¿Es acertado acortar las licenciaturas universitarias?

¿ES ACERTADO ACORTAR LAS LICENCIATURAS UNIVERSITARIAS? El pasado 30 de Enero el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que autoriza a las Universidades a reducir la duración de las licenciaturas de cuatro a tres años y a establecer una maestría de uno o dos años. Según el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, se trata de alinear la oferta educativa española con los países de nuestro entorno, mejorar la competitividad de los graduados, adelantar su incorporación al mercado laboral y permitir un ahorro de €150 millones a las familias. La reacción de la comunidad universitaria ha sido sumamente crítica con la medida. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) decidió por abrumadora mayoría aplazar la aplicación de la norma hasta el curso 2017-2018 y el Sindicato de Estudiantes promovió una huelga general de protesta los días 25 y 26 de Febrero. Flexibilidad de las Universidades para fijar la duración de los grados Cuando en 1958 acudí al London University College para hacer un curso de post-grado, me encontré con la desagradable sorpresa de que mi flamante Licenciatura de cinco años equivalía a un “Bachelor” inglés de tres. En Gran Bretaña se seguía una licenciatura de tres años y una maestría de dos, y se equiparaban los cinco años cursados en una Universidad española a los tres realizados en otra británica. Esta diferencia de valoración ha perjudicado durante años a los estudiantes españoles en el extranjero y los sigue perjudicando pese a las modificaciones introducidas. El sistema anglosajón ha prevalecido sobre el continental y la fórmula 3+2 se ha impuesto en la mayoría de los países de la Unión Europea. España redujo a cuatro años la duración de las licenciaturas y –a la hora de adaptarse en 2010 al “Espacio Europeo de Educación” o Plan Bolonia- optó por la fórmula de 4+1, al igual que Grecia, Chipre o Turquía. Con la actual reforma, el Gobierno da libertad a las Universidades para que establezcan una Licenciatura de carácter generalista de tres años y una Maestría especializada de uno o dos. El Decreto no establece ningún plazo para su cumplimiento y es bastante flexible, pues concede a las Universidades plena libertar para aplicarlo o no y –en caso afirmativo- para hacerlo cuándo y cómo les plazca. Las generalizadas críticas a la norma –unas justificadas y otras no- proceden de los diversos ámbitos universitarios, sobre todo de la CRUE, pese a que en 2006 hubiera propuesto adoptar una duración flexible de los grados. Entre ellas cabe citar el deterioro de la calidad de la enseñanza, la insuficiencia de la formación de los estudiantes, el encarecimiento de los costes, la reducción de la posibilidad de encontrar empleos de responsabilidad, la pérdida de puestos de trabajo en el profesorado o la falta de cohesión del sistema universitario. Críticas generalizadas al Decreto La reducción en la duración de las licenciaturas no tiene por qué afectar a la calidad de a enseñanza, como se pone de manifiesto con los satisfactorios resultados obtenidos en otros Estados de la Unión. Lo importante no es tanto la duración de los estudios, como la idoneidad de los programas de enseñanza. Si éstos no son adecuados, por mucho que se alargue la escolarización no se incrementará la calidad. Lo que se impartía en cuatro cursos se puede enseñar en tres, mientras que un solo año para conseguir un “Máster” me parece insuficiente. Los estudiantes no están forzosamente abocados a cursar una maestría –sólo un 20% del alumnado opta por hacerla- y se adelanta en un año la entrada en el mercado laboral, donde hay muchos puestos de responsabilidad cuyo desempeño no requiere tan alta cualificación. Antes bien, la frustración es mayor cuando personas sobrecualificadas se ven compelidas a ejercer empleos para los que se requiere menor preparación. La Sociedad española sobrevalora los títulos académicos en detrimento de los de formación profesional, tan dignos como los universitarios e incluso a veces más importantes. Es cierto que el coste de la matrícula de una maestría es superior al de las licenciaturas y que –si los estudiantes se vieran forzados a cursar un “Master” para poder conseguir trabajo- aumentaría el gasto de las familias, pero esto no tiene necesariamente que ser así, pues se puede reducir el coste de aquél e incluso mantener la paridad con el de éstas, como va a hacer la Comunidad de Castilla y León. En cualquier caso, la eventual diferencia debería ser suplida con un incremento en la concesión de becas. La pérdida de puestos de trabajo no tendría que producirse, ya que los profesores que dejaran de impartir el cuarto curso de licenciatura podrían ser reubicados en los dos de maestría. El sistema universitario hace tiempo que perdió su cohesión a causa de la doble autonomía universitaria y autonómica. Las Universidades han usado y abusado de su autonomía y roto con sus normas ad hoc la deseable unidad de regulación en toda España. Se han dejado llevar por el parroquianismo y la endogamia –el 72,8% de los profesores enseñan en las universidades donde se doctoraron-, así como por el clientelismo, la burocracia, el corporativismo, la ausencia de libre contratación, la falta de especialización y la escasez de movilidad inter-universitaria. La asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, a su vez, ha provocado una proliferación de universidades, pues cada provincia quiere tener su centro universitario, aunque carezca de los medios humanos y materiales requeridos. Este minifundio académico ha provocado el deterioro de la calidad de las Universidades españolas y la disminución de su prestigio, como muestra el lugar que ocupan en los distintos “rankings” internacionales. Habría que disminuir el número de centros públicos -50 en la actualidad-, aumentar su dotación, fomentar las especializaciones en cada uno de ellos, potenciar la investigación y mejorar la igualdad de oportunidades. Valoración positiva de la reforma La Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado que el actual sistema universitario español no es sostenible, porque las tasas de acceso a la Universidad son altas y los precios de matrícula bajos, los impuestos también son bajos y los procedimientos de selección resultan insuficientes. El alumnado es muy elevado por el excesivo valor otorgado a los títulos universitarios, y ha aumentado aún más últimamente a causa de la crisis económica, pues quienes no encuentran trabajo acuden a la Universidad para mejorar su formación. La Constitución establece la gratuidad de la educación básica, pero no de la universitaria. Aunque ésta sea una inversión esencial para el futuro, tiene un coste en el presente que alguien ha de asumir. Se debería repartir entre el Estado, la Sociedad y los beneficiarios. A diferencia de lo que ocurre en los países anglosajones -en los que empresas y ciudadanos contribuyen a la financiación de las universidades-, la Sociedad española apenas colabora en esta tarea. El estudiante aporta menos del 20% del coste, por lo que la principal carga corresponde al Estado, que -al no disponer de bastante capacidad recaudatoria- no dedica sumas suficientes para la debida financiación de la Universidad. En cuanto a la selección, en 60% de las carreras sólo se exige un 6.5 de nota media y el 84% de los candidatos pasa la prueba de acceso, que se va a dejar en manos de cada Universidad. Se debería abrir un debate sobre su financiación con miras a tener en cuenta no sólo el número de alumnos, sino también los objetivos y los resultados obtenidos. Aunque el artículo 27 de la Constitución reconozca la autonomía de las Universidades, el 149-1-30 establece la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos. Sería de desear que existiera cohesión en el sistema universitario a nivel nacional, pero –como ha editorializado “El Mundo”- la posibilidad de cada Universidad de flexibilizar la duración de los grados otorga más libertad a los centros y permitirá a los alumnos decidir sobre la orientación de sus estudios. El Decreto es acertado y sería lamentable que se frustrara por falta de diálogo y de entendimiento entre el dúo dinámico Wert/Gomendio y el mundo universitario. Madrid,2 de Marzo de 2015

Ley catalana de Acción Exterior: Suma y sigue

LEY CATALANA DE ACCIÓN EXTERIOR: SUMA Y SIGUE Inasequible al desaliento, el Gobierno de Artur Mas sigue de forma unilateral e implacable su ruta hacia la independencia de Cataluña y trata de dotarse a tales efectos de estructuras de Estado. El último paso dado en esta dirección –que ha pasado un tanto desapercibido para la opinión pública- ha sido la adopción el pasado 4 de diciembre de la Ley 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, una réplica de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, de 25 de Marzo de 2014. Doctrina del TC sobre acción exterior de las Comunidades Autónomas En su sentencia 165/1994, el Tribunal Constitucional afirmó que las relaciones internacionales se mantienen entre sujetos de Derecho Internacional y están regidas por ese derecho, lo que excluye la posibilidad de que los entes territoriales dotados de autonomía política participen en las relaciones internacionales y, consiguientemente, concierten tratados con Estados soberanos y Organizaciones Internacionales gubernamentales. Asimismo excluye que dichos entes puedan establecer órganos permanentes de representación ante tales sujetos. Señaló, sin embargo, que no todas las actividades de relaciones exteriores de una Comunidad Autónoma suponían una infracción del artículo 149-1-3 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, por lo que no cabía excluir que las Comunidades pudieran llevar a cabo actividades que supusieran una conexión o relación con entidades públicas exteriores al Estado, en tanto que tales actividades no incidieran en la reserva estatal prevista en el citado artículo o perturbaran el ejercicio de las actividades que la integraban. Concluía el TC que la existencia de una Oficina del Gobierno Vasco en Bruselas no prejuzgaba su tipo de actividad, ni determinaba que hubiera de incidir forzosamente en el ejercicio de la competencia estatal sobre relaciones internacionales. Esta permisiva sentencia fue ampliamente interpretada por las Comunidades, históricas y no históricas, que establecieron delegaciones permanentes –pseudo embajadas- no sólo ante la UE, sino también ante muchos Estados. Cataluña –que ha sido pionera en este terreno- dispone de delegaciones ante la UE, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, así como de 70 oficinas sectoriales. Está a punto de abrir nuevas delegaciones en Italia y Austria, y pretende disponer de 45 oficinas completamente autónomas de la red diplomática de España. El calendario dependerá de cómo avance el proceso secesionista. Ley 16/2014 de Acción Exterior de Cataluña La Ley 16/2014 parte de la base de que, al haberse difuminado el concepto de soberanía, se han modificado implícitamente las reglas sobre las relaciones internacionales, y de que el objetivo de las delegaciones del Govern es defender los intereses de Cataluña y la proyección internacional del país en el exterior. Corresponde a aquél dirigir, ejecutar y coordinar la acción exterior de la Generalidad en el marco de las directrices generales de la acción gubernamental establecidas por su Presidente. Aprovecha la ocasión para colar entre los principios rectores de la acción exterior el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. Los órganos competentes de la Administración autonómica potenciarán la coordinación de las representaciones de la Generalidad en el exterior con otras administraciones y entes públicos de Cataluña. El Estado parece que esté en otro planeta, pese a que la Ley estatal de la Acción y del Servicio Exterior prevea que las actividades de las Comunidades Autónomas respetarán los principios establecidos por el Estado y se adecuarán a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno. Tales actividades deberán adecuarse asimismo a los instrumentos de planificación establecidos por el Estado en el ejercicio de sus facultades de coordinación, cuando definan directrices de actuación propias de la política exterior del Estado o se inserten en el ámbito de las relaciones internacionales de España. Compete, en todo caso, al Gobierno –que dirige la política exterior- establecer las medidas y directrices que regulen y coordinen las actividades de las Comunidades en el extranjero. No obstante, la Ley 16/2014 se limita a reconocer “el cumplimiento del principio de la lealtad institucional mutua y la búsqueda de sinergias con el Gobierno del Estado”. Según la Ley estatal, las Comunidades deberán comunicar al Gobierno el establecimiento de oficinas para su promoción exterior con carácter previo a su apertura y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará la propuesta, de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la política exterior, la Estrategia de Acción Exterior y el principio de unidad de acción. La ley autonómica permite al Govern crear delegaciones y oficinas sectoriales en los países y áreas geográficas que considere prioritarios para la promoción de los intereses de Cataluña, pero no hace ninguna referencia a la intervención del Estado en el proceso. En paralelo a la Estrategia de Acción Exterior del Estado, la Generalitat dispondrá de su propio Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la UE, sin que la Ley autonómica haga mención alguna a aquél. El Govern puede establecer relaciones con “Gobiernos de otros territorios” y debe potenciar las relaciones de colaboración con las Organizaciones Internacionales, en especial con las pertenecientes al sistema de la ONU. Hay un ominoso silencio sobre el Estado español. Las Comunidades Autónomas no pueden concertar tratados internacionales, aunque sí celebrar acuerdos internacionales administrativos y no normativos con “autoridades u órganos administrativos de un sujeto de Derecho Internacional”. Corresponde al Govern aprobar estos acuerdos de colaboración con entes públicos de otros Estados o con Organizaciones Internacionales, pero -de conformidad con la Ley estatal- el Ministerio de Asuntos Exteriores deberá informar tales acuerdos con anterioridad a su celebración. Sin embargo, la Ley 16/2014 omite cualquier referencia al respecto. Dicha Ley ignora por completo al Estado de la Nación y su monopolio de las relaciones internacionales entre sujetos de Derecho Internacional, y pasa por alto el axioma de que las actuaciones exteriores de las Comunidades no pueden incidir o perjudicar la política exterior que dirige el Gobierno. Un paso más hacia la independencia El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reiterado que la política exterior de España es competencia exclusiva del Estado y mencionado la posibilidad de recurrir la apertura de delegaciones de Cataluña en Italia y en Austria, y de presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley 16/2014. Espero que no lo dijera en serio y que sólo pecara de un exceso de locuacidad, porque -si tal ocurriere-, mucho me temo que el TC daría un buen rapapolvos al Gobierno. Las intenciones del Govern son inequívocas, pero la norma ha sido redactada con gran habilidad y destreza jurídica para eludir los escollos de una posible demanda de inconstitucionalidad. Lo grave no es tanto lo que dice, sino lo que deja de decir, lo que a sabiendas silencia. Desde que a partir de 2012 inició abiertamente el proceso secesionista, la Generalitat ha dado prioridad a aumentar su representación en el extranjero para dar a conocer y justificar sus pretensiones independentistas, y a contar con las estructuras necesarias para sustituir en su día a la red española de misiones diplomáticas. Pese a la necesidad de reducir gastos para amortizar la ingente deuda de Cataluña –reducida al nivel de “bono basura”-, el presupuesto para 2015 ha aumentado en un 12% la dotación para Cooperación y Exteriores, que asciende a 19,9 millones de euros. La Generalitat no sólo no tiene reparos en reducir el gasto público en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, sino que incrementa las partidas que facilitan el acceso a la independencia. ¡Tiene menos sensibilidad social que un mejillón de Cadaqués!. Madrid, 17 de Febreroi de 2015

