lunes, 12 de marzo de 2018

El PNV emula al independentismo catalán y ataca a traición por la espalda

EL PNV EMULA AL INDEPENDENTISMO CATALÁN Y ATACA A TRAICIÓN POR LA RETAGUARDIA

            La situación de tensión emocional y física que causa en toda España la inepcia y  la deslealtad de los políticos nacionalistas y de la nueva izquierda de Cataluña, ha hecho que no se le haya prestado toda la atención que merecía y haya pasado un tanto desapercibido el ataque por la retaguardia lanzado por el PNV contra la línea de flotación de la unidad nacional. ¡Éramos pocos en Cataluña y parió la abuela vasca!

Propuesta del PNV un nuevo Estatuto para el País Vasco

            El Parlamento vasco constituyó una Comisión para redactar un proyecto de Estatuto que sustituya al adoptado en 1979. El Gobierno de coalición PNV-PSOE se escindió a la hora de acordar si se debía incluir en el proyecto el “derecho a decidir” del pueblo vasco. Se impuso la mayoría peneuvista, y el texto de la ponencia presentado a la Comisión ha incluido dicho derecho como la clave de bóveda del proyecto. El pasado 7 de Febrero, el PNV presentó una propuesta con el fin de ampliar el alcance de los derechos históricos que la Constitución española (CE) reconoce al País Vasco.

         Preocupado el PNV por el “permanente cuestionamiento” por parte del Estado español de las competencias conferidas por el Estatuto de Guernika a las instituciones y autoridades vascas y, ante el “socavamiento de las competencias de Euskadi” y la tendencia a la “recentralización”, era necesario actualizar el autogobierno del pueblo vasco mediante “un sistema de bilateralidad efectiva que garantice el cumplimiento de lo acordado entre el País Vasco y el Estado español”.  Se trataba de configurar “un nuevo status  de no ruptura, cuyas bases fueran  “el reconocimiento mutuo, el pacto y la democracia”.  Por ello, el PNV ha propuesto  “formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los derechos históricos que reconoce y ampara la disposición  adicional primera de la Constitución, que formalice una relación singular y bilateral, basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes”.

         En efecto, según la citada disposición, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. “La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. El Gobierno vasco incluyó a su vez una disposición adicional en el Estatuto de 1979, en la que se afirmaba que la aceptación de dicha norma no implicaba la renuncia del pueblo vasco a más autogobierno. Así pues, el Gobierno vasco  y el partido que lo sustenta pueden proponer la modificación del Estatuto de Guernika, siempre que lo hagan “en el marco de la Constitución”. Ahora bien, reclaman una “lectura actualizadora” de dicha norma para pasar del reconocimiento de los derechos históricos al reconocimiento de la nación vasca y de la posibilidad de su libre determinación y eventual independencia, lo que no está conforme con la Constitución.

         El Gobierno vasco ha pasado incluso por encima del artículo 135 de la Constitución , que prevé que todas Las Administraciones Públicas deberán adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y, en consecuencia, las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros. Ha exigido un régimen específico de aplicación, de modo que su autonomía financiera no resulte constreñida por las decisiones que adopte el Estado español con respecto a la deuda o al déficit público. De esta manera, la soberanía fiscal que garantiza el Concierto Económico se extendería a la soberanía económica, dejando al margen las directrices que establezca el Gobierno central sobre los límites del gasto público.

         La propuesta del PNV no se limita a esta expansión de la autonomía fiscal reconocida a los territorios forales a la autonomía económica, sino que da un paso más de transformismo, al extender la fórmula del Concierto  Económico al Concierto Político, que define como “un haber competencial exclusivo y reservado,  sólo homologable al Concierto Económico en concepción, estructura y operatividad”.
Los derechos históricos de los territorios forales deben ser actualizados y la interpretación de las normas que los regulan ampliada, mediante “la formulación jurídico-positiva del ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su futuro, para lo cual habrá que dotar a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de un valor normativo relevante”.

