martes, 30 de enero de 2018

Brillante actuación del payaso Puigdemont

BRILLANTE ACTUACIÓN DEL PAYASO PUIGDEMONT

            Sigue la brillante actuación del payaso Carles Puigdemont en un circo internacional con tres pistas: Bruselas, Copenhague y Barcelona. Ahora intenta el “más difícil todavía” con el intento de investidura telemática como Presidente de la Generalitat, con la eficaz colaboración del director de la pista catalana, Roger Torrent, Presidente del Parlament.

El espejo de Tabarnia refleja las incongruencias de los independentistas

            En este ambiente circense, se ha producido una réplica  mimética en Cataluña  con la creación virtual de Tabarnia, la unión de los pobladores de las regiones y pueblos de Barcelona y Tarragona contrarios a la independencia y decididos a seguir siendo españoles, que ha reclamado el “derecho a decidir” para separarse de Tractoria, la Cataluña bucólica y rural formada por Gerona y Lérida. La nueva Comunidad ha elegido como Presidente al director teatral Albert Boadella, que ha reconocido que -pese a sus intentos de ser un buen payaso- no puede igualar a Puigdemont. El genial dramaturgo ha puesto de manifiesto cómo el humor es el antídoto más eficaz para luchar contra la estupidez humana.

            Esta broma ha descolocado a los separatistas catalanes, que han visto reflejadas en el espejo de Tabarnia la falacia y la ridiculez de sus argumentos para separar a Cataluña de España. En un reciente artículo en “ABC”, el Embajador José Cuenca ha recordado el “caso Québec”, que los indepedentistas invocan indebidamente para justificar su derecho a la secesión. Como afirmó el Tribunal Supremo de Canadá en 1998, “si Canadá es divisible, también lo es  Québec”, lo que, “mutatis mutandis” equivaldría a decir que “si España fuera divisible, también lo sería Cataluña”.  Los independentistas –reconocidos expertos en la “Ley del Embudo”- se niegan, sin embargo, a aceptar que cualquier territorio catalán pueda llevar a cabo una consulta –“¿qué hay de malo en poner urnas?”, han mantenido cuando les interesaba- y declarar su independencia o incorporarse a otra Comunidad que le resultara más interesante o atractiva. El secesionismo sostiene que España es divisible si así lo deciden las urnas democráticas de la Generalitat, pero que nadie intente atentar contra la sagrada integridad de Cataluña. “Decir que ‘Barcelona no es Cataluña’ es una tontería de un calibre semejante al de ‘Cataluña no es España’”, concluía Cuenca.

El baño de Puigdemont en Copenhague

            Pletórico de entusiasmo propagandístico, Puiggdemont quiso llevar a Dinamarca la buena nueva del independentismo catalán simbolizado en su persona y se hizo invitar por la Universidad de Copenhague para establecer u n diálogo con los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de dicha Universidad. Puigdemont ofreció una triste figura al responder balbuciente a las incisivas preguntas de los profesores Marlene Wind y Christian Rosbell.  La Dra Wind –Directora del Centro de Política Europea de la Universidad danesa- le hizo preguntas tales como ¿qué entendía por democracia?. ¿el hecho de que sólo 43% de los catalanes votara en favor de la independencia no tenía ningún impacto en esa votación? ¿no había muchos catalanes no independentistas silenciados? ¿Siendo Cataluña la región más rica de España, no eran unos consentidos que querían liberarse de los pobres?  Puigdemont fue incapaz de dar una respuesta mínimamente satisfactoria. Wind dijo que el separatismo provocaba limpieza étnica y balcanización, y creaba mucho odio entre las personas. Señaló que la democracia suponía pasar por las urnas, pero también respetar las normas y el Estado de derecho, y que ésa era la gran diferencia entre el referéndum escocés o quebequés  y el catalán. Y le espetó:”¡Bájese Vd. del árbol! Deje de crear alboroto con este circo, viajando por toda Europa y victimizándose a sí mismo, y vuelva al trabajo”. Concluyó su argumentación afirmando:”Los propios catalanes están divididos al 50%  en este tema y los separatistas no están más legitimados de los que no se quieren separar, aunque ellos lo planteen como si fueran los catalanes más legitimados. Tienen que aceptar que quienes quieren salir de España no son mayoría y abandonar la retórica que han venido utilizando hasta ahora”. De esta aventura, el paladín de Tractoria ha salido como el gallo de Morón: “cacareando y sin plumas”.  

