Los jueces protegen la veda del "Faisán"

LOS JUECES PROTEGEN LA VEDA DEL “FAISÁN” El pasado 15 de Julio el Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) de 16 de Octubre de 2013, por la que condenó en el “caso Faisán” al Comisario Enrique Pamies y al Inspector José María Ballesteros por el delito de revelación de secretos, pero los exoneró del de colaboración con banda terrorista. Los magistrados Alberto Jorge y Miguel Colmenero emitieron votos particulares. Los condenados y las acusaciones particulares recurrieron la decisión, que ha sido ratificada por el TS por motivos formales, ya que los absueltos por una sentencia no pueden ser condenados sin su previa audiencia, lo que no permite el proceso de casación. Improcedencia de la sentencia de la Audiencia Nacional Según los hechos considerados probados por la AN, Ballesteros entregó al miembro de ETA Joseba Elosua, propietario del bar “Faisán”, un teléfono móvil por el que Pamies le informó sobre la acción policial en la que iba a ser detenido, por lo que la detención no se pudo realizar en la fecha prevista. El Ministerio del Interior regido por Alfredo Pérez Rubalcaba obstaculizó la investigación y, con la connivencia de los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez Bermúdez, consiguió que sólo estos dos mandos de la policía fueran encausados, con lo que se interrumpió la cadena de mando que iba del Director General de Policía,Víctor García Hidalgo –que fue desimputado-, al Ministro. Como ha señalado Jorge, que unos funcionarios policiales decidieran lo que procedía hacer desde una perspectiva política se sale de los esquemas propios de un Estado de Derecho. Pese a su negativa inicial y su tentativa de archivar el proceso, el Fiscal de la AN fue obligado a acusar a los imputados del delito de colaboración por orden del Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce. El Tribunal exoneró a los acusados de dicho delito por estimar que “si la acción realizada por los acusados tiende a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada, no podemos considerar que lesione o ponga en peligro el bien jurídico protegido”, que era la “paz social”. Al no pretender favorecer a ETA, sino al contrario acabar con ella, no podía aplicárseles el artículo 576 del Código Penal, que sanciona a quien “lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista”. La AN actuó incoherentemente al absolver a los acusados de colaboración con banda armada y condenarlos por revelación de secretos, ya que, si el altruismo de los autores los exoneraba de la condena por el primer delito, con mayor motivo deberían haber sido exonerados por el segundo, de menor importancia. El Tribunal ignoró a sabiendas la pristina jurisprudencia del TS al respecto. Según la sentencia 540/2010, “en derecho penal, los móviles que guían la conducta de las personas imputadas en procesos penales son irrelevantes”. Carece de relevancia que el imputado realice la acción con intención de hacer un favor, por afinidad personal o “por cualquier causa”. Bastan “la conciencia de que el acto o la conducta de que se trate sirva o favorezca a la organización terrorista y la voluntad de llevarlos a cabo, sin necesidad de ningún otro requisito”. La sentencia 659/2012 estima que, para condenar a alguien por un delito, resultan indiferentes sus “móviles, finalidades o motivaciones”. Ni siquiera la presencia de “móviles no egoístas” o de “unas mal entendidas finalidades supuestamente altruistas” permite escapar al ámbito del artículo 576. “El dolo exige exclusivamente conocer y querer una acción que suponga una colaboración con organización terrorista”. Comisión de un delito de colaboración con banda terrorista Para Jorge, proporcionar a terroristas información gracias a la cual pudieron eludir la acción policial ha de ser considerado como un acto de colaboración con ETA, pues tal conducta permitió a los miembros de la célula extorsionista ocultarse e impedir ser detenidos, así como disponer de buena parte de la extorsión. La información proporcionada “conllevaba de facto un claro apoyo material y logístico a la organización terrorista”. La sentencia otorgó a la pretendida ausencia de un elemento subjetivo la capacidad de hacer desaparecer la antijuridicidad de la conducta, con lo que entremezclaba y confundía los planos correspondientes a los elementos objetivo y subjetivo. No se precisa otro elemento sujetivo que los propios de toda conducta dolosa: conocimiento y voluntad. La AN no sólo ha contradicho el texto de la norma penal, sino que ha menoscabado el bien jurídico tutelado por el precepto. Los acusados eran conscientes de sus conductas, que anidaban “un dolo de consecuencias necesarias al generar unos efectos ineluctables e insoslayables, una vez que se ejecutó la acción”. Deberían, por tanto, haber sido condenados por colaboración con banda terrorista, cabiendo apreciar, a lo sumo, “una circunstancia eximente putativa de cumplimiento del deber”. El TS ha reconocido la gravedad de la actuación de los acusados, “dado que la vía subrepticia elegida suponía una clara quiebra de los principios de actuación policial y judicial”.Una vez sentada esta conducta de ayuda, resultaba indiferente cuál fuera el móvil que impulsaba a los agentes a realizarla. Pero, tras llegar a esta conclusión, el Tribunal se topó con un “obstáculo insalvable” a causa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compartida por el Tribunal Constitucional y el propio TS. La condena “ex novo” no esta prevista en la sustanciación procesal del recurso de casación. “No es admisible la evaluación de la intención del acusado sobre la base de una inferencia a partir de los hechos probados por el Tribunal de instancia cuando no se escuchó al acusado, que no tuvo oportunidad, ausente en casación, para argumentar ante el Tribunal por qué negaba ser consciente de la ilegalidad de su conducta, es decir, de su intención delictiva”. La AN había basado su convicción en la no intencionalidad de los acusados,”luego de proceder a una ponderación de pruebas de carácter personal”.Por tanto, “el Tribunal de apelación, al cambiar su conclusión sin la práctica de la correspondiente prueba en vista pública –que le hubiera permitido tomar conocimiento directo de dichos testimonios- originó la vulneración aducida referente a las garantías del proceso justo”. No procedía, pues, la condena en casación de unos acusados que habían resultado absueltos en juicio de instancia, cuando dicha condena hubiera requerido examinar y modificar la convicción y los hechos, y exigido su comparecencia para ser oídos, lo que no cabía en sede casacional. Impunidad de los responsables del delito de colaboración Mas, en opinión de Jorge, “los hechos permanecen incólumes, por lo que no cabe afirmar que, en caso de calificarlos de otra forma, se esté vulnerando la doctrina jurisprudencial sobre las sentencias absolutorias”, que no impide entrar a examinar la calificación jurídica de los hechos y subsumirlos en los preceptos correspondientes. Por otra parte, los acusados fueron oídos en primera instancia y consiguieron ser absueltos por el Tribunal. La increíble decisión de la AN dejaba escaso margen de maniobra al TS, que no ha tenido valor para abordar el fondo del asunto y ha preferido escudarse en argumentos procesales. Según Santiago González,”a veces la judicatura española desafía las leyes de la lógica” y, para Jorge, el argumento exculpatorio de la AN “no resiste a un análisis minimamente riguroso”. En mi opinión, su sentencia bordea el límite de la prevaricación, al permitir la impunidad de los autores e inductores de una de las conductas más vergonzosas en la historia de la investigación policial y judicial en España. Se ha echado tierra encima de este lamentable episodio –la Fiscalía ni siquiera apeló la exoneración del delito de colaboración-, a satisfacción del Gobierno anterior e incluso del actual, que –a través del PP- ha ejercitado una anodina acusación particular. Unos probos policías han servido de chivos expiatorios y recibido una moderada condena que ha evitado su ingreso en prisión, por lo que han mantenido un silencio encubridor de sus superiores -la X, la Y y la Z de la ecuación-, principales responsables de estos graves delitos.

