a los Presidentes de la Asociación Nacional Catalana y de Omnium Cultural por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que provocaron el encarcelamiento de Junqueras, del ex –Consejero de Interior Joaquim Forn y lde os Jordi, -Sánchez y Cuixart-, la fuga poco gloriosa de Puigsdmont  y cuatro antiguos Consejeros a Bruselas –donde ha establecido su Corte Republicana de los Milagros- y la puesta en libertad -con o sin fianza- del resto de los encausados.

La reacción de la Iglesia catalana ante estos eventos ha sido vehemente. El Obispo de Solsona dijo en una homilía que los dirigentes del Govern habían tratado de encontrar caminos para “cumplir un programa electoral por la vía del diálogo y la legalidad (¿?), y que no era justo que, por la vía de la fuerza, se impidiera a un pueblo decidir su futuro y se encarcelara a sus líderes. “No os confundáis sobre esta cuestión –advirtió a sus fieles-. Será todo lo legal que queráis, pero los cristianos no nos guiamos ni tenemos criterios en función de leyes positivas, sino de aquello que es verdadero, justo y digno, y el encarcelamiento de los líderes catalanes  no lo es ”. La periodista Emilia Landaluce preguntó al Arzobispo Emérito de Madrid y antiguo Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, si se podía ser católico y defender el independentismo, y el Cardenal le contestó lo siguiente:”Un católico sigue las exigencias de la conciencia moral, en la que el valor de la justicia y el valor de la caridad ocupan un lugar central […] No debe actuar rompiendo la unidad de una forma unilateral […] No es conciliable  con la conciencia católica rectamente formada”. Y ha añadió a modo de conclusión que “la Iglesia debe respetar el orden jurídico legítimo”.

 En un comunicado del pasado 18 de Febrero, la Conferencia Episcopal Tarraconense hizo un llamamiento general para rehacer la confianza mutua y buscar una solución justa a la situación creada que fuera aceptable para todos,  reclamado un consenso de mínimos “a través de del diálogo desde la verdad, con generosidad y en búsqueda del bien común” , y pedido que, “en estos momentos de complejidad, seamos instrumentos de paz y conciliación en medio de la sociedad”, donde reine la paz y la justicia. Defendió la legitimidad de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña “que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que sean defendidas de forma pacífica y democrática”, y estimó que la independencia era un bien tan moral como la unidad de España. Afirmó que “es necesario que, con voluntad de servicio, los parlamentarios escogidos el 21 de Diciembre impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat, que actúe con sentido de responsabilidad para con todos los colectivos del país y especialmente los más necesitados de superar las consecuencias de la crisis institucional, económica y social que vivimos”. En cuanto a la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Govern  y de los dirigentes de movimientos sociales, solicitó, “sin entrar en debates jurídicos […] una reflexión serena sobre este hecho en vistas a propiciar un clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de  los afectados”. Los Obispos no citan a nadie por su nombre, ni piden explícitamente la liberación de los encarcelados, pero lo insinúan implícitamente.

La declaración episcopal está bien en la teoría, pero presenta varias insuficiencias en la práctica: 1) No se pueden pasar por alto consideraciones jurídicas, porque los políticos catalanes no han sido encarcelados o declarados prófugos por su ideología independentista, sino por haber cometido presuntamente graves delitos; 2) Resulta obvio que es necesario que reinen en Cataluña la paz y la justicia, pero es asimismo indispensable que también reine la ley. 3) Los Obispos no piden reflexión alguna sobre la desobediencia de los políticos catalanes a las leyes y a las sentencias judiciales, la huida de Puigdemont y varios ex –Consejeros, la falta de arrepentimiento y la reiteración en la conducta delictiva por parte de los políticos incriminados, el menosprecio de la oposición , el tratamiento discriminatorio prestado por las instituciones a los catalanes no nacionalistas, la continuada campaña denigratoria contra España y todo lo español, o la negativa a los niños castellano-parlantes a ser educados en su lengua materna ,que es el idioma oficial de España. Hay efectivamente muchos temas sobre los que reflexionar, pero los prelados catalanes centran su reflexiva atención en sólo una pequeña parcela del problema.

Consecuencia inmediata de la declaración episcopal fue la redacción por el Centro de Pastoral Litúrgica de la plegaria que se rezó el domingo siguiente en muchas iglesias de Cataluña:”Por recomendación de nuestros Obispos, y ante el problema político que vive nuestro país, rogamos por la paz y la justicia en Cataluña. Por que se encuentre una solución justa y aceptable para todos, un gran esfuerzo de diálogo desde la verdad, con generosidad y búsqueda del bien común. Por la rápida formación de un Gobierno. Por los que están en prisión preventiva y porque los católicos seamos instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad catalana”.

El párroco de Santa Eulalia de Mérida (Hospitalet de Llobregat), Josep María Romaguera, pronunció la siguiente homilía:”Mientras tengamos presos políticos no podremos hacer vida normal […]  No podemos olvidar a  aquellas personas a  las que una gran multitud ha empujado a dar la cara y han acabado en la prisión. No podemos olvidarlos, tanto si los hemos votado como si no, porque no es ésta la manera de hacer frente a los conflictos sociales y políticos .No podemos aceptar como normal que haya habido palos para impedir un acto pacífico. No podemos aceptar como normal que grupos fascistas aparezcan haciendo ostentación de violencia, amenazando y agrediendo por todos lados. No podemos aceptar como normal que se ignoren derechos humanos como los de libertad de expresión o de confrontación de proyectos políticos en libertad”.  El fraile del Monasterio de Poblet, Lluis Sola, ha afirmado que, en estos tiempos ominosos llenos de ignominia, “me he acostumbrado a rezar los salmos imprecatorios poniendo nombre y  rostros a nuestros enemigos”.

 Doscientos sacerdotes ha escrito una carta abierta a todos los católicos de España, en la que les piden que hagan todo lo que esté a su alcance para no sólo la liberación inmediata de los políticos encarcelados, sino también para que se retiren las querellas presentadas contra ellos. La ANC ha organizado ayunos colectivos en el Monasterio de Montserrat y en el Convento de los  Capuchinos de Sariá –famoso por el encierro estudiantil de 1966- para protestar contra la falta de libertades y exigir la liberación de los presos políticos. Siguen presentes las banderas esteladas y los lazos amarillos en las iglesias catalanas, así como pancartas en pro de la democracia y del “derecho a decidir” en los templos, incluido el de la Sagrada Familia Una buena parte del clero catalán bendice el “proces”, es parte activa en el mismo y alienta a los fieles a que participen en él. Como ha comentado con sorna Oriol Trillas, al final del “proces” sólo quedarán los curas. Es cierto que hay muchos sacerdotes que son contrarios al proceso independentista y que no siguen las directrices del pensamiento religioso único establecido por el Centro Pastoral de Liturgia,  y algunos de ellos han creado en el portal “Germinans germinavit”  una secció titulada “Moniciones de la misa diaria para olvidarse de los del CPL”.A mayor politización de sus rectores, más vacías están las iglesias y se produce más asistencia a los servicios en español que a los realizados en catalán. La división producida por el nacionalismo en la sociedad catalana –concluye Trillas- se ha patentizado también en su Iglesia.