Desafío de Grecia a la Unión Europea

DESAFÍO DE GRECIA A LA UNIÓN EUROPEA Como ha señalado el Ministro de Hacienda griego, Yanis Varoufakis, los ciudadanos no les han votado para que cometan los mismo estúpidos errores de Gobiernos anteriores, y el Primer Ministro Alexis Tsipras ha afirmado que va a cambiar radicalmente la manera en que son conducidas las políticas de la Administración. El Gobierno de SYRIZA ha cumplido hasta ahora sus bravuconadas, como ha puesto de manifiesto con el fin del plan de recortes, la adopción de medidas contra la austeridad y de aumento del gasto público, la pretensión de no pagar –o de pagar lo menos posible- la ingente deuda y la negativa a negociar con la troika de acreedores. Intentos del Gobierno griego para atraer a la UE a su causa El “new deal” se escenificó con motivo de la visita a Atenas del Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en la que Varoufakis le indicó que su Gobierno no aceptaba ni el plan de ajuste ni el pago íntegro de una deuda injusta e insostenible, y que exigía la convocatoria de una Conferencia Europea sobre la Deuda. Dijsselbloem le respondió que esta Conferencia ya era el Eurogrupo y que optar por medida unilaterales e ignorar los acuerdos adoptados no era el camino adecuado. “The Economist” ha hablado de un terremoto político y económico con epicentro en Atenas, que marcará el debate en Estados donde la anti-austeridad ha ganado terreno y provocará el ascenso de los partidos populistas antisistema, lo que dificultará los planes de una mayor integración fiscal y podría hacer temblar los cimientos de la UE. Tsipras está tratando de tentar a países partidarios de dar prioridad al crecimiento –como Francia, Italia o Irlanda- para que pongan término a la política “merkeliana” de austeridad, y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, sensible a estos cantos de sirena, ha propuesto un cambio de la política de Irlanda. En paralelo con su escudero financiero Varoufakis, Tsipras inició una gira por Europa para pregonar su buena nueva y obtuvo una acogida favorable en Francia e Italia, con matices. El Ministro de Hacienda francés, Michel Sapin, se ofreció como mediador con la Eurozona para aliviar la carga de la deuda –no para cancelarla-, siempre que Grecia prosiguiera con las reformas estructurales prometidas a la Unión, y François Hollande añadió que era esencial respetar los pactos, en particular sobre la deuda. Matteo Renzi consideró fundamental la reforma de la administración pública griega y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. Los emisarios pincharon en hueso con Alemania y con el BCE. Angela Merkel ha considerado legítimo que Grecia negocie las condiciones del pago de su deuda, pero dentro del respeto a los compromisos adquiridos. Wolfgang Shäuble dijo que no cabía cumplir las promesas electoralistas a costa de terceros, que los chantages no eran de recibo y que no habría quitas ni Conferencia Europea. Mario Draghi señaló que el BCE no podía reestructurar la deuda griega y rechazó la emisión de €10.000 millones en letras del Tesoro solicitada por Grecia a modo de “financiación puente”. El Banco dejará de aceptar los bonos griegos como garantía de pago a partir del 10 de febrero. Como consecuencia, en una sola sesión los bancos griegos perdieron el 10% de su valor y la situación del sistema financiero será insostenible si no se llega a un acuerdo. Presión del Gobierno griego sobre la política exterior de la UE La decisión de Tsipras de jugar la baza de la coacción no llega en el mejor momento, pues –mientras Grecia se encuentra muy mal- la Eurozona está más fuerte que en 2012 y podría soportar su salida del euro. Dando un paso más en su actitud de confrontación, Tsipras ha amenazado veladamente con romper la UE y flirtea con Rusia. Es significativo que el primer representante extranjero al que ha recibido fuera el Embajador ruso. En la última reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, Grecia amagó con vetar la resolución condenatoria de Rusia por su actuación en Ucrania si no se suavizaba su texto. Con poco estilo, su Canciller Nikos Kotzias alegó que los ciudadanos le pagaban para defender los intereses de Grecia, que para SYRIZA parecen estar más cerca de Moscú que de Bruselas. No hay que olvidar las afinidades religiosas y culturales entre los dos países y el marxismo militante de Tsipras. Éste está marcando territorio y ha mandado el mensaje de que la Unión tendrá que hacer más caso a Grecia. Cabe preguntarse si se trata de un farol o si está dispuesto a abrir un frente permanente de conflicto en la política exterior de la Unión. Varoufakis ha tratado de templar los ánimos al afirmar que Grecia nunca buscará ayuda financiera en Rusia. Incidencia en España del triunfo de SYRIZA La onda expansiva de la revolución “syrizista” también ha llegado a España, cuyo Presidente Mariano Rajoy hizo campaña a favor de Nueva Democracia y Pablo Iglesias en pro de SYRIZA. Pedro Sánchez ha calificado de irresponsables a quienes comparan la situación de España con la de Grecia que es bien diferente, pues ni el PASOK es el PSOE, ni SYRIZA es PODEMOS. Las diferencias económicas entre los dos países son evidentes como ponen de manifiesto la población -11/46,5 millones-, el PIB –cinco veces inferior al español-, la renta per capita -€14.708/19.970-, el déficit público -12,2%/6,8%-, la deuda -178%/92% del PIB-, la prima de riesgo -€1.125/98-, el paro -25,8%/23,9%- o el índice de pobreza -34,5%/21,8%-. Como ha señalado Vicente Lozano, Grecia es un Estado cuasi-fallido en el que reina el descontrol de las cuentas públicas, está rescatado e intervenido y necesita que le presten dinero para pagar los salarios y las pensiones. También es cierto que PODEMOS no es SYRIZA, aunque los dos tengan la misma base ideológica. Ésta es una amalgama de partidos de extrema izquierda constituidos con anterioridad a su integración, con experiencia de gobierno a nivel municipal y regional, y con un apoyo del 26,9% en las elecciones de 2012 y 71 diputados. Aquél es un partido recién creado que, aunque los sondeos le auguren un brillante futuro, en el presente sólo dispone de un magro bagaje de 5 eurodiputados. SYRIZA es una realidad, PODEMOS una posibilidad. Ambas fuerzas se necesitan, se inspiran mutuamente y se complementan. La impresionante victoria de SYRIZA ha concedido a PODEMOS una vitola de credibilidad y verosimilitud al demostrar que un partido anti-sistema de extrema izquierda puede acceder democráticamente al poder. Le facilitará el camino al Gobierno si su gestión es positiva y se lo dificultará si fracasa en su empeño. Pese a presentar con suyo el éxito de Tsipras, Iglesias ha procurado marcar distancias debido a las diferencias económicas y sociales existentes entre los dos países, por lo que “las consecuencias de las políticas de SYRIZA no se pueden vincular o extrapolar a lo que sucedería con PODEMOS”, ya que “trabajamos en situaciones diferentes”. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar con su órdago el Gobierno griego, cuya política de expansión del gasto público tiene un coste inasumible y resulta inviable. Como ha comentado el Profesor del Instituto Cervantes en Atenas, Pedro Olalla –más popista que el Pope Tsipras-, tanto éste como Ibáñez son unos arribistas del poder, que acabarán por convertirse en políticos tibios y pragmáticos y venderse al gran capital. En vez de adoptar una actitud conciliadora y tratar de conseguir el máximo de concesiones posibles de sus acreedores, Tsipras ha optado por el desafío y el enfrentamiento. Los miembros de la Eurozona deben mantenerse firmes ante los exabruptos del Gobierno griego y exigirle que cumpla sus compromisos, no sólo por razones de justicia, sino también para no sentar un peligroso precedente. Dar un trato favorable al insumiso cuestionaría la política de la UE y lanzaría un mensaje equivocado a otros Estados de la Unión que la han aplicado con gran esfuerzo y sacrificio. Hay que parar los pies a Tsipras –que aún está a tiempo de rectificar- y ponerlo en su sitio sin complejos, pues más vale una Eurozona o una UE sin Grecia, que tener al caballo de Troya dentro de las murallas de la fortaleza europea. Madrid, 9 de Febrero de 2015