            En unas declaraciones a “El Mundo, Wind ha afirmado que el separatismo alienta a una especie de tribu que sólo quiere vivir consigo misma. Lo que dice es: “Somos mejores, sólo debes hablar una lengua”. Se basan en los mismos principios y códigos que el populismo: movilizar a las gentes en las calles en contra de alguien o de algo, y eso es muy peligroso para la estabilidad no sólo de cada Estado, sino también de la Unió Europea en su conjunto. Europa no puede convertirse en un continente de 200 mini-Estados. “Trabajar juntos y eliminar fronteras es la única vía de progreso”. Romper Estados-nación democráticos es muy grave y no beneficia más que a quienes quieren liquidar la Unión, como Vladimir Putin o Donald Trump.

            Aprovechado la ocasión de la excursión de Puigdemont a Copenhague, el Fiscal del Tribunal Supremo pidió al Magistrado Instructor que reactivara  la euro-orden para que fuera detenido y entregado a España, pero Pablo Llerena se negó alegando que el ex-Presidente no había viajad a Dinamarca para orearse tras dos meses y medio de estancia e Bélgica, ni movido por ninguna “inquietud académica”, sino con el objeto de ser arrestado. La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tenía más finalidad que “buscar la detención” y, de esa manera, “burlar el orden legal que rige  la actividad parlamentaria”. Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlament, “la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia  de una situación que le viene impuesta”. El interesado se colocaría en la misma situación de los imputados ingresados en la cárcel y el Instructor se vería obligado a autorizar que delegara su voto y, con ello, podría “ser investido a distancia”.

            Creo que Llerena se ha extralimitado en sus funciones y ha emitido un auto más político que jurídico, en base a que el juez debe tener en cuenta las circunstancias políticas para tomar una decisión jurídica, ya que no hacerlo supondría “favorecer la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término”. En ese caso, “se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición”. Las circunstancias aconsejaban posponer la orden de detención a “un momento en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no se encuentren en riesgo por una detención, que –como el Ministerio Fiscal defiende- seria lógica en otro contexto”. Añadió Llarena que el aplazamiento permitiría concluir la investigación y  ofrecer al país que deba entregar a Puigdemont una visión completa de los hechos que permitan juzgarlo por todos los delitos que se le imputan.

No estoy del todo de acuerdo con la decisión del Magistrado Instructor ni con sus argumentación,  más política que jurídica. Si un juez tuviera la posibilidad de solicitar la entrega de un prófugo por medio de una euro-orden, debería cursarla sin especular cuál va a ser la reacción del Estado requerido. Hay que dar un margen de confianza a los Estados socios de la UE, salvo que haya motivos fundados para dudarlo, como en el caso de Bélgica, que ha dado muestras en el pasado de falta de cooperación con la justicia española y que -en el “caso Puigdemont”- hizo a través del Fiscal del Rey un requerimiento intoleraba para la Justicia de un Estado miembro de la Unión. A diferencia de la normativa belga, la legislación danesa contempla los supuestos de rebelión y de sedición, y prevé incluso sanciones más graves que las previstas en el Código Penal español. Llarena debería haber reactivado la euro-orden contra el fugado ex-President, pues –al no hacerlo- da la sensación de que no cuenta con motivos suficientes para formularla, y haberse abstenido de hacer elucubraciones políticas ajenas a su función.

ERC sigue siendo ERC

            ERC –que sólo tiene en común con la antigua Convergencia, y sus múltiples reencarnaciones por mor de la corrupción, la aspiración a lograr la independencia de Cataluña- quiso librarse del abrazo del oso de Artur Mas, que la había forzado a formar una coalición en Junts pel Sí. Por eso, Oriol Junqueras se opuso a renovar la coalición y decidió ir por separado a las últimas elecciones autonómicas. Todos los sondeos daban a ERC como vencedora de los comicios a costa de PEdeCAT –camuflada, un vez más, bajo la sigla de Juntos por Cataluña (JxC)-, pero el desarrollo de los acontecimientos –encarcelamiento de Junqueras, huida de Puigdemont a Bélgica y hábil campaña de éste frente a la impotencia del encarcelado líder de ERC y la incompetencia de su equipo rector- hizo que, contra todos los pronósticos, JxC superara a ERC y el volatinero Puigdemont reclamara su derecho a la re-elección al ser su partido el más votado entre los nacionalistas.