Conclusiones

La Iglesia catalana, siguiendo su tradición y antecedentes carlistas, es conservadora, “parroquiana” y excluyente. Lejos del sentido etimológico de la  palabra “Eclesia” de universalidad y apertura al mundo, está cerrada sobre sí misma y sobre su identidad idiomática y cultural catalana ,y rechaza lo que es ajeno a ella, especialmente si procede de España. No ha estado a la altura de su misión ecuménica y se ha replegado sobre sus fieles catalana-parlantes. Ha inspirado y apoyado la inmersión lingüística y el adoctrinamiento cultural identitario, especialmente a través de la Unión de Religiosos de Cataluña -compuesta por 6.000 miembros-, y de la Fundación de Escuelas Parroquiales.  Ha ignorado y dejado al margen a, por lo menos, el 50% de la sociedad catalana hispano-parlante a la que ha discriminado. La mayoría de la Iglesia catalana –con su jerarquía al frente- se ha sumado al proceso de autodeterminación  e independencia de Cataluña. Los excesos verbales de Monseñor Novell –es natura que el hombre, como se aburre en su minúscula sede episcopal, tenga que decir y hacer cosas sonadas para que se hable de él, aunque sea mal- resultan excesivos, pero no son reacciones aisladas y reflejan el sentir de buena parte de los católicos catalanes. El nacionalismo es u virus, un veneno sumamente peligroso,  que ha causado numerosos conflictos internos e internacionales –especialmente las dos guerra mundiales- y ahora está renaciendo en Europa con nuevo vigor a través de los populismos demagógicos. El Papa Francisco ha condenado sin paliativos los excesos y abusos de los nacionalismos, y sería sumamente conveniente que la Iglesia catalana hiciera autocrítica y siguiera sus sabios consejos.

Madrid,  6 de Marzo de 2008




martes, 30 de enero de 2018

Brillante actuación del payaso Puigdemont

BRILLANTE ACTUACIÓN DEL PAYASO PUIGDEMONT

            Sigue la brillante actuación del payaso Carles Puigdemont en un circo internacional con tres pistas: Bruselas, Copenhague y Barcelona. Ahora intenta el “más difícil todavía” con el intento de investidura telemática como Presidente de la Generalitat, con la eficaz colaboración del director de la pista catalana, Roger Torrent, Presidente del Parlament.

El espejo de Tabarnia refleja las incongruencias de los independentistas

            En este ambiente circense, se ha producido una réplica  mimética en Cataluña  con la creación virtual de Tabarnia, la unión de los pobladores de las regiones y pueblos de Barcelona y Tarragona contrarios a la independencia y decididos a seguir siendo españoles, que ha reclamado el “derecho a decidir” para separarse de Tractoria, la Cataluña bucólica y rural formada por Gerona y Lérida. La nueva Comunidad ha elegido como Presidente al director teatral Albert Boadella, que ha reconocido que -pese a sus intentos de ser un buen payaso- no puede igualar a Puigdemont. El genial dramaturgo ha puesto de manifiesto cómo el humor es el antídoto más eficaz para luchar contra la estupidez humana.

            Esta broma ha descolocado a los separatistas catalanes, que han visto reflejadas en el espejo de Tabarnia la falacia y la ridiculez de sus argumentos para separar a Cataluña de España. En un reciente artículo en “ABC”, el Embajador José Cuenca ha recordado el “caso Québec”, que los indepedentistas invocan indebidamente para justificar su derecho a la secesión. Como afirmó el Tribunal Supremo de Canadá en 1998, “si Canadá es divisible, también lo es  Québec”, lo que, “mutatis mutandis” equivaldría a decir que “si España fuera divisible, también lo sería Cataluña”.  Los independentistas –reconocidos expertos en la “Ley del Embudo”- se niegan, sin embargo, a aceptar que cualquier territorio catalán pueda llevar a cabo una consulta –“¿qué hay de malo en poner urnas?”, han mantenido cuando les interesaba- y declarar su independencia o incorporarse a otra Comunidad que le resultara más interesante o atractiva. El secesionismo sostiene que España es divisible si así lo deciden las urnas democráticas de la Generalitat, pero que nadie intente atentar contra la sagrada integridad de Cataluña. “Decir que ‘Barcelona no es Cataluña’ es una tontería de un calibre semejante al de ‘Cataluña no es España’”, concluía Cuenca.

El baño de Puigdemont en Copenhague

            Pletórico de entusiasmo propagandístico, Puiggdemont quiso llevar a Dinamarca la buena nueva del independentismo catalán simbolizado en su persona y se hizo invitar por la Universidad de Copenhague para establecer u n diálogo con los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de dicha Universidad. Puigdemont ofreció una triste figura al responder balbuciente a las incisivas preguntas de los profesores Marlene Wind y Christian Rosbell.  La Dra Wind –Directora del Centro de Política Europea de la Universidad danesa- le hizo preguntas tales como ¿qué entendía por democracia?. ¿el hecho de que sólo 43% de los catalanes votara en favor de la independencia no tenía ningún impacto en esa votación? ¿no había muchos catalanes no independentistas silenciados? ¿Siendo Cataluña la región más rica de España, no eran unos consentidos que querían liberarse de los pobres?  Puigdemont fue incapaz de dar una respuesta mínimamente satisfactoria. Wind dijo que el separatismo provocaba limpieza étnica y balcanización, y creaba mucho odio entre las personas. Señaló que la democracia suponía pasar por las urnas, pero también respetar las normas y el Estado de derecho, y que ésa era la gran diferencia entre el referéndum escocés o quebequés  y el catalán. Y le espetó:”¡Bájese Vd. del árbol! Deje de crear alboroto con este circo, viajando por toda Europa y victimizándose a sí mismo, y vuelva al trabajo”. Concluyó su argumentación afirmando:”Los propios catalanes están divididos al 50%  en este tema y los separatistas no están más legitimados de los que no se quieren separar, aunque ellos lo planteen como si fueran los catalanes más legitimados. Tienen que aceptar que quienes quieren salir de España no son mayoría y abandonar la retórica que han venido utilizando hasta ahora”. De esta aventura, el paladín de Tractoria ha salido como el gallo de Morón: “cacareando y sin plumas”.  

