A RIO REVUELTO EN SIRIA GANANCIA DE PESCADORES YIHADISTAS
La situación en Siria sigue deteriorándose de forma notable. La reacción violenta del régimen de Bashar Al-Asad a las manifestaciones de protesta surgidas como contagio de la “primavera árabe”, y la represión a sangre y fuego, con bombardeos masivos e indiscriminados de la artillería y la aviación del Gobierno contra la población civil en ciudades como Homs, Idlib, Alepo o la propia Damasco, han colocado al país en una situación de guerra civil “de facto”, semejante a la que se produjo en Libia. Hay, sin embargo, importantes diferencias, sobre todo en lo relativo a la coyuntura internacional. El conflicto libio fue planteado ante el Consejo de Seguridad y, aunque Rusia y China se opusieron al principio a la intervención de la ONU, acabaron por ceder a la presión de la comunidad internacional, se abstuvieron de recurrir al veto y permitieron la adopción de las resoluciones que legitimaron la intervención aero-naval de varios miembros de la OTAN y de algunos países árabes. Fue ésta transcendental para el derrocamiento del régimen de Mohamed Gadafi, la celebración de las primeras elecciones libres en Libia y la formación de un Gobierno provisional.
Impotencia de la ONU
La oposición de Rusia y China a la intromisión de la ONU en los asuntos internos de Libia era una cuestión más ideológica y de principio que política, dado que sus intereses no se veían directamente afectados. Era especialmente el caso de la R.P.China que temía que se sentara un peligroso precedente, que justificara una intervención internacional avalada por Naciones Unidas en un país que tuviera problemas de minorías o grupos étnicos insatisfechos –Tibet, por ejemplo-. En el caso de Siria, China se sigue oponiendo a la participación de la ONU en el conflicto, pero –tras la experiencias de Libia- le “ha visto los dientes al lobo” y redoblado, por tanto, su oposición para evitar que se produzca un segundo precedente. Rusia, por su parte, tiene además en Siria importante intereses estratégicos, políticos y económicos. Así, la Armada de Rusia está instalada en Tartus, su única base naval en el Mediterráneo, de gran valor estratégico para el despliegue de su flota. En el plano político, Siria ha sido tradicionalmente un fiel aliado de la URSS y de la Federación Rusa, en una zona en la que se encuentra rodeada de países próximos a Estados Unidos. En el ámbito económico, las relaciones comerciales sirio-rusas son importantes, especialmente en lo relativo al suministro de todo tipo de armamento ruso, incluido el más sofisticado.
Debido a estas circunstancias no es de extrañar que Rusia haya ejercido hasta en tres ocasiones su derecho de veto para impedir que el Consejo de Seguridad adoptara resoluciones bastante moderadas, que preveían la aplicación de sanciones económicas a Siria. Tan sólo la Asamblea General pudo adoptar en Febrero una resolución en la que condenaba las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por el Gobierno sirio y le pedía que cumpliera el plan de transición política elaborado por la Ligas Árabe. La ONU nombró como Representante Especial en Siria a su ex-Secretario General Kofi Annan, quien propuso en Abril un Plan de Paz, que ha sido sistemáticamente incumplido por el Gobierno de Asad, pese a su aceptación. El envío de unos pocos observadores es del todo irrelevante, pues no gozan de libertad de movimiento para poder observar la situación sobre el terreno y, mucho menos, para impedir los continuos asaltos y bombardeos de las fuerzas armadas sirias. Como ha reconocido el Secretario General Ban Ki-Moon, la inacción de Naciones Unidas “se convierte en una licencia para masacres futuras”. El bloqueo del Consejo permite, de un lado, que las fuerzas leales a Asad prosigan impunemente sus ataques a la población civil y, de otro, que se vaya produciendo una radicalización de la oposición -insuficientemente representada por el Consejo Nacional Sirio-, mediante la infiltración en el Ejército Libre Sirio de militantes de Al-Nusra -la franquicia de Al-Qaeda en la región- desde sus bases en Irak.
Capacidad desestabilizadora de Siria
A pesar de su pequeño tamaño, Siria es una pieza clave para la estabilidad del Próximo Oriente, del Mediterráneo y del mundo en general. Ocupa una situación estratégica en el corazón del conflicto palestino-israelita y lo que suceda en el país afectará en gran medida a sus vecinos -Palestina, Israel, Líbano e Irak- y a otros países como Irán, que –aunque no sean vecinos geográficos- están estrechamente vinculados a ella política y estratégicamente. Así, Siria ha venido ofreciendo apoyo político, militar y logístico a Hamas y demás movimientos radicales palestinos en su lucha, tanto contra Israel como contra la Autoridad Nacional Palestina. Pese a estar formalmente en guerra con Israel desde el conflicto armado de Yom Kipur y la pérdida de los Altos del Golán, Siria ha mantenido unas razonables “no-relaciones” con su enemigo y la frontera entre los dos países –aunque fuertemente militarizada- se ha mantenido en relativa calma desde la tregua de 1974, y los Gobiernos de los al-Asad –pese a su dialéctica belicista para consumo interno- han eludido el enfrentamiento militar. Un problema puede surgir ahora cuando l Gobierno sirio están trasladando importantes contingentes de tropas desde la frontera del Golán a la región de Alepo para hace frente a la ofensiva del ELS. El vacío que dejan estas unidades podría ser ocupado por las milicias de Al-Qaeda, que –en colaboración con Hizbulah- estarían en condiciones de realizar ataques contra Israel, como ha ocurrido en el Sinaí tras la caída de Mubarak.
Líbano ha sido el objetivo favorito de la política desestabilizadora de Siria, quien –al considerarlo históricamente como una parte de la Gran Siria- nunca aceptó la independencia libanesa y hasta 2005 ocupó militarmente este país y condicionó su vida política. Es más que probable que los servicios secretos sirios participaran en el asesinato del Primer Ministro libanés Rafik Hariri. Incluso después del repliegue de sus tropas –forzado por la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, que pedía asimismo la no injerencia de Damasco en la vida política de su vecino- Siria lo ha seguido manipulando, con el apoyo a la defenestración del Primer Ministro Saad o Harir o el respaldo a Hizbullah, que ha permitido la incorporación de ésta al Gobierno de Najib Mikati.. El complicado “encaje de bolillos” de la estructura político-religiosa del Líbano puede saltar por los aires como consecuencia de la desestabilización siria. Aunque Mikati ha procurado mantener una actitud neutral, los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Siria se han recrudecido con motivo del conflicto en el país vecino, con el consiguiente peligro de un retorno a la desastrosa guerra civil.
¿Ganancia de yihadistas en río revuelto?