Incógnitas tras el cambio del Secretario General del PSOE

INCÓGNITAS TRAS EL CAMBIO DE SECRETARIO GENERAL DEL PSOE El pasado 13 de Julio los militantes del PSOE eligieron por votación directa a su Secretario General (SG). Participaron 63% de los miembros censados y ganó el diputado raso Pedro Sánchez con el 63% de los votos, frente al 36% de Eduardo Madina, Secretario del Grupo Parlamentario Socialista, y al 15% del líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias. Sánchez venció conforme a los pronósticos -aunque con una diferencia superior a la esperada- en 11 Comunidades Autónomas y en Melilla, y obtuvo su máximo apoyo en Andalucía, gracias al respaldo de la baronesa Susana Díaz, primera persona con la que se entrevistó tras ser elegido. Calificado por Raúl del Pozo de “izquierda sin sectarismo”, su nombramiento ha sido recibido con satisfacción general, al ser considerado el menos radical de los candidatos. Necesidad de democracia interna en los partidos políticos Un eufórico Sánchez afirmó tras su elección que el PSOE había “respondido a la crisis de la democracia con más democracia”. En efecto, es digno de elogio el esfuerzo de transparencia y democracia interna mostradas por el partido, como consecuencia de la autocrítica realizada tras haber perdido 7.5 millones de votos en seis años. Aunque algún periodista lo haya calificado de “tertulia de Colegio Mayor”, fue reconfortante el debate abierto entre los candidatos, que respondieron en directo y sin filtros a las preguntas de periodistas y militantes. Ha sido un lavado de imagen que ha puesto de manifiesto que la transparencia y la democracia interna son incluso políticamente rentables. Nota y ejemplo debería tomar el PP, aunque lo veo harto difícil, pues su Presidente, Mariano Rajoy, parece perseguir como único objetivo la recuperación económica –que es fundamental y donde ha conseguido importantes logros-, pero desdeña la imprescindible regeneración política y la lucha contra la corrupción y otros abusos. Olvida el mandato bíblico “no sólo de pan vive el hombre” y no es sensible al “hambre y sed” de justicia y democracia auténtica y representativa que siente la mayoría del pueblo español, que no sólo demanda bienestar económico, sino también una democracia de calidad y una conducta ética de sus políticos. Los “indignados” han salido a las calles al grito de “No nos representan”, aunque tampoco nos representan los melenudos airados que gritan en las frecuentes algaradas callejeras. Formalmente sí nos representan, pero lo hacen muy mal, pues no son representantes de los ciudadanos que los han votado, sino de los partidos que los han alzado a la poltrona y les exigen fidelidad perruna. ¿Quién es mi diputado? ¿A qué concejal me debo dirigir para plantear una irregularidad o una injusticia?. ¡Qué diferencia de la situación en Irlanda!. Allí los diputados no son “cuneros” y tienen que ganarse a diario el apoyo de sus electores. Pasan los fines de semana en sus circunscripciones, donde abren “consultas” para escuchar las quejas de sus conciudadanos, atender a sus peticiones y asistir a bautizos, bodas y entierros. Sin llegar al excesivo parroquianismo irlandés, es preciso un mayor acercamiento de la autoridad –sea estatal, autonómica o municipal- a los electores y una mejor receptividad de sus legítimas aspiraciones, lo que hace imprescindible la reforma de la Ley electoral y, sobre todo, un cambio de mentalidad en los partidos políticos. ¿Alcanzará el cambio a la política del PSOE? El deseo transformador no se debe plasmar sólo en un cambio en la persona del SG. Lo importante es la política que siga el PSOE y, de momento, sólo cabe abrir a Sánchez una cuenta a plazo fijo. Todos los candidatos se han manifestado a favor de una “apertura a sinistra” ante el mordisco de “Podemos” y otras fuerzas de izquierda, cuando lo que necesita el partido es recuperar el centro, si quiere ser alternativa de Gobierno. Su alianza contra natura con izquierdistas radicales y nacionalistas separatistas –sea en Cataluña con el “tripartito”, o en Galicia y Baleares- le han pasado factura. Sánchez abre una página en blanco y es aún un “melón por calar”, como su mentora Susana, una “aparatchik” inexplicablemente aupada a la categoría de estadista, sin más méritos -por ahora- que el “dedazo” presidencial andaluz, si bien es cierto que “en la tierra de los ciegos, la tuerta es reina”. Presenta un meritorio “currículum”, planta de líder y buenas maneras. Ha hablado de “estabilidad”, abierto el camino para la consecución de pactos en cuestiones de Estado, afirmado que “somos socialistas, no nacionalistas” y ofrecido a Rajoy que “cuente con el PSOE” para resolver la cuestión de Cataluña. Ha propugnado un proyecto progresista que “no caiga en el populismo y la demagogia”, y afirmado –mirando de reojo a Pablo Iglesias II- que no pagar la deuda o dejar quebrar los bancos llevaría a España a situaciones como la Gran Depresión de 1929. Ha cerrado, sin embargo, la puerta a una “gran coalición” con el PP –al que está obsesionado por expulsar del Gobierno-, por no estar en el ADN del PSOE. Su primera decisión –forzar a los europarlamentarios socialistas a votar contra la elección de Jean-Claude Juncker, pese al compromiso asumido en el seno del Grupo Socialista Europeo- ha sido un grave error, que ha puesto de manifiesto su inmadurez e irresponsabilidad. Podía haber optado por la abstención –como los socialistas franceses- pero su irreflexiva decisión ha dejado al PSOE en la incómoda compañía de los racistas de Marina Le Pen, los eurófobos de Nigel Farage y los radicales de “Podemos”. Su siguiente decisión también ha sido cuestionada, pues -tras haberse comprometido a celebrar en Noviembre las primarias abiertas para elegir al candidato presidencial- ha cedido sin problema a las maternales presiones de Susana y las ha dejado para el próximo verano. Aunque sea ampliamente asumido el cínico aserto de Enrique Tierno de que las promesas electorales se hacen para no ser cumplidas, resulta un poco chocante que el incumplimiento se realice, como las comedias de Lope de Vega, “en horas 24”. El grave problema del referéndum catalán de autodeterminación El referéndum catalán de autodeterminación es la cuestión más grave y urgente que enfrenta el PSOE, que cuenta con la hipoteca del PSC, su franquicia en Cataluña y principal punto de referencia. Tras superar de momento su enésima crisis de liderazgo, su