Tras su triunfo espectacular SYRIZA se topa con la realidad

TRAS SU TRIUNFO ESPECTACULAR, SYRIZA SE TOPA CON LA REALIDAD De acuerdo con los pronósticos, las elecciones generales en Grecia del pasado 25 de Enero fueron ganadas por el partido antisistema de extrema izquierda SYRIZA con 36,33% de los votos, ocho puntos más que la ex-gubernamental y conservadora Nueva Democracia (27,85%). La prima de 50 escaños que la Constitución concede al ganador le ha permitido obtener 149 diputados y quedarse a solo dos de la mayoría absoluta. Muy por detrás han quedado el neo-nazi Amanecer Dorado (6,30%), el liberal “To Potami” (6,02%), el comunista KKE (5,47%), el ultranacionalista ANEL de los Griegos Independientes (4,71%) y el otrora todopoderoso PASOK, que sólo consiguió 4.69% a causa de su desgaste en el poder y de la escisión de los socialistas provocada por Yorgos Papandreu. Alexis Tsipras disponía de tres días para realizar consultas con vistas a formar una coalición, pero, eran tales sus ansias de acceder al Gobierno, que en horas 24 concertó una alianza contra natura con el conservador ANEL, por el módico precio de la cartera de Defensa a su líder Panos Kammenos. No comparto la opinión de mi vecino de columna, Juan Laborda, de que la victoria de SYRIZA era necesaria no sólo por razones de higiene política y democrática, sino también de eficacia económica, pero es indudable que constituye un importante acontecimiento que provocará profundos cambios en Grecia e inestabilidad política y económica en la Unión Europea. Evolución política y económica de Grecia Grecia se ha ganado a pulso la situación crítica en que se encuentra. Ha sido descrita por Theodoris Gorgakopulos como un país en caos, atrapado por la recesión y estructuralmente en quiebra, y por Enric Gozález como un foco de clientelismo, enchufismo, corrupción y fraude fiscal. Como la cigarra de la fábula de Esopo, vivió alegre y confiada a costa de las hormigas europeas y del hormiguero de Bruselas, pues –sin reunir las condiciones para ello- ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1981 y se nutrió de sus generosos fondos estructurales. Se incorporó en 2003 a la Unión Monetaria sin cumplir ninguno de los requisitos necesarios, falseando sin pudor sus datos macroeconómicos. En 2009 la UE y el FMI acudieron a su rescate con préstamos de €280.000 millones–más una quita de 107.000 millones de los acreedores privados- y el Gobierno de Papandreu tuvo que aceptar un riguroso Plan de Ajuste. Tras la dimisión del líder socialista y la formación del Gobierno de tecnócratas de Lucas Papademos, se celebraron elecciones anticipadas. Según González, los griegos tenían que escoger en 2012 entre la miseria y el riesgo, y –a diferencia de lo ocurrido ahora- optaron por la miseria. Ganó ND con 18.9% de los votos, seguida por SYRIZA (16,8%), PASOK (13,2%), ANEL (10,6%), KKE (8,5%) y Amanecer Dorado (7%). Se formó un Gobierno de coalición ND-PASOK con Antonis Samaras como Primer Ministro. Como ha señalado Lorenzo Bernardo de Quirós, el temor del contagio a la Eurozona y el empeño en salvaguardar la integridad del euro convirtieron al indisciplinado pigmeo económico de Grecia -2,5% del PIB de la UE- en un riesgo sistémico. Los generosos rescates no evitaron la desestabilización de la Eurozona, ni sentaron las bases para el crecimiento de la economía griega, y alentaron la demagogia de los partidos de la oposición liderados por SYRIZA, que se opusieron rotundamente al rígido Plan de Austeridad monitorizado por la troika de la UE, el FMI y el Banco Central Europeo. El Pacto no ha cumplido plenamente sus objetivos, pues –si bien ha salvado a Grecia de la bancarrota y la ha mantenido a flote cuando los mercados estaban cerrados- ha tenido desastrosas consecuencias sociales al reducirse los salarios, las pensiones y los servicios públicos. Los salarios disminuyeron un 20%, el mínimo pasó de 751 a 586 euros, 270.000 empleados públicos perdieron sus puestos, el paro llegó al 26% -sólo 8,9% cobra subsidios y los trabajadores pierden los derechos a la seguridad social al año de estar en paro-, las pensiones –que disfrutan más de la mitad de la población- bajaron un 50%, y 34,4% del pueblo vive bajo el umbral de la pobreza. La aplicación del Plan de Ajuste permitió que se lograran superavits primarios en los dos últimos años y que –a partir del segundo trimestre de 2014- se invirtiera el ciclo y el PIB comenzara a crecer. Sin embargo, el fiasco en la elección del Presidente de la República llevó al adelanto de las elecciones y al triunfo de SYRIZA, que supo explotar los puntos débiles del Plan de Rescate y se ofreció a acabar con la austeridad. Programa anti-austeridad del Gobierno de SYRIZA Tsipras ha afirmado que su elección cierra el círculo vicioso de la austeridad y supone la cancelación del programa de ajuste, y ha prometido invertir 12.000 millones de euros para paliar sus efectos. A fin de lograr la mayoría, ha pactado contra toda lógica con ANEL, al que sólo le une la oposición a los recortes y le separa los respectivos posicionamientos políticos y sociales, pues se trata de un partido tránsfuga de ND, conservador, nacionalista, teocrático, contrario a la inmigración y homófobo. Ha formado un Gobierno con 13 Ministros –ninguna fémina- en el que destacan, en Hacienda, Yanis Varoufakis, profesor marxista de Economía en la Universidad de Atenas y, en Energía y Medio Ambiente, Panayotis Lafazanis, miembro del ala más radical de SYRIZA y partidario de abandonar la Eurozona y volver al dracma. Tsipras ha pedido tiempo para “desarrollar reformas muy profundas sin austeridad y sin déficit”, lo que supone la cuadratura del círculo. Sus primeros pasos han seguido la senda de sus promesas demagógicas: Fijación del salario mínimo en 751 euros, cese de los despidos y reintegro de los empleados públicos excluidos ilegalmente, supresión del co-pago sanitario, gratuidad del suministro eléctrico a las familias pobres, paralización de la privatización de empresas públicas -como la Compañía de Electricidad DEI o el Puerto del Pireo- y concesión de subsidios para comida y transporte. Las consecuencias eran previsibles: subida de la prima de riesgo a 1.125 euros y del interés de los bonos a 10 años al 9,4%, caída de la Bolsa un 15%, huida de depósitos -11.000 millones- y descapitalización de los bancos –descenso del 43%- y venta masiva de deuda pública Problemática del pago de la deuda griega Pero el problema más grave es el de la negociación con la troika del pago de la ingente deuda griega. Tsipras ha dicho que su Gobierno esta preparado para negociar con los acreedores y encontrar una solución mutuamente aceptable y éstos han adoptado una actitud firme pero flexible. El Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha señalado que la UE no quiere que nadie se caiga del euro, pero que todos sus miembros deben cumplir sus compromisos, pues un país que necesita apoyo para financiar su economía tiene que respetar las condiciones, y hay margen para la negociación. Según Luis de Guindos, tales condiciones se han modificado varias veces para alargar los vencimientos hasta 30 años y reducir los tipos de interés. Grecia necesita €10.000 millones a corto plazo y no los conseguirá de los mercados. Cabe ampliar plazos, reducir intereses y conceder moratorias, pero no perdonar o reducir la deuda mediante quitas. Varoufakis declaró antes de las elecciones que no deseaban la confrontación ni actuar unilateralmente, sino colaborar con sus socios, y reconoció que había habido algo de “pose” en el programa de SYRIZA. Se darían un margen de tres semanas para presentar propuestas razonables a fin de reducir una deuda insostenible. Emitirían bonos por 280.000 millones de euros con igual calendario, pero ligados al crecimiento del PIB nominal y,”si no crecemos, no pagaremos nada”. Ahora no reconoce a la troika como interlocutor válido y ha afirmado que su Gobierno fue elegido con un programa que no admite el plan de rescate ni el pago de la deuda. Tsipras ha generado expectativas que no son reales y, desde la responsabilidad del Gobierno, tendrá que aplicar con pragmatismo políticas de ajuste y negociar con sus socios el pago de la deuda. Madrid, 2 de Febrero de 2015

El Tribunal Supremo frena la deriva de la Audiencia Nacional

EL TRIBUNAL SUPREMO FRENA LA DERIVA DE LA AUDIENCIA NACIONAL En mi columna de hace tres semanas sobre “Desvaríos de la justicia española” comentaba la disparidad de opinión que se produjo entre las distintas salas de la Audiencia Nacional (AN) sobre la posibilidad de desquitar a los reos etarras el tiempo de prisión cumplido en cárceles franceses, y señalaba que la controversia tendría que ser dilucidada por el Supremo (TS). El pasado día 13, la Sala de lo Penal del Tribunal respaldó la decisión de las Sala Tercera de la Audiencia, que negó a Kepa Pikabea un descuento de los 10 años de prisión que pasó en Francia. La sentencia es de especial trascendencia porque sienta jurisprudencia. Interpretación de la Decisión-marco 675/2008 del Consejo Europeo La cuestión se inició en 2008 cuando el Consejo Europeo adoptó la Decisión-marco 675, que obligaba a los Estados de la Unión Europea a tener en cuenta las condenas pronunciadas por otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes y de atribuir a tales condenas efectos equivalentes a las dictadas por los órganos judiciales nacionales. Esta decisión es confusa y poco precisa, y ha dado lugar a disparidad de interpretaciones. Sólo sería aplicable cuando fuera transpuesta al ordenamiento jurídico de cada Estado, para lo que el Consejo dio de margen hasta 2010, pero España no la incorporó hasta cuatro años más tarde. Pese a ello, en su sentencia de 20 de Marzo de 2014, el TS acordó la aplicación directa de la Decisión y la acumulación de las penas impuestas al etarra Santi Potros, porque –ante la ausencia de normativa al efecto- nada impedía “considerar las sentencias dictadas en Francia a los efectos de acumulación”. Este fallo alarmó al Gobierno español, que se apresuró a incorporar la Decisión 675/2008 mediante la Ley Orgánica 7/2014, de 13 de Noviembre. Para aclarar las dudas surgidas, la Comisión Europea presentó en Junio de ese año un Informe de Evaluación sobre la Decisión. En él se afirmaba que las condenas a tener en cuenta por los Estados debían “ejercitarse de conformidad con el derecho nacional”.Según el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de una condena no podrá exceder de 20 años, salvo en algunos casos -como los de los delitos de terrorismo- en que puede llegar hasta 40 años.”La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo”. El artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que “cuando el culpable de varias infracciones haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pusieran ser objeto de uno solo, el juez o tribunal que hubiere dictado la última sentencia procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas”. Estas disposiciones casan mal con la acumulación de condenas “por hechos diferentes” impuestas por tribunales de otros Estados, y se ha considerado que ley española no permite acumular condenas extranjeras por delitos cometidos en países diferentes que no hubieran podido ser juzgados en el mismo proceso. Según el Informe, los Estados pueden establecer requisitos adicionales, siempre que sean proporcionados a los objetivos de la Decisión. En consecuencia, países como Francia, Alemania, Holanda o Suecia han fijado límites temporales para reconocer la acumulación de condenas. La Ley 7/2014 establece que las condenas dictadas en otros Estados no surtirán efectos sobre las pronunciadas con anterioridad por jueces españoles y que, en ningún caso, serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por otros Estados con anterioridad al 15 de Agosto de 2010. Estos requisitos están en conformidad con los objetivos de la Decisión, que son formar un espacio común de justicia y seguridad, cooperar en la lucha contra la criminalidad, facilitar el intercambio de información, buscar la eficacia de la justicia y proteger a las víctimas de los delitos. Sentencias contradictorias de la Audiencia Nacional La AN y el propio TS se encontraban divididos sobre la aplicación de la acumulación de condenas a los reos etarras. Las salas Segunda y Tercera se expresaron en contra en los casos de Ignacio Bilbao y Kepa Pikabea, mientras que Primera lo hizo a favor y decidió la liberación de Santi Potros y de Alberto Plazaola. No quiso ésta esperar a conocer la interpretación del TS y actuó con evidente mala fe, pues –sabiendo el tenor de la Ley 7/2014- dictó sentencia en sentido contrario el 2 de Diciembre -un día antes de la entrada en vigor de la Ley- para poder alegar el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorable a los reos, sin tener en cuenta la transposición de la Decisión al derecho nacional. Algunos miembros del Gobierno mostraron su disconformidad con la sentencia y el Ministro de Interior –que no se caracteriza por su sutileza- comentó que si la excarcelación hubiera sido realizada por una autoridad administrativa, “quizás en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”. Jueces de la AN y del TS se rasgaron las togas, pidieron al Presidente del Supremo que protestara ante el Gobierno por sus injerencias y solicitaron amparo ante el Consejo General del Poder Judicial. El PNV ha apoyado a los etarras, que son buenos chicos algo descarriados a los que hay que dejar en paz –pese a que ellos no lo hagan con los demás-, incluido el recientemente fallecido José Uribetxeberría -que alcanzó el máximo grado de perversión humana-, porque deben ser perdonados, aunque no hayan pedido perdón. El Gobierno y el Parlamento Vasco han acusado al Gobierno Central de interferencias y presiones políticas sobre jueces y fiscales. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que el Gobierno tiene derecho a opinar y que ello no significa presionar a los jueces, pero la libertad de expresión va por parroquias y no llega por igual a todos los pagos. Sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia El TS ha rechazado por mayoría el recurso de Pikabea y le ha negado la acumulación de condenas, por estimar que la Decisión admite excepciones al principio de equivalencia de fallos y no obliga a reducir las penas cuando el proceso seguido en otro Estado se refiera a hechos anteriores a la condena extranjera. La minoría pretendió que se planteara ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial para que dictaminara si la transposición española de la Decisión se ajustaba a ella. El fallo no ha sido pacífico porque 6 de los 15 magistrados de la sala –liderados por Cándido Conde- Pumpido, siempre dispuesto a ensuciarse la toga con el polvo del camino- votaron en contra por considerar que la Ley 7/2014 no podía aplicarse retroactivamente en perjuicio del reo y presentaron un voto discrepante, que dará argumentos a los previsibles recurrentes. Aunque el TS tenga aún que pronunciarse sobre los recursos de Potros y Plazaola, la sentencia les afectará -al igual que a otros etarras que se encuentren en condiciones similares- porque ha sentado jurisprudencia. Algunos jueces de la AN pretenden plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE -que sería más bien post-judicial-, para lo que tendrán que esperar a que se les presente una nueva ocasión. Cabe además preguntarse si un tribunal inferior puede formular una cuestión que ha sido desechada por un tribunal superior. Se ha ganado la batalla, pero no la guerra, pues los interesados podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que –con su sentencia de 2013 en el caso de Inés del Río- ha mostrado tener más empatía con los terroristas que con sus víctimas. Madrid, 26 de Enero de 2015