Igual ocurre con Irak, el “hermano separado” del Psrtido Baaz, por cuyo liderazgo Hafez el-Asad compitió con Saddam Hussein, hasta el punto de apoyar a Teherán en el conflicto irano-iraquí y unirse a la coalición anti-Saddam en la Guerras del Golfo. Tras la formación de un Gobierno chiita en Irak, las relaciones entre los dos países mejoraron considerablemente, formándose una triple alianza chiita entre Damasco, Bagdad y Teherán. Pero, mientras Irak ha procurado mantener una neutralidad benevolente en el conflicto sirio, Irán se ha constituido –junto con Rusia- en el principal apoyo político, económico y militar a Siria. Ahora los grupos radicales sunitas bajo la órbita ideológica de Al-Qaeda tratan de influir en el desenlace del conflicto sirio, y -tras el eventual derrocamiento de Bashar al-Asad- acceder al poder. En un país post-Asad, caracterizado por el enfrentamiento entre sunitas y alauitas -hasta ahora en el Gobierno-, con la presencia poco definida de las minorías kurda, cristiana y drusa, los radicales yihadistas podrían aprovecharse de la pesca en el río revuelto sirio.
miércoles, 29 de agosto de 2012
Jaque al "hacker" Assange
Inviolabilidad de la Embajada de Ecuador en Londres
Assange tampoco es un refugiado político –como ha mantenido el ínclito Garzón-, ya que –según ha manifestado la ACNUR- no está perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. Además no ha pedido refugio al Estado en que se encontraba, sino a la misión diplomática de un tercer Estado. El Reino Unido no está, por tanto, obligado a concederle un salvoconducto para que salga del país, sino que puede y debe detenerlo en cuanto abandone los locales de la Embajada. Lo que no puede hacer es autorizar a sus fuerzas de seguridad a que penetren en el edificio con esta intención –como ha advertido el “Foreign Office” al Gobierno ecuatoriano-, al amparo de la “Diplomatic and Consular Premises Act” de 1987, que permite retirar el “status” diplomático a una Embajada. Ha sido un grave lapso de la diplomacia británica, que conoce y respeta el Convenio de Viena –en el que Gran Bretaña es Parte-, que consagra la inviolabilidad de las sedes de las misiones diplomáticas. Se trata de una de las normas más antiguas e importantes del Derecho Diplomático, amparada por la costumbre internacional e incorporada al Convenio de Viena. Como señaló en 1980 el TIJ en su sentencia sobre el personal diplomático y consular de Estados Unidos en Irán, la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y de los locales de las misiones diplomáticas es una de las bases de un régimen jurídico internacional establecido desde hace mucho tiempo. La salvaguardia de este principio es esencial para la seguridad y el bienestar de la comunidad internacional. Ni siquiera en el caso de ruptura de relaciones diplomática e incluso de guerra puede el Estado receptor dejar de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
Consciente de la metedura de pata, el Ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, ha puesto sordina a la amenaza y afirmado que no hay peligro de que se irrumpa en la Embajada para detener a Assange. El daño, sin embargo, ya estaba hecho y el paso en falso británico ha permitido a Ecuador convertir un caso criminal en un conflicto de soberanías. El Presidente Rafael Correa ha tocado a rebato y pedido a las naciones iberoamericanas que apoyen a su país frente a la agresión imperialista de la pérfida Albión, y no ha tenido dificultad en obtener el apoyo unánime de los 11 miembros de UNASUR, que han condenado la amenaza del Reino Unido de entrar por la fuerza en la sede de la Embajada ecuatoriana en Londres.
Oportunismo populista del residente Correa
No deja de ser paradójico que se presente como adalid de la libertad de expresión un Presidente que ha sido criticado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, “Human Rights Watch” o Amnistía Internacional de sojuzgar a los medios de comunicación ecuatorianos. Así, Correa logró que periodistas del diario “El Universo” fueran condenados a tres años de cárcel y a una multa de $40 millones por delito de difamación, porque le llamaron dictador. El Presidente arrima el ascua de la defensa de los derechos humanos a su sardina política en período pre-electoral.
Como Gran Bretaña no está obligada a concederle un salvoconducto, Assange puede permanecer por tiempo indefinido refugiado en la Embajada de Ecuador. Su situación ha sido certeramente descrita por la ex-fiscal María Dolores Márquez de Prado, quien ha afirmado lo siguiente:”Que un acusado de violar a dos mujeres, un Presidente maltratador de periodistas libres e independientes, y un abogado condenado por profanar el derecho de defensa invoquen la institución del asilo diplomático para eludir el cumplimiento de resoluciones judiciales definitivas y firmes es, como mínimo, un fraude de ley”. Si encima pretenden dar lecciones de democracia a países con larga y sólida tradición jurídica, “suena a broma siniestra”. Assange ha recibido un jaque, que –pese al enroque protector de Correa- puede convertirse en mate.
Assange tampoco es un refugiado político –como ha mantenido el ínclito Garzón-, ya que –según ha manifestado la ACNUR- no está perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. Además no ha pedido refugio al Estado en que se encontraba, sino a la misión diplomática de un tercer Estado. El Reino Unido no está, por tanto, obligado a concederle un salvoconducto para que salga del país, sino que puede y debe detenerlo en cuanto abandone los locales de la Embajada. Lo que no puede hacer es autorizar a sus fuerzas de seguridad a que penetren en el edificio con esta intención –como ha advertido el “Foreign Office” al Gobierno ecuatoriano-, al amparo de la “Diplomatic and Consular Premises Act” de 1987, que permite retirar el “status” diplomático a una Embajada. Ha sido un grave lapso de la diplomacia británica, que conoce y respeta el Convenio de Viena –en el que Gran Bretaña es Parte-, que consagra la inviolabilidad de las sedes de las misiones diplomáticas. Se trata de una de las normas más antiguas e importantes del Derecho Diplomático, amparada por la costumbre internacional e incorporada al Convenio de Viena. Como señaló en 1980 el TIJ en su sentencia sobre el personal diplomático y consular de Estados Unidos en Irán, la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y de los locales de las misiones diplomáticas es una de las bases de un régimen jurídico internacional establecido desde hace mucho tiempo. La salvaguardia de este principio es esencial para la seguridad y el bienestar de la comunidad internacional. Ni siquiera en el caso de ruptura de relaciones diplomática e incluso de guerra puede el Estado receptor dejar de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
Consciente de la metedura de pata, el Ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, ha puesto sordina a la amenaza y afirmado que no hay peligro de que se irrumpa en la Embajada para detener a Assange. El daño, sin embargo, ya estaba hecho y el paso en falso británico ha permitido a Ecuador convertir un caso criminal en un conflicto de soberanías. El Presidente Rafael Correa ha tocado a rebato y pedido a las naciones iberoamericanas que apoyen a su país frente a la agresión imperialista de la pérfida Albión, y no ha tenido dificultad en obtener el apoyo unánime de los 11 miembros de UNASUR, que han condenado la amenaza del Reino Unido de entrar por la fuerza en la sede de la Embajada ecuatoriana en Londres.
