Moción de censura justa, pero extemporánea e inadecuada

MOCIÓN DE CENSURA JUSTA, PERO EXTEMPORÁNEA E INADECUADA Con un 25% de curiosidad, un 25% de interés y un 50% de preocupación, permanecí estoicamente ante el televisor durante el tostón del interminable debate de la seudo-moción de censura presentada contra el Gobierno de Pedro Sánchez por Ramón Tamames, a propuesta de Vox. A pesar de los pesares, mereció la pena, porque se ha puesto de manifiesto que el Gobierno que nos desgobierna es un desastre. Calificación de la moción La moción ha sido calificada de esperpento, farsa, circo, fraude, insulto al Congreso y otras lindezas. Se ha dicho que era ociosa, innecesaria, perturbadora, extravagante e ilegítima. Lo menos que puede decirse es que ha sido peculiar, pero también ha sido del todo legal. En el fondo, es evidente que no ha perseguido el objetivo que debería perseguir un mecanismo constitucional de este tipo, pues -como señaló reiteradamente Yolanda Díaz- no se trataba de una moción constructiva, puesto que el candidato no había presentado un programa de Gobierno y no tenía la menor posibilidad de acceder a la jefatura del mismo. Quienes tan hipócritamente se rasgaron las vestiduras olvidaban que Sánchez tampoco presentó un programa de Gobierno en la moción contra Mariano Rajoy y, sin embargo, la apoyaron entusiásticamente. ¿Tenía algunas posibilidad de éxito la moción de Felipe González contra Adolfo Suárez o las otras cuatro presentadas durante la democracia? Ninguna, pero nadie las criticó ni las descalificó de la manera que se ha hecho con la de Tamames. Se presentaron para desgastar al Gobierno de turno y realzar la visibilidad del partido proponente. Esto es, ni más ni menos, lo que ha hecho Vox, que ha recurrido para ello a un prestigioso profesor al que ha utilizado, aunque haya quien diga que ha sido Tamames el que ha utilizado a Vox. Es evidente que el viejo profesor se ha prestado a la componenda por razones de vanidad y de deseo de protagonismo. Como ha comentado el bueno de don Ramón, su moción puede ser calificada de todo menos de ociosa, porque ha propiciado un interés de los españoles por la política, cada vez menos apreciada y más ignorada. Podrá discutirse si ha sido conveniente o no -y yo creo que no lo ha sido, porque ha supuesto un balón de oxígeno para un Gobierno acosado por los escándalos y que ha visto con satisfacción como éstos pasaban a un segundo plano-, pero ha sido legal y legítima, y carecen de credibilidad las lágrimas de cocodrilo vertidas por el PSOE y sus afines sobre el uso abusivo de la moción hecho por Vox. La moción ha sido justa, porque el gobierno se lo merecía de sobra, pero ha sido, sin embargo, extemporánea, porque debería haber sido presentada antes -a raíz de la vergonzosa reforma del Código Penal- e inadecuada, porque debería haber sido presentada por el líder de la oposición y no por un testaferro, por ilustre que fuere. El objetivo de Vox en su presentación era múltiple: poner en evidencia la desastrosa política del Gobierno, ganar presencia ante las próximas elecciones autonómicas y municipales, y -sobre todo- poner al PP entre la espada y la pared. La posición de éste era bastante peliaguda porque -hiciera lo que hiciera- sería criticado. Era obvio que no podía votar en contra, pero si lo hacía a favor, o se abstenía, sería acusado de hacer causa común con la ultraderecha, con la que se le identificaba como si fueran una misma cosa. Es curiosa la lógica perversa del Gobierno, que identificaba el voto a favor con la abstención. Votar en contra era lo decente, mientras que votar a favor o abstenerse era indecente. Tras haber puesto a Casado a caer de un burro, ahora lo ensalzaban como un modelo porque tuvo el coraje de oponerse a la anterior moción. Alberto Núñez Feijóo huyó despavorido y si hizo el sueco -y nunca mejor empleada la palabra, pues buscó asilo diplomático en la embajada de Suecia- y dejó a su escudera Cuca Gamarra a que capeara el temporal y defendiera la opción menos mala de la abstención, porque no era el candidato del PP, ni su relato, ni su proyecto. Lo hizo mal que bien afirmando que su partido no podía votar a favor de la moción por consideración a los ciudadanos, ni en contra por consideración a Tamames. La espantada del presidente del PP le valió las collejas de Abascal y de Inés Arrimadas, pero su ausencia no le privó de los ataques desaforados de Sánchez y de sus epígonos. Puede que hiciera bien, aunque -según el dicho francés- “les absents ont toujours tort” –“los ausentes siempre se equivocan”-. Desarrollo del debate de la moción de censura El desarrollo del debate fue manifiestamente mejorable. El candidato tuvo que esperar dos horas y media antes de poder intervenir, mientras se cruzaban los improperios entre el promotor de la moción y su destinatario. Abascal estuvo más sobrio y moderado de lo habitual frente a logomaquia de Sánchez, al que echó en cara en su réplica que no hubiera contestado a una sola de las críticas que le había hecho. El presidente abusó del privilegio de no tener tiempo tasado para sus intervenciones, a la que dedicó 173 minutos, sin decir nada de interés. Cedió además generosamente a su marca blanca, Yoli la pinturera, más de una hora de “prime time”, para que se luciera y expusiera su propio programa, mientras las excluidas ministras podemitas tragaban quina. Tamames recordó a Sánchez que el tiempo era oro y que no podía leer un tocho de 20 folios -que le habían precocinado sus asesores- y responder a cosas que él no había dicho Cuando pudo intervenir, sus 89 años se notaron y se le vio muy cansado. No sé si fue debido a este agotamiento -Juan Fernández-Miranda ha señalado que Sánchez siguió una “estrategia del aburrimiento”-, pero su discurso resultó bastante deslavazado y, a ratos, incoherente. No obstante, con su proverbial ironía, suministró algunas perlas dialécticas con las que -sin necesidad de alzar la voz, como sus oponentes- puso de manifiesto que el rey estaba desnudo, pese al esplendoroso ropaje con el que -sin pudor alguno- se había revestido. Hizo una crítica generalizada de la política del Gobierno de Sánchez, que fue una auténtica enmienda a la totalidad. Cabe clasificar sus críticas en los siguientes bloques temáticos: 1.-General: a) Gobierno antitético: formación de un Gobierno con los enemigos de España con los que aseguró que nunca pactaría: independentistas catalanes, filo- etarras y populistas contrarios a la Transición y a la Constitución, y que quieren derrocar la monarquía parlamentaria; b) división de los españoles y reelaboración y falseamiento de la Historia a través de la Ley de Memoria Democrática y de la idealización de la II República (la Guerra Civil se inició con la revolución de 1934 y uno de sus principales responsables fue Largo Caballero, y en los dos bandos se cometieron barbaridades, por lo que no cabía mantener que hubo buenos -los republicanos- y malos -los fascistas-. No se podía recrear desde el BOE la Historia, que había que dejar a los historiadores); c) autocomplacencia: Padecen el síndrome de la Moncloa y se creen que todo lo hacen bien, pero Sánchez no puede salir a la calle sin escudarse tras Felipe VI; d) abandono del consenso, de los pactos de Estado y de la recuperación de la concordia. 2.-Político: a) Condena del separatismo: no existe el derecho a la autodeterminación; b) inseguridad jurídica: abuso de los decretos leyes (139); c) modificación del Código Penal (supresión de la secesión y debilitamiento de la malversación) para satisfacer las exigencias de sus aliados separatistas catalanes (eso no pasa ni en Polonia ni en Hungría); d) no respeto de la división de poderes (intentos de control del CGPJ y del TC);e) inseguridad jurídica por insuficiente cumplimiento del artículo 9 de la Constitución, y aumento de la criminalidad; f) necesidad de reformar la Ley electoral para evitar la sobrerrepresentación de los nacionalistas; g) negativa a establecer una Comisión para investigar el escándalo del “Tito Berni”; h) desprotección del español en Cataluña e incumplimiento de las sentencias que establecen un mínimo de 25% de la enseñanza en castellano. 3.-Económico: a) Disminución de la productividad (3.6%); b) tasa de paro del 12. 7%, doble de la media de la UE (los fijos discontinuos son parados subvencionados); c) aumento exorbitante de la deuda pública; d) ausencia de un plan para reducción del gasto o para la consolidación fiscal; e) España es el único país de la UE que no ha recuperado su PIB anterior al inicio de la pandemia del COVID; f) inexistencia de una política industrial y declive de la industria; g) actitud hostil hacia los empresarios; h) modificación de las condiciones laborales sin contar con los empresarios; i) inexistencia de un plan hidráulico, modificación del trasvase Tajo-Segura y recurso a las plantas desaladoras rechazadas por los agricultores por la salinidad de las aguas; j) escaso apoyo a las PYMEs; k) insuficiente inversión en I+D; l) mal funcionamiento de la Seguridad Social (colapso burocrático). 4.-Social: a) Feminismo exacerbado y uso de la mujer como moneda de cambio; b) fiasco de la ley del “Sí es sí”, que ha beneficiado a más de 700 violadores; c) hostilidad a la sanidad privada y falta de cooperación de la pública con ella; d) empobrecimiento de la educación y endogamia e insuficiente financiación de las universidades. 5.-Internacional: a) Modificación por Sánchez de la política española hacia el Sáhara Occidental sin contar con el Gobierno ni con las Cortes, y empeoramiento de las relaciones con Argelia; b) ausencia de explicaciones sobre el apoyo a Marruecos en el conflicto sahariano y falta de contraprestaciones (desaire de Mohamed VI en la reunión de alto nivel de Rabat); c) debilitamiento de la política del Gobierno para recuperar Gibraltar; d) insuficiencia de la política iberoamericana del Gobierno. La segunda intervención de Tamames -tras escuchar las disparatadas declaraciones de Sánchez, Díaz y López- fueron más incisivas. Se mostró sorprendido y contrariado por la hostilidad de las intervenciones, que habían convertido el debate en un mitin espurio preparatorio de las elecciones. Les acusó de practicar el “método Olendorf”, de dar respuestas que nada tenían que ver con sus preguntas, y les advirtió de que, no por gritar más, llevaban razón. Les echó en cara que quisieran volver a la situación de las dos Españas, no ya la de Goya, sino la de 1936. Le dio un sarretazo a Aitor Esteban al preguntarle de qué se quejaba el PNV cuando los vascos -que se sentían oprimidos- eran los más privilegiados en España, e invitó al desbocado Pachi López a que bajara los decibelios para evitar que le diera un infarto. Agradeció a Vox que le hubiera dado la oportunidad de presentar la moción y afirmó que -a pesar de las divergencias que pudiera tener con el partido en algunos temas- coincidían en lo esencial, que era la unidad de España, la monarquía parlamentaria y la bandera. Intervenciones del tándem Sánchez-Díaz Sánchez abusó de sus prerrogativas, tuvo varias intervenciones y habló durante más de tres horas para no decir nada de interés. Profesó el autobombo de forma descarada y sin el menor vestigio de autocrítica. Estuvo ampuloso y prepotente, y con un lenguaje repleto de “mentiras y cintas de video” a lo Steven Sonderberg (especialmente jugando a la petanca o haciendo visitas “improvisadas” a algún pueblo de la España profunda y vaciada). Siguiendo su cínica táctica de hacer oposición a la oposición desde el Gobierno, criticó no solo al ausente Feijóo, sino también a Rajoy. Faltando a la verdad, señaló que el PP nunca quiso adoptar ningún pacto de Estado y que su objetivo era poner freno a las políticas progresistas del Gobierno. Partiendo del dogma irrebatible de que el PP y Vox eran la misma cosa -como