         Así, “pasito a pasito”, sin sacar los pies del plato, los juristas peneuvistas han llegado -siguiendo una razonamiento aparentemente lógico, pero sofista y erróneo- a la conclusión de que Euskadi es una nación y de que el titular de la soberanía nacional en dicha Comunidad no es el pueblo español –como establece el artículo 1(2) de la Constitución- sino el pueblo vasco.  El proyecto contiene un apartado sobre “Reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco en Euskal Herría”, en el que se afirma que el vasco es un pueblo “con identidad propia y diferenciada”, cuyo máximo exponente es contar con una lengua –el euskera- y una cultura propias que han forjado su identidad nacional diferenciada, y que mantiene una condición jurídica propia. “El pueblo vasco es una nación, porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado”. Al margen de que me gustaría conocer cuáles son esos parámetros y dónde se encuentran, es curioso que los juristas vascos basen sus argumentos en un etéreo Derecho comparado y no mencionen la CE, que sigue siendo aplicable en el País Vasco. Y es lógico que no la mencionen, porque la Constitución establece taxativamente en su artículo 2 que no hay más nación que la española y que las Comunidades históricas –como el País Vasco o Cataluña- son macionalidades.

         En su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional fue bastante claro sobre al respecto. Amén de señalar la carencia de eficacia jurídica de la declaración contenida en el Preámbulo del Estatuto de que el Parlament tenía el sentimiento de que Cataluña era una nación, el Tribunal  afirmó que Cataluña ejercía su autogobierno “constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución. Esta inequívoca declaración de principios implicaba la asunción por el Estatuto del entero universo jurídico de la Constitución,”único en el que la comunidad autónoma de Cataluña encuentra en derecho su sentido”. La Constitución proclama la “indisoluble unidad de la nación española” y reconoce al pueblo español como único titular de la soberanía nacional. El derecho inalienable de Cataluña al autogobierno derivaba de que el artículo 2 de la Carta Magna se lo reconocía a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.

         Para romper la innegable superioridad jerárquica de la Constitución sobre las leyes, nacionales o autonómicas, el proyecto pretende enfrentar el  “principio democrático” al “principio de legalidad”, afirmando que “el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático”, un principio que “exige  dotar de un valor relevante y primario a la decisión de los vascos”. La consagración del “derecho a decidir pactado” establece una relación de carácter confederal entre Euskadi y el Estado Español. Desde luego no es una relación de tipo federal, pues, si se recurre al Derecho comparado invocado por los peneuvistas, se podrá comprobar que en todos estos regímenes, la Ley del Estado federal prevalece sobre las leyes de los Estados federados. No hay igualdad entre ellas, ni mucho menos superioridad de éstos.

         El PNV pretende saltarse la distribución de competencias entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas  mediante una “modulación” de la operatividad de los artículos 149 y 150 de la CE, y propone que el Gobierno vasco asuma el mayor número de competencias, incluidas algunas que corresponden al Estado español, tales como la Justicia, el régimen penitenciario o la Seguridad Social. Justifica su pretensión en la “raigambre foral”, que hace que sus competencias queden “sustraídas al campo del Título VIII de la Constitución”.

         Asimismo reclama que este aumento de competencias se plasme en el reconocimiento de una mayor participación en la acción exterior del Estado, asó como en la “capacidad de representación antel as Organizaciones internacionales” y, de forma especial, ante la UE.. Esta competencia exterior se concreta en la posibilidad de negociar con el Estado su posicionamiento en cuestiones de la Unión, de participar directamente en los órganos comunitarios y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de contar con una Oficina oficial de Euskadi  en Bruselas –especie de   Embajada-, que trate directamente con las autoridades comunitarias sin interferencias del Estado español. El optimismo “rouseauniano”  del PNV ya ha previsto el nombre de la nueva criatura y da una opción para escoger entre una terminología “in crescendo” según el grado de soberanía que se le conceda: Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco o Estado Foral Vasco.

