Deslealtad institucional de la Generalitat

DESLEALTAD INSTITUCIONAL DE LA “GENERALITAT”




Como llevo haciendo los últimos 48 años, estoy pasando unos días de descanso en el Delta del Ebro, una región maravillosa, única en Europa, donde se puede disfrutar de kilómetros de magníficas playas doradas con escasa presencia humana. Suelo conversar con amigos y conocidos, y compartir con ellos las preocupaciones reales sobre el paro y la crisis económica, y otras artificiales, como las provocadas por la clase política catalana con su pretensión obsesiva de distanciarse del resto de España.



Inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña



En una reciente “tercera” de “ABC”, José María Carrascal –parodiando a Mario Vargas- se ha preguntado ¿cuándo empezó a “joderse” Cataluña?, y contesta el periodista: cuando renunció a ser la parte más dinámica, más moderna, más creativa y más rica de España, para dedicarse a crear un Estado-nación propio. Este proceso de radicalización nacionalista se aceleró con los Gobiernos tripartitos de ERC, Izquierda Unida y –paradójicamente- el Partido Socialista de Cataluña, presididos por Maragall y Montilla, que exigieron una reforma del generalmente aceptado Estatuto de Sau de 1979 para fortalecer el elemento diferencial de Cataluña y aumentar sus competencias en detrimento del Estado. El a la sazón Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reaccionó con irresponsable frivolidad al afirmar que el concepto de nación era “discutido” y “discutible•, y que su Gobierno aceptaría cualquier propuesta de reforma que presentara el Parlamento catalán El lógico resultado fue la adopción de un Estatuto con disposiciones claramente anticonstitucionales, cuyo primer artículo establecía que Cataluña era una nación. El texto desarrollaba las competencias casi exclusivas de un mini-Estado, basadas en los derechos históricos del pueblo catalán, en el que residía la soberanía de Cataluña. Tuvieron que intervenir las Cortes, para adaptar el texto del Estatuto a la Constitución, y el Tribuna Constitucional, para reinterpretar dicho texto y hacerlo jurídicamente correcto. Pese a ello, la sentencia fue severamente criticada por la Generalitat y los partidos nacionalistas, quienes estimaron que –tras el fiasco del nuevo Estatuto- quedaba superada la etapa del autonomismo y había que iniciar el camino hacia la independencia.



Otra muestra de la falta de solidaridad de Cataluña hacia el resto de España fue la introducción en el Estatuto de una disposición adicional, por la que se obliga al Estado a invertir durante siete años una cantidad equiparable al peso del PIB catalán en el estatal. Ello entraña un grave quebranto de la justicia distributiva y social, pues consagra el criterio de que se debe dar más al que más tiene. Este egoísmo parroquiano ha sido emulado por otras CCAA que han incluido en sus Estatutos cláusulas similares imponiendo los criterios más favorables para sus intereses, como los del volumen de la población en Andalucía, su dispersión en Castilla-León o la insularidad en Baleares o Canarias. Si cada Comunidad consigue llevarse el mayor trozo posible de la tarta nacional, quedará poco por repartir entre las restantes Comunidades. Además, la voluntad de una parte no puede imponerse sobre la totalidad de la Nación.



Desastrosos resultados del Gobierno tripartito



El Gobierno tripartito dejó en pañales a CIU en el montaje de una réplica de Estado nacional, con la consiguiente duplicidad de organismos y competencias a un elevadísimo coste, no sólo político –intento de fractura de Cataluña de España-, sino también económico –despilfarro de caudales públicos y endeudamiento de 42.000 millones de euros-. Como ha declarado el portavoz de CIU en el Parlamento, Jordi Turrull, hay gasto comprometido por el tripartito hasta el año 2019. El Gobierno de CIU

ha heredado una situación económica desastrosa y -pese a los considerables recortes de gasto introducidos- en el mes de Julio ha sido incapaz de abonar los subsidios a los centros sanitarios concertados y a las entidades asistenciales de personas dependientes, dejando sin salario a más de 100.000 trabajadores, y de pagar los gastos de alquileres, luz, teléfono, limpieza o vigilancia y las facturas de los proveedores, por falta de liquidez al no conseguir más financiación que la que le facilita el denostado Estado español, al que cínicamente acusa de asfixiar a Cataluña. Frente esta situación límite, la Generalitat ha preferido desentenderse de los escalones más desfavorecido de la población, antes que reducir su mastodóntica e innecesaria estructura cuasi-estatal y los prescindibles gastos en sus seudo-diplomáticas misiones en el exterior, en las Radios y TV autonómicas, y en el sustento de actividades de carácter identitario.



Deslealtad del Gobierno de Artur Mas



En vez de colaborar con el Gobierno del PP –con cuyo apoyo desinteresado ha podido gobernar hasta ahora en Cataluña- para superar la dramática situación económica por la que atraviesa España, el Gobierno del CIU intenta salvarse de la quema en solitario, exigiendo un régimen fiscal similar al vigente en el País Vasco y en Navarra, y reclamando una Hacienda propia que le permita recaudar y administrar los impuestos generados en la Comunidad. Basa esta exigencia en que Cataluña aporta al Estado español más que lo que de él recibe, argumento que es del todo falaz, porque no son los territorios sino los individuos los que pagan impuestos, y si los ciudadanos de dicha Comunidad contribuyen más que otros españoles no es por ser catalanes, sino por tener más recursos. Su reivindicación de Pacto Fiscal es una reedición del cantonalismo cartagenero que acabó con la I República, pues si cada ente -¿a qué nivel: autonómico, provincial, municipal, de barrio…?- gestionara autónomamente sus recursos, euivaldría a negar la existencia del Estado.



El portavoz de la Generalitat, Frances Homs, ha tenido la desfachatez de acusar al Gobierno Central de actuar con deslealtad hacia Cataluña, pero si ha habido alguien desleal ha sido la Generalitat con respecto al Gobierno de la Nación. Ha exigido un régimen fiscal más favorable en detrimento del resto de España, ha hecho un llamamiento a las CCAA para que se rebelen contra la política fiscal del Gobierno, ha presentado ante el TC un recurso contra el Plan del Gobierno pare reducir el déficit, se ha negado a asistir a la última reunión del Consejo Económico y Fiscal, y ha planteado un auténtico desafío al Estado al negarse a acatar y cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del TC. Par mayor “INRI”, 24 horas después de que la Generalitat anunciara que aceptaría el rescate del Gobierno Central y se acogería al Fondo de Liquidez Autonómica, el Parlamento ratificó la reivindicación de Pacto Fiscal. Para que no hubiera el menor equívoco, el Secretario General de CIU, Oriol Puyol, declaró que la consecución de una Hacienda propia sería la primera estación de la “transición nacional” y el inicio de “un camino sin retorno hacia la libertad”.



Para encubrir la delicada situación económica de Cataluña y distraer a la opinión pública, Artur Mas se aferra al Pacto Fiscal, bálsamo de Fierabrás que sanará a la nación catalana de todos sus males. Adalid de un nacionalismo trasnochado, reclama una Hacienda propia de parroquia, en un mundo globalizado en el que la UE trata de establecer una Unión Financiera y Económica en la Eurozona. Se agarra como un clavo ardiendo a dicho Pacto en una huida hacia adelante –o, más bien, hacia atrás, al retroceder en el túnel de la Historia- y chantajea al Estado con su farol de que habrá que conseguirlo “ahora o nunca”. Para el bien de España, incluida Cataluña, esperemos que la respuesta a este brutal desafío sea “NUNCA”.