mostraba el hecho de que se fuera a abstener en la moción- todas las diatribas dirigidas contra el partido de Abascal por sus estridencias, eran aplicables “mutatis mutandis” al PP, del que afirmaba, una y otra vez, que era un adalid del viejo y caducado modelo neoliberal. La argumentación no podía ser más chapucera porque, si fueran la misma cosa, lo lógico sería que votaron a favor de la moción en vez de abstenerse. En la última sesión de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decidió romper los lazos con Vox, debilitados tras la negativa de este partido apoyar la adopción de los presupuestos regionales y votar en otras ocasiones contra propuestas de los populares. Ayuso lamentó la deriva seguida por las huestes de Rocío Monasterio, por la que no quería verse arrastrada, y se pronunció por que, cada uno siguiera su camino. Feijóo ha apoyado desde Bruselas esta decisión y aprovechado la ocasión para salir de su cauteloso silencio, y criticar a Vox que, con su ofensiva contra el PP, buscaba algún rédito electoral de la antipolítica. Ante esta ruptura entre los dos partidos, tanto a nivel regional como nacional, será aún más difícil al Gobierno demostrar, que no hay más que una ultraderecha integrada por el PP y Vox. Según la brillante y motivada conclusión que Sánchez derivaba del debate de la moción de censura, el PP era la “nada absoluta”. Bueno, si realmente quiere ver la nada, no tiene más que girar levemente su cuello a la izquierda y mirar a su “presidenta segunda” -el tribuno López “dixit”-, que es la nada con agua de Mondariz, bien vestida y bien peinada. Carlos Herrera la ha calificado de “abeja Maya”, que anda revoloteando de flor en flor, y sus oyentes de la COPE le preguntaron que quién era su gran amigo, el “zángano Willy”. La respuesta parece obvia, pues ambos forman un par dispar, un dúo dinámico o una pareja feliz, aunque -para mí- formen más bien un tándem nefasto que padecemos, por lo que pido a los electores responsables e imploro a todos los santos de la corte celestial que -con su voto o su intercesión- liberen al pueblo español de este martirio, por mucho que se lo haya ganado a pulso. Sánchez ha dado la alternativa a su marca blanca y le ha ofrecido la oportunidad de que suelte -con la ayuda de un texto de Pablo Iglesias que fusiló- el discurso fundacional de “Sumar”, que llevaba rumiando desde hace meses. Al mismo tiempo ha castigado la rebeldía de Podemos dando facilidades para el acceso al espacio actualmente ocupado por los podemitas a la izquierda del PSOE a la melosa meiga, que ha culminado su presentación en sociedad con un llamamiento a sus fieles incorporado a un cursi pareado: “Te espero en Magariños y te mando un biquiño”. Según Manuel Marín en “ABC”, la nueva lideresa se ha fabricado una “candidatura Disney” con palabras tan bonitas como engañosas y cree que el país es como un jardín de infancia y que los españoles -aparte de ser potenciales violadores- tienen el coeficiente intelectual de una criatura de 10 años y, de ahí, la ternura de sus mensajes y la puerilidad de sus objetivos: “alcanzar la felicidad de los españoles”, una transformación que ya está en marcha. Me recuerda la canción de Palito Ortega “la felicidad, ja, ja, ja, ja”. La nueva estrella del “show" de Sánchez -quien aspira a convertir a “Sumar” en las alternativas a Podemos y a integrarlo como una corriente en el seno del PSOE- ha aprovechado gustosa la ocasión para castigarnos con una intervención de algo más de una hora durante la cual -aunque dijo al principio alguna cosa razonable sobre cuestiones laborales- sumó después numerosos disparates. Parece ser que ha aprendido mucho en su Ministerio y ya se ha enterado de lo que son los ERTE, y reconocido la deuda de gratitud que ha contraído con su antecesora Fátima Báñez, que le ha permitido mantener lo esencial de la reforma laboral, pese a sus denodados esfuerzos por derogarla. Como ha señalado Luis del Val, Yolanda Tezanos ha sido capaz de hacer desaparecer de un plumazo -a través de un contrato fijo discontinuo- a unos 500.000 parados, que no trabajan y cobran el paro, pero que no figuran en la lista del desempleo. ¡La imaginación al poder! También ha aprendido mucho de Economía, hasta el punto de que ha sido capaz de darle una lección magistral a un reputado catedrático de Estructura Económica. En el plano ideológico, henchida de su sentimiento marxista-leninista, recriminó a Tamames que no hubiera mantenido la fe en el padrecito Stalin, como ella, que ha escrito el prólogo a una moderna versión del “Manifiesto comunista” de Marx y Engels. En consecuencia -como ha observado Marín- “Sumar” es “una evolución desarrollada de Izquierda Unida, con laca y mechas, y un renovado sentido del oportunismo de siempre”. De ahí, el entusiástico apoyo de Garzón, Errejón, la médica y madre perceptora del bono eléctrico, Colau, Baldoví y otros marxistas de la “gauche caviar”. Diaz finalizó su “show” actuando como una presidenta-bis que, ante el fin de la legislatura, ha agradecido a todos y a cada uno de los ministros del presente Gobierno progresista de coalición, caracterizado por su armonía y espíritu dialogante. Habrá tenido que rascarse el bulbo raquídeo para encontrar palabras de alabanza para ministros tan impresentables -como Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón o Joan Subirats- invisibles -como Diana Morant, Raquel Sánchez o Miquel Iceta- o quemados y reprobados -como Fernando Grande-Marlaska-. En su inigualable generosidad, tuvo incluso palabras de elogio para su némesis, la vicepresidenta Nadia Calviño- con la que se ha llevado como el perro y el gato-, porque ha conseguido adelantarla por la izquierda, al haber sido ungida por el César como vicepresidenta primera de un futuro Gobierno Frankenstein. Tamames no se ha dignado replicar a sus disparatadas afirmaciones y se ha limitado a comentar irónicamente que solo le ha faltado colocar en el estrado la pancarta relativa a algo que creía que se llamaba “Sumar”. Conclusiones sobre la moción Quiero destacar del debate, en el lado positivo -como dirían los Tacañones- las serenas y mesuradas intervenciones de Ana María Oramas, la contundencia de Sergio Sayas, el buen nivel parlamentario de Iván Espinosa de los Monteros y -sobre todo- los dos excelentes discursos de Inés Arrimadas. Sería una pena y un despilfarro que -según desvelan los augurios demoscópicos- el Congreso perdiera a una de sus mejores oradores por la consunción de un partido tan necesario como Ciudadanos, que puede desaparecer por méritos propios, a los que ha contribuido la jerezana con sus erráticas decisiones, como la moción de censura en la Comunidad de Murcia. En el lado negativo, la prepotencia del PSOE, las malas formas de López, Rufián y Baldoví, los extremismos y destemplanzas de los nacionalistas catalanes -especialmente de Miriam Nogueras-, el victimismo del PNV, el cínico lenguaje de Bildu, el ambiente de enfrentamiento y animosidad, el abuso de los aplausos -que deberían estar prohibidos-, y el condumio de frutos secos de los ministros Garzón y Montero en el banco azul. Enseguida han surgido los comentarios sobre quiénes han sido los ganadores y los perdedores en el debate y -como ya viene siendo habitual- todos los partidos se apuntan al bando de los vencedores. La mayoría de los sondeos dan como claro perdedor al presentador de la moción -que solo ha conseguido sumar a su causa a un volandero diputado-, y como parcial vencedor al Gobierno, que ha conseguido que sus socios y aliados cierren filas ante la amenaza de que viene el lobo de la ultraderecha. Estimo que, si bien Vox no ha sacado los réditos que esperaba de su moción y ha sido el principal perdedor al salirle el tiro por la culata, no ha perdido demasiado, porque -pese a que muchos de sus seguidores no hayan comprendido la selección del candidato- suelen ser muy disciplinados y fieles al partido. No creo que haya habido un claro vencedor, desde luego no el Gobierno, que -aunque haya conseguido que la atención pública se apartara por el momento de sus escándalos de la ley del “Sí es sí” y del “caso Mediador”- no ha salido bien parado del debate, al haber quedado expuestas al aire sus múltiples vergüenzas, con el valor añadido de que lo haya hecho un profesional prestigioso y un político bregado procedente de la izquierda. Por deslavazada que haya resultado la exposición de Tamames, su diagnóstico y veredicto no ha podido ser más negativo para el Gobierno, al que se le ha abierto un nuevo frente con la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. El PP ha salido relativamente bien librado de la trampa saducea que le había tendido su hermano separado, que le hizo una pinza con el Gobierno de coalición para tratar de ponerlo en evidencia. El bajo perfil adoptado por el partido, la moderación de Gamarra y una razonable y comprensible abstención han permitido que escape a la pinza y resulte indemne de la aventura. No cabe decir lo mismo de su presidente Feijóo, que se ha dejado algún pelo en la gatera, al haber sido acusado por algunos de cobardía, escapismo o inhibición. Cómo ha comentado Ignacio Camacho, una formación que aspira a la mayoría social no puede encogerse ni ocultar su opinión verdadera ante una maniobra que, además de achicarle el campo, favorecía a la izquierda. En algún momento tendrá que salir de la barrera y saltar al ruedo aunque arriesgue alguna cornada, pues no puede quedarse a ver pasar el cadáver de su enemigo sentado a la puerta de su casa a la espera que le entreguen el poder con el desayuno y el periódico. Sánchez es demasiado coriáceo y “resiliente” como para abandonar voluntariamente el poder sin luchar a vida o muerte. Como buen marinero, Feijoó debería saber que el que no se arriesga no cruza la mar. En cualquier caso, tendrá que ponerse las pilas, arriesgarse y ser más contundente en su oposición al Gobierno, si quiere desbancar a un peligroso contrincante, que ya resurgió una vez de sus cenizas como un ave Fénix. El centro no es una ideología sino un lugar variable de equidistancia. No tiene sentido dar prioridad a llegar a un acuerdo de Gobierno o de legislatura con un PSOE radicalizado o con lo que quede de él -siempre que la Providencia o el Hados nos sean propicios y nos liberen del yugo de Sánchez y de sus aliados-, porque ese partido se ha negado antes, y se seguirá negando ahora, a formar un Gobierno de coalición, que tan habitual es en el resto de Europa, porque “Spain is different”. Tampoco es prudente ni conveniente antagonizar innecesariamente a Vox, porque -según los resultados que se produzcan en las elecciones y por mal que le pese a Feijóo- puede que sea necesario que tenga que pactar con él si quiere acceder al poder, sea a nivel autonómico, municipal o nacional, cosa por otra parte normal y corriente en nuestro entorno europeo. El PP no tendría que sentirse culpable, ni cubrir con ceniza su testa si -como resultado de la voluntad del pueblo español- tuviera la oportunidad de acceder a los distintos Gobiernos mediante una coalición con Vox, o con su apoyo. En conclusión, no creo que ningún partido haya salido ganador como consecuencia de la moción y, por el contrario, todos ellos han perdido algo. No obstante, estimo que las consecuencias del debate no han sido tan negativas como algunos mantienen. Se ha puesto claramente de manifiesto ante la opinión pública las graves carencias el actual Gobierno y la urgente necesidad de que el país se libere de las garras de Sánchez y de las hipotecas del nacionalismo independentista. Si el pueblo español no entendiera este mensaje y decidiera seguir haciendo posible otro Gobierno Frankenstein, el caso no tendría remedio y en el pecado llevaría la penitencia. Madrid, 25 de marzo de 2023

Dilema hamletiano de Pinocho Sánchez: ?Ser o no ser de Bildu?

