EL PNV EMULA AL INDEPENDENTISMO CATALÁN Y ATACA A
TRAICIÓN POR LA
RETAGUARDIA
La
situación de tensión emocional y física que causa en toda España la inepcia y la deslealtad de los políticos nacionalistas y
de la nueva izquierda de Cataluña, ha hecho que no se le haya prestado toda la
atención que merecía y haya pasado un tanto desapercibido el ataque por la
retaguardia lanzado por el PNV contra la línea de flotación de la unidad
nacional. ¡Éramos pocos en Cataluña y parió la abuela vasca!
Propuesta del PNV un
nuevo Estatuto para el País Vasco
El
Parlamento vasco constituyó una Comisión para redactar un proyecto de Estatuto
que sustituya al adoptado en 1979. El Gobierno de coalición PNV-PSOE se
escindió a la hora de acordar si se debía incluir en el proyecto el “derecho a
decidir” del pueblo vasco. Se impuso la mayoría peneuvista, y el texto de la
ponencia presentado a la
Comisión ha incluido dicho derecho como la clave de bóveda
del proyecto. El pasado 7 de Febrero, el PNV presentó una propuesta con el fin
de ampliar el alcance de los derechos históricos que la Constitución española
(CE) reconoce al País Vasco.
Preocupado
el PNV por el “permanente cuestionamiento”
por parte del Estado español de las competencias conferidas por el Estatuto de
Guernika a las instituciones y autoridades vascas y, ante el “socavamiento de las competencias de Euskadi”
y la tendencia a la “recentralización”,
era necesario actualizar el autogobierno del pueblo vasco mediante “un sistema de bilateralidad efectiva que
garantice el cumplimiento de lo acordado entre el País Vasco y el Estado
español”. Se trataba de configurar “un nuevo status de no
ruptura”, cuyas bases fueran “el reconocimiento mutuo, el pacto y la
democracia”. Por ello, el PNV ha
propuesto “formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español,
articulada en exclusiva a través de los derechos históricos que reconoce y
ampara la disposición adicional primera
de la Constitución ,
que formalice una relación singular y
bilateral, basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes”.
En
efecto, según la citada disposición, la Constitución ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales. “La
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en
el marco de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. El
Gobierno vasco incluyó a su vez una disposición adicional en el Estatuto de
1979, en la que se afirmaba que la aceptación de dicha norma no implicaba la
renuncia del pueblo vasco a más autogobierno. Así pues, el Gobierno vasco y el partido que lo sustenta pueden proponer
la modificación del Estatuto de Guernika, siempre que lo hagan “en el marco de la Constitución ”. Ahora
bien, reclaman una “lectura actualizadora”
de dicha norma para pasar del reconocimiento de los derechos históricos al
reconocimiento de la nación vasca y de la posibilidad de su libre determinación
y eventual independencia, lo que no está conforme con la Constitución.
El
Gobierno vasco ha pasado incluso por encima del artículo 135 de la Constitución , que
prevé que todas Las Administraciones Públicas deberán adecuar sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria y, en consecuencia, las Comunidades
Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos por la Unión Europea
para sus Estados miembros. Ha exigido un régimen específico de aplicación, de
modo que su autonomía financiera no resulte constreñida por las decisiones que
adopte el Estado español con respecto a la deuda o al déficit público. De esta
manera, la soberanía fiscal que garantiza el Concierto Económico se extendería
a la soberanía económica, dejando al margen las directrices que establezca el
Gobierno central sobre los límites del gasto público.
La
propuesta del PNV no se limita a esta expansión de la autonomía fiscal
reconocida a los territorios forales a la autonomía económica, sino que da un
paso más de transformismo, al extender la fórmula del Concierto Económico al Concierto Político, que define
como “un haber competencial exclusivo y
reservado, sólo homologable al Concierto
Económico en concepción, estructura y operatividad”.
Los derechos históricos de los
territorios forales deben ser actualizados y la interpretación de las normas
que los regulan ampliada, mediante “la
formulación jurídico-positiva del ejercicio pactado del derecho democrático de
la ciudadanía vasca a decidir su futuro, para lo cual habrá que dotar a la
voluntad mayoritaria de los ciudadanos de un valor normativo relevante”.
