Sugerencia para la formación de un Gobierno de mínimos

SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO DE MÍNIMOS Perdido más de un mes tras la celebración de las elecciones generales por la parsimonia y desidia de Mariano Rajoy (MR), se ha puesto en marcha el carrusel de la investidura bajo la batuta de un Pedro Sánchez (PS), resurgido de sus cenizas gracias a la dejación “mariana” y a la indecisión “susana”. Los líderes de los dos principales partidos están chamuscados, aunque el segundo menos que el primero merced a la respiración asistida que le ha prestado inconscientemente su adversario/enemigo. Felipe González ha dicho –y tiene experiencia al respecto- que el tiempo político de MR ya ha pasado, pero que él aún no lo sabe. No es que no lo sepa, es que no quiere saberlo, y no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Huele a cadaverina, pero se tapa las narices y finge no haberse enterado. PS , a su vez, se ha podrido antes de haber madurado, pero también parece ignorarlo y sigue el lema de “o César o nada”. Con la espalda contra la pared y acosado y puesto en tela de juicio por parte de su propio partido, se ha visto propulsado al primer plano de la actualidad por la “espantá” de MR, que le ha cedido de forma inexplicable el protagonismo en la escena política y mediática.. Graves errores estratégicos de Mariano Rajoy MR ha cometido el craso error de negarse a aceptar la invitación de Felipe VI a formar Gobierno y se ha sentado cómoda y “arriólicamente” en su poltrona a la espera de ver pasar el cadáver de su enemigo por la puerta de Moncloa, pero es posible que, como Carlos V, asista de cuerpo presente a su propio funeral. Ha insistido hasta la náusea en que lo único “serio y sensato” sería la formación de un Gobierno tripartito de coalición PP-PSOE-Ciudadanos (Cs) bajo su presidencia, pero no ha hecho nada significativo para intentarlo. Pese a saber que no tendría éxito en una primera tentativa de investidura, debería haber aceptado el encargo real e iniciado negociaciones con Cs –dado que PS y su partido se habían negado en redondo, no ya a dialogar, sino a sentarse con él- para esbozar un programa reformista de Gobierno que pudiera sumar apoyos y dejar a contrapié a PS, que tendría que justificar públicamente su rechazo a unas propuestas razonables incluidas en su propio programa. Pero no lo ha hecho por temor a recibir bofetadas dialécticas –algunas de ellas bien merecidas- desde todos los rincones del hemiciclo (“¡Señor, aparta de mi este cáliz!”). Ha tenido incluso la desfachatez de criticar “sotto voce” al Rey por haber encomendado la investidura al líder del segundo partido con más votos tras su inexplicada renuncia, pese a que el monarca no ha hecho más que cumplir estrictamente con su mandato constitucional. Se le hincha la boca para reclamar el Gobierno por ser el PP el partido más votado, pero –con su congénita abulia- se ha negado a hacer frente a la situación y a desbrozar políticamente el camino para ganar la investidura en una segunda intentona en el caso probable de un eventual fracaso del líder socialista. Hubiera estado así en una situación favorable para recabar el apoyo de partidos no sectarios a un programa reformista negociado con Cs y, -de no lograr la investidura- demostraría que lo había intentado y vería realzada su figura política con miras a la inevitable repetición de las elecciones, una posición que ha cedido -de forma irresponsable y, supongo, inconsciente, aunque Arriolas “haberlos, haylos”- a su principal adversario, que ha salido favorecido y rejuvenecido tras degustar la jalea real facilitada por la antesala del poder. Sólo cuando ha percibido la consolidación del “show” de PS y la posibilidad de que triunfe en su empeño, se ha decidido MR a hacer lo que debería haber hecho mucho antes: entrevistarse con Andrés Rivera (AR) y presentarle un proyecto de programa centrado en cinco puntos:1) Creación de empleo inclusivo, de mayor calidad y mejor remunerado, fomento de la contratación indefinida e impulso a la conciliación;2) reforma fiscal “para exigir más a los que más tienen” y mejora de la financiación de las Comunidades Autónomas:3) una agenda social que ponga el foco en las personas en riesgo de exclusión social y garantía de unas pensiones sostenibles:4) un pacto de Estado para mejorar la educación y fomentar la investigación científica;5) el fortalecimiento de la unidad y defensa de la nación, un pacto por las libertades y la lucha contra el terrorismo yihadista, otro pacto para mejorar la calidad de la democracia, la buena gestión en el sector público y la transparencia y la ejemplaridad, reforzamiento de la prevención y sanción de las conductas contrarias al interés general y a la ética pública, agilización de la respuesta penal frente a los casos de corrupción, adecuación del régimen de los aforamientos y reforma del régimen electoral. En definitiva, una reforma de la Constitución sin expresamente “mentar la bicha”. La música suena bien, pero hay que conocer la letra y a quienes interpreten la partitura: director, coro y orquesta. AR la ha recibido bien, pero lo mismo ha hecho con el programa del PSOE, pues es un político muy educado y complaciente, mientras que PS se ha negado a recibirlo y Pablo Iglesias (PI) y Podemos (Ps) lo han descalificado sin siquiera mirarlo. AR se ha mostrado dispuesto a negociar con el PP una hoja de ruta reformista, pues es consciente de que, sin él, es imposible realizar las reformas necesarias, especialmente la de la Constitución. La lacra de la corrupción En la realidad virtual de su jaula de oro monclovita, MR se sigue mostrando convencido de que los numerosos casos de corrupción que asolan al PP no merman en forma alguna sus posibilidades de formar un Gobierno tripartito de coalición bajo su presidencia, pero se equivoca. Como ha observado Teodoro León –en un acertado artículo sobre “Muerto en funciones”, publicado en “El Mundo”- , el crédito de MR se ha hundido en la ciénaga de la corrupción, que –por su falta de coraje para hacerle frente- ha permitido que se convierta en un estigma, y ahora, paradójicamente, todas las opciones del PP pasan por una decisión valiente suya: apartarse. Su discurso tiene sentido, pero no funciona porque está superado por la percepción de que PS crece día a día como líder, mientras él se ha convertido en un zombi. Es curioso que, aunque con retraso, la corrupción sólo parece estar haciendo mella en el PP, pero no en el PSOE –ERE, fraude en los cursos de formación, Mercasevilla…- o en CDC -áffaire Pujol y Cia, caso Palau, caso ITV-. Lo del “cortijo andaluz” es increíble. El PSOE sigue explotando su feudo desde que se restableció la democracia y ha amparado –cuando no protagonizado- un latrocinio institucionalizado de los caudales públicos. Esta corrupción se ha prolongado durante luengos años con la anuencia de la Junta y del PSOE, pero sus dirigentes -Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz- tuvieron que enterarse por la prensa de lo que estaba ocurriendo en su propia casa, y no se acaba de impartir justicia. Y todavía la hábil y eficaz “agitprop” socialista ha logrado presentar a Susana Díaz como la Juana de Arco capaz de salvar a España, aunque, eso sí, comparada con PS -“en el reino de los tuertos…”- es una mezcla de Margaret Thatcher, Golda Meyer y Ángela Merkel. El lamentable caso “Gurtel” está siendo superado por las operaciones “Taula” -con la totalidad del equipo municipal de Valencia investigado- o “Púnica”, que ponen de manifiesto que no se trata de actos aislados de “unos pocos golfos” –como decía Chaves- sino que ha afectado colectivamente a las instituciones del PP. El colmo del cinismo y la desvergüenza se han manifestado en el nombre dado por uno de los oligarcas valencianos a su negocio:”¿Qué hay de lo mío?”. .Aunque se lo haya ganado a pulso, la situación es injusta con MR, al que falta en empatía y sentido de la realidad lo que le sobra en egotismo y autosuficiencia. Ha sido un eficaz Ministro en distintas carteras y un razonable Presidente de Gobierno –especialmente en el ámbito económico, donde ha realizado una meritoria labor durante la grave crisis padecida-, por lo que es merecedor de una retirada honrosa. Si tuviera sentido de Estado, debería dar un paso al lado y ceder el liderazgo a personas más jóvenes y menos condicionados por el desgaste en el Gobierno y, sobre todo, por la lacra de la corrupción. Sería una pena que, por su empecinamiento, estropeara una larga y fructífera trayectoria política, y tuviera que salir por la puerta de atrás en medio del ludibrio general. Que siga el buen ejemplo de Esperanza Aguirre, que asimismo debería seguir la ex-alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha quedado en evidencia. El Presidente de la CEOE, Joan Rosell ha afirmado que “la ciudadanía exige transparencia, regeneración y corrupción cero”, aunque no haya hecho autocrítica por el papel asumido en ella por los empresarios, ya que tan corrupto es el dante como el tomante. La corrupción es inevitable por desgracia, porque el ansia de riqueza y la codicia son innatas a la condición humana y, donde hay poder –especialmente económico- se produce la corrupción. La adopción de normas para combatirla –incluido el endurecimiento del Código Penal- es necesaria pero insuficiente, si no va acompañada de voluntad política y de presión social para aplicarlas. Hay que controlar las competencias en materia de concesiones y contratas –especialmente en el ámbito urbanístico-, vigilar de cerca a los responsables y regular los “lobbies”, dando la máxima transparencia y publicidad a los contratos sobre proyectos de obras. Desmedida ansia de poder de Pedro Sánchez Es lógico y aceptable que un político aspire a acceder al Gobierno, pero no a cualquier precio. Pese a haber obtenido los peores resultados en la historia del PSOE, PS se muestra decidido a presidir como sea el Gobierno de la nación, buscando el apoyo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario menos el PP. Ha negado más veces a MR que San Pedro a Jesucristo -18 hasta la fecha- y rechazado darle su apoyo por activa y por pasiva, lo ha insultado y menospreciado públicamente, se ha negado a entrevistarse con él –cuando finalmente lo ha hecho ha sido como un trámite más en su intento para lograr la investidura y como un gesto en la pre-campaña para los próximas elecciones generales-, no le ha enviado su proyecto de programa de Gobierno y se ha negado a recibir el su yo. Ha dicho que hay que dialogar con todos, pero ha ignorado al partido más votado, con el que tendría que contar “velis nolis” para la necesaria reforma de la Constitución. Se ha mostrado determinado a formar un “Gobierno de progreso” y lanzado los tejos a diestra (Cs y PNV) y a siniestra (Podemos-Ps e IU) para buscar la pareja o la cuadrilla para el baile. Sólo ha dejado fuera de la pista al PP y a los nacionalistas secesionistas, aunque con la boca pequeña, pues está dispuesto a sentarse a negociar con ellos y ya les ha hecho un favor considerable al prestar a CDC y ERC diputados y senadores para que puedan tener grupo parlamentario propio en el Congreso y en el Senado. La fortuna ayuda a los audaces y no cabe negar a PS audacia y confianza en sí mismo, pues no le ha temblado el pulso a la hora de enfrentarse con el PP y con su propio partido, aunque no tanto con Ps y con los nacionalistas. Ha iniciado con toda fanfarria y alarde publicitario negociaciones con Cs, IU, PNV y Compromís, y celebrará contactos con CDC y ERC. A estos efectos, ha elaborado un proyecto de programa de Gobierno bastante etéreo e inconcreto, en el que brilla por su ausencia el tema del mantenimiento de la integridad nacional frente al desafío del secesionismo catalán. Ha tendido la mano a Ps, que se ha hecho el remolón, lanzando primero el órdago de formar un Gobierno paritario con PI de vice-todo y condicionando luego el inicio de las negociaciones a que PS rompiera las que celebra con Cs, si bien ambos líderes han admitiado que no sería difícil llegar a un acuerdo dada la coincidencia de posiciones en la mayor parte de los temas.. Al fin ha accedido a sentarse a la mesa negociadora, una vez que presente su propuesta de programa. PS prefiere un Gobierno “progresista y reformista” con Ps y sus asociados, IU y, a ser posible –aunque no lo parezca- con Cs. Para ello necesitaría la colaboración activa (apoyo) o pasiva (abstención) de los nacionalistas, que no dan puntada sin hilo y, cuando más descuidado o necesitado esté el Gobierno, le pasarían una abultada factura. Como ha advertido sin recato Andoni Ortúzar, el PNV quiere cobrar por adelantado las concesiones que le haga el PSOE. Para la otra posible alternativa –un Gobierno con Cs- se requeriría la abstención del PP y MR no está por la labor. PS va tan sobrado que ni se ha molestado en pedirle la abstención, a la que se cree acreedor, pues se queda con la parte ancha del embudo y deja la estrecha al PP. Es increíble el cinismo de PS que da por sentado que MR debería inmolarse políticamente y ofrecerle la abstención del PP, mientras él ha repetido hasta la saciedad que en modo alguno se abstendría para permitir un Gobierno del PP, aunque fuera con un candidato distinto a Rajoy. El pueblo soberano se ha expresado de manera que hace indispensable la colaboración de los dos principales partidos. Si sus líderes se ignoran olímpicamente, se insultan de forma barriobajera y no son capaces de dialogar y ni siquiera de estrecharse la mano, es evidente que están de más y deben hacer mutis por el foro. Los dirigentes políticos están prestando oídos sordos al mandato dado por el electorado, que les exige dialogar, transar y ceder en sus egoístas intereses partidarios; ser en definitiva hombres de Estado que acepten lo que el pueblo les demanda: un Gobierno de coalición en beneficio de todos los españoles. Según ha observado Joan Rosell, tenemos que acostumbrarnos a sumar más que a restar, pero nuestros políticos tienen querencia a imitar a Sansón y a hundir el templo para que perezcan todos, judíos y filisteos. La participación del PSOE en el Gobierno sería deseable y el partido cuenta con dirigentes preparados como Emiliano García Page, Pachi López, Guillermo Fernnádez Vara, Javier Fernández e incluso Susana Díaz, pero no bajo la presidencia de PS, que ha dado sobradas muestras de falta de preparación, sectarismo y ambición desmesurada, y cuyas propuestas –según Cayetana Álvarez de Toledo- “revelan un tenebroso vacío político y técnico”. Su equipo más íntimo –los Hernando, Luena y Batet- no le ayudan y, sin embargo, tiene posibilidades de presidir el Gobierno a poco de que Ps –“más vale pájaro en mano…”- flexibilice sus radicales posiciones y le dé el “sí de las niñas”. Posición abierta y conciliadora de Andrés Rivera Mientras refuerza su aparato organizativo a nivel nacional, Cs se deja querer y ha adoptado una actitud conciliadora e mediadora entre el PP y el PSOE. Está dispuesto a aceptar un Gobierno bipartito con el PSOE o con el PP, un tripartito con PP y PSOE, u otro tripartito con PSOE, nacionalistas “moderados” y Grupo mixto.Tan sólo ha rechazado, de momento, un pacto en el que se integre Ps, al que considera incompatible con sus principios. Está negociando con los dos principales partidos y se muestra sensible a sus propuestas, pero el PSOE ha descalificado la reunión de AR con MR, calificada por Antonio Hernando de “irresponsable e irrespetuosa con los tiempos constitucionales”. AR cree que MR ha dejado pasar su turno y ha cedido la iniciativa a PS para intentar formar Gobierno, e insiste en que la mejor alternativa es la formación de una gran coalición PP-PSOE-Cs requerida por el electorado, que no se ha equivocado al votar, porque los equivocados son los que no quieren lograr un acuerdo. AR es consciente de que el MR está infectado de la lepra de la corrupción y teme el contagio, pero llega a hacer sutiles distingos entre el Presidente del PP y el partido en cuanto tal. Sin declararlo abiertamente -pues ello supondría el término de las negociaciones con el PP-, ha instado a que sean sus miembros quienes le digan: “¡Márchese, Sr.Rajoy!”