Reacciones a la propuesta del PNV

         El portavoz del PNV en el Parlamento vasco. Joseba Egíbar, ha justificado la introducción del “derecho a decidir” en el proyecto de Estatuto en la voluntad del pueblo vasco, como lo probaba el hecho de que  57 de sus 75 diputados estén a favor de él. El Presidente del “Bizcai Buru Batzar”, Andoni Ortúzar, ha afirmado que la propuesta es realista y tiene una base legal. Pretende fortalecer los vínculos con el Estado español “desde el reconocimiento mutuo y una relación bilateral”, y propone articular un sistema de garantías para que lo que se acuerde se cumpla de manera reglada, sin que esté sujeto a la voluntad del Estado ni a la de Euskadi. “En este sistema de garantías, nosotros también alentamos una relación estable con el Estado español”. Ha señalado que los partidos políticos vascos deben abstraerse de lo que está sucediendo o ha sucedido en Cataluña, pues hay campo suficiente para hablar sin que el tema catalán sea obstáculo o interfiera hasta desfigurar el debate. Incurriendo en el pronunciamiento tautológico común a los líderes políticos de nuestros días –“No es No”, “Brexit es Brexit”-, ha pontificado al afirmar: “La vía vasca es la vía vasca”. Los que están en la “caverna madrileña” debería valorar que nadie ha puesto sobre la mesa un proceso de ruptura, sino un proceso de permanencia en el Estado español, en determinadas condiciones. Ha tratado incluso de vender la “burra tuerta” del “Plan Urkullu” como un brioso alazán, pavoneándose de que el PNV ha conseguido que los filoetarras de Bildu acepten un régimen que combatieron con la fuerza de las armas.

         El Gobierno vasco está determinado a “normalizar” la situación en Euskadi y a hacer “borrón y cuenta nueva”, olvidando el pasado y menospreciando a las víctimas del terrorismo. Según Maite Pagazaurtudúa, el Gobierno vasco pretende retirar los muertos de ETA de la vida pública y establecer por ley el edén vasco, despolitizar a las víctimas del terrorismo nacionalista, eludir el pasado incómodo  y la exigencia de responsabilidades judiciales, políticas  sociales, y evitar las miradas sobre su ambivalencia con las víctimas. Pero –como ha señalado Enrique Mondiellos- no se puede permitir que aquéllos que pusieron en juego las vidas de personas honestas, que las mataron o jalearon al grupo terrorista que lo hizo, sean los que establezcan el patrón  moral de lo que es admisible, justo o necesario. El PNV ha hecho gala de hipocresía y oportunismo al pactar con, y amparar a, los etarras, y aprovecharse de sus fechorías para mejorar si situación política sin necesidad de mancharse las manos. El propio patriarca Javier Arzallus lo reconoció con ingenuidad cuando afirmó que unos movían las ramas del árbol y otros recogían los frutos, aunque estuvieran teñidos de sangre inocente.

         Para “El Mundo”, el PNV siempre ha transitado por una doble vía: la conciliadora, que se aprovechaba de la debilidad de los Gobiernos de turno, y la radical, plasmada en el funesto Plan Ibarretxe, base de las pretensiones que la formación jeltzale pone ahora encima de la mesa. Las respuestas de los Gobiernos del PP o del PSOE han consistido en apaciguar las exigencias del nacionalismo, un error que parece perenne. El PP parece dispuesto a acentuar su acercamiento al PNV, pese a que éste ha propuesto un plan que, de materializarse, supondría la independencia de facto del País Vasco. El Gobierno ha modulado su primera reacción ante el nuevo desafío vasco y dentro del  paquete legislativo que piensa desbloquear figuran un par de proyectos de ley que interesan al PNV con el fin de arrancarle su voto favorable a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana -propuesta por el partido frente a la formulada por el PSOE de derogarla- y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, para poner un límite a partir del cual se puedan hacer públicos los documentos oficiales.  Sin embargo, abrir el cajón de los secretos oficiales del Estado a quien acaba de proclamar su voluntad de segregarse del Estado no parece razonable, pero es aún peor la tentación de incurrir en recurrentes concesiones a los nacionalistas, cuya voracidad soberanista resulta insaciable.

