El TC consagra la justicia bolivariana

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSAGRA LA JUSTICIA BOLIVARIANA El fraude de los ERE ha sido la mayor estafa de fondos públicos que se ha producido en la España democrática, y fue realizado -según el auto de procesamiento del consejero de Empleo, Antonio Fernández, dictado en 2010 por la juez instructora del caso, Mercedes Alaya- mediante la creación por la Junta de Andalucía de un incontrolado “Fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. La Junta hizo cuanto pudo para obstaculizar la actuación de la justicia. Se personó en el caso, no para acusar a Fernández y demás imputados, sino para defenderlos, y realizó una campaña de acoso y derribo contra la instructora, que fue apartada del caso. Su sucesora, María Núñez -en connivencia con el consejero de Justicia, Emilio de Llera- deshizo parte de la instrucción, troceó el caso en 270 mini-causas, archivo algunas de ellas, permitió que otras prescribieran, negó la realización de pruebas y ralentizó la investigación, por lo que fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el CGPJ. Se nombró un juez de apoyo y se pudo cerrar el caso principal. La Audiencia Provincial de Sevilla sentenció que la Junta había instaurado un sistema para burlar los controles de la Administración autonómica a fin de repartir a su antojo ayudas por valor de €679.432.180 a trabajadores y empresas, infringiendo los procedimientos de control establecidos, para lo que se basaron el Acuerdo marco concluido en 2001 entre el consejero de Empleo y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que no recibió el preceptivo informe de los servicios jurídicos y nunca fue publicado. Esto permitió crear de un Fondo con el que se financiaban las ayudas sociolaborales concedidas al margen de la ley. Fueron condenados 20 de los 18 altos cargos imputados -incluidos los presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios consejeros por los delitos de prevaricación y de malversación. La prevaricación radicaba en aprobar anteproyectos de ley que incluían las partidas para las subvenciones mediante transferencias de financiación, un instrumento expresamente prohibido para este tipo de ayudas. Si hacía falta más dinero, se aprobaban modificaciones presupuestarias para abonar ayudas que habían sido concedidas de forma ilegal. El Gobierno andaluz llevaba cada año su norma prevaricadora al Parlamento para que fuera condonada por medio de la Ley de Presupuestos. Los encausados recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS), quien confirmó la sentencia de la Audiencia -con el voto particular de dos magistradas- y los condenó a todos por prevaricación y a Griñán y a los Consejeros de Empleo, de Economía y Hacienda, y de Innovación por malversación. Los condenados pidieron amparo antes el Tribunal Constitucional (TC), quien -a partir del 19 de junio en que exoneró parcialmente de prevaricación a la exconsejera Magdalena Álvarez hasta hoyque ha amparado al exconsejero de presidencia, Germán Zarrías- ha ido anulando las sentencias de los condenados por los delitos de prevaricación y de malversación so pretexto de que los Tribunales no habían respetado el principio de legalidad penal y la presunción de inocencia, y ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales vulneradod. La ponente de todas las sentencias, la progresista Inmaculada Montalbán, dio un paso más al afirmar que -como los dos delitos estaban tan íntimamente conectados-, si desaparecía uno, debería lógicamente desaparecer el otro. En consecuencia, el siguiente paso fue exonerar de malversación a la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y a los demás condenados, salvo a los responsables de la Consejería de Empleo, que -por mucho que se estrujara el bulbo raquídeo- le resultaba sumamente difícil de blanquear. Solo le ha faltado, pasarle a la Audiencia una minuta con el texto de las sentencias que ésta debería dictar. Incumplimiento de las normas de la LOPJ sobre abstenciones y recusaciones Cinco de los siete magistrados que han votado a favor del amparo podrían haber incurrido en los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en lo relativo a las causas de la abstención y, en su caso, recusación de los magistrados de un Tribunal. No solo no las han aplicado, sino que han impedido que otros magistrados lo hagan, como ocurrió con su sentencia de 2023 sobre la constitucionalidad de la Ley de 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La magistrada Concepción Espejel decidió abstenerse por haber expresado su opinión sobre la Ley cuando era miembro del CGPJ y, por esas razones, varios diputados del PP que habían presentado el recurso solicitaron la recusación del presidente del TC, Camilo Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y la citada Montalbán. Sorprendentemente, la mayoría progresista del Tribunal denegó la abstención de Espejel y la recusación de los otros tres magistrados, y esta injustificada situación se ha vuelto a producir en el caso de los recursos de amparo presentados ante el TC por los condenados en el caso de los ERE. Según el artículo 219 de la LOPJ, son causas de abstención o recusación de los magistrados de un Tribunal tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes (p° 9), haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto la causa en anterior instancia (p° 11), haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales se haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de la causa (p° 13), o haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual se haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad (p° 16). Pues bien, nada menos que cinco de los magistrados de la mayoría incurrían en todos o en algunos de los supuestos de incompatibilidad mencionados. El presidente del TC, Conde, fue Fiscal General del Estado y se pronunció en numerosas ocasiones sobre cuestiones relacionadas con los ERE. La ponente Montalbán -como miembro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- participó en 22 sentencias relacionadas con las ayudas sociolaborales pagadas con cargo al “Fondo de Reptiles”. Recibió además en dos ocasiones el premio Meridina otorgado por la Junta y recibió en 2012 la medalla de oro de Andalucía de las manos de Griñán. Campo fue director general de Relaciones con la Administración Justicia, secretario de Estado de Justicia, secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía, y ministro de Justicia. En diversas ocasiones manifestó que en el caso de los ERE no hubo menoscabo de fondos públicos y expresó su perplejidad por los procesamientos de Chaves y de Griñán. En su calidad de miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, María Luisa Balaguer fue ponente de 28 dictámenes relacionados con los ERE. Como magistrada del TS, María Luisa Segoviano intervino en sendas resoluciones relacionados con los ERE en los casos de Nexpron y SOS Cuétara. ¿No había motivos sobrados para que estos magistrados se abstuvieran o aceptaran su fundada recusación? Intromisión intolerable del TC en las competencias exclusivas del TS Como ha observado el profesor Andrés Betancor en su artículo “Indultos, amnistía, ERE”, el TC -que no es un órgano jurisdiccional, sino político, aunque en ocasiones ejerza funciones jurisdiccionales- ha sentado un grave precedente de alteración del orden constitucional, al convertir al TC en una tercera instancia judicial. La Constitución ha establecido que solo los tribunales integrantes del Poder Judicial ejercen en exclusiva la función jurisdiccional, lo que comprende en particular interpretar y aplicar las normas del Código Penal, y son los únicos que orgánica y funcionalmente están capacitados y legitimados para hacerlo. La función de garantía que compete al TC se limita con relación a las resoluciones judiciales a los casos extremos en los que escandalosamente se infrinjan los principios constitucionales. El garante de la Constitución tiene que respetar las resoluciones judiciales, cuando no excedan el ámbito de lo razonable y solo podrá anularlas cuando sobrepasen dicho ámbito. “No se puede confundir amparar con revisar, proteger con corregir la sentencia de los tribunales, para establecer otra interpretación y aplicación de la ley penal”. La exclusión de ciertos actos del poder ejecutivo o legislativo del control judicial de los organismos jurisdiccionales ordinarios realizada por el TC ha supuesto un exceso jurisdiccional y sobrepasado la función constitucional que tiene asignada, y ha alterado el orden constitucional al crear un ámbito de impunidad penal para los políticos. A juicio del, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía, Joaquín, Yust, cuando un juez necesitaba de consultar sobre qué se entendía por “resolución arbitraria en asunto administrativo” -mencionada en el artículo 404 del Código Penal para definir la prevaricación-, acudía a la jurisprudencia del TS, pero, a partir de ahora -según pretende el TC- habrá que acudir a la jurisprudencia de este Tribunal, que prevalece frente a la del TS, lo cual sería claramente inconstitucional. Siguiendo la doctrina constructivista de Balaguer, Conde y sus colegas progresistas pretenden reformar la Constitución por la puerta trasera, para otorgar al TC la condición de órgano de apelación y de casación que pueda decidir sobre la aceptación o rechazo de las sentencias del TS. Con ello, está cometiendo una flagrante desviación de poder, y el uso y abuso de unas competencias de las que carece. El TC de Conde ha adoptado la tesis de Luigi Pirandello en su obra “Así es, sí así os parece”. Estima que el TC es superior al TS y, desde ese perspectivismo orteguiano, trata de imponer sus fantasías como si fueran la realidad, con el respaldo incondicional del autocrático Sánchez. Según el profesor Nicolás González-Cuéllar, la reciente intromisión continuada del TC en el espacio competencial del TS parece inspirada por un ansia compulsiva de Conde de anular las resoluciones dictadas por la Sala Segunda de lo Penal presidida por Manuel Marchena, cuando posean relevancia política, como en los casos de Alberto Rodríguez, Arnaldo Otegui o los altos cargos condenados por los ERE. Ello exige reflexionar sobre la forma de salvaguardar la posición constitucional del TS como máximo órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, y al que incumbe pronunciar la última palabra sobre la legalidad ordinaria. El TC pretende tener esa última palabra, no solo en cuestiones que afecten a la garantía de los derechos fundamentales, sino también en los asuntos judiciales ordinarios de la exclusiva competencia de los tribunales y del TS. La situación actual es de especial gravedad. Desde una perspectiva objetiva, resulta significativo que la intromisión reiterada acontezca en casos que afectan a políticos del PSOE o de partidos que apoyan al Gobierno. Desde un punto de vista subjetivo, cabe constatar que las sentencias del TC se adoptan por un Tribunal fragmentado -además de incompleto- con implacable reiteración del resultado de 7 a 4 en las votaciones, gracias a una mayoría conformada por magistrado bajo sospecha de falta de imparcialidad. En su intento de dominar al TS -el último reducto del Poder Judicial que escapa a su control-, Sánchez nombró presidente del TC a su antiguo fiscal general y ha trufado el Tribunal de exministros y altos cargos de su Administración, que siguen ciegamente sus órdenes. Conde se ha prestado con entusiasmo a ser el ejecutor de los sueños húmedos del presidente del Gobierno y, bajo su férreo látigo, los magistrados supuestamente progresistas atienden disciplinadamente a la voz de su amo y votan sistemáticament en bloque a favor de cualquier sentencia que favorezca al Gobierno. ¡Ay Conde-Pumpido, quién te ha visto y quién te ve!, porque no siempre fuiste así. En su época de fiscal general del Estado, Conde dictó la Instrucción 5/2005, en la que ordenaba a los fiscales que ignoraran las enmiendas a la jurisprudencia de la Sala de lo Penal realizada por el TC, porque “habrá de darse el máximo rango a la necesidad de preservar la seguridad jurídica”. En el “Caso Urbanor” (2008), Conde dijo que discrepaba total y absolutamente de la sentencia, porque “daba la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva y desprotegía los perjudicados”. Se rasgó las vestiduras porque se absolvió a personas que se habían quedado con el dinero de una estafa, pero ahora ampara a los responsables de un fraude de €700 millones. En unas Jornadas Conmemorativas del XXV Aniversario de la Constitución (2003), Conde sostuvo que la invocación del principio de legalidad penal para corregir la jurisprudencia del TS había dado lugar a un fenómeno contraproducente, con base en sofisticaciones conceptuales. En su artículo “Justicia penal y jurisprudencia constitucional”, argumentó que el mantenimiento de la configuración originaria del recurso de amparo carecía de sentido, una vez que la semilla de la jurisprudencia emanada del TC había germinado y echado raíces en la justicia penal, y se preguntaba sobre la delimitación de los ámbitos competenciales entre los dos altos Tribunales, dado que no se podía confiar en el autocontrol del TC, que tenía propensión a invadir las competencias del TS. Pero lo más significativo fue cuando -siendo magistrado de la Sala de lo Penal del TS- se abstuvo en 2014 en la votación sobre los recursos de Chaves y demás compañeros mártires, porque, -según manifestó entonces- el haber ejercido la función de fiscal general del Estado aconsejaba “la abstención en esta fase jurisdiccional para garantizar la más absoluta imparcialidad del tribunal”. ¿Por qué se abstuvo en 2014 y no lo ha hecho en 2024? ¿Acaso ahora no es necesario garantizar la absoluta imparcialidad del TC? ¿Por qué no lo ha hecho? La razón es sencilla. Conde -que es un buen jurista- ha optado por poner todo el peso de su prestigio profesional al servicio incondicional del Gobierno. Ha trocado su toga ensuciada por el polvo y el fango del camino, por el mandil de doméstico al servicio de su amo y, en consecuencia, está dispuesto a cometer cualquier vileza para complacerlo. A finales de diciembre de 2023, Conde publicó en “El Mundo” el artículo “Nuestra Constitución y su Tribunal”, en el que afirmaba que la Constitución era un marco que limitaba la libertad de los legisladores, cuyas leyes debían siempre respetar los derechos y los principios jurídicos en ella consagrados, así como la distribución funcional y territorial de los poderes públicos, y que el TC había mantenido las atribuciones que la Constitución otorgaba a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, evitando las interferencias recíprocas. Señalaba que los tribunales del Poder Judicial protegían de forma impecable los derechos de los españoles y que los tribunales de