Oportunismo populista del residente Correa
No deja de ser paradójico que se presente como adalid de la libertad de expresión un Presidente que ha sido criticado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, “Human Rights Watch” o Amnistía Internacional de sojuzgar a los medios de comunicación ecuatorianos. Así, Correa logró que periodistas del diario “El Universo” fueran condenados a tres años de cárcel y a una multa de $40 millones por delito de difamación, porque le llamaron dictador. El Presidente arrima el ascua de la defensa de los derechos humanos a su sardina política en período pre-electoral.
Como Gran Bretaña no está obligada a concederle un salvoconducto, Assange puede permanecer por tiempo indefinido refugiado en la Embajada de Ecuador. Su situación ha sido certeramente descrita por la ex-fiscal María Dolores Márquez de Prado, quien ha afirmado lo siguiente:”Que un acusado de violar a dos mujeres, un Presidente maltratador de periodistas libres e independientes, y un abogado condenado por profanar el derecho de defensa invoquen la institución del asilo diplomático para eludir el cumplimiento de resoluciones judiciales definitivas y firmes es, como mínimo, un fraude de ley”. Si encima pretenden dar lecciones de democracia a países con larga y sólida tradición jurídica, “suena a broma siniestra”. Assange ha recibido un jaque, que –pese al enroque protector de Correa- puede convertirse en mate.
La saga-fuga de Artur Mas
LA SAGA-FUGA DE ARTUR MAS
En mi columna de la semana pasada me refería a la deslealtad institucional de la “Generalitat” de Cataluña, especialmente por su exigencia de un régimen fiscal similar al vasco o al navarro. Posteriores declaraciones de altos dirigentes de la mismas han venido a corroborar mi aserto. Así, el Presidente Artur Mas ha hecho un llamamiento a la sociedad catalana para que realice pronunciamientos explícitos a favor del Pacto Fiscal, y el Consejero de Interior, Felip Puig, ha afirmado la determinación del “Govern” de lograr este objetivo como sea, “por pacto o por radicalidad”.
El sistema fiscal vigente en Navarra y en el País Vasco es un régimen privilegiado concedido en el trascurso de la Historia al Reino de Navarra y a las provincias vascongadas del Reino de Castilla –Álava, Guipúzcoa y Vizcaya-, que ha sido recogido en la disposición adicional primera de la Constitución. Tiene un carácter excepcional y exclusivo, y no puede, por tanto, extenderse a otras CCAA de régimen común, como ahora pretende el Gobierno catalán.
Situación especial de Cataluña
Es innegable que Cataluña tiene unas peculiaridades propias que –como reconoció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto- la colocan en una situación especial en relación con “el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”. Estas singularidades justifican un tratamiento diferencial en los ámbitos citados, pero no hay motivos fundados para que Cataluña disfrute de un régimen fiscal especial, distinto de las otras comunidades. Todas ellas –a excepción de Navarra y del País Vasco, que gozan de un régimen excepcional de concierto económico- deben tener los mismos derechos y obligaciones en el dominio fiscal.
Tras la aprobación por el Parlamento catalán el pasado mes de Julio de la exigencia del Pacto Fiscal, Mas envió al Presidente del Gobierno una carta pidiendo cita para negociarlo, a la que Rajoy no ha contestado todavía, aunque la respuesta ofrezca pocas dudas. El Gobierno de la Nación no debería aceptar la reivindicación por razones jurídicas y políticas. Si es necesario corregir el modelo de financiación autonómica, habrá de hacerse de acuerdo con todas las CCAA y no de forma unilateral o bilateral. El Presidente de la Generalitat es consciente de la inviabilidad de la pretensión de salir del régimen común de financiación del Estado, pues –como ha reconocido el Círculo de Economía- es anticonstitucional. Mas, si embargo, insiste en su desafío para que “Madrid entienda que no es la petición de un ejecutivo, de un parlamento o de unos partidos, sino que es la reclamación de un país estero”. Ante la previsible respuesta negativa, se rasgará las vestiduras nacionalistas, ejercitará el rentable victimismo y acudirá al chantaje político y a la presión social. Ya ha anunciado un “otoño caliente” centrado en la Diada Nacional de Cataluña del 11 de Septiembre.
Intentos de la “Generalitat” para encubrir sus deficiencias
Al llamamiento a la movilización ha respondido el Consejo de Cámaras de Cataluña, que ha ofrecido su pleno apoyo al “Govern” e instado a los empresarios a que respalden la nueva financiación y den una respuesta conjunta al agravio histórico contra la Comunidad. Su Presidente, Artur Valls, ha afirmado que ésta no tiene problemas de solvencia sino de liquidez, por lo que exige al Gobierno central que ponga en marcha cuanto antes el Fondo de Liquidez Autonómica. Parece ignorar que Cataluña está en la lista negra de las Sociedades de Calificación, que la sitúan a la vera del bono-basura. Como nadie le prestaba un euro, tuvo que recurrir a la emisión de “bonos patrióticos” con unos intereses desorbitados -4.5% a 1 año-, que ahora no está en condiciones de retribuir. Ante la insuficiencia de las bellotas nacionalistas, el hijo pródigo acude al Papá-Estado, no para pedirle perdón por su prodigalidad y hacer propósito de enmienda, sino para que le siga financiando sus caprichos y francachelas..
El fracaso de la Generalidad se debe a la desmesura de su administración, a su corrupción y a su incompetencia. Se ha dotado de una estructura desproporcionada duplicando los órganos y servicios del Gobierno central y creando otros a un coste excesivo. Como Cataluña es “más que una nación”, su Presidente tiene que ganar mucho más que el del Gobierno de la Nación, el “Sindic de Greuges” más que el Defensor del Pueblo y un “mosso de esquadra” más que un guardia civil. El “oasis” se ha visto salpicado por las corruptelas, de las irregularidades de Banca Catalana al fraude del Palau, de las fantasmagóricas comisiones del 3% denunciadas por Pascual Maragall al escándalo de la ITV y a la financiación con dinero negro de CDC. La Generalitat ha sido una mala gestora, que –ante su incapacidad para cumplir sus obligaciones de pagar los intereses de su desorbitada deuda y de abonar los salarios de sus numerosos empleados- ha preferido recortar gastos en servicios básicos como la sanidad, la educación o la ayuda a los dependientes, antes que simplificar su elefantiásica estructura y reducir los innecesarios y sobredimensionados gastos de carácter identitario.
