¿HAY QUE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS?
Existe un clamor generalizado de crítica del funcionamiento actual del Estado de las Autonomías, hasta el punto de que –según el CIS- 40% de la población se ha pronunciado en contra del mismo. Crecen las voces favorables a la reforma de la Constitución para modificar el régimen autonómico vigente. Las soluciones que se apuntan van de la vuelta al Estado centralizado a la independencia, pasando por un federalismo más o menos asimétrico o un régimen confederal. Con o sin cambio constitucional, todos parecen coincidir en que no se puede seguir manteniendo la grave situación de despilfarro de las comunidades autónomas.
El Estado de las Autonomías en la Constitución
A la hora de establecer la estructura del Estado, los autores de la Constitución de 1978 se enfrentaron con el grave y difícil problema de cómo encajar las comunidades con lengua propia que habían tenido con anterioridad algún tipo de autogobernó. Descartaron las fórmulas federales -que tan desastrosos resultados habían producido durante la I República- y salvaron el escollo de forma hábil y pragmática, al reconocer en el artículo 2 “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la Nación española. Preveían con ello regímenes diferenciados para las comunidades históricas y para el resto de las regiones, estableciendo distintas vías de acceso a la autonomía. Este esquema fue, sin embargo, puesto en tela de juicio tras la decisión de Andalucía de celebrar un referéndum y sumarse a las comunidades de 1ª división, por lo que su Estatuto de 1981 siguió el modelo de las tres presuntas “nacionalidades”: País Vasco, Cataluña y Galicia. El Gobierno cometió entonces el inmenso error de recurrir a la fórmula de “café para todos” y, en vez de aguar el vino de las nacionalidades, echó vino en el agua de las regiones, extendiendo el sentimiento autonómico a provincias donde no existía o era bastante débil. Al redactar estas CCAA sus Estatutos, tomaron como punto de partida el régimen concedido a las nacionalidades e incluso lo ampliaron. Las comunidades históricas –que no aceptaban ser tratadas igual que las demás regiones- exigieron competencias adicionales al amparo del artículo 150-2, que permite transferir o delegar facultades en materia de titularidad estatal. Se inició así una puja para ver cuál salía más beneficiada, lo que llevó a la invocación por algunas comunidades de la “cláusula de comunidad más favorecida” –la insólita “fórmula Camps”- y dejó de esta forma abierto indefinidamente el proceso de transferencia de competencias del Gobierno central. El Estado de las Autonomías recibió un golpe decisivo con la modificación en 2006 del Estatuto de Cataluña, que –pese a las rebajas de las Cortes y del TC- estableció un régimen cuasi confederal, que, no obstante, ha sido considerado insuficiente por los nacionalistas catalanes, quienes –recurriendo al victimismo y a la falacia de que “España nos roba”- se han pronunciado abiertamente por la independencia.
Soluciones propuestas: recentralización, federación, confederación, independencia
Examinemos brevemente las soluciones que se han sugerido para resolver esta delicada situación. Gaspar Ariño o Ignacio Camuñas han propugnado el regreso a un Estado centralizado, en el que el Gobierno recupere buena parte de las competencias transferidas y las comunidades reduzcan sus hipertrofiadas estructuras administrativas. Esta solución, sin embargo, no es –en opinión de Francisco Sosa y Mercedes Fuertes- ni deseable ni posible, porque las diferentes formas de descentralización territorial han pasado a formar parte de los componentes de la democracia moderna. No resulta además viable porque difícilmente recibiría el apoyo necesario para la reforma de la Constitución. Hay muchos derechos adquiridos en las 17 CCAA y pocos parecen dispuestos a renunciar a ellos. Desestabilizar la Carta Magna para modificar un sistema autonómico que hizo posible la Transición y ha prestado –y sigue prestando- un importante servicio a la sociedad sería disparatado, pues pondría en entredicho la pertinencia y validez de un instrumento que fue aprobado en su día por amplio consenso –incluido el de la mayor parte del nacionalismo-, y proporcionaría argumentos a los nacionalistas para justificar su actitud secesionista.
El PSC y –a remolque- el PSOE han descubierto la pócima mágica del federalismo. Para José Montilla, el Estado de las Autonomías o avanza en sentido federal o se bloquea. Carme Chacón también estima que el régimen está agotado y apuesta por un federalismo sin privilegios, aunque reconozca que España es un país asimétrico y simpatice con el “federalismo asimétrico” de Pascual Maragall, noción que se contradice con el carácter igualitario de este tipo de régimen. Jorge de Esteban ha señalado que el reparto de competencias entre el Estado federal y los Estados federados no tiene que ser homogéneo, pero no debe ser asimétrico y ha de permitir que los derechos fundamentales sean iguales en todo el territorio. Los regímenes federales tienen carácter cerrado, ya que la distribución de competencias se encuentra claramente establecida en la Constitución, y es poco probable que los nacionalistas de Cataluña y Euskadi acepten un régimen que no satisfaga sus reivindicaciones como naciones. Como han apuntado Sosa y Fuertes, si el Estado de las Autonomías se estableció para contentar a los nacionalistas y éstos siguen insatisfechos, “es lícito preguntarnos si, al ponernos bajo la advocación de los manes del federalismo, nos espera idéntica frustración”.
Otra teórica solución sería la de una Confederación formada por España y las naciones de Cataluña, País Vasco y Galicia, todas ellas en pie de igualdad. Sería un paso previo a la plena independencia, tal como desean los nacionalistas. Sin embargo, la independencia impuesta de Cataluña o del País Vasco –sea de forma directa o diferida- sería jurídicamente ilegítima por anticonstitucional, políticamente disparatada, socialmente injusta y económicamente inviable. Quienes traten de violar la legalidad vigente tendrán que asumir las consecuencias en los planos nacional, europeo e internacional.
Mantenimiento del régimen vigente con correcciones
Dado que es poco probable una reforma de la Constitución por falta de consenso, queda la solución de mantener el “status quo” del Estado de las Autonomías y tratar de mejorarlo, pues –como ha señalado el ex Presidente de la Rioja Joaquín Espert- las críticas afectan, más que al sistema en sí, a los excesos en que ha incurrido. Ya en 1981, el Comité de Expertos presidido por Eduardo García de Enterría advirtió que resultaría gravemente inconveniente para la salud del sistema que las comunidades reprodujeran en su propio espacio los esquemas organizativos de la administración del Estado, y eso es justamente lo que han hecho. Hay que reducir su aparato administrativo al mínimo indispensable para el ejercicio de sus competencias, evitar duplicidades, simplificar estructuras y suprimir empresas innecesarias, reducir personal, mejorar la eficacia de la gestión, eliminar trabas burocráticas y no gastar más de lo que ingresen, para hacerlas económicamente sostenibles . También se debería potenciar el Senado y darle competencias en cuestiones autonómicas. Éstas y otras muchas mejoras podrían realizarse sin necesidad de modificar el modelo y reformar la Constitución. Según Pedro Silva, ex-Presidente de Asturias, desmontar el régimen autonómico o rehacerlo en plena crisis es tan insensato como proclamar la independencia. Como ha observado Ignacio Sotelo, no se puede desarmar el Estado de las Autonomías sin poner en cuestión la institución democrática o provocar que se escindan las comunidades históricas. Dicho Estado surgió con la democracia y su supresión podría suponer el fin de la democracia.
Sevilla, 25-X-12
viernes, 28 de diciembre de 2012
Amnesia colectiva en el País Vasco
AMNESIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
AMNESIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
AMNESIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
AMNESIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
AMNESIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO
El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España
Voto de los vascos expulsados de su país por la violencia de ETA
, Dichas elecciones ofrecían la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría. Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzadfos ausentes El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.
Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.
Olvido culpable del terrorismo y de sus víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna?. ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad?. Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.
El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.
Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.
Sevilla, 15-X-2012
¿Somos conscientes de la importancia del Español?
¿SOMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL?
El pasado día 20 asistí a la presentación del libro “El español en las relaciones internacionales”, escrito por el Embajador Javier Rupérez y el Profesosor David Fernández Vítores. La obra –que forma parte de una colección de monografías auspiciada por la Fundación Telefónica sobre “Valor económico del español”- es ilustrativa, pues pone de manifiesto la relevancia mundial de nuestro idioma. Como afirmó en el acto el Vicepresidente de la Fundación, Javier Nadal, la lengua española es el principal activo del país.
El español es la cuarta lengua más hablada –por 450 millones de personas en 21 Estados, 5,7% de la población mundial- y la segunda en importancia internacional, pues el chino y el hindi sólo son utilizados en China y la India. Es asimismo la segunda lengua más estudiada y el “producto más internacional de España”, en opinión de Rupérez, quien cita unas palabras precursoras de Antonio Nebrija, incluidas en 1492 en el prólogo de de su “Gramática de la Lengua Castellana”. En él afirmaba que la lengua había llevado a la monarquía y a la paz, y que “en la fortuna i buena dicha de la cual los miembros i pedaços de España que estauan por muchas partes derramados, se rediuxeron i aiuntaron en un cuerpo i unidad de reino, la forma y travazón del cual, assí está ordenada que muchos siglos, iniuria y tiempos no la podrán romper ni desatar”.
El español en Naciones Unidas
La sociedad española, sin embargo, no es consciente del valor de su lengua, “el mayor bien en un mundo en el que las empresas de la cultura y entretenimiento no dejan de crecer y globalizarse”, según Fernando Lafuente. El futuro del español dependerá, no tanto del crecimiento demográfico de sus usuarios, como de la fortaleza económica, el avance científico, la calidad cultural y el desarrollo democrático de los países que forman la Comunidad Iberoamericana. Ha dejado de ser patrimonio exclusivo de España y se ha convertido en un idioma predominantemente americano, que la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias Iberoamericanas deben “limpiar, fijar y dar esplendor”. La promoción del español es una tarea que transciende a España y requiere el compromiso y protagonismo del conjunto de la Comunidad.