nuevo SG, Miquel Iceta –que ha nombrado Presidente del Partido al Alcalde de Lérida, Ángel Ros, forofo del “derecho a decidir”- ha afirmado que no habrá solución estable del problema mientras los catalanes no se pronuncien en un referéndum legal sobre el futuro de sus relaciones con el resto de España, y ha ofrecido, con ligereza, una contrapropuesta de pregunta en la que subraya el carácter de nación de Cataluña, impulsa un pacto fiscal y blinda sus competencias lingüísticas. Sánchez cometió inicialmente algunos deslices, como no considerar prioritaria la solución del problema catalán, avalar la consulta soberanista o reconocer a Cataluña como nación. Más tarde rectificó -lo que dio pie a que Madina le echara en cara: “no voy a decir que España es una nación los lunes y dos naciones los jueves”-, y afirmó que no había que hacer un referéndum en Cataluña, ni pactado ni legal. El Parlament ha aprobado, con apoyo del PSC, la Ley de consultas populares refrendarias, que –según el portavoz de CIU, Josep Rull- “amparará la consulta del 9 de Noviembre y nos permitirá hacerla”. Se ha basado en el artículo 122 del Estatut –que permite a la Generalitat hacer consultas populares-, pero ha pasado por alto que habrá de hacerlas “en el ámbito de sus competencias” y que el artículo 149-1-32 de la Constitución concede al Estado competencia exclusiva para autorizar consultas por referéndum. Es un fraude a la ley con el que se trata de camuflar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el marco más amplio de una consulta popular. Guillermo Fernández Vara ha observado que, con su voto, el PSC “está dando carta de naturaleza al derecho a decidir”, y Sánchez ha reiterado que el PSOE seguirá rechazando la celebración de la consulta. Será ésta una piedra de toque para el nuevo SG, que tiene al adversario dentro de sus propias filas.

La Audiencia Nacional condona el acoso al Parlament

LA AUDIENCIA NACIONAL CONDONA EL ACOSO AL PARLAMENT El 15 de Junio de 2011, un millar de “indignados” -al amparo del lema “Paremos al Parlament, no dejaremos que aprueben recortes”- sitiaron su sede en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, bloquearon todas sus entradas e impidieron de forma violenta el acceso de los diputados que debían adoptar ese día los presupuestos de la Comunidad. El coche del Presidente Artur Mas fue zarandeado, las fuerzas de seguridad tuvieron que resguardar a varios diputados en furgones blindados, y el President y otros 30 diputados debieron tomar un helicóptero para acceder al parlamento, al que sólo consiguieron llegar 70 de sus 135 componentes. La Fiscalía pidió penas de cinco años y medio de prisión para 20 participantes en el asedio por un delito de atentado contra altas autoridades del Estado, pero la Sala Penal 1ª de la Audiencia Nacional (AN) los absolvió el 8 de Julio en una sentencia redactada por Ramón Sáez Valcárcel, que contó con el apoyo de Manuela Fernández Prado y la oposición del Presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska. Lo más sorprendente ha sido no tanto la exculpación, como los argumentos utilizados para ella. Todo el mundo siguió a través de los medios de comunicación el vergonzoso espectáculo, menos los dos jueces que estimaron que los delitos no estaban suficientemente probados, y los justificó con criterios delirantes. Justificación de la violencia con argumentos políticos Los asediantes hostigaron violentamente a los representantes del pueblo que acudían al Parlament con insultos, amenazas (“os vamos a matar”), escupitajos, lanzamiento de objetos y golpes. Al diputado ciego José María Llop le intentaron arrebatar su perro guía, a Ana Isabel Marcos le lanzaron bolsas de basura y botellas, y la rociaron con una sustancia líquida, y a Montserrat Tura le pintaron una cruz en la espalda con un “spray”. Curiosamente, éste ha sido él único acto delictivo sancionado por la AN con una pena de cuatro días de localización permanente, al considerarlo una mera falta de daños. Los pacíficos manifestantes se habían concentrado para “dialogar -¡menudo diálogo!- con los representantes parlamentarios, para trasladarles el malestar y las consecuencias del los presupuestos que iban a adoptar”, “divulgar mensajes de protesta en relación a las decisiones legislativas”, y “dirigir a diputados, medios de comunicación y sociedad el rechazo a las medidas de recorte del gasto social”. Las acciones de protesta mostraban la voz de los desfavorecidos por las políticas de austeridad, que actuaban -¡increíble falacia!- “en defensa de la Constitución”, ya que no había otra forma de enviar un mensaje a la sociedad. No se trataba de cambiar el marco de las relaciones jurídico-políticas, sino de “plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales y de hacer resistentes las garantías de estos derechos”. Para el Tribunal, las acciones se encontraban “vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación”, tenían lugar “en el tiempo y espacio de la protesta”, y “estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios, y a expresar el divorcio entre representantes y representados”. Una resolución que no tuviera en cuenta que los acusados ejercían un derecho fundamental hubiera enviado “un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa -¿dónde queda la democracia representativa?- de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política”. Los derechos de reunión y manifestación gozaban de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que debían ser objeto de especial protección. No existe, sin embargo, tal prioridad en la Constitución, que simplemente reconoce en su artículo 21-1 el “derecho de reunión pacífica” y consagra con claridad en el 66-3 la inviolabilidad de las Cortes. Las libertades de reunión y manifestación pacífica han de compatibilizarse con las de los diputados, que tienen el derecho y el deber de participar en las sesiones parlamentarias para cumplir el mandato que les ha sido encomendado por los ciudadanos. La sentencia llega al límite del absurdo cuando, tras constatar que hay pocos cauces de acceso al espacio público, culpa a los medios de comunicación al afirmar:”Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados y cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad de hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación, si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se fundamenta en el pluralismo”. Clara