            En unas declaraciones a “El Mundo, Wind ha afirmado que el separatismo alienta a una especie de tribu que sólo quiere vivir consigo misma. Lo que dice es: “Somos mejores, sólo debes hablar una lengua”. Se basan en los mismos principios y códigos que el populismo: movilizar a las gentes en las calles en contra de alguien o de algo, y eso es muy peligroso para la estabilidad no sólo de cada Estado, sino también de la Unió Europea en su conjunto. Europa no puede convertirse en un continente de 200 mini-Estados. “Trabajar juntos y eliminar fronteras es la única vía de progreso”. Romper Estados-nación democráticos es muy grave y no beneficia más que a quienes quieren liquidar la Unión, como Vladimir Putin o Donald Trump.

            Aprovechado la ocasión de la excursión de Puigdemont a Copenhague, el Fiscal del Tribunal Supremo pidió al Magistrado Instructor que reactivara  la euro-orden para que fuera detenido y entregado a España, pero Pablo Llerena se negó alegando que el ex-Presidente no había viajad a Dinamarca para orearse tras dos meses y medio de estancia e Bélgica, ni movido por ninguna “inquietud académica”, sino con el objeto de ser arrestado. La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tenía más finalidad que “buscar la detención” y, de esa manera, “burlar el orden legal que rige  la actividad parlamentaria”. Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlament, “la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia  de una situación que le viene impuesta”. El interesado se colocaría en la misma situación de los imputados ingresados en la cárcel y el Instructor se vería obligado a autorizar que delegara su voto y, con ello, podría “ser investido a distancia”.

            Creo que Llerena se ha extralimitado en sus funciones y ha emitido un auto más político que jurídico, en base a que el juez debe tener en cuenta las circunstancias políticas para tomar una decisión jurídica, ya que no hacerlo supondría “favorecer la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término”. En ese caso, “se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición”. Las circunstancias aconsejaban posponer la orden de detención a “un momento en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no se encuentren en riesgo por una detención, que –como el Ministerio Fiscal defiende- seria lógica en otro contexto”. Añadió Llarena que el aplazamiento permitiría concluir la investigación y  ofrecer al país que deba entregar a Puigdemont una visión completa de los hechos que permitan juzgarlo por todos los delitos que se le imputan.

No estoy del todo de acuerdo con la decisión del Magistrado Instructor ni con sus argumentación,  más política que jurídica. Si un juez tuviera la posibilidad de solicitar la entrega de un prófugo por medio de una euro-orden, debería cursarla sin especular cuál va a ser la reacción del Estado requerido. Hay que dar un margen de confianza a los Estados socios de la UE, salvo que haya motivos fundados para dudarlo, como en el caso de Bélgica, que ha dado muestras en el pasado de falta de cooperación con la justicia española y que -en el “caso Puigdemont”- hizo a través del Fiscal del Rey un requerimiento intoleraba para la Justicia de un Estado miembro de la Unión. A diferencia de la normativa belga, la legislación danesa contempla los supuestos de rebelión y de sedición, y prevé incluso sanciones más graves que las previstas en el Código Penal español. Llarena debería haber reactivado la euro-orden contra el fugado ex-President, pues –al no hacerlo- da la sensación de que no cuenta con motivos suficientes para formularla, y haberse abstenido de hacer elucubraciones políticas ajenas a su función.

ERC sigue siendo ERC

            ERC –que sólo tiene en común con la antigua Convergencia, y sus múltiples reencarnaciones por mor de la corrupción, la aspiración a lograr la independencia de Cataluña- quiso librarse del abrazo del oso de Artur Mas, que la había forzado a formar una coalición en Junts pel Sí. Por eso, Oriol Junqueras se opuso a renovar la coalición y decidió ir por separado a las últimas elecciones autonómicas. Todos los sondeos daban a ERC como vencedora de los comicios a costa de PEdeCAT –camuflada, un vez más, bajo la sigla de Juntos por Cataluña (JxC)-, pero el desarrollo de los acontecimientos –encarcelamiento de Junqueras, huida de Puigdemont a Bélgica y hábil campaña de éste frente a la impotencia del encarcelado líder de ERC y la incompetencia de su equipo rector- hizo que, contra todos los pronósticos, JxC superara a ERC y el volatinero Puigdemont reclamara su derecho a la re-elección al ser su partido el más votado entre los nacionalistas.

            ERC consiguió la pedrea de la presidencia del Parlament –pese a haber sido Ciudadanos el partido más votado y con más escaños- en la persona de Roger Torrent.
Pese al odio africano de Junqueras a Puigdemont –que le dejó la palma del martirio, mientras cobraba todos los réditos del victimismo desde su confortable exilio bruselense-, ERC no tuvo más remedio que apoyar su candidatura a la presidencia de la Generalitat. La faz amable de ERC se mostró en el discurso inaugural aparentemente conciliador de Torrent, que cito la frase de Stefan Zweig “nuestro mundo tiene espacio para muchas verdades y no sólo para una”, aunque omitió otras de este mismo autor como la de que “el nacionalismo es el camino más corto del hombre hacia la bestialidad”. Torrent no tuvo el menor escrúpulo en presentar la candidatura de Puigdemont, pese a ser consciente de que no estaba en condiciones de acceder al cargo y en contra de la opinión de los juristas del propio Parlament, que consideraron antijurídicas la investidura telemática y la delegación de voto de los diputados fugados. Como advirtió Francisco Rosell, el flamante Presidente hizo creer al PP, al PSC y a Ciudadanos que se apartaba de la radicalidad de la ERC -que propició la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)- y adoptaban una actitud de “abstemio”. Estos partidos “atisbaron un hilo de esperanza en su ‘conciliador’ discurso, pero obviaron que se había atizado antes las copas del prófugo Puigdemont y del recluso Junqueras en el curso de su prédica de nuevo presidente de la cámara autonómica”. No sólo propuso a un prófugo para el máximo cargo de la Generalitat – pese a haber afirmado que seguiría los consejos de sus asesores parlamentarios-, sino que peregrinó a la corte de Bruselas para rendirle pleitesía y ponerse a sus pies.