apelación y otras vías de recurso, con el TS al frente, corregían los ocasionales errores que se podían producir. “El recurso de amparo no ofrece una tercera o cuarta instancia para obtener la tutela efectiva de los derechos, pues esa labor corresponde de lleno a los tribunales del Poder Judicial, limitándose -el TC- a pronunciarse sobre aquellos temas que tengan especial trascendencia constitucional”. No parece que Conde sea muy consecuente con las ideas expresadas en dicho artículo, como prueban las decisiones adoptadas, que permiten al TC corregir las sentencias de los tribunales ordinarios y del TS, entrando a examinar el fondo del asunto, replanteando los hechos dados por probados, y reevaluando las pruebas en cuestiones que no son de transcendencia constitucional, con lo que se ha erigido en una “tercera o cuarta instancia” de apelación contra las resoluciones sobre materias que corresponden en exclusiva a los tribunales del Poder Judicial. La tesis mantenida por el TC supone una impugnación completa de la verdad judicial de los ERE, que ha sido suscrita por una quincena de jueces: 3 instructores, 5 magistrados de Audiencia y 7 miembros del TS. Todos ellos dictaron supuestamente resoluciones o sentencias “fake”, al condenar a políticos socialistas por la comisión de delitos de prevaricación, incluidas las dos magistradas que negaron que Griñán hubiera cometido un delito de malversación. De ahí se deduce que estos jueces, o bien -en el mejor de los casos- eran unos ignorantes e incompetentes, o bien prevaricaron al dictar resoluciones injustas -artículo 446 del Código Penal-, por las que han incurrido en responsabilidad penal, civil y administrativa. Según el TC, cientos de millones de euros de fondos públicos han desaparecido de las arcas de la Junta de Andalucía- de los que ésta solo ha recuperados 27 millones-, por culpa, no ya de unos pocos golfos -como decía Chaves-, sino de una panda de jueces prevaricadores. El TC podrá fantasear al no dar importancia a la mayor estafa que se ha realizado en la España democrática y decir que “aquí no ha pasado nada y pelillos al Guadalquivir”, pero los hechos son tozudos y no pueden ser borrados con el quitamanchas del TC, que podrá dejarlos sin pena pero será imposible que los disuelva o diluya. Como decía Pío Baroja, en la mentira hay muchos matices, pero en la verdad no existe ninguno. Según Carlos Mármol en su artículo “La amnistía cervantina de los ERE”, las sentencias sobre este caso han sido el ejemplo más alto de corrupción que vieron los siglos pasados y verán los venideros en Andalucía. Del ejemplo cervantino se desprende que hacer merced no equivale a hacer justicia. La decisión del TC es una gran merced, pero no es un acto cabal de justicia. No en vano Don Miguel ubicó el patio de Monipodio a la vera de la Giralda, si bien los Rinconetes y Cortadillos de entonces eran unos pardillos, comparados con algunos miembros del PSOE andaluz. Los condenados por prevaricación y malversación, eran sin embargo, santos inocentes víctimas de una conspiración de la derecha judicial, política y mediática. Los dirigentes del PSOE-A se han crecido con el blanqueamiento del TC y hablan de “cacería política del PP”. Como ha dicho su secretario general, Juan Espadas, “no es lo mismo la crítica política que la cacería, máxime cuando hablamos de personas víctimas de una sentencia injusta”. Chávez ha afirmado exultante que el caso ERE fue un burdo ¿También lo fue la volatilización €680 millones. Habrá que destronar a las santas patronas de Sevilla, Justa y Rufina, y sustituirlas por los nuevos santos laicos, Chaves y Griñán. Al manipular el TC y convertirlo en una institución para casar los fallos del TS gracias a los ardides de Conde, Sánchez ha logrado su sueño de igualar la justicia española con la de países bolivarianos, como Venezuela, Cuba o Nicaragua y, si Álvaro García Ortiz es homologable con el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, Conde ha llegado al nivel de la presidenta del Tribunal Supremo de este país, Caryslia Rodríguez. El TC ha ordenado retrotraer las actuaciones a la fecha en la que dictó su sentencia la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que fuerza a dictar nuevas sentencias. ¿Qué ocurriría si la Audiencia volviera a condenar a los encausados por los delitos de prevaricación y de malversación, aunque rebajara sus penas? ¿Podrían los condenados recurrir de nuevo en amparo ante el TC? ¿Podría éste volver a anular dichas sentencias? ¿Tendría el TS algo que decir al respecto? Se produciría un choque frontal entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, y no veo que exista una instancia arbitral que pudiera resolver el conflicto ¿Tendría el TC la última palabra? No parece lógico porque no se puede ser juez y parte en una controversia jurídica. Para mí, la Constitución ofrece una solución al afirmar de forma taxativa que el TS “es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”. El problema radica en que añade la coletilla de “salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. ¿Quién es competente para determinar el alcance de las “garantías constitucionales”? ¿Comprenden éstas la interpretación por parte de un órgano político como el TC de las normas del Código Penal? Yo creo que no, pero las irresponsables sentencias de este Tribunal en el caso de los ERE han planteado un gravísimo problema jurídico difícil de resolver. Lo peor es que -cómo ha observado Betancor- el TC nos está señalando el contenido de sus futuras resoluciones frente a los eventuales recursos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. “Si se ha revisado, en el caso de los ERE , la interpretación del TS sobre el delito de prevaricación (y de malversación) ¿cómo no lo va a hacer en relación con el de malversación al resolver sobre la aplicación del beneficio de la amnistía?”. Según ha añadido con ironía Leyre Iglesias, si el procès no tuvo lugar porque penalmente ha sido borrado ¿cómo van a haber existido los ERE? Dos años más y el BOE y/o el TC decretarán que los GAL no pegaron tiros y que FILESA era una marca de cuchillos. Los libros escolares andaluces informarán de que la judicialización de los ERE fue una operación contra el socialismo pobre y bueno, diseñada por la derecha adinerada y satánica para alcanzar “contra natura” el poder en Andalucía. Los magistrados de la minoría han criticado severamente la sentencia en sus votos particulares. Así, César Tolosa ha afirmado que desbasta los límites de la jurisdicción constitucional al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del TS como máximo intérprete de la ley, y ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España, y rectificar el criterio del TS en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica. Para Enrique Arnaldo, la sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho y convierte al TC en una nueva instancia revisora que revalora a su libre arbitrio las pruebas practicadas por los jueces de instancia. Según Ricardo Enríquez, el TC ha actuado como un Tribunal de instancia, lo que carece de justificación alguna en la jurisdicción constitucional de amparo. Madrid, 18 de Julio de 2024

Las elecciones en Francia y en Gran Bretaña muestran una Europa contradictoria que va a afectar a la UE

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA CAUSA DE IRLANDA: COLEGIOS IRLANDESES EN ESPAÑA El pasado mes de mayo se celebró en Alcalá de Henares la reunión de la Asociación Española de Estudios Irlandeses. El que se celebrara en la ciudad de Cervantes estaba de sobra justificado porque en su Universidad -la auténtica Complutense- existió entre 1630 y 1785 el Colegio de San Jorge de los Irlandeses. Recordemos la Historia de los Colegios irlandeses establecidos en España desde finales del siglo XVI. Persecución de los católicos en Irlanda Tras negarse el Papa Clemente VII a anular el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, el rey inglés dictó en 1534 el Acta de Supremacía, por la que se declaró jefe absoluto de la Iglesia Anglicana y rompió los vínculos con la Iglesia Católica Romana. Enrique VIII obligó a sus fieles en Inglaterra y en Irlanda a adherirse a la nueva fe y los que no obedecieron lo pagaron con el destierro o la muerte, como su canciller Tomás Moro. Clemente VII accedió a nombrar arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra al candidato real, Thomas Crammer, quien anuló el matrimonio de Enrique con Catalina y reconoció la validez del matrimonio secreto que había celebrado con Ana Bolena, por lo que el Papa excomulgó al Rey y se ultimó el cisma anglicano. Su sucesor, Eduardo VI -hijo que tuvo con Jane Seymour-, prohibió la celebración de la misa romana, confiscó las iglesias católicas y sus bienes, y conminó a los sacerdotes que no aceptaran el anglicanismo a que abandonaran el país, bajo pena de muerte sí desobedecían. En 1553 subió al trono María Tudor -hija de Enrique VIII y de Catalina-, que un año después se casó con su sobrino Felipe, Príncipe de Asturias, que en 1556 accedería al trono de las Españas. María trató de revertir la reforma iniciada por su padre y persiguió a los anglicanos. Murió en 1558 sin sucesión y nombró heredera a su hermanastra Isabel, en la esperanza de que volviera a la religión católica, pero se equivocó de medio a medio. La reina recrudeció los ataques a los católicos por lo que, en 1570, el papá Pío V dictó la bula “Regnans in excelso”, por la que excomulgaba a Isabel, “la pretendida reina de Inglaterra y servidora del crimen”, a la que consideraba hereje, y liberaba a sus súbditos de cualquier lealtad hacia ella, excomunión que se extendía a quienes la obedecieran. En 1571, Isabel prohibió el acceso de los católicos a las escuelas si no abjuraban de su religión y, en 1585, dio un plazo de 40 días a los sacerdotes para que abandonaran el país bajo pena de muerte. Estos hechos -unidos a la ayuda prestada por Inglaterra a los rebeldes flamencos, los ataques de los corsarios y piratas ingleses contra navíos españoles en las Indias, y el encarcelamiento y ulterior ejecución de la reina de Escocia, María Estuardo- llevaron al prudente Rey español -que al principio había mantenido relaciones relativamente cordiales con su cuñada- al envío de una Gran Armada, que fracasó en su empeño de ocupar Inglaterra, por motivos fundamentalmente climatológicos. Asimismo provocó la insurrección en 1594 de los jefe católicos irlandeses liderados por Hugo O’Donnell, “el Rojo” -Señor de Tyrconnell- y Hugo O’Neill -Conde de Tyrone- contra los ingleses, provocando la “Guerra de los 9 años”. Su motivación era a la vez política -intento de liberarse de los ocupantes- y religiosa -persecución de los católicos-. Felipe III mandó una expedición naval al mando de Juan del Águila para ayudar a los rebeldes irlandeses, pero parte de los navíos tuvieron que regresar a La Coruña a causa del mal tiempo. El resto consiguió desembarcar en Kinsale, donde establecieron una cabeza de puente, pero las tropas irlandesas -que estaban en Irlanda del norte- no lograron unirse al destacamento español y, al ser interceptados por el poderoso Ejército inglés mandado por el Conde de Exeter y por Lord Mountjoy, las tropas españolas fueron derrotadas en Kinsale a principios de 2002. O’Donnell se trasladó a España para tratar de conseguir ayuda de Felipe III y murió envenenado en el castillo de Simancas antes de poder entrevistarse con él, y O’Neill se rindió en 1603. Un año más tarde, Inglaterra y España firmaron la paz mediante el Tratado de Londres. Como continuaba la represión feroz de los católicos, en 1607 se produjo “the flight of the Earls” –“la fuga de los nobles”-, en la que el mayoría de los dirigentes irlandeses huyeron a Europa y en especial a España. Creación de los Colegios Irlandeses: El Colegio de San Patricio de Salamanca En 1590 se creó el “Irish Continental College Movement” para tratar de coordinar la creación y funcionamiento de los Colegios que se fueron fundando para formar a los sacerdotes irlandeses en distintos países europeos. Ese mismo año se creó en Valladolid el primer Colegio irlandés y, dos años más tarde, se fundó en Salamanca el Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses, que fue el más importante de los establecidos en las Españas. A ellos siguieron los de Lisboa (1593), Santiago de Compostela (1605), Sevilla (1608), Madrid (1621) y Alcalá de Henares (1630). Estos colegios tenían por objeto formar e instruir a los sacerdotes irlandeses en el exilio para que, al final de su formación, regresaran a Irlanda para cuidar de los católicos, a costa de su vida –“The Irish Mission”-. En 1590, el obispo de Ross, Buenaventura Naugtin, presentó un memorial a Felipe II en el que le pedía que acogieran en la universidad a 24 seminaristas irlandeses, unos “mancebos virtuosos y bien nacidos, que han venido a España a estudiar para aprovecharse de las artes y la teología, y con el grande ejemplo de cristiandad de estos reinos” para que, cuando regresaran a su tierra, predicando y enseñando, pudieran “hacer fruto en los que están engañados por los herejes y reducir la gente de ella a la luz de la verdad y a la unión de la Iglesia católica romana, de la que se han apartado”. El Gobierno inglés había suprimido los centros de enseñanza católica o impedía su funcionamiento, y no permitía la creación de universidades católicas. Precisamente en 1592 se fundó en Dublín el Trinity College para formar a las élites de la Iglesia de Irlanda -rama local de la Iglesia de Inglaterra-. Ese año se fundó en Salamanca el Colegio de San Patricio de los Irlandeses bajo el patrocinio de Felipe II, y sus estatutos fueron dictados en 1605. En 1610, Felipe III -además de adjudicarle el título de Real Colegio de Nobles Irlandeses- le concedió una subvención de 10 libras esterlinas por alumno. En un memorial de 1656, el rector del colegio, Enrique Culeman, solicitó y obtuvo del Consejo de Estado una ayuda de 500 escudos para 12 colegiales La primera universidad católica, el University College Dublin, fue fundada por el cardenal John Newman en 1854 y hasta mediados de los años 70 del siglo XX no estudiaron los católicos en el Trinity College. Ante la imposibilidad de formarse en centros superiores, era imperativo que los sacerdotes irlandeses se formaran en centros europeos. Los estudios en los colegios irlandeses en España duraban 7 años y, al ingresar, los alumnos formulaban el juramento de regresar a Irlanda al término de sus estudios. Solo del Colegio de Salamanca salieron un primado de Irlanda, 4 arzobispos, 5 obispos, 9 provinciales de órdenes religiosas, 120 sacerdotes y 30 mártires. Los distintos colegios fueron cerrando sus puertas a medida que cumplían con su cometido: Valladolid en 1592, Madrid en 1692, Sevilla en 1767, Santiago en 1769, y Alcalá en 1790. En 1785, Carlos III