tipificación de los delitos cometidos por los asediantes El portavoz de la Asociación “Jueces para la Democracia”, Joaquim Bosch, ha señalado que los cargos públicos “igual tienen que soportar incomodidades”, siempre que no constituyan delitos, pero en el presente caso lo son. Las conductas juzgadas entran dentro del delito de “atentado contra la autoridad”, que –conforme al artículo 550 del Código Penal- se aplica a “los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. El artículo 551-2 prevé una pena de cuatro a seis años de prisión si las autoridades contra las que se atentare fueran miembros “de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”. El caso viene, pues, como anillo al dedo. En su voto particular, Grande-Marlaska concluía que los acusados “se pusieron de acuerdo para acometer física y verbalmente a distintos diputados”, con el fin de “impedir que acudieran al Pleno en cuyo orden del día estaba la aprobación de los presupuestos”. Pueden haber asimismo incurrido en el delito de “desórdenes públicos”, que –según el artículo 557-1- afecta a los que, actuando en grupo, alteren el orden público. El Tribunal ha estimado, sin embargo, que los benéficos manifestantes sólo pretendían dialogar, pero aun admitiendo su supuesta buena intención –que ya es mucho admitir-, reitero lo que ya expresé hace unos meses en estas mismas páginas, y me excuso por la auto-cita:”El juez debe limitarse a aplicar la ley a los hechos probados y no juzgar las intenciones de los delincuentes al amparo de elucubraciones políticas. La objetividad de la ley debe prevalecer sobre la subjetividad de la interpretación que los juzgadores den a unos hechos de naturaleza política. Las finalidades supuestamente altruistas perseguidas por quienes cometan un delito deberían ser consideradas, a lo sumo, como circunstancias atenuantes, pero en ningún caso como eximentes”. Politización de las resoluciones de ciertos jueces progresistas Esta decisión no es un caso aislado, ya que sigue la línea marcada por la muy ideologizada progresía judicial, como se ha puesto de manifiesto en el razonamiento meta-jurídico del juez Sáez, ex-portavoz de Justicia Democrática y antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. Así, en 2013, la AN exoneró a los policías Pamies y Ballesteros del delito de colaboración con banda armada porque su intención no era favorecer a ETA sino al proceso de paz y, en 2014, la Audiencia Provincial de Madrid estimó que los “escraches” contra políticos, aunque fueran violentos, constituían un “mecanismo ordinario de participación democrática en la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos”. La mayoría de las Asociaciones Judiciales han considerado correcta la sentencia, mientras el Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado su absoluto desacuerdo con ella, por estimar que se trata de “hechos muy graves que afectan a la soberanía democrática de un parlamento”, y ha recurrido la sentencia, junto con la Generalitat y el Parlament. Esperemos que el Tribunal Supremo vuelva las aguas a su cauce y limpie el baldón que esta lamentable y vergonzosa resolución ha causado en la reputación de la judicatura española.

¿Quo vadis, Cameron?

¿QUO VADIS, CAMERON? El pasado 26 de Junio el Presidente de la UE, Herman van Rompuy, anunció que el Consejo Europeo proponia como Presidente de la Comisión a Jean-Claude Juncker, quien será elegido por el Parlamento Europeo el 14 de Julio al contar con el apoyo de los Grupos Popular, Socialista y Liberal. El procedimiento electoral establecido en el Tratado de Lisboa ha sido descalificado por el Premier David Cameron, que ha advertido a sus colegas que “vivirán para lamentarse del nuevo proceso”. Forzó una inhabitual votación, ganada por el ex-Presidente luxemburgués por 26 votos a 2 –Gran Bretaña y Hungría-. Mal perdedor, Cameron afirmó que Juncker era un hombre del pasado incapaz de impulsar las reformas que necesitaba la UE por ser “excesivamente europeista”, y su elección había sido un “error”, sería mala para Europa y haría más difícil la permanencia del Reino Unido en la Unión. Talante poco comunitario de Gran Bretaña Cameron ha llevado al límite la peculiar política anticomunitaria de Gran Bretaña, que se ha caracterizado por tratar de frenar el proceso de integración europea, desde fuera o desde dentro de la institución. En un principio, se opuso a la constitución de la CEE y, cuando no lo consiguió, creó la Asociación Europea de Libre Comercio, que no tuvo éxito. Con su habitual pragmatismo, ingresó en la Comunidad en 1973, tras una espera en el limbo que le impuso Charles De Gaulle, y siguió su campaña desde el interior cuan caballo de Troya. Desde entonces ha recurrido a toda clase de artimañas para lograr su objetivo. Ha procurado descafeinar las competencias comunitarias y dificultar la adjudicación de otras nuevas. Para ello ha impulsado la ampliación apresurada de la CEE/UE con el ingreso de Estados insuficientemente preparados como los países de Europa Oriental –que son más atlantistas que europeístas-, con el fin de diluir la cohesión interna de la Unión y el esfuerzo de integración. Cuando no lo ha conseguido, ha impuesto su auto-exclusión de las nuevas políticas mediante una cláusula de “opting-out”, como en el caso de la libertad de movimiento de personas en el “espacio Schengen”, la Unión Monetaria o la adopción del euro. Pese a ello, trata de influir en la Eurozona y pretende participar en la adopción de decisiones y mantener a Londres como el centro financiero de la UE. Se ha opuesto a la solidaridad comunitaria, al vetar el Pacto de Estabilidad para superar la crisis de la deuda pública o al imponer recortes de 30.000 millones de euros en el último presupuesto europeo. Cameron estima que ha superado a Margaret Thatcher, quien –a bolsazo limpio y al grito de “¿qué hay de mi dinero?”