            La Mesa del Parlament respaldó la propuesta de Torrent al contar con mayoría nacionalista, pero no se pronunció sobre la petición de los diputados huidos a Bruselas de delegar su voto en otro parlamentario para la sesión de investidura y delegaron en él la adopción de la correspondiente decisión en caso de urgencia. La intención era evidente: permitir que Torrent decidiera en la víspera de la sesión  autorizar la investidura telemática de Puigdemont  y  la delegación de voto de los prófugos, para no dar tiempo a que el Gobierno recurriera ante el Tribunal Constitucional y éste decidiera
anular su decisión

Dictamen del Consejo de Estado.

            Cundió el pánico en Moncloa ante la posibilidad de verse una vez más engañados por las argucias de Puigdemont y su corte de los milagros, y encontrarse con el hecho consumado de su elección telemática. Ante la situación de emergencia, la Virreina de Cataluña, Soraya Sáenz de, Santamaría convenció  a su jefe Mariano Rajoy de que saliera de su modorra arriólica y actuara adelantándose a los acontecimientos, de modo que el Gobierno no fuera “madrugado” una vez más por los separatistas. Sin consultar debidamente con los partidos constitucionalistas  ni con el resto del Gobierno y sin conversar del tema con el Consejo de Estado, solicitó a éste su preceptivo dictamen previo al planteamiento de un recurso ante el Tribunal  Constitucional (TC) para que éste suspendiera la sesión de investidura de Puigdemont.

            Contra lo esperado por el Gobierno, el Consejo de Estado mostró independencia de criterio y dio un dictamen negativo, porque la jurisprudencia constitucional prohibía las “impugnaciones preventivas o hipotéticas”. El TC no podía pronunciarse sobre “eventuales e hipotéticas interpretaciones”. Ha señalado que no cabía  ir más allá de una mera presunción de que el candidato propuesto no fuera a hacer acto de presencia en la cámara. Ahora bien, si en la convocatoria de la investidura o e cualquier otro acto el Parlament  autorizase de forma expresa la intervención del candidato ausente a través de medios telemáticos o por medio de persona interpuesta, procedería su impugnación. Igualmente impugnable sería el acuerdo plenario por el que se le otorgase la confianza del Parlamento al candidato propuesto si finalmente no compareciese de forma personal y presencial en la sesión de investidura. El Consejo ha dejado claro que el discurso del candidato no puede ser pronunciado a través de TV o de Internet, ni por una persona en la que aquél hubiera delegado. Tampoco resultaba aceptable la delegación de voto por parte de los diputados huidos a Bélgica. Ahora bien, sólo se podía presentar recurso si el Presidente, la Mesa o el Pleno del Parlament aprobaba cualquiera de estos supuestos.

            Se trata de una opinión excesivamente formalista que se justifica por la mala formulación de la consulta hecha por el Gobierno.. Jorge de Estaban ha considerado erróneo el dictamen del Consejo porque, si bien no cabía recurrir una conducta o un hecho que aún no se había producido, sí era recurrible la propuesta de Torrent de presentar a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalita, lo  que constituye un insulto al derecho. Al ser  una resolución, puede ser impugnada a título efectivo y no de forma preventiva. Comparto en gran medida esta opinión,  ya que Torrent ha propuesto a una persona que no está en condiciones de acceder al cargo al estar imputado por la justicia por delitos graves de rebelión, sedición y malversación, y no tener acceso libre al Parlamento pues sería detenido en cuanto regresara a España. Puigdemont no sólo no se ha arrepentido de su apoyo a la DUI –como han hecho, al menos formalmente, otros de los investigados ante el juez para eludir la cárcel o tratar de conseguir su liberación-, sino que sigue cometiendo de forma continuada los delitos de los que se le acusa, ya que aún se considera Presidente de la Generalitat, y defendiendo la proclamación de la República Catalana. Torrent decidió proponer a Puigdemont a sabiendas de que era una propuesta contraria a derecho, por lo que ha cometido un acto de prevaricación que es recurrible ante el TC o ante los tribunales ordinarios.

            Pese a la desautorización del Consejo, el Gobierno siguió adelante con su recurso so pretexto de que, aunque preceptivo, el dictamen no era vinculante. La Vicepresidenta Sáenz de Santamaría alegó que el Gobierno no podía esperar a que se produjera el hecho consumado de la investidura y debía utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que alguien huido de la justicia pudiera ser elegido Presidente de la Generalitat.  Añadió que merecía la pena correr el riesgo de una hipotética división del los miembros de TC -que hasta ahora han actuado de forma unánime en el tema de Cataluña-, lo que no deja de ser una irresponsabilidad. Con un increíble grado de cinismo, la ex –Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se declaró convencida de que los grupos parlamentarios catalanes pedirían al Gobierno que hiciera caso al Consejo de Estado, “igual que piden que se haga caso a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y a los de los letrados del Parlament“. Como es de sobra conocido, Forcadell incumplió sistemáticamente los dictámenes de sus órganos asesores y Torrent parece seguir el mismo camino.                                  

Auto del Tribunal Constitucional

            La situación se presentaba peliaguda para el Gobierno porque el ponente, Antonio Xiol, y otros tres magistrados del sector progresista del TC eran partidarios de reiterar la opinión del Consejo de Estado y rechazar la petición de suspender la investidura de Puigdemont. Al final, el Tribunal ha hecho encaje de bolillos y ha dictado por unanimidad un auto salomónico que ha permitido evitar la catástrofe. Ha decidido la suspensión cautelar de cualquier sesión de investidura que no sea presencial, ya que no podía hacerse por vía telemática ni mediante sustitución del candidato por otro parlamentario, y los diputados huidos de la justicia no podían delegar su voto en un tercero. Asimismo, “no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”. El Tribunal ha declarado “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas”.

            El TC ha ordenado que se notifique personalmente la decisión al Presidente Torrent y a los miembros de la Mesa, y les ha recordado “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas”, y advertido de las eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento. Se les ha indicado específicamente que deberán abstenerse de cualquier acuerdo o actuación que “permita proceder a un debate de investidura de don Carles Puigdemont Casamajó como candidato a la presidencia de la Geeralitat, que no respete las medidas cautelares adoptadas”. El  Tribunal no se ha pronunciado sobre la admisión o inadmisión  del recurso y ha aplaza la decisión hasta que se pronuncien sobre el asunto quienes han pedido personarse en el mismo, incluido Puigdemont. Para entonces, ya habrá pasado la fecha prevista para la celebración del pleno de investidura,  por lo que la decisión tendrá menos trascendencia. . El Gobierno no ha logrado que el TC anule la candidatura de Puigdemont, pero ha obstaculizado su realización y sul auto hace prácticamente imposible la investidura de prevista para el  30 de Marzo. Si aquél quisiera participar en la citada sesión, tendría que regresar a España, ponerse a disposición del Juez Instructor y solicitar de él una autorización judicial para asistir al la sesión del Parlament.