. Sin echarle en cara su involucración activa –no así la pasiva-, ha afirmado que los españoles han dejado de confiar en él para que lidere la regeneración política y la lucha contra la corrupción, y le ha propuesto la conclusión de un pacto de Estado al efecto. Ha adoptado una cierta lejanía con en PP para poner de manifiesto que no es su “forma blanca” y evitar el contagio de la corrupción producida en este partido, ya que ha hecho de la lucha implacable contra la misma una de las señas básicas de identidad de Cs. El partido está aún un poco “crúo” –como dicen en mi tierra- y necesita afirmarse y ganar experiencia. Su pretendida equidistancia, una cierta ambigüedad y la adopción a veces de decisiones salomónicas pueden pasarle factura. AR es el líder más valorado por la opinión pública y Cs se ha asentado como una pieza clave para la gobernabilidad en España con el que es indispensable contar. Prepotencia y maximalismo de Pablo Iglesias El éxito de Ps liderado por PI es innegable, pero se le ha subido a la cabeza. Convencido en su egotismo de que pronto o tarde llegará a presidir el Gobierno de la nación, ha adoptado actitudes maximalistas y prepotentes. Ha reclamado la formación de un Gobierno paritario con el PSOE, se ha negado hasta ahora a negociar la investidura de PS y ha exigido la aceptación del “derecho a decidir” y la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y otras Comunidades Autónomas, condicionado por su heterogéneas alianzas con los nacionalismos izquierdistas en Cataluña, Galicia y Valencia. PI -que es el factótum de Ps- mantiene la duda hamletiana de colaborar con el PSOE para formar un Gobierno progresista por él inspirado y controlado, o permitir el fracaso de PS para que se repitan unas elecciones en las que aspira a sobrepasarlo y a convertirse en la fuerza de referencia de la izquierda. El Director de “El Mundo”, David Jiménez, se ha preguntado cómo sería un Gobierno de España con Ps y ha contestado que el partido carece de un proyecto integrador común para la nación, sus propuestas son irrealizables –ya decía Francisco de Quevedo que “nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”- y sus líderes han mostrado su admiración por un régimen tan impresentable como el de Venezuela. ¿Ven en ese modelo el ejemplo a seguir?. Ps y sus partidos hermanos están demostrando su incapacidad para la gestión y su determinación de gobernar sólo para quienes le votaron y piensan como ellos, y su prioridad no parece ser el servicio público sino la ganancia de tontas batallas ideológicas. Al final va a resultar que la “nueva política” no es más que “mantener a su manera los vicios de la vieja y prometer que, una vez alcanzado el Shangai-La, el líder hará que el sol se ponga sólo cuando le convenga al pueblo”. La mayor parte de los ciudadanos y los empresarios temen la formación de lo que Casimiro García Abadillo ha calificado humorísticamente de “Gobierno Picapiedra” (Pedro y Pablo), la alianza del PSOE con Ps e IU, con la aquiescencia de los independentistas.. Para Rosell, el programa económico del PSOE no es realista en un país asfixiado por la deuda y con la necesidad urgente de recortar el déficit, y resulta imposible de realizar. La política económica que PS –un Rodríguez Zapatero-bis, corregido y aumentado- pretende re-implantar fue la que provocó el hundimiento de la economía española y el brutal incremento del paro, y que puso a la nación a los pies de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis moderno –Comisión Europea, Eurogrupo. BCE y FMI- Si a ello se añaden la asunción de las medidas populistas propuestas por Ps –que supone un considerable aumento del gastos público- y las concesiones adicionales a los nacionalistas, las perspectivas no pueden ser más catastróficas. Sin embargo, las fundadas advertencias lanzadas desde el Gobierno parecen caer en saco roto por su falta de credibilidad y no hacen sino provocar un aumento del aapoyo a Ps. Si finalmente ni MR ni PS obtuvieran la investidura, se haría inevitable la repetición de las elecciones generales, lo que sería sumamente desfavorable para el país, amén de que no resolvería nada, pues –como ha observado Felipe González- es más que probable que no cambiara en gran medida el equilibrio de fuerzas, y ha advertido a Susana Díaz: ”Darling, yo de ti no lo haría” Según el último sondeo del CIS, apenas se producirían variaciones y nos encontraríamos con una situación similar a la actual, salvo el posible “sorpasso” del PSOE por Ps. También es posible que aumentara la abstención ante el lamentable espectáculo que está ofreciendo la mayoría de los políticos. En el ínterin, la prolongada ausencia de un Gobierno estable provocaría un vacío de poder que sería nefasto en un momento de incremento del secesionismo catalán con el pulso al Estado de la Generalitat –su Presidente, Carles Puigdemont, ha reafirmado que se proclamará la República de Cataluña en el plazo de 18 meses previsto por el Parlament- y el recrudecimiento de la crisis económico-financiera global -en lo que va de año, el Ibex ha perdido más de €100.000 millones, 10% del PIB nacional, y la prima de riesgo ha empezado a subir-. Posible formación de un Gobierno presidido por Albert Rivera o un independiente La política es “el arte de lo posible” y provoca a veces extraños compañeros de cama, por lo que no cabe descartar que, a última hora, se produzca una rocambolesca solución a la catalana, aunque no parezca previsible. Ante el probable fracaso de PS y de MR y el consiguiente bloqueo de la situación, para evitar la repetición de las elecciones se me ha ocurrido una fórmula que creía que no había sido propuesta hasta ahora por nadie: la formación de un Gobierno tripartito de coalición de Cs con un PP liberado de MR y un PSOE liberado de PS o –si éste se siguiera negando- un bipartito Cs-PP, presidido uno u otro por AR o por una personalidad de prestigio, independiente y no partidaria, que resultara generalmente aceptable. Hoy se ha revelado que Esperanza Aguirre ha sugerido en privado que la salida pasa por ofrecer el Gobierno a AR .Para ello sería necesario que tanto MR como PS estuvieran dispuestos a hacerse un “hara-kiri” patriótico en beneficio de todos los españoles. Como ha declarado la propia Aguirre, poniendo presión sobre MR, “no es tiempo de partidismos ni de personalismos, sino de sacrificios y de cesiones”. ¿Estarían dispuestos MR y PS a hacer este sacrificio y aceptar la presidencia de AR o de una tercera persona cualificada?. Ya falta menos para saberlo Madrid, 15 de Febrero de 2016 .

Patrimonio Cultural Subacuático: Los últimos de Cartagena

PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO: LOS ÚLTIMOS DE CARTAGENA Hallazgo del galeón “San José” El pasado 3 de Diciembre, el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, publicó un “twiter” en el que decía: ¡Gran noticia. Encontramos al galeón San José!”. Al día siguiente, informó en rueda de prensa sobre el hallazgo el 27 de Noviembre por el buque de la Armada colombiana “Malpelo” de la nave española “San José”, en uno de los yacimientos más importantes en la historia de la arqueología del patrimonio sumergido. No aportó ningún dato al respecto por tratarse de “un asunto de Estado” que estaba bajo reserva de ley, pero afirmó que el patrimonio hallado en una zona hasta entonces inexplorada era de todos los colombianos. El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ernesto Montenegro, señaló que no tenían duda alguna sobre la españolidad del navío por los cañones de bronce con las tallas de delfines característicos de su Armada. Las autoridades españolas reaccionaron de inmediato. El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, comentó que se trataba de un buque de Estado que era propiedad de su Estado del pabellón, España. El Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, señaló que el Gobierno español iba a solicitar información al colombiano y estaba estudiando qué acciones se podían realizar en defensa de lo que estimaba que formar parte de su patrimonio cultural subacuático. También reaccionó la empresa norteamericana caza-tesoros “Sea Search Armada”, que ha reclamado el 50% del valor del contenido del galeón, ya que afirma que descubrió la ubicación del pecio en 1983. Ha habido incluso quienes, desde Perú, han presentado reclamaciones sobre el botín alegando que las monedas de oro y plata halladas en el buque habían sido acuñadas en la ceca de Lima. Hundimiento del galeón “San José” El navío “San José” y su gemelo el “San Joaquín”, construidos en Aguinaga (Guipúzcoa) en 1698, fueron los dos últimos galeones de la Flota de Tierra Firme, que estaban destinados a proteger las provincias ultramarinas españolas y a escoltar hasta la metrópoli los buques que transportaban los tesoros de la América Hispana, acosados por los corsarios y piratas ingleses u holandeses. A causa del conflicto de la Guerra de Sucesión tras la muerte de Carlos II, no pudieron trasladarse a su base en Cartagena de Indias hasta 1706, bajo el respectivo mando del General José Fernández de Santillán, Conde de Casa Alegre, y del Almirante Miguel Agustín de Villanueva. Tenían un arqueo de 1.200 Tms y estaban dotados de 64 cañones, siendo de gran tamaño para permitir el transporte de tropas, pasajeros y mercancías, por lo que no gozaban de suficiente maniobrabilidad. En Mayo de 1708, la flota española -integrada por 12 mercantes escoltados por los dos galeones, el mercante artillado “Santa Cruz” (44 cañones), la urca “Nª Sª de la Concepción” y las fragatas francesas “Le Mieta” y “Saint Esprit”- zarpó de El Callao con destino a Cartagena de Indias. En las proximidades de la península de Banú y de la Isla del Rosario, a 30 millas de su destino, fue interceptada por la flota inglesa mandada por el Comodoro Charles Wager, que estaba compuesta por los navíos “Expedition” (74 cañones), “Kingston” (60 cañones) y “Portland” (50 cañones), y el brulote”Vulture”. En el curso del combate, iniciado el 8 de Junio, se produjo una gran explosión en el “San José”, que provoco su inmediato hundimiento –así como serias averías en el “Expedition”- y la muerte de 589 de las 600 personas que iban a bordo del galeón. La batalla de Banú fue un desastre para los dos bandos. La flota española perdió 3 de sus buques –el “San Joaquín” logró escapar y transferir su preciada carga al navío francés “Saint-Michel”, aunque sería hundido más tarde- ,y la inglesa, amén de la inmovilización de su buque insignia, no logró hacerse con los tesoros que transportaban los dos galeones. Supuso el final de los mastodónticos galeones, que difícilmente podían hacer frente a los navíos ingleses, más veloces y ágiles, y mejor armados, tanto en número de cañones como en su calibre. La actuación de la flota inglesa, al amparo de una guerra civil de sucesión en la que Inglaterra apoyaba al bando del Archiduque Carlos de Austria, era una muestra de su cínica actitud, pues aprovechó la ocasión para conquistar y mantener para sí Gibraltar y Menorca, mermar la fortaleza de la Armada española y lucrarse con los tesoros que transportaba. Regulación Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático La III Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar apenas reguló la cuestión de la protección de los restos submarinos. Algunos países mediterráneos –Grecia, Italia, Malta, Portugal, Túnez y Yugoslavia- propusieron que se reconociera al Estado ribereño derechos soberanos sobre los objetos arqueológicos o históricos hallados en su Plataforma Continental, pero la propuesta no fue aceptada. La Convención de Montego-Bay de 1982 (CNUDM) tan sólo contiene un artículo sobre la protección de los objetos de este tipo que se encuentren en la Zona Internacional –el área donde, curiosamente, menos hay-, que deberán ser debidamente conservados y utilizados en beneficio de toda la humanidad. Incluye una cláusula de tipo general por la que los Estados están obligados a proteger los citados objetos “hallados en el mar” y establece que sus disposiciones no afectan a los “derechos de los propietarios identificables”. También se planteó el problema de los buques de Estado hundidos, que suelen contener entre sus cuadernas objetos históricos y culturales. Varios Estados socialistas propusieron que los buques de guerra o de Estado hallados fuera del Mar Territorial sólo pudieran ser rescatados por el Estado del pabellón, dado que conservaban su inmunidad de jurisdicción, pero la Conferencia no lo aceptó y la Convención dejó el tema sin resolver. Tan sólo incluyó una cláusula de salvaguardia, conforme a la cual ninguna de sus disposiciones afectaba a la inmunidad de los buques de guerra o de Estado destinados a fines no comerciales. Para colmar estas lagunas, que permitieron la acción depredadora de las empresas caza-tesoros, se celebró en París el 2001, bajo los auspicios de la UNESCO, una Conferencia que adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (PCS), que supuso un compromiso entre las tesis de quienes pretendían que se reconociese la competencia del Estado ribereño en los espacios bajo su jurisdicción y de los que defendían el monopolio del Estado del pabellón sobre los objetos hallados fuera de las Aguas Interiores o del Mar Territorial. La Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del PCS y su preservación en beneficio de la humanidad. Establece unos principios generales básicos e incluye en un Anexo normas específicas para lograr esa protección. Entre ellos destaca que dicho patrimonio no podrá ser objeto de explotación comercial, ni de operaciones de venta, compra o trueque, y descarta la especulación, las transacciones o la dispersión de los restos de valor histórico, arqueológico o cultural. El PCS comprende no sólo los objetos hundidos, sino también los “restos humanos”, y los Estados deberán adoptar las medidas adecuadas para su protección. El Estado ribereño es competente para