DILEMA HAMLETIANO DE PINOCHO SÁNCHEZ ¿SER O NO SER DE BILDU? El pasado día 14, los diputados de Bildu -junto con los de ERC- sumaron sus votos a los de la oposición y rechazaron la propuesta del PNV -apoyada por el Gobierno de Pedro Sánchez- tendente a modificar la Ley de Seguridad aprobada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, y calificada por la izquierda de “Ley mordaza”-, que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos se había comprometido a derogar primero y a modificar más tarde. La revuelta de los aliados preferentes de Sánchez por encontrar harto insuficientes los cambios introducidos, ha permitido que se mantenga en su integridad una ley básica, que -con las reformas propuestas- dejaban en una situación precaria a las fuerzas de seguridad. Siguiendo con los refranes, “el que con niños se acuesta…”. Eso le ha ocurrido a Sánchez por fiarse de semejantes aliados de su Gobierno Frankenstein ¿cómo se ha llegado a esta situación? Antecedentes del caso Para encontrar el origen del conflicto planteado por Bildu hay que remontarse al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, periodo del que proceden la mayoría de los males que padece España. El iluminado presidente del Gobierno negoció con ETA y, a cambio de una oferta poco creíble de renuncia a la violencia, se comprometió a legalizar a Bildu y a Sortu, las herederas de la ilegalizada Herri Batasuna y sus múltiples y continuadas reencarnaciones. A estos efectos, presionó al Tribunal Constitucional (TC) y su presidente, Pascual Sala, y su comando progresista se prestaron a realizar esta labor, enmendándole la plana al Tribunal Supremo (TS). En su sentencia 62/2011, el TC anuló la del TS que considero contrarios a derecho los acuerdos de las Juntas electorales del País Vasco y de Navarra que avalaban las candidaturas para presentarse a las elecciones autonómicas a la coalición formada por Bildu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba Erairitzen. Aunque los argumentos del TS estaban bien fundados, el TC alegó que Bildu quedaba resguardado bajo el paraguas de los otros dos partidos de la alianza que eran legales. Más grave fue la sentencia138/2012, por la que el TC anuló la sentencia del TS, que rechazaba la creación del partido Sortu, por considerarlo sucesor y heredero de Herri Batasuna. Ultrapasando sus funciones, el TC negó validez -sin suficiente motivación- a los elementos probatorios presentados por el TS y entró a examinar -sin motivo- los estatutos de Sortu y estimó que contenían un “rechazo inequívoco de la violencia”, por lo que el partido podía ser legalizado. Calificó despectivamente sus argumentos de “sospechas, convicciones subjetivas, juicios de intenciones o ilegalizaciones preventivas”. En su disparatada sentencia, la mayoría del TC llegó hasta el extremo de afirmar que era evidente que ” quienes lleguen a las instituciones en la lista de Sortu no van a poder dar legitimación o apoyo político ETA, sino, muy al contrario, van a desarrollar una actividad de deslegitimación de cualquier conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales de las personas”. Se trataba de una afirmación voluntarista y sectaria del todo contraria a la realidad. Según señaló en su voto discrepante el magistrado Javier Delgado, la nueva valoración de la prueba realizada por el Tribunal suponía un exceso de jurisdicción que invadía el campo exclusivo de la jurisdicción ordinaria del TS. El TC debería haberse limitado a verificar si la conclusión del auto recurrido estaba bien motivada y suficientemente razonada, si vulneraba o no el derecho fundamental de los promotores a inscribir a Sortu como partido político. “Cuando los hechos probados desvirtúan la realidad de las manifestaciones de los estatutos, las palabras saltan hechas trizas”. Para Manuel Aragón, Sortu era la plasmación del designio fraudulento de Batasuna para permitir su acceso a las instituciones. Comparto plenamente esta opinión, pues Herri Batasuna, Sortu y Bildu eran los mismos perros con distintos collares y -como tuve ocasión de exponer en un artículo publicado en 2012 en “Voz Populi”, “aunque Sortu se vista de seda, Batasuna se queda”. Consolidación de Bildu Si a Rodríguez Zapatero cupo el honor de legalizar a Bildu, a Pedro Sánchez le ha correspondido el de consolidar y blanquear el partido, darle legitimidad democrática e integrarlo en la dirección del Estado, haciendo de él uno de sus aliados preferentes en el Gobierno Frankenstein. Esto le ha llevado algún tiempo y le ha provocado problemas de conciencia -en caso de que la tuviere- y cambios radicales de criterio, como se puede comprobar consultando las hemerotecas o internet. Recordemos algunas “perlas” que muestran la incoherencia del criterio del presidente del Gobierno sobre Bildu. En 2015, cuando era líder de la oposición; Sánchez dijo a un periodista:” Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, se lo digo 5 veces o 20. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu -se lo repito- no vamos a pactar”. Seguía entonces aferrado a su lema de “No, es No”, y cada vez que reiteraba su negativa, le crecía unos milímetros la nariz. En 2016, repitió en una rueda de prensa en el Congreso que no iba a pactar con Bildu porque no tenía un proyecto de país, y ni siquiera se iba a reunir con ellos para no decirles que no y, ese mismo año, afirmó que ni el PSOE, ni el Partido Socialista de Navarra (PSN) pactarían con Bildu para formar Gobierno a nivel nacional o a nivel autonómico. Añadió que no permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas o en quienes querían romper a España. “Lo he dicho en público y en privado, y lo digo aquí para que conste en acta”. Su nariz crecía aún más. En 2019, ya en el Gobierno, el presidente del PP le preguntó en sede parlamentaria si pensaba pactar con Bildu, y Sánchez -indignado y rasgándose las vestiduras- le contestó: “!Qué barbaridad, señor Casado!”. Reiteró una vez más que el PSOE y el PSN tenían la misma posición: “Con Bildu no se pacta nada”, y para dar mayor énfasis a su tajante afirmación, añadió -al tiempo que se sujetaba la nariz- que era “un compromiso personal mío”. Quedamos tranquilos tras escuchar los reiterados compromisos institucionales y personales asumidos por el presidente del Gobierno. Al año siguiente, Navarra Suma ganó las elecciones en la Comunidad Foral con el doble de votos que el PSN, pero su candidata, María Chivite, aspiraba a presidir la Comunidad. La cuestión se cruzó con la investidura a nivel nacional de Pedro Sánchez, que había ganado las elecciones por un escasísimo margen, y UPN hoy le ofreció sus votos en Madrid a cambio de que el PSN se abstuviera en Pamplona. Sánchez y Chivite, en comandita, rechazaron esta razonable oferta y prefirieron formar una coalición de perdedores con Geroa Bai -versión navarra del PNV-, Podemos y Ezquerra, aunque para la consagración de Chivite se requería la abstención de Bildu. Las dos operaciones prosperaron gracias a los cambalaches con Bildu, a pesar de las aseveraciones socialistas de que el PSOE jamás pactaría con los filoetarras. Chivite declaró que Bildu era una fuerza política más en el Parlamento y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, abundó en la misma idea, al afirmar que -al no haber ningún partido ilegalizado- todos los escaños eran legales y legítimos, abriendo así de forma inexorable la vía hacia el acuerdo del nunca jamás con Bildu. Culpa del destino, por supuesto, porque Sánchez siempre cumplía con su palabra, como demostró con su insomne componenda con Podemos. El terrorista convicto y confeso, Arnaldo Otegui -ese “hombre de paz”, según ZP- ofreció el apoyo de Bildu a los dos candidatos y ambos accedieron a la presidencia de sus respectivos Gobiernos, gracias al desinteresado y filantrópico respaldo de los testaferros de ETA. El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció que Bildu se integraría en la dirección del Estado y Pachi López afirmó que - mientras la izquierda abertzale daba pasos hacia adelante- el PP se mimetizaba con Vox y hacía una oposición indecente. Dado que Bildu aceptaba las reglas democráticas, no había ningún inconveniente para que hiciera política, aunque descartó cualquier” acuerdo estructural” con la izquierda abertzale (¿?). El propio Sánchez creyó necesario justificar su caída del caballo a estilo paulino, en una epístola paulina dirigida a sus militantes, en la que alegaba que, para que pudiera seguir funcionando el Gobierno, pactaría con quien fuera necesario y no excluiría a nadie, porque todos los apoyos eran necesario. Ante la reserva de algunos de sus fieles a pactar con quienes no condenaban el terrorismo, afirmó de forma sorprendente que la lucha antiterrorista no figuraba por fortuna entre los problemas que preocupaban a España y de los españoles Del flirteo se pasó a magreo, ya con el mayor desparpajo y sin el menor remordimiento, a pesar de la constancia en las actas del Congreso de la promesa incumplida, pero -como reza el proverbio inglés- “there is no free lunch” y Sánchez ha tenido que pagar un alto precio por la contribución de Bildu al festín socialista. De las abstenciones vergonzantes al apoyo indubitado no había más que un paso, que dio el PSOE con entusiasmo digno de mejor causa, convirtiendo a los herederos de ETA en aliados de referencia del Gobierno, a cambio del apoyo a los presupuestos generales y regionales, la confirmación de numerosos impresentables e inconstitucionales decretos-leyes, la derogación de la reforma laboral y de la “Ley mordaza”, o el respaldo a las proposiciones tendentes a modificar el Código Penal y otras leyes orgánicas importantes para debilitar el Estado de Derecho. Otegi es un poco bruto, pero al menos es franco y no ha engañado a nadie. Como confesó a sus incondicionales, si para liberar a 200 presos etarras era necesario apoyar los presupuestos, lo haría sin vacilar. “Hoy empieza todo. Vamos a Madrid a tumbar definitivamente al régimen”. Destacó la gran paradoja de que no pudiera haber un Gobierno de progreso en el Estado español si no lo sostenían quienes querían marcharse de él. “Sin vascos y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno del PSOE en el Estado y eso nos ofrece posibilidad de negociar cosas”. Como señaló “El Mundo” en un editorial, resultaba políticamente impresentable que un partido de Estado como el PSOE se apoyará en los herederos de ETA. Ningún objetivo político justificaba abrir los brazos a un partido cuyos dirigentes seguían siendo incapaces de condenar la abyecta trayectoria de la banda terrorista que, a lo largo de cuatro décadas, asesinó a más de 800 ciudadanos, entre ellos docenas de cargos socialistas. Esta deriva adquiría tintes mucho más preocupantes en el caso de Navarra, porque suponía normalizar como actor político ordinario unas siglas procedentes del tronco filoterrorista de la antigua Batasuna y daba alas al soberanismo vasco, cuya prioridad consistía en incorporar Navarra al País Vasco. “Así, Sánchez deja claro de nuevo que está dispuesto a seguir en la Moncloa a toda costa, pactando con quien sea para materializar el maquiavelismo objetivo de retener el poder. La entente del PSOE con el nacionalismo de la peor ralea constituye una de las mayores amenazas para la España constitucional”. Una de las peores concesiones que ha hecho el Gobierno a Bildu ha sido la retirada de Navarra de los agentes de tráfico de la Guardia Civil. El diputado navarro Carlos García Adanero pronunció en el Congreso un demoledor discurso en contra de esta arbitraria decisión. Afirmó que con Bildu no se podía pactar nada, pero que pactar algo que tenía que ver con la Guardia Civil era un insulto, no solo para ésta, sino también para todos los españoles. Recordó que Bildu estaba formado por los que señalaban, apuntaban y disparaban, los que volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles y reventaron casas-cuartel con niños dentro. “Dieron su vida por España, por la libertad, porque todos estuviéramos aquí, y ustedes les pagan diciendo que Bildu los puede echar. Es una vergüenza y una ignominia. Eso es una indignidad. Eso es hacer política de miserables. Eso es sobrepasar todas las líneas y una afrenta para el conjunto de los españoles”. Sánchez no se dignó a escuchar esta filípica porque, en cuanto huele que puede haber tormenta, se quita de en medio, coge el súper-puma y se da un garbeo por la España profunda de Teruel el existe. Contestó su Rasputin multi- usos, Félix Bolaños, quién acusó a Adanero de tránsfuga, y éste le replicó que a mucha honra, porque había sido expulsado de UPN por haber votado de conformidad con las normas adoptadas por su antiguo partido. Pedro Sánchez ha superado a su santo patrón, pues -mientras éste sólo negó tres veces a Jesucristo, él ha invocado 70 veces 3 en vano el no-santo nombre de Bildu. En su ardor por blanquear a este partido, el PSOE ha llegado a decir que mostraba más sentido de Estado que el PP. Los asesinados de este partido por ETA se habrán revuelto en sus tumbas y también los del PSOE, como Joseba Pagazaurtundua, cuya madre le dijo a Pachi López que iban a hacer cosas que les iban a helar la sangre. Por sus apoyos al Gobierno, Bildu ha recibido muchas compensaciones. Así, aunque el proyecto dela Ley de Memoria Democrática era ya de por sí un lamentable intento de reescribir la Historia -Ramón Tamames ha comentado que se ha ensalzado en demasía a la II República y dado la impresión de que fue ésta la que ganó moralmente la guerra civil-, la aceptación de las enmiendas propuestas por los bilduetarras la han empeorado aún más, al incluirse en la lista de víctimas a los supuestos represaliados del universo abertzale -pero no a las del terrorismo etarra-, al ampliar su ámbito de aplicación hasta finales de 1983, y al establecer una Comisión de expertos para examinar las vulneraciones de los derechos humanos de personas que habían luchado por la consolidación de la democracia, como los militantes de Bildu. Según Rafa Latorre, el Gobierno insiste en recordar lo ocurrido hace 80 años -mediante una versión falseada de la Historia-, pero propugna la amnesia sobre los recientes asesinatos etarras, blanquea a sus autores y convierte a sus testaferros políticos en aliados preferentes. En ocasiones, Bildu se ha opuesto por oportunismo a proyectos del Gobierno, como en el caso de la reforma de la Ley de Seguridad. Según ha comentado Alberto García Reyes en ”ABC”, un partido que blanquea al terrorismo etarra de las balas disparadas a las nucas de los ciudadanos, considera un atentado contra los derechos humanos que la policía utilice pelotas de goma, y ha contribuido con su voto en contra al rechazo de la reforma, con lo que -muy a su pesar- ha defendido el interés general de la comunidad, al permitir que la Ley “mordaza” continúe en vigor en su integridad. Los cuatro jinetes del Apocalipsis sanchista Aunque Sánchez sea el principal responsable de la crisis provocada en todos los ámbitos por su sumisión a las exigencias de Bildu, la culpa no es solo suya, sino que es compartida por todos los dirigentes del PSOE, de Emiliano García Page a María Jesús Montero, y de Javier Lambán a Ximo Puig. El presidente procura no dar la cara más de lo necesario por si se la rompen, y deja a sus colaboradores más cercanos que la den por él. Entre estos jinetes cabe citar a Grande-Marlaska, García Ortiz, Bolaños y López. 