- consiguió el “cheque británico”, por el que todos los socios –incluidos los Estados menos desarrollados- subvencionan económicamente al “pobre” Reino Uido. Se ha vanagloriado ante la prensa de sus éxitos al afirmar que”Thatcher nunca consiguió recortar el presupuesto europeo como ha hecho mi Gobierno, y yo sí he conseguido vetar tratados”. Frente al objetivo fijado en el Tratado de Lisboa de lograr una unión cada vez más estrecha en Europa, Gran Bretaña persigue lo contrario: que los Estados recuperen competencias en materia monetaria, financiera, pesquera, laboral o ambiental, y que se limite la cooperación judicial, policial o migratoria. Pretende establecer una relación especial con la UE so el pretexto de que los Estados miembros pueden mantener “diferentes opciones” dentro de la institución. Para presionar a la Unión -y amparado en la creciente tendencia al euroescéptica en el país-, Cameron anunció la celebración en 2017 de un referéndum para que el pueblo británico se pronuncie sobre la pertenencia de GB a la UE, al que espera llegar con un status especial negociado bajo la amenaza de abandonar la nave comunitaria si sus exigencias no obtuvieran satisfacción. Oposición de Cameron al nombramiento de Juncker Tras la innovación introducida en el Tratado de Lisboa, los partidos políticos europeos llegaron a un “acuerdo de caballeros”, por el que el candidato que venciera en las elecciones europeas sería designado Presidente de la Comisión. Juncker ganó las primarias en el seno del Grupo Popular Europeo, que fue el partido más votado. Le siguieron el Grupo Socialista del reelegido Presidente del Parlamento, Martin Schültz, y la Alianza Liberal. Gran relevancia tuvo el espectacular progreso de los partidos euroescépticos y antieuropeos -especialmente del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), que fue la fuerza más votada en Gran Bretaña- y resultaron perjudicados los liberales de Nick Clegg -los únicos realmente europeistas-, que quedaron con un solo diputado. La política populista y xenófoba, contraria a la inmigración y a la UE, ha encontrado amplio apoyo en la opinión británica y contagiado al Partido Conservador e incluso al Laborista. El euroesceptismo ha sido alentado por los medios de comunicación, los más populistas y la prensa seria y pro-europea como el “Financial Times”, que ha acusado a Juncker de “archifederalista de la vieja escuela”, que representa todo lo que los votantes británicos desconfían de la UE. Uno de sus colaboradores, Gideon Rachman, ha llegado a sugerir la conveniencia de disminuir significativamente los poderes del Parlamento –que es la institución más democrática de la Unión- a favor de los parlamentos domésticos, retroceder en la integración fiscal y presupuestaria, y renacionalizar las demás políticas. Llevado por esta ola antieuropea, Cameron vetó la designación de Juncker y amenazó con abandonar la UE si salía elegido. Contó con el apoyo de Hungría, la complacencia de Suecia y Holanda, y la ambigüedad de Alemania. Aunque Ángela Merkel señaló que las amenazas eran un error, vaciló en apoyar plenamente a su correligionario y aceptó reunirse con Cameron y los Primeros Ministros de Suecia y Holanda para considerar la posibilidad de otro candidato. Curiosamente el Grupo Socialista ha sido fiel al compromiso adquirido y respaldado a Juncker, al igual que ha hecho la mayoría del Parlamento. Al final, Merkel se decantó por el líder de su Grupo y consiguió atraer el apoyo de los titubeantes. Gran Bretaña en la rampa de lanzamiento de la UE Sobrepasado a su derecha por el UKIP y sensible al euroescepticismo imperante, Cameron ha cometido un error de apreciación, ido demasiado lejos en su desafío a la UE y recibido una sonora bofetada europea, que dará argumentos a la retirada británica. El líder laborista, David Milliband, ha reconocido que Gran Bretaña se encuentra más cerca de la puerta de salida de la Unión. Según Cameron, lo que pase en la UE de aquí a 2017 será fundamental para el resultado del referéndum. Para hallar acomodo en su seno, está negociando una reforma que será de difícil aceptación para los demás socios, al tratarse de una “contra-reforma” contraria a la letra y al espíritu del Tratado de la Unión. Ésta ha dejado bien claro que los criterios de permanencia son iguales para todos, pues –como ha señalado Schültz- “una unión a la carta no es una opción”. La auto-exclusión británica será mala económicamente para la UE, aunque no tanto políticamente, pues es preferible arrojar al exterior a un pertinaz opositor, que tenerlo en su interior para que siga conspirando. Pero será mucho peor para Gran Bretaña, como ha advertido el Director General de la Patronal CBI, John Cridland, ya que implicaría un grave riesgo para la economía nacional y entrañaría pérdida de empleo, crecimiento y competitividad, pues la Unión es “nuestro principal mercado exportador y una pieza fundamental para nuestro futuro económico”. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Cameron en su deriva?. ¡Ojo, que puede ocurrirle lo que al aprendiz de brujo!.

Desintegración sectaria de Irak

DESINTEGRACIÓN SECTARIA DE IRAK En las últimas semanas se ha intensificado la presión de los yihadistas del Estado Islámico para Irak y el Levante (ISIS), que ha provocado la conquista de Mosul. Tras la debacle del otrora poderoso Ejército iraquí, el Gran Ayatollah Ali Sistani ha pedido voluntarios chiitas para que luchen como mártires contra los insurgentes sunitas. El ISIS lo ha interpretado como una declaración de guerra y ha multiplicado las ejecuciones indiscriminadas –ampliamente difundidas por Internet- y afirmado que éste es el destino que aguarda a los chiitas que luchen contra los sunitas, por lo que va a ser difícil detener la espiral sectaria. Estados Unidos (USA) contempla sobresaltado estos acontecimientos, de los que es hasta cierto punto responsable por la política que siguió en 2003 tras su victoria sobre Saddam Husein. Barack Obama ha afirmado que no tiene intención de mandar tropas terrestres para combatir en Irak, pero ha enviado el portaviones “Georges Bush” al Golfo Pérsico por si se requiriesen “opciones militares”. Reparto de Oriente Medio entre Francia y Gran Bretaña El actual embrollo tiene su origen en el acuerdo secreto firmado en 1916 por François Picot y Mark Sykes, por el que Francia y Gran Bretaña se repartieron el Oriente Medio incluso antes de que se hubiera consumado la derrota del Imperio Otomano: Siria, Líbano y el Norte de Irak para la primera, y el resto de Irak, Palestina y los Emiratos del Golfo –incluido Kuwait, amputado de Basora- para la segunda. Se establecían unas fronteras del todo artificiales, trazadas con regla y cartabón en interés de las dos potencias coloniales y en detrimento de los pueblos de la región, fueran árabes o kurdos. La Conferencia de París de 1919 ratificó el acuerdo Sykes-Picot, creó el reino de Irak bajo mandato británico -al igual que Palestina-, concedió Siria y Líbano a Francia, y reconoció