Alternativas para imponer el Pacto Fiscal
Filip Puig ha apuntado tres vías alternativas para imponer el Pacto Fiscal. La primera sería establecerlo de forma unilateral, creando una Hacienda propia y pidiendo a los catalanes que ingresen en ella sus impuestos. Esta solución no es viable por falta de base jurídica, así como de la infraestructura administrativa necesaria. La segunda implicaría convocar un referéndum sobre el Pacto Fiscal para presionar al Gobierno central y forzarlo a su aceptación. A tales efectos, el Parlamento está tramitando una Ley de Consultas Populares no Refrendarias, que permitiría a la Generalitat celebrar un referéndum sin necesidad de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, en contra de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto. Mas está sopesando la conveniencia de sustituir el apoyo del PP –que le ha permitido aprobar los presupuestos y gobernar en la Comunidad- por el de ERC, que pone como condición la celebración del citado referéndum. Además de la inexistencia de una fundamentación jurídica, esta solución presenta una dificultad política, en el caso de que la población no participe de forma mayoritaria y se produzca un fiasco similar al de las consultas sobre el Estatuto o sobre la independencia de Cataluña, en las que se implicaron CIU y su Presidente. La tercera es aún más disparatada: apelar a la UE para que reconozca el derecho de Cataluña a un régimen fiscal propio. El intento de los nacionalismos de sustituir la Europa de los Estados por la Europa de las regiones ha fracasado rotundamente, y la Comisión Europea jamás interferiría en una competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión, como es la fiscal. El mismo Josep Durán ha reconocido que nadie en el resto del Estado o en Europa ayudará a Cataluña en su pretensión, por lo que mantiene que, en vez de reclamar un régimen como el del concierto vasco, hay que tratar de negociar un modelo fiscal propio de Cataluña con el Gobierno de la Nación.
Cuando era líder de la oposición, Artur Mas afirmó que tenía que acatar la sentencia del TC sobre el Estatuto, aunque no lo aceptara políticamente, porque estaba en un Estado de Derecho. Ahora, ya en el Gobierno, se ha negado a acatar y a cumplir algunas sentencias del TC o del Tribunal Supremo en una actitud de abierta insumisión. Con la saga de su fuga hacia adelante en la cuestión del Pacto Fiscal, Mas asume el riesgo de arrojar a Cataluña en un vacío institucional, en detrimento de toda España.
En mi columna de la semana pasada me refería a la deslealtad institucional de la “Generalitat” de Cataluña, especialmente por su exigencia de un régimen fiscal similar al vasco o al navarro. Posteriores declaraciones de altos dirigentes de la mismas han venido a corroborar mi aserto. Así, el Presidente Artur Mas ha hecho un llamamiento a la sociedad catalana para que realice pronunciamientos explícitos a favor del Pacto Fiscal, y el Consejero de Interior, Felip Puig, ha afirmado la determinación del “Govern” de lograr este objetivo como sea, “por pacto o por radicalidad”.
El sistema fiscal vigente en Navarra y en el País Vasco es un régimen privilegiado concedido en el trascurso de la Historia al Reino de Navarra y a las provincias vascongadas del Reino de Castilla –Álava, Guipúzcoa y Vizcaya-, que ha sido recogido en la disposición adicional primera de la Constitución. Tiene un carácter excepcional y exclusivo, y no puede, por tanto, extenderse a otras CCAA de régimen común, como ahora pretende el Gobierno catalán.
Situación especial de Cataluña
Es innegable que Cataluña tiene unas peculiaridades propias que –como reconoció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto- la colocan en una situación especial en relación con “el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”. Estas singularidades justifican un tratamiento diferencial en los ámbitos citados, pero no hay motivos fundados para que Cataluña disfrute de un régimen fiscal especial, distinto de las otras comunidades. Todas ellas –a excepción de Navarra y del País Vasco, que gozan de un régimen excepcional de concierto económico- deben tener los mismos derechos y obligaciones en el dominio fiscal.
Tras la aprobación por el Parlamento catalán el pasado mes de Julio de la exigencia del Pacto Fiscal, Mas envió al Presidente del Gobierno una carta pidiendo cita para negociarlo, a la que Rajoy no ha contestado todavía, aunque la respuesta ofrezca pocas dudas. El Gobierno de la Nación no debería aceptar la reivindicación por razones jurídicas y políticas. Si es necesario corregir el modelo de financiación autonómica, habrá de hacerse de acuerdo con todas las CCAA y no de forma unilateral o bilateral. El Presidente de la Generalitat es consciente de la inviabilidad de la pretensión de salir del régimen común de financiación del Estado, pues –como ha reconocido el Círculo de Economía- es anticonstitucional. Mas, si embargo, insiste en su desafío para que “Madrid entienda que no es la petición de un ejecutivo, de un parlamento o de unos partidos, sino que es la reclamación de un país estero”. Ante la previsible respuesta negativa, se rasgará las vestiduras nacionalistas, ejercitará el rentable victimismo y acudirá al chantaje político y a la presión social. Ya ha anunciado un “otoño caliente” centrado en la Diada Nacional de Cataluña del 11 de Septiembre.
Intentos de la “Generalitat” para encubrir sus deficiencias
Al llamamiento a la movilización ha respondido el Consejo de Cámaras de Cataluña, que ha ofrecido su pleno apoyo al “Govern” e instado a los empresarios a que respalden la nueva financiación y den una respuesta conjunta al agravio histórico contra la Comunidad. Su Presidente, Artur Valls, ha afirmado que ésta no tiene problemas de solvencia sino de liquidez, por lo que exige al Gobierno central que ponga en marcha cuanto antes el Fondo de Liquidez Autonómica. Parece ignorar que Cataluña está en la lista negra de las Sociedades de Calificación, que la sitúan a la vera del bono-basura. Como nadie le prestaba un euro, tuvo que recurrir a la emisión de “bonos patrióticos” con unos intereses desorbitados -4.5% a 1 año-, que ahora no está en condiciones de retribuir. Ante la insuficiencia de las bellotas nacionalistas, el hijo pródigo acude al Papá-Estado, no para pedirle perdón por su prodigalidad y hacer propósito de enmienda, sino para que le siga financiando sus caprichos y francachelas..
El fracaso de la Generalidad se debe a la desmesura de su administración, a su corrupción y a su incompetencia. Se ha dotado de una estructura desproporcionada duplicando los órganos y servicios del Gobierno central y creando otros a un coste excesivo. Como Cataluña es “más que una nación”, su Presidente tiene que ganar mucho más que el del Gobierno de la Nación, el “Sindic de Greuges” más que el Defensor del Pueblo y un “mosso de esquadra” más que un guardia civil. El “oasis” se ha visto salpicado por las corruptelas, de las irregularidades de Banca Catalana al fraude del Palau, de las fantasmagóricas comisiones del 3% denunciadas por Pascual Maragall al escándalo de la ITV y a la financiación con dinero negro de CDC. La Generalitat ha sido una mala gestora, que –ante su incapacidad para cumplir sus obligaciones de pagar los intereses de su desorbitada deuda y de abonar los salarios de sus numerosos empleados- ha preferido recortar gastos en servicios básicos como la sanidad, la educación o la ayuda a los dependientes, antes que simplificar su elefantiásica estructura y reducir los innecesarios y sobredimensionados gastos de carácter identitario.