1.-Fernando Grande-Marlaska Resulta sorprendente ver cómo una persona que fue un excelente juez se haya convertido en un mediocre político, que alguien que estuvo amenazado de muerte por la ETA haya sufrido un síndrome de Estocolmo y se dedique a beneficiar a los criminales que mataron a más de 800 ciudadanos e intentaron asesinarlo, acercándolos a las prisiones del País Vasco y de Navarra y concediéndoles unos inmerecidos beneficios, ya que no se han arrepentido de sus crímenes, no han renunciado a la violencia, no han pedido perdón a las víctimas, ni han colaborado con la Justicia. Como responsable del Ministerio del Interior, Marlaska ha sido el instrumento empleado por Sánchez para pagar sus deudas en especie a Bildu por su apoyo al Gobierno. Segun ha señalado García Reyes, ha cumplido con prontitud su misión de acercar a los presos etarras para cumplir el pacto tácito de votos a cambio de “ongi etorris”. Marlaska no ha hecho nada para impulsar tesis que impidan que se acorte injustamente el tiempo del cumplimiento de las penas impuestas a los etarras, como la “doctrina Parot” -que fue rechazada por el TribunalEeuropeo de Derechos Humanos, con la connivencia del juez español nombrado por Zapatero- o la más reciente defendida por ”Dignidad y Justicia” y avalada por la Audiencia Nacional de que la prescripción de los delitos de lesa humanidad -como los atentados terroristas- se empiece a contar desde la fecha de la detención del presunto autor, en vez de la de la comisión del delito. 2.-Álvaro García Ortiz El fiscal general del Estado ha seguido fielmente los pasos de su mentora -la tres veces reprobada ministra de Justicia y ex-fiscal general, Dolores Delgado- se ha puesto disciplinadamente a las órdenes del presidente Sánchez –“?De quién es la Fiscalía? Pues eso”- y ha accedido a ser más un fiscal del Gobierno que del Estado, como ha mostrado con sus Instrucciones a los fiscales para que traten de evitar una disminución de las penas de los violadores provocada por la abracadabrante Ley del “Sí es sí”. García Ortiz ha dejado ver su talante autoritario en el caso de la prescripción de los delitos de secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Cuando era jefe de la Secretaría Técnica de la anterior fiscal general, García Ortiz mantuvo que el delito cometido por los autores intelectuales del mismo -el Comité Ejecutivo de ETA- había prescrito. El fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso, Vicente González Mota, discrepaba de este criterio y compartía la tesis mantenida por Dignidad y Justicia de que el caso no había prescrito. García Ortiz ordenó al jefe de la Fiscalía de la Audiencia, Jesús Alonso, que diera instrucciones al fiscal para que pronunciara ahora a favor de la prescripción, pero -como no estaba de acuerdo con estas instrucciones- González Mota se apartó del caso. El fiscal general nombró un nuevo fiscal y decidió acusar de revelación de secretos al cesado fiscal por haber supuestamente filtrado la noticia a la prensa y le abrió además un expediente administrativo. González Mota fue exonerado de las acusaciones y García Ortiz -que fue desautorizado por el magistrado de la Audiencia, Manuel García Castellón- tuvo que plegar velas y dejar al Tribunal que decidiera en el curso del juicio si se había producido o no lo prescripción. 3.-Félix Bolaños El ministro de la Presidencia es el fontanero mayor del Gobierno, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido y tiene una mayor responsabilidad, porque -a diferencia de algunos de sus colegas- un experto en derecho. Bolaños es el que sale a la palestra para justificar las múltiples trapacerías jurídicas y políticas de Sánchez, quien le ha encomendado a asimismo que lidere la campaña de desprestigio que el Gobierno ha lanzado contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Así, ha afirmado que se parece cada vez más “Pierre Nodoyuna”, que siempre desea que las cosas no vayan bien, y le ha criticado por incumplir la Constitución y carecer de sentido de Estado. Ha acusado asimismo al PP de involucionar y estar cada día más cerca de la ultraderecha, porque se va a abstener en la moción de censura que va a presentar Vox a través de Tamames. Bolaños habla más de la cuenta y quien mucho habla, mucho yerra. Ha quedado en evidencia con su afirmación de que en una democracia plena los jueces no eligen a los jueces y los políticos no eligen a los políticos. 4.-Pachi López Es difícil de entender cómo este personaje -que ni siquiera tiene un título universitario- ha llegado a ser “lehendakari”, presidente del Congreso y portavoz del PSOE en el mismo. Sus explicaciones y argumentaciones son de vergüenza ajena. Así, por ejemplo, a finales de 2021 afirmó que el PP hacía una oposición indecente, se oponía a todo, y se negaba a acordar cualquier pacto de Estado, por lo que se habían visto obligados a pactar con Bildu. Sobre el caso “Mediador”, López comentó que había gentuza con medios económicos y de comunicación alcance que empleaban para atacar al PSOE y cuestionar el trabajo y la honorabilidad de muchas personas que eran muy dignas. “Todos podemos tener en nuestra casa un corrupto o un corruptor, pero la diferencia está en cómo reaccionamos”. Otros, en cambio, compadrean con la corrupción. “No hay caso, no hay trama. Cinco personas que fueron a una cena. Nada más”. Cuando un periodista le pidió una aclaración, el portavoz le contestó: “?Y a usted qué más le da?” El PP ha propuesto la creación de una Comisión para que investigue el caso “Mediador” o “Tito Beni”, pero el PSOE se ha negado en rotundo so pretexto de que el caso estaba “sub iudice”. Para dar muestra de su talante dialogante y conciliador, el partido ha propuesto reactivar el caso “Kitchen”-que afecta al PP-, pese a ser bastante antiguo, llevar tiempo “sub iudice” y estar a punto de finiquitar. Ha presionado a sus aliados de Bildu y de ERC -que, en principio, se habían mostrado favorables a establecer la Comisión- para que se opusieran a la propuesta del PP y apoyaran la creación de otra Comisión que investigara los posible fraudes producidos como consecuencia de las reparaciones realizadas en varias instalaciones de la Guardia Civil. Bildu y los demás aliados han optado por crear una Comisión que circule, no por la autopista del escándalo del tráfico de influencias que tenía como base de operaciones el propio Congreso, sino por la carretera secundaria de la posible corrupción en el seno de la Guardia Civil. Tratarán con denuedo desnudar a la Guardia Civil los partidos que pretenden desarticularla. No basta con expulsarla de Navarra, sino que hay que procurar desacreditarla en toda España. Según Teodoro León -en su artículo “Sánchez ante el espejo”, publicado en “ABC”-, el Gobierno Frankenstein se descose entre pifias legislativas -como las leyes “Mordaza”, del “Sí es sí”, del maltrato animal o de la vivienda- y sus componentes se aferran como un náufrago a un madero y se ayudan mutuamente a apartar al tito Berni y a las excrecencias de nacionalismo catalán, pero su credibilidad está hundida. Por eso -ante los malos presagio de los auríspices, el PSOE ha lanzado un SOS desesperado a sus antiguos votantes mediante el eslogan “Defiende lo que piensas”, aunque -después del sanchismo- les costará trabajo saber qué es lo que piensan. Esto le ocurre hasta al propio Sánchez que -tras tantas mutaciones- no sabe ya si Bildu es un partido con el que no debe pactar en el jamás de los jamases o si es un aliado de progreso. Se encuentra sumido como Hamlet en la duda metafísica del ser o no ser de sus relaciones con Bildu. Quizás ese genio de la demoscopia internacional que es José Luis Tezanos, podría aconsejarle -en un momento de lucidez transitoria- que sustituyera el hamletiano eslogan, por otro más castizo, como el elaborado por un espontáneo y sufrido ciudadano: “Que nos vote Txapote”. En el ínterin, como le sigue creciendo su apéndice nasal, Pinocho Sánchez está pensando en pedirle a su amigo Biden que le preste el “Air Forces One” durante el período de su trascendental presidencia europea, porque su nariz ya no le cabe el Falcon. Madrid, 19 de marzo de 2023

El Acuerdo-marco de Windsor: Un paso importante en la mejora de las relaciones entre la UE y Gran Bretaña

EL ACUERDO-MARCO DE WINDSOR: UN PASO IMPORTANTE EN LA MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LA UE Y GRAN BRETAÑA El pasado 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, firmaron en Londres el Acuerdo-marco de Windsor, para modificar el Protocolo sobre Irlanda del Norte firmado por las dos partes el 1 de enero de 2020 y que entró en vigor un año después. El Protocolo nunca se ha llegado a aplicar en su plenitud al surgir numerosas dificultades para su cumplimiento por la falta de voluntad política del Gobierno británico hola aplicarlo,y que ha provocado numerosos conflictos entre sus dos signatarios. Firma del Protocolo sobre Irlanda del Norte Uno de los problemas más delicados planteados por la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea tras el referéndum sobre el Brexit, fue el del consiguiente restablecimiento de la frontera terrestre entre la República de Irlanda y el Ulster. Las comunidades protestantes y católicas de Irlanda del Norte mantuvieron unas relaciones turbulentas, rayanas con la guerra civil, desde la independencia de la República, de la que se segregaron torticeramente los seis condados del Ulster. La frontera entre las dos partes de Irlanda era un muro artificial protegido por importantes contingentes del Ejército británico para impedir hoy la infiltración de las bandas terroristas del IRA. Cuando, en mi calidad de embajador de España en Dublín, quise visitar al primado de Irlanda, cardenal Tomas O’Fiaich -que tenía su sede en Armagh (Irlanda del Norte)- tuve que pedir un permiso al Gobierno británico y acudí a la entrevista protegido por un pelotón de soldados armados hasta los dientes, porque unos días antes se había producido un grave atentado terrorista en la vecina ciudad de Omagh, en el que murió por cierto hoy una estudiante española. El 10 de abril de 1998 se logró el histórico acuerdo del Viernes Santo entre las dos comunidades irlandesas, por el que se estableció un Gobierno de coalición entre dirigentes unionistas y católicos, se suprimió la frontera, y se permitió libertad de movimiento de personas, bienes y capitales entre dos países miembros de la UE: La República de Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para evitar que se restableciera la frontera terrestre entre las dos Irlandas, la Unión y Gran Bretaña firmaron el Protocolo sobre Irlanda del Norte, que era -en opinión de la Comisión Europea- “una solución estable y duradera, concebida para proteger la economía de toda la isla y el acuerdo del Viernes Santo en todas sus vertientes, así como para salvaguardar la integridad del mercado único de la UE”. El Brexit había puesto en riesgo hoy el citado Acuerdo, porque la salida de Gran Bretaña exigía el establecimiento de controles aduaneros y de inmigración, con lo que se restablecía una frontera que impedía la libertad de movimiento que existía entre las dos partes de Irlanda mientras el Reino Unido perteneció a la UE. Para evitar que resurgieran los conflictos entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, los controles fronterizos se establecieron en los puertos de Irlanda del Norte y no en la línea terrestre de separación, con lo que Gran Bretaña vio su mercado interior dividido en dos, en uno de los cuales primaba la legislación británica y en el otro la de la Unión. De conformidad con el Protocolo, para enviar productos de una orilla a otro era necesario acatar las normas europeas, lo que implicaba el cumplimiento de una serie de requisitos burocráticos que entorpecían la fluidez el movimiento de las mercancías. Como ha señalado Enrique Feás -analista del Real Instituto Elcano-, al salir de un mercado interior, el Reino Unido tenía que establecer aduanas, especialmente si quería conservar su autonomía regulatoria y mantener sus propias normas en materia de aranceles regulaciones sanitarias o industriales, o el IVA, pero -dadas las circunstancias políticas- podía colocar aduanas en todos los sitios menos en el único límite terrestre que tenía con la UE. La desaparición de la frontera como consecuencia del Acuerdo del Viernes Santo había hecho posible la paz entre las dos comunidades y, con la restauración de la frontera, se generarían tensiones, incluida la posibilidad de la vuelta a las armas. Según la profesora Daniela Serbán, durante más de 30 años ha funcionado un acuerdo con cierta sensibilidad, al compartir una identidad irlandesa común. Sería un imperdonable error volver a restablecer la frontera cainita. Inaplicación del Protocolo La inspección de los productos importados de la Gran Bretaña en los puertos norirlandeses evitaba el restablecimiento de la frontera terrestre, pero obligaba a establecer controles sobre dichos productos, y los unionistas se negaban a ser tratados de forma diferente al resto del país. El 3 de febrero de 2022, el primer ministro de Irlanda del Norte, Paul Givan, presentó su dimisión por su oposición al Protocolo y las elecciones de mayo fueron ganadas por el partido católico panirlandés Sinn Fein, que ha superado al tradicional Partido Unionista Democrático (DUP). Su líder, Jeffrey Donadlson, se ha negado a reeditar el Gobierno de coalición con el Sinn Fein por su rechazo del Protocolo e Irlanda del Norte, que lleva más de un año sin Gobierno. Ante su negativa, habrá que celebrar elecciones adelantadas y es posible que las vuelva a ganar el partido nacionalista irlandés, incluso con mayor margen, lo que reforzaría su petición de celebrar el referéndum sobre la reunificación con la República de Irlanda, previsto en el Acuerdo del Viernes Santo. El Gobierno británico nunca cumplió el Protocolo y el irresponsable de su primer ministro, Boris Johnson, decidió modificar unilateralmente un tratado internacional mediante una ley interna, y presentó el correspondiente proyecto en el Parlamento británico, por lo que la UE le abrió un expediente de infracción. La Unión se mostraba preocupada, no sólo por la inaplicación del Protocolo, sino también por el riesgo real de que se deteriorara la situación en Irlanda del Norte, se pusiera en tela de juicio el acuerdo Viernes Santo y volvieran a producirse enfrentamientos sectarios. De ahí, que se haya mostrado muy flexible a la hora de reinterpretar su texto y a hacer concesiones en cuestiones fundamentalmente administrativas, aunque manteniendo los principios fundamentales y la unidad del mercado único europeo. Según ha afirmado Lluis Basset en su artículo sobre “Rumbo a Europa de nuevo”, publicado en “El País”, resolver el rompecabezas en que se encontraba sumida la aplicación del Protocolo no estaba al alcance Johnson, que era quien la había promovido. había que respetar los Acuerdo de Paz del Viernes Santo suprimía la frontera con la República de Irlanda y, al mismo