la independencia de los reinos de Arabia Saudita y Transjordania. Pese a las promesas recibidas, los kurdos siguieron siendo una nación sin Estado y quedaron repartidos entre Irán, Irak, Turquía y Siria. Irak logró convertirse en un Estado indepeniente en el que convivían las regiones de Basora –árabe chiita-, Bagdad –árabe sunita- y Mosul, de la que se desgajó la Región Autónoma de Kurdistán –kurda sunita-. El Gobierno estaba controlado por los sunitas y los chiitas se dedicaban a la agricultura y al comercio, y ocupaban los lugares inferiores de la Administración y del Ejército. Podían profesar libremente su fe en privado y en Kerbala Najef, Khadimiya y Samarra se encontraban los centros más sagrados del chiísmo. Tan sólo el partido clandestino “al-Dawa” actuaba contra el Gobierno de Saddam mediante atentados terroristas. Imperaba la secularidad y la separación entre Iglesia y Estado, y prevalecían la tolerancia, el pluralismo religioso y la convivencia entre musulmanes -sunitas y chiitas-, cristianos –católicos y ortodoxos- e incluso yazhidis, adoradores del diablo. Recuerdo la tumba del profeta Jonás en la mezquita Yunis de Mosul o las de otros profetas menores en mezquitas de Kirkuk. No existía persecución religiosa ni sectarismo. En cuanto al Kurdistán, el Gobierno de Saddam era el único en la región que reconocía su especificidad y le había concedido una amplia autonomía administrativa, cultural y lingüística, aunque no política, lo que provocó el alineamiento de los kurdos con Irán en su guerra fratricida contra Irak Tras la derrota de Saddam en la guerra de 1990, el Presidente Georges Bush Sr. lo mantuvo en el poder, con condiciones, para preservar la integridad territorial de Irak. Trece años más tarde, Georges Bush Jr. quiso enmendar la plana a su progenitor y fulminó a Saddam. Su procónsul en Bagdad disolvió no sólo la parte más politizada de las Fuerzas Armadas (FA) –la Guardia Republicana-, sino también todo el Ejército profesional, y separó de la Administración a cuantos habían tenido alguna conexión con el Gobierno o el Partido Baaz. Estas temerarias decisiones, amén de paralizar el funcionamiento del país, provocaron el paro de cientos de miles de sunitas, muchos de los cuales disponían de armas. A la par propició el control del país por los chiitas, que llegaban con espíritu de revancha. Las consecuencias fueron la rebelión de un importante sector del sunismo y el germen de una guerra civil sectaria. Ofensiva del ISIS contra Irak El vacío dejado por la supresión de las FA fue colmado por diversas milicias chiitas, especialmente el notorio Ejército del Mahdi, de Muktada al Sadr. Se abrió la veda contra los sunitas y el Presidente del Gobierno, el chiita Nuri al-Maliki, los lanzó a las tinieblas exteriores, lo que provocó levantamientos en el centro y noroeste de Irak, que fueron reprimidos por las milicias chiitas alentadas por los llamamientos a la yihad hechos por Ali Sistani, y se produjeron enfrentamientos cainitas entre 2005 y 2009. El conflicto religioso-político entre las dos comunidades se fue reduciendo, pese que al-Maliki se negaba a integrar a sunitas moderados en el Gobierno y en la Administración, y se disolvió el Ejército del Mahdi, cuyos militantes se integraron en las FA o en otras milicias confesionales. Los elementos sunitas más irreductibles formaron, con militantes radicales de varios países y al amparo de al-Qaeda, el Estado Islámico de Irak, que -bajo el liderazgo de Abu Bakú al-Baghdadi- se convirtió en el ISIS, al extender su actividad a Siria, donde se ha enfrentado con los insurgentes sirios moderados y con el Frente al-Nusra, franquicia de al-Qaeda en aquel país. Su intención es crear un Califato integrista en los territorios ocupados en los dos países bajo la égida de la Sharía. Tras ocupar territorios en la zona fronteriza, como Raqa y Azzaz, y tener presencia en Alepo, Homs e Ibid, el ISIS ha centrado su ofensiva en Irak, ocupado Ramada, Faluya, Tikrit, Mosul y Beiji –con la ayuda de las milicias de al-Naqsbandia, lideradas por el ex-Vicepresidente baazista Izzat Ibrahim, y de autoridades tribales sunitas-, y puesto al Gobierno iraquí contra las cuerdas tras la vergonzosa derrota de sus FA. Los huecos por ellas dejados a lo largo de la frontera con la República Autónoma de Kurdistán han sido ocupados por los “peshmerga” kurdos, que han impedido la conquista de Kirkuk y el control de sus pozos petrolíferos, con lo que se han fortalecido las reivindicaciones kurdas sobre la zona y sus anhelos secesionistas. Esto supone un problema adicional para Turquía en el conflicto con sus propios kurdos. Graves consecuencias del posible triunfo del ISIS Existe el riesgo de que el ISIS establezca en la región un régimen “talibánico”, que se convierta en centro del terrorismo y del yihadismo internacional, y que radicalice el enfrentamiento sectario entre sunitas y chiitas. La Comunidad Internacional –USA en especial, aunque también Irán y Arabia Saudita, en cuanto líderes mundiales de las dos ramas del Islam- no puede permanecer impasible ante la gravedad de los acontecimientos. Mientras los saudíes se muestran reticentes, los iraníes parecen estar por la labor y Hasan Rohani se ha mostrado dispuesto a colaborar con USA. Obama se ve atrapado por sus promesas de no implicarse en una operación militar en ausencia de un plan político de los iraquíes que ofrezca garantías de un trabajo conjunto. Según su portavoz, Jay Carney, el Presidente ha dejado claro que los desafíos que afronta Irak no se pueden resolver con una acción militar, sino mediante un Gobierno integrador. El representante de la ONU, Nikolai Mladenov, ha declarado que los ataques del ISIS suponen una amenaza muy seria para la integridad de Irak y requieren medidas militares y políticas. El Jefe del Estado Mayor de las FA de USA, Martin Dempsey, ha confesado que combatir al ISIS, dondequiera que se halle, “es parte de nuestra seguridad nacional”, por lo que no cabe descartar intervenciones aéreas –misiles, aviones y “drones”-, para cuya efectividad se requiere un mínimo de presencia in situ y, a tales efectos, ya ha enviado a Irak 300 “asesores militares”. Asimismo deberá Obama presionar a al-Maliki para que adopte una actitud menos sectaria y más integradora con la discriminada minoría sunita, de modo que le permita “hacer que sus intereses avancen en el proceso político”. Aunque sea algo tarde, merece la pena intentarlo.