Alternativas para imponer el Pacto Fiscal
Filip Puig ha apuntado tres vías alternativas para imponer el Pacto Fiscal. La primera sería establecerlo de forma unilateral, creando una Hacienda propia y pidiendo a los catalanes que ingresen en ella sus impuestos. Esta solución no es viable por falta de base jurídica, así como de la infraestructura administrativa necesaria. La segunda implicaría convocar un referéndum sobre el Pacto Fiscal para presionar al Gobierno central y forzarlo a su aceptación. A tales efectos, el Parlamento está tramitando una Ley de Consultas Populares no Refrendarias, que permitiría a la Generalitat celebrar un referéndum sin necesidad de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, en contra de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto. Mas está sopesando la conveniencia de sustituir el apoyo del PP –que le ha permitido aprobar los presupuestos y gobernar en la Comunidad- por el de ERC, que pone como condición la celebración del citado referéndum. Además de la inexistencia de una fundamentación jurídica, esta solución presenta una dificultad política, en el caso de que la población no participe de forma mayoritaria y se produzca un fiasco similar al de las consultas sobre el Estatuto o sobre la independencia de Cataluña, en las que se implicaron CIU y su Presidente. La tercera es aún más disparatada: apelar a la UE para que reconozca el derecho de Cataluña a un régimen fiscal propio. El intento de los nacionalismos de sustituir la Europa de los Estados por la Europa de las regiones ha fracasado rotundamente, y la Comisión Europea jamás interferiría en una competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión, como es la fiscal. El mismo Josep Durán ha reconocido que nadie en el resto del Estado o en Europa ayudará a Cataluña en su pretensión, por lo que mantiene que, en vez de reclamar un régimen como el del concierto vasco, hay que tratar de negociar un modelo fiscal propio de Cataluña con el Gobierno de la Nación.
Cuando era líder de la oposición, Artur Mas afirmó que tenía que acatar la sentencia del TC sobre el Estatuto, aunque no lo aceptara políticamente, porque estaba en un Estado de Derecho. Ahora, ya en el Gobierno, se ha negado a acatar y a cumplir algunas sentencias del TC o del Tribunal Supremo en una actitud de abierta insumisión. Con la saga de su fuga hacia adelante en la cuestión del Pacto Fiscal, Mas asume el riesgo de arrojar a Cataluña en un vacío institucional, en detrimento de toda España.
Deslealtad institucional de la Generalitat
DESLEALTAD INSTITUCIONAL DE LA “GENERALITAT”
Como llevo haciendo los últimos 48 años, estoy pasando unos días de descanso en el Delta del Ebro, una región maravillosa, única en Europa, donde se puede disfrutar de kilómetros de magníficas playas doradas con escasa presencia humana. Suelo conversar con amigos y conocidos, y compartir con ellos las preocupaciones reales sobre el paro y la crisis económica, y otras artificiales, como las provocadas por la clase política catalana con su pretensión obsesiva de distanciarse del resto de España.
Inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña
En una reciente “tercera” de “ABC”, José María Carrascal –parodiando a Mario Vargas- se ha preguntado ¿cuándo empezó a “joderse” Cataluña?, y contesta el periodista: cuando renunció a ser la parte más dinámica, más moderna, más creativa y más rica de España, para dedicarse a crear un Estado-nación propio. Este proceso de radicalización nacionalista se aceleró con los Gobiernos tripartitos de ERC, Izquierda Unida y –paradójicamente- el Partido Socialista de Cataluña, presididos por Maragall y Montilla, que exigieron una reforma del generalmente aceptado Estatuto de Sau de 1979 para fortalecer el elemento diferencial de Cataluña y aumentar sus competencias en detrimento del Estado. El a la sazón Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reaccionó con irresponsable frivolidad al afirmar que el concepto de nación era “discutido” y “discutible•, y que su Gobierno aceptaría cualquier propuesta de reforma que presentara el Parlamento catalán El lógico resultado fue la adopción de un Estatuto con disposiciones claramente anticonstitucionales, cuyo primer artículo establecía que Cataluña era una nación. El texto desarrollaba las competencias casi exclusivas de un mini-Estado, basadas en los derechos históricos del pueblo catalán, en el que residía la soberanía de Cataluña. Tuvieron que intervenir las Cortes, para adaptar el texto del Estatuto a la Constitución, y el Tribuna Constitucional, para reinterpretar dicho texto y hacerlo jurídicamente correcto. Pese a ello, la sentencia fue severamente criticada por la Generalitat y los partidos nacionalistas, quienes estimaron que –tras el fiasco del nuevo Estatuto- quedaba superada la etapa del autonomismo y había que iniciar el camino hacia la independencia.
Otra muestra de la falta de solidaridad de Cataluña hacia el resto de España fue la introducción en el Estatuto de una disposición adicional, por la que se obliga al Estado a invertir durante siete años una cantidad equiparable al peso del PIB catalán en el estatal. Ello entraña un grave quebranto de la justicia distributiva y social, pues consagra el criterio de que se debe dar más al que más tiene. Este egoísmo parroquiano ha sido emulado por otras CCAA que han incluido en sus Estatutos cláusulas similares imponiendo los criterios más favorables para sus intereses, como los del volumen de la población en Andalucía, su dispersión en Castilla-León o la insularidad en Baleares o Canarias. Si cada Comunidad consigue llevarse el mayor trozo posible de la tarta nacional, quedará poco por repartir entre las restantes Comunidades. Además, la voluntad de una parte no puede imponerse sobre la totalidad de la Nación.
Desastrosos resultados del Gobierno tripartito
El Gobierno tripartito dejó en pañales a CIU en el montaje de una réplica de Estado nacional, con la consiguiente duplicidad de organismos y competencias a un elevadísimo coste, no sólo político –intento de fractura de Cataluña de España-, sino también económico –despilfarro de caudales públicos y endeudamiento de 42.000 millones de euros-. Como ha declarado el portavoz de CIU en el Parlamento, Jordi Turrull, hay gasto comprometido por el tripartito hasta el año 2019. El Gobierno de CIU
ha heredado una situación económica desastrosa y -pese a los considerables recortes de gasto introducidos- en el mes de Julio ha sido incapaz de abonar los subsidios a los centros sanitarios concertados y a las entidades asistenciales de personas dependientes, dejando sin salario a más de 100.000 trabajadores, y de pagar los gastos de alquileres, luz, teléfono, limpieza o vigilancia y las facturas de los proveedores, por falta de liquidez al no conseguir más financiación que la que le facilita el denostado Estado español, al que cínicamente acusa de asfixiar a Cataluña. Frente esta situación límite, la Generalitat ha preferido desentenderse de los escalones más desfavorecido de la población, antes que reducir su mastodóntica e innecesaria estructura cuasi-estatal y los prescindibles gastos en sus seudo-diplomáticas misiones en el exterior, en las Radios y TV autonómicas, y en el sustento de actividades de carácter identitario.