tiempo, evitar la creación de otra frontera interior dentro del Reino Unido. Es imposible ocultar los desperfectos que ha dejado la gamberrada política de Johnson con su cínica exhibición del arte de crear problemas irresolubles para aprovecharse de los conflictos. Ha tenido que ser Sunak quien haya decidido cambiar de rumbo y buscar soluciones en vez de crear problemas. La fórmula técnica elegida es impecable. Se salvan dos mercados únicos distintos sin dañarse mutuamente: el británico, asociado a la soberanía nacional, y el europeo, a un proyecto de Unión cada vez más estrecha que los británicos han rechazado. Von der Leyen ha reconocido que las negociaciones -que se han extendido durante casi dos años- fueron difíciles, pero que el resultado había sido extraordinario. Según Sunak, se ha logrado preservar el delicado equilibrio del Acuerdo de 1998 , garantizado el movimiento comercial fluido dentro del Reino Unido, protegido en lugar de Irlanda del Norte dentro de la Unión, e introducido salvaguardias para la soberanía de los norirlandeses. En una declaración conjunta, ambos han afirmado lo siguiente: “Nos complace informar que hemos hecho un avance decisivo y hemos cambiado el Protocolo Irlanda del Norte, y anunciamos ahora el Acuerdo-marco de Windsor”. Contenido del Acuerdo-marco de Windsor Se ha tenido buen cuidado de no hablar de un Acuerdo a secas, sino de un Acuerdo-marco, que no implica un nuevo tratado que sustituya al Protocolo, sino de una interpretación de éste, que continúa plenamente en vigor. En un artículo publicado en “Cinco Días”, Leandro Hernández ha destacado que las dos partes han decidido rebajar las trabas comerciales en la isla sin perjudicar al mercado único comunitario. Aunque el largo texto del Marco de Windsor no se haya hecho aún público, Hernández estima que se han dado tres grandes pasos adelante: se ha establecido un “carril verde” para ciertos productos que pueden ingresar en Irlanda del Norte sin tanta burocracia y un “carril rojo” para los productos que puedan ser exportados a otros países miembros de la UE, HP por lo que se requiere que sean controlados con el fin de salvaguardar el Mercado Común Europeo; el Gobierno británico podrá realizar “cambios críticos” en el IVA y otros impuestos especiales que se cobren Irlanda del Norte; y, para salvaguardar la soberanía del pueblo norirlandés, legislación comunitaria que se aplique deberá ser la “mínima necesaria” para evitar una “frontera dura” con el resto de la isla, a la vez que permita a las empresas irlandesas acceder al mercado europeo. Según Feás, en general no ha cambiado nada, pero en términos prácticos han cambiado muchas. No se ha quitado la aduana, por lo que no se ha producido ningún cambio en el protocolo, pero se ha simplificado considerablemente el comercio entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. Ya no habrá declaración de aduanas ni controles físicos sobre los productos alimenticios y las medicinas que se exporten de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Ésta seguirá teniendo acceso al mercado único europeo y tendrá, por tanto, que respetar las normas de la UE y la supervisión de su aplicación corresponderá a la Comisión Europea y, en último término, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero -como ha señalado Sunak- la legislación comunitaria se aplicará con el consentimiento del Reino Unido. Esta garantía afectará a las nuevas normas que dicte la UE y la Comisión ha reconocido el Parlamento de Irlanda del Norte -el Stortmont- un derecho de “freno de emergencia” para la aceptación de nuevas normas que afecten adversamente al Ulster. La Comisión deberá informar con suficiente antelación al Gobierno británico hora de la adopción de nuevas normas que afecten al mercado de Irlanda del Norte y el Stormont podrá expresar su oposición si así lo decidieran al menos 30 de sus 90 miembros, que pertenezcan a dos partidos diferentes. Si así sucediera, el Gobierno británico podría vetar la aplicación de las disposiciones impugnadas y debería someter el caso al arbitraje. Se puede considerar aceptable que se conceda este privilegio -que tiene carácter excepcional- al tratarse de nuevas normas que han sido adoptadas sin la participación de las autoridades británicas, pero lo que no parece razonable es que, hola para ello, no se requiera al menos una mayoría simple y baste con la decisión de un tercio de la Asamblea. La Comisión ha hecho otra concesión a la parte norirlandesa en relación con el IVA y con algunos impuestos especiales. Según el Protocolo, Irlanda del Norte está sometida a la legislación comunitaria sobre estos impuestos, por lo que los que no podrían los norirlandeses beneficiarse de una rebaja impositiva que se aplicará en el resto del Reino Unido, ni recibir ayudas estatales. Merced al Acuerdo-marco, Irlanda podrá beneficiarse de las disposiciones británicas relativas al IVA sobre materiales de energías renovables y de los impuestos especiales sobre el alcohol, así como de ayudas estatales. Otro tema que se ha resuelto favorablemente ha sido el del viaje de ciudadanos británicos a Irlanda del Norte con sus mascotas, pues ya no necesitarán disponer de los certificados previstos por la legislación comunitaria y bastará con que cuenten con la documentación requerida en Gran Bretaña para los desplazamientos con animales domésticos. Uno de los temas más peliagudos era la negativa de los sectores más euroescépticos del Partido Conservador y de los partidos unionistas a aceptar la jurisdicción del TJUE en los casos de controversias sobre la aplicación de la normativa comunitaria en Irlanda del Norte, pero aquí la Comisión se ha mantenido firme y no ha aceptado traspasar esa línea roja. Ha concedido que la parte norirlandesa pueda plantear la controversia ante tribunales Irlanda del Norte, pero será el TJUE el que decida en última instancia. Reacciones ante la adopción del Acuerdo-marco Los signatarios han mostrado su satisfacción por la firma del Acuerdo-marco. Sunak ha afirmado que, aunque el Reino Unido y la UE puedan haber tenido sus diferencias en el pasado, siguen siendo aliados y amigos. El Pacto de Windsor es el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones de Gran Bretaña con la Unión. Von der Leyen hola mostrado de acuerdo y afirmado, que el Reino Unido podrá incorporarse al programa “Horizonte Europa”, una iniciativa de 95.000 millones de euros de investigación e innovación relacionadas con el cambio climático. En el Partido Conservador el Acuerdo ha sido acogido en general con satisfacción, incluso por parte de algunos diputados euroescépticos como David Davis. El núcleo opositor se encuentra entre una minoría de diputados recalcitrantes liderados por Jonhson, quien ha dicho que tenía sentimientos encontrados y le sería difícil votar a favor. “Esto va sobre la UE presentándose gentilmente para permitir que el Reino Unido haga lo que quiera en su país, pero no siguiendo sus leyes sino las de ellos”. Estos diputados han criticado asimismo al rey Carlos III por haber recibido a von der Leyen tras la firma del Pacto, lo que no es más que un elemental acto de cortesía diplomáticas. El líder laborista, Keir Stammer, ha dicho que aunque el Acuerdo no sea perfecto, protege los derechos de los norirlandeses y está dispuesto a darle su apoyo. Mientras el Sinn Fein ha reaccionado favorablemente y hecho un llamamiento a los unionistas para que pongan fin al anomalía de la prolongada ausencia de Gobierno, éstos lo han acogido con su natural reserva, y Donaldson -que ha pedido tiempo muerto para examinarlo-, si bien ha reconocido que había habido avances, ha señalado que aún contenía puntos preocupantes para su partido. La verdad es que, tras las muchas concesiones hechas por la UE, el DUP carece de razones para seguir boicoteando la formación del Gobierno autónomo. Sunak ha viajado a Belfast para vender las bondades del Pacto y -henchido de satisfacción por su éxito- ha metido la pata hasta el corvejón. Una persona que se ha vanagloriado de haber hecho campaña por el Brexit, votado a favor de él y considerado que ha sido un éxito, ha incurrido en la tremenda contradicción de decirle a los unionistas: “Nadie más está en esta situación, solo vosotros, y ése es el premio… Si lo hacemos bien, si aplicamos el nuevo acuerdo y tenemos un Gobierno que funcione, Irlanda del Norte estará en una posición especial e increíblemente privilegiada, al tener acceso al mercado doméstico del Reino Unido -el quinto en el mundo- y al mercado único de la UE… Irlanda del Norte va a ser un lugar increíblemente atractivo para invertir por su acceso a los dos mercados”. La reacción no se ha hecho esperar ante estas sorprendentes declaraciones y la diputada laborista, Stella Creasy, ha afirmado: “El premier está ensalzando los beneficios de Irlanda del Norte por estar en el mercado único y en la unión aduanera, hola el tiempo que está negando esos mismos beneficios al resto del país ¿Tenemos que recordar a los que abanderaron el Brexit el impacto que está teniendo negar estos beneficios a las empresas que están luchando por sobrevivir en medio de la actual crisis económica?”. La plataforma anti Brexit “Best for Britain”, a su vez, ha puesto el énfasis en la posición enormemente privilegiada de Irlanda del Norte y le ha preguntado a Sunak que “por qué no extender ese fantástico acuerdo al resto del país”. La UE ha recibido con satisfacción el éxito de la negociación, aunque se haya dejado algunos pelos en la gatera, pues -siguiendo con su un tradicional política de favorecer al Reino Unido dentro o fuera de la Unión, le ha hecho más cesiones de lo necesario. Como ha señalado Carlos Fresneda, la Unión ha cedido una y otra vez, y eso ha hecho ver a Londres que puede hacer casi lo que le dé la gana sobre el terreno sin temor a grandes represalias. Los Estados miembros de la UE y Estados Unidos también han acogido con beneplácito la firma del Acuerdo. Entrada en vigor del Acuerdo-marco La firma del acuerdo es solo el inicio de un largo proceso para lograr su entrada en vigor, pues tiene que ser corroborado por las Partes en el mismo -la Gran Bretaña, los 27 Estados Miembros de la UE y el Parlamento Europeo. Por parte británica, tiene que ser ratificado por las Cámaras de los Diputados y de los Lores, y parece ser que no habrá problema, porque la mayoría de los parlamentarios -tanto del Gobierno como de la Oposición- se ha mostrado favorable a prestarle su apoyo. Aunque no sea estrictamente necesario -dado que se trata de un tratado internacional concluido entre la UE y el Reino Unido-, sí sería conveniente que recibiera asimismo el respaldo del Stormont, ya que sus efectos se harán sentir principalmente en Irlanda del Norte. Las espadas están en alto porque, si bien el Sinn Fein ha prometidos su apoyo, está por ver la decisión que adopte el DUP y otras fuerzas unionistas. El marco de Windsor no constituye un único documento legal en bloque, sino que contiene múltiples disposiciones, algunas de las cuales podrán ser aplicadas de forma inmediata, mientras que otras requerirán que transcurra algún tiempo. Tras llegarse a un acuerdo, Sunak retirará del Parlamento el proyecto de ley para modificar el Protocolo presentado por Johnson y la Comisión Europea cerrará el expediente de infracción incoado contra el Reino Unido. Una vez solucionado el delicado problema del Protocolo de Irlanda del Norte, el último fleco pendiente para ultimar la normalización de las relaciones entre las dos partes tras el Brexit, es la conclusión del Acuerdo sobre el régimen aplicable a Gibraltar. A finales de enero, se celebró en Londres la duodécima ronda de negociaciones sin que se desbloqueara la cuestión. El principal obstáculo sigue siendo la negativa de Gran Bretaña a la presencia de las fuerzas de seguridad españolas en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar para controlar la aplicación de la normativa de Shengen, línea roja que la UE no ha aceptado traspasar, a diferencia de España que ya lo hizo en el documento-marco hispano-británico, en el que aceptó que esta función fuera asumida por FRONTEX. Ya es hora de zanjar este problema que dura demasiado tiempo. O se llega a un acuerdo o se establece una aduana en la verja, al constituir ésta la frontera exterior de la UE en el sur de Europa. No parece que el tema preocupe en demasía al Gobierno británico y el principal perjudicado será la colonia de Gibraltar, que -a falta de acuerdo- se verá excluida del espacio Schengen. El Gobierno español deberá aprovecharse de la firmeza de la UE para corregir su patinazo diplomático y su tendencia entreguista con el Reino Unido, y fortalecer su posición jurídica y política para lograr que se materialice su irrenunciable reivindicación a la recuperación de Gibraltar. Según ha señalado “El Mundo” en un editorial, el ejercicio de responsabilidad y pragmatismo que supone el acuerdo entre Londres y Bruselas con relación a Irlanda del Norte corrobora el proceso iniciado en el Reino Unido bajo el mandato de Rishi Sunak para revertir el deterioro institucional de la última década. El pacto alcanzado despeja el horizonte de futuro en sus relaciones con la UE. Ojalá que se confirme el pronóstico de Basset de que Gran Bretaña ha puesto de nuevo rumbo hacia Europa, y que se hagan realidad las palabras dirigidas por Ricky al teniente francés Louis al final de la película “Casablanca”: “Presiento que puede ser el comienzo de una hermosa amistad”. Está por ver, pero no cabe fiarse demasiado de la “pérfida Albión”. Madrid, 12 de marzo de 2023

Lo que queda de Ucrania tras un año de agresión rusa