Primera reacción al discurso inaugural de Felipe VI

PRIMERA REACCIÓN AL DISCURSO INAUGURAL DE FELIPE VI En una ceremonia sobria y solemne a la vez, Felipe VI inició el 19 de Junio su andadura como Rey de España con un discurso a la Nación que ha sido calificado de “ejemplar” y “memorable, y bien recibido por la sociedad española y por su clase política. Sólo Izquierda Unida –que ha cometido la descortesía con el Jefe del Estado y con la ciudadanía española de ausentar a sus diputados del acto-, la extrema izquierda y los nacionalistas radicales han criticado, no ya las palabras del Rey, sino el simple hecho de su entronización. Rompiendo con la histórica aceptación de la Monarquía por Santiago Carrillo, Cayo Lara ha dado suelta a la furia antimonárquica de su partido y exigido la inmediata celebración de un referéndum para escoger entre la República –que identifica con la democracia- y la Monarquía, con el paupérrimo argumento de que la Constitución no fue votada por las nuevas generaciones. Sobrepasado a la izquierda por “PODEMOS”, ha caído en la tentación del asambleismo y de la demagogia populista, y de la traslación de la democracia a la calle. Según su razonamiento, España tendría que estar en permanente estado de referéndum para votar de nuevo los Códigos Civil, Penal o Mercantil, y la normativa que ha regulado la vida del país desde hace muchos años. Esbozo del programa del Rey Felipe VI inició su discurso con un merecido homenaje de gratitud y respeto a su padre, Juan Carlos I, que ha cumplido su compromiso de “ser el Rey de todos los españoles”, a los que convocó a “un gran proyecto de concordia nacional, que ha dado lugar a los mejores años de nuestra Historia contemporánea”, pues “abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad”. Asimismo agradeció a su madre, la Reina Sofía, “toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles”, y destacó de ella su dedicación y lealtad al Rey, su dignidad y su sentido de la responsabilidad. Esta alabanza, ovacionada por la Cámara, supone a contrario sensu una velada crítica a su progenitor, que no siempre ha tratado a su consorte con el debido respeto. Anunció el inicio del reinado de un Rey constitucional, dispuesto a escuchar, comprender, advertir, aconsejar y defender siempre los intereses generales, en “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo”, y expresó su confianza en lograr, con su trabajo y esfuerzo de cada día, que los españoles se sientan orgullosos de su nuevo Rey. Lejanía de los ciudadanos y corrupción En un atinado artículo sobre “La oportunidad de Felipe VI” publicado en “El Mundo”, el profesor Alfonso Pinilla ha identificado como vicios de la democracia española actual el alejamiento de las instituciones de la ciudadanía –cuya pluralidad no se refleja en las Cortes-, la corrupción de la clase política –que antepone sus intereses particulares al bien común-, la confusión de poderes y el condicionamiento del poder judicial por el ejecutivo, y la fragmentación de España por las tensiones de los separatismos catalán y vasco. Estos defectos se interrelacionan, pues “la corrupción campa a sus anchas gracias a la inexistente separación de poderes, mientras la fragmentación se consolida porque la injusta ley electoral permite que las llaves de la Moncloa pendan del llavero nacionalista”, al necesitar a menudo los partidos ganadores su apoyo para poder gobernar. No sé si el flamante monarca ha leído este artículo, pero ha dado en su discurso cumplida respuesta a sus planteamientos. Felipe VI ha expresado su deseo de que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en las instituciones y en una sociedad “basada en el civismo y la tolerancia, en la honestidad y en el rigor”. El Rey es el primero que ha de dar ejemplo y la Corona debe “velar por la dignidad de las instituciones, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”, porque “sólo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Los ciudadanos demandan con toda razón “que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública”, y el Rey tiene que ser, “no sólo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”. A diferencia de un abúlico Gobierno y de unos desprestigiados partidos políticos, Felipe VI ha tenido el valor de hacer autocrítica, pero está por ver si uno y otros se dan por aludidos y se deciden a hacer frente a la corrupción que prevalece en sus filas y a llevar a cabo la indispensable regeneración ética de la política. El Rey aspira además a una España “en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en los momentos en que así lo aconseje el interés general”, y éste es uno de esos momentos. Los partidos políticos, sin embargo, no tienen suficiente altura de miras, ven en el adversario un enemigo al que no hay que dar cuartel y prefieren formar alianzas de perdedores para negar el ejercicio del poder a quienes han sido preferidos por los ciudadanos. La posibilidad de una grosse koalition como en Alemania o en muchos otros países de la Unión Europea es considerada nefanda en la praxis política española. Confusión de poderes y fragmentación del Estado El Rey se ha comprometido a respetar el principio de separación de poderes. Si Montesquieu ha muerto -Alfonso Guerra dixit –, hay que resucitarlo de inmediato. Ha prometido cumplir las leyes aprobadas por las Cortes, colaborar con el Gobierno y “respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial”. Es una declaración significativa ante el posible procesamiento de su cuñado, Iñaki Urdangarín, y de su hermana, la Infanta Cristina. Esperemos que se cumpla la afirmación de su padre de que todos los ciudadanos son iguales ante la Justicia. Felipe VI ha expresado su fe en la unidad de España, que no es uniformidad sino diversidad, amparada en la Constitución, que protege a todos sus pueblos y a sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. En esta España unida y diversa,”basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos”. Caben todos los sentimientos, sensibilidades y formas de sentirse español, porque los sentimientos “no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir”. En los nacionalismos secesionistas, no obstante, la visceralidad prevalece sobre la racionalidad. “Somos –concluyó el Rey- una gran Nación”, forjada a lo largo de siglos de Historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio, con “un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, que mira hacia el futuro”. Las oportunas palabras reales han sido mal acogidas por los Presidentes de las Comunidades Catalana y Vasca, especialmente por Artur Mas, quien -tras dar muestras de mala educación y falta de elegancia- convocó a los periodistas para censurar el uso del término Nación, ya que “España es un Estado con varias naciones”. Algo más correcto y comedido que su alma gemela, Iñigo Urkullu criticó al Rey por no mencionar al Estado plurinacional. Felipe VI es consciente de que debe buscar la cercanía con los ciudadanos y ganarse continuamente su aprecio, respeto y confianza para consolidar su “legitimidad de ejercicio”. Su discurso -claro, moderno y realista- ha traído una brisa de aire fresco a la empozoñada arena política, y su mensaje ha resultado ilusionante y esperanzador. Aunque Juan Carlos I no haya muerto –Dios le dé larga vida-,¡viva el Rey Felipe VI!. El populacho español gritaba “¡Viva Carlos Tercero, mientras no dé dinero!”!. Nosotros deberíamos clamar: “¡Viva Felipe VI, mientras nos ofrezca buen juicio, consejo, esfuerzo, estabilidad, honradez y credibilidad!”. Doy mi agradecido adiós al Rey Emérito por los grandes servicios prestados a la Nación y mi esperanzada bienvenida al nuevo Monarca, “a beneficio de inventario”.