Gracias a los países de América que elaboraron la Carta de San Francisco, el español es lengua oficial y de trabajo de la ONU, la tercera en importancia. Según señala Fernández Vítores, por razones pragmáticas se está produciendo una disociación entre la situación de hecho y de derecho, que beneficia al inglés en perjuicio de los demás idiomas oficiales, incluido el español. Pero esta hegemonía de inglés no debe degenerar en monopolio, y España y los países iberoamericanos deben promocionar el uso del español en todos los organismos del sistema onusiano, para aumentar –o, al menos, preservar- el peso institucional de nuestro idioma. Un testimonio personal al respecto. Cuando estaba de Representante Permanente ante las NU en Viena, supe por unos traductores españoles que el Director General del OIEA pretendía que las actas se redactaran únicamente en inglés y que se redujera la edición de documentos en otros idiomas. Me reuní con los Embajadores hispanoamericanos y decidimos oponernos. El Presidente del GRULAC y yo fuimos a hablar con Hans Blix y logramos parar el golpe. En un ámbito más amplio, españoles e iberoamericanos deben fomentar el uso de la lengua común y difundir coordinadamente la cultura en español, para lo que convendría recabar la colaboración de las Cumbres de la Comunidad Iberoamericana.
El español en la Unión Europea
La situación del castellano en la UE es menos favorable que en la ONU, porque depende únicamente de los méritos de España, al no contar con el crédito de internacionalidad que le otorga su uso por los países americanos. Es el cuarto idioma más usado y -aunque considerada lengua oficial- tiene rango inferior a las de trabajo, que son el inglés, el francés y el alemán. Prueba de ello es su injustificada exclusión como lengua oficial de la Agencia Europea de Patentes, en la que las patentes unificadas sólo pueden ser registradas en las tres lenguas citadas, pese a que el español es una de las cinco lenguas de trabajo de la Agencia Europea de Marcas. Esta discriminación es especialmente grave porque España es la referencia única de las patentes en español para Iberoamérica. El Gobierno socialista contribuyó a menoscabar la posición del español al proponer en 2004 el reconocimiento como lenguas oficiales de la Unión del catalán, el gallego y el euskera. La UE rechazó esta propuesta, pero accedió a que pudieran ser utilizadas en algunos de sus órganos, siempre que España asumiera los gastos de interpretación y traducción. Con ello se envió un mensaje de falta de unidad en la defensa institucional del español, y los eurócratas rebajaron su nivel al sexto lugar al considerar que sólo lo hablaban 30 millones de personas, pues excluía de su ámbito a los hispano-parlantes de Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia y el País Vasco, cuya lengua materna era la vernácula de sus respectivas comunidades. Siguiendo su errática política lingüística, el Gobierno ha autorizado el uso en el Senado de las lenguas co-oficiales . El espectáculo de los senadores discutiendo los problemas de España con auriculares resulta grotesco y esperpéntico. También ha tolerado la insumisión del Gobierno catalán al negarse a cumplir las sentencias de los tribunales sobre la obligación de la enseñanza en castellano, en contra del precepto constitucional sobre el deber de los españoles de conocerlo y su derecho a utilizarlo. Pero el artículo 3 de la Constitución se viola también en Euskadi, Galicia y Baleares.
Fomento del castellano dentro y fuera de España
En opinión de Fernández Vítores, las autoridades educativas deberían prestar atención a la solidez del español toda España y garantizar la generalización de su uso y la calidad de su conocimiento a todos los habitantes de país, sin perjuicio del uso, enseñanza y reconocimiento de las lenguas vernáculas co-oficiales. Sin embargo, la Generalitat acosa a la lengua oficial de Estado, al no permitir la escolarización en español, sancionar a quienes rotulan sus negocios en castellano o discriminar a autores catalanes –como Marsé o Mendoza- porque escriben en español. Ha hecho todo lo posible para enmendarle la plana a Nebrija, pero no podrá impedir que se cumpla su predicción de que ni la injuria ni el tiempo lograrán socavar la lengua castellana.
Como ha observado el Marqués de Tamarón, la imagen de la lengua española es manifiestamente mejorable, pues –si bien raya a gran altura en el ámbito literario-, no cabe decir lo mismo en el de la ciencia o la tecnología. Así, los científicos españoles tienen que investigar en países anglosajones y publicar sus trabajos en inglés, pues en este idioma se editan las más prestigiosas revistas científicas. Tampoco tiene suficiente presencia en Internet el español, como lo prueba que sus entradas en Wikipedia estén por detrás de las hechas en francés, alemán, holandés o sueco. A juicio de Álvaro Delgado-Gal, las elites culturales hispánicas son poco participativas y rinden por debajo de sus capacidades reales. Hay, pues, que colaborar más activamente en la expansión del español, que -según Rupérez- encontrará su mejor futuro en la vitalidad social, la capacidad de imaginación, la fuerza creativa y la prosperidad económica de los que lo hablan, Cabe concluir con Antonio Fontán que la lengua española constituye la mayor riqueza de nuestra nación, al ser un recurso natural, una fuente de riqueza y un activo intangible obra de la Historia, “si algún día, y en serio, los Gobiernos emprenden una verdadera política de fomento y promoción del español y la sociedad se apercibe del importante valor que tiene en las manos”.
Madrid 1-X-2012
El pasado día 20 asistí a la presentación del libro “El español en las relaciones internacionales”, escrito por el Embajador Javier Rupérez y el Profesosor David Fernández Vítores. La obra –que forma parte de una colección de monografías auspiciada por la Fundación Telefónica sobre “Valor económico del español”- es ilustrativa, pues pone de manifiesto la relevancia mundial de nuestro idioma. Como afirmó en el acto el Vicepresidente de la Fundación, Javier Nadal, la lengua española es el principal activo del país.
El español es la cuarta lengua más hablada –por 450 millones de personas en 21 Estados, 5,7% de la población mundial- y la segunda en importancia internacional, pues el chino y el hindi sólo son utilizados en China y la India. Es asimismo la segunda lengua más estudiada y el “producto más internacional de España”, en opinión de Rupérez, quien cita unas palabras precursoras de Antonio Nebrija, incluidas en 1492 en el prólogo de de su “Gramática de la Lengua Castellana”. En él afirmaba que la lengua había llevado a la monarquía y a la paz, y que “en la fortuna i buena dicha de la cual los miembros i pedaços de España que estauan por muchas partes derramados, se rediuxeron i aiuntaron en un cuerpo i unidad de reino, la forma y travazón del cual, assí está ordenada que muchos siglos, iniuria y tiempos no la podrán romper ni desatar”.
El español en Naciones Unidas
La sociedad española, sin embargo, no es consciente del valor de su lengua, “el mayor bien en un mundo en el que las empresas de la cultura y entretenimiento no dejan de crecer y globalizarse”, según Fernando Lafuente. El futuro del español dependerá, no tanto del crecimiento demográfico de sus usuarios, como de la fortaleza económica, el avance científico, la calidad cultural y el desarrollo democrático de los países que forman la Comunidad Iberoamericana. Ha dejado de ser patrimonio exclusivo de España y se ha convertido en un idioma predominantemente americano, que la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias Iberoamericanas deben “limpiar, fijar y dar esplendor”. La promoción del español es una tarea que transciende a España y requiere el compromiso y protagonismo del conjunto de la Comunidad.
Gracias a los países de América que elaboraron la Carta de San Francisco, el español es lengua oficial y de trabajo de la ONU, la tercera en importancia. Según señala Fernández Vítores, por razones pragmáticas se está produciendo una disociación entre la situación de hecho y de derecho, que beneficia al inglés en perjuicio de los demás idiomas oficiales, incluido el español. Pero esta hegemonía de inglés no debe degenerar en monopolio, y España y los países iberoamericanos deben promocionar el uso del español en todos los organismos del sistema onusiano, para aumentar –o, al menos, preservar- el peso institucional de nuestro idioma. Un testimonio personal al respecto. Cuando estaba de Representante Permanente ante las NU en Viena, supe por unos traductores españoles que el Director General del OIEA pretendía que las actas se redactaran únicamente en inglés y que se redujera la edición de documentos en otros idiomas. Me reuní con los Embajadores hispanoamericanos y decidimos oponernos. El Presidente del GRULAC y yo fuimos a hablar con Hans Blix y logramos parar el golpe. En un ámbito más amplio, españoles e iberoamericanos deben fomentar el uso de la lengua común y difundir coordinadamente la cultura en español, para lo que convendría recabar la colaboración de las Cumbres de la Comunidad Iberoamericana.
El español en la Unión Europea
La situación del castellano en la UE es menos favorable que en la ONU, porque depende únicamente de los méritos de España, al no contar con el crédito de internacionalidad que le otorga su uso por los países americanos. Es el cuarto idioma más usado y -aunque considerada lengua oficial- tiene rango inferior a las de trabajo, que son el inglés, el francés y el alemán. Prueba de ello es su injustificada exclusión como lengua oficial de la Agencia Europea de Patentes, en la que las patentes unificadas sólo pueden ser registradas en las tres lenguas citadas, pese a que el español es una de las cinco lenguas de trabajo de la Agencia Europea de Marcas. Esta discriminación es especialmente grave porque España es la referencia única de las patentes en español para Iberoamérica. El Gobierno socialista contribuyó a menoscabar la posición del español al proponer en 2004 el reconocimiento como lenguas oficiales de la Unión del catalán, el gallego y el euskera. La UE rechazó esta propuesta, pero accedió a que pudieran ser utilizadas en algunos de sus órganos, siempre que España asumiera los gastos de interpretación y traducción. Con ello se envió un mensaje de falta de unidad en la defensa institucional del español, y los eurócratas rebajaron su nivel al sexto lugar al considerar que sólo lo hablaban 30 millones de personas, pues excluía de su ámbito a los hispano-parlantes de Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia y el País Vasco, cuya lengua materna era la vernácula de sus respectivas comunidades. Siguiendo su errática política lingüística, el Gobierno ha autorizado el uso en el Senado de las lenguas co-oficiales . El espectáculo de los senadores discutiendo los problemas de España con auriculares resulta grotesco y esperpéntico. También ha tolerado la insumisión del Gobierno catalán al negarse a cumplir las sentencias de los tribunales sobre la obligación de la enseñanza en castellano, en contra del precepto constitucional sobre el deber de los españoles de conocerlo y su derecho a utilizarlo. Pero el artículo 3 de la Constitución se viola también en Euskadi, Galicia y Baleares.