            Como ha observado Francisco Pascual, quienes han criticado al Gobierno por ir a remolque de las iniciativas de los independentistas ahora lo critican por adelantarse a estas iniciativas. El Gobierno ha hecho bien, pero lo ha hecho mal, valga el juego de palabras. Ha impugnado un acto aún sin realizar -con lo que se ha llevado el revolcón del Consejo de Estado, que le ha recordado que en derecho no caben las impugnaciones preventivas-, en vez de denunciar el acto prevaricador de Torrent de proponer como Presidente de la Generalitat a un prófugo de la justicia imputado por graves delitos y que sigue delinquiendo. El TC ha salvado la cara del Gobierno, que –por una vez que ha actuado a tiempo- lo ha hecho de forma chapucera. Sáenz de Santamaría y su cohorte de Abogados del Estado se han cubierto de gloria.

¿Qué va a pasar en la sesión de investidura?

            En la situación rocambolesca en que los políticos catalanes han colocado al país, cabe esperar cualquier cosa. Dependerá de lo que decida Torrent y, en último término, Puigdemont. De éste depende que la sesión de investidura se desarrolle conforme a lo previsto, mediante su presencia física en el acto. No creo que ésta se produzca porque es un cobarde que no está dispuesto a asumir el riesgo de pasar ni un minuto en la cárcel. Ha instado el amparo de Torrent para poder acudir al Parlament con la garantía de no ser detenido, porque alega que goza de inmunidad, pero el Presidente de la Cámara no está en condiciones de concedérselo por más que quisiera. A éste se le ofrecen tres alternativas: suspender la sesión de investidura e iniciar contactos con los grupos parlamentarios para la presentación de un nuevo candidato, mantener la sesión e intentar la investidura de Puigdemont por vía telemática o mediante delegación, o aplazar la convocatoria “sine die” o a la espera de que el TC se pronuncie sobre la petición de suspensión de la candidatura del ex –President hecha por el Gobierno. La primera sería la fórmula más razonable y conforme a derecho y, en este sentido, el diputado de ERC Joan Tardá declaró a “La Vanguardia” que quizás habría que sacrificar a una persona para salvar a las instituciones, pero ha sido desautorizado por la dirección de su partido. La segunda supondría un enfrentamiento abierto con el TC y con el Gobierno, y conduciría a la imputación de Torrent por desobediencia e incluso por complicidad en la rebelión. La tercera es la que presenta menos riesgos, siempre que sea temporal y no exceda del plazo máximo autorizado para la realización de la investidura. Esta última opción ha sido la elegida por Torrent, que ha decidido suspender el debate de investidura del candidato Puigdemont  -aunque no desconvocarlo-, hasta que el TC se pronuncie definitivamente.

            Es increíble el grado de fanatismo y de prepotencia de los nacionalistas, a los que no les basta seguir monopolizando el poder en Cataluña –pese a no contar con la mayoría de votos de los catalanes-, sino que pretenden imponer como Presidente de la Generalitat a un prófugo de la justicia acusado de los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, y que sigue insistiendo en su actuación delictiva desde el extranjero. Con arrogancia les ha dicho a los catalanes no independentistas, al Gobierno de la Nación y al resto de los españoles:¿No queréis caldo?, pues tomad dos tazas: Puigdemont y Puigdemont”. Y lo hacen incluso en contra de los intereses de sus propios partidos, especialmente en el caso de ERC. Es difícil de comprender cómo, pese a la rivalidad con JxC y la traición de Puigdemont a Junqueras, el Presidente republicano del Parlament le hace el juego a su rival dentro del nacionalismo y apoya incondicionalmente sus exorbitantes y egoístas pretensiones: ”Cataluña soy Yo”. Los nacionalistas de todo cuño –incluidos los energúmenos de la CUP, que ladran más que muerden- aplauden entusiasmados la gran actuación de la superestrella del circo separatista: el payaso Puigdemont. Resulta, por otra parte, cómico que los constitucionalistas que tanto nos preocupamos por que no sea elegido Puigdemont, pasamos por alto que su eventual sucesor –en el caso de que los  nacionalistas recuperaran la cordura y presentaran a otro candidato de entre sus filas separatistas- podría ser igual o incluso peor que el Payaso-en-jefe de la República de Cataluña..


Madrid, 30 de Enero de 2018

martes, 9 de enero de 2018

Disparatadas declaraciones del magistrado Martín Pallín sobre ciertos acontecimientos judiciales e Cataluña

DISPARATADAS  DECLARACIONES DEL MAGISTRADO MARTÍN PALLÍN SOBRE CIERTOS ACONTECIMIENTOS JUDICIALES EN CATALUÑA

                  Me había propuesto tomarme en Navidad unas cortas vacaciones de Cataluña, pero no me ha sido posible tras leer – con un poco de retraso, pues con las fiestas navideñas rodeado nietos no tengo tiempo ni de leer el periódico- las lamentables declaraciones a “El Mundo” del Magistrado del Tribunal Supremo y antiguo portavoz de “Jueces para la Democracia”, José Antonio Martín Pallín, uno de los referentes de la progresía judicial. No tienen desperdicio y resulta increíble que puedan haber sido hechas por un juez de carrera, por muy progresista que sea, o precisamente por eso.

Politización de la Justicia.

                  En relación con la imputación y huida a Bélgica del ex-Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont para eludir la justicia española, Martín Pallín ha dicho que, “si los jueces no reflexionan sobre los valores de la participación política y la libertad, quizás nos encontremos con otra nueva anomalía que asombrara a todo nuestro entorno político”: a saber, que un Presidente electo entre en la cárcel y que un juez no le conceda permiso para salir de prisión y ser investido. “Esto sería incompatible con el Estado de Derecho, la separación de poderes y la Constitución”. Si  el juez le diera permiso y fuera investido como Presidente de la Generalitat, tendría que regresar a la cárcel, lo que sería rocambolesco. “O se soluciona por la vía política, constitucional y de diálogo, o no hay solución”.  Una forma racional de afrontar el problema  sería llevar a Puigdemont ate el juez y que éste decidiera su puesta en libertad .“Ahora bien, si convierten la detención en un espectáculo internacional, el conflicto actual se agravaría sin necesidad. Ese principio de autoridad sería una muestra más de los restos del franquismo, incompatibles con una democracia solvente”. No se pueden decir, en mi opinión, tantos disparates en tan pocas palabras.