LO QUE QUEDA DE UCRANIA TRAS UN AÑO DE AGRESIÓN RUSA El pasado año, la revista “Tiempo de paz” publicó un número monográfico sobre “La guerra de Ucrania”. Con motivo del primer aniversario del inicio de la invasión del país por las fuerzas armadas de Rusia, la revista ha celebrado un debate telemático sobre la situación actual de Ucrania, en el que participaron el antiguo director de la revista, Enrique Gomáriz, y algunos de los profesores que colaboraron con el citado número, cómo Carlos Fernández de Liesa, Montse Huguet, Manuel Rodríguez Maciá, Elena Díaz Galán, José Ángel Ruiz Jiménez, Félix Vacas y yo mismo. La impresión generalizada fue pesimista, ya que no parece que se encuentre una solución pacifica al conflicto ruso-ucraniano en un futuro inmediato y que la guerra va para largo. Desarrollo de la agresión de Rusia a Ucrania El 25 de febrero de 2022, importantes contingentes de tropas rusas invadieron Ucrania mediante una “operación técnica” con la que el Gobierno de Vladimir Putin pretendía -mediante una “guerra relámpago”- ocupar en unos días Kiev, derrocar al gobierno de Volodímir Zelenski y establecer un Gobierno títere que se sometiera plenamente a los dictados de Rusia. La determinación y la bravura del pueblo ucraniano liderado por su presidente y la ayuda y militar y financiera prestada por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea frustraron los planes de Putin, y las tropas ucranianas han conseguido, no solo impedir la ocupación de la capital y de otras ciudades importantes del país -a excepción de Jerson-, sino que contraatacaron y recuperaron buena parte del territorio ocupado, incluida Jerson. Actualmente, el conflicto está empantanado en una guerra de trincheras, especialmente en la región de Donbass. Pese a ser un buen profesional de los servicios de inteligencia, Putin ha cometido tremendos errores de cálculo más propios de un principiante. No previó la capacidad de resistencia del Ejército y del pueblo ucraniano, y dio por descontado que Estados Unidos, la OTAN y la UE no reaccionarían -como ocurrió cuando Rusia anexionó Crimea-, por lo que pensó que podría lograr su objetivo al bajo coste de unas sanciones económicas de menor cuantía. !Error, inmenso error! La actual guerra no solo ha cambiado a Ucrania y a Rusia, sino también a la OTAN y a la UE. Como ha señalado Charles Powell, la guerra de Ucrania ha dado a la OTAN una nueva razón de ser y demostrado que no estaba tan obsoleta -como mantenía Donald Trump-, ni en muerte cerebral -como llegó a firmar Emmanuel Macron-, y ha vuelto a su misión esencial de garantizar la seguridad colectiva de sus miembros. En cuanto a la UE, su inesperada respuesta ha cambiado al continente europeo. A juicio de Pablo Suanzes, la reacción a la agresión rusa no tiene precedentes por su velocidad, su contundencia, su alcance y su compromiso. La Unión ha descubierto que, con voluntad política y determinación, podría ser mucho más que una superpotencia comercial y regulatoria. Moscú cometió el mismo error que Londres cuando arrancó el Brexit: dar por hecho que la UE se partiría, que los intereses nacionales se impondrían y que Bruselas sería incapaz de consensuar y mantener una posición común. En un año, parece haber superado -aparte de sus complejos- la necesidad de pedir permiso para dar cualquier paso en el tablero internacional. La guerra ha servido para una revolución en su visión de la seguridad y de la defensa, con compras conjuntas de armamento, envío del mismo a países en guerra y uso de miles de millones de euros para garantizar su seguridad, con una cooperación inédita con la OTAN, llegando a donde una alianza militar no podía o no debía llegar. Para el antiguo subsecretario de la OTAN, Jeed Nadamer, gracias a la invasión de Ucrania, Putin ha logrado unir a la OTAN y a Estados Unidos hasta unos niveles que hacía tiempo que no se veían. Estados Unidos se ha comprometido plenamente con la defensa de Ucrania mediante el suministro de armamento cada vez más sofisticado y la financiación del mismo, así como su respaldo político, como se ha puesto de manifiesto con la visita sorpresa de Joe Biden a Kiev y sus afirmaciones de que “Ucrania nunca será víctima de Rusia ¡Nunca!” y de que “Kiev resiste, Ucrania resiste, la democracia resiste”. Ante el fiasco de su “blitzkrieg”, Putin ha tenido que cambiar su estrategia y pasar de una “operación técnica” a -aunque sin reconocerlo, pues pronunciar la palabra nefanda, es un delito que acarrea amplias penas de cárcel- una guerra total para impedir el ataque de Ucrania a Rusia con la connivencia de la OTAN, y optado por bombardear de forma sistemática objetivos civiles sin valor militar -hospitales, escuelas, bloques de viviendas -y, de forma especial, las infraestructuras energéticas para privar a la población del suministro de electricidad, agua y calefacción, con el fin de dejarlos en una situación humanitaria intolerable que le fuerce a rendirse sin condiciones. Como ha observado Pilar Bonet en “El País”, el glorioso Ejército ruso destruye Ucrania, ataca a la población civil y a las infraestructuras básicas, y sus soldados torturan, roban el patrimonio cultural, y facilitan la deportación de niños para su adoctrinamiento. Las tropas rusas -especialmente la punta de lanza de los mercenarios del grupo Wagner y de los voluntarios chechenos- no solo violan el “ius ad bellum” -ya que la guerra está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas, salvo en el supuesto de la legítima defensa, cual es el caso de Ucrania-, sino también el “ius in bello” -contenido especialmente los Convenios de Ginebra-, e infringen a diario el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario, cometiendo crímenes de lesa humanidad como las masacres de Bucha, Mariupol, Irpin o Izium. El Parlamento Europeo -que tiene contabilizados 34.000 crímenes de guerra debidamente documentados cometidos por los soldados rusos- ha calificado a Rusia de Estado promotor del terrorismo y lo ha acusado de cometer atrocidades contra la población ucraniana. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ya ha iniciado una investigación al respecto. Según Araceli Mangas, se trata de una guerra de una atrocidad inusitada por parte del agresor -Rusia-, que parece calcada de las brutalidades cometidas por Hitler y los nazis en las zonas ocupadas entre 1939 y 1945. La Asamblea General ha reconocido esa brutalidad “en proporciones que la comunidad internacional no había visto en Europa desde hacía décadas”. Los ataques de Rusia trascienden a Ucrania El mismo 25 de febrero de 2022, Zelenski afirmó que era “el inicio de una guerra contra Europa. Una guerra contra la seguridad de Europa, contra los derechos humanos fundamentales en Europa, contra la coexistencia pacífica de los países de Europa, y contra la negativa de los Estados europeos a emplear la fuerza para resolver los conflictos fronterizos”. La agresión de Rusia trasciende a Ucrania, porque no se trata de un mero conflicto entre países vecinos, sino que el objetivo mesiánico de Putin es devolver a su país el status de gran potencia, no ya del período de la URSS estalinista, sino de la Rusia imperial de Catalina y de Pedro el Grande, y -para eso- Ucrania no puede seguir siendo un Estado soberano e independiente, sino una parte integrante de la madre Rusia o, a lo sumo, un Estado-tapón dentro de su esfera de influencia. Putin aspira a construir un perímetro de seguridad en torno a Rusia que coincide con los límites del antiguo Imperio y, de ahí, que haya exigido a la OTAN que retire las instalaciones militares de los Estados que formaron parte de la URSS -como los Estados Bálticos- e incluso de los que formaron parte del Pacto de Varsovia, para regresar al “statu quo” anterior a su ingreso en Alianza. Como ha señalado Juan Manuel Faramiñán, Putin viene realizando desde hace años una política de expansión bien planificada, y movido con frialdad a sus peones mediante la ocupación de zonas de influencia en la proximidad de sus fronteras. Incita a movimientos rebeldes a que se rebelen contra el Gobierno central y se declaren independiente bajo su hospicios -como en los casos de Abjazia, Obsetia del Sur y el Donbass-o simplemente los anexiona -como en el caso de Ucrania-, lo que está haciendo saltar por los aires el tablero sobre el que se asienta la seguridad y la paz mundiales. Ahí está la raíz de la guerra y no en la ampliación de la OTAN. , Para Ana Palacio, el reto de Europa es interiorizar que la guerra es también suya, que los miramientos para ”no enfadar a la bestia” no tienen ningún sentido, porque la bestia ya está fuera de sí. Los Estados Bálticos y la mayoría de los antiguos miembros del Pacto de Varsovia llevan tiempo advirtiendo sobre la amenaza existencial que Rusia representa para ellos, pero en París, Berlín y otras capitales no se ve esta situación con la misma claridad. Es preciso, por tanto, tomar conciencia plena de que la seguridad del proyecto europeo está inexorablemente vinculada a la resolución favorable del conflicto ucraniano. “La sociedad abierta, la razón y la libertad es lo que está en juego en el frente de Ucrania” Con Ucrania en pie, con sus ciudadanos dispuestos a morir por su libertad sin merma, mientras Estados Unidos lidere a fondo su compromiso y respaldo geopolítico, para el resto de los occidentales -en particular para los europeos- solo hay una postura: apoyar a Ucrania.. Según el director de “El Mundo”, Joaquín Manso, la agresión de Putin ha dado paso al embrión de la Europa geopolítica. Según una encuesta publicada por ECFR, un porcentaje creciente de ciudadanos europeos prefieren una derrota total de Rusia en la guerra aunque eso signifique prolongarla, pues son conscientes de que es mejor detener ahora a Putin que hacerlo después en el Báltico, o someterse de por vida a su chantaje nuclear. De aquí que hayan soportado este año, sin apenas contestación las consecuencias económicas de los inéditos paquetes de sanciones, la inflación récord o las costosas medidas para aliviar la dependencia energética del gas ruso; de ahí la acogida favorable al incremento exponencial del gasto en defensa; de ahí el viraje histórico de Alemania en su política de seguridad, la solicitud de ingresar en la OTAN de Suecia y Finlandia o la histórica concesión del estatuto de país candidato a ingresar en la UE a Ucrania. “Solo nuestro país padece en el Gobierno a elementos prorrusos que se oponen a ese camino”. Macron y Scholz se han mostrado preocupados porque Putin pueda perder la cara, pero -como ha dicho el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dimitri Kuleba- “debemos perder el miedo a derrotar a Rusia”. Necesidad de negociaciones de paz Según una editorial de “El País”, son abundante las voces que demandan negociar la paz, a las que se ha añadido la del Gobierno de China. Desde distintos países democráticos se reclama con urgencia la paz, pero Putin -que es el que han iniciado el conflicto- no muestra ninguna intención de renunciar a las armas y al diseño imperialista de las fronteras. “La diplomacia no puede descartarse, pero las democracias no pueden bajo ningún concepto abandonar a Ucrania a su suerte, y la única forma de responder con eficacia es su mantenimiento de la unidad y fortaleza ante un inquietante panorama de destrucción que no da señales de remitir”. Muchas personas bien intencionadas claman por lograr la paz a cualquier precio para impedir que siga aumentando la tremenda pérdida de vidas humanas. Así, Enrique Gomáriz ha manifestado que, para poner término a la catástrofe humanitaria, hay que sentarse inmediatamente a negociar la paz y que, para lograrla, las partes tienen que hacer concesiones, y que todos los Estados son responsables de conseguirla. Creo que se debe matizar esta afirmación. Por supuesto que la diplomacia debe jugar un papel fundamental, que -tarde o temprano- las partes interesadas tendrán que sentarse a negociar y que todos los Estados deben cooperar para que se alcance la anhelada paz, pero no todos tienen la misma responsabilidad en este loable empeño. Las propuestas que solicitan la negociación sin matices parten del gran error de situar en pie de igualdad al agresor y el agredido, lo cual es profundamente injusto. No se puede colocar en el mismo plano a Rusia, que ha invadido y agredido a un país soberano sin motivo alguno, alegando su derecho a una guerra preventiva para impedir un supuesto ataque de Ucrania en connivencia con la OTAN, y al país que ha sido agredido y solo trata de defenderse. Según la profesora Mangas, la manipulación rusa pretende diluir su propia agresión en la legítima defensa, pero, para poder invocarla, es indispensable que se haya producido un previo ataque o una amenaza inminente y grave, y Ucrania no ha hecho tal cosa. “La guerra preventiva es ilegal e inmoral. Por eso, Ucrania está en el lado bueno del derecho y está facultada para usar la fuerza armada para repeler al agresor ruso en todo su territorio”. Aún más, un Estado agredido tiene derecho a recabar la ayuda de otros Estados para hacer posible su legítima defensa y -según manifestó el Tribunal Internacional de Justicia en 1986- existe un deber general de todos los Estados de cooperar por medios lícitos para poner fin a la violación de una norma internacional imperativa. La entrega de armamento a un Estado agredido es legítima y conforme con el Derecho Internacional, Putin ha acusado a Occidente de facilitar material militar, por lo que ha pasado a ser co-beligerante en el conflicto, acusación que carece de cualquier fundamento. En las guerras habidas, los Estados vendieron o donaron armas a alguna de las partes contendientes sin que se les considerara por ello beligerantes. Recuerdo, por ejemplo, que durante la guerra irano-iraquí de 1982-1988 infinidad de Estados suministraron armas de todo tipo a los contendientes y, en el caso de las muy neutrales Austria y Suiza -y también de España- las vendieron a los dos contendientes. Hay una línea roja que no se debe traspasar, cual es la de participar directamente en los combates con medios humanos, pues, de hacerlo, los Estados que lo hicieran pasarían a ser beligerantes. Tanto Estados Unidos como la OTAN han declarado taxativamente que no tienen intención de enviar personal militar a Ucrania y solo intervendrían militarmente sí Rusia atacara a un Estado miembro de la Alianza. Es de especial interés el artículo titulado “Por qué es éste el momento adecuado de negociar la paz”, publicado por Jürgen Habermas en el “Suddeutsche Zeitung”, en el que da una de cal y otra de arena. Empieza por afirmar que si Occidente suministrara armas a Ucrania -y tiene buenas razones para hacerlo-, con ello se haría corresponsable del curso de la guerra y de sus consecuencias. Discrepo de esta afirmación por las razones anteriormente expuestas. El filósofo se suma a las voces que piden el inicio del difícil camino hacia las negociaciones, porque lo importante radica en que el carácter preventivo de unas conversaciones a tiempo puede evitar una larga guerra que se cobre aún más vidas, cause más destrucción y acabe enfrentando a Occidente con la disyuntiva de intervenir en el conflicto o de abandonar a Ucrania a su suerte para no provocar una guerra entre potencias dotadas de armas nucleares. En la amenaza de Putin de recurrir a ellas se basa precisamente su chantaje, y la opinión se divide entre los que creen que va de farol y los que estiman que estaría dispuesto a utilizarlas en última instancia de forma suicida, ya que produciría la mutua destrucción masiva. Mantener -como hace Occidente- que el Gobierno ucraniano es el único que puede decidir el calendario y el objetivo de las posibles negociaciones carece de sentido en opinión de Habermas, pues ello compete a las dos partes en el conflicto. Los Gobiernos occidentales deben tener en cuenta, además de sus propios intereses y los de Ucrania, los de las otras partes. Tienen una corresponsabilidad moral por las víctimas y por las destrucciones causadas por las armas que suministran, y no pueden trasladar al Gobierno ucraniano la responsabilidad de las brutales consecuencias de una prolongación de las hostilidades, que solo es posible gracias a su apoyo militar a Ucrania. A este falaz argumento cabe replicar que las armas que facilita Occidente a Ucrania son para su defensa frente al agresor, que es el único responsable de las consecuencias de su agresión, y que las destrucciones de las que hipócritamente se lamenta se producen en territorio ucraniano y no ruso, y son causadas principalmente por los bombardeos del Ejército ruso. Habermas se pregunta si la finalidad de la entrega de armas a Ucrania es para que ésta no pierda la guerra o más bien para lograr la victoria sobre Rusia. Creo que la respuesta es obvia. El