Fomento del castellano dentro y fuera de España
En opinión de Fernández Vítores, las autoridades educativas deberían prestar atención a la solidez del español toda España y garantizar la generalización de su uso y la calidad de su conocimiento a todos los habitantes de país, sin perjuicio del uso, enseñanza y reconocimiento de las lenguas vernáculas co-oficiales. Sin embargo, la Generalitat acosa a la lengua oficial de Estado, al no permitir la escolarización en español, sancionar a quienes rotulan sus negocios en castellano o discriminar a autores catalanes –como Marsé o Mendoza- porque escriben en español. Ha hecho todo lo posible para enmendarle la plana a Nebrija, pero no podrá impedir que se cumpla su predicción de que ni la injuria ni el tiempo lograrán socavar la lengua castellana.
Como ha observado el Marqués de Tamarón, la imagen de la lengua española es manifiestamente mejorable, pues –si bien raya a gran altura en el ámbito literario-, no cabe decir lo mismo en el de la ciencia o la tecnología. Así, los científicos españoles tienen que investigar en países anglosajones y publicar sus trabajos en inglés, pues en este idioma se editan las más prestigiosas revistas científicas. Tampoco tiene suficiente presencia en Internet el español, como lo prueba que sus entradas en Wikipedia estén por detrás de las hechas en francés, alemán, holandés o sueco. A juicio de Álvaro Delgado-Gal, las elites culturales hispánicas son poco participativas y rinden por debajo de sus capacidades reales. Hay, pues, que colaborar más activamente en la expansión del español, que -según Rupérez- encontrará su mejor futuro en la vitalidad social, la capacidad de imaginación, la fuerza creativa y la prosperidad económica de los que lo hablan, Cabe concluir con Antonio Fontán que la lengua española constituye la mayor riqueza de nuestra nación, al ser un recurso natural, una fuente de riqueza y un activo intangible obra de la Historia, “si algún día, y en serio, los Gobiernos emprenden una verdadera política de fomento y promoción del español y la sociedad se apercibe del importante valor que tiene en las manos”.
Madrid 1-X-2012
Negativa a escolarizar en español en Cataluña
NEGATIVA A ESCOLARIZAR EN ESPAÑOL EN CATALUÑA
El anuncio del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de que se financiará la enseñanza en castellano en centros docentes privados de las CCAA que –como en Cataluña o Baleares- no garantizan la escolarización en la lengua nacional del Estado ha provocado reacciones de signo contrario.
Subvenciones a centros privados para escolarizar en español
Al Presidente de la Generalitat, Artur Mas –que no ha mucho declaraba que quienes quieran escolarización en español podían crear colegios, como hacen los japoneses-, no le basta ya esta fórmula “a la japonesa” y se opone frontalmente a ella, y ha manifestado que las escuelas catalanas seguirán aplicando el actual sistema de inmersión porque funciona bien. Su Consejera de Educación, Irene Rigau, ha afirmado que sería una ilegalidad, que se opone a la intención de “españolizar a los alumnos de Cataluña”, y que –como los centros escolares deben ser autorizados por la Generalitat- ésta no concederá tales autorizaciones. El Presidente balear, José Ramón Bauzá, defendió la política lingüística de su Gobierno, que cumple el principio de libertad de elección en las aulas, y las normas de la Constitución y del Estatuto de autonomía. El consejero de Educación, Rafael Bosch, ha recordado a Wert que la lengua propia de Baleares es el catalán y que hay normas sobre la enseñanza que los centros educativos deben cumplir.
En el otro extremo del espectro, los Presidentes de UPyD y de Ciutadans, los portavoces de las plataformas que defienden la enseñanza bilingüe y las Asociaciones de Padres de Alumnos han criticado la decisión -que pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno de hacer cumplir las leyes- y le ha exigido que garantice la enseñanza del castellano en Cataluña y Baleares, porque cuenta con medios legales para ello. El PSOE ha abdicado de sus responsabilidades de partido de ámbito nacional y –por medio de su portavoz de Educación en el Congreso- ha negado la evidencia al afirmar que no hay problemas con la enseñanza en castellano en Cataluña, y acusado a Wert de pirómano.
Regulación de la enseñanza en España y en Cataluña
En opinión de Fernández Vítores, las autoridades educativas deberían prestar atención a la solidez del castellano en toda España y garantizar la generalización de su uso y conocimiento a todos los habitantes del país, sin perjuicio del uso, enseñanza y reconocimiento de las lenguas vernáculas co-oficiales. El problema no es tanto de la enseñanza del español, como de la enseñanza en español. El artículo 6 del Estatuto de 2006 establecía que el catalán era la lengua oficial de Cataluña y de uso normal y preferente de las administraciones y medios de comunicación públicos, utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje de la enseñanza. El castellano también es lengua oficial y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer los dos idiomas. Los poderes públicos de Cataluña deben facilitar el ejercicio de estos derechos y no pueden discriminar por el uso de una u otra lengua, pues los ciudadanos tienen derecho de opción lingüística. En su sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional suprimió el calificativo de “preferente” por considerarlo anticonstitucional, pero dejó intacto el resto de la disposición. La Generalitat, sin embargo, no sólo sigue considerando el catalán como preferente, sino que –en el ámbito de la enseñanza- lo ha convertido en lengua exclusiva y excluyente, en detrimento del otro idioma oficial, el español.
Frente a la reivindicación de Artur Mas de pacto fiscal, el Presidente del Gobierno central afirmó que le contestaría con la ley en la mano, y la ley no puede ser más clara en los temas educativo y lingüístico. El artículo 3 de la Constitución prevé que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Según el artículo 27, todos tienen derecho a la educación, y los poderes públicos garantizarán dicho derecho e inspeccionarán y homologarán los sistemas educativos para garantizar el cumplimiento de las leyes. Conforme a artículo 149-1-1º, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las disposiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Por el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación de 2006, el Estado deberá velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en materia educativa y lingüística. El Real Decreto-Ley 480/1981 creó la Alta Inspección del Estado, a la que se encomendó la labor de velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, “en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”. La Inspección tiene capacidad sancionadora y –según su artículo 5- si las sanciones por los incumplimientos “fueran insuficientes y persistiera la infracción, el Ministerio de Educación podrá por si mismo poner en ejecución lo prevenido en la legislación estatal, llegando –en su caso- a privar de efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de los títulos correspondientes”.
Flagrante incumplimiento de la Generalitat
En su sentencia 6/1982, el TC convalidó el Decreto-ley, que había sido impugnado por los Gobiernos catalán y vasco. El Tribunal estimó que la Generalitat tenía el deber de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y crear las condiciones que garanticen su plena igualdad en lo referente a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. La Alta Autoridad estaba legitimada para velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, entre los que figura el conocer la lengua peculiar de la comunidad autónoma y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado. La Inspección podía actuar directamente en los centros educativos, investigarlos y denunciar al Gobierno las infracciones de la legalidad del Estado.
Desde 2008 el Tribunal Supremo ha dictado seis sentencias en las que ha declarado ilegal la inmersión lingüística obligatoria y establecido que el castellano es lengua vehicular, que no puede quedar reducido a mero objeto de estudio como una asignatura más. La Generalitat no ha acatado ni cumplido dichas sentencias y se ha negado a escolarizar en castellano, alegando que la Ley de Educación de Cataluña ha regulado los programas de inmersión forzosa e ignorando la jerarquía de las normas. El Gobierno cuenta con medios legales para hacer frente a esta insumisión institucional, pero carece de voluntad política para imponerlos. Su debilidad estimula a algunas comunidades en su política de abierta confrontación. La situación es especialmente patética en el caso de Baleares, regida con mayoría absoluta por un Gobierno del partido gubernamental PP. La solución no está en la subvención vergonzante de centros privados para que los hispano-parlantes puedan ejercer su derecho a ser escolarizados en español, pues –como ha señalado Victoria Prego- resulta inconcebible que el Gobierno intente resolver con dinero lo que no puede conseguir con la aplicación de la ley. Puede ser, sin embargo, un mal menor para impedir que se sigan conculcando derechos fundamentales, hasta que el Gobierno central se decida a actuar con firmeza.
Preguntado sobre si el Gobierno era capaz de lograr que los niños de Cataluña y Baleares puedan estudiar en castellano, Wert respondió que el tema iba a tener una solución práctica, porque el problema no era lo que dijera la ley –que establece claramente este derecho-, sino hacerlo efectivo, y yo –añadió el Ministro- “garantizo que eso lo vamos a hacer”. Concedámosle el beneficio de la duda, aunque –como reza el refrán- “obras son amores y no buenas razones”.
Madrid, 9-X-2012
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El anuncio del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de que se financiará la enseñanza en castellano en centros docentes privados de las CCAA que –como en Cataluña o Baleares- no garantizan la escolarización en la lengua nacional del Estado ha provocado reacciones de signo contrario.
Subvenciones a centros privados para escolarizar en español
Al Presidente de la Generalitat, Artur Mas –que no ha mucho declaraba que quienes quieran escolarización en español podían crear colegios, como hacen los japoneses-, no le basta ya esta fórmula “a la japonesa” y se opone frontalmente a ella, y ha manifestado que las escuelas catalanas seguirán aplicando el actual sistema de inmersión porque funciona bien. Su Consejera de Educación, Irene Rigau, ha afirmado que sería una ilegalidad, que se opone a la intención de “españolizar a los alumnos de Cataluña”, y que –como los centros escolares deben ser autorizados por la Generalitat- ésta no concederá tales autorizaciones. El Presidente balear, José Ramón Bauzá, defendió la política lingüística de su Gobierno, que cumple el principio de libertad de elección en las aulas, y las normas de la Constitución y del Estatuto de autonomía. El consejero de Educación, Rafael Bosch, ha recordado a Wert que la lengua propia de Baleares es el catalán y que hay normas sobre la enseñanza que los centros educativos deben cumplir.