había decidido expulsar de las Españas a la Sociedad de Jesús (Jesuitas), que era la Orden a la que se había encomendado la enseñanza en los Colegios irlandeses y, aunque los sacerdote y estudiantes irlandeses no fueron expulsados, vieron afectada muy adversamente su situación. A partir de esa fecha, el Rey no permitió que ingresara nuevos alumnos en el Colegio de Alcalá y decidió que solo subsistiera el Colegio de Salamanca, por lo que todos los Centros -a medida que iban desapareciendo - trasladaban sus efectivos personales, sus escasos recursos, el material bibliográfico y los archivos al citado Colegio. En 1836, el rector del Colegio presentó un memorándum en el que decía que en el edificio que le había sido cedido para uso de los seminaristas irlandeses había una serie de efectos y enseres que deberían serles adjudicados en concepto de pago de las considerables sumas que se les adeudaba por la pensión que tenía consignada en el presupuesto del Ministerio de la Gobernación. La Reina regente María Cristina accedió a la petición, excepto en lo referente a los objetos artísticos que no podían ser enajenados. Se dictó una Real Orden en la que se dejaba constancia de que la cesión del edificio al Colegio había sido solo para habitación y que los objetos artísticos en él contenidos no podían ser vendidos y se entregaban solo en depósito. Este antecedente es de vital importancia en relación con la polémica que se suscitó sobre la propiedad del edificio del Colegio, cuando éste fue definitivamente cerrado en 1951, de lo que han dado documentado testimonio tanto el obispo de Galway, Michael Browne, como el entonces rector de la Universidad de Salamanca, Esteban Madruga, en sendos artículos sobre “Los últimos días del Colegio de los irlandeses en Salamanca”, publicados en “The Furrow” y en“Evocaciones Universitarias de Salamanca” n° 10 respectivamente. Durante la Guerra Civil, el Colegio de San Patricio fue objeto de diversos usos y terminó considerablemente deteriorado, no pudiendo ser utilizado por los seminaristas irlandeses. Concluida ésta y la II Guerra Mundial, la jerarquía irlandesa se planteó qué hacer con el único Colegio que quedaba en España. Tras la independencia y la normalización de la situación religiosa en el Irlanda, no tenía sentido continuar con la formación del clero en el extranjero, y los obispos irlandeses solicitaron al Vaticano en 1949 autorización para cerrar el Colegio de Salamanca y vender las propiedades que tenían en España, lo que les fue concedido. Se pidió información al Nuncio de Su Santidad en Madrid, quien señaló la oposición de la jerarquía española, porque el Colegio no era propiedad de la Iglesia irlandesa y porque -con el cierre de la institución- se rompería la tradicional unión entre España e Irlanda. La Santa Sede creó una Comisión formada por los obispos de Salamanca, Valladolid, Galway y Meath para que resolviera el asunto. La Comisión se reunió en Salamanca en 1951, pero no logró llegar a un acuerdo, si bien -el año antes de celebrarse la reunión- el rector salmantino tuvo el buen acuerdo de inscribir en el Registro de la Propiedad el citado Colegio a nombre de la Universidad, sin perjuicio del derecho de terceros al uso o habitación del edificio. Ante la falta de acuerdo -la Iglesia había topado consigo misma-, el obispo salmantino, Monseñor Barbado, exclamó que “el único que puede arreglar esto es el Generalísimo Franco”, y a Madrid que se fueron los prelados irlandeses para entrevistarse con el jefe del Estado, que los acogió favorablemente. Le indicaron que la marcha de Salamanca se debía exclusivamente a razones eclesiásticas y académicas, y que la jerarquía irlandesa deseaba transferir el colegio al Gobierno español, a cambio de la correspondiente compensación económica y la creación de sendas becas para que dos candidatos irlandeses pudieran estudiar en universidades españolas. Franco dio su acuerdo de principio y dijo a los obispos que hablaran con los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación, quienes aceptaron la propuesta irlandesa. Los directivos de la Universidad de Salamanca estaban con la mosca en la oreja y el sucesor de Madruga en el rectorado, Antonio Tovar, advirtió a éste que en el Boletín Oficial de las Cortes de 26 de febrero de 1954 se había publicado el texto de un proyecto de Ley, por el que se aprobaba “la adquisición por el Estado de los bienes de la jerarquía irlandesa radicantes en España y la renuncia de la misma, a favor del Estado, de sus derechos sobre el Colegio de Fonseca, llamado de los Irlandeses, en Salamanca”, y se adjudicaba a estos efectos un crédito extraordinario de dos millones de pesetas. Ante este disparate, la Universidad consiguió que se presentara en las Cortes una enmienda, que fue aprobada, y el texto quedó redactado como sigue: “Se aprueba la adquisición por el Estado de los bienes de la jerarquía irlandesa radicantes en España y la renuncia a cuántos derechos pudieran corresponderle sobre el Colegio Arzobispo Fonseca o Santiago Apóstol, llamado de los Irlandeses”. El Gobierno mantuvo generosamente el monto del crédito extraordinario con el que se abonó la adquisición de las propiedades que tenía la Iglesia irlandesa en varias ciudades españolas, incluido un chalet en Llanes, equivalentes a 20.000 libras, que se invirtieron en valores irlandeses, cuyos intereses fueron a parar al Colegio Irlandés de Roma. Asimismo se acordó la entrega a la Universidad Católica de Maynooth de los archivos de todos los Colegios. Los obispos no pudieron probar su alegación de que el Colegio les había sido donado en propiedad por el rey Alfonso XIII en 1914. Con la Ley de 1954 se puso término al derecho de uso o habitación de los irlandeses sobre el edificio del Colegio, lo que se confirmó por una orden del Ministerio de Hacienda de 1962 que reconoció el pleno y exclusivo dominio del edificio de Fonseca a favor de la Universidad de Salamanca. La Dirección General de Bellas Artes asumió las labores de reconstrucción y restauración del edificio del Colegio, que fue destinado a residencia de profesores y de graduados. Colegio de San Jorge de los Irlandeses en Alcalá de Henares Especial importancia ha tenido -junto con el Salamanca- el Colegio de los Irlandeses en Alcalá de Henares, las dos universidades más importantes de España. El Colegio de San Patricio fue fundado en 1630 por Shane O’Neil, pero tuvo que ser cerrado en 1641. No obstante, fue refundado en 1645 por el barón portugués Jorge de Paz Silveira con el nombre de San Jorge de los Irlandeses, y el edificio fue terminado de construir por su viuda, la baronesa Beatriz de Silveira, en su actual ubicación en la calle de Escritorios. Sus estatutos fueron elaborados en 1649 por el padre jesuita Luke Wedding y en ellos se dejó constancia de que su objetivo era formar a 30 estudiantes procedentes de Irlanda, Flandes y Holanda -o religiosos en su defecto-, que estudiarían durante un máximo de 7 años para graduarse en Teología y en Artes. El Colegio realizó una espléndida labor durante siglo y medio, pero empezó a declinar como consecuencia de la política de Carlos III de expulsar a los jesuitas y de limitar el acceso de estudiantes irlandeses a los pocos Colegios que iban quedando. Como el centro estaba gestionado por los miembros de la Sociedad de Jesús, su expulsión supuso un golpe fatal y, en 1790, fue integrado en el Colegio de Salamanca. En1796 el edificio fue adquirido por el Conde de Güemes y Revillagigedo y, en 1818, Fernando VII se alojó en él, por lo que a adquirió el rango de estancia real. El edificio fue abandonado y se deterioró con el paso del tiempo, por lo que, en 1974, se encontraba en situación de ruina y llegó a proponerse su demolición por constituir un peligro público, aunque afortunadamente la propuesta fue rechazada. En 1982 el Ayuntamiento alcalaíno decidió restaurar el edificio y, tras rehabilitarlo plenamente, su alcalde, Florencio Campos, la ofreció al Gobierno irlandés para que instalara en él alguna institución para el desarrollo de las relaciones entre España e Irlanda. El ministro irlandés de Trabajo, Ruairi Quinn, se interesó por la propuesta y mantuvo conversaciones con su colega Joaquín Almunia, pero no se logró ningún acuerdo. Estando de embajador en Irlanda recibí en octubre de 1987 una comunicación del director general del “Irish Export Board”, Colum Mac Donnell, en la que me informaba de que -a la cincuentena de empresarios españoles que viajarían a Dublín- se habían sumado el alcalde de Alcalá, Campos, y el rector de su Universidad, Manuel Gala, que querían entrevistarse con las autoridades culturales y universitarias del país para hablar del posible uso común del antiguo Colegio de San Jorge. Solicité audiencia para ellos a la ministra de Educación, Mary O’Rourke, al ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Sean Calleary, y al ministro de Estado de Comercio, Seamus Brennan, así como a los rectores del Trinity College, UCD y el National Institute for Higher Education (NIHE), y organicé una recepción en honor de los visitantes, a la que asistieron la ministra O’Rourke, la mayoría de los rectores de las distintas instituciones universitarias y numerosos profesores y periodistas. Salieron muy bien impresionados de sus entrevistas y sacaron la impresión de que el Gobierno prestaba su pleno respaldo político al proyecto de crear en el antiguo Colegio una institución hispano-irlandesa, pero que no estaba en condiciones de aportar contribución económica alguna para su realización, con lo que se perdió una magnífica ocasión, pues tampoco se necesitaba mucho dinero. Ante este rechazo, los promotores lanzaron la idea de crear una Fundación -formada por las principales empresas irlandesas- para financiar el proyecto. El grupo Jefferson Smurfit se mostró dispuesto a aportar el 50% de los fondos requeridos, siempre que otras empresas aportaran el resto, pero no se llegó a un acuerdo. La Embajada -a través del director del Instituto Cultural, José Antonio Sierra-, propuso que se estableciera en el centro una cátedra Cervantes para la difusión de la lengua y la cultura española en el mundo. No prosperaron ninguna de estas ideas y el edificio se ha convertido en la sede de Alcalingua, la institución de la Universidad de Alcalá para la enseñanza del Español en el extranjero. Como broche final, debo mencionar que el NIHE- y especialmente el director, del Departamento de Español, Bill Richardson- y la empresa Smurfit realizaron una meritoria labor para la restauración del colegio irlandés de Alcalá. El NIHE nombró Doctor “honoris causa” al Rey don Juan Carlos. Como éste había hecho en 1986 una visita oficial a Irlanda, no procedía realizar un nuevo viaje para recibir el título, por lo que en el verano de 1990 el rector, Daniel O’Hare se trasladó a España para hacer la entrega, a la que tuve el honor de asistir. Para este solemne acto se escogió la villa de Valladolid, por haber sido la primera ciudad en la que se estableció un Colegio irlandés. España realizó una labor muy positiva con la creación de siete Colegios universitarios para ayudar a la formación de los sacerdotes y religiosos irlandeses en momentos sumamente difíciles por la persecución inglesa a los católicos. No parece que la Iglesia irlandesa haya agradecido suficientemente la generosidad española, sobre todo por la forma poco airosa con la que ha dado por terminada la labor del último de los Colegios existentes. Como ha comentado Madruga, la jerarquía irlandesa “no ha correspondido como debía a los beneficios que nuestra altruística hospitalidad les ha proporcionado durante tanto tiempo”. Uno de los antiguos colegiales, monseñor Glennan, expresó su gran pesar por la desaparición del Colegio, recordando “el apoyo, respeto y cortés simpatía que siempre encontraron en el pueblo de Salamanca y la generosidad de España”. Lamentó la ruptura del vínculo tradicional que, durante más de tres siglos, había unido a España y a Irlanda, y manifestó que, con muy poco esfuerzo, se podría haber mantenido ese vínculo. El Gobierno irlandés tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Cabe pensar que su actitud timorata se debió a las circunstancias de debilidad económica por la que atravesaba en aquellos momentos-aunque lo que se le pedía era bien poco- y que, en circunstancias como las actuales, probablemente su respuesta habría sido diferente. En cualquier caso, confío que los sólidos lazos hispano-irlandeses forjados durante siglos no se debiliten y que, lo que no han sido capaz de hacer los Gobiernos, puedan hacerlo las instituciones universitarias y la propia sociedad civil. Madrid, 2de julio de 2024

Contribución española a la causa de Irlanda; Colegios irlandeses en España

