Divorcio a la inglesa

DIVORCIO A LA INGLESA El pasado día 8 la Cámara de los Comunes autorizó por amplia mayoría al Gobierno de Theresa May a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa de 2007 sobre la Unión Europea, que permite iniciar el proceso de desconexión de Gran Bretaña de la Unión. La cuestión está aún pendiente de la decisión de la Cámara de los Lores,que se espera se produzca el 7 de Marzo. SOMBRAS EN LA CELEBRACIÓN DEL REFERENDUM DEL 26-J No deja de ser curioso como, en un breve período de tiempo, ha cambiado radicalmente la opinión de los diputados, pues -con anterioridad a la celebración del referéndum de 23 de Junio de 2016 sobre el "Brexit"- 480 de los 650 miembros de los Comunes eran partidarios de mantener al Reino Unido en la UE. El ex-Canciller del Tesoro, Georges Osborne -que dimitió en desacuerdo de la decisión de abandonar la Unión- ha dado la siguiente explicación:"La defendí con pasión y sacrifiqué mi puesto en el Gobierno por ella, pero, al final, debemos aceptar que estamos en una democracia y que la mayoría se ha pronunciado". Este argumento no resulta tan convincente como parece a primera vista Gran Bretaña es una democracia parlamentaria y no plebiscitaria. Una decisión tan importante no podía ser adoptada sin la participación del Parlamento, como han reconocido los Tribunales. El recurso al referéndum no es una práctica habitual en la política británica y, cuando se recurre a él,suele ser cuidadosamente preparado, estableciéndose de antemano la participación mínima y el porcentaje de votos requeridos para la aprobación de la propuesta presentada, cosas que no se hicieron a la sazón. Tampoco se estableció que el resultado fuera vinculante, por lo que sólo tenía carácter consultivo. La campaña fue confusa y los partidarios de la salida recurrieron reiteradamente a la falsedad y a la mentira, lo que admitieron "a posteriori" sin el menor pudor.El anterior líder del Partido laborista, Ed Miliband, ha afirmado que oponerse al divorcio con la UE supondría que "aquellas personas que votaron a favor del Brexit porque se sentían ignoradas seguirían siendo ignoradas de nuevo". Esta afirmación es asimismo discutible. Muchos votantes no sabían con precisión qué votaban ni las consecuencias de su decisión, algunos fueron engañados por las falacias y falsas promesas de los promotores de la salida, y otros simplemente votaron a favor de la misma como protesta contra el Gobierno en la creencia de que el resultado sería favorable a la permanencia. Por todo ello está más que justificada la petición del ciudadano Oliver Healy de que se repitiera el referéndum, ya que no se había alcanzado un 75% de partipación y el SÍ había conseguido menos del 60% de los votos. Hubiera sido, por tanto, "fair play" la celebración de un nuevo referéndum con con las debidas condiciones de información veraz y transparencia, pero el Gobierno de May se ha opuesto vehementemente a ello. El actual líder del Laborismo, Jeremy Corbyn, ha sido uno de los principales responsables del resultado, pues -pese a que la inmensa mayoría de su Partido apoyaba la permanencia- apenas si participó en la campaña en pro de la misma, dejándose lleva de su sentimiento anti-comunitario, que ya manifestó en el referéndum sobre la continuidad en la entonces Comunidad Económica Europea.Finalmente, el resultado fue bastante ajustado -51.9% a favor frente a 48,1% en contra, encontrándose entre los opositores a la salida Escocia, Irlanda del Norte y la ciudad de Londres. Examinemos el proceso que ha llevado a la actual situación. RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES Tras los resultados del referéndum, el Primer Ministro, David Cameron,tuvo que dimitir por "vergüenza torera" ante su fracaso en la operación por él montada sin necesidad, ya que podía haberse limitado a someter la propuesta sobre la salida al voto del Parlamento.Fue sustituido por la Ministra de Interior, Theresa May, quien de inmediato sacó a la luz su talante anti-europeísta con su afirmación de que "Brexit is Brexit" y de que estaba decidida a hacer respetar la voluntad del pueblo británico. Su actitud no sorprendió a nadie, pues -aunque se había solidarizado con el Gobierno por lealtad a Cameron- era bien conocido su escaso entusiasmo comunitario. Lo que sí ha sorprendido, en cambio ha sido la virulencia de su reacción, al inclinarse por un "Brexit duro" haber nombrado como responsables para llevar a cabo las negociaciones de la desconexión a tres de los más destacados partidarios de la ruptura: Boris Johnson como Ministro de Asuntos Exteriores, David Davis como Secretario de Estado para la Salida de la UE y Liam Fox como Secretario