En el otro extremo del espectro, los Presidentes de UPyD y de Ciutadans, los portavoces de las plataformas que defienden la enseñanza bilingüe y las Asociaciones de Padres de Alumnos han criticado la decisión -que pone de manifiesto la incapacidad del Gobierno de hacer cumplir las leyes- y le ha exigido que garantice la enseñanza del castellano en Cataluña y Baleares, porque cuenta con medios legales para ello. El PSOE ha abdicado de sus responsabilidades de partido de ámbito nacional y –por medio de su portavoz de Educación en el Congreso- ha negado la evidencia al afirmar que no hay problemas con la enseñanza en castellano en Cataluña, y acusado a Wert de pirómano.
Regulación de la enseñanza en España y en Cataluña
En opinión de Fernández Vítores, las autoridades educativas deberían prestar atención a la solidez del castellano en toda España y garantizar la generalización de su uso y conocimiento a todos los habitantes del país, sin perjuicio del uso, enseñanza y reconocimiento de las lenguas vernáculas co-oficiales. El problema no es tanto de la enseñanza del español, como de la enseñanza en español. El artículo 6 del Estatuto de 2006 establecía que el catalán era la lengua oficial de Cataluña y de uso normal y preferente de las administraciones y medios de comunicación públicos, utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje de la enseñanza. El castellano también es lengua oficial y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer los dos idiomas. Los poderes públicos de Cataluña deben facilitar el ejercicio de estos derechos y no pueden discriminar por el uso de una u otra lengua, pues los ciudadanos tienen derecho de opción lingüística. En su sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional suprimió el calificativo de “preferente” por considerarlo anticonstitucional, pero dejó intacto el resto de la disposición. La Generalitat, sin embargo, no sólo sigue considerando el catalán como preferente, sino que –en el ámbito de la enseñanza- lo ha convertido en lengua exclusiva y excluyente, en detrimento del otro idioma oficial, el español.
Frente a la reivindicación de Artur Mas de pacto fiscal, el Presidente del Gobierno central afirmó que le contestaría con la ley en la mano, y la ley no puede ser más clara en los temas educativo y lingüístico. El artículo 3 de la Constitución prevé que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Según el artículo 27, todos tienen derecho a la educación, y los poderes públicos garantizarán dicho derecho e inspeccionarán y homologarán los sistemas educativos para garantizar el cumplimiento de las leyes. Conforme a artículo 149-1-1º, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las disposiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Por el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación de 2006, el Estado deberá velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en materia educativa y lingüística. El Real Decreto-Ley 480/1981 creó la Alta Inspección del Estado, a la que se encomendó la labor de velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, “en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado”. La Inspección tiene capacidad sancionadora y –según su artículo 5- si las sanciones por los incumplimientos “fueran insuficientes y persistiera la infracción, el Ministerio de Educación podrá por si mismo poner en ejecución lo prevenido en la legislación estatal, llegando –en su caso- a privar de efectos oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de los títulos correspondientes”.
Flagrante incumplimiento de la Generalitat
En su sentencia 6/1982, el TC convalidó el Decreto-ley, que había sido impugnado por los Gobiernos catalán y vasco. El Tribunal estimó que la Generalitat tenía el deber de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y crear las condiciones que garanticen su plena igualdad en lo referente a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña. La Alta Autoridad estaba legitimada para velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, entre los que figura el conocer la lengua peculiar de la comunidad autónoma y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado. La Inspección podía actuar directamente en los centros educativos, investigarlos y denunciar al Gobierno las infracciones de la legalidad del Estado.
Desde 2008 el Tribunal Supremo ha dictado seis sentencias en las que ha declarado ilegal la inmersión lingüística obligatoria y establecido que el castellano es lengua vehicular, que no puede quedar reducido a mero objeto de estudio como una asignatura más. La Generalitat no ha acatado ni cumplido dichas sentencias y se ha negado a escolarizar en castellano, alegando que la Ley de Educación de Cataluña ha regulado los programas de inmersión forzosa e ignorando la jerarquía de las normas. El Gobierno cuenta con medios legales para hacer frente a esta insumisión institucional, pero carece de voluntad política para imponerlos. Su debilidad estimula a algunas comunidades en su política de abierta confrontación. La situación es especialmente patética en el caso de Baleares, regida con mayoría absoluta por un Gobierno del partido gubernamental PP. La solución no está en la subvención vergonzante de centros privados para que los hispano-parlantes puedan ejercer su derecho a ser escolarizados en español, pues –como ha señalado Victoria Prego- resulta inconcebible que el Gobierno intente resolver con dinero lo que no puede conseguir con la aplicación de la ley. Puede ser, sin embargo, un mal menor para impedir que se sigan conculcando derechos fundamentales, hasta que el Gobierno central se decida a actuar con firmeza.
Preguntado sobre si el Gobierno era capaz de lograr que los niños de Cataluña y Baleares puedan estudiar en castellano, Wert respondió que el tema iba a tener una solución práctica, porque el problema no era lo que dijera la ley –que establece claramente este derecho-, sino hacerlo efectivo, y yo –añadió el Ministro- “garantizo que eso lo vamos a hacer”. Concedámosle el beneficio de la duda, aunque –como reza el refrán- “obras son amores y no buenas razones”.
Madrid, 9-X-2012
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domingo, 2 de septiembre de 2012
Andalucía, ERE que erre
ANDALUCÍA, ERE QUE ERRE
Desde 1978 Andalucía es un coto cerrado del PSOE, donde sólo cazan los socialistas andaluces y, a veces, los comunistas, cuando facilitan con sus votos un gobierno socialista, como ocurrió con la alianza Monteseirín-Torrijos en el Ayuntamiento de Sevilla o sucede en la actualidad con la coalición Griñán-Valderas en la Junta de Andalucía. Los socialistas han explotado a su antojo su cortijo andaluz sin tener que rendir cuentas a nadie –salvo a Pablo Iglesias y a la Historia-, especialmente durante los 19 años del virreinato de Manuel Chaves.
El escándalo de los ERE
Como consecuencia del monopolio del Gobierno, la Junta ha cometido abusos de poder, consentido la corrupción, alentado el nepotismo y beneficiado militantes socialistas y comunistas –y a sus familiares y amigos-, en la más absoluta impunidad. Pero la “madre” de todos los despilfarros ha sido el caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo –el mayor caso de corrupción de la autonomía andaluza-, por el que, la Junta ha dilapidado -desde 2001- 1.323 millones de euros de caudales públicos, ilegalmente desviados a un “fondo de reptiles”, libremente administrado por los jerarcas del PSOE -sin transparencia ni control alguno- y distribuido generosamente entre sus miembros y simpatizantes. Así, ha concedido numerosas subvenciones a empresas que no tenían derecho a ellas, e indemnizaciones por despido y pensiones a personas que nunca habían trabajado en tales empresas. Entre los agraciados figuraban cargos de la Administración autonómica o municipal, y militantes socialistas y sus familiares.
Nuevos casos de ERE falsos fueron apareciendo, y cuando la oposición –incluida IU- pidió explicaciones a la Junta en el Parlamento, el PSOE se cerró en banda, recurrió al rodillo de su mayoría absoluta e impidió que se constituyera una Comisión de Investigación. El caso de los ERE se planteó entonces en el ámbito judicial y –pese a los denodados esfuerzos de la Junta para entorpecer la acción de la justicia- llegó finalmente a conocimiento de los tribunales. En consecuencia, sigue en la actualidad una doble vía: la acción judicial y el control político a través del Parlamento.
Aspectos judiciales del caso de los ERE
La Junta negó desde el principio la relevancia penal de la conducta de los responsables de los ERE y la calificó de exceso de celo o –a lo sumo- de falta administrativa. Sin embargo, esta chapucera trama no deriva de la actuación incorrecta de unos pocos funcionarios desaprensivos, sino que implica un sistema perfectamente planificado para manejar y distribuir fondos sin control alguno, una red de corrupción institucional inspirada -o, cuando menos, tolerada y condonada- por los altos cargos de la Junta. Ésta, sin embargo, se personó como presunta perjudicada en el proceso abierto ante el Juzgado nº 6 de Sevilla, para tener acceso al sumario y seguir -desde dentro- obstaculizando la actuación de la juez instructora. Destruyó numerosos documentos comprometedores y se resistió a entregar los expedientes solicitados por la juez Mercedes Alaya y, si finalmente los remitió, los expurgó debidamente. Inició una campaña descalificadora –e incluso calumniosa- contra la juez para tratar de intimidarla, pero ésta se ha mantenido firme y –con el debido rigor jurídico- ha imputado, procesado y encarcelado a varios altos cargos de la Junta, incluidos dos antiguos Consejeros de Empleo y varios ex-Directores Generales de Trabajo y Seguridad Social.
El auto por el que se acordó el procesamiento y encarcelamiento del ex-Consejero Antonio Fernández es demoledor. En él se acusa a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Para ello –deduce la juez- se había dotado a la Consejería de Empleo de un sistema operativo para que se pudieran eludir de forma ilícita los severos controles establecidos por la Intervención General de la Junta para las subvenciones concedidas por las distintas consejerías. Prueba del “doble juego” del PSOE en el tratamiento judicial del caso, es que -cuando la juez decidió el encarcelamiento de Hernández- el personado PSOE criticó la medida, pidió que se le rebajara la fianza y decidió pagar los gastos de su defensa jurídica. En sus primeras declaraciones, el Consejero de Justicia del nuevo Gobierno socio-comunista arremetió con estridencia contra las decisiones tomadas por la Juez Alaya.