                  Martín Pallín es de los que creen que los jueces deben mancharse los fondos de sus togas con el polvo político del camino e ignora  que la función primordial de los jueces es aplicar las leyes al margen de consideraciones políticas y de la condición de políticos de sus infractores. La condición de político del infractor no debería ser una circunstancia eximente sino, antes al contrario, agravante. ¿Sobre qué “valores de participación política” debería reflexionar los jueces de la Audiencia Nacional  y del Tribunal Supremo en el presente caso?.¿Acaso en que la condición de Presidente o de miembros del Govern, o de componentes de la Mesa del Parlament les permite cometer impunemente delitos de rebelión, sedición o malversación? ¿A qué libertad se refiere? ¿A la que se debería conceder a Oriol Junqueras o al propio Puigdemont, en el caso harto improbable de que  decidiera comparecer ante el juez que le ha imputado por la supuesta comisión de tales delitos?. 

                  Me sorprende que un juez de carrera ignore tan flagrantemente el “iter” del proceso judicial. Cualquier persona acusada de tan graves delitos debe comparecer ante el juez, quien- si considera que hay índices racionales de la comisión del delito por el que ha sido acusado- puede decidir la prisión provisional del investigado o su liberación, con o sin fianza. Si decidiera el ingreso incondicional en prisión por temor a que pudiera destruir pruebas o continuar su actividad delictiva, el encausado sólo podría salir de la cárcel con el permiso del juez instructor, que no está obligado a concederlo. Si no lo concediera, no sería incompatible con el Estado de derecho o con la separación de poderes. Cuando no existe dicha separación es cuando el ejecutivo presiona –como en el presente caso- al judicial para que adopte una decisión, que además es contraria a derecho. Si el juez concede graciosamente al preso permiso para acudir al Parlamento, su regreso a la cárcel es completamente  normal y no tiene nada de “rocambolesco”.

                  El ex-magistrado menciona asimismo el supuesto del imputado que –como Puigdemont- se niega a comparecer ate el juez y ha huido al extranjero. Afirma que el interesado debería comparecer ,siempre que se le garantizara que no sería detenido y  enviado a prisión. No parece que tal sea el “modus operand” normal en un caso semejante. Lo lógico sería que fuera detenido y que el juez decidiera si debería  ser encarcelado provisionalmente o liberado, con o sin fianza.

                  Martín Pallín ha puesto de manifiesto su concepción politizada de la justicia al afirmar que la situación  judicial en que se encuentran Junqueras o Puigdemont  sólo puede solucionarse mediante la política y el diálogo. ¿Para que están entonces los Tribunales?. En un Estado de derecho, una persona imputada por delitos de rebelión, sedición y malversación no puede resolver su problema judicial mediante el recurso al diálogo o a la política. Esto sólo ocurre en los Estados totalitarios o autocráticos. Como muestra de su politización de  la justicia, Martín Pallín ha señalado que el problema se podría resolver de forma eficaz  “si la situación actual desemboca en una solución de todas las causas penales pendientes, sin perjuicio de que algunos puedan soñar con una república independiente dentro del ámbito que marca la Constitución” (¿?). La solución que propugna no puede ser menos jurídica: Se sobreseen  todos los procesos penales incoados y pelillos al Mar Mediterráneo, de modo que los sobreseídos puedan seguir conspirando para lograr la independencia de Cataluña  por vía unilateral. En su sectarismo, llega hasta afirmar que detener y encarcelar a Puigdemont, sería un acto de autoridad  propio del franquismo e incompatible con la democracia. ¿Ha olvidado el antiguo magistrado lo que es un Estado de derecho?.

                  El antiguo magistrado muestra poco aprecio por sus colegas implicados e los casos, que han adoptado decisiones erróneas, bien por “exceso de celo” e el mejor de los casos, bien por “plegarse a las presiones del Poder Ejecutivo”, lo que sería gravísimo. Solo contempla la posibilidad de que el juez sólo actúe por ansias de protagonismo o por presión del Gobierno. No parece entrar e sus cálculos que el juez actúe por respeto a la ley y con intención de hacer justicia, sin parar mientes en la condición de político del investigado.

Falsa equidistancia

                  Según Martin Pallín, en Cataluña se han consolidado dos bloques irreductibles, que describe, de forma simplista e inexacta:, como ”la soñada república catalana con el eslogan de ‘España nos roba’ y después ‘España nos golpea’; y,
luego, el nacionalismo españolista con resabios del autoritarismo que implanto la dictadura. Cuando te pillan en medio, es muy difícil abrirse paso”. No se puede describir de forma más maniquea y sectaria al sector que propugna que se respete la Constitución y el Estatut y que Cataluña continúe formando parte de España. Dudo que exista en Cataluña un bloque nacionalista español de talante totalitario y franquista. Los escasos elementos de extrema derecha forman unos pequeños grupos completamente marginales. La inmensa mayoría del pueblo catalán votó en 1978 a favor de la Constitución, que los independentistas han decidido abrogar e incluso hoy día, algo más de la mitad de la población de Cataluña sigue apoyándola, aunque algunos crean que debería ser reformada. No se pueden poner en pie de igualdad las posiciones de estas dos mitades, porque una ha optado por cumplir la Constitución y las leyes,  la otra por incumplirlas. No cabe, pues, situarse en una situación intermedia y supuestamente equidistante entre los que cumplen la ley y lo que la violan.
                 
                  El ex-magistrado ha criticado de forma poco objetiva a los partidos supuestamente constitucionalistas –a los que califica despectivamente  de “jíbarocostitucionalistas”-,  porque sólo manejan una disposición de la Constitución –el artículo 2- y no muestran interés alguno por los grandes valores consagrados e la Carta Magna, como “justicia, pluralismo,  libertad, dignidad de la persona y respeto”. Así, “si tienes reticencias al artículo 2, pero crees en los otros, te expulsan de la Constitución”.

                  Esta descalificación de los constitucionalistas es gratuita e injustificada, y la conclusión a la que llega sobre la expulsión de la Constitución de los reticentes resulta descabellada. El artículo 2 no es una disposición más, sino la norma básica de la Constitución, que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”. Nadie excluye  a los independentistas. Son ellos los que se autoexcluyen, al negar la unidad nacional y declarar unilateralmente la independencia de Cataluña (DUI)..

¿Se han cometidos delitos de rebelión, sedición y malversación?