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA CAUSA DE IRLANDA: COLEGIOS IRLANDESES EN ESPAÑA El pasado mes de mayo se celebró en Alcalá de Henares la reunión de la Asociación Española de Estudios Irlandeses. El que se celebrara en la ciudad de Cervantes estaba de sobra justificado porque en su Universidad -la auténtica Complutense- existió entre 1630 y 1785 el Colegio de San Jorge de los Irlandeses. Recordemos la Historia de los Colegios irlandeses establecidos en España desde finales del siglo XVI. Persecución de los católicos en Irlanda Tras negarse el Papa Clemente VII a anular el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, el rey inglés dictó en 1534 el Acta de Supremacía, por la que se declaró jefe absoluto de la Iglesia Anglicana y rompió los vínculos con la Iglesia Católica Romana. Enrique VIII obligó a sus fieles en Inglaterra y en Irlanda a adherirse a la nueva fe y los que no obedecieron lo pagaron con el destierro o la muerte, como su canciller Tomás Moro. Clemente VII accedió a nombrar arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra al candidato real, Thomas Crammer, quien anuló el matrimonio de Enrique con Catalina y reconoció la validez del matrimonio secreto que había celebrado con Ana Bolena, por lo que el Papa excomulgó al Rey y se ultimó el cisma anglicano. Su sucesor, Eduardo VI -hijo que tuvo con Jane Seymour-, prohibió la celebración de la misa romana, confiscó las iglesias católicas y sus bienes, y conminó a los sacerdotes que no aceptaran el anglicanismo a que abandonaran el país, bajo pena de muerte sí desobedecían. En 1553 subió al trono María Tudor -hija de Enrique VIII y de Catalina-, que un año después se casó con su sobrino Felipe, Príncipe de Asturias, que en 1556 accedería al trono de las Españas. María trató de revertir la reforma iniciada por su padre y persiguió a los anglicanos. Murió en 1558 sin sucesión y nombró heredera a su hermanastra Isabel, en la esperanza de que volviera a la religión católica, pero se equivocó de medio a medio. La reina recrudeció los ataques a los católicos por lo que, en 1570, el papá Pío V dictó la bula “Regnans in excelso”, por la que excomulgaba a Isabel, “la pretendida reina de Inglaterra y servidora del crimen”, a la que consideraba hereje, y liberaba a sus súbditos de cualquier lealtad hacia ella, excomunión que se extendía a quienes la obedecieran. En 1571, Isabel prohibió el acceso de los católicos a las escuelas si no abjuraban de su religión y, en 1585, dio un plazo de 40 días a los sacerdotes para que abandonaran el país bajo pena de muerte. Estos hechos -unidos a la ayuda prestada por Inglaterra a los rebeldes flamencos, los ataques de los corsarios y piratas ingleses contra navíos españoles en las Indias, y el encarcelamiento y ulterior ejecución de la reina de Escocia, María Estuardo- llevaron al prudente Rey español -que al principio había mantenido relaciones relativamente cordiales con su cuñada- al envío de una Gran Armada, que fracasó en su empeño de ocupar Inglaterra, por motivos fundamentalmente climatológicos. Asimismo provocó la insurrección en 1594 de los jefe católicos irlandeses liderados por Hugo O’Donnell, “el Rojo” -Señor de Tyrconnell- y Hugo O’Neill -Conde de Tyrone- contra los ingleses, provocando la “Guerra de los 9 años”. Su motivación era a la vez política -intento de liberarse de los ocupantes- y religiosa -persecución de los católicos-. Felipe III mandó una expedición naval al mando de Juan del Águila para ayudar a los rebeldes irlandeses, pero parte de los navíos tuvieron que regresar a La Coruña a causa del mal tiempo. El resto consiguió desembarcar en Kinsale, donde establecieron una cabeza de puente, pero las tropas irlandesas -que estaban en Irlanda del norte- no lograron unirse al destacamento español y, al ser interceptados por el poderoso Ejército inglés mandado por el Conde de Exeter y por Lord Mountjoy, las tropas españolas fueron derrotadas en Kinsale a principios de 2002. O’Donnell se trasladó a España para tratar de conseguir ayuda de Felipe III y murió envenenado en el castillo de Simancas antes de poder entrevistarse con él, y O’Neill se rindió en 1603. Un año más tarde, Inglaterra y España firmaron la paz mediante el Tratado de Londres. Como continuaba la represión feroz de los católicos, en 1607 se produjo “the flight of the Earls” –“la fuga de los nobles”-, en la que el mayoría de los dirigentes irlandeses huyeron a Europa y en especial a España. Creación de los Colegios Irlandeses: El Colegio de San Patricio de Salamanca En 1590 se creó el “Irish Continental College Movement” para tratar de coordinar la creación y funcionamiento de los Colegios que se fueron fundando para formar a los sacerdotes irlandeses en distintos países europeos. Ese mismo año se creó en Valladolid el primer Colegio irlandés y, dos años más tarde, se fundó en Salamanca el Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses, que fue el más importante de los establecidos en las Españas. A ellos siguieron los de Lisboa (1593), Santiago de Compostela (1605), Sevilla (1608), Madrid (1621) y Alcalá de Henares (1630). Estos colegios tenían por objeto formar e instruir a los sacerdotes irlandeses en el exilio para que, al final de su formación, regresaran a Irlanda para cuidar de los católicos, a costa de su vida –“The Irish Mission”-. En 1590, el obispo de Ross, Buenaventura Naugtin, presentó un memorial a Felipe II en el que le pedía que acogieran en la universidad a 24 seminaristas irlandeses, unos “mancebos virtuosos y bien nacidos, que han venido a España a estudiar para aprovecharse de las artes y la teología, y con el grande ejemplo de cristiandad de estos reinos” para que, cuando regresaran a su tierra, predicando y enseñando, pudieran “hacer fruto en los que están engañados por los herejes y reducir la gente de ella a la luz de la verdad y a la unión de la Iglesia católica romana, de la que se han apartado”. El Gobierno inglés había suprimido los centros de enseñanza católica o impedía su funcionamiento, y no permitía la creación de universidades católicas. Precisamente en 1592 se fundó en Dublín el Trinity College para formar a las élites de la Iglesia de Irlanda -rama local de la Iglesia de Inglaterra-. Ese año se fundó en Salamanca el Colegio de San Patricio de los Irlandeses bajo el patrocinio de Felipe II, y sus estatutos fueron dictados en 1605. En 1610, Felipe III -además de adjudicarle el título de Real Colegio de Nobles Irlandeses- le concedió una subvención de 10 libras esterlinas por alumno. En un memorial de 1656, el rector del colegio, Enrique Culeman, solicitó y obtuvo del Consejo de Estado una ayuda de 500 escudos para 12 colegiales La primera universidad católica, el University College Dublin, fue fundada por el cardenal John Newman en 1854 y hasta mediados de los años 70 del siglo XX no estudiaron los católicos en el Trinity College. Ante la imposibilidad de formarse en centros superiores, era imperativo que los sacerdotes irlandeses se formaran en centros europeos. Los estudios en los colegios irlandeses en España duraban 7 años y, al ingresar, los alumnos formulaban el juramento de regresar a Irlanda al término de sus estudios. Solo del Colegio de Salamanca salieron un primado de Irlanda, 4 arzobispos, 5 obispos, 9 provinciales de órdenes religiosas, 120 sacerdotes y 30 mártires. Los distintos colegios fueron cerrando sus puertas a medida que cumplían con su cometido: Valladolid en 1592, Madrid en 1692, Sevilla en 1767, Santiago en 1769, y Alcalá en 1790. En 1785, Carlos III había decidido expulsar de las Españas a la Sociedad de Jesús (Jesuitas), que era la Orden a la que se había encomendado la enseñanza en los Colegios irlandeses y, aunque los sacerdote y estudiantes irlandeses no fueron expulsados, vieron afectada muy adversamente su situación. A partir de esa fecha, el Rey no permitió que ingresara nuevos alumnos en el Colegio de Alcalá y decidió que solo subsistiera el Colegio de Salamanca, por lo que todos los Centros -a medida que iban desapareciendo - trasladaban sus efectivos personales, sus escasos recursos, el material bibliográfico y los archivos al citado Colegio. En 1836, el rector del Colegio presentó un memorándum en el que decía que en el edificio que le había sido cedido para uso de los seminaristas irlandeses había una serie de efectos y enseres que deberían serles adjudicados en concepto de pago de las considerables sumas que se les adeudaba por la pensión que tenía consignada en el presupuesto del Ministerio de la Gobernación. La Reina regente María Cristina accedió a la petición, excepto en lo referente a los objetos artísticos que no podían ser enajenados. Se dictó una Real Orden en la que se dejaba constancia de que la cesión del edificio al Colegio había sido solo para habitación y que los objetos artísticos en él contenidos no podían ser vendidos y se entregaban solo en depósito. Este antecedente es de vital importancia en relación con la polémica que se suscitó sobre la propiedad del edificio del Colegio, cuando éste fue definitivamente cerrado en 1951, de lo que han dado documentado testimonio tanto el obispo de Galway, Michael Browne, como el entonces rector de la Universidad de Salamanca, Esteban Madruga, en sendos artículos sobre “Los últimos días del Colegio de los irlandeses en Salamanca”, publicados en “The Furrow” y en“Evocaciones Universitarias de Salamanca” n° 10 respectivamente. Durante la Guerra Civil, el Colegio de San Patricio fue objeto de diversos usos y terminó considerablemente deteriorado, no pudiendo ser utilizado por los seminaristas irlandeses. Concluida ésta y la II Guerra Mundial, la jerarquía irlandesa se planteó qué hacer con el único Colegio que quedaba en España. Tras la independencia y la normalización de la situación religiosa en el Irlanda, no tenía sentido continuar con la formación del clero en el extranjero, y los obispos irlandeses solicitaron al Vaticano en 1949 autorización para cerrar el Colegio de Salamanca y vender las propiedades que tenían en España, lo que les fue concedido. Se pidió información al Nuncio de Su Santidad en Madrid, quien señaló la oposición de la jerarquía española, porque el Colegio no era propiedad de la Iglesia irlandesa y porque -con el cierre de la institución- se rompería la tradicional unión entre España e Irlanda. La Santa Sede creó una Comisión formada por los obispos de Salamanca, Valladolid, Galway y Meath para que resolviera el asunto. La Comisión se reunió en Salamanca en 1951, pero no logró llegar a un acuerdo, si bien -el año antes de celebrarse la reunión- el rector salmantino tuvo el buen acuerdo de inscribir en el Registro de la Propiedad el citado Colegio a nombre de la Universidad, sin perjuicio del derecho de terceros al uso o habitación del edificio. Ante la falta de acuerdo -la Iglesia había topado consigo misma-, el obispo salmantino, Monseñor Barbado, exclamó que “el único que puede arreglar esto es el Generalísimo Franco”, y a Madrid que se fueron los prelados irlandeses para entrevistarse con el jefe del Estado, que los acogió favorablemente. Le indicaron que la marcha de Salamanca se debía exclusivamente a razones eclesiásticas y académicas, y que la jerarquía irlandesa deseaba transferir el colegio al Gobierno español, a cambio de la correspondiente compensación económica y la creación de sendas becas para que dos candidatos irlandeses pudieran estudiar en universidades españolas. Franco dio su acuerdo de principio y dijo a los obispos que hablaran con los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación, quienes aceptaron la propuesta irlandesa. Los directivos de la Universidad de Salamanca estaban con la mosca en la oreja y el sucesor de Madruga en el rectorado, Antonio Tovar, advirtió a éste que en el Boletín Oficial de las Cortes de 26 de febrero de 1954 se había publicado el texto de un proyecto de Ley, por el que se aprobaba “la adquisición por el Estado de los bienes de la jerarquía irlandesa radicantes en España y la renuncia de la misma, a favor del Estado, de sus derechos sobre el Colegio de Fonseca, llamado de los Irlandeses, en Salamanca”, y se adjudicaba a estos efectos un crédito extraordinario de dos millones de pesetas. Ante este disparate, la Universidad consiguió que se presentara en las Cortes una enmienda, que fue aprobada, y el texto quedó redactado como sigue: “Se aprueba la adquisición por el Estado de los bienes de la jerarquía irlandesa radicantes en España y la renuncia a cuántos derechos pudieran corresponderle sobre el Colegio Arzobispo Fonseca o Santiago Apóstol, llamado de los Irlandeses”. El Gobierno mantuvo generosamente el monto del crédito extraordinario con el que se abonó la adquisición de las propiedades que tenía la Iglesia irlandesa en varias ciudades españolas, incluido un chalet en Llanes, equivalentes a 20.000 libras, que se invirtieron en valores irlandeses, cuyos intereses fueron a parar al Colegio Irlandés de Roma. Asimismo se acordó la entrega a la Universidad Católica de Maynooth de los archivos de todos los Colegios. Los obispos no pudieron probar su alegación de que el Colegio les había sido donado en propiedad por el rey Alfonso XIII en 1914. Con la Ley de 1954 se puso término al derecho de uso o habitación de los irlandeses sobre el edificio del Colegio, lo que se confirmó por una orden del Ministerio de Hacienda de 1962 que reconoció el pleno y exclusivo dominio del edificio de Fonseca a favor de la Universidad de Salamanca. La Dirección General de Bellas Artes asumió las labores de reconstrucción y restauración del edificio del Colegio, que fue destinado a residencia de profesores y de graduados. Colegio de San Jorge de los Irlandeses en Alcalá de Henares Especial importancia ha tenido -junto con el Salamanca- el Colegio de los Irlandeses en Alcalá de Henares, las dos universidades más importantes de España. El Colegio de San Patricio fue fundado en 1630 por Shane O’Neil, pero tuvo que ser cerrado en 1641. No obstante, fue refundado en 1645 por el barón portugués Jorge de Paz Silveira con el nombre de San Jorge de los Irlandeses, y el edificio fue terminado de construir por su viuda, la baronesa Beatriz de Silveira, en su actual ubicación en la calle de Escritorios. Sus estatutos fueron elaborados en 1649 por el padre jesuita Luke Wedding y en ellos se dejó constancia de que su objetivo era formar a 30 estudiantes procedentes de Irlanda, Flandes y Holanda -o religiosos en su defecto-, que estudiarían durante un máximo de 7 años para graduarse en Teología y en Artes. El Colegio realizó una espléndida labor durante siglo y medio, pero empezó a declinar como consecuencia de la política de Carlos III de expulsar a los jesuitas y de limitar el acceso de estudiantes irlandeses a los pocos Colegios que iban quedando. Como el centro estaba gestionado por los miembros de la Sociedad de Jesús, su expulsión supuso un golpe fatal y, en 1790, fue integrado en el Colegio de Salamanca. En1796 el edificio fue adquirido por el Conde de Güemes y Revillagigedo y, en 1818, Fernando VII se alojó en él, por lo que a adquirió el rango de estancia real. El edificio fue abandonado y se deterioró con el paso del tiempo, por lo que, en 1974, se encontraba en situación de ruina y llegó a proponerse su demolición por constituir un peligro público, aunque afortunadamente la propuesta fue rechazada. En 1982 el Ayuntamiento alcalaíno decidió restaurar el edificio y, tras rehabilitarlo plenamente, su alcalde, Florencio Campos, la ofreció al Gobierno irlandés para que instalara en él alguna institución para el desarrollo de las relaciones entre España e Irlanda. El ministro irlandés de Trabajo, Ruairi Quinn, se interesó por la propuesta y mantuvo conversaciones con su colega Joaquín Almunia, pero no se logró ningún acuerdo. Estando de embajador en Irlanda recibí en octubre de 1987 una comunicación del director general del “Irish Export Board”, Colum Mac Donnell, en la que me informaba de que -a la cincuentena de empresarios españoles que viajarían a Dublín- se habían sumado el alcalde de Alcalá, Campos, y el rector de su Universidad, Manuel Gala, que querían entrevistarse con las autoridades culturales y universitarias del país para hablar del posible uso común del antiguo Colegio de San Jorge. Solicité audiencia para ellos a la ministra de Educación, Mary O’Rourke, al ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Sean Calleary, y al ministro de Estado de Comercio, Seamus Brennan, así como a los rectores del Trinity College, UCD y el National Institute for Higher Education (NIHE), y organicé una recepción en honor de los visitantes, a la que asistieron la ministra O’Rourke, la mayoría de los rectores de las distintas instituciones universitarias y numerosos profesores y periodistas. Salieron muy bien impresionados de sus entrevistas y sacaron la impresión de que el Gobierno prestaba su pleno respaldo político al proyecto de crear en el antiguo Colegio