         En opinión de su Director, Francisco Rosell, el pendulazo del PNV se ha registrado cuado atesora las mayores cuotas de poder en toda su historia, al tiempo de que es cortejado hasta el arrobo por el Gobierno central, lo que hace inexplicable que éste trate de ajustar su hora al reloj averiado del secesionismo catalán, y cuando acaba de dispensarle un fructífero “cuponazo”.  Citando al Barón de Montesquieu en su libro “Grandeza y decadencia de los romanos”, mantiene que la paz no puede ser comprada porque quien te la ha vendido se encuentras después en mejores condiciones para hacerlo las veces que estime oportuno. Resulta absurdo reprochar a los nacionalistas vascos una conducta oportunista y desleal cuando se limita a aprovecharse de lo que otros le sirven en bandeja. En cualquier caso, el PNV se sigue reservando su voto favorable a los Presupuestos a que el Gobierno deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Mariano Rajoy se consuela con que, en el conflicto entre las dos almas del partido jeltzale, se imponga el pragmatismo para no correr la misma suerte que Convergencia Democrática de Cataluña., pero la contienda catalana ha demostrado es que, cuado se pone en marcha un proceso de esa guisa, su control –como en el caso del aprendiz de brujo- escapa a sus promotores y termina arrollándolos.

         El PNV ya había cobrado el premio del cupo antes de exigir la retirada de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero con este partido –ha comentado con sorna Santiago González- no hay manera de saber en cuánto se te va a poner el acuerdo, aunque sí se sabe que va a salir caro. Según ha señalado “Tadeu” en “El Mundo”, el PNV no sólo ha  mantenido el cupo, sino que lo ha mejorado con el aval de todos los partidos, salvo Ciudadanos (Cs).  Defiende lo que ya tiene y aspira a conservar el poder, enseñando el colmillo cuando huele la debilidad del Estado y metiéndole miedo para luego cobrárselo en especie. No quieren emular la escapada “independenciera” de los nacionalistas catalanes, porque ¿dónde van a estar mejor que en España y en la UE, de la que tanto reciben?.  Para Jorge Bustos, en el Plan Ibarretxe-bis que prepara el mismo partido con el que Mariano Rajoy se dispone a pactar los Presupuestos Generales después de la obscena piñata del “cuponazo”, el PNV postula una independencia de facto, un camino más sutil –“jesuítico”- que el de la unilateralidad descerebrada de Carles Puigdemont, pero que conduce exactamente al mismo sitio. Cs está subiendo e los sondeos porque se ha roto el dique de la paciencia del español medio, que está hasta las narices del eterno chantaje nacionalista. Mientras el PP siga pagando precios exorbitantes al PNV a cambio de su apoyo, no capitalizará la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ni merecerá de los votantes credibilidad alguna cuando se le llene la boca con la defensa de la unidad de España.

         Ortúzar ha afirmado que “en Madrid  hay un renacimiento del espíritu del Cid Campeador, hay un nacionalismo rampante españolista que lo está contaminando todo”. No parece que tal sea el caso, al menos a nivel gubernamental. Con su habitual parsimonia, Rajoy ha pasado de puntillas sobre el “Plan Urkulli”, pese a que el PP y el PSOE del País Vasco lo hayan  criticado por vulnerar varios artículos de la CE. Se ha limitado a decir que él obviamente no estaba con el derecho a decidir y que confiaba en que proyecto de Estatuto que finalmente presente el Parlamento vasco “respete los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos”. Aún confía en que el Dr.Jekyl autonomista prevalezca sobre el Hyde independentista y que, una vez que se haya conformado un Govern en Cataluña y levantada la aplicación del artículo 155 en la Comunidad, el PNV recupere la sensatez y los votos mercenarios de sus seis diputados permitan la aprobación de los tan necesitados Presupuestos Generales.