Aspectos políticos del caso de los ERE
En el plano el control político, el líder de IU-CA, Diego Valderas –a la sazón en la oposición- fue uno de los más vehementes críticos de la actuación de la Junta y exigió –junto con el PP- la creación de una comisión parlamentaria que investigara los ERE, lo que fue displicentemente rechazado por el PSOE amparado en su mayoría absoluta. Esta exigencia fue uno de los puntos clave del programa electoral comunista en las últimas elecciones autonómicas, pero Valderas –haciendo honor a su nombre- “donde dijo Digo, dijo Diego”. Como resultado de las elecciones –en las que el PP fue el partido más votado- sus 12 escaños convirtieron a IU en indispensable bisagra para permitir la continuidad del PSOE en la Junta, y Valderas se sacrificó por la patria andaluza e incorporó su partido a un Gobierno de coalición. Para salvar la cara, negoció con el PSOE la creación de una descafeinada comisión investigadora. Se produjo una situación similar a la del referéndum sobre la OTAN, convocado por un PSOE en la oposición para retirar a España de la Alianza y realizado por ese mismo partido –ya en el Gobierno- para consolidar la posición de nuestro país en la Organización. Se ha creado una Comisión, pero no para investigar de forma exhaustiva sobre las causas y los responsables del escándalo de los ERE, sino para dar piadosa sepultura al cadáver.
La Comisión presidida por el diputado comunista Ignacio García –juez y parte- realizará sus reuniones durante el período estival sevillano, con la idea de hacer una “faena de aliño” y finalizarlas el 30 de Septiembre. La Comisión ha rechazado 34 de los 91 documentos y 113 de las 135 comparecencias solicitados por el PP. Se ha opuesto a que se cite a varios altos ex-cargos de la Junta, pero ha impuesto la comparecencia de dirigentes populares como Zaplana, Arenas o Zoido. De los numerosos falsos prejubilados sólo ha citado a dos, ambos curiosamente militantes del PP. Poco resultado cabe, pues, esperar de una Comisión controlada por quienes deberían ser controlados
El auto de la juez Alaya apunta a José Antonio Griñán, al afirmar que Antonio Fernández conocía las conclusiones de la Intervención sobre los ERE, porque le fueron comunicadas en su condición de Consejero de Empleo, “junto a titulares de otras Consejerías” –incluido el entonces Consejero de Hacienda-. Según el dicho norteamericano, “the buck stops here” -la responsabilidad termina aquí-. ¿Cuál será la X de la trama de los ERE?.¿Dónde parará el “buck”?.¿Llegará hasta el ex-Consejero de Hacienda y actual Presidente de la Junta?. Es posible, si las togas no se ensucian con el polvo de camino. Pero, con independencia de cual sea la conclusión judicial, las implicaciones políticas del escándalo de los ERE habrían provocado la dimisión del Gobierno responsable en cualquier democracia seria. No obstante, Griñán –como el famoso personaje televisivo- ni se inmuta y afirma:”¡Yo sigo!”.
Desde 1978 Andalucía es un coto cerrado del PSOE, donde sólo cazan los socialistas andaluces y, a veces, los comunistas, cuando facilitan con sus votos un gobierno socialista, como ocurrió con la alianza Monteseirín-Torrijos en el Ayuntamiento de Sevilla o sucede en la actualidad con la coalición Griñán-Valderas en la Junta de Andalucía. Los socialistas han explotado a su antojo su cortijo andaluz sin tener que rendir cuentas a nadie –salvo a Pablo Iglesias y a la Historia-, especialmente durante los 19 años del virreinato de Manuel Chaves.
El escándalo de los ERE
Como consecuencia del monopolio del Gobierno, la Junta ha cometido abusos de poder, consentido la corrupción, alentado el nepotismo y beneficiado militantes socialistas y comunistas –y a sus familiares y amigos-, en la más absoluta impunidad. Pero la “madre” de todos los despilfarros ha sido el caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo –el mayor caso de corrupción de la autonomía andaluza-, por el que, la Junta ha dilapidado -desde 2001- 1.323 millones de euros de caudales públicos, ilegalmente desviados a un “fondo de reptiles”, libremente administrado por los jerarcas del PSOE -sin transparencia ni control alguno- y distribuido generosamente entre sus miembros y simpatizantes. Así, ha concedido numerosas subvenciones a empresas que no tenían derecho a ellas, e indemnizaciones por despido y pensiones a personas que nunca habían trabajado en tales empresas. Entre los agraciados figuraban cargos de la Administración autonómica o municipal, y militantes socialistas y sus familiares.
Nuevos casos de ERE falsos fueron apareciendo, y cuando la oposición –incluida IU- pidió explicaciones a la Junta en el Parlamento, el PSOE se cerró en banda, recurrió al rodillo de su mayoría absoluta e impidió que se constituyera una Comisión de Investigación. El caso de los ERE se planteó entonces en el ámbito judicial y –pese a los denodados esfuerzos de la Junta para entorpecer la acción de la justicia- llegó finalmente a conocimiento de los tribunales. En consecuencia, sigue en la actualidad una doble vía: la acción judicial y el control político a través del Parlamento.
Aspectos judiciales del caso de los ERE
La Junta negó desde el principio la relevancia penal de la conducta de los responsables de los ERE y la calificó de exceso de celo o –a lo sumo- de falta administrativa. Sin embargo, esta chapucera trama no deriva de la actuación incorrecta de unos pocos funcionarios desaprensivos, sino que implica un sistema perfectamente planificado para manejar y distribuir fondos sin control alguno, una red de corrupción institucional inspirada -o, cuando menos, tolerada y condonada- por los altos cargos de la Junta. Ésta, sin embargo, se personó como presunta perjudicada en el proceso abierto ante el Juzgado nº 6 de Sevilla, para tener acceso al sumario y seguir -desde dentro- obstaculizando la actuación de la juez instructora. Destruyó numerosos documentos comprometedores y se resistió a entregar los expedientes solicitados por la juez Mercedes Alaya y, si finalmente los remitió, los expurgó debidamente. Inició una campaña descalificadora –e incluso calumniosa- contra la juez para tratar de intimidarla, pero ésta se ha mantenido firme y –con el debido rigor jurídico- ha imputado, procesado y encarcelado a varios altos cargos de la Junta, incluidos dos antiguos Consejeros de Empleo y varios ex-Directores Generales de Trabajo y Seguridad Social.
El auto por el que se acordó el procesamiento y encarcelamiento del ex-Consejero Antonio Fernández es demoledor. En él se acusa a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Para ello –deduce la juez- se había dotado a la Consejería de Empleo de un sistema operativo para que se pudieran eludir de forma ilícita los severos controles establecidos por la Intervención General de la Junta para las subvenciones concedidas por las distintas consejerías. Prueba del “doble juego” del PSOE en el tratamiento judicial del caso, es que -cuando la juez decidió el encarcelamiento de Hernández- el personado PSOE criticó la medida, pidió que se le rebajara la fianza y decidió pagar los gastos de su defensa jurídica. En sus primeras declaraciones, el Consejero de Justicia del nuevo Gobierno socio-comunista arremetió con estridencia contra las decisiones tomadas por la Juez Alaya.
Aspectos políticos del caso de los ERE
En el plano el control político, el líder de IU-CA, Diego Valderas –a la sazón en la oposición- fue uno de los más vehementes críticos de la actuación de la Junta y exigió –junto con el PP- la creación de una comisión parlamentaria que investigara los ERE, lo que fue displicentemente rechazado por el PSOE amparado en su mayoría absoluta. Esta exigencia fue uno de los puntos clave del programa electoral comunista en las últimas elecciones autonómicas, pero Valderas –haciendo honor a su nombre- “donde dijo Digo, dijo Diego”. Como resultado de las elecciones –en las que el PP fue el partido más votado- sus 12 escaños convirtieron a IU en indispensable bisagra para permitir la continuidad del PSOE en la Junta, y Valderas se sacrificó por la patria andaluza e incorporó su partido a un Gobierno de coalición. Para salvar la cara, negoció con el PSOE la creación de una descafeinada comisión investigadora. Se produjo una situación similar a la del referéndum sobre la OTAN, convocado por un PSOE en la oposición para retirar a España de la Alianza y realizado por ese mismo partido –ya en el Gobierno- para consolidar la posición de nuestro país en la Organización. Se ha creado una Comisión, pero no para investigar de forma exhaustiva sobre las causas y los responsables del escándalo de los ERE, sino para dar piadosa sepultura al cadáver.
La Comisión presidida por el diputado comunista Ignacio García –juez y parte- realizará sus reuniones durante el período estival sevillano, con la idea de hacer una “faena de aliño” y finalizarlas el 30 de Septiembre. La Comisión ha rechazado 34 de los 91 documentos y 113 de las 135 comparecencias solicitados por el PP. Se ha opuesto a que se cite a varios altos ex-cargos de la Junta, pero ha impuesto la comparecencia de dirigentes populares como Zaplana, Arenas o Zoido. De los numerosos falsos prejubilados sólo ha citado a dos, ambos curiosamente militantes del PP. Poco resultado cabe, pues, esperar de una Comisión controlada por quienes deberían ser controlados
El auto de la juez Alaya apunta a José Antonio Griñán, al afirmar que Antonio Fernández conocía las conclusiones de la Intervención sobre los ERE, porque le fueron comunicadas en su condición de Consejero de Empleo, “junto a titulares de otras Consejerías” –incluido el entonces Consejero de Hacienda-. Según el dicho norteamericano, “the buck stops here” -la responsabilidad termina aquí-. ¿Cuál será la X de la trama de los ERE?.¿Dónde parará el “buck”?.¿Llegará hasta el ex-Consejero de Hacienda y actual Presidente de la Junta?. Es posible, si las togas no se ensucian con el polvo de camino. Pero, con independencia de cual sea la conclusión judicial, las implicaciones políticas del escándalo de los ERE habrían provocado la dimisión del Gobierno responsable en cualquier democracia seria. No obstante, Griñán –como el famoso personaje televisivo- ni se inmuta y afirma:”¡Yo sigo!”.
¿Atisbos de democratización en Libia?
