El inexistente derecho a decidir en Cataluña

EL INEXISTENTE DERECHO A DECIDIR EN CATALUÑA Las aguas separatistas bajan turbias por las áridas rieras catalanas, al no poder fluir por los cauces naturales de los ríos constitucionales, y amenazan con anegar toda Cataluña, de Figueras al Delta del Ebro. Como un trilero de feria, Artur Mas ha movido tanto y tan rápido los cubiletes que ya nadie sabe donde está la bolita, y ha conseguido engañar a todo el mundo, incluido a él mismo. Empecinado en que en el 9-N se haga una votación, ha ido dando tumbos en su huida hacia delante para –en opinión de Albert Rivera- no sólo defender el separatismo, sino también tapar la corrupción que le afecta particularmente. Hasta el último momento tratará de que se manifieste la voluntad popular sobre la independencia de Cataluña bajo los auspicios de la Generalitat. Obstinación de Mas en celebrar una consulta ilegal Ante la firme y bien fundada oposición a sus planes por parte del Gobierno central, Mas ha buscado alternativas para salvar la cara y su penúltima ocurrencia ha sido realizar en toda la Comunidad una confusa y difusa votación-sondeo sin las más mínimas garantías democráticas, que es ilegal. Ha procurado vender la burra tuerta a sus aliados secesionistas, pero éstos se oponen, aunque acabarán por aceptarlo, pues más vale seudo-votación en mano que ciento volando. Pretende celebrar más tarde unas elecciones autonómicas plebiscitarias adelantadas en la que CyU, ERC y demás ad lateres independentistas presenten una lista única, pero sus socios democristianos de UDC, los eco-comunistas de ICV y los antisistema de CUP se niegan a ello, y ERC condiciona su apoyo a que Mas se comprometa a que el Parlament declarare la independencia tras los comicios. Oriol Junqueras ha estimado que “es implanteable abrir un proceso de negociación con el Estado”, porque, sólo si es independiente, podrá Cataluña negociar con él en pie de igualdad. La Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural han reclamado la convocatoria de dichas elecciones antes de tres meses, con la independencia como punto principal del programa común. Carme Forcadell ha afirmado que “España no nos deja ejercer nuestro derecho de expresarnos” y Muriel Casals que el 9-N será la primera vuelta de unas elecciones que llevarán a la independencia. El PSC sigue con su política esquizofrénica, pues –pese al aserto de Alfonso Guerra de que socialismo y nacionalismo son incompatibles- enciende una vela a Pablo Iglesias senior y otra a Lluis Companys, y recomienda a sus ediles a que colaboren con la Generalitat en su ilegal “paripé” de votación. Los separatistas se envuelven en el manto sagrado del “derecho a decidir”, versión maquillada y atractiva del derecho a la libre determinación de los pueblos, pero –como ha señalado Arcadi Espadas- ejercer ese derecho sólo en Cataluña supone negar al resto de los ciudadanos españoles la capacidad de decidir políticamente cuál va a ser el futuro de España, y -según Fernando Savater- nadie tiene derecho a decidir que los demás no decidan. La soberanía nacional reside en el pueblo español Ni de conformidad con el derecho internacional, ni con el interno, tiene el pueblo catalán derecho a decidir unilateralmente. Para Araceli Mangas, el derecho a la libre determinación de los pueblos -consagrado en la Carta de la ONU y en las resoluciones de su Asamblea General- sólo está reconocido en los casos de dominación colonial, o de explotación o discriminación racial de los ciudadanos de un Estado, y es evidente que –por mucho que se manipule y tergiverse la Historia, en lo que los nacionalistas son maestros consumados-, tal no es el caso de Cataluña. Tampoco se pueden amparar en el derecho interno, pues –como ha observado Enrique Gimbernat- el artículo 2 de la Constitución, prevé que ésta “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, patria común indivisible de todos los españoles”, y el artículo 1-2 establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Por otra parte -conforme al artículo 149-1-32-, el Estado tiene la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Es éste una figura excepcional en la democracia parlamentaria, ya que el pueblo ejerce normalmente su derecho a decidir a través de las elecciones municipales, autonómicas y generales. Estos puntos ya fueron refrendados por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2008 sobre el “Plan Ibarretxe”, cuando afirmó que la cuestión sometida a los ciudadanos del País Vasco afectaba al fundamento del orden constitucional y, por ello, sólo podía ser objeto de consulta popular por vía de referéndum de revisión constitucional. No cabían actuaciones por otros cauces, ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier otro órgano del Estado, porque sobre todos ellos primaba siempre la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional. Ante la falta de asidero jurídico, Junqueras ha tenido que reconocer, con flagrante menosprecio de la ley, que ha llegado la hora de saltarse la legalidad española, y hecho un llamamiento a la desobediencia civil. Resulta llamativo que los nacionalistas acusen al Gobierno central de excesivo “legalismo” por tratar de que se cumplan la Constitución y las leyes, mas ¿qué otra cosa podría hacer un Estado de Derecho, dado que no existe democracia fuera de la ley, en contra de lo que mantienen los independentistas?. Para Soraya Sáenz de Santamaría, el gobernante que no cumple las leyes pierde legitimidad y autoridad sobre los ciudadanos para que acaten las normas. No puede celebrarse el referéndum si no participan en él todos los españoles Mariano Rajoy ha afirmado categóricamente que “no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país”. Sin embargo, no son pocos los catalanes que creen que sólo a ellos corresponde esta decisión, incluidos algunos profesores universitarios como Pol Antrás (Harvard), Gerard Padró (London School of Economics), Oriol Amal (Pompeu Fabra) o Joan Queralt (Universidad de Barcelona), que niegan la evidencia de que la independencia de Cataluña afectaría a toda España. Como ha señalado el Gobierno en su recurso ante el TC, considerar soberano al pueblo catalán atribuyéndole la capacidad de ser consultado de manera autónoma y diferenciada del sujeto de la soberanía –el pueblo español- sobre cuestiones que afectan a la unidad de la Nación española, dándole la cualidad de sujeto político y jurídico, constituye una infracción evidente de la Constitución y es un fraude a la ley. Según Jorge Fernández, Mas y Junqueras nos quieren retrotraer 80 años después a otro 6 de Octubre, en el que Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Ante esta decisión, el Gobierno de la idealizada II República encarceló a los miembros del Govern, suspendió la Generalitat e hizo intervenir al Ejército, lo que causó la muerte de medio centenar de personas. Como aseguró en 1977 el Presidente catalán en el exilio y primer president de la Generalitat restaurada, Josep Tarradellas –militante de ERC y destacado nacionalista catalán y patriota español-, mientras él gobernara no volvería a producirse en Cataluña un episodio tan aciago como el del 6 de Octubre de 1934. Sus correligionarios, sin embargo, han olvidado ahora sus sabias palabras. La Historia no tiene por qué repetirse y, en todo caso, una hipotética pero improbable reproducción de los hechos sería resuelta por la vía judicial y/o política, y no por la militar aunque no quepa excluirla, ya que las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. La eventual independencia de Cataluña afectaría a toda España y -como la soberanía reside en el pueblo español- éste debería poder expresar su opinión al respecto. Buena parte del pueblo catalán quiere opinar sobre el futuro de Cataluña y de España, pero -en el supuesto de que el Gobierno central accediera a ello- el correspondiente referéndum de autodeterminación sólo podría ser autorizado si en él participaran todos los españoles. Madrid, 28 de Octubre de 2014