una institución hispano-irlandesa, pero que no estaba en condiciones de aportar contribución económica alguna para su realización, con lo que se perdió una magnífica ocasión, pues tampoco se necesitaba mucho dinero. Ante este rechazo, los promotores lanzaron la idea de crear una Fundación -formada por las principales empresas irlandesas- para financiar el proyecto. El grupo Jefferson Smurfit se mostró dispuesto a aportar el 50% de los fondos requeridos, siempre que otras empresas aportaran el resto, pero no se llegó a un acuerdo. La Embajada -a través del director del Instituto Cultural, José Antonio Sierra-, propuso que se estableciera en el centro una cátedra Cervantes para la difusión de la lengua y la cultura española en el mundo. No prosperaron ninguna de estas ideas y el edificio se ha convertido en la sede de Alcalingua, la institución de la Universidad de Alcalá para la enseñanza del Español en el extranjero. Como broche final, debo mencionar que el NIHE- y especialmente el director, del Departamento de Español, Bill Richardson- y la empresa Smurfit realizaron una meritoria labor para la restauración del colegio irlandés de Alcalá. El NIHE nombró Doctor “honoris causa” al Rey don Juan Carlos. Como éste había hecho en 1986 una visita oficial a Irlanda, no procedía realizar un nuevo viaje para recibir el título, por lo que en el verano de 1990 el rector, Daniel O’Hare se trasladó a España para hacer la entrega, a la que tuve el honor de asistir. Para este solemne acto se escogió la villa de Valladolid, por haber sido la primera ciudad en la que se estableció un Colegio irlandés. España realizó una labor muy positiva con la creación de siete Colegios universitarios para ayudar a la formación de los sacerdotes y religiosos irlandeses en momentos sumamente difíciles por la persecución inglesa a los católicos. No parece que la Iglesia irlandesa haya agradecido suficientemente la generosidad española, sobre todo por la forma poco airosa con la que ha dado por terminada la labor del último de los Colegios existentes. Como ha comentado Madruga, la jerarquía irlandesa “no ha correspondido como debía a los beneficios que nuestra altruística hospitalidad les ha proporcionado durante tanto tiempo”. Uno de los antiguos colegiales, monseñor Glennan, expresó su gran pesar por la desaparición del Colegio, recordando “el apoyo, respeto y cortés simpatía que siempre encontraron en el pueblo de Salamanca y la generosidad de España”. Lamentó la ruptura del vínculo tradicional que, durante más de tres siglos, había unido a España y a Irlanda, y manifestó que, con muy poco esfuerzo, se podría haber mantenido ese vínculo. El Gobierno irlandés tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Cabe pensar que su actitud timorata se debió a las circunstancias de debilidad económica por la que atravesaba en aquellos momentos-aunque lo que se le pedía era bien poco- y que, en circunstancias como las actuales, probablemente su respuesta habría sido diferente. En cualquier caso, confío que los sólidos lazos hispano-irlandeses forjados durante siglos no se debiliten y que, lo que no han sido capaz de hacer los Gobiernos, puedan hacerlo las instituciones universitarias y la propia sociedad civil. Madrid, 2de julio de 2024

Política exterior personalista de Pedro Sánchez

POLÍTICA EXTERIOR PERSONALISTA DE PEDRO SÁNCHEZ El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una concepción “personalista” de la política exterior, no en el sentido de que adopte una política “ad hoc” para cada miembro de la comunidad internacional con el que se trata en función de sus particularidades, sino en el de que dicha política está subordinada a las opiniones y a los intereses personales del jefe del Gobierno. Gestión personalista de la política exterior por el presidente del Gobierno Sánchez ha tomado al pie de la letra lo dispuesto en el artículo 98-1 de la Constitución, que establece que el Gobierno dirige la política exterior del Estado y, no solo la dirige él en persona, sino que la monopoliza y la gestiona a su total y libre albedrío, sin contar -no ya con la Oposición, a la que debería tener en cuenta al tratarse una política de Estado que requiere el máximo consenso posible de las principales fuerzas políticas-, sino tampoco con las Cortes y, ni siquiera, con su propio Gobierno. Se trata, a su juicio, de una competencia personal, plena y excluyente, que le permite hacer lo que le plazca, sin tener que rendir cuentas ni al Parlamento, ni a la opinión pública. Como -siguiendo la máxima de Luis XIV- considera que el Estado es él, puede hacer y deshacer a su antojo, ya que realiza en exclusiva la gestión de la Nación. El presidente viene dirigiendo la política exterior en la más ardiente soledad, como ha puesto de manifiesto al modificar sustancialmente las relaciones con el Magreb y, especialmente, la posición de España hacia el Sáhara Occidental, al reconocer la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española y poner en tela de juicio la celebración de un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui bajo los auspicios de la ONU. Sánchez dio un giro de 180º a la política española en un tema sobre el que los últimos Gobiernos españoles habían mantenido de forma consistente una política coherente durante los últimos años. De la noche a la mañana, Sánchez envió -sin consultar previamente con nadie- una carta al sultán Mohamed, VI en la que cambiaba por completo la posición hasta entonces seguida por el Gobierno, ignoraba las resoluciones de las Naciones Unidas, y se pronunciaba por la tesis marroquí de integración de la colonia en el Reino alauita como una provincia más de Marruecos, al tiempo que ofrecía su garantía personal de que España cumpliría con el compromiso por él asumido ¿A qué se ha debido este giro copernicano en la política española sobre la cuestión? De forma inaudita, el presidente del Gobierno no ha estimado necesario dar explicación alguna al respecto, ni a las Cortes, ni a la opinión pública española, porque la política exterior es de su exclusiva competencia personal. Es un tema tabú al que Sánchez aplica el “silencio administrativo", que revela su menosprecio por las instituciones y los ciudadanos españoles. Otra muestra grave de la actuación autista de Sánchez en política exterior ha sido su drástico “cambio de opinión” sobre la tentativa de la Generalitat de escindir a Cataluña de España. Pese a la destitución del Gobierno catalán tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la impecable sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los golpistas por los delitos de sedición y malversación, Sánchez -que necesitaba los votos de los independentistas catalanes para ser investido como presidente del Gobierno- cambió de forma radical el guión de la película y pasó de la condena a los sediciosos a la condena al Gobierno de Mariano Rajoy, a los Tribunales y a los funcionarios y miembros de la fuerza de seguridad, que contribuyeron a abortar el golpe de Estado. No solo fueron perdonados los sediciosos -primero mediante indultos y luego merced a una amnistía general omnicomprensiva- sino que se les pidió perdón -como ha señalado el propio Felipe González- y se aceptó su relato victimista, de que habían sido injustamente objeto de represión por el Estado. Esto ha afectado de forma especial a los miembros de la Carrera diplomática, que -por convicción y siguiendo las instrucciones del Gobierno- hicieron cuanto estuvo en su mano para rebatir la falaz propagandas secesionista e impedir que ningún Estado reconociera a la inexistente República catalana. El estupor, el desconcierto y el desaliento cundieron entre las disciplinadas huestes diplomáticas españolas ante semejante “voltaface” ¿Con qué autoridad, credibilidad y rigor podrán los embajadores españoles mantener ahora ante las Cancillerías en las que están acreditados, que de lo dicho no había nada y que Puigdemont -en vez de un sedicioso prófugo de la justicia- es un patriota español que colabora con el Gobierno y le cede generosamente sus votos a Sánchez, a cambio de la fruslería de una amnistía? “ ¡Cómo cambia la política exterior de España en función de los avatares personales de Sánchez y de su entorno! Declaración sobre algunos aspectos de la política exterior española Los últimos desafueros de la política exterior sanchista han supuesto la ruptura “de facto” de las relaciones diplomáticas con Argentina, como retorsión por el desliz del presidente Milei de llamar corrupta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y el enfrentamiento abierto con Israel por los insultos proferidos por varios miembros del Gobierno contra los dirigentes de un país supuestamente amigo. Era la gota que colmaba el vaso. Ante el silencio ominosos de la Asociación de Diplomáticos Españoles -la mayoritaria Asociación profesional de la Carrera-, una quincena de embajadores mjubilados nos rebelamos contra estos dos últimos desatinos del Gobierno e hicimos público el pasado 7 de junio la siguiente “Declaración sobre algunos aspectos de la política exterior española”: “Los diplomáticos jubilados abajo firmantes deseamos dejar constancia de nuestro rechazo a la acción exterior del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con respecto a dos países amigos como Argentina e Israel, y declaramos lo siguiente: 1.-La política exterior es, por antonomasia, una política de Estado, que debe ser llevada a cabo -al menos en sus aspectos fundamentales- con el mayor consenso posible entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Dicha política ha de buscar el interés general de España y no el particular de un partido o de una persona. 2.- Aunque el presidente de la República Argentina, Javier Milei, había sido repetidamente agraviado por el Gobierno español, rechazamos su comentario insultante sobre la esposa del presidente del Gobierno, realizado durante su estancia en España. 3.-Consideramos desproporcionada la reacción del Gobierno, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció la retirada “sine die” de la embajadora de España en Buenos Aires. Estimamos, sin embargo, que los insultos a una persona particular no suponen una afrenta a la seguridad y a la dignidad nacional, ni un ataque frontal a la democracia y a las instituciones de España. 4.-España mantiene relaciones fraternales con Argentina, un país en el que vive casi medio millón de españoles y en el que operan importantes empresas españolas, al par que en España hay también muchos ciudadanos y empresas argentinos, que trabajan por la concordia, la cooperación y el bienestar de ambos pueblos. El Gobierno español las ha puesto en peligro por la injustificada retirada permanente de su Embajadora, lo que constituye un hecho sin precedentes en la Historia de los dos Estados. 5.-Los judíos han formado una parte importante en la Historia de España y -pese a su expulsión del país a finales del siglo XV- los sefarditas han mantenido a lo largo de los siglos la lengua, la cultura y las tradiciones españolas, con la ayuda del Consulado General de España en Jerusalén desde 1856. El pueblo judío ha sido víctima de genocidio por parte del régimen nazi alemán durante el siglo XX, mediante un holocausto que provocó el exterminio de millones de personas. 6.-Tras la creación en 1947 del Estado de Israel y los subsiguientes enfrentamientos bélicos entre israelíes y árabes, las tropas israelíes ocuparon Gaza y la mayor parte de Cisjordania, y su Gobierno no ha permitido que el pueblo palestino haya ejercido su legítimo derecho a la libre determinación. 7.-Desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1986, España e Israel han llevado a cabo una amistosa política de cooperación, que se ha puesto últimamente en entredicho por la conducta inadecuada de los dos Gobiernos. 8.-El 7 de octubre de 2023, el movimiento terrorista Hamas -que gobierna en Gaza- realizó un brutal ataque dentro de Israel en el que sus miembros asesinaron a unos 1.200 israelitas y secuestraron a un centenar de ciudadanos, lo que supuso un cualificado acto de genocidio. En el ejercicio de su derecho de legítima defensa, Israel atacó a Gaza, pero lo está haciendo de forma desproporcionada y en violación de las normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, causando más de 30.000 muertos. 9.-Aunque esta actuación sea condenable, no justifica que la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, y la ministra de Defensa Margarita Robles hayan acusado a Israel de cometer actos de genocidio, y que la vicepresidenta Yolanda Díaz y varios ministros hayan asumido los postulados de Hamas y propugnado el reconocimiento de un Estado palestino desde el río Jordán al Mar Mediterráneo, lo que implicaría la destrucción de Israel. 10.-El Gobierno israelí ha reaccionado de forma desproporcionada al reconocimiento por el Gobierno español del Estado palestino, y el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, lo ha acusado de alentar el genocidio del pueblo judío, y tomado medidas de retorsión, como la amenaza de cerrar el Consulado General de España en Jerusalén. 11.-Hamas e Israel han actuado de manera execrable, igual que ha hecho Irán, que ha atacado a Israel a través de sus protegidos Hamas, Hizbollah y las milicias hutíes. 12.-Es imperativo y urgente la adopción de un alto el fuego en Gaza, tal y como ha propuesto la Asamblea General de la ONU, pero que no ha podido ser acordado en el Consejo de Seguridad por el veto de Estados Unidos. El primer ministro israelita, Benjamín Netanyahu -que ha sido denunciado por el fiscal general de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad- ha hecho caso omiso a la orden del Tribunal Internacional de Justicia de que cesen de inmediato los ataques en Rafah y la situación en esta ciudad es cada día más calamitosa. 13.-El Gobierno español no ha estado a la altura de sus responsabilidades, ni en el grave conflicto armado de Gaza entre Israel y Hamas, ni en el inexistente conflicto entre España y Argentina. En nuestra calidad de personas que hemos dado buena parte de nuestra vida al servicio del Estado, hacemos un llamamiento al Gobierno para que adopte una actitud conforme con su responsabilidad histórica y con el interés general de España. -Arias, Inocencio -Benavides, José Ignacio -Cámara, Manuel de la -Camuñas, Ignacio -Cervera, José Manuel -Jiménez-Ugarte, Javier -Leña, Juan -Martel, Erik -Miguel, Ramón de -Péréz, Arturo -Perinat, Luis Guillermo, marqués de Perinat -Prat, Juan -Remacha, José Ramón -Ybáñez, Eloy -Yturriaga, José Antonio de”. La Declaración es auto-explicativa y no requiere mayores comentarios. Con su absurda actitud hacia Argentina, Sánchez ha hecho asimismo un desaire a Felipe VI, quien -de conformidad con el artículo 56 de la Constitución- asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales, “especialmente con las naciones de su comunidad histórica”. Este menosprecio se refleja en la cada vez más frecuente ausencia del ministro de Asuntos Exteriores o de un “ministro de jornada” en los viajes que realiza el Rey al extranjero, sobre todo con motivo de las tomas de posesión de presidentes iberoamericanos. En cuanto al creciente deterioro de las relaciones con Israel, Sánchez ha decidido que España se sume a la demanda planteada ante el TIJ por Sudáfrica contra Israel por la comisión de delitos de genocidio, con lo que corrobora las acusaciones al efecto realizadas por varios miembros de su Gobierno. La actuación diplomática del Gobierno de Sánchez ha traspasado todos los límites posibles de lo tolerable y está desprestigiando a España ante sus propios ciudadanos y ante la Comunidad internacional y la opinión pública mundial. La voz de unos diplomáticos jubilados es bastante débil, pero ofrecen al menos el testimonio de que -por muchos ropajes con que lo cubra la “agitprop” sanchista- el rey Pedro esta desnudo, y para recordar a todos los que prefieren mirar para otro que no se puede supeditar la política exterior española a los intereses particulares de una persona, en detrimento del interés general de la Nación. Madrid, 29 de junio de 2024