¿ATISBOS DE DEMOCRATIZACIÓN EN LIBIA?
El pasado día 7 se celebraron las primeras elecciones libres en 60 años en Libia para elegir al Congreso General Nacional, que deberá nombrar un Consejo para que elabore una Constitución. Ésta será sometida a referéndum y, tras su aprobación, se deberán celebrar nuevas elecciones parlamentarias. De los 2.7 millones de libios llamados a las urnas para elegir 200 diputados entre 3.700 candidatos de 142 grupos políticos, han participado algo más del 60%. Pese a haber transcurrido más de una semana, no se conocen aún los resultados oficiales, aunque –según los datos avanzados por la Comisión Electoral, va por delante la Alianza de Fuerzas Populares (AFP), seguida por el Partido Justicia y Construcción de los Hermanos Musulmanes (PJC).
Dictadura de Gadafi
Libia es un extenso país semi-desértico de 1.579.540 kilómetros cuadrados de extensión y 6.597.960 habitantes, que limita al Norte con el Mediterráneo, al Este con Túnez y Argelia, al Oeste con Egipto, y al Sur con Níger, Chad y Sudán. Italia invadió el país en 1912 y creó la colonia de Libia uniendo los territorios de Tripolitania, Cirenaica y Fezzam. Al final de la II Guerra Mundial, la ONU constituyó un fideicomiso y en 1951 le concedió la independencia, bajo el reinado de Idris al-Senusi. En 1969 Mohamed Gadafi dio un golpe militar y derrocó la monarquía.
Gadafi implantó un régimen autocrático centrado en su persona, que se plasmó en la ”Yamahiriya” Árabe Libia, Popular y Socialista. Lo basó ideológicamente en su “Libro Verde”, un cocktail explosivo e indigesto de nacionalismo, socialismo e islamismo, con la guinda del culto a la persona del “Guía de la Revolución”. Asumió la totalidad del poder, desmanteló el Ejército y se rodeó de los fieles de su tribu y de una milicia de mercenarios. Prohibió los partidos políticos, persiguió a quienes no se plegaban a su voluntad, y formó un atípico “Gobierno del Pueblo”, en el que ejercía “de facto” todos los poderes. Apoyó grupos terroristas como ETA, IRA, las FARC o Abu Nidal, que dejó su huella sangrienta en la villa olímpica de Munich en 1972 o en la discoteca “La Belle” de Berlín en 1986. El punto culminante de este terrorismo de Estado se alcanzó en 1988 y 1989 con la explosión en vuelo de sendos aviones de PANAM y de UTA, en el primero de los cuales murieron 270 personas. La comunidad internacional impuso graves sanciones a Libia y Gadafi tuvo que cambiar su política de confrontación. Indemnizó a las víctimas de los atentados aéreos, renunció al desarrollo de la energía nuclear con fines militares, y colaboró en la lucha contra el terrorismo, por lo que fue perdonando y rehabilitado a partir del año 2000.
“Primavera libia” y guerra civil
Tras los movimientos populares de Túnez y Egipto, el pueblo libio se unió a este proceso crítico de las autocracias, a partir de una manifestación celebrada el 15 de Febrero de 2011 en Begasi, y este movimiento civil espontáneo se fue extendiendo por todo el país. Gadafi reaccionó de forma violenta y utilizó la aviación y la artillería pesada contra los manifestantes, causando centenares de muertos y heridos. Los rebeldes improvisaron milicias con voluntarios y desertores del ejército, que se enfrentaron militarmente con el potente ejército regular. En el plano político, establecieron en Bengasi un Consejo Nacional de Transición –presidido por el ex-Ministro de Justicia Mahmud Jibril-, que sería reconocido por muchos Estados.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 27 de Febrero la resolución 1970, en la que exigía al Gobierno libio el fin inmediato de la violencia y la adopción de medidas para atender las legítimas aspiraciones de la población. A raíz de la petición de la Liga Árabe de que se estableciera una zona de exclusión aérea, el Consejo adoptó el 17 de Marzo la resolución 1973, que no sólo permitía la creación de la citada zona sobre el territorio libio, sino que autorizaba a los Estados miembros -actuando a título nacional o a través de organizaciones y acuerdos regionales- a “tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las áreas pobladas de civiles bajo amenaza de ataque por la aviación libia” Esta amplia formulación amparó la intervención humanitaria que se produjo. La oposición de Alemania y Turquía impidió que la OTAN interviniera directamente, y Francia y Gran Bretaña tuvieron que tomar la iniciativa, en colaboración con otros miembros de la Alianza -incluida España- y con varios países árabes como Arabia Saudita, Qatar y EAU. El apoyo aero-naval de la OTAN fue decisivo para que los rebeldes ganaran la partida a las tropas de Gadafi, quien fue brutalmente asesinado por las milicias de Misrata a finales de Octubre tras la conquista de Sirte, su ciudad natal. Con ella concluía la guerra civil y se abría al pueblo libio una posible vía hacía formas más democráticas de Gobierno.
Asumió provisionalmente el Gobierno el Consejo Nacional de Transición, cuyo principal objetivo era estabilizar la vida política y poner orden en el país, desarmar las múltiples milicias y convocar elecciones libres al Parlamento El Consejo –que adolecía de falta de legitimación democrática- no ha cumplido satisfactoriamente sus dos primeros objetivos, por su carencia de fuerzas efectivas para controlar todo el país, y por la violenta oposición de las milicias, que anunciaron que no entregarían las armas hasta que no concluyera el proceso constitucional. Si ha conseguido, al menos, el hito histórico de que se celebren por primera vez en el país unas elecciones razonablemente libres y limpias. Pese al boicot de milicias partidarias de una mayor autonomía para Cirenaica –que vieron reforzadas sus reivindicaciones por la torpeza del Consejo de sólo atribuirle 60 escaños, frente a los 120 de Tripolitania y los 20 de Fezzam- el 94% de los colegios electorales funcionaron con normalidad.
Perspectivas tras las primeras elecciones libres
Los principales partidos en presencia han sido los islamistas PJC de Mohamed Sowan, el Reagrupamiento Nacional por la Libertad, la Justicia y el Desarrollo de Ají al-Salabi y El Watan de Abdul Belhadj, y los laicos AFN de Mahmud Jibril y el Partido de los Libios Libres de Saadi al-Marimi. Todos ellos han reafirmado su identidad islámica y su compromiso de aplicar la Sharía, diferenciándose únicamente en que, mientras para aquéllos es la única fuente de la legislación, para éstos es sólo la fuente principal. Hablar de islamistas moderados es una “contradictio in terminis”, porque –convencidos de la superioridad del Corán y de la Sharía-, harán todo lo posible para imponer uno y otra, y establecer un Estado confesional de inspiración islámica. Incluso el “liberal” Jibril ha afirmado su compromiso con la ley coránica, aunque ha destacado que su coalición pretende que Libia sea un Estado laico y no islámico.
Aún es pronto para saber el camino que se va a seguir. Las elecciones celebradas son sólo el primer –aunque trascendental- paso en un proceso que comprende la elaboración de una Constitución, la celebración de nuevas elecciones en 2013 y la formación de un Gobierno. Libia es un país tribal sin sentimiento de Estado y la Constitución deberá resolver el delicado problema de su estructuración, que –sea mediante una fórmula federal o autonómica ampliamente descentralizadora- logre un equilibrio entre las regiones y entre las tribus, tenga el cuenta las aspiraciones de Cirenaica y evite el centralismo protagonizado por Trípoli .Hay que dar un margen de confianza al pueblo libio que –a diferencia de lo ocurrido con el de Túnez o Egipto- no se ha entregado completamente al islamismo.
El pasado día 7 se celebraron las primeras elecciones libres en 60 años en Libia para elegir al Congreso General Nacional, que deberá nombrar un Consejo para que elabore una Constitución. Ésta será sometida a referéndum y, tras su aprobación, se deberán celebrar nuevas elecciones parlamentarias. De los 2.7 millones de libios llamados a las urnas para elegir 200 diputados entre 3.700 candidatos de 142 grupos políticos, han participado algo más del 60%. Pese a haber transcurrido más de una semana, no se conocen aún los resultados oficiales, aunque –según los datos avanzados por la Comisión Electoral, va por delante la Alianza de Fuerzas Populares (AFP), seguida por el Partido Justicia y Construcción de los Hermanos Musulmanes (PJC).
Dictadura de Gadafi
Libia es un extenso país semi-desértico de 1.579.540 kilómetros cuadrados de extensión y 6.597.960 habitantes, que limita al Norte con el Mediterráneo, al Este con Túnez y Argelia, al Oeste con Egipto, y al Sur con Níger, Chad y Sudán. Italia invadió el país en 1912 y creó la colonia de Libia uniendo los territorios de Tripolitania, Cirenaica y Fezzam. Al final de la II Guerra Mundial, la ONU constituyó un fideicomiso y en 1951 le concedió la independencia, bajo el reinado de Idris al-Senusi. En 1969 Mohamed Gadafi dio un golpe militar y derrocó la monarquía.
Gadafi implantó un régimen autocrático centrado en su persona, que se plasmó en la ”Yamahiriya” Árabe Libia, Popular y Socialista. Lo basó ideológicamente en su “Libro Verde”, un cocktail explosivo e indigesto de nacionalismo, socialismo e islamismo, con la guinda del culto a la persona del “Guía de la Revolución”. Asumió la totalidad del poder, desmanteló el Ejército y se rodeó de los fieles de su tribu y de una milicia de mercenarios. Prohibió los partidos políticos, persiguió a quienes no se plegaban a su voluntad, y formó un atípico “Gobierno del Pueblo”, en el que ejercía “de facto” todos los poderes. Apoyó grupos terroristas como ETA, IRA, las FARC o Abu Nidal, que dejó su huella sangrienta en la villa olímpica de Munich en 1972 o en la discoteca “La Belle” de Berlín en 1986. El punto culminante de este terrorismo de Estado se alcanzó en 1988 y 1989 con la explosión en vuelo de sendos aviones de PANAM y de UTA, en el primero de los cuales murieron 270 personas. La comunidad internacional impuso graves sanciones a Libia y Gadafi tuvo que cambiar su política de confrontación. Indemnizó a las víctimas de los atentados aéreos, renunció al desarrollo de la energía nuclear con fines militares, y colaboró en la lucha contra el terrorismo, por lo que fue perdonando y rehabilitado a partir del año 2000.
