El mínimo común denominador en Cataluña

EL MÍNIMO COMUN DENOMINADOR EN CATALUÑA Continúa la valleinclanesca farsa del Presidente castizo, aunque en SI sostenido menor. Tras haber jurado o prometido por sus ancestros que el referéndum de autodeterminación de Cataluña se celebraría velis nolis el 9-N, Artur Mas ha tenido que admitir que no se realizará en la forma por él decretada. “La comedia é finita” pensamos muchos, pero no ha sido así. Inasequible al desaliento, el payaso del President pretende sustituirlo por un difuso “proceso participativo” mediante una votación popular sui generis -sin censo y sin las mínimas garantías democráticas-, que sigue siendo ilegal a pesar de la levedad de su ser. Ha solicitado el apoyo de sus socios independentistas, pero éstos condicionan su respaldo a que continúe violando la ley hasta sus últimas consecuencias. Como ha señalado Anna Simó (ERC), no hay escollos legales u organizativos si existe voluntad de celebrar la consulta. Ante el fracaso de sus planes y la falta de apoyo de sus aliados, Mas debería dimitir y ceder el puesto a otro dirigente, o anticipar las elecciones autonómicas, pero se obstina en destruir su persona, su partido, Cataluña y España. Oriol Junqueras aceptaría el plan B de formar una lista conjunta ERC-CyU en unas elecciones autonómicas plebiscitarias, si Mas se comprometiera a que, tras las mismas, el Parlament acordara de forma inmediata la independencia de Cataluña, pero el President no se atreve a aceptar tal envite. Flagrantes y continuadas violaciones de la Constitución y de las leyes en Cataluña En cualquier Estado de Derecho, el Gobierno asume el compromiso de hacer respetar las leyes, pero “Spain is different”. La Generalitat incumple ostensiblemente la Constitución (CE) y las normas nacionales, y el acomplejado Gobierno central ha evitado imponer la ley para no crear víctimas que se conviertan en mártires de la causa independentista. Por ello, ha tolerado la abierta insumisión y permitido la impunidad, pese a la reiterada violación, no sólo de la CE, sino también del Código Penal. Así, Mas y los miembros del Govern han cometido –entre otros- los delitos de prevaricación, desobediencia y usurpación de atribuciones. Prevarican las autoridades que, a sabiendas de su injusticia, dictan una resolución arbitraria (artículo 404). Desobedecen las autoridades que se niegan abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de sus competencias (artículo 410), impiden ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente (artículo 508) o, una vez legalmente requeridas de inhibición, continúan procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional (artículo 509). Usurpan atribuciones las autoridades que, careciendo de ellas, dictan una disposición general (artículo 506). Estos delitos llevan aparejadas penas de prisión de hasta 3 años, multas importantes e “inhabilitación especial para empleo o cargo público” de hasta 12 años. Como ha destacado el colectivo “Libre e Iguales”, el Presidente de la Generalitat –máxima autoridad del Estado en Cataluña- “se descalifica tajantemente para seguir ejerciendo su cargo, al considerar, con un insólito lenguaje beligerante, que el Estado es su principal adversario”. ¿A qué espera el Gobierno para aplicar de una vez el Código Penal?. Podría empezar por imponer sanciones económicas -como hace el Govern al poner multas considerables a los comerciantes que sólo rotulan sus negocios en español-, a las que son sensibles los catalanes porque “la pela es la pela” y, sobre todo, recurrir a la inhabilitación de los reincidentes. La suspensión cautelar del referéndum y la prohibición de tomar medidas para su celebración acordadas por el Tribunal Constitucional se aplican no sólo a la Generalitat, sino también al Parlament y a la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, que siguen con sus campañas en pro de la independencia. Inviabilidad de las terceras vías Al margen de lo que ocurra el 9-N, lo importante es qué va a pasar a partir del día siguiente. Todos –incluido Mas- hablan de la necesidad de diálogo y de consenso para solucionar el conflicto. El diálogo es, en efecto, esencial, pero siempre que -como ha señalado José María Carrascal- se respeten las normas vigentes mientras no nos pongamos de acuerdo sobre otras nuevas. Han surgido los partidarios de la tercera vía, los “terceristas”, a los que Santiago González considera una reedición de los arbitristas, de gran raigambre en la Historia patria. El profesor Santiago Muñoz Machado ha propuesto la adopción de un nuevo Estatuto, en el que el Estado haga concesiones a Cataluña sin perder su identidad, y en el que se reconozcan los hechos diferenciales y la especialidad de las relaciones de aquélla con el Gobierno central. El Estatuto sería refrendado por los catalanes y la requerida reforma de la CE por todos los españoles. ¿Pero, no reconoce ya la Constitución los hechos diferenciales de Cataluña -como ha señalado el TC en su sentencia de 2010- en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional?. ¿Existen acaso más singularidades en otros ámbitos?. El ex-Presidente José Luis Rodríguez Zapatero –principal responsable del fiasco del Estatut y del consiguiente empeoramiento de las relaciones entre Cataluña y el resto de España- ha sugerido restablecer el Estatuto tal como fue adoptado por el Parlament. La sugerencia no puede ser más extemporánea, porque, si sus disposiciones básicas ya fueron declaradas inconstitucionales, o sometidas a una estricta interpretación, por el TC, el mero transcurso del tiempo no ha producido su blanqueo constitucional. Escasa viabilidad de un sistema federal El PSOE viene repitiendo como un disco rallado que hay que modificar la CE para establecer un Estado federal. La federación es una mera envoltura formal y su contenido puede ser muy diverso, pero Pedro Sánchez sigue sin precisar qué tipo de federación propone. Sería la solución ideal, siempre que en la Constitución se fijara un claro y equitativo reparto de competencias entre el Estado federal y los Estados federados, y se respetara la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, pero -si tal sucediera- el sistema no resultaría aceptable para los nacionalistas, que consideran que Cataluña debe tener un status superior a las demás regiones de España, y -si se estableciera un régimen asimétrico para complacerlos- dejaría entonces de ser una federación. Ni siquiera la aceptarían Josep Antoni Durán y su CDU, que propugnan una confederación de Cataluña, el País Vasco, quizás Galicia, y el resto de España bajo el término “Madrid”. Éste no es una comunidad histórica, sino un “poblacho manchego” que –por razones geográficas, históricas, estratégicas, políticas y administrativas- se convirtió en la capital del primer Estado nacional, constituido a finales el Siglo XV con la fusión -bajo los Reyes Católicos- de los reinos de Castilla y Aragón, del que formaba parte el Condado de Cataluña. El “Madrit” que tanto denuestan los catalanes, no engloba a Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Asturias u otras regiones españolas. Es un crisol de la diversidad española, en el que conviven armoniosamente ciudadanos de toda la Nación, incluidos los catalanes. Las posiciones de los partidos están tan distantes que difícilmente se podrá lograr el acuerdo, no ya del 90.3% de los catalanes que respaldaron la CE en 1978, sino ni siquiera del 50,1%. Ante la ausencia de consenso, hay que buscar el mínimo común denominador, que se encuentra –a mi juicio- en el vigente régimen de las autonomías, manifiestamente mejorable en su aplicación. Según Arcadi Espada, el fracaso de las autonomías no ha sido culpa de la CE, sino de los sucesivos Gobiernos y del uso perverso que han hecho de la plasticidad autonómica. En su simbología bíblica, Mas se ha comparado a David en la lucha contra Goliat, pero se parece más a Sansón, pues ha optado por destruir desde dentro el templo de España, muriendo él y matando a todos cuantos le rodean. Madrid, 20 de Octubre de 2014