                  Martín Pallín afirma tajantemente que no hay visos de que Puigdemont, Junqueras y Cia hay hayan cometido los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que han sido acusados. Respecto a los dos primeros, no da argumentos que justifiquen su afirmación y se remite a lo expuesto por el prestigioso penalista Enrique Gimbernat

1) Rebelión

                   El profesor Gimbernat ha mantenido que los imputados no cometieron delito de rebelión. El artículo 472-5 del Código Penal considera reos de rebelión a
“quienes se alzaren violenta y públicamente” para lograr una serie de fines, tales como “declarar la independencia de una parte del territorio nacional“. En una primera aproximación, cabría concluir  que sí lo cometieron, en cuanto que hubo un alzamiento público y violento, y se proclamó la independencia de Cataluña. Sin embargo, dichos actos “sólo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O”, pero este referéndum “no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad a y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una  declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de Octubre, para la cual no fue  necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta”.

                  Con el debido respeto al Profesor de Derecho Penal, no comparto su opinión, que encuentro excesivamente formalista. Es cierto que la mayoría de los actos violentos que se produjeron fueron para apoyar la celebración del referéndum del 1-O y tuvieron lugar con anterioridad a la DUI, pero la celebración del referéndum no era un fin en sí mismo, sino u medio para acceder a la independencia. Así, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional que establecía las bases de la nueva República, así como la propia Declaración de Independencia, tomaron como base el mandato dado por el pueblo catalán en el citado referéndum. Por consiguiente, los actos violentos  públicos realizados iban destinados, en último término, a imponer la DUI.

                  Por otra parte, si bien la mayoría de los actos en cuestión se produjeron antes del, o durante el, 1-O –amenazas a las empresas que no colaboraban con el referéndum, entorpecimiento de los registros judiciales en la Consejería de Economía, formación de murallas humanas para impedir el acceso de la policía a los centros de votación o ataques a las fuerzas de seguridad-.hubo otros que –según señaló el magistrado Pablo Llarena en su auto acusatorio- se realizaron con posterioridad, como el asedio a los hoteles donde se hospedaban la policía nacional y la guardia civil, las amenazas a las empresas hoteleras, las agresiones a los agentes o los cortes de carreteras y la paralización de las estaciones ferroviarias o de metro. Todos estos comportamientos expresaban “el violento germen que arraigaba expandirse” y constituían una clara y plural expresión de violencia. Mientras Llarena apuntaba a la  posible comisión  de un delito consumado de rebelión, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo, que ha rechazado por unanimidad el recurso de Junqueras para obtener la libertad, ha sido algo más cauta y ha considerado que –aunque “había indicios suficientemente consistentes de la comisión de un delito de rebelión”-  éste podría haberse cometido en grado de conspiración.

2) Sedición

                  Martín Pallín ha manifestado que Gimbernat ha puesto la comisión del delito de sedición “entre interrogantes”.  El profesor madrileño, si embargo, reprodujo en su artículo sobre “¿Rebelión, sedición o ninguna de las dos?“-  la afirmación del Fiscal General del Estado de que, “en todo caso, de  entenderse que algún elemento del delito de rebelión no concurre e los hechos objeto de esta querella, éstos sería constitutivos de un delito de sedición”, y señaló que fue éste el delito cometido, porque “tanto los investigados, como sus ‘largos brazos’ civiles, al acudir a la fuerza para conseguir la celebración de un referéndum prohibido por el TC, han cumplido con todos los elementos del tipo de artículo 544” de Código Penal, que tiene el siguiente tenor:”Son reos del delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales”

                  Según Tsevan Rabtan, o se exige a Junqueras y a sus afines que renuncien a su ideología , sino a una forma de implementarlala, tal como la aprobación de una pseudolegislación inconstitucional, amparada en el apoyo popular, si hay una reacción legítima del Estado, deviene en actuaciones tumultuarias. “Por eso, la sedición es difícilmente discutible; los actos sediciosos, realizados por multitudes, fueron incluidos en la estrategia secesionista y abiertamente instigados por los miembros del anterior Gobierno de la Generalidad. Y no hay el más mínimo indicio de que los dirigentes de esta gigantesca operación renuncien a utilizar esa vía nuevamente. Por lo demás, presentarse a unas elecciones y resultar elegido no modifica nada de esto ni e un ápice”

3) Malversación

                  Es el único delito para el que Martín Pallín aporta, para descartar su comisión, unos argumentos originales y extravagantes: “Los independentistas no engañaron a nadie. Avisaron de sus intenciones desde 20015 y asó lo reconoce el Constitucional. Que se gasten dinero en unas urnas puede gustar más o menos, pero lo advirtieron previamente y no parece delito”. Me temo que los delincuentes de toda gama habrán tomado debidamente nota de la interpretación de este genio de la judicatura. Bastará con que adviertan con anterioridad de su actitud delictiva para quedar exonerados del correspondiente delito. ¡Pallín lava más blanco1.

                  El magistrado Llarena no dio autonomía al delito de malversación, sino que lo consideró como una circunstancia agravante del de rebelión. Gimbernat ha mantenido que no puede ponerse en cuestión que los querellados han cometido un delito de malversación, porque “que destinaron una ingente cantidad de fondos públicos para la financiación del referéndum ilegal, ha dejado un rastro incortovertible en forma de Ley. En efecto, la disposición adicional 40ª de la Ley 4/2017 de Presupuestos de la Generalita –declarada nula e inconstitucional por el TC- tenía el descaro de autorizar al Govern para habilitar partidas con las que, posteriormente, se malversaron fondos públicos para pagar los cuantiosos gastos  que fueron necesarios para que el referéndum ilegal pudiera llevarse a cabo”.

                  Por su parte, la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, afirmó en su auto incriminatorio que “la planificación, organización y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas con fondos públicos” y que los querellados hicieron posible la realización de pagos para “llevar a cabo un acto, no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de la declaración explícita de anticonstitucionalidad”. La Sala de Recursos del Tribunal Supremo ha visto indicios serios de malversación y recordado que Junqueras ya había sido advertido por el TC de las posibles consecuencias penales de destinar fondos públicos al referéndum declarado ilegal.

¿Es procedente la prisión preventiva impuesta por los Tribunales?