De Suárez a Gorvachov, pasando por Calvo Sotelo

DE SUÁREZ A GORVACHOV, PASANDO POR CALVO SOTELO El pasado día 14 asistí a la presentación del libro del Embajador José Cuenca “De Suárez a Gorvachov”, en el que recoge “vivencias y recuerdos” acerca de hechos poco o nada conocidos y ofrece sus “impresiones sobre momentos estelares” que le tocó presenciar. Desde sus puestos como Jefe de Gabinete de los Ministros Marcelino Oreja y José Pedro Pérez-Llorca, Secretario General Técnico, Director General de Europa y Asuntos Atlánticos o Embajador en la URSS, Cuenca estuvo en la cocina donde se elaboraban los platos de la política exterior española. Me he tomado la licencia de añadir una “morcilla” al título porque, en su segundo capítulo, el Embajador rinde cumplido homenaje a Leopoldo Calvo Sotelo, que –pese a la debilidad política de su Gobierno y a la oposición encarnizada de la izquierda- consiguió llevar a buen puerto el ingreso de España en la OTAN. La obra contiene otros dos capítulos respectivamente dedicados a la política exterior de la Transición y al fin de la Unión Soviética. La política exterior de la Transición Dado que Adolfo Suárez dio prioridad a desmontar la estructura del antiguo régimen, implantar la democracia y elaborar una Constitución de consenso, su política exterior ha pasado desapercibida. Su principal objetivo era reubicar a España en la escena internacional, lo que no resultaba fácil debido a la situación heredada del franquismo. Menciona Cuenca una anécdota significativa. Estando en Nueva York, la Representación ante la ONU recibió la orden de presentar la candidatura a un Comité sobre Desarme, pero no pudo ni intentarlo porque España no figuraba en ninguna de las categorías de Estados previstas: OTAN, Pacto de Varsovia y No Alineados. Se empezó por homologar a España con los países democráticos de Occidente –especialmente en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades fundamentales- y por normalizar las relaciones con la URSS y los países socialistas. También había que hacer frente a las graves cuestiones que iban surgiendo como consecuencia de la descolonización. El Embajador describe los problemas con el Sahara Occidental tras la “marcha verde”, la hostilidad de Argelia y del Frente POLISARIO –incluidas las negociaciones para la liberación de los 38 pescadores por él apresados-, la batalla para defender la españolidad de Canarias frente a las reivindicaciones del MPAIAC –apoyado por Argelia- y las negociaciones con Gran Bretaña sobre Gibraltar. De especial interés es la narración sobre el fiasco de la reunión de Sintra –donde se debería haber iniciado al proceso negociador sobre la soberanía del Peñón-, que no se llegó a celebrar por la malhadada decisión argentina de invadir las Malvinas. También explica los supuestos escarceos “tercermundistas” tras la asistencia de España a la VI Cumbre de Países no Alineados en la Habana y la visita de Yaser Arafat. Critica Cuenca el no alineamiento, que califica de “pura ensoñación ajena a las realidades que deben enmarcar la política exterior”. Aclara el Embajador hechos e ideas y reivindica la política de Suárez, injusta y cruelmente atacado por los medios de comunicación y por el PSOE hasta su aniquilación política, como reconoció el presentador del libro José Bono. Incorporación de España a la Alianza Atlántica El ingreso en la OTAN figuraba en el programa de UCD, pero Suárez lo dejó en un segundo plano para no enfrentarse frontalmente a la izquierda -a la que necesitaba para su política de consenso- ni a la Unión Soviética. Pese a su debilidad política, Calvo Sotelo dio al tema la máxima prioridad. A mi me tocó participar en el alfa y el omega del proceso de adhesión. Como Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, elaboré un amplio y detallado informe sobre sus aspectos jurídicos que sirvió de base al dictamen del Consejo de Estado y a la argumentación de los portavoces gubernamentales y del propio Presidente del Gobierno. Cuenca describe pormenorizadamente el “iter” del trámite parlamentario en el Congreso –en el que Felipe González advirtió de que, si se entraba por mayoría, se podría salir por el mismo procedimiento, y prometió la celebración de un referéndum al respecto- y en el Senado –donde destacó la oposición a ultranza del futuro Ministro, Fernando Morán, “enemigo público número 1 de nuestra entrada en la OTAN”-. Una vez conseguida la autorización de las Cortes para la adhesión, González trató de retrasarla pidiendo, en vano, la colaboración de los gobiernos socialistas de Italia, Portugal y Grecia. Una última tentativa protagonizó el ex-Ministro ucedista Francisco Fernández Ordóñez, que presentó una proposición no de ley para paralizar el proceso y abrir un debate sobre la incidencia del ingreso en la OTAN sobre Gibraltar y las Malvinas. Ya como Secretario General Técnico me correspondió cerrar el proceso. El 27 de Mayo de 1982 Grecia comunicó su aceptación de la incorporación de España y el Secretario General de la Alianza, Joseph Luns, envió el 28 la correspondiente carta de invitación. Esa noche, Pérez-Llorca me telefoneó para pedirme que elaborara con urgencia el instrumento de adhesión, a cuyos efectos me envió al Ministerio al día siguiente, un sábado, a su secretaria. El instrumento fue enviado el 29 por valija especial y depositado el domingo 30 en la Secretaria de Estado por el Encargado de Negocios a.i. en Estados Unidos, Alonso Álvarez de Toledo. Ello constituyó un “hito fundamental en la normalización de las relaciones exteriores”, que supuso el necesario preludio a la incorporación de España a las Comunidades Europeas. Una vez en el Gobierno, González tuvo que rectificar, al tener “conocimiento desde dentro de las realidades del poder”. Respetó su promesa de celebrar un referéndum, cuyo objetivo no era ya abandonar la Alianza, sino mantenerse en ella. Fin de la Unión Soviética El último capítulo es la parte más personal y reveladora de la obra, incluso para mí, que le sucedí en la Embajada en Rusia y que conocía muchos de los hechos que narra, pero no todos. Pudo conseguir información de primera mano gracias a sus estrechas relaciones con Mijail Gorvachov y sus inmediatos colaboradores Alexander Yakovlev, Edvard Shevardnadze o Gueorgui Arbatov. Cuenca encabeza el capítulo citando la frase de Wolfgang Goethe tras la batalla de Valmy:”El viejo orden acaba de sucumbir. Un mundo nuevo ha nacido hoy. Yo estuve allí y lo vi”. Fue enviado por el Presidente González a Rusia para “invertir en perestroika” y ofrece el testimonio de un Embajador que vivió su “ascensión, apogeo y crisis”, así como “el cambio revolucionario que trajo la democracia al pueblo ruso y la libertad a los países subyugados por Stalin”. Hace grandes elogios de Gorvachov, que “acabó con la guerra fría y el rígido y maniqueo esquema bipolar, abriendo las relaciones entre el Este y el Oeste a la cooperación, a la confianza mutua y a la paz”. Desencadenó un conjunto de procesos que transformaron al mundo y afectaron no sólo a la política exterior y a la doctrina defensiva de la URSS, sino también a las estructuras y las formas de vida del país y de la Europa del Este. Cambió la configuración geoestratégica del orden internacional y, en última instancia, el destino de la Humanidad. Su obra constituye –a juicio de Cuenca- “el más importante acontecimiento de la segunda mitad del siglo XX”. Sin ser tan taxativo, comparto en cierta medida este aserto, si bien es cierto que Gorvachov es tan popular en Occidente como impopular en su país, que no le ha perdonado su contribución a la desintegración de la URSS, aunque en ella tuvieran mayor culpa Boris Yeltsin y los líderes de Ucrania y Bielorrusia, que supeditaron el interés general de la Unión a sus intereses nacionalistas y ansias de poder. Opina el compañero y amigo desde las aulas universitarias sevillanas que, para que unas memorias merezcan ser leídas, es preciso que suministren algo que valga la pena. El lo ha conseguido con un libro escrito en un excelente castellano, fácil de leer y muy instructivo, por lo que recomiendo su lectura.¡Muchas gracias, Pepe! Madrid, 19 de Enero de 2015