            ERC consiguió la pedrea de la presidencia del Parlament –pese a haber sido Ciudadanos el partido más votado y con más escaños- en la persona de Roger Torrent.
Pese al odio africano de Junqueras a Puigdemont –que le dejó la palma del martirio, mientras cobraba todos los réditos del victimismo desde su confortable exilio bruselense-, ERC no tuvo más remedio que apoyar su candidatura a la presidencia de la Generalitat. La faz amable de ERC se mostró en el discurso inaugural aparentemente conciliador de Torrent, que cito la frase de Stefan Zweig “nuestro mundo tiene espacio para muchas verdades y no sólo para una”, aunque omitió otras de este mismo autor como la de que “el nacionalismo es el camino más corto del hombre hacia la bestialidad”. Torrent no tuvo el menor escrúpulo en presentar la candidatura de Puigdemont, pese a ser consciente de que no estaba en condiciones de acceder al cargo y en contra de la opinión de los juristas del propio Parlament, que consideraron antijurídicas la investidura telemática y la delegación de voto de los diputados fugados. Como advirtió Francisco Rosell, el flamante Presidente hizo creer al PP, al PSC y a Ciudadanos que se apartaba de la radicalidad de la ERC -que propició la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)- y adoptaban una actitud de “abstemio”. Estos partidos “atisbaron un hilo de esperanza en su ‘conciliador’ discurso, pero obviaron que se había atizado antes las copas del prófugo Puigdemont y del recluso Junqueras en el curso de su prédica de nuevo presidente de la cámara autonómica”. No sólo propuso a un prófugo para el máximo cargo de la Generalitat – pese a haber afirmado que seguiría los consejos de sus asesores parlamentarios-, sino que peregrinó a la corte de Bruselas para rendirle pleitesía y ponerse a sus pies.

            La Mesa del Parlament respaldó la propuesta de Torrent al contar con mayoría nacionalista, pero no se pronunció sobre la petición de los diputados huidos a Bruselas de delegar su voto en otro parlamentario para la sesión de investidura y delegaron en él la adopción de la correspondiente decisión en caso de urgencia. La intención era evidente: permitir que Torrent decidiera en la víspera de la sesión  autorizar la investidura telemática de Puigdemont  y  la delegación de voto de los prófugos, para no dar tiempo a que el Gobierno recurriera ante el Tribunal Constitucional y éste decidiera
anular su decisión

Dictamen del Consejo de Estado.

            Cundió el pánico en Moncloa ante la posibilidad de verse una vez más engañados por las argucias de Puigdemont y su corte de los milagros, y encontrarse con el hecho consumado de su elección telemática. Ante la situación de emergencia, la Virreina de Cataluña, Soraya Sáenz de, Santamaría convenció  a su jefe Mariano Rajoy de que saliera de su modorra arriólica y actuara adelantándose a los acontecimientos, de modo que el Gobierno no fuera “madrugado” una vez más por los separatistas. Sin consultar debidamente con los partidos constitucionalistas  ni con el resto del Gobierno y sin conversar del tema con el Consejo de Estado, solicitó a éste su preceptivo dictamen previo al planteamiento de un recurso ante el Tribunal  Constitucional (TC) para que éste suspendiera la sesión de investidura de Puigdemont.

            Contra lo esperado por el Gobierno, el Consejo de Estado mostró independencia de criterio y dio un dictamen negativo, porque la jurisprudencia constitucional prohibía las “impugnaciones preventivas o hipotéticas”. El TC no podía pronunciarse sobre “eventuales e hipotéticas interpretaciones”. Ha señalado que no cabía  ir más allá de una mera presunción de que el candidato propuesto no fuera a hacer acto de presencia en la cámara. Ahora bien, si en la convocatoria de la investidura o e cualquier otro acto el Parlament  autorizase de forma expresa la intervención del candidato ausente a través de medios telemáticos o por medio de persona interpuesta, procedería su impugnación. Igualmente impugnable sería el acuerdo plenario por el que se le otorgase la confianza del Parlamento al candidato propuesto si finalmente no compareciese de forma personal y presencial en la sesión de investidura. El Consejo ha dejado claro que el discurso del candidato no puede ser pronunciado a través de TV o de Internet, ni por una persona en la que aquél hubiera delegado. Tampoco resultaba aceptable la delegación de voto por parte de los diputados huidos a Bélgica. Ahora bien, sólo se podía presentar recurso si el Presidente, la Mesa o el Pleno del Parlament aprobaba cualquiera de estos supuestos.