autorizar las actividades relacionadas con el PCS en las zonas bajo su soberanía y actuar como coordinador de las consultas pertinentes y conceder las autorizaciones correspondientes en las zonas bajo su jurisdicción: Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental. La Convención excluyó paradójicamente del ámbito de la Convención -por presión del G-77- las Aguas Interiores, que son donde mas PCS cabe encontrar Inmunidad soberana de los buques de Estado Asimismo se planteó la cuestión de los buques de Estado, que fueron incluidos en el ámbito de la Convención pese a la oposición inicial del G-77, aunque quedó abierta la cuestión de si estos buques gozaban de inmunidad de jurisdicción, como mantenían los llamados “Estados afines” –Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Rusia o Suecia-. Estableció que nada de lo dispuesto en la Convención podía ser interpretado en el sentido de modificar las normas del Derecho Internacional y las prácticas de los Estados relativas a la inmunidad soberana o cualesquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques de Estado. Por tales entiende los buques pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado, o por él utilizados, que lleven signos exteriores distintivos de su nacionalidad, que se encuentren al mando de un oficial debidamente designado por el Gobierno de ese Estado, cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón y su dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares, y que, en el momento del hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio público. Incluso en los espacios marítimos bajo su soberanía –el Mar Territorial, las Aguas Archipelágicas y, hasta cierto punto, la Zona Contigua- el Estado ribereño deberá informar al Estado del pabellón y a los Estados que tengan un “vínculo verificable” con los buques hallados, “con miras a cooperar sobre los mejores métodos de protección” de tales buques. Se trata del deber moral, no imperativo, de informar a los Estados interesados con el fin de proteger al buque hallado, que abre la vía a la cooperación de buena fe entre ellos. La Convención ha supuesto un paso adelante en la protección del PCS frente a los actos de saqueo de las empresas caza-tesoros, amparadas en la ausencia de una adecuada normativa internacional. Pese a sus insuficiencias, ha colmada en buena medida las lagunas existentes y puesto orden en una situación un tanto caótica. Ha recibido el apoyo, más o menos entusiasta, de la mayoría de los miembros de la Comunidad internacional, que han aceptado los principios generales en ella contenidos y las normas técnica del Anexo, y ha sido ratificada por numerosos Estados, incluidos miembros del G-77 como Argentina, Ecuador, Líbano, Marruecos, Méjico, Panamá o Túnez, pero no por Colombia. Regulación española del Patrimonio Cultural Subacuático Según la Constitución, lo poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. El Estado tiene competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimonio, “sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”, quienes podrán asumir competencias sobre él. El problema es que el Estado ha delegado la mayor parte de sus competencias en la materia, lo que ha provocado conflictos entre el Gobierno central y las Comunidades, de éstas entre sí y entre los distintos Departamentos de la Administración Central : Cultura, Defensa, Asuntos Exteriores, Fomento o Agricultura y Medio Ambiente. Las distintas Administraciones deben esforzarse por solucionar esta falta de coordinación, que se puso claramente de manifiesto en el caso de la nave “Nª Sª de las Mercedes”. España –que es parte en la Convención de París desde 2005- adoptó en 1985 una Ley sobre Patrimonio Histórico que sigue, en lo esencial, las directrices de la Convención, por lo que no parece necesaria la adopción de una ley ad hoc. Quizás su disposición más cuestionable sea la que reconoce como patrimonio de la nación los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica –hayan sido o no extraídos- que se encuentren en la Plataforma Continental de España. Se requiere la autorización de la Administración competente para la realización de cualquier prospección arqueológica. Según la Ley de Navegación Marítima de 2014, la regulación y autorización dirigidas al PCS en la Zona Contigua, en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental se regirán de acuerdo con lo previsto en la Convención de París y demás tratados en los que España sea parte, así como en la legislación específica. De conformidad con el Protocolo de Madrid de 2008 relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, los Estados Parte deberán adoptar las medidas adecuadas para preservar el patrimonio cultural, histórico y arqueológico en zonas costeras, “incluido el patrimonio cultural subacuático”, de conformidad con los instrumentos nacionales e internacionales pertinentes, y a velar porque los elementos de ese patrimonio extraídos del medio marino se conserven y administren de manera que se garantice su conservación a largo plazo, y “no sean objeto de operaciones de canje, venta, compra o trueque como artículos de carácter comercial”. Según la Ley de Navegación Marítima, las normas de salvamento marítimo no se aplican al PCS, que se rige por su normativa específica y la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional de 2113 incluyó, entre los riesgos y amenazas que el Gobierno tenía que afrontar, los actos contra el PCS , y propuso la acción concertada de los distintos órganos de la Administración competentes a fin de prevenir daños y evitar actuaciones al margen de la ley, dondequiera que se produjeran La citada Ley establece que las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán la autorización de la Armada, que ostenta competencias plenas para su protección, “sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural”. España ha mantenido ante Tribunales nacionales y extranjeros la tesis del la inmunidad soberana de los buques de guerra y de Estado hundidos, y no le ha ido mal, especialmente en relación con Estados Unidos, defensor de la jurisdicción del Estado del pabellón. Como declaró en 2001 el Presidente Bill Clinton, tanto los Estados Unidos como los Estados extranjeros conservan la titularidad sobre este tipo de buques dondequiera que se hallaren salvo que renunciaran a ella de forma expresa, sin que se viera afectada por el transcurso del tiempo. Declaraciones similares han sido formuladas por países como Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega o Sudáfrica. Esta tesis ha sido refrendada por diversos Tribunales norteamericanos. Así, el Tribunal Supremo falló en 2001 a favor de España en los casos de las fragatas “Juno” y “La Galga de Andalucía”, con el argumento de que los Tribunales no podían ceder pecios soberanos de otras naciones a rescatadores comerciales –como “Sea Hunt Inc”- cuando los tratados internacionales no mostraban signo de abandono y cuando las naciones implicadas estaban de acuerdo en que el título sobre el pecio seguía correspondiendo al propietario original. “Lejos de abandonar dichos pecios –concluía el Tribunal- España ha defendido con firmeza sus derechos de propiedad durante el proceso”. También en el caso del navío “Nª Sª de las Mercedes” obtuvo España un pronunciamiento favorable. El Tribunal Federal de Tampa reconoció en 2009 el derecho de nuestro país al tesoro que transportaba el buque y obligó a la empresa “Odyssey” a devolverle los objetos que había extraído ilícitamente de él, ya que, al no haber sido abandonado por el Gobierno español, el buque mantenía su inmunidad soberana. Esta sentencia fue confirmada en 2011 y en 2012 por el Tribunal de Apelación de Atlanta.. Rescate del galeón “San José” En 1982, la empresa “Sea Search Armada” (SSA) anunció haber descubierto los restos del legendario galeón “San José” y solicitó autorización para su rescate, pero el Gobierno Colombia sólo le ofreció un 5% del valor de los objetos que rescatara. La compañía caza-tesoros recurrió ante los Tribunales colombianos y la Corte Suprema dictaminó en 2007 que la empresa tenía derecho al 50% de dichos bienes. El Presidente Álvaro Uribe, sin embargo, estimó que semejante fallo no obligaba a su Gobierno a autorizar a la empresa la realización del rescate del galeón español. La SAS demandó entonces a Colombia ante los tribunales norteamericanos, pero el Tribunal de Washington rechazó la demanda y falló que el PCS del “San José” correspondía al Estado colombiano. Para regular la situación, el Parlamento adoptó en 2013 la Ley sobre rescate de buques históricos en aguas colombianas, que distingue entre los bienes representativos o únicos, que son patrimonio del Estado, y los demás, que pueden ser explorados y extraídos por empresas privadas, con derecho a percibir el 50% de tales bienes. La ley fue muy criticada, tanto dentro como fuera de Colombia, por ir contra las principios establecidos en la Convención de París. En un coloquio celebrado el pasado día 27 en la Casa de América sobre “Patrimonio subacuático: un gran desafío cultural para la España del siglo XXI”, los ponentes, el Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón, Mariano Aznar, y el abogado maritimista José María Lancho, hicieron mayor hincapié en los aspectos culturales de la controversia entre España y Colombia que en los jurídicos. Aznar estimó que había que evitar los litigios y centrarse en la colaboración. El hallazgo del galeón en perfectas condiciones de preservación ofrecía una oportunidad única para realizar investigaciones históricas y culturales en las que científicos, arqueólogos e historiadores españoles colaboraran con los colombianos y los de otros países iberoamericanos, por tratarse de un patrimonio común a España y a Iberoamérica. De ahí la conveniencia de negociar un Memorando de Entendimiento que estableciera las bases de esa cooperación, especialmente con los países iberoamericanos y mediterráneos vecinos, como se indicó en el Libro Verde de 2009 sobre el Plan Nacional de Protección del PCS Español. En esta misma línea, Lancho resaltó la conveniencia de elaborar una Carta Iberoamericana del Patrimonio Histórico-Cultural Común y poner mayor énfasis en las concordancias que en desacuerdos tales como las divergencias en torno a la continuidad de la inmunidad de los buques de Estado hundidos o la concepción territorialista de los iberoamericanos sobre los derechos del Estado ribereño sobre sus espacios marinos. Fomento de la cooperación en materia de PCS José Manuel García-Margallo ha declarado que España buscará un acuerdo amistoso con Colombia para ejercer sus derechos sobre el “San José” y la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, le ha contestado que Colombia –que respetaba profundamente al Gobierno español- iba a esperar a que llegara la solicitud formal a la que se había referido el Ministro para estudiarla con la Cancillería y la Presidencia de la República. Algo es algo, pues hasta ahora el Gobierno colombiano no ha facilitado información sobre el galeón y las circunstancias de su hallazgo, ni ha dado muestras de querer colaborar al respecto con España , que podría aportar su gran experiencia en la materia, al ser a la vez sujeto pasivo y activo de la protección de su PCS. De un lado, cuenta con gran cantidad de buques hundidos por doquier, especialmente en las costas de Iberoamérica. Según la archivera del Museo Naval de Madrid, Pilar del Campo, se han localizado más de 800 navíos españoles naufragados durante los siglos XVIII y XIX, y -como ha señalado José María Lancho- lo que se decida sobre el “San José” va a afectar al resto de los galeones hundidos en aguas de todo el mundo. De otro, España tiene en los fondos marinos bajo su soberanía o jurisdicción gran cantidad de pecios de barcos fenicios, griegos o romanos -más de 1.500 sólo frente a las costas de Cádiz- que está obligada a proteger. Lo ideal sería lograr una solución de compromiso plasmada en un acuerdo bilateral o multilateral que estableciera un reparto equitativo entre España y Colombia del contenido del galeón, tanto del tesoro a bordo -lingotes de oro, monedas y piedras preciosas- como de los restos de la embarcación de valor cultural e histórico. Podría establecerse en el lugar del hallazgo un santuario marino en el que se conservara el recuerdo y se rindiera homenaje al Conde de Casa Alegre y a las 589 víctimas del naufragio. Mas, en caso de que no se llegare a este deseado acuerdo, España cuenta con sólidos argumentos jurídicos en su favor. No sería fácil ganar el eventual litigio porque –a diferencia de lo ocurrido con los otros buques citados- no tendría que enfrentarse con unas impopulares empresas caza-tesoros, sino con un Estado soberano. Argumentos jurídicos a favor de España La eventual defensa española debería de partir de que el “San José” es un buque de Estado que reúne las condiciones requeridas por la Convención de París: Era un navío de la Armada Real, ostentaba el pabellón de un buque de guerra español –como cabe comprobar en cuadros de la época como “La explosión del galeón San José” de Samuel Scott- y sus restos formaban parte del PCS, ya que tenían valor histórico y cultural, habían estado bajo el agua durante más de 100 años y el galeón se dedicaba a un servicio público no comercial. En opinión de Mariano Aznar, los tratados en vigor y la práctica de los Estados confirman que la regla de la inmunidad soberana se sigue aplicando a los buques de Estado hundidos, incluso cuando se encuentren en aguas bajo la soberanía de otro Estado. Para Carlos Pérez Vaquero, de conformidad con este principio de Derecho Internacional de general aceptación, mientras el Estado del pabellón no renuncie expresamente a su titularidad, continuará siendo propietario de un buque de Estado hundido, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido y del lugar en que se encontraren sus restos. Según José María Lancho, es el principio de inmunidad de jurisdicción el que protege el PCS del navío español y, desde su propio derecho, Colombia no puede sostener que no respeta dicho principio. Al margen de que no sea Parte en la Convención de París –que, en cualquier caso, deja a salvo la inmunidad de los buques de guerra y de Estado destinados a fines no comerciales-, Colombia es Parte en la CNUDM, que prevé que sus disposiciones no afectarán a la inmunidad de dichos buques, ni a los derechos de los “propietarios identificables” –como es el caso de España con respecto al “San José”- e impone a las Partes la obligación de proteger el PCS. La Convención de París recoge principios generales del derecho y normas –como la de la inmunidad soberana de los buques de Estado- que han alcanzado carácter consuetudinario y se han incorporado al acerbo del Derecho Internacional. Los “últimos de Cartagena de Indias” merecen ser honrados y sus restos protegidos por España, por Colombia y por toda la Comunidad internacional. Madrid, 8 de Febrero de 2016

´¿Está la política exterior española a la altura de los tiempos?