Deslealtad del Gobierno de Artur Mas
En vez de colaborar con el Gobierno del PP –con cuyo apoyo desinteresado ha podido gobernar hasta ahora en Cataluña- para superar la dramática situación económica por la que atraviesa España, el Gobierno del CIU intenta salvarse de la quema en solitario, exigiendo un régimen fiscal similar al vigente en el País Vasco y en Navarra, y reclamando una Hacienda propia que le permita recaudar y administrar los impuestos generados en la Comunidad. Basa esta exigencia en que Cataluña aporta al Estado español más que lo que de él recibe, argumento que es del todo falaz, porque no son los territorios sino los individuos los que pagan impuestos, y si los ciudadanos de dicha Comunidad contribuyen más que otros españoles no es por ser catalanes, sino por tener más recursos. Su reivindicación de Pacto Fiscal es una reedición del cantonalismo cartagenero que acabó con la I República, pues si cada ente -¿a qué nivel: autonómico, provincial, municipal, de barrio…?- gestionara autónomamente sus recursos, euivaldría a negar la existencia del Estado.
El portavoz de la Generalitat, Frances Homs, ha tenido la desfachatez de acusar al Gobierno Central de actuar con deslealtad hacia Cataluña, pero si ha habido alguien desleal ha sido la Generalitat con respecto al Gobierno de la Nación. Ha exigido un régimen fiscal más favorable en detrimento del resto de España, ha hecho un llamamiento a las CCAA para que se rebelen contra la política fiscal del Gobierno, ha presentado ante el TC un recurso contra el Plan del Gobierno pare reducir el déficit, se ha negado a asistir a la última reunión del Consejo Económico y Fiscal, y ha planteado un auténtico desafío al Estado al negarse a acatar y cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del TC. Par mayor “INRI”, 24 horas después de que la Generalitat anunciara que aceptaría el rescate del Gobierno Central y se acogería al Fondo de Liquidez Autonómica, el Parlamento ratificó la reivindicación de Pacto Fiscal. Para que no hubiera el menor equívoco, el Secretario General de CIU, Oriol Puyol, declaró que la consecución de una Hacienda propia sería la primera estación de la “transición nacional” y el inicio de “un camino sin retorno hacia la libertad”.
Para encubrir la delicada situación económica de Cataluña y distraer a la opinión pública, Artur Mas se aferra al Pacto Fiscal, bálsamo de Fierabrás que sanará a la nación catalana de todos sus males. Adalid de un nacionalismo trasnochado, reclama una Hacienda propia de parroquia, en un mundo globalizado en el que la UE trata de establecer una Unión Financiera y Económica en la Eurozona. Se agarra como un clavo ardiendo a dicho Pacto en una huida hacia adelante –o, más bien, hacia atrás, al retroceder en el túnel de la Historia- y chantajea al Estado con su farol de que habrá que conseguirlo “ahora o nunca”. Para el bien de España, incluida Cataluña, esperemos que la respuesta a este brutal desafío sea “NUNCA”.
Como llevo haciendo los últimos 48 años, estoy pasando unos días de descanso en el Delta del Ebro, una región maravillosa, única en Europa, donde se puede disfrutar de kilómetros de magníficas playas doradas con escasa presencia humana. Suelo conversar con amigos y conocidos, y compartir con ellos las preocupaciones reales sobre el paro y la crisis económica, y otras artificiales, como las provocadas por la clase política catalana con su pretensión obsesiva de distanciarse del resto de España.
Inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña
En una reciente “tercera” de “ABC”, José María Carrascal –parodiando a Mario Vargas- se ha preguntado ¿cuándo empezó a “joderse” Cataluña?, y contesta el periodista: cuando renunció a ser la parte más dinámica, más moderna, más creativa y más rica de España, para dedicarse a crear un Estado-nación propio. Este proceso de radicalización nacionalista se aceleró con los Gobiernos tripartitos de ERC, Izquierda Unida y –paradójicamente- el Partido Socialista de Cataluña, presididos por Maragall y Montilla, que exigieron una reforma del generalmente aceptado Estatuto de Sau de 1979 para fortalecer el elemento diferencial de Cataluña y aumentar sus competencias en detrimento del Estado. El a la sazón Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reaccionó con irresponsable frivolidad al afirmar que el concepto de nación era “discutido” y “discutible•, y que su Gobierno aceptaría cualquier propuesta de reforma que presentara el Parlamento catalán El lógico resultado fue la adopción de un Estatuto con disposiciones claramente anticonstitucionales, cuyo primer artículo establecía que Cataluña era una nación. El texto desarrollaba las competencias casi exclusivas de un mini-Estado, basadas en los derechos históricos del pueblo catalán, en el que residía la soberanía de Cataluña. Tuvieron que intervenir las Cortes, para adaptar el texto del Estatuto a la Constitución, y el Tribuna Constitucional, para reinterpretar dicho texto y hacerlo jurídicamente correcto. Pese a ello, la sentencia fue severamente criticada por la Generalitat y los partidos nacionalistas, quienes estimaron que –tras el fiasco del nuevo Estatuto- quedaba superada la etapa del autonomismo y había que iniciar el camino hacia la independencia.
Otra muestra de la falta de solidaridad de Cataluña hacia el resto de España fue la introducción en el Estatuto de una disposición adicional, por la que se obliga al Estado a invertir durante siete años una cantidad equiparable al peso del PIB catalán en el estatal. Ello entraña un grave quebranto de la justicia distributiva y social, pues consagra el criterio de que se debe dar más al que más tiene. Este egoísmo parroquiano ha sido emulado por otras CCAA que han incluido en sus Estatutos cláusulas similares imponiendo los criterios más favorables para sus intereses, como los del volumen de la población en Andalucía, su dispersión en Castilla-León o la insularidad en Baleares o Canarias. Si cada Comunidad consigue llevarse el mayor trozo posible de la tarta nacional, quedará poco por repartir entre las restantes Comunidades. Además, la voluntad de una parte no puede imponerse sobre la totalidad de la Nación.
Desastrosos resultados del Gobierno tripartito
El Gobierno tripartito dejó en pañales a CIU en el montaje de una réplica de Estado nacional, con la consiguiente duplicidad de organismos y competencias a un elevadísimo coste, no sólo político –intento de fractura de Cataluña de España-, sino también económico –despilfarro de caudales públicos y endeudamiento de 42.000 millones de euros-. Como ha declarado el portavoz de CIU en el Parlamento, Jordi Turrull, hay gasto comprometido por el tripartito hasta el año 2019. El Gobierno de CIU
ha heredado una situación económica desastrosa y -pese a los considerables recortes de gasto introducidos- en el mes de Julio ha sido incapaz de abonar los subsidios a los centros sanitarios concertados y a las entidades asistenciales de personas dependientes, dejando sin salario a más de 100.000 trabajadores, y de pagar los gastos de alquileres, luz, teléfono, limpieza o vigilancia y las facturas de los proveedores, por falta de liquidez al no conseguir más financiación que la que le facilita el denostado Estado español, al que cínicamente acusa de asfixiar a Cataluña. Frente esta situación límite, la Generalitat ha preferido desentenderse de los escalones más desfavorecido de la población, antes que reducir su mastodóntica e innecesaria estructura cuasi-estatal y los prescindibles gastos en sus seudo-diplomáticas misiones en el exterior, en las Radios y TV autonómicas, y en el sustento de actividades de carácter identitario.