            Se trata de una opinión excesivamente formalista que se justifica por la mala formulación de la consulta hecha por el Gobierno.. Jorge de Estaban ha considerado erróneo el dictamen del Consejo porque, si bien no cabía recurrir una conducta o un hecho que aún no se había producido, sí era recurrible la propuesta de Torrent de presentar a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalita, lo  que constituye un insulto al derecho. Al ser  una resolución, puede ser impugnada a título efectivo y no de forma preventiva. Comparto en gran medida esta opinión,  ya que Torrent ha propuesto a una persona que no está en condiciones de acceder al cargo al estar imputado por la justicia por delitos graves de rebelión, sedición y malversación, y no tener acceso libre al Parlamento pues sería detenido en cuanto regresara a España. Puigdemont no sólo no se ha arrepentido de su apoyo a la DUI –como han hecho, al menos formalmente, otros de los investigados ante el juez para eludir la cárcel o tratar de conseguir su liberación-, sino que sigue cometiendo de forma continuada los delitos de los que se le acusa, ya que aún se considera Presidente de la Generalitat, y defendiendo la proclamación de la República Catalana. Torrent decidió proponer a Puigdemont a sabiendas de que era una propuesta contraria a derecho, por lo que ha cometido un acto de prevaricación que es recurrible ante el TC o ante los tribunales ordinarios.

            Pese a la desautorización del Consejo, el Gobierno siguió adelante con su recurso so pretexto de que, aunque preceptivo, el dictamen no era vinculante. La Vicepresidenta Sáenz de Santamaría alegó que el Gobierno no podía esperar a que se produjera el hecho consumado de la investidura y debía utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que alguien huido de la justicia pudiera ser elegido Presidente de la Generalitat.  Añadió que merecía la pena correr el riesgo de una hipotética división del los miembros de TC -que hasta ahora han actuado de forma unánime en el tema de Cataluña-, lo que no deja de ser una irresponsabilidad. Con un increíble grado de cinismo, la ex –Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se declaró convencida de que los grupos parlamentarios catalanes pedirían al Gobierno que hiciera caso al Consejo de Estado, “igual que piden que se haga caso a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y a los de los letrados del Parlament“. Como es de sobra conocido, Forcadell incumplió sistemáticamente los dictámenes de sus órganos asesores y Torrent parece seguir el mismo camino.                                  

Auto del Tribunal Constitucional

            La situación se presentaba peliaguda para el Gobierno porque el ponente, Antonio Xiol, y otros tres magistrados del sector progresista del TC eran partidarios de reiterar la opinión del Consejo de Estado y rechazar la petición de suspender la investidura de Puigdemont. Al final, el Tribunal ha hecho encaje de bolillos y ha dictado por unanimidad un auto salomónico que ha permitido evitar la catástrofe. Ha decidido la suspensión cautelar de cualquier sesión de investidura que no sea presencial, ya que no podía hacerse por vía telemática ni mediante sustitución del candidato por otro parlamentario, y los diputados huidos de la justicia no podían delegar su voto en un tercero. Asimismo, “no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”. El Tribunal ha declarado “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas”.

            El TC ha ordenado que se notifique personalmente la decisión al Presidente Torrent y a los miembros de la Mesa, y les ha recordado “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas”, y advertido de las eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento. Se les ha indicado específicamente que deberán abstenerse de cualquier acuerdo o actuación que “permita proceder a un debate de investidura de don Carles Puigdemont Casamajó como candidato a la presidencia de la Geeralitat, que no respete las medidas cautelares adoptadas”. El  Tribunal no se ha pronunciado sobre la admisión o inadmisión  del recurso y ha aplaza la decisión hasta que se pronuncien sobre el asunto quienes han pedido personarse en el mismo, incluido Puigdemont. Para entonces, ya habrá pasado la fecha prevista para la celebración del pleno de investidura,  por lo que la decisión tendrá menos trascendencia. . El Gobierno no ha logrado que el TC anule la candidatura de Puigdemont, pero ha obstaculizado su realización y sul auto hace prácticamente imposible la investidura de prevista para el  30 de Marzo. Si aquél quisiera participar en la citada sesión, tendría que regresar a España, ponerse a disposición del Juez Instructor y solicitar de él una autorización judicial para asistir al la sesión del Parlament.