Acuerdo para la renovación del CGPJ, a pesar de todo

ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ, A PESAR DE TODO Al fin llega una buena noticia en el polarizado ambiente político que soportamos, porque, después de 5 años y medio, el Gobierno y el principal partido de la oposición han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y nunca es tarde si la dicha es buena. El pasado día 25, el ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, firmaron en Bruselas un acuerdo a estos efectos, bajo la mirada benévola de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova. Este hecho finaliza una situación de anomalía constitucional, pero pone de manifiesto otras anomalías significativas: a) El acuerdo lo han firmado un ministro del Gobierno y un miembro de la Oposición, cuando deberían haberlo hecho los presidentes del Congreso y del Senado, que son las autoridades responsables de la renovación periódica del GPJC; b) la firma se ha producido en Bruselas, cuando debería haber sido realizada en Madrid en las sede de las Cortes, responsables en este asunto; c) ha actuado innecesariamente de mediadora una comisaria europea, cuando se trata de un asunto de la competencia doméstica de uno de los socios de la UE. Pero, dejando de lado pruritos jurídicos, lo importante es que, tras una larguísima y dolorosa gestación, la montaña judicial ha parido una veintena de ratones, muy aseaditos ellos, sin la excrecencia de roedores ultraizquierdistas o nacionalistas. Mi más cordial felicitación a la pareja de hecho, aunque sea de conveniencia y de corta duración. Según un editorial de “El Mundo”, es probablemente el pacto menos malo de todos los verosímiles, aunque luego se autocorrija en parte al afirmar que supone un avance meritorio respecto al sistema actual, que está basado en el reparto de cromos. Yo no soy tan pesimista y comparto la opinión de su columnista, Elisa de la Nuez, de que el acuerdo es en sí mismo una muy buena noticia, habida cuenta de la insostenible situación del CGPJ, que tan nefastas consecuencias ha deparado. Con independencia de que la elección haya sido realizada por una mano ejecutora a la que no correspondía, lo cierto es que se trata de una selección correcta y bien equilibrada, formada por 10 juristas progresistas y 10 conservadores, escogidos de la lista de candidatos elaborada en 2018 por la Junta Electoral Central. El ejecutivo no ha impuesto de antemano el nombre del presidente del CGPJ, que es a la par el presidente del Tribunal Supremo (TS) -aunque está en ello y se habla de la magistrada izquierdista moderada Pilar Teso-, y ha dejado su elección -como manda la Ley- a la libre decisión de los vocales del Consejo. El paquete acordado contiene varias decisiones tendentes a mejorar la independencia del poder judicial, tal como había propuesto el PP, y que resultan muy positivas: a) Los nombramientos del presidente del CGPJ, de los magistrados del TS y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales deberán ser realizados por mayoría reforzada de un mínimo de 13 votos; b) antes de volver al servicio judicial activo, los jueces y fiscales que hayan desempeñado cargos políticos deberán pasar dos años en barbecho; c) para poder ser elegido miembro del TS, los magistrados deberán tener una antigüedad mínima de 20 años de servicio; d) prohibición expresa de ser nombrados fiscal general quienes hayan sido ministros o secretario de Estado; e) tampoco podrán serlo los antiguos consejeros autonómicos y diputados en cualquier tipo durante un periodo de cinco años posteriores a sus ceses. El tema más controvertido -y del que el PP había hecho una cuestión de principio- era el de la modificación del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. El compromiso alcanzado radica en que se adoptará una Ley Orgánica para el reforzamiento de la justicia, en la que se incluirá una disposición adicional única, por la que se dará un plazo de seis meses a los vocales para que presenten propuestas de reforma que establezcan la “participación directa” de los jueces en la elección de los doce vocales de procedencia judicial. Tras realizar un estudio comparado de los sistemas europeos para elección de vocales en órganos análogos, el Consejo deberá adoptar por mayoría de 3/5 una propuesta de reforma, que será remitida a las Cortes para su consideración. El PP ha salido como ganador moral en este enfrentamiento, pero puede tratarse de una victoria pírrica cercana a la política ficción, porque -aunque el PSOE haya cedido aparentemente- sigue manteniendo su radical oposición a que sean los jueces los que nombren a sus pares. Confía en que no se superarán las mayorías reforzadas exigidas y cuenta con la ventaja de poseer la mayoría en el Congreso, uno de los órganos que decidirá sobre la cuestión. Todo dependerá en último término de cómo se interpreten las palabras “participación directa de los jueces”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ya ha afirmado que el pacto no incluye de ninguna de las maneras que los jueces elijan a los jueces. En el lado positivo está la presencia de la Comisión Europea como mentora y supervisora del pacto alcanzado; en el negativo, la notoria falta de credibilidad de Pedro Sánchez y su ausencia de escrúpulos a la hora de incumplir su palabra. Otra ventaja colateral del pacto, ha sido el desbloqueo por parte del PSOE en el Senado de la cobertura de la vacante del Tribunal Constitucional (TC) ocupada por Alfredo Montoya, baja por enfermedad desde julio de 2022. Apenas se ha comentado que mientras demonizaba al PP por bloquear la renovación del CGPJ, el PSOE ha impedido durante dos años que se cubriera una vacante en el TC. El puesto ha sido cubierto por el magistrado del sector conservador José María Macías, con lo que el rodillo en este Tribunal se ha reducido ligeramente, pasando a un 7-5, aunque el comando sanchista liderado por Cándido Conde-Pumpido cuenta con margen suficiente para seguir cometiendo sus continuadas fechorías judiciales. Reacciones ante el acuerdo PSPE-PP sobre el CGPJ Cabe preguntarse qué ha llevado a Sánchez -el “hombre del muro” que le ha negado al PP el pan y la sal- a cambiar una vez más su opinión -en este caso para bien- y aceptar un acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición. No había ningún problema jurídico para la renovación, dado que el meollo del acuerdo estaba consensuados desde hace años, y solo faltaba voluntad política para finalizarlo. Incluso cuando la negociación estaba bien encarrilada y a punto de fructificar, Sánchez se salió con uno de sus desplantes y lanzó al PP el absurdo ultimátum de que, si no claudicaba, cambiaría el sistema de elección de los jueces. Especulando -pues no soy un “sanchólogo”-, cabría pensar que, al tener tantos frentes abiertos al mismo tiempo, podría haber considerado conveniente soltar lastre en uno de ellos. A ello se añadiría la contradictoria paradoja de su labor de estadista europeo que negociaba en nombre del socialismo sobre las instituciones de la UE con el PP europeo -en el que su némesis española es el segundo en importancia-, y su negativa a ni siquiera hablar con el PP español y su intención de exterminarlo por ser el elemento más cualificado de la ultraderecha. Aunque siga con su intención de controlar el TS, tendrá que abandonar esa vía e intentar lograrlo por la puerta de atrás, a través de la connivencia de su servil Conde y su cuadrilla progre. El portavoz López dio una de sus lecciones de abogado de secano al afirmar que el Gobierno había objetivado el paso entre la política y la justicia. Como según la Constitución, la justicia emana del pueblo, que está representado en el Congreso, las Cortes no pueden estar al margen. Bolaños estaba eufórico con su criatura y comentó que se había recuperado la normalidad institucional y era una gran día para España, para la democracia y para el Estado de Derecho. Incluso Sumar -que no ha tocado bola en la negociación- se ha sumado con la boca pequeña a los parabienes y su menguante y lideresa, Yolanda Díaz, ha comentado que ha estado en permanente contacto con el PSOE en las negociaciones y contribuido a la elección de vocales, y -para variar- se lanzó a criticar al PP por la muerte de Manolete. Alberto Núñez Feijóo también estaba eufórico y dijo que “se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo, se acabaron las puertas giratorias entre el Poder Judicial y el Legislativo, y se acabó el que los jueces no puedan participar directamente en el sistema de elección de sus representantes”. Se ha frenado el ansia del PSOE de colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos empleados en otras instituciones, y se ha conseguido consagrar el principio de que la justicia está al servicio de los españoles y no de los políticos. Ha cumplido los compromisos asumidos de fortalecer y despolitizar la justicia, avanzar en la independencia judicial, realizar una reforma legal para renovar los jueces, acabar con las puertas giratorias y promover la independencia del fiscal general del Estado. Ha aceptado negociar a pesar de la escasa fiabilidad de Sánchez, porque sabía distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Ha logrado salir airoso de la difícil situación en la que se encontraba el PP y los medios de comunicación así lo han reconocido. Misión cumplida. Ha conseguido además el respaldo de todos sus dirigentes, incluidos los más reticentes con el PSOE. Algo bueno debe tener el pacto judicial cuándo ha sido acerbamente criticado tanto por la extrema derecha, como por la extrema izquierda y por los nacionalistas. Santiago Abascal ha acusado a Feijoó de traidor por haber entregado la justicia a Sánchez, justo cuando la corrupción le rodeaba y estaba en mitad de su golpe a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles. El PP es lo mismo que el PSOE y Feijoó legítima a Sánchez y lo atrinchera en un poder absoluto. Ione Belarra ha acusado al PSOE de rendirse ante una derecha que hace la guerra sucia judicial y mediática, y estimado que el acuerdo supone la formación de una gran coalición entre el PP el PSOE. Según Bildu, se ha perpetuado el sesgo político y antidemocrático de la justicia, y su hermano separado del PNV ha mostrado su sorpresa porque se haya tardado tanto tiempo para que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo. Aitor Esteban ha dicho que el PNV no va a votar a favor de ninguno de los candidatos. Puigdemont ha señalado irónicamente que las regeneraciones democráticas las anuncian los dirigentes de izquierda, pero la ganan los de la derecha, y que el PP había sido el vencedor del acuerdo, lo que ha corroborado la combativa portavoz de JxC en el Congreso, Marta Nogueras, al comentar que la regeneración democrática del PSOE era un mero reparto de poder con el PP. Gabriel Rufián ha criticado al PSOE por haber pactado con el PP, un partido al que hace unas semanas responsabilizaba de ser la máquina del fango. El acuerdo no reflejaba la pluralidad de la Cámara. “Me parece una mala cosa, teniendo en cuenta la guerra judicial en este país”. La prioridad del nuevo CGPJ será cubrir con urgencia las 94 plazas vacantes, entre las que se encuentran 25 de magistrado del TS y 38 presidencias de diversos Tribunales, y tratar de normalizar la situación en éstos lo antes posible. Es un tremendo alivio que el Gobierno y sus aliados no hayan logrado controlar el Consejo -como han hecho con el TC-, porque corríamos el riesgo catastrófico de e tener un Supremo trufado de Garzones, Pallines y de Pradas. Sánchez y Conde han creado un Tribunal de Casación por encima del TS Según el artículo 123 de la Constitución, el TS es “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Desde el comienzo de su mandato, Sánchez ha intentado controlar el TS por distintos medios y, a tales efectos, nombró a Conde presidente del TC para a través de éste, dominar aquél y lo está consiguiendo en buena medida. Para cumplir este objetivo, una vez obtenida de forma obscena una mayoría que más que progresista era “sanchista” -con los nombramientos del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, y la directora general de la Presidencia del Gobierno, Laura Díez, que se sumaron a los progresistas Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y María Luisa Balaguer-, Sánchez/Conde persiguen ahora el doble objetivo de convertir al Tribunal Constitucional en constituyente, creando nuevos derechos fundamentales por la puerta de atrás de la Constitución, y de hacer del TC una Cámara de Casación del TS, a la que poder apelar en casos que, poco o nada, tengan que ver con la garantía constitucionales. 1.