Así,
“pasito a pasito”, sin sacar los pies del plato, los juristas peneuvistas han
llegado -siguiendo una razonamiento aparentemente lógico, pero sofista y
erróneo- a la conclusión de que Euskadi es una nación y de que el titular de la
soberanía nacional en dicha Comunidad no es el pueblo español –como establece
el artículo 1(2) de la
Constitución- sino el pueblo vasco. El proyecto contiene un apartado sobre “Reconocimiento de la identidad nacional del
pueblo vasco en Euskal Herría”, en el que se afirma que el vasco es un
pueblo “con identidad propia y
diferenciada”, cuyo máximo exponente es contar con una lengua –el euskera-
y una cultura propias que han forjado su identidad nacional diferenciada, y que
mantiene una condición jurídica propia. “El
pueblo vasco es una nación, porque cumple con todos los parámetros establecidos
en el derecho comparado”. Al margen de que me gustaría conocer
cuáles son esos parámetros y dónde se encuentran, es curioso que los juristas
vascos basen sus argumentos en un etéreo Derecho comparado y no mencionen la CE , que sigue siendo aplicable
en el País Vasco. Y es lógico que no la mencionen, porque la Constitución
establece taxativamente en su artículo 2 que no hay más nación que la española y
que las Comunidades históricas –como el País Vasco o Cataluña- son macionalidades.
En
su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional
fue bastante claro sobre al respecto. Amén de señalar la carencia de eficacia
jurídica de la declaración contenida en el Preámbulo del Estatuto de que el Parlament tenía el sentimiento de que
Cataluña era una nación, el Tribunal
afirmó que Cataluña ejercía su autogobierno “constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución ”.
Esta inequívoca declaración de principios implicaba la asunción por el Estatuto
del entero universo jurídico de la Constitución ,”único
en el que la comunidad autónoma de Cataluña encuentra en derecho su sentido”.
La Constitución
proclama la “indisoluble unidad de la
nación española” y reconoce al pueblo español como único titular de la
soberanía nacional. El derecho inalienable de Cataluña al autogobierno derivaba
de que el artículo 2 de la Carta Magna
se lo reconocía a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.
Para
romper la innegable superioridad jerárquica de la Constitución sobre
las leyes, nacionales o autonómicas, el proyecto pretende enfrentar el “principio
democrático” al “principio de
legalidad”, afirmando que “el respeto
a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático”,
un principio que “exige dotar de un valor relevante y primario a la
decisión de los vascos”. La consagración del “derecho a decidir pactado” establece una relación de carácter confederal entre Euskadi y el Estado
Español. Desde luego no es una relación de tipo federal, pues, si se recurre al Derecho comparado invocado por los
peneuvistas, se podrá comprobar que en todos estos regímenes, la Ley del Estado federal
prevalece sobre las leyes de los Estados federados. No hay igualdad entre
ellas, ni mucho menos superioridad de éstos.
El
PNV pretende saltarse la distribución de competencias entre el Gobierno central
y las Comunidades Autónomas mediante una
“modulación” de la operatividad de los
artículos 149 y 150 de la CE ,
y propone que el Gobierno vasco asuma
el mayor número de competencias, incluidas algunas que corresponden al Estado
español, tales como la
Justicia , el régimen penitenciario o la Seguridad Social.
Justifica su pretensión en la “raigambre
foral”, que hace que sus competencias queden “sustraídas al campo del Título VIII de la Constitución ”.
Asimismo
reclama que este aumento de competencias se plasme en el reconocimiento de una
mayor participación en la acción exterior del Estado, asó como en la “capacidad de representación antel as
Organizaciones internacionales” y, de forma especial, ante la UE.. Esta competencia
exterior se concreta en la posibilidad de negociar con el Estado su posicionamiento
en cuestiones de la Unión ,
de participar directamente en los órganos comunitarios y en el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ,
y de contar con una Oficina oficial de Euskadi
en Bruselas –especie de Embajada-, que trate directamente con las
autoridades comunitarias sin interferencias del Estado español. El optimismo
“rouseauniano” del PNV ya ha previsto el
nombre de la nueva criatura y da una opción para escoger entre una terminología
“in crescendo” según el grado de
soberanía que se le conceda: Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca,
Estado Autónomo Vasco o Estado Foral Vasco.