Estrategia de acción exterior para España

ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR PARA ESPAÑA La Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado (LAESEE) prevé que la planificación y seguimiento de la política exterior se llevará a cabo a través de la Estrategia de Acción Exterior, que contendrá la “expresión ordenada, sectorial y geográfica, de las prioridades y objetivos a medio plazo de la acción exterior”.El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación presentó un proyecto de Estrategia para 2015-2018, que fue aprobado por el Gobierno a primeros de Diciembre y remitido a las Cortes para recibir los comentarios de las distintas fuerzas políticas. Según la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de un marco de referencia a la hora de tomar decisiones sobre las relaciones internacionales, que debe ser coherente con el proyecto de país y con el peso real de España en el mundo. La Estrategia fue definitivamente adoptada en la última reunión del año del Consejo de Ministros. Ámbito sectorial El Gobierno ha cumplido su compromiso y, por primera vez, España cuenta con unas directrices integrales sobre política exterior, lo cual es digno de encomio. El documento –inspirado en el Informe del Instituto Elcano “Hacia una renovación estratégica de la política exterior española”, si bien mejorado- es acertado, pero excesivamente largo -170 páginas- y peca por exceso y -en ocasiones- por defecto. Así, por ejemplo, es irrelevante decir que los pilares de la lucha contra el terrorismo son “prevenir, proteger, perseguir y responder”. Resulta prolijo, reiterativo, retórico y demasiado genérico. Contiene tres capítulos introductorios sobre “España desde la Constitución a nuestros días”, “El mundo globalizado”y “La Unión Europea hasta nuestros días”, que –aunque bien fundados- parecen poco adecuados para una Estrategia, que debería ser un plan de acción lo más concreto posible para orientar a los ejecutores de la política exterior, un “vademécum” de actuación. Las directrices se distribuyen entre tres capítulos, no siempre bien delineados y que a veces se entrecruzan de forma poco coherente: Objetivos (principios), Acciones (sectoriales) y Espacios (geográficos). La LAESEE indica que la Estrategia debe recoger asimismo “el conjunto de las actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior”, mas el documento apenas cubre este mandato. Los objetivos señalados son una reproducción del artículo 2 de la Ley: mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; fortalecimiento de las instituciones internacionales; promoción de los derechos fundamentales y de las libertades públicas; lucha contra la pobreza y solidaridad con los países en desarrollo; defensa del medio ambiente; eliminación de las armas de destrucción masiva; construcción de una Europa más integrada y más legítima (¿?); fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; seguridad de España y de sus ciudadanos; asistencia y protección de los españoles en el exterior; y promoción de los intereses económicos de España en el extranjero. Buena parte de estos objetivos son propios de la política general del Estado y no específicos de la política exterior. No se comprende que se mencione sólo la promoción de los intereses de carácter económico y se silencien otros como los culturales, educativos, científicos, turísticos, tecnológicos o agrícola-pesqueros. En el capítulo sobre las Acciones se incluyen apartados sobre derechos humanos, seguridad pública, materias económicas, comerciales y financieras, migración, cooperación para el desarrollo, cultura, educación, turismo, medio ambiente, salud, energía, transporte e infraestructuras. Esta enumeración coincide con el contenido del Capítulo II de la LAESEE, aunque se omiten referencias a la defensa, los tributos, la justicia, la I+D+I, el empleo y la seguridad social, el deporte, la agricultura y la pesca. Ámbito geográfico En el ámbito espacial, la Estrategia incluye apartados relativos a Europa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Relación Transatlántica, África Subsahariana y Asia-Pacífico. Presta especial atención a la Unión Europea -sobre todo a sus aspectos económicos y financieros- y asume el compromiso de contribuir a la consagración de una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa y de hacer de la UE un actor global con peso político e influencia en el mundo, en un proceso por etapas hacia una unión federal. Aunque no explícito, ello supone pronunciarsen en pro de la profundización frente a la ampliación. No obstante, apoya la adhesión de Turquía – que me parece un error, pues un país musulmán con un Gobierno islamista que ejerce como tal, no tiene encaje en la UE-, por más que se supedite al cumplimiento estricto de los criterios de Copenhagen. En relación con la ONU, contiene pocas directrices específicas de actuación, salvo en lo relativo a la reforma del Consejo de Seguridad. Respecto a la OTAN, no se pronuncia sobre temas básicos como su reestructuración, ámbito geográfico de actuación, ampliación, opción entre la intervención institucional de la Alianza y las coaliciones ad hoc, establecimiento de un sistema antimisiles o recomendación de dedicar a la defensa un 2% del PIB. Tampoco profundiza en las relaciones estratégicas con Estados Unidos y silencia temas como la participación de España en el escudo antimisiles -con concesión de facilidades a los buques norteamericanos en Rota- o la colaboración con sus fuerzas especiales para África y el eventual uso de la base de Morón. Sobre Rusia, la posición es irreal y voluntarista. Propugna una relación que permita a España “explotar el enorme potencial de beneficio mutuo”, hacer más sustantiva su relación, estrechar los contactos entre las dos sociedades y ser un socio importante en el proceso de modernización de la economía rusa. Pasa por alto las aspiraciones hegemónicas de Wladimir Putin, su intervención en Georgia y Ucrania –con la anexión de Crimea y el apoyo a los secesionistas ucranianos- su oposición a Occidente en temas como la OTAN, Siria o Irán, o su política chantajista en el suministro de gas a Europa. El documento no da un tratamiento suficientemente diferenciado a los Estados iberoamericanos y apenas si menciona a países importantes para España como China, India, Japón, Filipinas o Guinea Ecuatorial. Cuestiones sensibles En dos cuestiones fundamentales y sensibles, se ha corregido la errática política seguida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La Estrategia considera que Gibraltar está en una situación colonial que atenta contra la integridad territorial de España y debe ser descolonizado de conformidad con las resoluciones de la ONU, mediante negociaciones con Gran Bretaña, teniendo en cuenta los intereses de los gibraltareños, pero no sus aspiraciones, ni su inexistente derecho de autodeterminación. La ocupación del istmo es ilegal y, respecto a las aguas territoriales y espacio aéreo (¿?), sólo reconoce los espacios cedidos por el Tratado de Utrecht. En cuanto al Sahara Occidental–ilegalmente anexionado por Marruecos-, reitera sin ambigüedad que su solución radica en la aplicación del principio de libre determinación del pueblo saharaui en el marco de la ONU. No cabe decir lo mismo de Marruecos –calificado con razón de socio imprescindible- del que se limita a decir que la estrecha vecindad puede crear “irritantes ocasionales”, que deben paliarse mediante una densa red de relaciones e intereses cruzados que los amortigüen. Desgraciadamente es mucho más que esto, pues Marruecos mantiene reivindicaciones sobre territorios españoles y graves divergencias en delimitación, amén de que existan problemas de inmigración ilegal, tráfico de drogas o terrorismo islamista. La Estrategia tiene, ante todo, el mérito de existir y cabe esperar que, en futuras versiones, se reduzca su extensión, concrete más y mejore su contenido. Madrid, 12 de Enero de 2015

Desvaríos de la justicia en España

DESVARÍOS DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA Los jueces, como cualquier persona, pueden equivocarse –“errare humanum est”-, pero últimamente se están multiplicando los errores judiciales en España, lo que pone de manifiesto que hay algo que no funciona bien en su sistema judicial. Las sentencias controvertidas abundan en los tribunales más politizados, como la Audiencia Nacional (AN) o el Tribunal Constitucional (TC), pero también se producen en el Tribunal Supremo (TS). Sorprende no ya la interpretación que los juzgadores hacen a veces de la ley y el subjetivismo en su apreciación, sino la desnaturalización de los hechos probados para poder deducir de ellos las deseadas consecuencias jurídicas. Desvaríos del Tribunal Constitucional Algunos ejemplos. El Estatuto adoptado por el Parlament decía que Cataluña era una nación con derecho al autogobierno, que los poderes de la Generalitat emanaban del pueblo y que la lengua catalana tenía prioridad sobre la española, pero -en su sentencia de 2010- el TC recurrió a interpretaciones forzadas para conformarlo a la Constitución. Como señaló el magistrado Vicente Conde, salvó la constitucionalidad del Estatut negando lo que decía y haciéndole decir lo que no decía, lo cual -además de un error- suponía la abdicación de la estricta función jurisdiccional. En una sentencia de 2011, el TC afirmó que el derecho de huelga prevalecía sobre el derecho al trabajo y que los delitos que se cometieran en su ejercicio no podrían ser sancionados, porque el amparo del derecho fundamental excluiría la antijuridicidad y, si la conducta era objetiva e inequívocamente huelguística, resultaría constitucionalmente reprochable la imposición de una sanción penal. En otra sentencia de 2012, el Tribunal dio valor prioritario al derecho a crear partidos políticos, aunque no se cumpliera lo requerido por la ley y se ejerciera fraudulentamente el derecho de asociación. Rechazó las pruebas admitidas por el TS sobre la ilegalidad de SORTU porque su oposición estatutaria a la violencia constituía un indicio suficiente para contrarrestar o diluir la eficacia probatoria de otros elementos de convicción. Ha adoptado un relativismo “pirandelliano” –“así es, así os parece”- con el que sustituye la realidad objetiva por la impresión subjetiva. Desvaríos de la Audiencia Nacional La AN ha dictado numerosas sentencias reprobables, como la exculpación de colaboración con banda armada de los autores del “chivatazo” en el “caso Faisán” o la excarcelación de narcotraficantes por una interpretación inadecuada de la LOPJ. Uno de sus últimos despropósitos ha sido el pronunciamiento contradictorio de sus salas al decidir sobre si se debía deducir a los criminales etarras el tiempo de pena cumplido en cárceles de otros Estados miembros de la UE. Mientras la Sala Primera se pronunció por la afirmativa y ordenó la liberación de Santiago Arróspide y de Alberto Plazaola, la Segunda se la negó a Ignacio Bilbao y la Tercera a Kepa Pikabea. La Fiscalía ha recurrido al TS la decisión de la Sala Primera y Pikabea la de la Tercera. Los magistrados de la Sala de lo Penal del TS se dividieron 9 contra 9, por lo que se acordó dejar la decisión a las salas de la AN, pero -ante las divergencias producidas- la cuestión ha sido trasladada al Supremo, quien ha decidido aplazar su resolución hasta el 13 de Enero. La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría expresó su extrañeza por las disparidad de criterios de la AN al apreciar los mismos hechos, y el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, calificó de “lamentable” la excarcelación de etarras, por lo que13 magistrados del TS –hipersensibles a una crítica razonable- han pedido a su Presidente que solicite al Gobierno que ponga coto a este tipo de declaraciones. Las diferencias derivan de la interpretación de la decisión-marco del Consejo Europeo 2008/675/JAI, que establecía una obligación mínima de los Estados miembros de la UE de tener en cuenta –con motivo de un proceso penal contra una persona- las condenas pronunciadas por otros Estados miembros contra dicha persona por hechos diferentes, y de atribuir a tales condenas efectos equivalentes a las dictadas por los órganos judiciales nacionales. Esta decisión -no excesivamente clara en su formulación- tenía por objeto aumentar la colaboración y facilitar el intercambio de información entre los Estados comunitarios para prevenir infracciones penales, pero ha sido interpretada en el sentido de que obliga a tomar en consideración el tiempo de condena sufrido por el reo en una cárcel extranjera y desquitarlo del que le correspondiera cumplir conforme a la sentencia del juez nacional. La decisión debería haber sido incorporada al ordenamiento español antes del 15 de Agosto de 2010, pero no lo fue hasta el 13 de Noviembre de 2014 mediante la Ley Orgánica 7/2014, cuyo artículo 14-2 prevé que las condenas dictadas en otros Estados no tendrán ningún efecto sobre las sentencias dictadas con anterioridad a aquéllas por jueces españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las mismas. La Ley establece en una disposición adicional que en ningún caso serán tenidas en cuenta para su aplicación las condenas dictadas en otros Estados con anterioridad al 15 de Agosto de 2010. La Sala Primera de la AN estimó que, en ausencia de normas que regulasen expresamente la materia, la interpretación de las vigentes debería realizarse de la manera más conforme posible con el contenido de la decisión comunitaria. La Sala Segunda, en cambio, consideró que las decisiones no traspuestas al derecho nacional no tenían efecto directo y que los hechos por los que se había condenado a Bilbao en España habían sucedido con anterioridad a los que provocaron la sentencia francesa. En su recurso, la Fiscalía General del Estado ha mantenido que, tras haberse dictado una sentencia condenatoria, cesa la posibilidad de acumular penas impuestas por hechos cometidos con posterioridad. El tema es jurídicamente complejo y habrá que esperar a la decisión que adopte la Sala de lo Penal del TS, mas no parece lógico que una directiva dictada para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen sirva para reducir el tiempo de condena de los criminales. Desvaríos del Tribunal Supremo El TS nos ha dejado sendas “perlas” jurídicas en dos resoluciones recientes. De un lado, ha anulado la sentencia dictada por la AN que condenó a dos nacionalistas catalanes a un año de prisión por exaltación del terrorismo, al haber exhibido en una manifestación en 2012 grandes fotos de presos etarras con la leyenda “Amnistía”. El fallo del Tribunal ha señalado que la conducta de los acusados estaba “teñida de ambigüedad” y se encontraba “en el límite exterior de lo punible”, pero no cabía afirmar que describiera conductas inequívocas de enaltecimiento o justificación de crímenes terroristas o de sus autores mediante acto o palabra de elogio, alabanza o mérito (¿?). Concluía que, ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión, en los supuestos límites debería jugar el principio de “favor libertatis”. De otro, ha revocado la condena a 7 meses de prisión por desobediencia al diputado comunista y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y a otros dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por la ocupación durante 18 días de una finca en Osuna. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró probado que un Capitán de la Guardia Civil recordó diariamente a los ocupantes que deberían desalojar la propiedad porque estaban cometiendo un delito de ocupación ilegal, y estimó que éstos habían incurrido en grave desobediencia y contumaz rebeldía, “ignorando –por no decir desafiando- voluntaria y abiertamente los requerimientos de la autoridad”. El TS ha reprochado al TSJA no haber identificado suficientemente el mandato que habrían desobedecido los acusados, ya que, para que hubiera delito, se requería una orden terminante y expresa. El juez de Osuna había dictado una resolución por la que ordenaba el “inmediato desalojo” de la finca, pero el TS ha estimado sorprendentemente que la orden iba dirigida a las fuerzas de seguridad y no a los ocupantes. Sólo le ha faltado condenar a la Guardia Civil por no haber obedecido la orden del juez. Madrid, 5 de Enero de 2015

