Cataluña tras la consulta del 9-N

CATALUÑA TRAS LA CONSULTA DEL 9-N El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy confió ingenuamente en la vana promesa del Presidente de la Generalitat de que cumpliría la ley y afirmó urbi et orbe que no se celebraría ningún tipo de consulta, porque era ilegal y su Gobierno la impediría. Sin embargo, el 9-N se celebró en Cataluña una votación a plena luz ante la pasividad del Gobierno central y de los jueces, quienes estimaron que retirar las urnas sería una “medida desproporcionada”, pues podría “provocar desórdenes públicos”. Resultados del “proceso participativo” del 9-N Siguiendo el transformismo de Artur Mas, el referéndum se fue convirtiendo sucesivamente en consulta y en “proceso participativo”, y acabó siendo una votación ilegal en toda regla sobre la independencia de Cataluña, en la que participaron 2.305.290 ciudadanos. En opinión de Arcadi Espada, ha sido una “mas-carada” organizada por la Generalitat con la complicidad pasiva del Gobierno central, que –pese a que el President anunció el 12 de diciembre de 2013 la fecha de su celebración y las preguntas que sobre la independencia se formularían- no ha querido o podido utilizar los recursos legales a su disposición para impedirla. Como ha señalado el colectivo “Libres e Iguales”, el Gobierno de Rajoy ha observado pasivamente los acontecimientos, olvidando que su primera obligación era cumplir y hacer cumplir la Constitución. El Govern no sólo ha organizado política y logísticamente la jornada, sino que ha mostrado su compromiso con la ilegalidad de manera retadora. Se ha negado a aceptar las sentencias del Tribunal Constitucional y ha exhibido el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político, y semejante agresión a la democracia no ha recibido la respuesta que merecía. Se ha tratado de una flagrante farsa electoral en la que no se contó con un censo previo ni con una Junta Electoral que controlara el desarrollo de la votación, y el escrutinio fue realizado por voluntarios independentistas sin la menor garantía. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, la ha calificado de “acto propagandístico de exaltación independentista con urnas de cartón” y de “simulacro inútil y estéril al margen de cualquier marco jurídico”. Rajoy ha afirmado que carece de cobertura legal y no surtirá efecto alguno, y que ha supuesto “un profundo fracaso del proyecto independentista”, pues la gran mayoría de catalanes ha renunciado a secundar el empeño –“Pretendían exhibir fuerza y han mostrado debilidad”-. Erra en su valoración el Presidente, ya que, si bien la votación no producirá efectos jurídicos, sí tendrá trascendencia política. Según los datos poco fiables facilitados por la Generalitat, 1.861.753 ciudadanos se pronunciaron a favor de la independencia, el 80.76% de los votos emitidos y el 29.55% de las 6.222.736 personas llamadas a las urnas, entre las que figuraban 134.000 menores de 18 años y más de 800.000 inmigrantes extranjeros. 254.648 votaron en contra de la independencia y 104.772 contra un Estado catalán. La gran mayoría de los opuestos a la secesión no participó en la votación, y se registraron 12.986 votos en blanco y 71.131 nulos. Pese a que el censo electoral era inferior, en las elecciones autonómicas de 2012 participaron 3.678.867 votantes (60.05% del censo), de los que 2.100.523 se pronunciaron por partidos favorables a la secesión. Mas sólo ha movilizado a sus fieles y no puede pretender hablar en nombre del conjunto de los catalanes, pero el número de votos obtenidos no es nada desdeñable. Como ha observado Fernando Rey, estas cifras no son el techo sino el suelo electoral, que seguirá creciendo si no se actúa con inteligencia. Presunta actuación delictiva de la Generalitat Con falta de sentido de Estado, Pedro Sánchez ha dicho que terminó el tiempo de los tribunales y había que pasar página y dejar espacio a la política de diálogo y acuerdo para afrontar el grave desafío catalán, que no se arreglaba ni con el inmovilismo, ni con la confrontación. En su obsesión por la equidistancia, se ha situado a mitad de camino del Estado español y de la Generalitat, a pesar de que