                  Martín Pallín estima que el principio general es el de la libertad de los reos y que, en el presente caso, no concurre ninguno de los requisitos taxativamente establecidos por el TC. La magostada Lamela, en cambio, consideró que sí se cumplían dichos requisitos: comisión por los investigados de delitos muy graves, existencia de motivos suficientes para estimar penalmente responsables a éstos y posible aplicación de penas superiores a los dos años de prisión. Pallín se pregunta que qué peligro social encierran políticos como Junqueras o Puigdemont. “Es como si hubiese que abjurar de las ideas para no molestar. Suena a resabio inquisitorial”. La respuesta es obvia. Los dirigentes políticos catalanes, amén de un peligro político al decidir imponer si contar con la mayoría necesaria la independencia de Cataluña, son u peligro social para su población, pues –con su sectarismo e imposición de su pensamiento único ha conseguido escindir a la sociedad catalana en dos mitades enfrentadas e incluso a dividir a familias y a amistades. Han pretendido asimismo asumir la representación de todo el pueblo catalán. Y lo peor es que, pese al fiasco de la DUI, no cejan e su empeño.

                  La Sala de de Recursos –formada por los magistrados  Miguel colmenero, Francisc0 Monterde y Alberto Jorge- ha contestado a las insólitas aseveraciones de Martín Pallín al señalar que “la presente causa no se ha incoado para perseguir la disidencia política, ni la defensa de una opción independentista”. Por eso, no se puede hablar de presos políticos, “pues nadie es perseguido por defender una idea, y el sistema permite la defensa de cualquier opción, ofreciendo cauces sobrados para sostenerla”. La falta de mayorías para ejecutar un programa electoral -ha añadido la Sala – “no autoriza, en democracia,  el recurso a la violencia o al tumulto”.

                  Ante las alegaciones de Junqueras de que su condición de candidato a President había contribuido a su mantenimiento en prisión, la Sala le ha recordado que, desde  su posición de Vicepresident, ejerció un papel preponderante en los hechos que le han llevado a la cárcel de Estremera.. Los magistrados han considerado que el ofrecimiento de diálogo y bilateralidad hecho por Junqueras “no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado”. No se trata de impedir que vuelva a defender su proyecto político, sino de “evitar que lo haga de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora”. Su condición de cargo electo no le libera de asumir las consecuencias de sus delitos, pues, “si bien el ejercicio de algunos cargos políticos pude determinar la existencia de aforamientos, no supone la impunidad”. Su condición de diputado podrá ser tenida en cuenta por el juez instructor para permitir su salida de prisión “en momentos puntuales y en función de las circunstancias que se presenten en cada uno de ellos”.

                  La Sala ha reconocido que no consta que Junqueras haya participado personalmente en actos violentos, ni que haya dado órdenes directas en tal sentido, pero incitó a los ciudadanos, de forma directa o indirecta,  a la movilización contra resoluciones judiciales, lo que suponía “una muy alta posibilidad de enfrentamientos físicos con episodios inevitables de violencia”.No resulta creíble la cínica afirmación de Junqueras de que no sabía nada de los planes para realizar la UDI, minuciosamente descritos en la agenda de su número dos, Josep Jové. El auto se cierra con la afirmación de que su mantenimiento en la cárcel es “sin perjuicio de que nuevas circunstancias puedan aconsejar al instructor una modificación de la situación personal del recurrente o de los demás investigados”.  

                  Los magistrado han estimado que “no existe ningún dato relevante que indique de forma seria que el recurrente ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones populares que obliguen al Estado a aceptarla, con los consiguientes riegos –ya concretados en el pasado- de que se produzcan nuevamente episodios de violencia o tumultos”.  Prueba de ello es la consigna enviada a sus seguidores por el penitente encarcelado tras conocer el auto denegatorio de su libertad.:”Persistid, porque yo persistiré”. El inefable Puigdemont ha exigido desde su santuario belga la inmediata liberación de Junqueras, Joaquim Forn y los Jordi, Sánchez y Cuixart, que han pasado –en su opinión de ser de presos políticos a meros rehenes del Estado.

Responsabilidad por la celebración del referéndum del 1-0 y de la UDI

                  Martín Pallín ha afirmado que, aunque el Gobierno actuó correctamente cuando recurrió al TC la Ley del Referéndum y la de la Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.  El Tribunal las anuló y “ahí debió terminar el conflicto jurídico, político y constitucional. Alguien deberá explicar algún día qué sucedió y dar la cara por las sanciones penales impuestas a los ex–miembros del Gobierno de Cataluña”.Cualquiera con algún conocimiento de derecho o con un mínimo de sentido común, podría contestar adecuadamente al ex-magistrado La afirmación de que el conflicto debería haber acabado tras las múltiples decisiones del TC es de un buenismo enternecedor. Efectivamente, con los fallos del Tribunal se ponía a la Generalitat, al Parlament y a los movimientos ciudadanos en su sitio, pero éstos no le han hecho el menor caso  y han seguido erre que erre en su actitud de insumisión ante el Estado, de violación de las leyes y de incumplimiento de las decisiones judiciales. El Govern incumplió una y otra vez las leyes del Estado y la Constitución, a la que pretendieron sustituir por una ley autonómica. El Parlament adoptó –sin respetar sus propias normas y en contra de los dictámenes de los juristas de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias- una serie de leyes –especialmente la del Referéndum y la de Transitoriedad- que derogaron la Constitución y establecieron la estructura de una República independiente. Los movimientos ciudadanos Asociación Nacional Catalana y Omnium Cultural convocaron manifestaciones contra el Estado y en pro de la secesión, recurriendo a la coacción moral -e incluso a la física-, y provocando tumultos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Unos y otros incumplieron las sentencias, autos y providencias de los Tribunales catalanes, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del TC. Un supuesto jurista como Martín Pallín tiene la ingenuidad, si no la desfachatez, de preguntar quiénes son los responsables de todos estos desafueros. La respuesta es evidente: sus autores, que han ignorado el Estado de derecho.

                  En cuanto a la responsabilidad  por la adopción de las medidas penales impuestas  a los políticos incumplidores de la ley, la respuesta es asimismo obvia: Corresponde a los Tribunales que adoptaron las oportunas decisiones judiciales: la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el TC. Cada palo que aguante su vela y que los presuntos –para mí, en el presente caso,  sobre este calificativo garantista- autores de los delitos de rebelión, sedición y malversación –por no mencionar los de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y algún que otro más- asuman las consecuencias, no de sus opiniones que son libres, sino de sus hechos. Parafraseando las palabras de  Humphrey Bogart a Ingrid Bergman, en la mítíca película “Casablanca”,  de que “siempre nos quedará París”, podríamos decir: “Siempre nos quedará  la Justicia”, que, -aunque desesperadamente lenta- es independiente, imparcial, segura e implacable.

Madrid, 7 de Enero de 2018