de Estado de Comercio Internacional. Ha afirmado que la decisión del pueblo era una obligación para el Gobierno y para el Parlamento, y que de ninguna manera admitiría intento alguno de "quedar en la Unión por la puerta de atrás". La empresaria Gina Miller presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por la que pedía que la decisión de abandonar la UE fiera adoptada por el Parlamento. El 2 de Noviembre de 2016, el Juez John Thomas falló a favor de la demanda de Miller y acordó que era necesaria la autorización parlamentaria, ya que el referéndum celebrado no tenía carácter vinculante sino meramente consultivo. El Gobierno recurrió en apelación ante el Tribunal Supremo, que, el 24 de Enero de 2017,afirmó que el Gobierno no podía ejercer ningún poder que supusiera modificar las leyes del Reino Unido si no contaba con la autorización del Parlamento. La salida de la UE afectaría adversamente los derechos de los ciudadanos británicos -que perderían las ventajas adquiridas con el ingreso de la Gran Bretaña en la CEE en 1972- y de los extranjeros comunitarios residentes en el país, por lo que el Parlamento debería dar su venia para para iniciar el proceso de desconexión de la Unión. El Tribunal estimó, sin embargo, que no era necesaria la autorización de los Parlamentos de Escocia, Gales o Irlanda del Norte porque sus Estatutos de Autonomía habían sido adoptados cuando el Reino Unido era ya miembro de la Unión y las relaciones con ésta eran competencia exclusiva del Gobierno británico. Aunque de mala gana, Theresa May no tuvo más remedio que aceptar el veredicto del Supremo y, con una celeridad desacostumbrada, elaboró un proyecto de ley sobre "Notificación de retirada de la UE". Se trata de un texto sucinto de 137 palabras por el que se otorga al Gobierno "la facultad de comunicar -de conformidad con el artículo 50 (2) del Tratado de la Unión Europea- la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión". El citado artículo establece que el Estado miembro interesado deberá notificar su intención al Consejo Europeo y la UE "negociará celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo". Lo sucinto del texto y la ausencia de explicaciones disgustaron no sólo a la oposición sino también a numerosos miembros del Partido Conservador, que presionaron a May para que fuera algo más explícita, y la Primera Ministra se vio obligada a anunciar la presentación de un Libro Blanco. En un discurso pronunciado en Lancaster House, May prometió presentar dicho Libro tras la celebración de la primera votación de la Cámara de los Comunes sobre el proyecto de ley. Se pronunció e favor de una ruptura clara y nítida de la Unión -abandono del mercado único, oposición a la libertad de movimiento de personas y no reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE- y afirmó que entre sus prioridades figuraban recuperar el control de la inmigración y garantizar los derechos de los residentes británicos en países miembros de la Unión. No se pronunció, en cambio sobre la situación de los ciudadanos comunitarios residentes en Gran Bretaña, cuyo "status" condicionó a las negociaciones sobre el régimen de los expatriados británicos. LIBRO BLANCO SOBRE LA SALIDA DE LA UE El 17 de Enero, el Gobierno publicó si Libro Blanco sobre "Salida del Reino Unido de la UE y nuevo partenariado con ella". Se inicia con unas consideraciones de May en las que señala que no contempla el fracaso de las negociaciones sino un éxito anticipado "porque somos una gran nación global que tiene mucho que ofrecer a Europa y al mundo". Afirma que no sólo formará un partenariado con Europa, sino que construirá una Gran Bretaña "más fuerte, más justa y más global". El Libro señala que tanto al Reino Unido como a la UE les interesa mantener un acuerdo comercial "lo más libre y con las menos fricciones posible", que podría "contener elementos del mercado único". . Ha que tratar de edificar "una nueva alianza estratégica con un acuerdo comercial libre y exhaustivo, y un nuevo acuerdo aduanero libre de aranceles". El documento enuncia, de forma muy general los 12 principios básicos que orientarán al Gobierno en las negociaciones: 1) Proporcionar certeza y claridad; 2) tomar el control de nuestra propias leyes; 3) fortalecer la Unión: 4) proteger nuestros fuertes vínculos históricos con Irlanda y mantener la Zona Común de Viajes; 5) controlar la inmigración; 6) garantizar los derechos de los nacionales de la UE en el Reino Unido y de los nacionales del Reino Unido en la UE; 7) proteger los derechos de los trabajadores; 8) asegurar el libre comercio con los mercados europeos; 9) formalizar nuevos acuerdos comerciales con otros países; 