Los retos de Putin

LOS RETOS DE PUTIN Vladimir Putin no ha acabado de resignarse a la disolución de la Unión Soviética y, desde el inicio de su mandato, ha tratado de devolver a la Federación de Rusia (FR) su status de gran potencia. Para ello es preciso que siga la política apropiada en los frentes interno, internacional y económico. Política interior Putin accedió el año 2000 al poder y se consolidó en él al establecer con Dimitri Medvedev una alternancia en la Presidencia de la Federación y del Gobierno, siempre bajo su control. Reforzó el poder del Estado a costa de las autoridades regionales, debilitó los ya de por sí débiles partidos políticos –incluido el otrora todopoderoso Partido Comunista-, domeñó la oposición real o virtual, y controló los medios de comunicación. Reorganizó las desmoralizadas Fuerzas Armadas, puso punto final a la desastrosa guerra civil en Chechenia e instaló en el Gobierno regional al autócrata rusófilo Ramzán Kadyrov, si bien no ha logrado erradicar el terrorismo islámico integrista en el Cáucaso. Una vez configurado el país a su medida, Putin se fijó un objetivo en parte internacional y en parte interno: la anexión de Crimea. Al considerar que el entorno inmediato de la FR -el “extranjero próximo”- estaba bajo su exclusiva esfera de influencia, no podía permitir en él la presencia de tropas extranjeras -especialmente de la OTAN-, y no ha dudado en recurrir a las armas contra los intrusos, bien de forma directa o a través de terceros. Tras aceptar de mala gana la incorporación a la Alianza de Hungría, Polonia, República Checa y –sobre todo- los Países Bálticos, Putin se plantó en 2009 ante la invitación a Georgia y a Ucrania. Invadió aquélla y presionó a ésta hasta que el Gobierno de Víctor Yanukovich retiró la petición de ingreso y amplió hasta 2042 el Acuerdo por el que se cedían a la flota rusa varias bases navales en Crimea. Mas, al no ser garantía suficiente, Putín optó por la línea expeditiva de invadir la península e incorporarla a la Madre Rusia, en uso de una versión actualizada de la “doctrina Breznev” de la soberanía limitada. Política exterior A caballo entre la política internacional y la interna –según la concepción neo-soviética-, la FR ha continuado su táctica de desestabilización de Ucrania mediante su apoyo militar, político y económico a los movimientos secesionistas pro-rusos en Donetsk y Lugansk, y su presión sobre el nuevo Gobierno ucraniano –legítimamente elegido- para que no sofocara la rebelión, pactara con los insurgentes y concediera a las regiones orientales –que Putin denomina “Nueva Rusia”- un amplio régimen de autonomía en el marco de una Federación Ucraniana. La reacción de Occidente ante el inesperado desarrollo de los acontecimientos, ha sido prudente, retórica e ineficaz. En su última reunión en Newport, la Asamblea de la OTAN condenó la anexión de Crimea y la intervención militar en Ucrania -que suponían un grave desafío a la seguridad euro-atlántica-, exigió a Rusia que garantizase la soberanía e integridad territorial ucraniana, aseguró una presencia continua y una actividad militar significativa de la Alianza en su flanco oriental, y prometió facilitar refuerzos a los aliados situados en su periferia para la defensa colectiva. El Ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, ha afirmado que la OTAN se ha aprovechado de la crisis de Ucrania para tratar de acercar lo máximo posible sus estructuras a las fronteras rusas. Las relaciones entre la FR y la Alianza pasan por uno de sus momentos más bajos y se ha interrumpido la cooperación militar y civil, aunque no la política. Una situación similar se produce en sus relaciones con la UE por la misma causa. La acción popular contra el Gobierno de Yanukovich se produjo precisamente a raíz de su negativa a firmar el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la UE, que no era aceptable para la FR. La reacción de la Unión a la agresión rusa a Ucranía ha sido decepcionante, debido a la desunión de sus Estados miembros, a la dependencia de muchos de ellos del suministro del gas ruso y al santo temor a enfrentarse con Rusia. Se ha limitado a –amén de declaraciones inocuas- imponer sanciones de entidad menor, como restricciones en la exportación de material militar y de doble uso, y prohibiciones de financiación a algunas empresas y bancos rusos. Esto ha provocado la adopción de contramedidas por parte de la FR, quien ha dejado en el aire la posibilidad de disminuir la exportación de gas natural a la dependiente Europa. En su discurso sobre el estado de la nación, Putin ha calificado la anexión de Crimea de “reunificación histórica”, acusado a los Gobiernos occidentales de crear una “realidad paralela” en el conflicto en el este de Ucrania, y afirmado que la respetará “como país hermano que es”, pues ucranianos y rusos “son un solo pueblo”. Ha sacado pecho y advertido que “ninguna potencia logrará superioridad militar sobre el Ejército ruso”. La FR ha recuperado prestigio y protagonismo en la esfera internacional, en unas ocasiones en colaboración con los países occidentales, en otras enfrentada con ellos. En paralelo con la política seguida por Barack Obama, Putin ha trasladado en buena medida el interés de la FR de Europa a Asía-Pacífico. Ha intensificado sus relaciones con China e India, aunque sigue teniendo problemas con Japón por irresueltos problemas de límites. Es el principal valedor de Siria, con la que mantiene excelentes relaciones estratégicas –cesión de la base naval de Tartus, única de la FR en el Mediterráneo-, políticas y económicas. Putin medió para evitar la intervención de Estados Unidos tras el uso por Bashar al-Asad de gases tóxicos contra su propio pueblo, al lograr un acuerdo por el que Siria se comprometía a eliminar su arsenal químico. Ha mantenido buenas relaciones con Irán, al que facilita material para la central nuclear de Busher y al que ha ofrecido suministrar uranio enriquecido para usos civiles, si el Gobierno iraní renuncia a fabricar armas atómicas y acepta el control del OIEA. Forma asimismo parte del Grupo 5+1 que está negociando con Irán un acuerdo definitivo para controlar su industria nuclear, tras haber logrado un acuerdo interino en 2013. Política económica Putin saneó la situación económica y financiera de la FR con el viento a favor de los altos precios del petróleo, pero no ha mejorado su estructura productiva –especialmente la modernización de la industria de extractiva de productos energéticos-, que sigue basada en la exportación de materias primas, especialmente gas y petróleo. Él mismo ha advertido a su pueblo que se avecinan tiempos difíciles por el castigo económico de Occidente y por la marcada caída de los precios del crudo. De un lado, las sanciones de la UE y de Estados Unidos empiezan a pasar factura, especialmente para que grandes empresas -como Gazprom o Rosneft- puedan conseguir la necesaria financiación internacional; de otro, los presupuestos rusos parten del supuesto de un precio de $80 el barril, cuando está actualmente a $60 y con tendencia a seguir bajando. El rublo se ha devaluado en las últimas semanas un 24.3% en relación con el dólar y un 27% con respecto al euro. El Banco Central ha tenido que subir la tasa de interés del 10.5% al 17% y que vender grande sumas de divisas. Se ha producido una fuga de capitales, la Bolsa ha perdido 56% de su valor y el interés de los bonos a 10 años ha subido al 19%. Aunque la situación ha mejorado levemente, las perspectivas son bastante poco halagüeñas y para 2015 se prevé un decrecimiento del PIB del 4.5%. Con un voluntarismo acrítico no exento de chulería, Putin ha afirmado que el pueblo ruso es muy capaz de sacar al país adelante y que en un par de años se resolverían los problemas. El Presidente ha realizado una meritoria labor al frente del país, pero le pierden su egolatría, su jactancia y sus manías de grandeza. Ha ganado popularidad en el interior, pero ha perdido credibilidad en el exterior. Madrid, 29 de Diciembre de 2014 .

Irán y Siria, Estados conflictivos en Oriente Medio

IRAN Y SIRIA: ESTADOS CONFLICTIVOS EN ORIENTE MEDIO Irán y Siria han sido en los últimos años dos de los Estados más desestabilizadores en el ya de por sí conflictivo Próximo Oriente. Ambos países han mantenido buenas relaciones y se han apoyado mutuamente, incluso con las armas, frente al enemigo común: Irak. Tras la desaparición de Saddam Husein y el acceso al Gobierno de los partidos chiitas, Irán ha mejorado notablemente sus relaciones con Irak -que ha abandonado su pretensión de liderazgo en la región del Golfo- y se enfrenta ahora con Arabia Saudita por la hegemonía en la zona. La guerra civil en Siria ha contribuido a aumentar la rivalidad entre los dos Estados, que –siguiendo criterios políticos y religiosos- han apoyado respectivamente a Bashar al-Asad y a los rebeldes. Estos se han multiplicado y dividido hasta formar siete grupos distintos enfrentados entre sí y, en este río revuelto, han salido ganando los hábiles pescadores del Estado Islámico (EI), que han establecido un Califato islámico radical en buena parte de Siria y de Irak. Por ello, la UE se está replanteando su actitud hacia estos dos países Oposición occidental a la política nuclear de Irán Después del derrocamiento del Shah Reza Pahlevi, Ruhollah Jomeini estableció en Irán un régimen confesional chiita dirigido por los ayatollah y los mullah. Una vez consolidado en el poder, trató de exportar su sistema político-religioso y se enfrentó en un conflicto bélico con Irak, en el que contó con el respaldo de la Siria de Hafez al-Asad. La guerra terminó en tablas y -tras el enfrentamiento con Estados Unidos en 1979 por el asalto a su Embajada y la toma y retención de rehenes durante más de un año- Irán sufrió el cerco político y económico de la comunidad internacional, con pocas excepciones como la de Siria. Las revoluciones no son permanentes y el régimen iraní templó sus anhelos expansionistas y trató de mejorar sus relaciones con Occidente. El principal problema para ser aceptado en sociedad radicaba en su defensa del derecho a enriquecer uranio para desarrollar su industria nuclear. Irán era parte en el Tratado de 1968 de no Proliferación de Armas Nucleares, que le permitía investigar, producir y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación, si bien le obligaba a no fabricar armas atómicas, ni a recabar o recibir ayuda para su producción. Occidente se fijó más en el deber que en el derecho y -a pesar de que Irán había firmado con el Organismo Internacional de Energía Atómica un Acuerdo de Salvaguardias, que permitía la supervisión de su industria atómica por los inspectores del Organismo- le cuestionó y condicionó su derecho al uso de la energía nuclear, en contraste con la actitud adoptada frente a China, India, Pakistán o Israel. Como Irán empezó a dificultar las inspecciones del OIEA, los países occidentales le impusieron sanciones económicas a partir de 2007. Tras su elección como Presidente, Hasan Rohani procuró sacar a su país del aislamiento internacional e inició negociaciones con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania, que concluyeron con la adopción en Diciembre de 2013 de un Acuerdo interino de control de la industria nuclear iraní. Irán se comprometía por seis meses a no enriquecer uranio por encima del 5%, a reducir al 20% su stock de uranio enriquecido y a paralizar el uso de centrifugadoras en tres de sus planteas nucleares, y las potencias occidentales a levantar parte de sus sanciones económicas. Como a principios de 2014 Irán había desconectado las centrifugadoras de sus plantas de Natanz y Fordo y paralizado el reactor de agua pesada de Arak, el Grupo 5+1 autorizó el levantamiento del embargo a las exportaciones de petróleo y otros productos. En un artículo conjunto, varias personalidades –entre las que figuraban Javier Solana, Ana de Palacio y Emma Bonino- destacaron que el Acuerdo proporcionaba garantías sólidas para hacer más efectiva la supervisión del programa nuclear iraní, y alentaron a que continuaran las negociaciones con miras a un Acuerdo definitivo, que creara el espacio político necesario para incorporar a Irán a un diálogo y compromiso con Occidente, con lo que se lograrían objetivos de no proliferación, de seguridad regional y global, y de apaciguamiento de los conflictos en Oriente Medio. Las negociaciones continuaron, pero –pese al acercamiento de posiciones- no se ha concluido un Acuerdo definitivo, si bien las partes se han dado un margen de un año para seguir negociando con ese propósito y han aceptado mantener el Acuerdo interino. Alternancias en la guerra civil siria Los Gobiernos de los al-Asad –basados en una minoría alauita-chiita del 11% de la población- han controlado Siria de forma autocrática y sectaria. La reacción violenta a las demandas democráticas de la oposición laica provocó el desencadenamiento de una guerra civil, que se ha contaminado con la intervención del islamismo radical, de al-Qaeda al EI. Bashar al-Asad ha bombardeado y masacrado a la población civil con todo tipo de armas, incluidas las químicas, y causado más de 110.000 muertos, con tal de conservar el poder a cualquier precio. Tras una fase de éxitos de la oposición armada, Bashar ha revertido la tendencia gracias a la intervención directa de las milicias de Hizbullah, el uso implacable de los bombardeos y -sobre todo- la división de la oposición. Los países occidentales han condenado la actuación del Presidente sirio –que ha contado con el apoyo incondicional de Irán y Rusia-, pero no se han atrevido a facilitar armamento a la oposición moderada por temor a que cayera en manos de los radicales. En las negociaciones de paz de Ginebra-I en 2012 se llegó a la conclusión de que había que solucionar el conflicto mediante el diálogo entre las partes interesadas y la salida del poder de al-Asad. Bashar se libró de la intervención de Estados Unidos y otros países por sus ataques con sustancias químicas gracias a la mediación de Rusia, que propició la adopción de un acuerdo para la destrucción controlada del arsenal sirio de dichas armas. A la Conferencia de Ginebra-II de principios de 2014 no fue invitado Irán, por negarse a aceptar la condición de Ginebra-I de excluir a Asad y pedir una reunión sin precondiciones, exclusión que fue calificada por el ministro ruso Sergei Lavrov de error imperdonable, pues Irán era un actor indispensable para conseguir una solución política negociada. La Conferencia fue un fracaso y la guerra ha continuado en beneficio de Bashar, que se ha consolidado en el poder. ¿Cambio de actitud de la UE hacia Siria e Irán? En su última reunión, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE han decidido cambiar de estrategia por considerar que la remoción de Asad crearía un vacío de poder que podría ser ocupado por el EI, lo que sería aún peor. Para José Manuel García-Margallo, Asad es una realidad que hay que asumir y forma parte de la solución, aunque no del futuro, del país. Como es conveniente propiciar una negociación política para lograr una solución pacífica, han decidido apoyar el plan del Representante Especial de la ONU, fórmula que dará un mayor protagonismo a Rusia y permitirá la participación de Irán. Su Embajador en Madrid, Mohamad Fadaei, ha afirmado que el EI era una amenaza contra todos los logros y valores dignos de respeto de la comunidad internacional y de cualquier religión o civilización, y que Irán tenía por objetivo luchar contra el extremismo del terrorismo tafkiri y trabajar por devolver la estabilidad y la seguridad a la región. Hay que tomarle la palabra y obtener la involucración de Irán, ya que puede influir sobre Siria y Hizbullah. Conviene ser pragmáticos y no echar en saco roto la catastrófica experiencia sufrida por Irak con la eliminación de Saddam y la exclusión de los sunitas. Aunque sea difícil convivir con Asad, “más vale malo conocido que bueno por conocer”, sobre todo cuando el EI tiene bien poco de bueno. Rohani desea colaborar con Occidente -especialmente por el empeoramiento de la crisis económica tras el hundimiento del precio del petróleo- y se le debe ofrecer una salida airosa a la cuestión nuclear de conformidad con el TNP. Madrid, 22 de Diciembre de 2014