¿ESTÁ LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS? El Director-adjunto del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales en Madrid, Francisco de Borja Lasheras, publicó el pasado 15 de Enero en “El Mundo” un interesante artículo titulado “España ante una nueva era mundial”. En él planteó una serie de cuestiones sobre la adecuación de la política exterior española a las circunstancias actuales en el mundo. Contiene comentarios acertados y otros no tanto, pues a veces son imprecisos, confusos y, en ocasiones, contradictorios. El principal mérito del artículo es que ofrece “food for thought”, motivos para reflexionar sobre dicha política, condicionada en gran medida por la pertenencia de España a la UE. Introspección en la política exterior de España El punto de partida del artículo es que los líderes políticos pueden influir el presente y diseñar el futuro de un país, gobernando para su generación inmediata y, en parte, para la siguiente. Para ello deben asumir la difícil responsabilidad de preparar a la sociedad para nuevos desafíos en un momento en que los dirigentes que ahora llegan a la palestra heredan un Estado, una democracia y un mundo en crisis. Uno de los graves riesgos de la España posterior a las elecciones del 20-D es que sus gobernantes y ciudadanos ahonden en la introspección política y social de nuestro Estado. El tozudo ensimismamiento ibérico ha sido, con escasas excepciones, la regla general en la España moderna y post-moderna. Esta introspección se ha trasladado a Europa, que mira al mundo que la rodea llena de inseguridad y con miedo a cualquier cambio en su estilo de vida. Mientras la UE profundiza en sus divisiones y alcanza la irrelevancia global, el mundo entra en una era insegura que mantiene en vilo a la España política. Un segundo riesgo, ligado al anterior, es el continuismo de algunos “totems” dogmáticos de pensamiento y de inercias que han solido condicionar la aproximación de nuestras élites a las relaciones internacionales y marcado la política exterior de España. Estos totems se traducen en errores de diagnóstico sobre el escenario internacional con continuos frenos a una acción exterior minimamente ambiciosa o en repentinos vaivenes que dilapidan la credibilidad de España. Nuestra visión de la política exterior sigue a menudo presa, bien de lugares comunes y dogmas sobre Europa, la OTAN, Rusia o la política de alianzas, bien de polvorientos conceptos de un Derecho Internacional más propios de 1945 que del siglo XXI. No explica Lasheras , sin embargo, cuáles son esos totems o dogmas acerca de temas básicos de la política exterior española –como Europa o la política de defensa-, ni a qué obsoletos concepto del Derecho Internacional se refiere. Parámetros de la política exterior española Los objetivos básicos de nuestra política exterior fueron claramente expuestos en 1992 por el entonces Ministros de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, cuando afirmó:”Una vez abierta la puerta, superados el encogimiento y el ensimismamiento –el sueño hipnótico del que hablaba Unamuno-, el camino que se dibuja ante nosotros nos lleva de manera natural hacia donde precisamente estamos hoy: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico”. Estos vectores han sido seguidos en lo esencial por los Gobiernos de la Monarquía, la República, el franquismo o la democracia, pese a los cambios de Gobierno e incluso de régimen. Los Gobiernos introducían ligeras variaciones de conformidad con su orientación política y las circunstancias del momento, pero el núcleo principal permanecía invariable, porque –como mantenía Charles-Maurice de Talleyeirand- los intereses del Estado son permanentes y no deben ser supeditados a convicciones o veleidades ideológicas. Esto es lo que sucedió durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que volvieron como un guante la política tradicional seguida por José María Aznar: cambio de actitud en las cuestiones de Gibraltar y del Sahara Occidental, enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos y con la OTAN, apoyo al socialismo “bolivariano”, menor presencia y protagonismo en la UE, internacionalismo “buenista”…A estos cambios significativos en la política exterior española sí le serían aplicables las críticas de Lasheras, aunque no haya precisado cuál es su alcance completo. Más cuestionable sería su extensión a la política del último Gobierno, que retornó su orientación tradicional. En cuanto al Derecho Internacional, no se ha aplicado el clásico que se basaba en la exclusividad de la soberanía nacional, cuando el ingreso de España en las Comunidades Europeas/Unión Europea supuso –políticas comunes, unidad de mercado, libertad de movimiento-, sigue suponiendo –unión monetaria y adopción del euro- y deberá suponer aún más importantes cesiones de soberanía a una institución supranacional –unión financiera y económica, política exterior y defensa comunes-. Si de algo cabe acusar a España y a sus socios de la UE es de su renuencia a ceder más soberanía para avanzar en el proceso de integración hasta lograr una auténtica unión económica y política. Sólo así podría la UE competir en pie de igualdad con las grandes potencias tradicionales –Estados Unidos, Rusia, China, Japón- y con las emergentes –India, Brasil, Méjico-. El proceso de integración, doloroso como todo parto, se ha visto dificultado desde dentro por miembros como la Gran Bretaña –auténtico “caballo de Troya”-, que ha puesto toda clase de obstáculos e inconvenientes al propugnar la incorporación a la UE de Estados insuficientemente preparados, obstaculizar el consenso y –cuando no lograba frenar el proceso- imponer la cláusula de exclusión –“opting-out-, que ha forzado la “Europa a varias velocidades” y debilitado a la Unión. Para ello ha contado con la complicidad de algunos países escandinavos y de Europa Oriental. La eventual salida del Reino Unido de la Unión tendría como punto positivo, en compensación a los muchos negativos, la supresión del obstruccionismo que actualmente provoca. Actitud de España en relación con las cuestiones de Kosovo y Siria Lasheras añade a los problemas citados la “incontenible tentación demagógica de marcar frívolos puntos en casa con dossieres tan complejos como Kosovo (Cataluña) o Siria (Azores)”. ¿Qué quiere decir con esto?. España ha adoptado una actitud correcta respecto a Kosovo y quien se ha equivocado ha sido la mayoría de los miembros de la UE, bajo el impulso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. La autoproclamación de la independencia kosovar –tolerada, cuando no alentada por Occidente- ha supuesto, en el plano jurídico, una flagrante violación del Derecho Internacional clásico y moderno y, en el plano político, una negación del principio de integridad territorial de los Estados y una trasgresión de la inviolabilidad de las fronteras europeas consagrada en el Acta de Helsinki. Ha dado respaldo a las pretensiones de autodeterminación de Cataluña y otras regiones de España y de Europa, y sentado un grave precedente. En relación con a Siria, confieso que no entiendo la referencia al archipiélago portugués. La guerra civil siria constituye –junto con el permanente y estancado conflicto árabe-israelita en Palestina- el mayor peligro para la estabilidad en Oriente Medio e incluso en Europa, como se ha visto con la crisis de los refugiados. En este tema, la UE ha dado muestras de su irrelevancia, pese a haber sido dos de sus socios –Francia y Gran Bretaña- los principales responsables de los conflictos en la región tras su presencia colonial en Siria, Líbano, Irak y el Golfo Arábigo-Pérsico. En su “Estrategia Regional para Siria, Irak y la amenaza del Daesh”, la Unión ha hecho un acertado diagnóstico de la situación del enfermo y sugerido la terapia adecuada para solucionar sus males –incluido el envío de misiones civiles y militares-, pero se ha negado a implicarse en operaciones armadas, dejando esta tarea a la heterogénea alianza formada por Estados Unidos y a los aliados de Bashar al-Asad, Rusia e Irán. Vladimir Putin apoya incondicionalmente al impresentable líder sirio, no sólo por convicción o conveniencia, sino también como baza para recuperar el protagonismo perdido en la escena internacional tras la condena de Occidente y el aislamiento al que ha sido sometida Rusia tras su intervención en Ucrania. Irán es, por otra parte, un factor clave para la solución del conflicto sirio. Su reciente Acuerdo Nuclear con el Grupo de los 5 + 1 lo está sacando del lazarillo en el que se encuentra y permitido el gradual levantamiento de las sanciones internacionales. El Acuerdo ha encontrado la oposición de Israel por razones obvias –Irán sigue negándose a reconocerlo- y del otro gran aliado de Estados Unidos en la región, Arabia Saudita, que lidera la mayoría árabe sunita y pugna por la hegemonía en el Golfo con Irán, cabeza de la minoría árabe chiita. España y la UE deberían apoyar la normalización de las relaciones con Irán y tratar de que modere su infantilismo revolucionario y acepte la existencia de Israel, cuya seguridad debe ser garantizada por Occidente, a la par que el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a la constitución de un Estado propio. España ante la política exterior común en la Unión Europea En opinión de Lasheras, la política exterior y la diplomacia tienden al mantenimiento del “status quo”, pero la nueva política propugna y los nuevos tiempos requieren una regeneración colectiva cuyo primer paso consistiría en abrir nuestro pensamiento político a otras visiones vigentes en Europa y en el mundo actual, y en hacer un replanteamiento de algunos de estos dogmas, lugares comunes y tentaciones simplistas. De nuevo hace referencia a tales dogmas, pero no explica a qué pensamientos o dogmas se refiere. También critica el apoyo de los Gobiernos y de los partidos políticos a la idea de “una Europa más fuerte en el mundo”, cuya realización es dudosa debido al gran número de Estados que forman la UE y las profundas divergencias entre ellos, y a la inexistencia de una voluntad política real para llevar a cabo proyectos de envergadura. Habría que dar un paso de gigante para el establecimiento de una política común de defensa, que requeriría de los Estados miembros renuncias a la soberanía que no están dispuestos a contemplar. El politólogo se pregunta retóricamente:¿Reconocería España a Kosovo si lo decidiera una mayoría cualificada del Consejo de la Unión?, ¿renunciaría a su representación nacional en foros internacionales claves a favor de instituciones comunitarias?, ¿adoptaría decisiones inmediatas para la defensa urgente de los Países Bálticos o de Finlandia?.... Son preguntas diferentes y de distinto alcance, que están vinculadas a una última fase del proceso de integración total al que los Estados miembros se resisten por suponer una renuncia a elementos básicos de la soberanía: la política exterior y la defensa nacional. Si en el ámbito de la primera se llegara en el seno de la UE a un acuerdo para realizar una política común y aplicar las decisiones adoptadas por una mayoría cualificada, España debería asumir sus compromisos y reconocer a Kosovo, aunque ello sea contrario a sus intereses nacionales vitales. Debería, por supuesto, tratar de hacerlos valer frente a los intereses no vitales de sus socios en el tema durante la negociación que llevara a la adopción de semejante decisión. Podría, por otra parte, alegar la cláusula “opting-out” cuando se pusieran en riesgo intereses vitales como el de la integridad territorial, que podría verse afectado por el reconocimiento de un Estado secesionista. Las decisiones adoptadas por mayoría deberían aplicarse en todos los ámbitos de la política exterior, incluido el de la participación en Organizaciones Internacionales como la ONU, mediante la actuación de un órgano común que representara a todos los Estados miembros y votara en su nombre. Francia y Gran Bretaña tendrían que delegar su derecho de veto en el Consejo de Seguridad en la institución comunitaria y no parece probable, por el momento, que estas dos grandes potencias venidas a menos vayan a renunciar a uno de los privilegios esenciales derivados de sus pasadas grandezas. En el segundo ámbito, y pese a no haberse llegado aún a una defensa común, los Estados miembros de la UE ya se han comprometido por el artículo 42-7 del Tratado de Lisboa de 2007 a “prestar ayuda por todos los medios a su alcance” a un Estado miembro que fuera agredido en su territorio. A él hay que añadir el compromiso asumido en el artículo 5 del Tratado de Washington de 1948 –en el que son partes la mayoría de los Estados miembros de la Unión, incluida España- de que los ataques dirigidos contra cualquier miembro de la OTAN serían considerado como una agresión a los demás y cada uno de ellos debería tomar de forma inmediata las acciones que juzgara necesarias,”incluido el uso de la fuerza armada”, para restablecer y garantizar la seguridad en la región del Atlántico Norte. En consecuencia, España tendría que contribuir a la defensa