-Transformación del TC en un Tribunal constituyente La primera faceta se puso de manifiesto con la sentencia del TC 44/2023, que declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, doce años después la interposición de un recurso presentado por el PP. Al contrario de lo dictaminado en su sentencia 53/1985, el Tribunal declaró la plena constitucionalidad de la Ley y consideró que el aborto era un derecho fundamental absoluto de la gestante. La interrupción voluntaria del embarazo era una manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables con respecto a su propio cuerpo, y formaba parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad. Aunque la sentencia admitió que la Constitución protegía la vida del no nacido como un derecho fundamental esencial, podía ésta quedar desprotegida durante los 14 primeros meses de la gestación, en los que el nasciturus carecía de derechos y se le impondrían los derechos de la madre a impedir su nacimiento. El Tribunal afirmó que quien no era persona no podía ser titular de derechos fundamentales, en contra de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución de que “todos tienen derecho a la vida”. Como señalaron en su voto particular los cuatro magistrados de la minoría -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa-, los magistrados de la mayoría habían excedido el alcance del control constitucional que correspondía al Tribunal y reconocido un nuevo derecho fundamental denominado “derecho de la mujer a la autodeterminación respecto a la interrupción del embarazo”, lo que era una potestad de poder constituyente y no de los poderes constituidos, con lo que incurrió en un notorio exceso de jurisdicción. Para Espejel, la sentencia no se ceñía a una interpretación estrictamente jurídica y daba entrada a un planteamiento ideológico tendente a crear un inexistente derecho fundamental de la mujer al aborto que -además de dejar desprotegida la vida humana en formación- desbordaba el único modelo constitucional posible según la Ley 2/2010, cerrando el paso a cualquier otra opción. El TC actuó “ultra vires”, al crear un supuesto derecho constitucional como si fuera un poder constituyente, y eliminar otros derechos fundamentales preexistentes, como el derecho a la vida del no nacido. Conde y los magistrados progresistas han convertido el TC en un Tribunal constituyente con las manos libres para cometer cualquier dislate. 2.-Conversión del TC en Tribunal de Casación de las sentencias del TS A diferencia de la jurisdicción del TS que es de ámbito general, la del TC es especializada y residual, y está limitada por las competencias que le han sido específicamente atribuidas por el artículo 161-1 de la Constitución o por una Ley Orgánica “ad hoc", y entre ellas no figuran las de entrometerse en las atribuciones del TS, ni en modificar el contenido de sus decisiones. Pese a ello, el TC ha intentado a menudo enmendarle la plana al TS, como cuando sus magistrados -la mayor parte de los cuales no son jueces- corrigieron la interpretación que éste hacía de la extensión de los plazos procesales, una cuestión técnico-jurídica totalmente ajena a su competencia. Otro importante modo del TC de interferir en las competencias del TS ha sido mediante el abuso en la aceptación de recursos de amparo en base, no a supuestas violaciones de derechos fundamentales, sino a discrepancias sobre las resoluciones sustantivas del máximo Tribunal de la Nación. Tal ha ocurrido recientemente con las concesiones de amparo a Alberto Rodríguez o a Arnado Otegui. En el primer caso, el TC admitió el recurso del ex-diputado canario, que había sido condenado por atentado a un agente de la autoridad. Rodríguez recurrió por estimar que no había cometió delito alguno y el TS convalidó la sentencia, si bien le rebajó la pena a 15 días de prisión y se la conmutó por una multa. El agraviado solicitó amparo al TC y éste se lo concedió por estimar que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal. Dio por buenos los hechos considerados probados, pero les dio una interpretación diferente a la del TS, y entró a examinar el fondo del asunto sin tener competencia para ello. En el segundo, Otegui fue condenado en 2011 por terrorismo por la Audiencia Nacional a una pena de 10 años de prisión, que le fue rebajada a 6 años y medio tras su recurso al TS. El terrorista recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estimó que su juicio no haya sido imparcial, debido a un comentario de la presidenta del Tribunal, Angela Murillo, durante el interrogatorio que -aunque fuera poco oportuno- carecía de trascendencia jurídica, y ordenó que se repitiese la vista oral. Otegui se opuso a la repetición del juicio, alegando que, de hacerse así, se violaría el principio “non bis in idem”, conforme al cual no se pueden celebrar dos juicios por unos mismos hechos. Recurrió en amparo al TC, que le dio la razón, pese a que era obvio que no había ocurrido tal cosa pues se habría celebrado un solo juicio, ya que el anterior había sido anulado. El TC aceptó la validez las sentencias del TS y del TEDH, que prescribían la repetición de parte del juicio, pero desechó su contenido, tras examinar el fondo de un asunto que no era de su competencia. Esta obsesión del TC de marcar su superioridad sobre el TS en temas sin conexión alguna con su facultad de ofrecer garantías constitucionales a los ciudadanos, ha alcanzado últimamente unos extremos intolerables con su intromisión en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso del fraude de los ERE, que fue convalidada por el TS. Por dichas sentencias, los miembros de varios Gobiernos autonómicos de Andalucía, incluidos dos expresidentes de la Junta -todos salvo el asesor jurídico y el interventor general, que advirtieron de la ilegalidad de las actuaciones-, fueron condenados a penas de cárcel y de inhabilitación por delitos de prevaricación y de malversación. Los condenados presentaron un recurso de amparo ante el TC y éste aceptó a trámite las demandas y ya ha concedido el amparo a la exconsejera Magdalena Álvarez, y anulado parcialmente su condena por prevaricación, al haberse vulnerado el derecho de legalidad penal en la interpretación que el TS había hecho del artículo 446 del Código Penal, calificada por la ponente Montalbán de frívola, extravagante y escasamente fundada en derecho, ya que la supuesta prevaricación no se refería a una resolución administrativa, sino a un acto de Gobierno pre-legislativo que debería ser aceptado por el Parlamento, por lo que escapaba al control de los jueces al ser un acto político. Siguiendo este increíble razonamiento, la mayoría de los actos de los políticos escaparían al control judicial. Como han observado los magistrados de la minoría en su voto particular, el TC no tiene competencia para definir o interpretar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y la función de interpretar y aplicar la legislación, subsumiendo en las normas los hechos enjuiciados, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, y no a los especiales como el TC. Aunque esto es suficientemente grave, aún será peor lo que está por venir, porque en la ponencia de Montalbán sobre el recurso de la viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, no sólo la liberaría total o parcialmente del delito de prevaricación, sino también del de malversación. Las leyes de presupuestos de 2002 a 2009- que no fueron impugnadas- amparaban el modo de gestión globalmente seguido. Los altos cargos tuvieron conocimiento de que las ayudas no se sujetaban a los requisitos del procedimiento aplicable a las subvenciones excepcionales y eran conscientes de los riesgos de desvío que esa aminoración de controles podría generar, pero ese riesgo era inherente al sistema de presupuestación legalmente establecido. Aprobar una ley no era en sí mismo un acto ilegal y todo lo que sirvió para alimentar la partida 31L de los presupuestos –el “Fondo de reptiles”- estaría amparado por esas leyes presupuestarias. Los diputados habían adoptado esta fórmula para dar agilidad a las ayudas a los parados, sin que eso supusiera necesariamente que conocieran el uso fraudulento que se hacía de ellas. No había prueba de que los altos cargos tuvieran conocimiento del uso arbitrario y fraudulento que se estaba dando las mismas, pese a que todos ellos intervinieron de alguna manera en el diseño de un procedimiento que, al eliminar todos los controles, lo hacia posible Esta forzada interpretación permitirá que se vayan de rositas, o con penas testimoniales, los responsables directos o indirectos de una estafa de 679 millones de euros, la mayor habida en la España democrática. Habrá que esperar a conocer las sentencias sobre todas las demandas de amparo presentadas y sus fundamentos jurídicos, pero la intención del Gobierno asumida por el TC es la de exonerar total o parcialmente a los malversadores. Esta inadmisible exoneración se la deberemos políticamente Sánchez y jurídicamente a Conde, con la actuación estelar de Montalbán, vinculada al socialismo sevillano y a la que José Antonio Griñán otorgó la Medalla de Oro de Andalucía ¡Cada palo que aguante su vela! Madrid, 27 de junio de 2024

Nueva derrota de la izquierda en las elecciones europeas

NUEVA DERROTA DE LA IZQUIERDA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS El pasado 9 de junio finalizaron las elecciones al Parlamento Europeo (PE) en los 27 Estados miembros de la UE, con la victoria del Partido Popular Europeo (PPE), seguido por la Alianza Progresista de Socialistas (S&D). Se ha producido un vuelco hacia la derecha y ha aumentado en la Cámara la presencia de los partidos de extrema derecha, si bien se ha mantenido la mayoría centrista integrada por el PPE, la S&D y los partidos liberales de Renew Europe. Desarrollo de la campaña electoral Las campañas en los distintos países se han centrado sobre temas nacionales y se han pasado por alto los graves desafíos a los que se enfrenta la UE en el inmediato futuro. Esta actitud de despreocupación por los asuntos que afectan a los Estados miembros de la Unión se ha puesto obscenamente manifiesto con la campaña realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se ha ignorado por completo los problema europeos y se ha centrado en los nacionales, los internacionales extraeuropeos e incluso los personales de presidente del Gobierno. En la campaña no se ha dicho ni una palabra sobre cuestiones esenciales como la inflación, el endeudamiento, el equilibrio financiero, la transición energética, la situación del campo o la inmigración, y el tema monotemático has sido la guerra a muerte contra la ultraderecha -en la que ha incluido al PP-, la construcción de muros, la máquina del fango, la lucha contra Milei, Bolsonaro, Trump, Netanyahu, Rajoy, Aznar, Feijóo y el juez Peinado, y -como guinda del pastel- la exaltación de la profesionalidad de Begoña Gómez. Como observó en “El Debate” Gabriel Albiac; no íbamos a votar sobre diputados que irían a no hacer nada a Bruselas o a Estrasburgo, sino sobre la perennidad de Sánchez, y -de la resignación y la rabia- se pasaría a una tomadura de pelo. Las elecciones europeas eran un plebiscito sobre la impunidad de la persona que moraba en La Moncloa, los negocios de los parientes, la compra de sus colegas de partido, la demolición acelerada del sistema constitucional de garantías, y la inmunidad penal de todos aquellos cuya gracia necesitara garantizarse el César para seguir imperando. “. Lo que es ahora cuestión de pura y simple supervivencia es el plebiscito en marcha. En pleno mercado de compraventa y trueque de presidencias entre Puigdemont y Sánchez, las europeas van a ser la pantalla sobre la cual percibir la resignación o la rabia”. Efectivamente, Sánchez convirtió las elecciones al PE en un plebiscito sobre su persona, y el PP de Alberto Núñez Feijóo entró en el tramposo juego con su obsesión de echarlo del Gobierno, lo que resultaba contraproducente, porque el presidente movilizó a sus huestes, que hicieron piña en torno al Caudillo y a su emprendedora esposa. El mitin de Benalmádena fue un esperpento indecoroso en el que se homenajeó a una persona bajo sospecha. Resultaba alucinante ver y oír a toda una vicepresidenta del Gobierno gritando histérica cuatro veces consecutivas “!No pasarán!”, como una pasionaria de vía estrecha. ¿Quiénes no van pasar? ¿Los jueces, los mecenas, las dadivosas empresas, la UCO, las inexistentes licenciaturas, la vergüenza torera…? Los ciudadanos de países miembros de la UE nunca se han tomado demasiado en serio las elecciones al PE y aprovechan la ocasión para dar votos de castigo a sus Gobiernos en relación con temas que nada tienen que ver con la Unión, y han elevado a la dignidad de eurodiputados a personajes impresentables como José María Ruiz Mateos, Jesús Gil o Alvise Péréz. Dicha falta de interés se ha puesto de manifiesto con la escasa participación de los ciudadanos en las mismas, pese a que en algunos Estados -como Bélgica, Luxemburgo o Bulgaria- la votación es obligatoria. La participación media en dichas elecciones es del 50.97% , aunque los porcentajes varíen de forma notoria entre los 88.92% de Bélgica y el 21.34% de Croacia. En las primeras elecciones en las que España participó en 1987, votó el 68.52% , pero esta participación ha ido bajando desde entonces hasta llegar en 2024 al 49.21%. Los españoles deberían mostrar mayor interés, aunque solo fuera por el hecho curioso de que el partido que gana las elecciones europeas suele ser el ganador de las siguientes elecciones generales. Resultados de las elecciones en la UE y en sus países miembros Salvo el PPE, han perdido escaños los partidos que integraban la mayoría centrista y los situados a la izquierda del espectro político, mientras que han aumentado su representación los partidos de derechas. El “ranking” en escaños ha sido el siguiente: PPE 186 (+10), APS 135 (-4), Renew 79 (-23), Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) 69 (=), Verdes/ALE 53 (-19), Identidad y Democracia (ID) 58 (+9), No Inscritos, 45 y Otros 55. Entre los No Inscritos figura la neo-nazi Alternativa para Alemania (AfD), que fue recientemente expulsada del grupo ID y, entre los Otros el Fidesz de Viktor Orban, que fue excluido en su día del PPE. Es probable que se produzcan nuevos reagrupamientos y tránsitos de partidos de un Grupo a otro. En varios países miembros se han producido importantes cambios, que repercutirán sin duda en funcionamiento del PE. 1-Francia: El ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen -liderado por el joven Jordan Bardella- ha ganado las elecciones con el 34,43% de los votos y 30 escaños, frente a los 13 de la candidata gubernamental Valérie Hayer y de los socialistas, los 9 de la Francia Insumisa y los 6 de los Repúblicanos. Tras la hecatombe de su partido, Emmanuel Macron ha hecho un “Sánchez”, disuelto el Parlamento y convocado elecciones generales para el 30 de junio. Creo que se ha apresurado y ha cometido un grave error que le puede resultarle bastante caro a él, a Francia y a la UE. 2.-Alemania: Ha ganado la CDU con 30% de los votos y 29 escaños, pero se han producido dos resultados muy negativos: el segundo puesto ha sido para la AfD con 15 escaños (+6), y el tercero para el SPD de Olaf Scholz con solo 14 (-2), los peores resultados de su historia. Los neo-nazis han vencido en la antigua RDA, lo que demuestra que los extremos comunistas y fascistas se tocan. También han perdido peso los otros dos socios del Gobierno: los Verdes con 12 diputados (-9) y el FDP con 5. 3.-Italia: Han vencido los Fratelli de Giorgia Meloni con 24 escaños, seguidos del Partido Democrático (21), Cinco Estrellas (10), y Forza Italia y la Liga (8). La presidenta tendrá que decidir si acepta la propuesta de Le Pen de fundir el CRE y la ID para crear un gran Grupo de extrema derecha u opta por mantenerlos separados y dejar abierta la posibilidad de acuerdos con el PPE sobre cuestiones puntuales. 