España mira ak sur con cautela

ESPAÑA MIRA HACIA EL SUR CON CAUTELA El día 9 asistí a la presentación del Informe del Instituto Elcano sobre “España mirando al Sur: del Mediterráneo al Sahel”, coordinado por Félix Arteaga. Este coloquio sigue a otro titulado significativamente “Mali, frontera con España”. El Ministro de Defensa, Pedro Morenés destacó que España -al ser el único Estado europeo que tiene fronteras con África- sirve de ancla entre los dos continentes y reiteró lo afirmado en el proyecto de “Estrategia de Acción Exterior” de que la zona norteafricana es de prioridad estratégica, y que la estabilidad y prosperidad de la ribera sur del Mediterráneo es determinante para nuestro país. El entonces Ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez señaló en 1992 que los vectores de la política exterior española eran la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico. De esta enumeración quedaba excluída el África Subsahariana, la “cenicienta” de nuestras relaciones internacionales. Siempre ha estado marginada por los distintos Gobiernos, que sólo se han acordado de ella en momentos críticos, como cuando en 1980 la Organización de la Unidad Africana reconoció a Canarias el derecho a la libre determinación y a la independencia. Ello provocó un inusitado aluvión de visitas al continente de misiones gubernamentales y parlamentarias, que consiguieron obtener el apoyo de la mayoría de los Gobiernos africanos y parar el desafío lanzado por el movimiento secesionista canario MPAIAC con el respaldo de Argelia, pero -superado el peligro- África volvió caer en el olvido. Salvo en relación con el Magreb, el Gobierno no ha seguido en el resto del continente una política coordinada, coherente y continuada, y ha reaccionado sólo de forma reactiva y fragmentaria ante peligros coyunturales, como el aumento en 2006 de los desembarcos de pateras con inmigrantes ilegales, que llevó a la firma de varios acuerdos de cooperación con países de la zona para paliar la situación. Debilidad de África en materia de seguridad La alerta se encendió con la presencia en el Sahel de bandas terroristas inspiradas por al-Qaeda, bien armadas y organizadas, que –tras la debacle de la guerra civil libia y la ocupación de Mali, desbaratada gracias a la intervención militar francesa en la “Operación Serval”- se adueñaron de la zona al sur del Sahara y se enfrentaron con los Estados de la región, como sucedió por ejemplo con el ataque de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) a la explotación petrolífera argelina de In Amenas en 2013. La seguridad de los españoles empieza muy lejos de las fronteras tradicionales. En la “Estrategia de Seguridad Nacional” de 2013 se señaló que la zona de riesgo de España se extendía del Golfo de Guinea al Cuerno de Somalia, incluida la zona intermedia del Sahel, donde existe un vacío de poder. Los Estados-tapones entre la región y la España peninsular e insular son bastantes vulnerables. Libia es un Estado fallido en situación de guerra civil, que cuenta con dos Gobiernos y dos Parlamentos enfrentados, y que –al carecer de una Autoridad que controle el país- ofrece refugio a los grupos yihadistas expulsados de Mali. Túnez está en proceso de reconstrucción tras la experiencia traumática de la “primavera árabe” y de su territorio proceden unos 2.500 yihadistas voluntarios que están combatiendo en Irak y en Siria. Mauritania tiene una estructura sumamente frágil y sería fácil presa de posibles ataques de bandas terroristas. Los únicos Estados preparados para hacer frente al yihadismo, por contar con Gobiernos estables y fuerzas armadas eficientes - Argelia y Marruecos-, sufren una considerable presión interna y externa. El primero no ha conseguido apagar todos los focos de rebelión y sigue luchando contra AQMI y los “Soldados del Califato” -que han rendido pleitesía al Estado Islámico-, y su Gobierno tiene dificultades para contrarrestar a los grupos salafistas que tratan de desestabilizarlo. El segundo, -con el que España mantiene conflictos territoriales y marítimos de difícil solución- depende de la fortaleza política y religiosa del Rey Mohamed VI para controlar los movimientos islamistas. Riesgos y oportunidades de África para España La geografía y la vecindad imponen condicionamientos ya que favorecen a la vez los riesgos y las oportunidades, por lo que España debería prestar mayor atención a África para mejor conocer unos y otras. A pesar de la proximidad geográfica, no dispone de conocimientos suficientes para orientar adecuadamente su política exterior e impulsar sus intereses en la región. África tiene problemas estructurales de seguridad por carecer –tanto a nivel estatal como regional- de organizaciones que puedan enfrentarse a lo que el General Miguel Ángel Ballesteros ha calificado de “conflictos asimétricos”, provocados por “actores no estatales violentos” que ponen en peligro la seguridad de los débiles Estados de la región con actividades insurgentes, terroristas, criminales o mixtas. Tampoco las organizaciones globales se preocupan demasiado por África. La OTAN ha centrado su atención en el Este de Europa y, hasta su última Asamblea en Newport –donde Mariano Rajoy defendió que “más Este no debería suponer menos Sur”- no reconoció que la creciente inestabilidad en las zonas del Sur - desde Oriente Medio al Norte de África- y las amenazas transnacionales constituían un desafío a la seguridad de sus miembros. No obstante, salvo actuaciones puntuales como las Operaciones “Active Endeavour” -para proteger el tráfico marítimo en el Mediterráneo- u “Ocean Shield” -para luchar contra la piratería en el Índico-, apenas se ha involucrado en África. Tampoco lo ha hecho la UE, pese a su “Estrategia Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel”, adoptada en 2011, que ha producido escasos resultados al haber subestimado el componente de seguridad y minusvalorado la contribución militar. Más éxito ha tenido la Iniciativa 5+5, en la que España, Portugal, Francia, Italia y Malta cooperan con Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia en la vigilancia marítima y la seguridad aérea del Mediterráneo Occidental. La UE también contribuye al adiestramiento de tropas en Somalia, Mali y República Centroafricana, con la colaboración de nuestro país. España debe orientar su política de seguridad hacia los espacios geográficos donde estén más en juego sus intereses, como es su frontera meridional. El desinterés de la OTAN y de la UE hace que deba confiar en sus propias fuerzas y en su asociación con países interesados en la región -como Francia, Estados Unidos o Italia- y, por supuesto, con los ribereños del Mediterráneo Sur -especialmente Marruecos y Argelia-, para luchar contra el terrorismo yihadista, la piratería y el tráfico de personas y de drogas. África del Norte es al mismo tiempo un espacio natural de expansión económica para el Estado y las empresas españolas, y España cuenta con una ventaja comparativa en sectores como la infraestructuras y la construcción civil, el turismo, la banca, las telecomunicaciones o la energía –pese a su dependencia, ya que el 61% del suministro de gas procede de la región y el 50% de Argelia-. Recomendaciones del Informe del Instituto Elcano Para poder enfrentarse a los riesgos y aprovechar las oportunidades es indispensable que España adopte una acción exterior planificada y coherente, y sinérgica con la de sus empresarios. El Informe recomienda aumentar el protagonismo del Presidente del Gobierno; elaborar una estrategia de intervención integral y sustituir actuaciones compartimentadas por una “Acción Exterior en África”, con la debida coordinación de los Departamentos y Agencias interesados; establecer una red de intervención propia y buscar socios estratégicos con intereses afines, ya sean regionales o extra-regionales, públicos o privados; asignar los recursos necesarios y habilitar presupuestos ad hoc o fondos interministeriales; mejorar la seguridad marítima en el Mediterráneo y ampliar el ámbito de colaboración en la Iniciativa 5+5. Espero que el Gobierno tome debida nota de estas acertadas sugerencias. Madrid, 15 de Diciembre de 2014