Reacciones a la propuesta del PNV
El
portavoz del PNV en el Parlamento vasco. Joseba Egíbar, ha justificado la introducción
del “derecho a decidir” en el proyecto de Estatuto en la voluntad del pueblo
vasco, como lo probaba el hecho de que
57 de sus 75 diputados estén a favor de él. El Presidente del “Bizcai
Buru Batzar”, Andoni Ortúzar, ha afirmado que la propuesta es realista y tiene
una base legal. Pretende fortalecer los vínculos con el Estado español “desde el reconocimiento mutuo y una relación
bilateral”, y propone articular un sistema de garantías para que lo que se
acuerde se cumpla de manera reglada, sin que esté sujeto a la voluntad del
Estado ni a la de Euskadi. “En este
sistema de garantías, nosotros también alentamos una relación estable con el
Estado español”. Ha señalado que los partidos políticos vascos deben
abstraerse de lo que está sucediendo o ha sucedido en Cataluña, pues hay campo
suficiente para hablar sin que el tema catalán sea obstáculo o interfiera hasta
desfigurar el debate. Incurriendo en el pronunciamiento tautológico común a los
líderes políticos de nuestros días –“No
es No”, “Brexit es Brexit”-, ha
pontificado al afirmar: “La vía vasca es
la vía vasca”. Los que están en la “caverna
madrileña” debería valorar que nadie ha puesto sobre la mesa un proceso de
ruptura, sino un proceso de permanencia en el Estado español, en determinadas
condiciones. Ha tratado incluso de vender la “burra tuerta” del “Plan Urkullu”
como un brioso alazán, pavoneándose de que el PNV ha conseguido que los
filoetarras de Bildu acepten un régimen que combatieron con la fuerza de las
armas.
El
Gobierno vasco está determinado a “normalizar” la situación en Euskadi y a
hacer “borrón y cuenta nueva”, olvidando el pasado y menospreciando a las
víctimas del terrorismo. Según Maite Pagazaurtudúa, el Gobierno vasco pretende
retirar los muertos de ETA de la vida pública y establecer por ley el edén
vasco, despolitizar a las víctimas del terrorismo nacionalista, eludir el
pasado incómodo y la exigencia de
responsabilidades judiciales, políticas
sociales, y evitar las miradas sobre su ambivalencia con las víctimas.
Pero –como ha señalado Enrique Mondiellos- no se puede permitir que aquéllos
que pusieron en juego las vidas de personas honestas, que las mataron o
jalearon al grupo terrorista que lo hizo, sean los que establezcan el
patrón moral de lo que es admisible,
justo o necesario. El PNV ha hecho gala de hipocresía y oportunismo al pactar con,
y amparar a, los etarras, y aprovecharse de sus fechorías para mejorar si
situación política sin necesidad de mancharse las manos. El propio patriarca
Javier Arzallus lo reconoció con ingenuidad cuando afirmó que unos movían las
ramas del árbol y otros recogían los frutos, aunque estuvieran teñidos de
sangre inocente.
Para
“El Mundo”, el PNV siempre ha
transitado por una doble vía: la conciliadora, que se aprovechaba de la
debilidad de los Gobiernos de turno, y la radical, plasmada en el funesto Plan
Ibarretxe, base de las pretensiones que la formación jeltzale pone ahora encima
de la mesa. Las respuestas de los Gobiernos del PP o del PSOE han consistido en
apaciguar las exigencias del nacionalismo, un error que parece perenne. El PP
parece dispuesto a acentuar su acercamiento al PNV, pese a que éste ha
propuesto un plan que, de materializarse, supondría la independencia de facto del País Vasco. El Gobierno ha
modulado su primera reacción ante el nuevo desafío vasco y dentro del paquete legislativo que piensa desbloquear
figuran un par de proyectos de ley que interesan al PNV con el fin de
arrancarle su voto favorable a la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado: la modificación de la Ley
de Seguridad Ciudadana -propuesta por el partido frente a la formulada por el
PSOE de derogarla- y la reforma de la
Ley de Secretos Oficiales, para poner un límite a partir del
cual se puedan hacer públicos los documentos oficiales. Sin embargo, abrir el cajón de los secretos
oficiales del Estado a quien acaba de proclamar su voluntad de segregarse del
Estado no parece razonable, pero es aún peor la tentación de incurrir en
recurrentes concesiones a los nacionalistas, cuya voracidad soberanista resulta
insaciable.