Deslealtad del Gobierno de Artur Mas
En vez de colaborar con el Gobierno del PP –con cuyo apoyo desinteresado ha podido gobernar hasta ahora en Cataluña- para superar la dramática situación económica por la que atraviesa España, el Gobierno del CIU intenta salvarse de la quema en solitario, exigiendo un régimen fiscal similar al vigente en el País Vasco y en Navarra, y reclamando una Hacienda propia que le permita recaudar y administrar los impuestos generados en la Comunidad. Basa esta exigencia en que Cataluña aporta al Estado español más que lo que de él recibe, argumento que es del todo falaz, porque no son los territorios sino los individuos los que pagan impuestos, y si los ciudadanos de dicha Comunidad contribuyen más que otros españoles no es por ser catalanes, sino por tener más recursos. Su reivindicación de Pacto Fiscal es una reedición del cantonalismo cartagenero que acabó con la I República, pues si cada ente -¿a qué nivel: autonómico, provincial, municipal, de barrio…?- gestionara autónomamente sus recursos, euivaldría a negar la existencia del Estado.
El portavoz de la Generalitat, Frances Homs, ha tenido la desfachatez de acusar al Gobierno Central de actuar con deslealtad hacia Cataluña, pero si ha habido alguien desleal ha sido la Generalitat con respecto al Gobierno de la Nación. Ha exigido un régimen fiscal más favorable en detrimento del resto de España, ha hecho un llamamiento a las CCAA para que se rebelen contra la política fiscal del Gobierno, ha presentado ante el TC un recurso contra el Plan del Gobierno pare reducir el déficit, se ha negado a asistir a la última reunión del Consejo Económico y Fiscal, y ha planteado un auténtico desafío al Estado al negarse a acatar y cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del TC. Par mayor “INRI”, 24 horas después de que la Generalitat anunciara que aceptaría el rescate del Gobierno Central y se acogería al Fondo de Liquidez Autonómica, el Parlamento ratificó la reivindicación de Pacto Fiscal. Para que no hubiera el menor equívoco, el Secretario General de CIU, Oriol Puyol, declaró que la consecución de una Hacienda propia sería la primera estación de la “transición nacional” y el inicio de “un camino sin retorno hacia la libertad”.
Para encubrir la delicada situación económica de Cataluña y distraer a la opinión pública, Artur Mas se aferra al Pacto Fiscal, bálsamo de Fierabrás que sanará a la nación catalana de todos sus males. Adalid de un nacionalismo trasnochado, reclama una Hacienda propia de parroquia, en un mundo globalizado en el que la UE trata de establecer una Unión Financiera y Económica en la Eurozona. Se agarra como un clavo ardiendo a dicho Pacto en una huida hacia adelante –o, más bien, hacia atrás, al retroceder en el túnel de la Historia- y chantajea al Estado con su farol de que habrá que conseguirlo “ahora o nunca”. Para el bien de España, incluida Cataluña, esperemos que la respuesta a este brutal desafío sea “NUNCA”.
Comercialización y politización del fútbol
COMERCIALIZACIÓN Y POLITIZACIÓN DEL FÚTBOL
El pasado día 19 el Chelsea de Londres venció en la tanda de penaltis al Bayern de Munich en la final de la Liga Europea de Campeones, y el 25 el Barcelona se impuso en buena lid al Atlético de Bilbao en la Copa de España, .
Triunfo del cerrojo
La final de la ”Champions” fue un partido soso y de escasa calidad, en el que el fútbol creativo del equipo muniqués se estrelló contra la férrea muralla erigida por su rival londinense. Ha supuesto la exaltación del “catenaccio”, exportado a Inglaterra por entrenadores italianos –como Ancelotti, Capello o Di Matteo-, que han desnaturalizado el tradicional juego británico de ataque. Todos los augures habían previsto una final entre los favoritos Barça y Real Madrid, pero estos equipos pecaron de prepotencia vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, y hubo sorpresas. El Bayern es un buen equipo con vocación ofensiva que fracasó en su propio estadio, pues –pese a llevar la iniciativa y acorralar a su adversario- falló a la “hora de la verdad”.
El Chelsea, con un juego rácano y ultra-defensivo, no mereció ganar la final. Tras nueve años y unos mil millones de euros desembolsados por su propietario ruso Roman Abramovich, ha consumado su sueño de ganar la Copa de Campeones gracias a sus veteranos, dos de los cuales fueron los héroes de la jornada. El checo Petr Cech –que sufrió en 2006 una fractura de cráneo y tiene que jugar con una funda protectora- logró parar tres de los cinco penaltis germanos, y el costa-marfileño Didier Drogba fue a sus 34 años el protagonista del encuentro al lograr empatar el partido con un magistral cabezazo a dos minutos de final, cometer un penalti durante la prórroga, y marcar el gol decisivo en la serie de castigos máximos. El Chelsea jugó con un cerrojo descarado y a la espera de una oportunidad a balón parado, lo que es legítimo,pero estéticamente impresentable. Esta actitud contrastó afortunadamente con la adoptada en la Copa española por el Barça y el Athletic, que realizaron un juego ofensivo brillante, con el que el fogueado equipo blau-grana arrasó a los jóvenes e inexpertos jugadores roji-blancos, que en ningún momento arrojaron la toalla pese al K.O. técnico.
Comercialización del fútbol
El fútbol es un gran deporte que, tras su excesiva profesionalización y comercialización, ha perdido sus valores de superación olímpica y se ha convertido en un espectáculo de masas y en un negocio. Es un fenómeno sociológico difícilmente comprensible. Levanta la pasión de millones de espectadores que colman los estadios o se apalancan tras los televisores, no para disfrutar del deporte –que, por supuesto, no practican- sino para ver ganar como sea a su equipo, lo que incita al “resultadismo”. El triunfo a cualquier precio viene avalado por la conversión del fútbol en un negocio, que es a veces de dudosa legalidad, de Gil a Lopera o de Sanz a Del Nido. Los pequeños clubes se han transformado en gigantescas S.A. o en entidades subvencionadas por oligarcas y jeques multimillonarios. El fútbol, como deporte, ha pasado a peor vida.