no se puede equidistar entre quien defiende la Constitución y quien la viola al pretender realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña para separarla de España. Las estrategias política y judicial no son excluyentes, sino complementarias. No cabe hacer tabla rasa y partir de cero cuando el Govern no ha reconocido la ilegalidad de su actuación, pues un Estado de Derecho no puede permitir la impunidad de los que incumplen la ley. No se trata de un incumplimiento circunstancial, sino que la Generalitat y su Presidente han violado sistemática y reiteradamente la Constitución, el Estatuto, las leyes y las sentencias de los tribunales con absoluta impunidad. La tolerancia y condescendencia del Gobierno central, lejos de aplacar a la fiera, han aumentado su apetito. Mas ha alardeado de forma chulesca al afirmar que Cataluña no siente miedo ante la actuación del Estado y que –para conocimiento de la Fiscalía- él y su Gobierno eran los responsables del desafío secesionista. Dado que todos ellos son aforados, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá presentar la correspondiente querella por los delitos presuntamente cometidos. Incluso para un lego en derecho, resulta evidente que Mas y Cia –Joana Ortega, Francesc Homs o Irene Rigau- han cometido delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero varios fiscales catalanes mantienen la peregrina tesis de que no ha habido delito, porque la convocatoria de la consulta era una decisión política que no surtía efectos penales. Si estos fiscales sucumbieran al síndrome de Estocolmo y siguieran defendiendo la inimputabilidad de los miembros del Govern porque el TC no les advirtió de las consecuencias de sus actos, cabe esperar que el Fiscal General del Estado presente la querella y apoye las ya formuladas por partidos políticos y particulares, pues –según Eduardo Torres-Dulce- el asunto ya está judicializado. Mas se ha autodescalificado y deslegitimado por su insumisión institucional y su deslealtad continuadas, y ha dejado de ser un interlocutor válido. Al igual que el ex-Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, debería ser inhabilitado y sustituido por otro miembro de CDC que sea más fiable. Reacción ante el desafío de la Generalitat a la unidad de España En una muestra adicional de su cinismo, Mas se ha dirigido a Rajoy para exigirle la convocatoria de una consulta legal y pactada para la libre determinación de Cataluña. En su tardía comparecencia ante la nación, éste le ha contestado que el único camino adecuado para conseguir sus propósitos sería la reforma de la Constitución y que, si pretendía cambiar una sola coma de sus artículos 1 y 2, se encontraría frente a un muro, porque nunca negociaría la unidad de España ni la soberanía nacional. Tarde o temprano habrá que modificar la Constitución, aunque sólo sea para que los catalanes y los demás españoles puedan expresar su parecer sobre el futuro de España, pero será muy difícil llegar a un consenso. El tema merece ser tratado con más detenimiento. El Gobierno central debería abandonar su actitud defensiva y meramente reactiva, y desarrollar una política dinámica e ilusionadora para dar satisfacción a los catalanes que también se sienten españoles y recuperar a los que han apoyado la independencia coartados por la asfixiante presión nacionalista. Ha de aspirar no sólo a vencer política y jurídicamente, sino también a convencer socialmente para “dar salida al toro” –o al burro- catalán. La sociedad catalana tiene que sumarse a este esfuerzo. Muy positivo ha sido, por ejemplo, el artículo publicado en “La Vanguardia” por cuatro prestigiosos embajadores –Raimundo Bassols, Fernando Perpiñá, Eugenio Bregolat y Eudaldo Mirapeix-, en el que, con serenidad y justeza, han advertido de las graves secuelas de la independencia en el plano internacional. Los empresarios deberían dar un paso al frente y salir de su ambigüedad, pues son conscientes de las nefastas consecuencias económicas que acarrearía la secesión El futuro de España es un asunto sumamente grave que afecta a todos los españoles y no puede ser dejado sólo en manos de los catalanes. Madrid, 17 de Noviembre de 2014