En
opinión de su Director, Francisco Rosell, el pendulazo del PNV se ha registrado
cuado atesora las mayores cuotas de poder en toda su historia, al tiempo de que
es cortejado hasta el arrobo por el Gobierno central, lo que hace inexplicable
que éste trate de ajustar su hora al reloj averiado del secesionismo catalán, y
cuando acaba de dispensarle un fructífero “cuponazo”. Citando al Barón de Montesquieu en su libro “Grandeza y decadencia de los romanos”, mantiene
que la paz no puede ser comprada porque quien te la ha vendido se encuentras
después en mejores condiciones para hacerlo las veces que estime oportuno.
Resulta absurdo reprochar a los nacionalistas vascos una conducta oportunista y
desleal cuando se limita a aprovecharse de lo que otros le sirven en bandeja. En
cualquier caso, el PNV se sigue reservando su voto favorable a los Presupuestos
a que el Gobierno deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución en
Cataluña. Mariano Rajoy se consuela con que, en el conflicto entre las dos
almas del partido jeltzale, se imponga el pragmatismo para no correr la misma
suerte que Convergencia Democrática de Cataluña., pero la contienda catalana ha
demostrado es que, cuado se pone en marcha un proceso de esa guisa, su control
–como en el caso del aprendiz de brujo- escapa a sus promotores y termina
arrollándolos.
El
PNV ya había cobrado el premio del cupo antes de exigir la retirada de la
aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero con este partido –ha comentado
con sorna Santiago González- no hay manera de saber en cuánto se te va a poner
el acuerdo, aunque sí se sabe que va a salir caro. Según ha señalado “Tadeu” en
“El Mundo”, el PNV no sólo ha mantenido el cupo, sino que lo ha mejorado con
el aval de todos los partidos, salvo Ciudadanos (Cs). Defiende lo que ya tiene y aspira a conservar
el poder, enseñando el colmillo cuando huele la debilidad del Estado y metiéndole
miedo para luego cobrárselo en especie. No quieren emular la escapada
“independenciera” de los nacionalistas catalanes, porque ¿dónde van a estar
mejor que en España y en la UE ,
de la que tanto reciben?. Para Jorge
Bustos, en el Plan Ibarretxe-bis que prepara el mismo partido con el que
Mariano Rajoy se dispone a pactar los Presupuestos Generales después de la
obscena piñata del “cuponazo”, el PNV postula una independencia de facto, un camino más sutil –“jesuítico”-
que el de la unilateralidad descerebrada de Carles Puigdemont, pero que conduce
exactamente al mismo sitio. Cs está subiendo e los sondeos porque se ha roto el
dique de la paciencia del español medio, que está hasta las narices del eterno
chantaje nacionalista. Mientras el PP siga pagando precios exorbitantes al PNV
a cambio de su apoyo, no capitalizará la aplicación del artículo 155 en
Cataluña, ni merecerá de los votantes credibilidad alguna cuando se le llene la
boca con la defensa de la unidad de España.
Ortúzar
ha afirmado que “en Madrid hay un renacimiento del espíritu del Cid
Campeador, hay un nacionalismo rampante españolista que lo está contaminando
todo”. No parece que tal sea el caso, al menos a nivel gubernamental. Con
su habitual parsimonia, Rajoy ha pasado de puntillas sobre el “Plan Urkulli”,
pese a que el PP y el PSOE del País Vasco lo hayan criticado por vulnerar varios artículos de la CE. Se ha limitado a decir
que él obviamente no estaba con el derecho a decidir y que confiaba en que
proyecto de Estatuto que finalmente presente el Parlamento vasco “respete los marcos y los procedimientos que
nos hemos dado entre todos”. Aún confía en que el Dr.Jekyl autonomista
prevalezca sobre el Hyde independentista y que, una vez que se haya conformado
un Govern en Cataluña y levantada la
aplicación del artículo 155 en la
Comunidad , el PNV recupere la sensatez y los votos
mercenarios de sus seis diputados permitan la aprobación de los tan necesitados
Presupuestos Generales.