10)garantizar que el Reino Unido continúe siendo el mejor lugar para la ciencia la innovación; 11) cooperar en la lucha contra el crimen y el terrorismo; y 12) llevar a cabo una salida de la UE suave y ordenada. Concluye afirmando que el documento "establece nuestros planes para el nuevo y fuerte partenariado que queremos construir con la UE. Como resultado de nuestras negociaciones tratamos de conseguir un Reino Unido más abierto, volcado al exterior, confiable y justo en beneficio de todos". El Libro resulta poco serio pues la mayoría de los principios enunciados tienen poco que ver con las negociaciones con la UE y ofrece pocas pistas sobre la estrategia que seguirá Gran Bretaña, porque -como ha señalado David Davis- no tienen intención de hacer públicos detalles sobre sus planes que puedan socavar su posición negociadora. Señaló que los resultados del referéndum no no suponían un voto en pro de volver la espalda a Europa, sino que era más bien un voto de confianza en la capacidad del Reino Unido para triunfar en el mundo, "una expresión de optimismo de que nuestros mejores días están por llegar". Con un cierto cinismo, Davis hizo un llamamiento a los otros 27 Estados miembros a que se guíen en las negociaciones por "los principios enunciados en los Tratados de la UE relativos a un alto nivel de cooperación internacional y de buena vecindad". Lo que sí deja entrever es la estrategia seguida por Gran Bretaña tanto cuando era miembro de la Unión como cuando estaba fuera de ella: establecer una relación a su medida en la que consiga los máximos derechos -libertad de comercio- y las mínimas obligaciones -no libertad de movimiento de personas-. VOTACIONES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES El 1 de Febrero se celebró la primera sesión de la Cámara de los Comunes para examinar el proyecto de le de salida de la UE en su conjunto. El Gobierno partía de la base de que el Parlamento no podía oponerse a la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 26-J y que debía aprobar sin más el proyecto de le que le autorizaba a iniciar la negociación para el abandono de Gran Bretaña de la UE. El Presidente ("speaker") John Bercow sólo admitió a debate una enmiendas del Partido Nacional Escocés (PNE) que pedía al Gobierno más información. sobre las negociaciones. La cuestión se resolvió con la promesa del Gobierno de presentar un Libro Blanco al respecto, lo que hizo al día siguiente. La Cámara dio su aprobación al proyecto de ley por 498 votos a favor y 114 en contra. Aunque Corbyn había dado instrucciones a los diputados laboristas para que votaran a favor, 47 de ellos unieron sus votos negativos a los nacionalistas escoceses, a los liberales y al europeista conservador Kenneth Clark. Las distintas Comisiones pasaron a debatir las enmiendas presentadas por la oposición y todas ellas fueron rechazadas, dadas la mayoría conservadora y la colaboración laborista. La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, acusó a Corbyn de haber dado al Gobierno un cheque en blanco. La votación final fue de 494 votos a favor y 122 en contra. La única enmienda que estuvo cercana a triunfar fue la que pedía el respeto a los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en Gran Bretaña, que fue rechazada por 290 votos a favor -incluidos varios diputados conservadores- y 322 en contra Este fue uno de los puntos más debatido y criticado,y para calmar los ánimos la Ministra del Interior, Amber Rudd, garantizó que nada cambiaría en su "status" tras la salida de la UE sin que el Parlamento aprobara los cambios de forma explícita El propio Davis reconoció que el Gobierno tenía una "deuda moral" con los ciudadanos de la UE residentes en Gran Bretaña -unos 2.8 millones- y una "deuda moral y jurídica" con los británicos residentes en la UE y afirmo que ambos serían debidamente protegidos, Se daría prioridad al tema durante la negociación y los derechos de unos serían compensados con los los de otros, de acuerdo con el principio "do ut des". Han quedado en el aire dos cuestiones básicas para el Reino Unido: el régimen aplicable al tráfico entre las dos Irlandas -donde la pretensión británica de mantener el régimen actualmente vigente se "zona común" entre un Estados miembro y otro no miembro de la UE resulta difícil de aceptar- y la situación de Escocia, que aspira a un régimen especial que le permita continuar en el mercado único europeo. Sturgeon ha amenazado con con celebrar una nueva consulta sobre la independencia -según la última encuesta de BMG para "The Heral" el porcentaje de partidarios de la independencia ha alcanzado el 49%-, pero May ha manifestado su total oposición. LARGO Y COMPLEJO