            Como ha observado Francisco Pascual, quienes han criticado al Gobierno por ir a remolque de las iniciativas de los independentistas ahora lo critican por adelantarse a estas iniciativas. El Gobierno ha hecho bien, pero lo ha hecho mal, valga el juego de palabras. Ha impugnado un acto aún sin realizar -con lo que se ha llevado el revolcón del Consejo de Estado, que le ha recordado que en derecho no caben las impugnaciones preventivas-, en vez de denunciar el acto prevaricador de Torrent de proponer como Presidente de la Generalitat a un prófugo de la justicia imputado por graves delitos y que sigue delinquiendo. El TC ha salvado la cara del Gobierno, que –por una vez que ha actuado a tiempo- lo ha hecho de forma chapucera. Sáenz de Santamaría y su cohorte de Abogados del Estado se han cubierto de gloria.

¿Qué va a pasar en la sesión de investidura?

            En la situación rocambolesca en que los políticos catalanes han colocado al país, cabe esperar cualquier cosa. Dependerá de lo que decida Torrent y, en último término, Puigdemont. De éste depende que la sesión de investidura se desarrolle conforme a lo previsto, mediante su presencia física en el acto. No creo que ésta se produzca porque es un cobarde que no está dispuesto a asumir el riesgo de pasar ni un minuto en la cárcel. Ha instado el amparo de Torrent para poder acudir al Parlament con la garantía de no ser detenido, porque alega que goza de inmunidad, pero el Presidente de la Cámara no está en condiciones de concedérselo por más que quisiera. A éste se le ofrecen tres alternativas: suspender la sesión de investidura e iniciar contactos con los grupos parlamentarios para la presentación de un nuevo candidato, mantener la sesión e intentar la investidura de Puigdemont por vía telemática o mediante delegación, o aplazar la convocatoria “sine die” o a la espera de que el TC se pronuncie sobre la petición de suspensión de la candidatura del ex –President hecha por el Gobierno. La primera sería la fórmula más razonable y conforme a derecho y, en este sentido, el diputado de ERC Joan Tardá declaró a “La Vanguardia” que quizás habría que sacrificar a una persona para salvar a las instituciones, pero ha sido desautorizado por la dirección de su partido. La segunda supondría un enfrentamiento abierto con el TC y con el Gobierno, y conduciría a la imputación de Torrent por desobediencia e incluso por complicidad en la rebelión. La tercera es la que presenta menos riesgos, siempre que sea temporal y no exceda del plazo máximo autorizado para la realización de la investidura. Esta última opción ha sido la elegida por Torrent, que ha decidido suspender el debate de investidura del candidato Puigdemont  -aunque no desconvocarlo-, hasta que el TC se pronuncie definitivamente.

            Es increíble el grado de fanatismo y de prepotencia de los nacionalistas, a los que no les basta seguir monopolizando el poder en Cataluña –pese a no contar con la mayoría de votos de los catalanes-, sino que pretenden imponer como Presidente de la Generalitat a un prófugo de la justicia acusado de los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, y que sigue insistiendo en su actuación delictiva desde el extranjero. Con arrogancia les ha dicho a los catalanes no independentistas, al Gobierno de la Nación y al resto de los españoles:¿No queréis caldo?, pues tomad dos tazas: Puigdemont y Puigdemont”. Y lo hacen incluso en contra de los intereses de sus propios partidos, especialmente en el caso de ERC. Es difícil de comprender cómo, pese a la rivalidad con JxC y la traición de Puigdemont a Junqueras, el Presidente republicano del Parlament le hace el juego a su rival dentro del nacionalismo y apoya incondicionalmente sus exorbitantes y egoístas pretensiones: ”Cataluña soy Yo”. Los nacionalistas de todo cuño –incluidos los energúmenos de la CUP, que ladran más que muerden- aplauden entusiasmados la gran actuación de la superestrella del circo separatista: el payaso Puigdemont. Resulta, por otra parte, cómico que los constitucionalistas que tanto nos preocupamos por que no sea elegido Puigdemont, pasamos por alto que su eventual sucesor –en el caso de que los  nacionalistas recuperaran la cordura y presentaran a otro candidato de entre sus filas separatistas- podría ser igual o incluso peor que el Payaso-en-jefe de la República de Cataluña..


Madrid, 30 de Enero de 2018

No hay comentarios:

Publicar un comentario