Ataques a Ciudadanos
Ciudadanos
–que está desde su victoria en las elecciones del 21-D en Cataluña en
permanente estado de campaña pre-electoral y se apunta a un bombardeo con tal
de seguir aumentando su cuenta de resultados electorales- está tratando de
encizañar las relaciones entre el PP y el PNV. Albert Rivera ha señalado que
todo lo que el primero conceda al segundo no hará más que alimentar el
sentimiento nacionalista, que es el mayor peligro que amenaza a Europa. Inés
Arrimadas ha manifestado que el PP piensa más en contentar al PNV que en
gobernar para el conjunto de los españoles, cuando el 0.6% del censo de toda
España no puede condicionar la política española. Juan Carlos Girauta ha
cerrado el ciclo al afirmar que el Gobierno mantiene su favoritismo hacia el
PNV con la esperanza, hasta ahora vana, de conseguir el respaldo de los
diputados peneuvistas. Ha.mostrando una liberalidad de la que los nacionalistas
vascos sacan buen provecho, con lo que se ahonda la desigualdad de los
españoles. Su fiesta con los nacionalistas -1.400 millones de euros del
“cuponazo”- “la pagamos todos y el
Gobierno vasco utilizas esta cuantiosa factura para arbitrar privilegios en su
Comunidad –tales como la bajada de impuesto de sociedades o la aplicación de
tarifas eléctricas más baratas a la industria local, la concesión de incentivos
a las empresas para que inviertan en Euskadi o el aumento de las prestaciones
sociales a sus ciudadanos-, que marcan diferencias con el resto de España y
consagran un régimen discriminatorio contrario al principio de igualdad de
todos los españoles.
Ante
estas críticas a su partido, el perro de presa Ortúzar ha saltado a la yugular
de Rivera, al comentar que, aunque
pretende ser como Macron, está haciendo la política de Berlusconi., y
que el mayor problema que tiene en estos momentos la política española es de
color naranja y se llama Ciudadanos. Ha
tenido la desfachatez de decir que, “para esa España que hay que construir entre
todos y que hay que hacerlo de forma participada, ¿es bueno que gente tan
talibán como la de Ciudadanos sea la mejor para dirigir un país así?. Yo creo
que no”. Y esto lo dice el Presidente de un Partido que acaba de presentar
una propuesta de Estatuto que conllevaría la independencia de facto del País Vasco. ¡Viva la coherencia!. Rivera le ha
respondido a bote pronto que el PNV está preocupado porque sabe que, si Cs gana
las elecciones, no podrá seguir con los “privilegios
y chanchullos” de que goza con Rajoy. Los de Sabino Arana y los del
“cuponazo” dicen que el mayor problema de España es Cs., peropara mí lo es “el supremacismo, la insolidaridad y la
voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.
Según Santiago González, algunas “almas cándidas” proponen a los socialistas que “presten” al PP los diputados
necesarios para que no tengan que depender del PNV para la aprobación de los
Presupuestos. Yo soy uno de esos
cándidos que creen en que ésta sería una solución de emergencia para que el
Gobierno escape al chantaje del PNV. Aunque dolorosa para el principal partido
de la oposición, sería la solución más adecuada que debería ser aceptada por el
PSOE, aunque fuera a regañadientes, si tuviera suficiente sentido de Estado. La
ausencia de presupuestos perjudica a todos los españoles, incluidos los
socialistas, que gobiernan un puñado de Comunidades Autónomas, que se vería
beneficiadas con los créditos y subvenciones previstos en los mismos. No caerá,
sin embargo, esta breva mientras rijan el partido Pedro Sánchez y la actual
directiva. En tal caso, no quedaría otra
alternativa para evitar un adelanto de las elecciones generales que prorrogar
los Presupuestos de 2017. Cristóbal Montoso ya ha insinuado esta posibilidad,
que se podría materializar mediante el troceo de los mismos y la adopción de
las disposiciones más urgentes mediante Reales Decretos. Los distintos partidos
tendrían que retratarse en las Cortes a la hora de sancionar los citados
decretos, con las consecuencias que ello conllevaría. No es la solución ideal,
pero es viable.
Pese
a sus afirmaciones con la boca pequeña de los dirigentes del PNV de que su
propuesta no tiene nada que ver con la situación en Cataluña, mi impresión es la contraria. Iñigo Urkullu
ha abandonad su posición de alumno modelo frente al díscolo Puigdemont y
radicalizado la posición de su partido, espoleado por el mal ejemplo del
independentismo catalán, al que desea emular aunque guardando las formas. Ha
dado una puñalada a traición al Estado español -del que el País Vasco forma
parte- en un momento sumamente delicado para España por la persistencia del
desafío catalán. Urkullu se ha quitado la careta de líder moderado y ha puesto
de manifiesto que no es posible fiarse de ningún nacionalismo, pues son todos
iguales en el fondo.
Madrid, 18 de Febrero de 2018
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