“Primavera libia” y guerra civil
Tras los movimientos populares de Túnez y Egipto, el pueblo libio se unió a este proceso crítico de las autocracias, a partir de una manifestación celebrada el 15 de Febrero de 2011 en Begasi, y este movimiento civil espontáneo se fue extendiendo por todo el país. Gadafi reaccionó de forma violenta y utilizó la aviación y la artillería pesada contra los manifestantes, causando centenares de muertos y heridos. Los rebeldes improvisaron milicias con voluntarios y desertores del ejército, que se enfrentaron militarmente con el potente ejército regular. En el plano político, establecieron en Bengasi un Consejo Nacional de Transición –presidido por el ex-Ministro de Justicia Mahmud Jibril-, que sería reconocido por muchos Estados.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 27 de Febrero la resolución 1970, en la que exigía al Gobierno libio el fin inmediato de la violencia y la adopción de medidas para atender las legítimas aspiraciones de la población. A raíz de la petición de la Liga Árabe de que se estableciera una zona de exclusión aérea, el Consejo adoptó el 17 de Marzo la resolución 1973, que no sólo permitía la creación de la citada zona sobre el territorio libio, sino que autorizaba a los Estados miembros -actuando a título nacional o a través de organizaciones y acuerdos regionales- a “tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las áreas pobladas de civiles bajo amenaza de ataque por la aviación libia” Esta amplia formulación amparó la intervención humanitaria que se produjo. La oposición de Alemania y Turquía impidió que la OTAN interviniera directamente, y Francia y Gran Bretaña tuvieron que tomar la iniciativa, en colaboración con otros miembros de la Alianza -incluida España- y con varios países árabes como Arabia Saudita, Qatar y EAU. El apoyo aero-naval de la OTAN fue decisivo para que los rebeldes ganaran la partida a las tropas de Gadafi, quien fue brutalmente asesinado por las milicias de Misrata a finales de Octubre tras la conquista de Sirte, su ciudad natal. Con ella concluía la guerra civil y se abría al pueblo libio una posible vía hacía formas más democráticas de Gobierno.
Asumió provisionalmente el Gobierno el Consejo Nacional de Transición, cuyo principal objetivo era estabilizar la vida política y poner orden en el país, desarmar las múltiples milicias y convocar elecciones libres al Parlamento El Consejo –que adolecía de falta de legitimación democrática- no ha cumplido satisfactoriamente sus dos primeros objetivos, por su carencia de fuerzas efectivas para controlar todo el país, y por la violenta oposición de las milicias, que anunciaron que no entregarían las armas hasta que no concluyera el proceso constitucional. Si ha conseguido, al menos, el hito histórico de que se celebren por primera vez en el país unas elecciones razonablemente libres y limpias. Pese al boicot de milicias partidarias de una mayor autonomía para Cirenaica –que vieron reforzadas sus reivindicaciones por la torpeza del Consejo de sólo atribuirle 60 escaños, frente a los 120 de Tripolitania y los 20 de Fezzam- el 94% de los colegios electorales funcionaron con normalidad.
Perspectivas tras las primeras elecciones libres
Los principales partidos en presencia han sido los islamistas PJC de Mohamed Sowan, el Reagrupamiento Nacional por la Libertad, la Justicia y el Desarrollo de Ají al-Salabi y El Watan de Abdul Belhadj, y los laicos AFN de Mahmud Jibril y el Partido de los Libios Libres de Saadi al-Marimi. Todos ellos han reafirmado su identidad islámica y su compromiso de aplicar la Sharía, diferenciándose únicamente en que, mientras para aquéllos es la única fuente de la legislación, para éstos es sólo la fuente principal. Hablar de islamistas moderados es una “contradictio in terminis”, porque –convencidos de la superioridad del Corán y de la Sharía-, harán todo lo posible para imponer uno y otra, y establecer un Estado confesional de inspiración islámica. Incluso el “liberal” Jibril ha afirmado su compromiso con la ley coránica, aunque ha destacado que su coalición pretende que Libia sea un Estado laico y no islámico.
Aún es pronto para saber el camino que se va a seguir. Las elecciones celebradas son sólo el primer –aunque trascendental- paso en un proceso que comprende la elaboración de una Constitución, la celebración de nuevas elecciones en 2013 y la formación de un Gobierno. Libia es un país tribal sin sentimiento de Estado y la Constitución deberá resolver el delicado problema de su estructuración, que –sea mediante una fórmula federal o autonómica ampliamente descentralizadora- logre un equilibrio entre las regiones y entre las tribus, tenga el cuenta las aspiraciones de Cirenaica y evite el centralismo protagonizado por Trípoli .Hay que dar un margen de confianza al pueblo libio que –a diferencia de lo ocurrido con el de Túnez o Egipto- no se ha entregado completamente al islamismo.
Crónica de una sentencia anunciada
CRÓNICA DE UNA SENTENCI ANUNCIADA
El pasado día 20 de Junio el Tribunal Constitucional dictó –por 6 votos a favor y 5 en contra- una sentencia por la que anulaba el auto de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 2011, que negó las inscripción de SORTU como partido político por considerarlo continuidad o sucesión de la ilegalizada Batasuna, y estimó que dicho auto había vulnerado el derecho de asociación de sus promotores en su vertiente de la libertad de creación de partidos políticos. Al fallo se han sumado los votos particulares de los magistrados Javier Delgado, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas.
Intromisión del TC en la jurisdicción del TS
Esta decisión no ha supuesto una sorpresa ya que era la crónica de una sentencia anunciada, tras la legalización por el TC de Bildu en 2012. En aquél caso se daba la circunstancia atenuante de tratarse de una alianza electoral en la que los aberztales se cobijaban bajo el paraguas de los partidos democráticos EuskoAlkartasuna y Alternatiba Eraizitzen, que actuaron de “compañeros de viaje”. Ahora los chicarrones pro-etarras podrán a participar en las instituciones democráticas sin necesidad de pasamontañas, a cara y pistola descubierta, debido a la generosidad de la mayoría seudo-.progresista del TC, porque se trata de “los mismos perros con distintos collares”. ETA-Batasuna es maestra en el arte del transformismo político. Antes de que se ilegalice alguno de sus brazos políticos, ya tiene en la recámara un “ersatz” sustitutivo, gracias a la ingeniería jurídica y la capacidad dialéctica de Íñigo Iruín y de su cuadrilla de abogados –ante los que hay que quitarse la chapela-, que son capaces de convertir la burra tuerta en un brioso alazán. Pero, “aunque SORTU se vista de seda, Batasuna-ETA se queda”.
La consigna imperativa era:”Hay que salvar como sea al soldado-gudari Ryan-SORTU con urgencia”, antes de que la inminente recomposición del TC pudiera cambiar la actual mayoría, y a ello se prestaron con diligencia el Capitán Salas y su comando constitucional. Se trata, pues, de una sentencia de diseño prefabricada. Se debe conceder el beneficio de la duda, pero en este caso hay más certezas que dudas. Aunque tenga la convicción moral de la culpabilidad de un encausado, el juzgador no debe condenarlo sin pruebas, pero en el caso de SORTU –como en el de Bildu- el TS ha encontrado pruebas más que suficientes para todos menos para el TC, que tacha con displicencia el auto del TS de “sospechas”, “convicción subjetiva”, “juicio de intenciones” o “ilegalización preventiva”. Como ha puesto de manifiesto Aragón, el TC ha incurrido en una flagrante contradicción, pues -aunque afirme que no le corresponde la revisión de las pruebas practicadas, ni la valoración que de las mismas haya hecho el TS, pues excedería su jurisdicción constitucional-, entra acto seguido a su examen para valorar negativamente los elementos probatorios tenidos en cuenta por el TS y rechazarlos sin apenas argumentación. La nueva valoración de la prueba –estima Delgado- supone un exceso de jurisdicción que invade el campo exclusivo de la jurisdicción ordinaria del TS. El TC debería haberse limitado a verificar si la conclusión del auto recurrido estaba o no motivada y razonada suficientemente, y si vulneró o no el derecho fundamental de los promotores a inscribir a SORTU como partido político. A juicio de Rodríguez Arribas, la resolución del TS estaba sólidamente fundada desde el punto de vista fáctico y jurídico, y llegaba a una certeza de sentido común. Según Aragón, ha quedado acreditada una operación estratégica del complejo ETA-Batasuna para conseguir el acceso de su ilegalizado brazo político a las instituciones democráticas mediante la creación de un nuevo partido, conservando ETA su función de “custodio” del movimiento. SORTU es la plasmación del designio fraudulento de Batasuna de constituir un partido que le suceda en su actividad tras su ilegalización. La denegación del TS se basó en una causa legal conectada con el artículo 6 de la Constitución.
Benévolo examen de los Estatutos de SORTU
El TC elude su misión de evaluar el veredicto del TS y centra su atención en el examen exhaustivo de los Estatutos de SORTU, pasando por alto el aserto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que los estatutos de un partido no pueden ser tenidos en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. El TC cree a pie juntillas el rechazo inequívoco (¿?) a la violencia incluido en los Estatutos y pasa por alto la conducta de sus promotores. Se basa en que éstos expresan su voluntad de contribuir a la desaparición de “cualquier clase de violencia”, en particular de la “Organización” ETA, y en su disposición al reconocimiento y reparación de “todas las víctimas originadas por las múltiples violencias” sufridas por el pueblo vasco en las últimas décadas. En esta declaración salvífica para el TC se pueden reconocer, sin embargo, las tradicionales posturas de ETA-Batasuna: rechazo genérico y ambiguo de la violencia hacia el futuro, pero sin condena de la violencia terrorista del pasado, y existencia de una violencia de Estado que ocasiona víctimas equiparables a las producidas por la acción armada de una Organización que lucha por la independencia de Euskalerria. El TC ignora el precepto evangélico “por sus hechos los conoceréis”. Como observa Rodríguez Arribas, SORTU no es una asociación enteramente nueva y virginal, sino que cuenta con antecedentes. No en vano, el recurrido auto del TS es un incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, y -según Delgado- cuando los hechos probados desvirtúan la realidad de las manifestaciones de los Estatutos, las palabras saltan hechas trizas.