de los Países Bálticos, de Finlandia o de cualquier Estado miembro de la UE o de la OTAN en caso de que fueran atacados. Aislacionismo y tolerancia con las autocracias Ante la existencia de lagunas en la plena integración europea –especialmente en los ámbitos citados de la política exterior y de la defensa- Lasheras estima que hay que trabajar más estratégicamente ante esa realidad imperfecta, luchar contra la fragmentación europea y la involución democrática, y dotar de contenido práctico la idea de solidaridad ante escenarios como los atentados terroristas o la crisis de los refugiados. No puede estar más de acuerdo. Advierte asimismo sobre otros dos riesgos: el aislacionismo y el “instinto contemporizador de lo autoritario”. Respecto al primero, afirma que no es sostenible el mantra de “voy a Irak, me voy de Irak” ante cualquier conflicto internacional que tenga una dimensión militar, especialmente cuando se cuente con los avales de legalidad y de legitimidad necesarios por parte de la ONU, la UE o la OTAN, así como el de las Cortes. Se elude una reflexión madura sobre el mantenimiento de la seguridad nacional y colectiva en un mundo de Estados fallidos y hostiles, y del Daesh. Semejante instinto parte de una pretendida y dudosa superioridad moral de Europa. El segundo –basado en una “realpolitik barata y mercantilista- conduce a gobernantes y políticos españoles a abrazar a déspotas en Eurasia y Oriente Próximo. Semejante política “ni suele dar tanta rentabilidad económica y de seguridad, ni es sostenible en tiempos de demandas globales de mayor empoderamiento cívico y popular”. La naturaleza brutal de las relaciones internacionales excluye una política exterior basada sólo en el apoyo a disidentes y a fuerzas de democratización. En la diplomacia “seguirá habiendo dilemas sin solución clara ante escenarios imperfectos como Túnez, Moldavia o Ucrania, por no hablar de Rusia”. Como democracia moderna que somos, “tenemos que cuestionar el posibilismo del status quo”, pues no se puede pedir a otros pueblos que “acepten vivir resignados bajo sistemas en los que no querríamos vivir”, por lo que los líderes actuales deberían abordar estos retos en vez de decir siempre lo que sus bases quieren oír. Lasheras concluye afirmando que hay dos opciones: una agenda exterior conservadora y reactiva, y otra renovada y renovadora más internacionalista, propia de una comunidad que quiera ser protagonista activo de la nueva era. A estas estimulantes reflexiones cabe hacer algunas matizaciones. Hay que huir tanto del aislacionismo como del excesivo intervencionismo, como le ha ocurrido a la OTAN cuando –a la búsqueda de una nueva razón de ser que justificara su permanencia tras la extinción del Pacto de Varsovia y la desintegración de la URSS- aumentó sus competencias y amplió su ámbito de acción saltando de lo regional a lo global. Los Estados y las Organizaciones –sean económicas y políticas como la UE o militares como la OTAN- deben ser coherentes con sus principios y no ir más allá de sus competencias y de sus objetivos legalmente establecidos, y actuar con coherencia para hacer frente a los desafíos pasivos planteados por los Estados fallidos, y los activos generados por los Estados hostiles y –sobre todo- por los agresivos movimientos paraestatales como Al Qaeda o el autodenominado “Estado Islámico”. La tolerancia con determinadas autocracias –“nuestros bastardos”, como decía Franklin Roosevelt- no es patrimonio exclusivo de los españoles, sino que es practicada por todos los Gobiernos y políticos del mundo, especialmente los más poderosos, como Estados Unidos y Rusia. Los Estados deben ser prudentes en sus actitud hacia los demás miembros de la Comunidad internacional y no entrometerse en sus asuntos domésticos –como solía hacer la URSS en su zona de influencia y sigue haciendo, hasta cierto punto, la Rusia de Vladimir Putin-, ni juzgar y condenar alegremente sus conductas, “viendo la paja en el ojo ajeno e ignorando la viga en el propio” -como hace farisaicamente Estados Unidos cuando denuncia anualmente las violaciones de derechos humanos en el mundo, pasando por alto las suyas con Guantánamo, el mantenimiento de la pena de muerte, el control ilegal de las comunicaciones de los ciudadanos o la discriminación de las minorías-.Ello no empece que deban mantener una actitud ética de condena de cualquier violación de los derechos humanos, sin dobles estándares hipócritas ni concesiones a “sus bastardos”. Aunque los Estados deban mantener relaciones con el mayor número posible de países, la intensidad de las mismas no tiene por qué ser la misma y debería depender -como ha señalado Florentino Portero-del tipo de Gobierno del que estuvieran dotados y graduarse en función, no sólo de los intereses nacionales, sino también del grado de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las relaciones con los Estados democráticos deberían ser plenas e intensas, con los Estados autoritarios en transición hacia un Estado de Derecho, normales y encaminadas a facilitar su conversión en regímenes políticos homologables y, con los Estados dictatoriales, reducidas en el ámbito político y limitadas a los aspectos socioeconómicos y culturales. Pueden producirse contradicciones entre la defensa de los intereses nacionales y el respaldo a los derechos humanos, como prueba, por ejemplo, el desarrollo de las relaciones diplomáticas con China o Arabia Saudita, con quienes, la menor crítica a su lamentable estándar de derechos humanos afecta negativamente a la cordialidad de dichas relaciones. Adecuación de la política exterior de España a los tiempos que corren En conclusión, toca responder a la cuestión planteada en el título de este artículo:¿Está la política exterior española a la altura de los tiempos?. Aunque sea susceptible de mejora, creo que cabe dar una respuesta afirmativa, siempre que se sigan aplicando los parámetros esenciales enunciados en su día por Fernández Ordóñez: la integración europea, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico. Estos pilares de la política exterior española deberían ser complementados con otros vaectores como el incremento de la presencia en Asia-Pacífico –especialmente en el ámbito económico y financiero-, una mayor cooperación con el África Subsahariana, una activa participación en los organismos internacionales –universales y regionales- y el fomento del respeto a los derechos humanos. La vertiente europea debe ser sin duda la prioritaria, pues –como ha señalado Araceli Mangas- “hemos hecho de Europa nuestro propio proyecto nacional”. Los temas comunitarios han dejado de ser primordialmente internacionales para convertirse en internos. A pesar de las diversas crisis y los numerosos obstáculos, España debe apostar por intensificar el proceso de integración en el seno de la UE. En los ámbitos de la defensa y la seguridad, nuestro país tiene bien guardadas sus espaldas gracias a su pertenencia a la OTAN y a su alianza militar con Estados Unidos, en momentos de zozobra e inseguridad provocados por el terrorismo yihadista alentado por Al Qaeda y el Daesh. España debe prestar especial atención y dedicación al Mediterráneo, ya que su territorio es una parte importante de la frontera de Europa con África. Los límites exteriores de la península ibérica empiezan en Senegal y Mali, y uno de sus puntos más sensibles es el Sahel, donde existe un vacío de poder colmado por milicias yihadistas terroristas de diverso pelaje, que tienen a nuestro país en su punto de mira. Por último, España ha de potenciar su vertiente trasatlántica. Cabe preguntarse con Julián Marías si existe en el mundo actual una comunidad comparable, un grado de vitalidad, una capacidad creadora y un marco de referencia de medio milenio, por lo que la empresa de nuestro tiempo no puede ser otra que “la recomposición de las Españas”, que constituye “la única posibilidad de que tengan porvenir”. No hay que abusar de la herencia gloriosa y huir de los juegos florales, y dotar del máximo contenido posible nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y culturales con Iberoamérica. Madrid, 25 de Enero de 2016

Difícil lo háis dejado para vos y para mi

El pasado 20-D el pueblo español ha hecho oír su voz, que ha causado desconcierto y desasosiego en unos, satisfacción y esperanza en otros, e incertidumbre y preocupación a todos. Según Arcadi Espada, en una democracia parlamentaria es tarea inútil especular con el sentido del voto, porque puede haber tantas interpretaciones como votos. No estoy del todo de acuerdo con el periodista catalán, ya que no se trata tanto de especular, como de evaluar los resultados de las elecciones. ¿Qué mensaje ha querido transmitir al resto de la nación el 73, 21% de los ciudadanos españoles que acudieron a lar urnas?. Es obvio que cualquier interpretación comporta un alto grado de subjetividad y, con esta salvedad, voy a tratar de expresar mi opinión al respecto de la manera más objetiva posible. Campaña electoral La campaña electoral ha sido de encefalograma plano y se ha caracterizado por su falta de contenido político. Más que exponer los programas que pretendían llevar a cabo si accedían al Gobierno, los partidos han hecho propaganda de la personalidad de sus líderes con la connivencia de los medios de comunicación -especialmente los televisivos- y con la impronta frívola de los programas del corazón. Sólo ha habido un debate entre los dirigentes de los cuatro principales partidos en la actualidad, del que se desmarcó el candidato del PP, Mariano Rajoy, que delegó en su Vice-todo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien supo cubrir su frágil espalda salvo en el tema de la corrupción. Aunque política y mediaticamente fuera un error, desde un punto de vista pragmático habría que dar la razón a sus asesores, pues tenía más que perder que ganar dando cancha a unos personajes en ascenso –con más futuro que presente- que lo habrían dejado “como pintan dueñas”. Si no, que se lo pregunten a Pedro Sánchez, que salió con el rabo entre las piernas en el debate a tres, en el que Pablo Iglesias y Albert Rivera lo masacraron dialécticamente. Quizás para resarcirse, el Secretario General del PSOE hizo gala en el debate-estrella con Rajoy de una agresividad, rayana con la mala educación y el insulto, que puso de manifiesto su escasa talla de estadista. Los máximos representantes de los dos principales partidos perdieron los papeles y el debate –que careció de contenido- terminó como el “rosario de la aurora”. Como consecuencia del carácter extremadamente personalista de la campaña, el gran triunfador ha sido Iglesias, profesional en el ámbito de la comunicación y hábil polemista, que ganó puntos en la fase de “remontada” de Podemos (Ps). En cambio, ha defraudado Rivera -supuestamente buen debatidor y comunicador- y Ciudadanos (Cs) no sólo no ha conseguido aumentar sus apoyos, sino que ha sufrido una “pájara” y perdido terreno. Del Presidente-plasma o del plasma de Presidente poco cabía esperar, pero de Sánchez se esperaba más, pues era mucho lo que se jugaba, y no ha estado a la altura de las expectativas. La personalización de la campaña ha favorecido en principio a Iglesias y a Rivera, más telegénicos, y dejado en un segundo plano las incoherencias y disparates del programa de Ps o las falta de concreción y las vaguedades del de Cs. Evaluación de los resultados Pese a las previsiones, el PP no ha recibido la tarjeta roja sino sólo la amarilla, como advertencia de que la economía no es todo y de que también hay que prestar atención a la política. Así, ha sido la fuerza más votada tanto para el Congreso, con 28.72% de los votos y 123 escaños, como para el Senado, donde ha logrado la mayoría absoluta con 124 senadores. Este segundo dato puede ser más relevante de lo que parece, pues es el Senado quien debe pronunciarse sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el partido podría bloquear en la Cámara Alta una eventual reforma constitucional que no sea de su agrado. Le han seguido el PSOE -22.02% y 90-, Ps. -20.66% y 69-, Cs -13.93% y 40-, ERC -2.39% y 9-, el “cameo” de Convergencia Democrática de Cataluña, Libertad y Democracia -2.25% y 8-, PNV -1.21% y 6- Izquierda Unida-Unidad Popular -3.67% y 2-, EH-Bildu -0.87% y 2- y Coalición Canaria -0.33% y 1-. Han quedado sin representación UPyD, el Bloque Nacionalista Gallego, Unión Democrática de Cataluña y Geroa Bai. Los grandes perdedores han sido los dos principales partidos, PP y PSOE, que hasta ahora habían encarnado el bipartidismo de forma alternativa y casi en exclusiva, y que se han visto privados de 5.4 millones de votos en relación con las elecciones de 2011. El PP ha perdido 11,88 puntos, 3.5 millones de votos y 63 escaños, y el PSOE 6,78 puntos, 1.9 millones de votantes y 20 diputados. Aunque el mayor perdedor cuantitativamente haya sido el PP, cualitativamente lo ha sido el PSOE. El primero ha pagado la factura del ejercicio del Gobierno en unas circunstancias excepcionales en las que ha tenido que imponer importantes recortes y tomar medidas muy