Dislates de una juez justiciera

DISLATES DE UNA JUEZ JUSTICIERA Baltasar Garzón ha muerto –sólo judicialmente, por fortuna- ¡Viva la reina de la justicia universal, María Servini de Cubría!. La justiciera llanera solitaria ya intentó en vano la extradición de los ciudadanos españoles Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco en 2013, para enjuiciarlos en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos durante la época franquista, pero la Audiencia Nacional no autorizó la extradición de los imputados por considerarla improcedente. La titular del Juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires sigue desde 2010 una causa contra los crímenes del franquismo, tras la presentación de una querella por parte de algunos familiares de los afectados. Ahora ha lanzado un nuevo brindis al sol y pedido a Interpol la detención de los antiguos Ministros de Francisco Franco, Rodolfo Martín Villa, José Utrera, Alfonso Osorio, Antonio Carro, Antonio Barrera de Irimo –ya fallecido-, Licinio de la Fuente, José María Sánchez-Ventura y Fernando Suárez, por la comisión de presuntos delitos de genocidio y/o lesa humanidad, asesinatos, torturas, desaparición forzada de personas y sustracción de menores, cometidos entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977. El Fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Fugairiño ha dicho que el procedimiento de extradición de la juez argentina “es torticero y prevaricador, y no tiene ningún recorrido jurídico”. Investigación en Argentina de los crímenes del franquismo Servini consideró que el principio de la jurisdicción universal devenía operativo cuando un Estado no ejercía su soberanía y sus tribunales no enjuiciaban los delitos denunciados, por lo que –en tal caso- los demás Estados quedaban habilitados para hacerlo. Estimó que los tribunales españoles no se habían pronunciado sobre los delitos del franquismo y afirmó su competencia sustitutoria. La Fiscalía argentina apreció que la justicia del país carecía de jurisdicción para enjuiciar tales delitos y la juez declinó su competencia, pero los demandantes apelaron y el Tribunal Superior de Buenos Aires consideró prematuro tomar tal decisión y le instó a que continuara la investigación. Servini siguió entonces con el proceso y el pasado mes de Julio visitó España para recoger testimonios y realizar diligencias en Andalucía, el País Vasco –donde recibió el respaldo entusiasta del Gobierno autonómico- y Madrid. Tras su investigación, llegó a la conclusión de que “pudo haber delitos de lesa humanidad”. Como ha destacado en su auto incriminatorio, se trata de crímenes realizados conforme a un “plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. ¡Todo sea por la neutralidad y la asepsia judicial, y por la “verdad histórica”. Al tratarse de delitos que son imprescriptibles, sus responsables están sujetos a enjuiciamiento por los tribunales argentinos en virtud de la aplicación del principio de jurisdicción universal. Sin embargo, la jurisdicción corresponde a los tribunales españoles y no a los argentinos. Rechazo de los Tribunales españoles a una causa general contra el franquismo Ya el juez Baltasar Garzón trató de investigar las desapariciones de personas en el contexto de crímenes contra la Humanidad, en conexión con delitos contra altos organismos de la nación referidos al golpe de estado de 1936, y declaró la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos delictivos supuestamente cometidos por los dirigentes franquistas. El Ministerio Fiscal recurrió su auto alegando que se trataba de una causa general incompatible con la legislación española, ya que la acción penal estaba prescrita. El juez había eludido la aplicación de la Ley de Amnistía de1977 y soslayado el principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables, y su juzgado carecía de competencia territorial. Por sentencia de 2 de Diciembre de 2008, la Audiencia Nacional declaró la incompetencia de su juzgado nº 5 y dejó sin efectos todo lo actuado por Garzón. Un año después, el sindicato “Manos Limpias” se querelló contra el juez por el delito de prevaricación en el caso de las víctimas del franquismo. En su sentencia de 27 de Febrero de 2012, el Tribunal Supremo reconoció que el juez había abierto diligencias para enjuiciar supuestos delitos amnistiados y ya prescritos, imputado a personas fallecidas y aplicado calificaciones jurídicas contrarias al principio de legalidad. Había declarado su competencia cuando los citados crímenes no estaban tipificados como delitos en la legislación española a la sazón vigente y el delito de desapariciones forzadas había quedado exonerado por la Ley de Amnistía. El Tribunal estimó, no obstante, que -aunque Garzón había aplicado erróneamente la ley- su conducta no era prevaricadora, porque su error fue oportunamente corregido por la Audiencia Nacional, cuya decisión evitó los posibles efectos negativos de la causa. Sí lo condenó, en cambio, por prevaricación en el uso ilegal de escuchas a detenidos en el caso “Gürtel” y lo inhabilitó de sus funciones judiciales durante once años. Incompetencia de los Tribunales argentinos Los Tribunales argentinos carecen de jurisdicción en el caso porque los supuestos delitos enjuiciados están amnistiados, han prescrito y no le son aplicables por irretroactividad normas posteriormente adoptadas. Servini ha reconocido que no conocía la Constitución española y no sabía si la Ley de Amnistía de 1977 podía ser declarada anticonstitucional por los jueces. El TS suplió su ignorancia al afirmar en 2012 que esta ley para la reconciliación de los españoles no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes, como “reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”, por lo que ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. Los presuntos delitos que la juez pretende enjuiciar prescribieron además hace tiempo y no cabe aplicarles las normas que los podrían tipificar como delitos de lesa humanidad, en virtud del principio de irretroactividad de disposiciones penales desfavorables que no estaban vigentes cuando se produjeron los hechos denunciados. Servini ha seguido el razonamiento de Carlos Slepoy, abogado promotor de la causa, de que “nadie puede sostener que el franquismo no cometió crímenes contra la humanidad, salvo que los encubra”. Así, ha cambiado la carga de la prueba y ya no tiene que probar que los responsables franquistas cometieron delitos de lesa humanidad, sino que son éstos los que tienen que demostrar que no los cometieron. Para justificar su competencia, la juez se ha agarrado a la tipificación de tales delitos como de “lesa humanidad” para considerarlos imprescriptibles. El Estatuto de Roma de 1998 sobre la Corte Penal Internacional califica como tales los delitos de asesinato, torturas, privación grave de libertad o desaparición de personas, siempre que “se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, y –como ha señalado el fiscal Fugairiño- esta definición no coincide en absoluto con los hechos denunciados. El Estatuto limita además la competencia del Tribunal a los delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del mismo para cada uno de los Estados Partes. Servini está prevaricando al adoptar, a sabiendas de su injusticia, decisiones arbitrarias. Con ello presta un flaco servicio al principio de la jurisdicción universal de la que se erige en adalid como discípula dilecta de Garzón. La jurisdicción universal no es la regla general, sino la excepción al principio de territorialidad de la ley penal, y sólo se debe recurrir a ella en circunstancias excepcionales para impedir la impunidad a los autores de delitos contra el Derecho de Gentes. Los dislates de una juez ansiosa de protagonismo internacional la dejan en ridículo y desprestigian la jurisdicción universal. Madrid, 8 de Diciembre de 2014

¿Es la Federación la panacea en la reforma constitucional?

¿ES LA FEDERACIÓN LA PANACEA EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL? Con contumaz desatino, el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha trazado su hoja de ruta tras el simulacro del 9-N: celebración anticipada de elecciones autonómicas de carácter plebiscitario –con una lista única de políticos y miembros de la sociedad civil partidarios de la secesión, bajo su liderazgo-, negociación con el Gobierno central para que facilite la autodeterminación de Cataluña, elaboración de una Constitución y creación de las estructuras básicas de un Estado, realización de un referéndum limitado a los catalanes y declaración de la independencia antes de finales de 2016. De la mayor parte del espectro político han surgido voces angustiadas que reclaman la urgente reforma de la Constitución de 1978 (CE) para acomodar a Cataluña en el Estado español y evitar su separación. Conveniencia de un acuerdo para reformar la Constitución Mariano Rajoy ha caído también en la trampa y afirmado que la única fórmula legal para resolver el problema catalán es “plantear una reforma de la CE, traerla a las Cortes y que todo el mundo la debata”, si bien se niega a tomar la iniciativa como sería de rigor. Las constituciones se desgastan con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias, y por ello contienen disposiciones para su modificación. Cuan Diógenes, el PSOE ha encontrado la luz y su Secretario General, Pedro Sánchez, repite como una cotorra que hay que reformar la CE para introducir un sistema federal que satisfaga las ansias de los independentistas de Cataluña y de otras Comunidades Autónomas. Lo que aún no ha especificado es cuál es el contenido de esa Federación, ni qué concesiones habría que hacer a los nacionalistas para que la aceptaran. Rajoy no parece ser consciente de que, tarde o temprano, su Gobierno tendrá que abordar la reforma constitucional, so de pena que se la hagan desde fuera los nacionalistas, los populistas de “Podemos” y la izquierda más radical. Es como el intérprete que sólo sabe tocar el piano con una mano y, mientras usa la económica, guarda en su regazo la política, por lo que es incapaz de tocar adecuadamente la melodía. Al estar enfrascado en la partitura económica, ha dejado a la oposición la iniciativa política para modificar la Carta Magna -a la que el PP se opone en principio-, en vez de usar dos manos y hasta cuatro, al alimón con el PSOE. Hay que “aggiornar” la CE –que Jorge de Esteban ha calificado de “inacabada”, como la sinfonía nº 8 de Franz Schubert, por no definir suficientemente el Estado de las Autonomías- para acomodar, no sólo a los catalanes, sino a todos los españoles. Esto va a ser sumamente difícil, si no imposible, ante la radical oposición de las posiciones en presencia -que son antitéticas-, por lo que se bloquea el consenso o un amplio acuerdo. Pese a ello, es imperativo intentarlo, pues el inmovilismo y la táctica del avestruz –tan apreciados por el consejero áulico Pedro Arriola- sólo pueden llevar a la catástrofe. Todos se muestran de acuerdo en la necesidad de completar los derechos fundamentales incluidos en la CE, en adoptar medidas de regeneración democrática que limiten los abusos de la “partitocracia” y -sobre todo- en modificar y hacer más preciso y operativo el Título VIII, considerado “letra muerta” por la Presidenta andaluza Susana Díaz. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato y cómo debe sonar éste?. ¿Debe modificarse la CE para establecer un sistema federal? El PSOE –a la zaga del PSC- y los nacionalistas menos radicales reclaman un federalismo asimétrico, términos difíciles de conjugar por ser contradictorios: el federalismo requiere la igualdad de todos los Estados federados y la asimetría la desigualdad entre ellos. Si hay igualdad, no puede establecerse una asimetría que satisfaga las reivindicaciones diferenciadoras de los nacionalistas y, si se admite este tipo de asimetría, no habrá igualdad entre los españoles. La CE instauró un vergonzante régimen cuasi-federal asimétrico, al establecer diferencias entre nacionalidades y regiones, y al incluir la malhadada disposición adicional que reconoce los derechos históricos y los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra. Aunque no sea de forma suficientemente explícita, ya consagra los hechos diferenciales relevantes de las Comunidades históricas, especialmente -como ha señalado el TC en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto Catalán- en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional. Según Díaz, la CE debe reconocer “las singularidades y hechos diferenciales”, manteniendo la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional. ¿Existen acaso otras singularidades que deban ser incluidas en su texto?. En relación con Cataluña, Santiago Muñoz Machado ha subrayado la necesidad de reconocer los hechos diferenciales en lo relativo a sus competencias, instituciones propias y relaciones con el Estado, lo que supondría concederle mayores poderes legislativos y ejecutivos, a costa de reducir las atribuciones del Estado. No obstante –como ha señalado José María Aznar-, la jarra de lo que el Estado puede ceder sin dejar de existir está ya vacía. Por otra parte, la concesión de competencias exclusivas en materia financiera -a la que aspiró Artur Mas al exigir un pacto fiscal semejante al vasco-navarro- carece de base jurídica y va contra el principio de igualdad de las personas -son éstas y no los territorios las que pagan impuestos- y del sentido común, pues no cabe otorgar un régimen fiscal privilegiado a una Comunidad que aporta el 19% del PIB nacional. El reparto justo y equitativo de los recursos financieros del Estado concierne a todas las Comunidades, por lo que debería ser acordado por todas ellas y no ser establecido de forma unilateral o bilateral. Antes de insistir en la mágica fórmula federal como solución del delicado problema territorial, el PSOE tendría que comprobar si los nacionalistas la aceptan, lo que parece harto improbable. Que abandonen cualquier esperanza –ha advertido Victoria Prego- quienes piensan que convertir a España en una Federación acabaría con las reivindicaciones secesionistas, por lo que carece de sentido esforzarse en una reforma constitucional que no resulte aceptable para los nacionalistas. Requisitos indispensables para la negociación de la reforma constitucional El Gobierno ha de iniciar sin demora consultas con todos los partidos con miras a una eventual modificación de la CE, que sería bastante más problemática en las Cortes del futuro, según pronostican los sondeos. Las dos grandes fuerzas políticas actuales, PP y PSOE, deberían actuar con altura de miras y sentido de Estado, lo que hasta ahora no han hecho. Hay varios temas sobre lo que se podría llegar a un acuerdo, tales como la unidad e indisolubilidad de España, el reconocimiento de las singularidades relevantes, la fijación del mapa autonómico, la vinculación con la Unión Europea, la igualdad de sexos en la sucesión a la corona, la conversión del Senado en cámara territorial, el fortalecimiento de algunos derechos fundamentales y la inclusión de otros, o la regeneración democrática. Mucho más difícil sería alcanzarlo en las cuestiones de la organización territorial y de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En teoría, la fórmula federal sería la solución ideal, siempre que sea aceptada por todos con lealtad y sin reservas, y consagre la igualdad de todos los españoles. Partir de planteamientos apriorísticos sobre los efectos taumatúrgicos del federalismo -como hace el PSOE- o exigir competencias exclusivas no justificadas por la singularidad de ciertas Comunidades –como hacen los nacionalistas- carece de sentido y equivale a perder el tiempo. Aunque sean renuentes, el PP y el Gobierno deben negociar de buena fe para lograr una reforma de la CE que resulte aceptable para una amplia mayoría, sea mediante el perfeccionamiento del régimen autonómico vigente o mediante la instauración de un sistema federal auténtico. Ello permitiría además identificar a los responsables del posible fracaso de la negociación. Los partidos no deben obsesionarse con panaceas milagrosas, ni presentar exigencias inaceptables para la mayoría por ser contrarias al bien común, sino afrontar este delicadísimo problema con pragmatismo, espíritu abierto y -¿por qué no?- patriotismo constitucional. Madrid, 1 de Diciembre de 2014