PROCESO NEGOCIADOR ENTRE GRAN BRETAÑA Y LA UE Queda por delante un largo y conflictivo camino para llegar a un acuerdo. Según el artículo 50 (3) del Tratado de la UE. los tratados constitutivos de la UE dejarán de aplicarse a partir de la fecha de de la entrada en vigor del Acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la fecha de notificación de la retirada, salvo que el Estado interesado y el Consejo Europeo, por decisión unánime de sus miembros, decidan prorrogar dicho plazo. Ni a la UE ni a la Gran Bretaña les interesa que se extienda en demasía la situación de incertidumbre provocada por la inexistencia de un acuerdo. Davis ha advertido del riesgo de una "transición interminable", que "no es lo que necesitamos ni buscamos", pero el asunto es tan extremadamente complejo que habrá que recurrir a la prórroga, sobre todo si el Gobierno británico mantiene -como parece ser su intención. Aunque el refrán aconseje que "a enemigo que huye, puente de plata", el Consejo Europeo y los 27 Estados miembros de la UE deben mantener una posición firme y coherente ante las exorbitantes pretensiones británicas y negarse a hacer concesiones injustificadas al responsable de las turbulencias y perjuicios que está provocando y provocará a la Unión. Si el Reino Unido quiere seguir solo su camino y volver a su imperial aislamiento, que se atenga a las consecuencias. El equipo negociador de la UE está compuesto por el ex-Comisario Michel Barnier (por la Comisión Europea, el ex-Primer Ministro belga Guy Verhofstadt (por el Parlamento Europeo) y Didier Seeuws, Director de Transportes y Comunicaciones del Consejo Europeo. El Grupo Popular Europeo ha designado al euro-diputado español Esteban González-Pons su representante para que siga las las negociaciones sobre el Brexit. Una vez que se haya llegado a un acuerdo, se firme el Tratado de salida, sea éste aprobado por el Parlamento de Gran Bretaña y por el Parlamento Europeo, y sea ratificado por los 27 Estados miembros de la UE, no habrá acabado el Reino Unido su andadura procesal , pues a partir de ese momento empezaría la fase más compleja y farragosa del proceso separador: negociar miles de acuerdos comerciales, aduaneros, pesqueros y otros de muy diversa índole, que sustituyan a los celebrados durante años por la CEE/UE con los numerosos miembros de la Comunidad Internacional. Se trata de una labor hercúlea para la que el Reino Unido no está suficientemente preparado por carecer de suficiente personal especializado para llevar a cabo el infinito número de negociaciones que le aguardan. INCIDENCIA DE LA SALIDA DE GRAN BRETAÑA DE LA UE EN SUS RELACIONES CON ESPAÑA En el marco de las relaciones hispano-británicas, cabe citar el artículo del Embajador británico en Madrid, Simon Manley, titulado "Reino Unido, un amigo y aliado", en el que defiende la posición de su Gobierno, cuya meta es crear una nueva relación positiva y constructiva con la UE, pues "queremos ser el mejor amigo de nuestros socios europeos" y "trabajar juntos para estar más seguros y ser más prósperos". El Reino Unido desea comerciar con España con la mayor libertad posile y seguir siendo el primer destino de las inversiones españolas en Europa. Mientas unos 130.000 españoles residen en Gran Bretaña, unos 300.000 británicos lo hacen en España y otros 18 millones la visitaron el pasado año como turistas. El Embajadir concluye afirmando que su labor consiste en "seguir trabajando día tras día para fortalecer las relaciones entre nuestras dos grandes naciones, de modo que sigan siendo aliados leales y socios perdurables cuando salgamos de la UE". La mejor forma de que Gran Bretaña lograra tan loables objetivos sería obviamente la de permanecer en la Unión. No obstante -como ha reiterado Davis- el Reino Unido ha cruzado el punto de no retorno y va a abandonar la UE. España será uno más de los muchos pa´ñises con los que el Gobierno británico tendrá que negociar acuerdos de distinto tipo. Especial relevancia tendrán los que regulen el régimen jurídico de los nacionales de un Estado que residan en el territorio del otro. Aquí España gozará de una mejor posición negociadora dado el elevado número de residentes británicos, que usan -y abusan de- servicios sanitarios españoles. Una vez que la Cámara de los Lores dé su venia al proyecto de Ley sobre la UE yel Gobierno notifique al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión, se iniciará el largo proceso de desconexión. Cabe preguntarse si se producirá una separación amistosa o un divorcio en discordia. Mucho me temo que se producirá un "divorcio a la inglesa", que causará graves perjuicios a ambos cónyuges. Madrid, 14 de Febrero de 2017