Ataques a Ciudadanos

         Ciudadanos –que está desde su victoria en las elecciones del 21-D en Cataluña en permanente estado de campaña pre-electoral y se apunta a un bombardeo con tal de seguir aumentando su cuenta de resultados electorales- está tratando de encizañar las relaciones entre el PP y el PNV. Albert Rivera ha señalado que todo lo que el primero conceda al segundo no hará más que alimentar el sentimiento nacionalista, que es el mayor peligro que amenaza a Europa. Inés Arrimadas ha manifestado que el PP piensa más en contentar al PNV que en gobernar para el conjunto de los españoles, cuando el 0.6% del censo de toda España no puede condicionar la política española. Juan Carlos Girauta ha cerrado el ciclo al afirmar que el Gobierno mantiene su favoritismo hacia el PNV con la esperanza, hasta ahora vana, de conseguir el respaldo de los diputados peneuvistas. Ha.mostrando una liberalidad de la que los nacionalistas vascos sacan buen provecho, con lo que se ahonda la desigualdad de los españoles. Su fiesta con los nacionalistas -1.400 millones de euros del “cuponazo”- “la pagamos todos y el Gobierno vasco utilizas esta cuantiosa factura para arbitrar privilegios en su Comunidad –tales como la bajada de impuesto de sociedades o la aplicación de tarifas eléctricas más baratas a la industria local, la concesión de incentivos a las empresas para que inviertan en Euskadi o el aumento de las prestaciones sociales a sus ciudadanos-, que marcan diferencias con el resto de España y consagran un régimen discriminatorio contrario al principio de igualdad de todos los españoles.

         Ante estas críticas a su partido, el perro de presa Ortúzar ha saltado a la yugular de Rivera, al comentar que, aunque  pretende ser como Macron, está haciendo la política de Berlusconi., y que el mayor problema que tiene en estos momentos la política española es de color  naranja y se llama Ciudadanos. Ha tenido la desfachatez  de decir que, “para esa España que hay que construir entre todos y que hay que hacerlo de forma participada, ¿es bueno que gente tan talibán como la de Ciudadanos sea la mejor para dirigir un país así?. Yo creo que no”. Y esto lo dice el Presidente de un Partido que acaba de presentar una propuesta de Estatuto que conllevaría la independencia de facto del País Vasco. ¡Viva la coherencia!. Rivera le ha respondido a bote pronto que el PNV está preocupado porque sabe que, si Cs gana las elecciones, no podrá seguir con los “privilegios y chanchullos” de que goza con Rajoy. Los de Sabino Arana y los del “cuponazo” dicen que el mayor problema de España es Cs., peropara mí lo es “el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.

            Según Santiago González, algunas “almas cándidas proponen a los socialistas que “presten” al PP los diputados necesarios para que no tengan que depender del PNV para la aprobación de los Presupuestos. Yo soy  uno de esos cándidos que creen en que ésta sería una solución de emergencia para que el Gobierno escape al chantaje del PNV. Aunque dolorosa para el principal partido de la oposición, sería la solución más adecuada que debería ser aceptada por el PSOE, aunque fuera a regañadientes, si tuviera suficiente sentido de Estado. La ausencia de presupuestos perjudica a todos los españoles, incluidos los socialistas, que gobiernan un puñado de Comunidades Autónomas, que se vería beneficiadas con los créditos y subvenciones previstos en los mismos. No caerá, sin embargo, esta breva mientras rijan el partido Pedro Sánchez y la actual directiva. En tal caso,  no quedaría otra alternativa para evitar un adelanto de las elecciones generales que prorrogar los Presupuestos de 2017. Cristóbal Montoso ya ha insinuado esta posibilidad, que se podría materializar mediante el troceo de los mismos y la adopción de las disposiciones más urgentes mediante Reales Decretos. Los distintos partidos tendrían que retratarse en las Cortes a la hora de sancionar los citados decretos, con las consecuencias que ello conllevaría. No es la solución ideal, pero es viable.

         Pese a sus afirmaciones con la boca pequeña de los dirigentes del PNV de que su propuesta no tiene nada que ver con la situación en Cataluña,  mi impresión es la contraria. Iñigo Urkullu ha abandonad su posición de alumno modelo frente al díscolo Puigdemont y radicalizado la posición de su partido, espoleado por el mal ejemplo del independentismo catalán, al que desea emular aunque guardando las formas. Ha dado una puñalada a traición al Estado español -del que el País Vasco forma parte- en un momento sumamente delicado para España por la persistencia del desafío catalán. Urkullu se ha quitado la careta de líder moderado y ha puesto de manifiesto que no es posible fiarse de ningún nacionalismo, pues son todos iguales en el fondo.

Madrid, 18 de Febrero de 2018



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