objetivo de la ayuda en armamento es para que Ucrania no pierda la guerra y es evidente que, si lo consiguiera, habría logrado una victoria sobre el agresor. Considera que la guerra no debería existir, pero existe y no por culpa de Ucrania sino de Rusia. Añade que si no se pudiera evitar el estallido de conflictos armados, la alternativa necesaria frente a una continuación de la guerra -que cada día produce más víctimas- sería la búsqueda de “compromisos tolerables”. ¿Tolerables para quién? ¿para los rusos agresores, para los ucranianos agredidos o para terceros que ven los toros desde la barrera? Afirma el comentarista que si Ucrania aceptara el regreso al “statu quo ante”, se abriría el camino a la negociación y lleva razón, porque -al implicar la renuncia de Ucrania a Crimea y a los territorios sublevados del Donbass- debería acabarse el conflicto. Insiste en que la situación debería invitarnos a presionar para que se hagan esfuerzos enérgicos con el fin de iniciar negociaciones y buscar una solución de compromiso que no otorgue a Rusia ninguna ganancia territorial posterior al inicio de la guerra y que, al mismo tiempo, le permita salvar la cara. Esta solución no puede ser más favorable para Rusia, ya que consolidaría la posesión de Crimea, se mantendría la situación de independencia “de facto” de Donetsk y de Lugansk, e incluso podría conseguir algunos de los territorios ocupados que Ucrania ha logrado recuperar con su contraofensiva. Por otro lado, ¿a santo de qué debe permitirse al agresor que salve la cara? De forma increíble, todas las concesiones sugeridas se imponen a la parte agredida. ¿qué concesiones haría el agresor? ¿que iba a dejar de atacar y de bombardear cualquier objetivo? ¡Menuda concesión! ¿que respetaría la independencia y la integridad territorial de Ucrania? Ya lo hizo al entregarle Ucrania su arsenal nuclear por el Tratado de Jarkov -del que eran garantes Estados Unidos y Gran Bretaña-, y ya hemos visto lo que ha durado ese compromiso y la inoperancia de la garantía de las dos potencias occidentales. Y además ¿qué valor tiene la palabra de Putin o de Rusia? China ha echado su cuarto a espadas en un supuesto esfuerzo mediador. Por supuesto que este hecho es positivo y loable, pero lo sería aún más si fuera objetivo y tuviera algún contenido concreto. Pone en pie igualdad al agresor y al agredido, lo que es del todo inaceptable, y califica al conflicto de crisis, como si se tratara de un fenómeno meteorológico. Parte del principio de que “deben garantizarse efectivamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países”, pero no saca las consecuencias de semejante aserto, pues no condena al que ha violado abiertamente ese principio, elude hablar de invasión y considera legítimas las preocupaciones de seguridad de Rusia por la expansión de la OTAN hacia la Europa del Este. Afirma que “las sanciones unilaterales y la presión extrema no solo no resolverán los problemas, sino que crearán otros nuevos. Los países relevantes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales y desempeñar un papel el enfriamiento de la crisis”. Añade que “se debe cumplir estrictamente el Derecho Internacional humanitario y abstenerse de atacar a civiles y a instalaciones civiles. Se debe proteger eficazmente la seguridad de los civiles y establecer corredores humanitarios para las evacuaciones en la zona de guerra”. Todo esto está muy bien, pero se queda en deseos piadosos cuando no condena al que no lo respeta. También declara que ”las armas nucleares no se pueden usar y la guerra nuclear no se puede librar. Hay que oponerse al uso o a la amenaza de armas nucleares, así como al desarrollo de armas biológicas y químicas por cualquier país bajo cualquier circunstancia”. Una vez más, China se limita a hacer unas declaraciones genéricas y no señala al único Estado que ha amenazado con recurrir a dichas armas. Pese a sus notables insuficiencias, Zelenski ha acogido favorablemente la propuesta china y expresado su disposición a entrevistarse con XI Yinping, pero éste no ha mostrado ningún interés por el encuentro. En un artículo titulado “La paz, pero ¿qué paz?”, Lluis Basset ha afirmado que sin libertad y sin justicia no puede haber paz. La guerra ha llevado la muerte y la destrucción a Ucrania, pero le ha quitado a los rusos la poca libertad y la escasa justicia que todavía tenían. La guerra de Putin es ilegal, injusta y criminal, y no puede considerarse de izquierdas la desatención a las peticiones de ayuda de quienes se defienden ante la agresión. No puede dejárseles desarmados e inermes para que tengan que aceptar la paz de los cementerios. “Si dejamos solos a los ucranianos, la guerra será breve y Putin vencerá, pero no habrá paz, porque la guerra de agresión seguirá y desbordará a Ucrania“. Ninguno de los dos bandos puede ganar por completo la guerra en el campo de batalla, por lo que hay que negociar la paz, pero no a cualquier precio. Ha de tratarse de una paz justa y no lo sería si se aplicara el criterio de “paz por territorios”, que obligaría al agredido a hacer concesiones territoriales al agresor. Cómo ha concluido Manso, una paz justa pasa por garantizar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Impedir que el Kremlin cante victoria es un imperativo ético. Lo contrario enviaría un mensaje de debilidad que puede acelerar la próxima confrontación o provocar la imitación de cualquier tirano. “Por eso, la guerra de Zelenski es nuestra guerra. La guerra por la libertad” Actitud de España hacia Ucrania La actitud del Gobierno español en la guerra de Ucrania ha estado llena de oscilaciones y contradicciones, porque una parte del mismo apoya a Zelenski y otra a Putin. Por la influencia de Podemos, el Gobierno adoptó al principio una actitud reticente para apoyar abiertamente a Ucrania y enviarle armas, pero -tras los toques pertinentes de Bruselas- Sánchez expresó su apoyo al país agredido y envió ayuda humanitaria y armas no demasiado letales. El rey Felipe VI ha afirmado que “apoyaremos y respaldaremos al pueblo ucraniano en su legítima defensa, su libertad y su integridad territorial”. Podemos, en cambio, ha criticado el envío de armas e incluso la aplicación de sanciones, y respaldado la celebración de negociaciones sin condiciones y sin distinguir entre el agresor y el agredido. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que ”es evidente que la escalada bélica es un error que no ha ayudado en nada a Ucrania. Lo mejor para parar los pies a Putin es abrir una negociación”. ¿De verdad quiere Podemos parar los pies a Putin? Pues no lo parece. Su “gurú”, Pablo Iglesias, ha señalado que los europeístas más sensatos -como él- piensan que es imprescindible una solución negociada cuanto antes, por supuesto en pie de igualdad. Sánchez fue el último de los presidentes europeos en visitar Kiev, donde fue ninguneado por Zelenski. Tras la visita impromptu de Biden, Sánchez siguió su ejemplo para chupar cámara, y se presentó en Ucrania -en su calidad de futuro presidente rotatorio del Consejo de la UE- el día del aniversario de la invasión rusa, para reafirmar el apoyo de España “frente a la ilegal e injustificada guerra de agresión de Putin”. Allí dijo que “Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia” y que España siempre había estado a su lado desde el comienzo de la invasión y había prestado todo tipo de apoyo, desde armamento de alta gama y ayuda financiera, hasta un gran paquete humanitario, palabras que no se atreve a pronunciar en España para que no lo corra a gorrazos su socio de Gobierno. Prometió sumar cuatro tanques oxidados a los seis ya comprometidos, y dijo que estudiaría con sus socios de la UE y la OTAN el suministro de los aviones solicitados, con la tranquilidad de que España no dispone de ellos. Según Iñaki Ellakuría, Sánchez se presentó en Kiev para, después de fotografiarse con Zelenski, mentir en inglés a un pueblo con la misma frialdad, cinismo y efectividad con que suele engañar al pueblo español en su propia lengua. Allí afirmó que “toda España” estaba con Ucrania, unanimidad que no se da en el Gobierno que él preside, donde Putin se sienta en el Consejo de Ministros a través de Podemos, sucursal española de esa diplomacia que defiende una paz injusta, que solo contempla la renuncia de Ucrania a su integridad territorial y al derecho a defenderse frente al terrorismo del Estado ruso. Presumió de una ayuda económica y militar que resulta insignificante y se vanaglorió de una solidaridad española con los refugiados, que partió de la iniciativa privada. Tuvo que recordar a Podemos que es el presidente del Gobierno el que fija su política exterior, pero no hace nada para controlar a los irresponsables que tiene en el seno de su propio Gobierno. Como ha señalado Basset, no se equivoca el Gobierno español cuando envía armas a Ucrania, sino esta izquierda agarrotada por el dogma de creer que las armas con las que las víctimas se defienden solo prolongarían su sufrimiento en vez de aliviarlo. No se puede dejar desamparados a los ucranianos para que se vean forzados a aceptar “velis, nolis” una paz injusta, que sería contraria al Derecho Internacional. Madrid, 5 de marzo de 2023

LOS TRIBUNALES MATIENEN EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA Decía en mi último artículo que el mal sabor de boca dejado por la lamentable sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el tema del aborto había sido parcialmente paliada por el auto del Tribunal Supremo (TS) en el caso de la revisión de penas contra los líderes secesionistas catalanes por la reforma del Código Penal (CP) realizada por la Ley Orgánica 14/2022. Pese a los denodados esfuerzos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez para atender a las exigencias de ERC de exonerar por completo a los condenados de cualquier tipo de pena, no han conseguido su objetivo gracias -una vez más- a la loable reacción del TS, que ha dictado un auto lleno de precisión jurídica, consistencia lógica, coherencia y sentido común. Ni siquiera cabe a los republicanos el derecho al pataleo por su tradicional victimismo, ya que han sido ellos los impulsores intelectuales y los autores materiales del texto de la reforma, que presentaron como una enmienda a la proposición de ley sobre eliminación del delito de sedición, que fue asumida con entusiasmo por el PSOE y sus aliados en las Cortes. Gracias a la impericia jurídica de ERC, del Gobierno y de las Cortes, las reformas ”ad personam” introducidas en el CP solo han beneficiado parcialmente a algunos de los condenados. Así, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart -a los que se les ha mantenido la acusación por el nuevo delito de desórdenes públicos- se les ha exonerado de la condena de inhabilitación que les quedaba por cumplir. A Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn, solo se les ha condenado por desobediencia y sus respectivas penas de inhabilitación se han extinguido. Sin embargo, el principal objetivo de ERC -que era blanquear del todo a su amado líder, Oriol Junqueras, para que pudiera presentarse a las próximas elecciones autonómicas y llegar a la presidencia de la Generalitat- se ha visto frustrado por la decisión del TS de mantener el delito de malversación en su modalidad agravada. En consecuencia, Junqueras -al igual que Dolors Bassa-seguirá inhabilitado hasta 2031, y Raúl Romeva y Jordi Turull hasta 2030. Mantenimiento del delito de malversación en su versión agravada En relación con el delito de malversación, de lo que se trataba -en opinión de la Sala Segunda de lo Penal del TS, presidida por Manuel Marchena- era de analizar si la decisión de los condenados de aplicar fondos públicos a la celebración de referéndum ilegal del 1 de octubre podría etiquetarse como una resolución integrable en el espacio funcional propio de un dirigente político a la hora de tomar decisiones acerca al destino de dichos fondos, y la respuesta del Tribunal ha sido negativa. El texto introducido por la reforma de 2022 es una copia literal del artículo 397 del CP, que castigaba esa conducta con penas de multa y de inhabilitación, con la única diferencia de que ahora el delito podrá castigarse, en su forma agravada, con una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando resultare daño o entorpecimiento graves al servicio público. El legislador ha estimado que, en el supuesto de ausencia de ánimo de lucro en el que el patrimonio público se vincula a una finalidad pública distinta a la que inicialmente hubiera sido destinado, la pena debía atenuarse sensiblemente, hasta el punto de que, en aquellos casos en que no quedara acreditado ese daño o entorpecimiento, las penas podrían limitarse a simple multa e inhabilitación. La Sala no podía aceptar que el inciso final del nuevo artículo 433 operara como un tipo atenuado del delito de malversación por el simple hecho de que el destino de los fondos públicos se presentará como una decisión emanada de la autoridad o funcionario con capacidad para administrar esos fondos y decidir sobre su aplicación. Bastaba con que la decisión desleal hubiera sido revestida con las formalidades que acompañan a los actos administrativos y que aquélla hubiera sido adoptada por el órgano competente. “Sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los ocho años de prisión, mientras que quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso la celebración de un referendo prohibido judicialmente- pueda ser castigado solo con la pena de multa”. Una interpretación distinta podría ser contraria, no solo al valor axiológico que determina la protección penal de los fondos públicos, sino también al compromiso de España de proteger los fondos públicos de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el delito de malversación sea punible con penas de hasta cuatro años de prisión. “Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quién la promovían, desarrollada después de reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia para evitarla y, en fin, orientada a un proceso secesionista -aunque no llegara a tener virtualidad-, nunca podrá considerarse una aplicación pública diferente de aquella a la que estaban presupuestariamente adscritos los fondos, y, lo que es más evidente, que nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro. El artículo 432 del CP incluye en su tipicidad tanto a quién se apropia de esos fondos, como a quién, quebrantando su deber de lealtad en la Administración, decide darles una finalidad inequívocamente ilegal”. La Sala ha negado la posibilidad de dar un tratamiento privilegiado, a los condenados por el delito de malversación. “No podemos ver una simple rectificación contable que aspira al tratamiento privilegiado que proporciona el nuevo artículo 433 del CP. No se trata de una decisión por la que las cantidades presupuestadas para un fin se destinen a otro fin encajable en la ordinaria prestación de los servicios públicos que justifican la actividad administrativa. Lo que se acordó por los condenados fue su adscripción a una actividad delictiva impulsada por ellos mismos y que está en el origen de su condena por un delito de desobediencia”. Crítica por la eliminación de la