impopulares, pero el segundo –pese a estar resguardado en la barrera de la oposición- no sólo no ha recogido parte de los votos que se le han escapado al PP, sino que ha visto como salían unos cuantos de su magro zurrón. En la velada da la noche electoral, el portavoz socialista, César Luena, declaró:”El PP se hunde; el PSOE resiste”, y Sánchez afirmó ufano:”Hemos hecho historia… y el futuro es nuestro”. Lleva razón en gran medida, porque es histórico que el principal partido en la oposición pierda 1.9 millones de votos y 20 diputados. Aquí vendría a gala la genial “boutade” de Giullio Andreotti de que “el poder desgasta, ...especialmente a los que no lo ejercen”. Lo peor para el PSOE ha sido sentir en el cogote el aliento halitoso de Ps., su rival directo que pretende sustituirlo como líder de la izquierda y que ha quedado tan sólo 1.36 puntos por detrás. . La mayor parte de los comentaristas ha proclamado el final del bipartidismo, pero la realidad es que, aunque ha salido seriamente malparado, aún mantiene las constantes vitales -50,74 % de los votos y 63% de los escaños-, dando muestra de una mala salud de hierro. ¡El bipartidismo a dos ha muerto, viva el bipartidismo a cuatro!. Aunque haya dado 8.5millones de votos a Ps. y a Cs, el electorado no les ha concedido fuerza suficiente para convertirse por sí mismos en alternativas de Gobierno. Como ha observado acertadamente Santiago González, se ha pasado de la primacía de dos partidos a la de dos bloques. Lo que sí se ha terminado es el “turnismo” entre el PSOE y el PP en el acceso al Gobierno. El gran vencedor ha sido sin duda Ps, aunque quepa hacer algunas matizaciones al triunfalismo “podemita”. Ps, en cuanto tal partido, sólo ha conseguido 42 escaños, dos más que Cs. Los otros 27 son fruto de las coaliciones que realizó en Cataluña con “Barcelona en Comú” (12), en la Comunidad Valenciana con “Compromís” (9) y en Galicia con “Anova” y las “Mareas gallegas” (6 ). Estos conglomerados gozan de autonomía y aspiran a tener grupo parlamentario propio en el Congreso. Son ellos los que han condicionado la posición de Ps en el tema territorial y le han forzado a exigir la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña como “conditio sine qua non” para cualquier posible alianza, lo que dificulta de forma notable la posibilidad de un acuerdo de gobierno con el PSOE. Ps no puede contar de forma incondicional con el apoyo de estos grupos cuando se aborden temas locales, en los que predominan los intereses nacionalistas de cada territorio. Como en el caso de las elecciones autonómicas, el partido “pinchó” en Andalucía, donde ha sido ampliamente superado por el PSOE. Tuvo resultados notables en Madrid -donde fue la segunda fuerza más votada, relegando al PSOE a la cuarta posición- y, sobre todo, en el País Vasco -donde superó al PNV en votos, aunque no en escaños, 5 frente a 6-. Ha pescado en el caladero de EH-Bildu, que se ha desplomado, pasando de 7 a 2 diputados, lo que prueba que dicha coalición recogía votos de protesta de ciudadanos no separatistas, que ahora han encontrado otro cauce de expresión. Con su proverbial egolatría, Iglesias declaró que Ps era la única fuerza política capaz de liderar un cambio territorial que respetara la España plurinacional y – como si hubiera sido el candidato más votado- anunció que iniciaría consultas con los líderes de los demás partido con vistas a formar Gobierno. Otro triunfador, “ma non troppo”, ha sido Cs, pues la consecución de 40 escaños partiendo de cero le ha dejado un sabor agridulce, al no haber respondido a las expectativas alentadas por los sondeos y los medios de comunicación. Ello se ha debido a que se le asignó buena parte de los votos de la importante bolsa de indecisos -que, al final, se han decantado por otras opciones-, y a una campaña anodina y llena de contradicciones en la que apenas se ha “mojado”, con lo que dado pie a que se haya criticado a su líder Rivera por confundir el centro con la equidistancia y de desconcertar a sus potenciales votantes. Era el partido que despertaba mayores simpatías a ambos lados del espectro político, pero su indefinición le ha hecho perder fuelle y, aunque haya pasado a ser una fuerza relevante a tener en cuenta en el tablero político, no será tan determinante como se preveía, pues –por sí sólo- no puede condicionar la formación de un nuevo Gobierno. Ha sido paradójico que mientras trataba de ganar partidos fuera de casa, los haya perdido por exceso de confianza en su propio campo, donde ha pasado de la segunda a la quinta posición, empatado a escaños con el capitidiminuido PP. También ha fracasado en su feudo catalán el partido fantasma de Artur Mas, que –siguiendo la ruta menguante de su fatídico liderazgo- ha perdido la mitad de sus escaños –de 16 ha pasado a 8- y se ha visto superado por ERC, por PSC y, sobre todo, por “Barcelona en Comú”. Coalición Canaria consiguió a última hora conservar uno de sus dos escaños al módico precio de 59.877 papeletas. El principal perjudicado por la aplicación de la Ley d’Hondt ha sido IU, que sólo ha conseguido 2 diputados –frente a 11 en 2011- pese a haber obtenido 992.558 votos. Posibles alternativas para la formación de Gobierno La fragmentación del Congreso que deberá constituirse el 13 de Enero va a hacer sumamente difícil, cuando no imposible, la formación de un nuevo Gobierno. Según las aritmética parlamentaria, las fórmula posibles son una gran coalición PP-PSOE, una alianza del PSOE con Ps , los demás partidos de izquierdas y los nacionalistas, un Gobierno en minoría del PP con posible apoyo de Cs, y la celebración de nuevas elecciones en caso de que nadie lograra la investidura. Los analistas descartan de antemano la fórmula lógica de la gran coalición a dos -PP/PSOE- o a tres –si se incorporara Cs-, so pretexto de que no es deseada por el electorado. No obstante, es la que más claramente cabría deducir de la voluntad por él expresada. Sólo puede haber un Gobierno estable si se coaligan las dos fuerzas más votadas, que contarían con 213 escaños. Esta fórmula, empero, es considerada “tabú” y contraria a las “mores” parlamentarias españolas. La concreción de la alternativa no sería fácil debido al duro enfrentamiento entre los dos partidos, especialmente a través de sus líderes, pues el socialista ha calificado públicamente el al popular de indecente y éste a aquél de mezquino y ruín. Pese a ello, la solución sería factible si hubiera voluntad política, pues existe coincidencia entre los dos partidos en los temas fundamentales –soberanía del pueblo español, integridad territorial de España, respeto a la Constitución y a las leyes, igualdad de todos los españoles, lucha contra el terrorismo, política exterior, pertenencia a la UE y a la OTAN, reforzamiento de los derechos humanos, violencia de género, desarrollo económico y fomento del empleo, o economía de mercado y libertad de empresa-, aunque pueda haber diferencias en cuanto a la forma específica de tratarlos. Las principales divergencias por parte del PSOE son más bien de carácter ideológico –laicismo, relaciones con la Iglesia, derecho a la vida, concepción de la educación o expansión de los derechos del colectivo LGBT-, que saltan a la palestra con especial virulencia en los períodos electorales, pero que tienen una incidencia menor en la gobernación del país, porque la gran mayoría de las reformas introducidas den estos ámbitos por la izquierda ha sido aceptada por la derecha. Hay también quienes se oponen por razones tácticas, por temer que una gran coalición pondría en breve plazo la cabeza del PSOE en la bandeja de Ps. Nicolás Redondo Terreros, por ejemplo, hace a este respecto un parangón con la entrega de las llaves en el cuadro de Velázquez de la rendición de Breda. Es evidente que existe este riesgo, pero, por el interés general del Estado, merecería la pena correrlo. ¿Por qué lo que es normal en Alemania, Holanda, los países escandinavos e incluso Francia no puede serlo en una España cada día más integrada en la Unión?. La segunda opción posible, aunque poco probable, sería la formación de un “cártel de perdedores” al baleárico modo de “todos contra el PP”; a saber, una alianza entre PSOE y Ps, que agruparía tan sólo 155 escaños, por lo que -para para llegar a los 176 requeridos- habría que completarlos con los 9 de, ERC, los 8 de Libertad y Democracia y los 2 de IU y de EH-Bildu -y eventualmente los 6 de PNV y el de Coalición Canaria -, dado que Cs ha descartado entrar en una coalición en la que figuren Ps o partidos separatistas. El batiburrillo que supondría esta heterogénea amalgama de ideologías -que van desde el marxismo al liberalismo político y económico, pasando por el nacionalismo secesionista y los partidos antisistema- haría inviable semejante Gobierno. Ps. ha trazado además unas líneas rojas claras, al exigir la inminente celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que resulta inaceptable para las inmensa mayoría de los socialistas. Es tal el ansia de Sánchez por acceder a la poltrona presidencial, que estaría dispuesto a aliarse con el diablo, aunque tuviera coleta en vez de rabo, como ha puesto de manifiesto con sus alianzas anti-natura con marxistas radicales e independentistas tras las elecciones autonómicas y municipales, que han permitido el acceso de miembros de Ps y de su entorno a las alcaldías de Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz, Coruña o Pamplona, a cambio de que el PSOE gobernara en la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Aragón, Asturias o Extremadura. Sánchez se ha topado, sin embargo, con las firmes objeciones de la mayor parte de sus barones autonómicos -Susana Díaz, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Fernández Ximo Puig y Javier Lambán- y de la “vieja guardia” del PSOE –incluido el patriarca Felipe González y su profeta Alfonso Guerra-. Sánchez ha tenido que ceder y condicionar un eventual acuerdo de Gobierno a que Ps renuncie a su exigencia de celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Quedaría un último escollo aún en el hipotético caso de que se llegara a un acuerdo:¿Quién asumiría la presidencia del Gobierno?. Normalmente debería ser el representante del partido con más escaños, pero el Mesías Pablo Iglesias se siente ya ungido por el pueblo y se auto-presenta como el único líder capaz de instaurar un cambio profundo en la orientación del Gobierno. Iglesias no tiene el menor interés en que el PSOE sustituya al PP en el Gobierno, ya que para él tan “casta” es el uno como el otro. Quiere ser “Califa en lugar del Califa” y lo que persigue es acceder al Gobierno o, al menos, al liderazgo de la izquierdas en detrimento de los socialistas. De ahí que –como ha señalado Susana Díaz- imponga condiciones de difícil aceptación, como las del “derecho a decidir”. La tercera alternativa es la formación de un Gobierno del PP en minoría, para lo que resulta indispensable la abstención del Cs y del PSOE en la sesión de investidura de Rajoy, pero mientras aquél se ha mostrado propicio, éste se ha opuesto rotundamente, pese a que Sánchez reconoció en un momento transitorio de lucidez que debería gobernar el partido más votado de conformidad con la práctica política española. Lo lógico y coherente sería que PSOE y Cs acordaran con el PP un pacto de legislatura en el que le impusieran condiciones razonables para el Gobierno de la nación, pero Sánchez y el núcleo duro socialista se niega a ello. “La Razón” ha advertido al PSOE que uno de los participantes en la supuesta unión de izquierdas no tiene como propósito apartar a la derecha del poder, sino auparse sobre las espaldas de su socio. De ahí que sea preciso que las voces más autorizadas del socialismo se impliquen en una labor de convencimiento y reivindiquen la clara vocación de partido de Estado que encarna el PSOE. José María Carrascal ha remachado que sólo las fuerzas antisistema pueden rechazar unos principios y objetivos compartidos por los partidos respetuosos de la Constitución, y que, con el “No” de Sánchez a Rajoy, el PSOE se acerca a ellas. De mantenerse la decisión El Consejo Federal ha respaldado el voto negativo del PSOE a la investidura de Rajoy y, de mantenerse el rechazo, esta fórmula resultaría inviable. Si transcurridos dos meses desde la primera sesión de investidura no se llegara a un acuerdo sobre la designación de un Presidente del Gobierno, el Rey tendría que convocar nuevas elecciones. Esta opción –que supondría una inmensa falta de respeto hacia el pueblo español- sería catastrófica, en un momento en que España tiene que consolidar y desarrollar el proceso de recuperación económica y creación de empleo, y hacer frente al reto separatista catalán. Esta solución tan sólo interesa a Ps que no está preocupado por la estabilidad del país, antes al contrario, pues para él cuanto peor, mejor, ya que -situado en la cresta de la ola populista- cree que puede salir ganancioso de las elecciones, hacerse el amo de la izquierda y presentarse como alternativa de gobierno. Los barones socialistas han apoyado a Sánchez en su negativa a