Apasionada versión irlandesa de Teresa de Ávila

TRAVESURAS DEL PUEBLO IRLANDÉS Por un estrecho margen de 42.500 votos, pasado 4 de Octubre el pueblo irlandés rechazó el 4 de Octubre en referéndum la propuesta del Gobierno de coalición Fina Gael (FG)-Partido Laborista (PL) de supresión del Senado, que contaba con el respaldo de los demás partidos a excepción del Fianna Fail (FF). Ha participado el 39.17% del electorado y -pese a las previsiones en contrario de las encuestas- el 51.73% se pronunció por el “NO” frente al 48.17% que lo hizo por el “SÍ”. El 65.16% de los votantes aceptaron el establecimiento de una instancia de apelación intermedia entre los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. La decisión ha constituido una sorpresa para buena parte de la opinión pública y de los medios de comunicación internacionales, pero no tanto para los conocedores de la política interna e internacional de Irlanda y de la peculiar idiosincrasia de su pueblo. Reciente historia de Irlanda Irlanda es un Estado joven, que ha estado sometido durante siglos al implacable dominio de Inglaterra y que, hasta 1922, no consiguió su independencia, aunque no de forma completa, pues –debido a las argucias británicas- se vio amputada de seis condados del Ulster, que se integraron en el Reino Unido bajo el título de Irlanda del Norte. Los intentos del Gobierno de la República de Irlanda para recuperar su integridad territorial, por medios violentos o pacíficos, han resultado vanos. Como consecuencia de ello, el país y sus ciudadanos han sufrido desde tiempo inmemorial de un complejo de insularidad y aislamiento –“una isla detrás de otra isla”- y de dependencia de Inglaterra, hasta que su incorporación en 1974 a las Comunidades Europeas, al mismo tiempo que el Reino Unido y en paridad con él, fortaleció su identidad y auto-estima y le permitió superar en gran medida dicho complejo. Su pertenencia a la CE le ha permitido diversificar sus contactos políticos con el exterior y potenciar su economía, gracias principalmente a los fondos estructurales, y su actitud hacia la Comunidad ha estado condicionada por las ventajas de su calidad de miembro. Era un país de menos de cuatro millones de habitantes -4.582.000 en la actualidad- situado en la periferia de Europa y disponía de un mercado reducido y una renta per capita que no llegaba al 70% de la media comunitaria. Contaba con un importante sector agrícola, insuficientemente desarrollado y dependiente de las ayudas de Bruselas, y un incipiente sector industrial y de servicios -reducido pero potente-, que ha sido utilizado por las empresas de Estados Unidos y de Japón como cabeza de puente para introducirse en el mercado europeo. Sólo en sus primeros 15 años de pertenencia a la CE percibió 6.020 millones de libras en ayudas y era el primer receptor en términos relativos de fondos de cohesión -242 ecus por cabeza-, hasta el punto de que algún comentarista malévolo llegó a afirmar que su principal industria era el presupuesto comunitario. Gracias a estas aportaciones ha progresado de manera impresionante, superado la media de la UE y alcanzado una renta per capita de 60.000 dólares, lo que la sitúa en el puesto 32º del escalafón mundial de renta y en el 7º del índice de desarrollo humano. En 2008 no pudo escapar al zarpazo de la crisis económica mundial y tuvo que nacionalizar el Allied Irish Banky y gastar ingentes sumas de dinero para reflotar el banco y otras entidades financieras, lo que provocó un déficit de hasta el 11% del PIB y un paro del 14%. La UE y el FM I acudieron al rescate con un préstamo de 85.000 millones de euros, a cambio del cual le impusieron una política de austeridad para reducir el déficit. El país se ha ido recuperando gradualmente y cabe esperar que este año salga de la recesión y crezca su PIB un 0.7%. El Gobierno mantiene una estricta política de rigor financiero y tiene previsto un recorte adicional de 3.000 millones de euros y una subida de impuestos. Organización política de Irlanda Irlanda es una república parlamentaria, cuyo Gobierno está dirigido por un Primer Ministro –Taoiseach- con amplios poderes. Cuenta con un Parlamento bicameral: una Cámara Baja –Dail-, que ejerce la función legislativa y de control presupuestario, y otra Alta –Seanad-, con competencias reducidas y de carácter más bien simbólico. El sistema para la elección de diputados es extremadamente complejo y localista, y conlleva la presencia constante de éstos en sus pequeños feudos electorales -donde tienen sus “consultas” para atender a los conciudadanos- y el deber de asistencia a bautizos, bodas y funerales. Ello les induce a adoptar una actitud “parroquiana” y les dificulta tener una visión nacional del país y, aún más, una perspectiva internacional o comunitaria. Las últimas elecciones parlamentarias de 2011 fueron ganadas por FG (69 escaños), seguido por el PL (33), que formaron un Gobierno de coalición presidido por el cristianodemócrata Enda Kenny. El gran perdedor fue FF (16), partido nacionalista moderado y populista sin contenido ideológico, que había sido la fuerza preponderante en el Gobierno. También entró en el Dail con cierto ímpetu el Sinn Fein, partido nacionalista radical derivado del IRA. El Seanad está compuesto por 60 senadores, de los cuales 11 son designados por el Taoiseach y 6 por las universidades, y los 43 restantes cooptados por un panel formado por los 60 senadores salientes, los 146 diputados entrantes y 833 personalidades escogidas por 5 ciudades y 29 condados. El Senado tiene escasas competencias y carácter fundamentalmente asesor. Examina en segunda lectura los proyectos de ley adoptados por el Dail y puede proponer enmiendas, salvo en cuestiones financieras y fiscales sobre las que sólo le cabe hacer recomendaciones. La Cámara Baja tiene la última palabra y la Alta únicamente puede aplazar por unos meses la adopción final de las leyes. Para Kenny, el Seanad era un órgano “irrelevante, elitista y anticuado”, cuya eliminación resultaba inevitable y acorde con los tiempos, y además permitiría un ahorro de 20 millones de euros al año. Todos los partidos apoyaron su supresión, salvo FF, que afirmó que ésta se traduciría en “una pérdida irreparable para la democracia y una falta de control del ejecutivo”, por lo que preconizaba su simple reforma para modernizarlo. Alentado por las encuestas, el Gobierno vendió la piel del oso ante de haberlo cazado, hizo una campaña de bajo perfil y se encontró con una inesperada derrota, asumida democráticamente por el Primer Ministro, quien declaró “aceptar por completo el veredicto y la decisión del pueblo”. Idiosincrasia del pueblo irlandés En el plano personal, los irlandeses suelen ser orgullosos e independientes, contradictorios e impredecibles, burlones e iconoclastas, y rebeldes -con o sin causa- y contestatarios. Les encanta hacer de “enfant terrible”, llevar la contraria a quien se tercie y propinar de vez en cuando un sopapo al Gobierno de turno Han aprovechado gustosos la ocasión para mostrar tarjeta amarilla al Gobierno y poner de manifiesto su hartazgo e insatisfacción por la severa política de austeridad económica que sigue, a instancias de la troika de los “hombres de negro”. Ya han puesto de manifiesto su talante en referendums anteriores, en los que –por motivos de política interior ajenos a los temas planteados en la consulta- votaron en contra de la UE, pese a su dependencia de ella y al apoyo que prestan a la misma con carácter general. Así, en 2008 se opusieron a la ratificación del Tratado de Lisboa y hubo que celebrar un año después un segundo referéndum, y en 2012 rechazaron el Pacto Fiscal de la UE, lo que requirió la convocatoria de otra consulta, en la que finalmente se obtuvo la requerida anuencia popular. La última votación ha sido una travesura más de los incorregibles irlandeses.