Para salvar la mala conciencia dejada por la proclamación “urbi et orbe” de que la “sujeción de SORTU al canon de legalidad lo es no sólo formalmente sino también materialmente”, el TC ha incluido un amplio catálogo de supuestos que podrían provocar la ilegalización ulterior del partido. Sin embargo –como señala Delgado-, potenciar el control “a posteriori” debilita el necesario control “a priori”, y condena a la Sociedad a sufrir las consecuencias de la actuación de un partido que debió ser ilegalizado, y a ilegalizarlo cuando ya se haya consumado el daño. Además, no corresponde al TC –en opinión de Aragón- declarar la interpretación que deba darse a unos preceptos legales no aplicables al caso que se enjuicia, pero -si se aplicase dicho catálogo al escrutinio de los Estatutos de SORTU- se llegaría a la conclusión de que éstos incurren en varias de las conductas referidas, lo que llevaría a su ilegalización.
Relativismo jurídico del TC
El TC parece practicar una justicia “pirandelliana”, en la que los hechos no son lo que son, sino lo que le parecen al Tribunal. Es una justicia “perspectivista” que,-a través de subjetivas “interpretaciones conformes”- manipula los hechos y transforma los documentos, negando lo que dice su texto o reelaborándolos. Este voluntarismo “buenista”y el “garantismo” que concede un valor absoluto a ciertos derechos –sean de libre asociación o de huelga- sin tener debidamente en cuenta los derechos de los demás, lleva a situaciones de surrealismo jurídico, como cuando el TC afirma: “Es evidente que quienes lleguen a las instituciones en las listas de SORTU no van a poder dar legitimación o apoyo político a ETA”, sino, muy al contrario, van a “desarrollar una actividad de deslegitimación de cualquier conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales de las personas”. Tras sus sentencias sobre el Estatuto de Cataluña y sobre Bildu, los conspiradores constitucionales –siempre los mismos y las mismas- han apuñalado de nuevo por la espalda a España y a su Estado de Derecho en las Idus de Junio, como a César en las de Marzo. “¿Tu quoque, Sala?.
El pasado día 20 de Junio el Tribunal Constitucional dictó –por 6 votos a favor y 5 en contra- una sentencia por la que anulaba el auto de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 2011, que negó las inscripción de SORTU como partido político por considerarlo continuidad o sucesión de la ilegalizada Batasuna, y estimó que dicho auto había vulnerado el derecho de asociación de sus promotores en su vertiente de la libertad de creación de partidos políticos. Al fallo se han sumado los votos particulares de los magistrados Javier Delgado, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas.
Intromisión del TC en la jurisdicción del TS
Esta decisión no ha supuesto una sorpresa ya que era la crónica de una sentencia anunciada, tras la legalización por el TC de Bildu en 2012. En aquél caso se daba la circunstancia atenuante de tratarse de una alianza electoral en la que los aberztales se cobijaban bajo el paraguas de los partidos democráticos EuskoAlkartasuna y Alternatiba Eraizitzen, que actuaron de “compañeros de viaje”. Ahora los chicarrones pro-etarras podrán a participar en las instituciones democráticas sin necesidad de pasamontañas, a cara y pistola descubierta, debido a la generosidad de la mayoría seudo-.progresista del TC, porque se trata de “los mismos perros con distintos collares”. ETA-Batasuna es maestra en el arte del transformismo político. Antes de que se ilegalice alguno de sus brazos políticos, ya tiene en la recámara un “ersatz” sustitutivo, gracias a la ingeniería jurídica y la capacidad dialéctica de Íñigo Iruín y de su cuadrilla de abogados –ante los que hay que quitarse la chapela-, que son capaces de convertir la burra tuerta en un brioso alazán. Pero, “aunque SORTU se vista de seda, Batasuna-ETA se queda”.
La consigna imperativa era:”Hay que salvar como sea al soldado-gudari Ryan-SORTU con urgencia”, antes de que la inminente recomposición del TC pudiera cambiar la actual mayoría, y a ello se prestaron con diligencia el Capitán Salas y su comando constitucional. Se trata, pues, de una sentencia de diseño prefabricada. Se debe conceder el beneficio de la duda, pero en este caso hay más certezas que dudas. Aunque tenga la convicción moral de la culpabilidad de un encausado, el juzgador no debe condenarlo sin pruebas, pero en el caso de SORTU –como en el de Bildu- el TS ha encontrado pruebas más que suficientes para todos menos para el TC, que tacha con displicencia el auto del TS de “sospechas”, “convicción subjetiva”, “juicio de intenciones” o “ilegalización preventiva”. Como ha puesto de manifiesto Aragón, el TC ha incurrido en una flagrante contradicción, pues -aunque afirme que no le corresponde la revisión de las pruebas practicadas, ni la valoración que de las mismas haya hecho el TS, pues excedería su jurisdicción constitucional-, entra acto seguido a su examen para valorar negativamente los elementos probatorios tenidos en cuenta por el TS y rechazarlos sin apenas argumentación. La nueva valoración de la prueba –estima Delgado- supone un exceso de jurisdicción que invade el campo exclusivo de la jurisdicción ordinaria del TS. El TC debería haberse limitado a verificar si la conclusión del auto recurrido estaba o no motivada y razonada suficientemente, y si vulneró o no el derecho fundamental de los promotores a inscribir a SORTU como partido político. A juicio de Rodríguez Arribas, la resolución del TS estaba sólidamente fundada desde el punto de vista fáctico y jurídico, y llegaba a una certeza de sentido común. Según Aragón, ha quedado acreditada una operación estratégica del complejo ETA-Batasuna para conseguir el acceso de su ilegalizado brazo político a las instituciones democráticas mediante la creación de un nuevo partido, conservando ETA su función de “custodio” del movimiento. SORTU es la plasmación del designio fraudulento de Batasuna de constituir un partido que le suceda en su actividad tras su ilegalización. La denegación del TS se basó en una causa legal conectada con el artículo 6 de la Constitución.
Benévolo examen de los Estatutos de SORTU
El TC elude su misión de evaluar el veredicto del TS y centra su atención en el examen exhaustivo de los Estatutos de SORTU, pasando por alto el aserto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que los estatutos de un partido no pueden ser tenidos en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. El TC cree a pie juntillas el rechazo inequívoco (¿?) a la violencia incluido en los Estatutos y pasa por alto la conducta de sus promotores. Se basa en que éstos expresan su voluntad de contribuir a la desaparición de “cualquier clase de violencia”, en particular de la “Organización” ETA, y en su disposición al reconocimiento y reparación de “todas las víctimas originadas por las múltiples violencias” sufridas por el pueblo vasco en las últimas décadas. En esta declaración salvífica para el TC se pueden reconocer, sin embargo, las tradicionales posturas de ETA-Batasuna: rechazo genérico y ambiguo de la violencia hacia el futuro, pero sin condena de la violencia terrorista del pasado, y existencia de una violencia de Estado que ocasiona víctimas equiparables a las producidas por la acción armada de una Organización que lucha por la independencia de Euskalerria. El TC ignora el precepto evangélico “por sus hechos los conoceréis”. Como observa Rodríguez Arribas, SORTU no es una asociación enteramente nueva y virginal, sino que cuenta con antecedentes. No en vano, el recurrido auto del TS es un incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, y -según Delgado- cuando los hechos probados desvirtúan la realidad de las manifestaciones de los Estatutos, las palabras saltan hechas trizas.
Para salvar la mala conciencia dejada por la proclamación “urbi et orbe” de que la “sujeción de SORTU al canon de legalidad lo es no sólo formalmente sino también materialmente”, el TC ha incluido un amplio catálogo de supuestos que podrían provocar la ilegalización ulterior del partido. Sin embargo –como señala Delgado-, potenciar el control “a posteriori” debilita el necesario control “a priori”, y condena a la Sociedad a sufrir las consecuencias de la actuación de un partido que debió ser ilegalizado, y a ilegalizarlo cuando ya se haya consumado el daño. Además, no corresponde al TC –en opinión de Aragón- declarar la interpretación que deba darse a unos preceptos legales no aplicables al caso que se enjuicia, pero -si se aplicase dicho catálogo al escrutinio de los Estatutos de SORTU- se llegaría a la conclusión de que éstos incurren en varias de las conductas referidas, lo que llevaría a su ilegalización.
Relativismo jurídico del TC
El TC parece practicar una justicia “pirandelliana”, en la que los hechos no son lo que son, sino lo que le parecen al Tribunal. Es una justicia “perspectivista” que,-a través de subjetivas “interpretaciones conformes”- manipula los hechos y transforma los documentos, negando lo que dice su texto o reelaborándolos. Este voluntarismo “buenista”y el “garantismo” que concede un valor absoluto a ciertos derechos –sean de libre asociación o de huelga- sin tener debidamente en cuenta los derechos de los demás, lleva a situaciones de surrealismo jurídico, como cuando el TC afirma: “Es evidente que quienes lleguen a las instituciones en las listas de SORTU no van a poder dar legitimación o apoyo político a ETA”, sino, muy al contrario, van a “desarrollar una actividad de deslegitimación de cualquier conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales de las personas”. Tras sus sentencias sobre el Estatuto de Cataluña y sobre Bildu, los conspiradores constitucionales –siempre los mismos y las mismas- han apuñalado de nuevo por la espalda a España y a su Estado de Derecho en las Idus de Junio, como a César en las de Marzo. “¿Tu quoque, Sala?.
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