facilitar un Gobierno en minoría del PP, pero la partida acaba de empezar y, si sería natural que el PSOE votara en contra en las primeras tentativas de Rajoy, no lo sería tanto que lo hiciera en un intento posterior. Sánchez ha dicho que la repetición de las elecciones sería la última opción, pues –según opinan los analistas- los socialistas saldrían perjudicados y podrían ceder a Ps el liderazgo de la izquierda. El portavoz del partido, Antonio Hernando, ha declarado que los socialistas estarían a la altura de las circunstancias, que les exigen “la máxima generosidad hacia la ciudadanía y la renuncia de cualquier interés que no sea el general”, y el Consejo Federal ha afirmado que el PSOE “antepondrá el interés de España a cualquier otro objetivo”. Cabe, pues, albergar una leve esperanza de que el PSOE controle sus instintos suicidas y acepte “in extremis” un acuerdo de gobernabilidad con el PP. Perspectivas a corto plazo Algunas personas cercanas al entorno de Sánchez han sugerido una quinta opción: un Gobierno en minoría PSOE-Cs , que sólo contaría con 130 votos, para lo que sería necesaria la abstención del PP. Si un Gobierno en minoría del PP resulta problemático, con mayor motivo lo sería otro Gobierno similar con 23 votos menos, por lo que la fórmula –que difícilmente puede ser tomada en serio- debe ser descartada. Así pues, ante la negativa del PSOE a una gran coalición con el PP, la escasa posibilidad de aquél para llegar a una coalición con Ps, y el temor del PSOE, de Cs y –en menor medida- del PP a la celebración de nuevas elecciones, tan solo sería viable la formación de un Gobierno minoritario del PP, previa abstención de “rosas” y “naranjas”. Rajoy ha hecho un llamamiento a los partidos constitucionalistas para que le permitan formar un Gobierno de estabilidad y éstos deberían acceder a ello a cambio de que el PP asumiera una serie de compromisos. Aun cuando se lograra dicho acuerdo, el nuevo Gobierno nacería con debilidad congénita y tendría que recurrir de forma continuada a la negociación a varias bandas para poder adoptar cualquier ley o medida de importancia, Gozaría de la ventaja de no tener que desgastarse en una difícil concertación para aprobar los presupuestos de 2016. Como ha señalado el Director de “El Mundo”, David Jiménez, España se encuentra con que esta solución pasa por políticos a los que no se le da bien dialogar entre ellos por falta de costumbre, y lo mínimo que se les puede exigir es que, por esta vez, hagan el esfuerzo. PP, PSOE y Cs deberían llegar a un acuerdo sobre reformas concretas que recojan lo mejor de sus propuestas electorales: una política de consenso frente al desafío independentista, medidas económicas que eviten una recaída de la crisis y esa regeneración a la que el ex-bipartidismo se resistió con tanta terquedad como falta de visión. El nuevo Presidente tendría que tomar la iniciativa y ofrecer una gran acuerdo para una Segunda Transición, por más que la guerra interna en el seno del PSOE lo haga harto complicado. Esta eventual legislatura sería breve y no agotaría probablemente su mandato. Convendría recurrir al sentido de Estado tanto del jefe del Gobierno como del de la Oposición, para que hagan mutis por el foro –incluso antes de finalizar la legislatura- y den paso a líderes menos quemados y con más voluntad regeneracionista. Superado el sambenito de ser el único Presidente del Gobierno no reelegido en la democracia española, Rajoy podría hacer un gesto generoso y pasar a la Historia como un auténtico hombre de Estado. Lo mismo cabría pedir a Sánchez, pero eso habría que dejarlo a la discreción de los militantes y votantes socialistas y, de forma especial, de la Sultana Díaz, que –como la Carmen de Próspero Mérimée- lleva la navaja en la liga. En la presente situación de incertidumbre que atraviesa España, Mariano Rajoy podría dirigir a sus compatriotas las palabras lanzadas por Luis Mejías a Juan Tenorio en el famoso drama de José Zorrilla: “¡Imposible lo hais dejado para vos y para mi!”. Madrid, 28 de Diciembre de 2015

¿A votar de nuevo toca?

¿A VOTAR DE NUEVO TOCA? Aunque tengan distinto objetivo, se da una estrecha interconexión entre las elecciones autonómicas en Cataluña y las generales en toda España, por lo que se influyen mutuamente. En una democracia, el pueblo –aunque se equivoque- siempre tiene razón y su voluntad debe prevalecer. El problema es que los partidos políticos no siempre entienden el mensaje de las urnas, ni siguen la senda que les marca el electorado. Esto ha pasado en los últimos comicios, catalanes y generales. Los independentistas lograron en la hora undécima llegar a un acuerdo para evitar la repetición de las elecciones catalanas. Esta por ver si la responsabilidad y el sentido de Estado de los dos principales partidos consiguen evitar la repetición de las generales. Interpretación sesgada de las elecciones catalanas por parte de los secesionistas Pese a la campaña masiva de los medios de comunicación catalanes, de tinte “goebeliano”, y el abuso de poder de Artur Mas desde la Generalitat, las elecciones autonómicas plebisictarias no fueron ganadas por los partidos separatistas, coaligados en “Junts pel SÍ”, que -aunque fueron la fuerza más votada- no alcanzaron la mayoría absoluta. Sólo obtuvieron el 39.65% de los votos expresados e, incluso sumándole el 8.20% del partido antisistema CUP, no llegaron al 50%, cifra insuficiente para un plebiscito, cualquiera que fuere su forma. Juntos, aunque no revueltos, las fuerzas separatistas no consiguieron la mayoría absoluta en el Parlament -72 escaños- y “Junts pel SÍ” necesitaba imperativamente los votos de la CUP para que Mas –escondido en el cuarto lugar de la lista de la coalición- pudiera formar gobierno. Pese a ello, el propio Mas y Junqueras mantuvieron que habían conseguido el apoyo del pueblo catalán para formar un Gobierno que llevara a Cataluña a la independencia. El verdadero vencedor de las elecciones de 2015 fue Ciudadanos (Cs), que –al recoger el voto útil de los catalanes no separatistas, en detrimento del PP- se convirtió con 24 diputados en la segunda fuerza política de Cataluña. En las elecciones generales “pinchó” en su casa y bajó al quinto lugar, empatado a escaños con el PP. EL PSC consiguió parar la sangría de pérdida de votos gracias a hacer campaña como parte integrante del PSOE y renunciar al hasta entonces defendido “derecho a decidir”. Podemos (Ps) fracasó con su alianza con Izquierda Unida/los Verdes y Equo en “Catalunya sí que es Pot”, ya que obtuvo menos diputados -11- que los conseguidos sola por ICV en 2012. Este fiasco le hizo cambiar de táctica en las elecciones generales, en las que se alió con la izquierda y los movimientos populares y antisistema en la coalición “Barcelona en Comú”. Formación del Gobierno de la Generalitat La formación de un Gobierno independentista no ha sido nada sencilla, porque la CUP exigió la sustitución de Mas por otro candidato menos enlodado por la corrupción y la aplicación de un programa socio-económico en las antípodas del defendido hasta entonces por su partido. De forma incomprensible, el Moisés catalán aceptó todas sus exigencias, salvo la de abandonar la poltrona, contando hasta el penúltimo momento con el respaldo de su partido y la inexplicable solidaridad de sus socios de ERC. Mas se bajó los pantalones, los calzoncillos y hasta la piel para seguir en el machito, pero –a pesar de su impudencia- no consiguió su objetivo. Los antisistema mostraban una cierta coherencia, respetaban su compromiso electoral y se negaban a apoyar la investidura de Mas. A causa de la enorme presión ejercida por “Junts pel SÍ”, las fuerzas sociales independentista –como las Asociación Nacional de Cataluña y “Omnium Cultural”- y los medios catalanes de comunicación, la CUP se partió por la mitad, pero –por una ínfima mayoría- mantuvo su veto, lo que hacía inevitable la celebración de nuevas elecciones autonómicas. Ante la consumación del fracaso para formar un Gobierno que iniciase el “procés” de secesión, Junqueras empezó a tomar distancias de su ególatra socio, que pretendía presentarse en las nuevas elecciones como cabeza de lista de lo que quedaba de su partido y reeditar la coalición de “Junts pel SÍ”, y que le propuso, en una última pirueta, que ERC se integrara en el Gobierno provisional. Junqueras se había rendido con anterioridad a los chantajes de Mas y aceptado a regañadientes participar en el simulacro de referéndum de autodeterminación y formar una coalición para las elecciones autonómicas, que resultó un fiasco al obtener “Junts pel SÍ” menos votos que consiguieron CDC y ERC por separado en las elecciones de 2012. Por razones poco comprensibles, Junqueras apoyaba de forma incondicional la candidatura de Mas a la investidura y, sólo a última hora, le pidió de forma implícita que diera paso a otro candidato para lograr el respaldo de la CUP, pero aquél no se daba por aludido y –como el personaje televisivo, Felipito Catatún- repetía hasta la saciedad :”Yo sigo”. Consciente de que había llegado su hora, ya que en las elecciones generales ERC había superado por primera vez a CDC en votos y escaños, Junqueras calificó de “fraude” la propuesta de participar en el Gobierno y se negó a reeditar la coalición con su apestado socio. En la hora 25 se produjo, sin embargo, el deshielo, cuando los propios correligionarios de Mas –temerosos de los resultados nefastos que le presagiaban en caso de repetición de los comicios- lo “dimitieron”. El President en funciones perdió la ocasión de hacer mutis por el foro con dignidad por el bien de su partido .y salió lloriqueando y afirmando que se iba, no por su voluntad, sino empujado por los demás protagonistas del proceso soberanista. Le concedieron el último deseo de escoger como sucesor a una persona de su confianza: el Alcalde de Gerona y Presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, Carles Puigdemont, que –a diferencia de su mentor- no era un converso tardío al independentismo, sino un promotor activo del mismo, como revela una de sus perlas oratorias:”Los invasores serán expulsados de Cataluña y nuestra tierra volverá a ser bajo la República, en la paz y en el trabajo, señora de sus libertades y de sus destinos”. Para justificar este rocambolesco desenlace, Mas ha tenido la desfachatez de decir que la negociación les había dado lo que le negaron las urnas, profesión de fe antidemocrática que le ha echado en cara la dirigente de Cs, Inés Arrimadas. La CUP ha dilapidado su posición clave al aceptar un acuerdo vergonzoso con “Junts pel SI”, que le devolverá a la irrelevancia de sus diez escaños, reducidos a ocho al haber cedido dos para configurar la mayoría gubernamental. Se ha auto-inculpado públicamente, en la mejor tradición marxista, de que su oposición a CDC podía haber puesto en riesgo el empuje y el voto mayoritario de la población a favor del proceso hacia la independencia. Ha renunciado a ser oposición al comprometerse a no votar en contra del Govern cuando corriera riesgo su estabilidad. El No a la investidura de Mas ha aumentado la fractura interna de la CUP y dos de sus diputados más críticos se han visto forzados a renunciar a su escaño. Habrá que ver si el nuevo Gobierno respetará los compromisos asumidos por Mas al aceptar unas exigencias políticas y socio- económicas, que están abiertamente en contra del programa de CDC e incluso del de ERC. Para salvar la cara, la CUP alega que la situación sería “reversible” si el Govern no cumpliera sus promesas. El acuerdo logrado “in extremis” no ha sido una sorpresa. Ya en un artículo del pasado 19 de Octubre advertí que “la CUP bajará sus pretensiones para permitir salvar la cara a CDC y llegará a un acuerdo vergonzante con “Junts per SI”. Lo sorprendente es que haya tardado tanto en producirse. Forzando el espíritu y la letra de las normas reglamentarias, la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convocó el domingo una sesión extraordinaria en la que Puigdemont fue investido como Presidente de la Generalitat, con 70 votos a favor –incluidos 8 de la CUP-, 63 en contra y 2 abstenciones. El President se ha comprometido a aplicar la declaración independentista aprobada por el Parlament y asumido el programa de Mas de poner en pie los órganos básicos de un Estado, incluidos una Hacienda y una Seguridad Social propias y un Banco Central. Concluyó su discurso inaugural con un “¡Visca Catalunya lliure!”