sedición y su sustitución por los desórdenes públicos El TS ha hecho una crítica demoledora -y más que merecida- de la eliminación del delito de sedición y de su sustitución por el de desórdenes públicos. Según la Sala, es cierto que la política legislativa que anima la reforma operada en el CP ha hecho posible una redefinición los delitos contra el orden público. El problema a efectos de la subsunción jurídica radica en que el delito de sedición -tal y como estaba referido en el artículo 544- es algo más que un delito contra el orden público. Este texcto incluía entre los fines perseguidos por quienes se alzaban pública y tumultuariamente, objetivos que desbordaban el concepto de orden público al que parece aferrarse la reforma, porque quien promueve por la fuerza o fuera de las vías legales el incumplimiento de las leyes o de las resoluciones judiciales no se limitaba a alterar el orden público. Las autoridades que desoyeron contumazmente los requerimientos del TC, se desentendieron de las prohibiciones impuestas por el TSJC, y llevaron a cabo un proceso legislativo de ruptura no estaban simplemente alterando el orden público, sino que trataron de hacer realidad un referéndum no avalado por la comisión de Venecia y prohibido por los Tribunales de Justicia, y movilizaron a miles de personas -en la creencia ilusionada de que iban a ejercer el imaginario derecho a decidir-, estaban menoscabando sin duda las bases constitucionales que definen la convivencia. Todo intento de reducir al ámbito de la tipicidad que ofrecía el delito de sedición a un problema de orden público, identificable con movilizaciones o algaradas, desenfocaba el problema. La gravedad de las penas asociadas por el CP de 1995 al delito de sedición encontraba su justificación en la necesidad de castigar, no solo los actos contrarios a la paz pública, sino también el desarrollo de una movilización tumultuaria llamada a impedir el ejercicio democrático de la autoridad del Estado. “El delito de sedición que ha sido derogado estaba llamado a proteger, por tanto, el orden público en una dimensión que desborda el espacio de tipicidad del nuevo artículo 557 del CP. Hablamos -reiterando las palabras de nuestra sentencia- del interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales, lo que ahora ha quedado a extramuros de la angosta tipicidad que proporciona el nuevo artículo 557 de CP como delito contra el orden público”. La responsabilidad penal del antiguo delito de sedición no solo reprochaba a los autores la puesta en peligro del orden público. Ya en su sentencia, el TS había calificado la conducta de los sediciosos de “actuación concertada con el resto los acusados encaminada a la creación de un conjunto normativo aprobado por un órgano autonómico manifiestamente incompetente para ello, y hacerlo alentando una movilización ciudadana que incluye la resistencia y oposición material y física, así como un apoyo internacional dirigido a privar unilateralmente, por la vía de hecho, de toda fuerza ejecutiva a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales legitimadas democráticamente por nuestro sistema constitucional”. La afectación del sistema constitucional se hacía también patente cuando el Tribunal precisaba que “los hechos enjuiciados son algo más que un conflicto competencial entre autoridades estatales -centrales o autonómicas-, que pugnan por la competencia para organizar o prohibir una consulta popular. En el presente caso, de lo que se trataba era de hacer posible un referéndum que condujera -con la ayuda de las movilización ciudadana- a destruir las bases fijadas por el poder constituyente”. Los acusados “asumieron la inequívoca voluntad de un poder ejecutivo decidido a culminar el desafío a la base del sistema normativo que equilibra y hace posible la convivencia”. En consecuencia -concluía el TS-, entre el delito de sedición -tal como estaba definido en el antiguo artículo 544- y el delito de desórdenes públicos del nuevo artículo 557 no existe una identidad sustancial que permita afirmar que, suprimido el primero, todo lo que éste abarcaba había quedado alojado en el segundo. Esta falta de identidad se advierte no solo desde la perspectiva del bien jurídico o de la acción típica, sino también atendiendo a la estructura del tipo subjetivo. El delito de sedición sancionaba los actos ejecutivos realizados con la intención de promover la ignorancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, mientras que el nuevo tipo subjetivo queda reducido a la voluntad de atentar contra la paz pública. ”Es indudable que la colectiva desobediencia los requerimientos del TC o a las órdenes de los agentes que intentaban cumplir un mandato emanado de la autoridad judicial fueron algo más que un atentado contra la paz pública, sobre todo porque esa voluntad era el motor que empujaba el frustrado deseo de lograr la vigencia de unas leyes de transitoriedad que preparaban el camino hacia la independencia” . Según ha señalado Marisa Cruz en "El Mundo”, el TS ha cerrado filas frente al infame manoseo del CP. Los magistrado no se han reprimido a la hora de descartar uno a uno los argumentos manipulados que el Gobierno ha desplegado para convencer a la opinión pública de que ha derogado la sedición y rebajado la malversación por el bien de la patria y no por interés propio. Para el “ABC”, el auto ha supuesto un doble varapalo judicial para el independentismo y para el Gobierno y el legislador por sus reformas. La decisión resulta especialmente demoledora por el Gobierno, cuya pretensión -tras los indultos a los condenados- era facilitar su regreso a la vida pública con una rescisión casi absoluta de todas las penas. Desarbolamiento del Estado frente a los atentados contra el orden constitucional Además de los perjuicios causados por la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, las reformas del CP han producido unos efectos aún más graves, porque la deslealtad constitucional encaminada a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las resoluciones judiciales carece ahora de tratamiento penal. Para el TS, el efecto inmediato de la reforma ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que se ha revisado podrían topar con visibles grietas de tipicidad. La fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la desobediencia a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación, que serían castigados como simples alteraciones del orden público. El delito de sedición no exigía una movilización violenta y era punible cuando simplemente se ejecutara fuera de las vías legales. Tras la reforma, entre el delito de rebelión y de desórdenes públicos se ha creado “un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la inobservancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales -si no fueran acompañados de una violencia preordenada a estos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación- quedarían impunes. La deslealtad constitucional y el menosprecio a la base de la convivencia -incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento- no serían susceptibles de tratamiento penal. En otras palabras, la creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio de un Estado -incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentarán ponerle término- serían ajenas a la intervención del Derecho Penal”. En la reforma no se ha procedido a dar una nueva redacción al delito de sedición, ni se ha producido una sustitución por el delito de desórdenes público, sino que se ha suprimido sin más el injusto que antes abarcaba el artículo 544. El actual delito de desordenes públicos es un ”aliud” respecto del derogado delito de sedición. Como ya expuso el Tribunal en su informe contrario a la concesión de los indultos a los condenados. “el delito de sedición no es desde luego la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Lo que hemos probado en nuestra sentencia declara que -por más que lecturas parciales e interesadas reitere lo contrario-no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”. Como concluía la Sala “que los hechos declarados probados en la sentencia que abre la presente ejecutoria implican una movilización tumultuaria y violenta está fuera de cualquier duda, pero no basta esta constatación para transformar el previo concierto para la comisión de un delito de sedición, una vez derogado éste, en el previo concierto para la comisión de un delito desórdenes públicos que -como venimos insistiendo- exige como elemento nuclear la ejecución de actos violentos o intimidatorios o, en su caso, la conspiración la provocación, o la proposición para hacerlos realidad”. No existe sostén fáctico para afirmar que la autoría por Junqueras, Forcadell, Bassa, Rull, Turull o Romeva consistiera en ejecutar los actos concretos de violencia o intimidación descritos en el factum, que pudieran dar vida a la existencia de un delito de desórdenes públicos, que, en cambio, sí era atribuible a los Jordi. Según Ignacio Camacho, el principal corolario del auto es el aserto axiomático de que la supresión del delito de sedición deja al Estado sin instrumentos para actuar. En adelante, cualquier dirigente político podrá revelarse contra la Constitución sin responder de sus actos, siempre que no desemboquen en alzamientos tumultuarios. El soberanismo gozará de impunidad para reproducir su insurrección cuando le venga en gana, sin que la justicia tenga a su alcance medios para castigarlo. El intento de fractura territorial o el desbordamiento de las leyes orquestado desde las instituciones catalanas puede repetirse con plena impunidad en cualquier lugar de España, porque “la modificación legal del sanchismo ha creado un vacío normativo”. Lo que ha hecho el legislador -según “ABC”- ha sido desenfocar el problema y dejar el Estado inerme ante conductas como las del procés. “La reforma impulsada por el Gobierno debilita al Estado frente a los intentos rupturistas de la soberanía”. Como ha observado la profesora Teresa Freixes, al haberse suprimido la sedición, hechos similares a los de 2017 no podrían ser enjuiciados porque el principio de legalidad penal lo impediría. Si no hay un delito previamente legislado, aquella conducta no se podría penar y, si hacemos desaparecer el delito, ¿a dónde vamos?. La “desjudicialización” ha convertido en ineficaz una sentencia del TS y nos está poniendo en bastantes aprietos ante los tribunales europeos De aquí la urgente necesidad de restaurar el delito de sedición o de introducir en el CP un nuevo delito de atentado contra el orden constitucional, para sacar al Estado de la situación de indefensión en que lo han dejado el Gobierno y sus aliados. Este desaguisado no es solo culpa de Sánchez -aunque sea su principal responsable-, sino también de PSOE, que ha dejado de ser un partido de Estado. No es de extrañar que el socio y los aliados de Sánchez hayan apoyado esta reforma, porque -así como en el Ejército el valor se supone- en partidos como Podemos, ERC, JxC, la CUP, Bildu, PNV, BNG o Compromis, la deslealtad hacia el Estado también se presupone. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que, si accede del Gobierno, reformará la reforma del CP. Habrá que darle el beneficio de la duda, aunque yo sea algo escéptico, pues el PP -como la mayoría de los partidos- se ha caracterizado por olvidarse de sus promesas electorales cuando llega al poder, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, con la Ley del aborto. Enjuiciamiento de dirigentes catalanes de segundo nivel Aún están pendientes de juicio por el TSJC 28 dirigentes de la Generalitat de nivel medio, algunos tan importantes como Josep María Jové o Lluis Salvadó, personas de la máxima confianza de Junqueras, que jugaron un papel decisivo en el procés, especialmente el primero, que fue su eminencia gris, pero que -como no le cabía en la cabeza el minucioso plan elaborado para la independencia de Cataluña,-lo dejó plasmado en su agenda, documento precioso para desentrañar la trama secesionista. La exigencia de ERC de modificar a la baja el delito de malversación tenía también como objetivo -aparte de intentar liberar a sus líderes de la hipoteca de la inhabilitación- beneficiar a su dirigente pendientes de juicio. Por eso, el auto del TS manteniendo a Junqueras y asociados la condena por malversación agravada, ha asentado como un tiro en las filas republicanas, como ha puesto de manifiesto el propio Jové, que ha calificado a los jueces de malas personas, miserables y cobardes. Debería estar, al menos, agradecido a los fiscales del TSJC que -movidos por la mano negra del fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, en connivencia con la abogacía del Estado- ha propuesto una condena de solo 7 años de prisión para Jové y de 6 años para Salvadó, penas situadas en la parte baja de la horquilla de entre 6 y 12 años previstas para la malversación agravada, pese a que la cantidad supuestamente defraudada - €754.924- triplicaba el mínimo establecido. La Fiscalía también los ha exonerado del delito de revelación de secretos -por el que fueron procesados por el TSJC-, a pesar de que manipularon datos personales de los ciudadanos a fin de elaborar el censo para el referéndum ilegal del 1-O. De los 28 procesados, hay 18 acusados de malversación, por lo que es probable -si el TSJC no da la de arena- que muchos de ellos sean condenados a penas de prisión, lo que ha producido la frustración de ERC que -tras sus cabildeos con Sánchez- creyó que lograría salvar a sus mesnadas. Pero aún nos quedan los jueces y los Tribunales de Justicia, que resisten con ejemplaridad las presiones del Ejecutivo y de la sociedad catalana influida por el nacionalismo. La inmensa mayoría de los jueces son profesionales íntegros e independientes, aunque haya alguna oveja negra como el titular el juzgado número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, que -rayando con la prevaricación- está investigando a 45 miembros de la fuerza de seguridad a los que acusa de excesivo uso de la fuerza e incluso de torturas. Como ha señalado el TS en su auto, estos agentes que intentaban cumplir con un mandato emanado de la autoridad judicial, dirigido a impedir la celebración n de un referéndum ilegal, se enfrentaron con una resistencia material y física bien planificada y organizada, y no contaron el apoyo de la policía autonómica, antes al contrario. Fueron hostigados, insultados, agredidos y expulsados de sus residencias, pero estos actos delictivos de una muchedumbre fanatizada eran para Miralles lógicas manifestaciones del derecho de expresión, mientras que el recurso de la policía de sus armas legales en el ejercicio de sus funciones de policía judicial suponía para el magistrado un delictivo uso excesivo de la violencia. Confiemos en que el TSJC y, eventualmente el TS, pongan las cosas en su sitio. Afortunadamente -como ha editorializado “ABC”-, el TS sigue siendo un dique de contención frente a los abusos de la legalidad, de la desactivación política de las normas y de cualquier interpretación forzada del derecho, que pretendan dar por concluido lo que no es más que un chantaje permanente al Estado por parte del nacionalismo catalán. Madrid, 26 de febrero de 2023