4.-Polonia: La Coalición Cívica de Donald Tusk ha aguantado la embestida del ultranacionalista Jaroslaw Kaczynski y conseguido 37.1% de los votos y 21 escaños, frente al 36.2% y 20 diputados de Ley y Justicia. Konfederatzia con sus 6 diputados se ha incorporado al PPE y ha reforzado las posiciones centristas. 5.-Benelux: En las fracturada y caótica estructura política belga hasta 13 partidos han sacado diputados, pero un máximo de 3. Los más votados han sido Vlaamde Alliantze -nacionalista- y Vlaam Belang -ultraderechista-. El Partido Liberal Flamenco de Alexander de Croo ha fracasado rotundamente y el primer ministro ha presentado su dimisión. En Países Bajos ha ganado el Partido Socialdemócrata de Frans Timmermans -21.1% y 8 escaños-, seguido del ultraderechista Partido de la Libertad de Geert Wilder -17% y 6-, y del PVV de Mark Rutte -11.4% y 4-. En Luxemburo, sus 6 caños se han dividido entre 5 partidos, resultando ganador el Partido Popular Socialcristiano con 2. 6.-Portugal/Irlanda/Austria: En Portugal, la gubernamental Alianza Democrática ha igualado en 7 escaños al Partido Socialista, pero éste ha superado a aquél en votos - 32.4% frente al 31.9%-. El populista Chega ha perdido 9 puntos con respecto a las elecciones generales y solo ha conseguido 2 diputados. En Irlanda se han repartido 3 escaños los gubernamentales Fine Gael y el Fianna Fail, el nacionalista Sinn Fein y un grupo independiente. Otra sorpresa la ha dado Austria por el triunfo del ultraderechista FPO con 6 escaños -25.4%-, seguido de cristianodemócratas y socialistas con 5. 7.-Grecia/Chipre/Malta: En Grecia triunfó la gubernamental Nueva Democracia con 7 diputados, seguida de Syriza con 4 y el Pasok con 2. Chipre ha distribuidos escaños entre 5 partidos, consiguiendo 2 de ellos el cristianodemócrata Disy, y en Malta, laboristas -45.26%- y populares -42%- se han repartido los 6 escaños, y la líder de éstos, Roberta Metsola, tiene muchas posibilidades de mantener la presidencia del PE. 8.-Grupo de Visegrado: En Hungría se ha impuesto el Fidesz de Viktor Orban -44.8% y 11 diputados-, pero sorprendentemente el partido opositor Tisza ha conseguido 29.6% de los votos y 7 diputados. En Eslovaquia también ha habido sorpresa al ganar el Partido Socialista -27.8% y 6 escaños- frente al gubernamental Simer del primer ministro Robert Fico. En la República Checa ha ganado la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos -26.1% y 7 diputados-, seguido del cristianodemócrata SPOLU -22.3% y 6-. 9.-Balcanes: En Rumanía, la coalición nacionalista liberal CNR ha obtenido 21 diputados y la socialista AUR 6. En Bulgaria, los partidos populares han conseguido 6 escaños, los liberales 5 y los socialistas 2. El Partido Popular ha obtenido 6 escaños en Croacia -34.6%- y el socialista SDP 4 -26%-. En Eslovenia, ha vencido el Partido Popular SDS con 4 diputados -30.6%-, seguido del liberal GS con 2 -22.2%-. 10.-Países escandinavos: Los partidos socialdemócratas y verdes han mantenido su influencia. En Suecia, los socialdemócratas han logrado 5 escaños -24.8%- y el Partido Moderado 4; en Dinamarca, la Izquierda Verde -17.4%- y el Partido Liberal de la presidenta Mette Frederiksen -15.6%- obtuvieron 3 escaños cada uno, y el Venstre 2 -14.7%; y, en Finlandia, la centrista Coalición Nacional consiguió 4 diputados -24.8%- y la Alianza de Izquierdas 3 -17.3%-, el Partido Socialdemócrata -14.9%- el liberal Kesk -11.8%- y la Liga Verde -11.3%- dos cada uno. El ultranacionalista Partido de los Finlandeses solo ha conseguido un escaño. 11.-Países Bálticos: Han vencido los partidos de centro-derecha. En Estonia ganó el cristianodemócrata Isamaa -21.5%- seguido por el socialdemócrata SDE -19.3%-, con dos diputados cada uno. El Partido Reformista de la presidenta Kaja Kallas solo obtuvo un escaño. El Lituania, los populares consiguieron 3 diputados -21.3%- y los socialistas 2 -18%-. En Letonia, la centrista Nueva Unidad de la presidenta Evika Silina -25%- y la nacionalista Alianza Nacional -22%- lograron dos diputados cada una y los restantes 5 escaños fueron ganados por 5 partidos diferentes. La impresión general es que ha habido un corrimiento hacia la derecha -ya reflejado en las últimas elecciones nacionales-, pero no hacia la extrema derecha, como algunos medios la comunicación han estimado en base al considerable progreso de los partidos ultranacionalistas en Francia y Alemania. Según Ignacio Molina, ha ganado el europeísmo más conservador, en detrimento del socio-liberal. Para Aníbal Jozami -en “Fundación del Foro Sur”- la UE se ha desplazado a la derecha, pero no hacia su variante extrema, y nada indica que se haya renunciado a la vocación europeísta e integradora. Más de 400 de los que 720 eurodiputados son europeístas convencidos y mantienen la mayoría detentada por los Grupos centristas del PPE, la S&D y Renew. El European Council of Foreign Relations ha dado una versión pesimista del vuelco producido y ha comentado que -entre la esperanza y el miedo- la UE se ha inclinado hacia éste. El nuevo PE será más beligerante con la cesión de competencias y, en consecuencia, la integración podría sufrir un frenazo. Ha señalado que hay que “renovar las categorías, actualizar los modelos y repensar hasta el sentido mismo del europeísmo”, y que hace falta “otra ilusión, otras promesas, otras esperanzas”. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a socialistas y liberales para mantener la colaboración con el PPE, y afirmado que “construiremos un bastión contra los extremistas de izquierda y de derecha. Los partidos de centro tenemos una gran responsabilidad. Podemos discrepar en asuntos concretos, pero todos queremos estabilidad y una Europa eficiente que funcione”. Hay, por tanto, margen suficiente para que el proceso de integración no se vea adversamente afectado, si bien habrá un cambio de prioridades. Cómo ha señalado Pablo Suanzes en “El Mundo”, ha pasado la era del Pacto Verde, y entramos en la de la competitividad, la industria, la economía, y la seguridad y la defensa. En opinión de Belén Becerril, es fundamental mantener la unidad entre los Estados miembros para afrontar con éxito la pérdida de peso económico y demográfico de Europa en un mundo de gigantes. Resultados de las elecciones en España La elecciones en España han sido ganadas por el PP, que ha sacado 701.781 votos, 4.2 puntos y 2 escaños más que el PSOE. Los populares se han impuesto en 13 Comunidades, incluidas Castilla /La Mancha y Asturias. Los partidos a su izquierda han decrecido y los de la derecha extrema crecido, tanto en número como en la aparición del seudo partido “Se Acabó la Fiesta”. Los resultados han sido los siguientes: -PP: 5.963.074 votos (34.2%) y 22 escaños (+10) -PSOE 5.261.293 “ (32.2%) y 20 “ ( = ) -Vox 1.678.218 “ ( 9.6%) y 6 “ (+ 2) -A. República 856.500 “ ( 4.9%) y 3 “ ( = ) -Sumar 815.545 “ ( 4.7%) y 3 “ (- 3) -SALF 800.763 “ ( 4.6%) y 3 “ (+ 3) -Podemos 571.902 “ ( 3.3%) y 2 “ (+ 2) -JxC 433.000 “ ( 2.5%) y 1 “ (- 2) -PNV/CC 281.064 “ ( 1.6%) y 1 “ ( = ) Ciudadanos perdió sus 7 eurodiputados -pese haber realizado una brillante labor en el PE-, y la agrupación liderada por el populista Alvise Pérez -que ha criticado a Felipe VI por haber avalado con su firma la inconstitucional Ley de Amnistía- ha conseguido 3, lo que revela la bajeza moral de una parte de la sociedad española. El PP tiene un problema con las empresas demoscópicas, que parecen confabularse en su contra. Todas ellas -salvo la del CIS del inefable Tezanos, que daba la victoria al PSOE por amplio margen- auguraban al comienzo de la campaña una amplio triunfo de los populares, que se ha ido reduciendo durante la misma hasta obtener solo 2 escaños más que su némesis socialista. La portavoz socialista, Esther Peña, ha considerado muy positivos los resultados de los comicios, porque el PP no ha conseguido destrozar a Sánchez y “resistir es ganar”. La amarga derrota se convierte en dulce, aunque sirva de bien poco. El que no se consuela es porque no quiere. Según ha señalado Jorge Bustos, Sánchez ha perdido cuatro elecciones, carece de mayoría para legislar, tiene a la mujer y el hermano investigados por corrupción, es rehén de un prófugo como Puigdemont que es su casero con derecho desahucio, se encuentra con la oposición de jueces y fiscales a amnistiar a éste del delito de malversación, y ha decidido liquidar la separación de poderes en 15 días si el PP no se aviene a mercadear los vocales del CGPJ. Ante esta situación tan resiliente, el presidente ha anunciado la adopción de un “paquete de calidad democrática”, en homenaje al Bardem de “Huevos de oro”. La voluntad de Pedro de “eternizar lo inviable” -García Page ”dixit”- pasa así por un órgano más genital que institucional. No deja de haber algo de razón en esta euforia socialista porque “en el reino de los ciegos, el tuerto es rey”, España -como ha observado Leyre Iglesias- ha sido un ejemplo de moderación entre los grandes países de la UE. Mientras en Francia ha arrasado Le Pen, en Alemania la ultraderecha pro-nazi ha quedado segunda, y en Italia ha triunfado la posfascista Meloni, en nuestro país los dos grandes partidos tradicionales han ocupado los primeros puestos y la ultraderecha -aunque haya progresado- no lo ha hecho al ritmo de los citados países. El problema es que Sánchez -el rey de la paradoja- presenta un rostro bifronte, según mire al exterior o al interior. “Ad extram”, Sánchez centró su campaña de las elecciones en la lucha contra la ultraderecha en Europa, para lo que necesitaría la actuación conjunta con el Grupo del PPE, que ha sido el gran triunfador en la UE, gracias a la contribución de la CDU alemana y del PP español. “Ad intram”, sin embargo, el presidente -que mantiene una relación difícil con los principios de la democracia liberal- considera al PP como una parte esencial de la ultraderecha. ¡Agárrame esa mosca por el rabo! A pesar de sus reconocidas facultades para la manipulación y la cuadratura de círculos, ¿cómo puede Sánchez pedir al PPE que le ayude erradicar al PP español, al que culpa de pertenecer a la caverna ultraderechista y de albergar en la Comunidad de Madrid la maquinaria del fango? Pese a haber perdido las elecciones en España, como consecuencia del fracaso de los partidos socialistas europeos, el PSOE se ha convertido en el principal partido del Grupo S&D, y Sánchez será -junto con Scholz- su principal interlocutor con el PPE de Manfred Weber -al que ha llamado nazi- y de Feijóo -al que ha llamado de todo menos bonito-, para negociar la acción conjunta contra la ultraderecha, de la que forma parte -a su juicio- el segundo partido en importancia de dicho Grupo, que es el fulcro sobre el que girará la actuación contra los extremismos de derechas y de izquierdas, como ha reclamado von der Leyen. Otro punto contradictorio al que deberá enfrentarse Sánchez en su labor negociadora es el hecho de que extremistas de derecha -como JxC- y de izquierda -como ERC, Bildu e incluso lo que queda de Sumar- forman parte de su Gobierno o son sus aliados. No obstante -según Leyre Iglesias-, aunque el fango de La Moncloa sea más espeso que nunca, por suerte la UE sigue donde estaba y -si nada se tuerce- la coalición de populares, socialdemócratas y liberales continuará gobernándola, porque hoy día el centroderecha y el centroizquierda comparten mucho más que cada uno de ellos con sus extremos. Además, ante el evidente giro hacia la derecha en Europa, una de las formas más eficaces para luchar contra ultraderecha, es impedir que ésta se una a otras fuerzas de la derecha europeísta, como Forza Italia y los Fratelli, o los republicanos de Francia. Conviene que el centrismo europeo abra vías de colaboración con el Gobierno de Meloni en temas puntuales sobre los que están de acuerdo, como el de la guerra en Ucrania o el reforzamiento de la defensa y la seguridad de Europa. Volviendo a España, Narciso Michavila ha señalado que -pese a la exigua diferencia en escaños entre el PP y el PSOE- se ha producido una revolución electoral al conseguirse por primera vez que los votos de los partidos de la derecha superen a los conseguidos por la suma de los partidos de izquierda y de los independentistas, pero esta situación se va a desaprovechar. Algo similar se produjo en las elecciones catalanas cuando los partidos constitucionalistas superaron en votos y en escaños a los separatistas, pero el sectarismo del Gobierno de Sánchez -que depende de Puigdemont y de ERC para sobrevivir- y el servilismo del PSC -que tiene poco de constitucionalista y está siempre dispuesto a hacer de mamporrero del nacionalismo- han impedido aprovechar esta situación única. La constitución del Parlament y el nombramiento como presidente de Josep Rull -tras negarse Illa a negociar con el PP y excluirlo de la Mesa “anti-represiva”- han movido la moviola hacia el 2017, con el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, la elección de un President separatista, los discursos en pro de la autodeterminación y la independencia, y hasta el regreso de los marchitos lazos amarillos. Siguiendo su tradición, ERC ha apuñalado por la espalda al PSC, quien -como muestra de reconocimiento- le ha abierto las puertas del Ayuntamiento de Barcelona, a cuya presidencia llegó Collboni gracias al desinteresado apoyo del PP, al que ha ninguneado una vez más. Que Puigdemont vuelva a la presidencia de la Generalitat es algo más que una hipótesis de trabajo y solo depende de que Sánchez lo precise para mantenerse en el poder. Otra posibilidad es que haya que repetir las elecciones, ya que ningún candidato cuenta por ahora con mayoría suficiente. Ante la última derrota electoral, la disgregación de su Gobierno Frankenstein, la negativa de jueces y fiscales a amnistiar a malversadores, y los graves problemas de índole familiar, Sánchez ha iniciado una huida hacia adelante e intentado cambiar el marco político. Tras afirmar que la soberanía de España reside en el Congreso (¿?), ha reanudado la lucha abierta contra los jueces, los medios de comunicación fangosos y las tres cabezas se la hidra de la ultraderecha. Ha dado un ultimátum al PP para que permita la renovación del CGPJ en sus términos y amenazado con cambiar el modo de designación de los altos cargos judiciales ¿Se atreverá a violar el artículo 122-2 de la Constitución que establece que el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y que entre sus funciones figuran los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de los jueces? No me extrañaría nada porque con Sánchez todo es posible si con ello consigue conservar el poder, que es su aspiración suprema. Madrid, 13 de junio de 2024