. El próximo martes se podrá al frente de un Gobierno que estará formado por un 60% de Consejeros procedentes de CDC y un 40% de ERC, cuyo líder Junqueras será su único Vicepresidente. Cataluña tendrá el Gobierno más radical en su historia democrática, con un Presidente que, desde la AMI, ha fomentado el independentismo a través del municipalismo. Según Arcadi Espada, a partir de ahora la independencia está en mano de los antisitema y, si sus posibilidades de prosperar siempre fueron escasísimas, ahora serán nulas. No hay clase dirigente, burguesía o clase media comprometidas con la independencia en un grado y modo suficientes, por lo que el proyecto está muerto. Una banda de descerebrados está convencida de que el asalto al Estado de Derecho es posible en 18 meses. No estoy del todo de acuerdo con el escritor catalán, pues es de temer que el Govern y el Parlament inicien el proceso de “desconexión” de España en un crítico momento de vacío de poder en el Gobierno de la Nación y con serias dificultades para su formación. Evaluación de los resultados de las elecciones generales Según el Director de Investigación y Análisis de Sigma-2, José Miguel de Elías, las elecciones del 20-D pusieron a cada partido en su sitio. El PP sufrió un importante desgaste y perdió muchos votantes, pero la sociedad le marcó un suelo que le ha permitido seguir siendo el partido hegemónico. La estrategia socialista de centrar la lucha política en el eje “izquierda-derecha” le ha dado buenos resultados frente a Cs, pero no frente a Ps, que ha ganado la partida en el eje “centralismo-nacionalismo”. El partido de Iglesias tiene la semilla de su debilidad en los mismos apoyos que le han otorgado su fuerza: los grupos nacionalistas de izquierda, cuya alma nacionalista prevalecerá sobre consideraciones socio-económicas. El electorado ha recordado a Cs de que su papel hoy no es el de dirigir el Gobierno, porque la tensión izquierda-derecha es aún demasiado fuerte. La composición del Congreso difícilmente permitirá la formación de un Gobierno estable, por lo que “tendremos elecciones en tres o cuatro meses o, si se consigue formar gobierno, en menos de dos años, que es lo máximo que razonablemente podría aguantar un Gobierno multipartidista”. Las elecciones han traído mensajes para todos y, de la correcta interpretación que de ellos hagan los partidos dependerá en gran parte su resultado en unos más que posibles próximos comicios. Rajoy ha hecho de la necesidad virtud y propuesto al PSOE y a Cs una coalición de Gobierno o, al menos, un pacto de legislatura, pero los socialistas, reeditando implícitamente el anti-democrático Pacto de Tinell, niegan el pan y la sal a la fuerza más votada y rechazan no sólo un posible acuerdo sino incluso el diálogo. En un mesurado artículo titulado “El cambio es el pacto”, el eurodiputado popular Esteban González Pons ha comentado que se pidió un mandato de cambio y el electorado ha impuesto un Parlamento en el que la actitud natural debería ser el pacto. La nueva política es no tanto el cambio como el pacto. Si se quiere abandonar el bipartidismo habrá que aprender a practicar el pluripartidismo y resulta contradictorio alentar un Congreso multipartidista y negarse a pactar con uno de los partidos vertebradores de una posible mayoría. Gonzáles Pons ha recordado la normalidad que supone la alianza en el Parlamento Europeo de populares, socialistas y liberales, habiéndose llegado al acuerdo de votar como Presidente de la Comisión al representante de la corriente más votada –el PPE de Jean-Claude Juncker- y de repartirse la presidencia del PE entre socialistas y populares, y que, de los 28 Estados miembros de la UE, 24 cuentan con Gobiernos de coalición. La enrevesada situación parlamentaria española es lo normal en Europa. Pese a recibir un mensaje de consenso por parte del pueblo, algunos políticos irresponsables no se esfuerzan por cumplirlo y prefieren repetir las elecciones, como si el electorado se hubiera equivocado y le dieran una segunda oportunidad para rectificar. Repetir las elecciones sería un fracaso y un desastre, pues “el pueblo nos ha ordenado que hablemos”. El PSOE se ha negado en redondo a pactar con el PP, ni siquiera una fórmula de mínimos que permitiera con su abstención la formación de un Gobierno en minoría. Como ha observado el socialista Nicolás Redondo Terreros, en su artículo “Entre nobles y pícaros” publicado hoy en “El Mundo”, el PSOE ha propuesto una gran coalición progresista definida únicamente por la voluntad de llevar al PP a la oposición. Dicen que es el momento de hablar, de negociar y de pactar con todos los grupos políticos, pero paradójicamente se niega a hacerlo con el partido que ha ganado las elecciones. Después del 20-D eran muchas las indicaciones para se abriera un tiempo de acuerdos entre diferentes, que requería la capacidad de superar siglas:”un tiempo de políticas compartidas, de contemplar a toda la sociedad española, olvidando la satisfacción momentánea de ‘los nuestros’. La complejidad de los últimos resultados electorales indica la necesidad de huir de la política de campanario para realizar una nación integrada y moderada”. Pero estas expectativas han aparecido debilitadas ante el impulso de la vanidad de unos políticos más preocupados por sobrevivir que por dar una solución sostenible a los grandes problemas de España. Sánchez está determinado a encabezar, a cualquier precio, una “alternativa de izquierda y de progreso”, con la colaboración de Ps, IU y la izquierda nacionalista -ERC y EH-Bildu-, ante la negativa de Cs a sumarse a semejante bodrio.. Aún así, no alcanzaría la mayoría y requeriría del apoyo de partidos de derechas como CDC o PNV, que están acostumbrados a exigir un alto precio por su desinteresada colaboración. La formación de un “octo-partito” se plasmaría en un Gobierno inviable por sus múltiples contradicciones internas. Como han señalado algunos viejos dirigentes socialistas,”ni las matemáticas ni los principios permiten un Gobierno penta-partito” y “nos arrastraremos ante Ps sólo para acabar hechos unos girones”. Pero Pedro Sánchez -emulando a Artur Mas y obsesionado por acceder al poder a todo coste- persiste en el empeño y pretende formar un gobierno de coalición de izquierdas “a la portuguesa”, como el constituido por el socialista António Costa con el apoyo del Partido Comunista y el Bloco de Esquerda –similar a Ps-. Semejante pretensión es, sin embargo, una falacia porque, aunque existan algunas semejanzas, la situación de España y de Portugal es bien diferente. El pueblo portugués tiene un talante distinto del español, como prueba que la famosa “revolución de los claveles” sólo produjera tres muertos y que el electorado conservador votara en su momento al PS para evitar el triunfo del Movimiento de las Fuerzas Armadas controlado por el PC. La izquierda más extrema no ha cuestionado la integridad de Portugal, ni su organización territorial. No hay nacionalismo y tan sólo se da la dialéctica derecha-izquierda, en la que el PC y el Bloco ocupan una posición marginal. El PS tiene muchos puntos en común el con Partido Social Demócrata y profundas diferencias con sus coyunturales socios a los que se ha aliado para acceder al poder a pesar de ser el segundo partido más votado.El ex –Primer Ministro, Pedro Passos Coelho, ha dado muestras de sentido de Estado al permitir con la abstención de su partido que el Parlamento aprobara el presupuesto, contra el que votaron comunistas y “bloquistas”, que son contrarios a seguir las directrices fijadas por la UE. En Portugal existe un “ménage à trois”, en el que los dos partidos de extrema izquierda se limitan a darle apoyo externo al Gobierno de Costa, sin incorporarse al matrimonio, mientras que en España se trataría de formar un conglomerado de 8 ó 9 partidos con posiciones enfrentadas en muchos temas, especialmente en el de la unidad de la Nación y en la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y otras Comunidades. Así como España –pese a los deseos de Ps- no debe seguir el ejemplo de Grecia, tampoco puede –con los debidos respetos al entrañable país vecino- tener a Portugal como modelo político o socio-económico. Si realmente quiere seguir el ejemplo de Portugal, Sánchez no tendría más que imitar a Passos Coelho y decidir la abstención del PSOE para permitir la investidura de Rajoy. . Pese al precedente de Mas -que se ha rebajado vergonzosamente en sus negociaciones con la CUP, Sánchez parece dispuesto a hacer lo propio con Ps y los nacionalistas radicales para poder formar un “Gobierno de progreso” a nivel nacional, lo que requerirían importantes concesiones a cambio de su apoyo. El PSOE puede volver a las andadas porque su Secretario General –discípulo de Rodríguez Zapatero- se ha pronunciado en ocasiones anteriores a favor del “derecho a decidir” -que defendió hasta no hace mucho el PSC en su programa electoral- y por la consideración de Cataluña como una “nación de naciones”. Respecto al primer punto, el Congreso Federal le ha marcado una clara línea roja: la oposición a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En cuanto al segundo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, afirmó que la Constitución no reconoce más nación que la española. Como ha señalado Gabriel Tortella, si nación implica soberanía, una nación no puede contener otras naciones que también sean soberanas, porque, si estas naciones lo son, la nación que las contiene dejaría de serlo. Por otra parte, Ps no tiene el menor interés en apoyar un Gobierno del PSOE, pues a lo que aspira es a sustituirlo como principal referencia de la izquierda. El dirigente socialista Octavio Granados ha afirmado que es fundamental que cada partido aclare con quién quiere pactar y en qué condiciones y, vistas las opciones, habrá que escoger el mal menor, dada la imposibilidad del PSOE de formar Gobierno. El partido se ha jactado de aquello en lo que ha fracasado: pactar una alternativa. Según ha editorializado “ABC”, el PSOE no ha sacado todas las lecciones de la experiencia zapaterista de Gobiernos de coalición. Sus 90 escaños reflejan las consecuencias de estos experimentos de aprendiz de brujo, que acabaron con la personalidad política de un partido de izquierda nacional y socialdemócrata, reconvertido en un semillero de extrema izquierda y en un comodín de los nacionalismos separatistas. Posible repetición de las elecciones generales La situación ha empeorado con la guerra intestina entre los líderes socialistas por el poder, especialmente por parte de la Presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que aspira a sustituir a Sánchez como Secretario General, aunque no acabe de mostrar sus cartas y prefiera “nadar y guardar la ropa”. Éste se aferra al cargo y está dispuesto a hacer lo que sea para conservarlo. Según “El País”, el espectáculo que están dando los líderes del PSOE no sólo está socavando la posibilidad de plantear un Gobierno para el cambio, sino que pone en peligro la propia supervivencia de un partido con más de 100 años de historia. El espectro del PASOK griego se cierne sobre el PSOE, pero Sánchez no parece ser consciente de ello. Pensó que podría ganar tiempo para consolidar su posición con la prevista repetición de las elecciones en Cataluña, pero el acuerdo logrado facilita el adelanto de un Congreso en el que Díaz –con el apoyo de la mayoría de los barones socialistas- podría presentar su candidatura, si se repiten las elecciones generales. Si el partido mantuviera su inexplicada decisión de no pactar con el PP, la celebración de nuevas elecciones generales sería inevitable. Para Díaz, sería un fracaso que ocurriera esto, pero no cabe descartarlo dada la aritmética del 20-D. La aritmética sin duda influye, pero en manos del PSOE está impedirlo mediante su abstención en la investidura de Rajoy. Si mantiene su empecinamiento, el partido será el principal responsable de la repetición de los comiicios. Ante la confirmación del desafío secesionista, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha afirmado que el Gobierno en funciones puede contar con su partido para defender la Constitución y la ley, y reiterado el compromiso irrenunciable con la unidad y la integridad de España. No ha hecho referencia alguna, sin embargo, a la petición del PP de que los socialistas faciliten la investidura de Rajoy. En la coyuntura actual es necesaria más que nunca la unión de los partidos constitucionalistas, por lo que el PSOE –si tuviera sentido de Estado- debería, no ya permitir un Gobierno en minoría del PP, sino formar parte con el PP y Cs de un Gobierno de coalición con sólida base, que dé estabilidad a España y le permita hacer frente de forma eficaz al proceso independentista. Incluso antes de que concluyera la sesión de investidura en Cataluña, el Pesidente Rajoy afirmó solemnemente -con el respaldo de PSOE y Cs- que el Gobierno en funciones no dejará pasar ni una sola actuación que sea contraria a la ley y ha advertido al flamante Presidente de la Generalitat que “ni se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley, ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado”. Ha asegurado de forma tajante que defenderá la democracia en toda España y su soberanía, que reside en el conjunto del pueblo español. En esta crítica coyuntura, todos los demócratas han de apoyar al Gobierno, que deberá aplicar todos los medios jurídicos disponibles para hacer frente al desafío separatista, incluido el recurso al artículo 155 de la Constitución, en cuya virtud, “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general, el Gobierno…podrá tomar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. “¡Dura lex, sed lex!” Madrid, 11 de Enero de 2016