Para mantener su preeminencia, los equipos económicamente potentes gastan ingentes sumas de dinero en fichajes, traspasos y sueldos, que resultan obscenos e imposibles de asumir–especialmente en épocas de crisis-, pero que no parecen importar a sus aficionados, aunque sean “mileuristas” o estén en el paro. Al tratar de mantener este ritmo, los clubes menos afortunados terminan en la bancarrota, siendo esta situación paradigmática en la Liga española comandada por el oligopolio Madrid-Barcelona, en la que los demás equipos participan como comparsas. El negocio se multiplica con la publicidad, que convierte a los jugadores en hombres-anuncio. La TV es el gran filón que distribuye su maná entre los endeudados equipos, aunque los primeros clasificados sean los que se llevan la parte del león. El ejercicio del deporte es muy positivo pues desarrolla el cuerpo y la mente de sus practicantes, y debe ser propiciado y estimulado, especialmente entre los jóvenes. La TV es un excelente instrumento para alentar su práctica, pero, en la española, el deporte parece limitarse al fútbol y, en menor medida, al tenis, al automovilismo y al motociclismo. Ignora otros deportes en los que España es primera potencia como baloncesto, balonmano, water-polo, ciclismo, vela o hockey sobre hierba o patines. La mayor parte del espacio deportivo de los telediarios se dedica al fútbol y apenas si se conceden unos segundos a otros deportes. Por no hablar del deporte femenino, totalmente ausente de las pantallas.
Politización del fútbol
El espectáculo futbolístico se ha convertido en un “refugium pecatorum” en el que la inmensidad de las gradas y el anonimato de la multitud convierten al espectador –normalmente correcto y pacífico- en “hombre lobo”, y le permiten desfogarse de sus frustraciones y desinhibirse de sus pasiones. Éstas se alientan, de forma interesada e irresponsable, fomentando artificiales rivalidades y viscerales confrontaciones. La gente no concibe que se sea hincha del Barça y del Madrid o que –como es mi caso- se pueda ser simpatizante del Sevilla y del Betis. La animosidad llega a la paranoia cuando se enfrentan el Madrid y el Barcelona, o el “centralismo español” y la autonomía catalana. La esquizofrenia nacionalista lleva a la politización del fútbol, como cuando se considera que el Barça es “más que un club”, o la plantilla del Athletic, como tal, participa en manifestaciones políticas. Esta politización se ha puesto de manifiesto con el llamamiento del filo-etarra Amaiur a hacer de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic un día de “afirmación nacional”, y aprovechar la ocasión para abuchear al Príncipe y silbar el himno de España, y semejante provocación fue incomprensiblemente avalada en las Cortes por ERC, BNG, ICV e incluso CIU y PNV. Se ha repetido el bochornoso espectáculo de la final de Mestalla de hace tres años de pitada generalizada contra la Corona y el himno de la Nación, aunque con circunstancias agravantes: respaldo de numerosos partidos políticos, tolerancia –cuando no complicidad- de las directivas de los dos clubes, pasividad de la Federación Española de Fútbol e insultos graves a la Presidenta de la Comunidad anfitriona. Hay quienes –en el colmo del cinismo- responsabilizan a Aguirre de las pitadas, como los pirómanos que acusan a los bomberos del fuego provocado por ellos o con su colaboración.
Una vez salido el genio de la botella es muy difícil para el aprendiz de brujo volver a encapsularlo. El desfogue de tetosterona puede llevar incluso a conflictos bélicos, como la “guerra de las 100 horas”, que se produjo entre Honduras y el Salvador en 1969, tras unos partidos clasificatorios para el Mundial de Fútbol de Méjico, porque “el himno y la bandera de Honduras habían sido insultados y profanados en San Salvador”. Sin llegar a tales extremos, Nicolás Sarkozy tomó medidas legales para que no se repitieran pitidos a la “Marsellesa” en partidos internacionales, previendo la suspensión de los mismos en caso de producirse. Ante la inducción nacionalista a la comisión de un delito tipificado por el Código Penal, me siento más cerca de Sarkozy o Aguirre, que de Tardá, Pachi López , Urkullu o Basagoiti. Si se puede susprender un encuentro porque parte del público profiera insultos racistas contra jugadores, ¿por qué no cabe hacer lo mismo ante manifestaciones de racismo político nacionalista realizadas con premeditación y alevosía contra los símbolos de la Nación ?. Son difíciles de aceptar estas muestras de animadversión, que ponen de manifiesto la catadura moral de unos hinchas energúmenos y de sus valedores. Son actos de deslealtad política y de manipulación partidista del deporte. ¡Qué lejos están estas conductas de la espontánea explosión popular de júbilo tras los éxitos de la “Roja”, con despliegue sin complejos de la enseña nacional y al grito unánime de “yo soy español, español, español”!.
El pasado día 19 el Chelsea de Londres venció en la tanda de penaltis al Bayern de Munich en la final de la Liga Europea de Campeones, y el 25 el Barcelona se impuso en buena lid al Atlético de Bilbao en la Copa de España, .
Triunfo del cerrojo
La final de la ”Champions” fue un partido soso y de escasa calidad, en el que el fútbol creativo del equipo muniqués se estrelló contra la férrea muralla erigida por su rival londinense. Ha supuesto la exaltación del “catenaccio”, exportado a Inglaterra por entrenadores italianos –como Ancelotti, Capello o Di Matteo-, que han desnaturalizado el tradicional juego británico de ataque. Todos los augures habían previsto una final entre los favoritos Barça y Real Madrid, pero estos equipos pecaron de prepotencia vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, y hubo sorpresas. El Bayern es un buen equipo con vocación ofensiva que fracasó en su propio estadio, pues –pese a llevar la iniciativa y acorralar a su adversario- falló a la “hora de la verdad”.
El Chelsea, con un juego rácano y ultra-defensivo, no mereció ganar la final. Tras nueve años y unos mil millones de euros desembolsados por su propietario ruso Roman Abramovich, ha consumado su sueño de ganar la Copa de Campeones gracias a sus veteranos, dos de los cuales fueron los héroes de la jornada. El checo Petr Cech –que sufrió en 2006 una fractura de cráneo y tiene que jugar con una funda protectora- logró parar tres de los cinco penaltis germanos, y el costa-marfileño Didier Drogba fue a sus 34 años el protagonista del encuentro al lograr empatar el partido con un magistral cabezazo a dos minutos de final, cometer un penalti durante la prórroga, y marcar el gol decisivo en la serie de castigos máximos. El Chelsea jugó con un cerrojo descarado y a la espera de una oportunidad a balón parado, lo que es legítimo,pero estéticamente impresentable. Esta actitud contrastó afortunadamente con la adoptada en la Copa española por el Barça y el Athletic, que realizaron un juego ofensivo brillante, con el que el fogueado equipo blau-grana arrasó a los jóvenes e inexpertos jugadores roji-blancos, que en ningún momento arrojaron la toalla pese al K.O. técnico.
Comercialización del fútbol
El fútbol es un gran deporte que, tras su excesiva profesionalización y comercialización, ha perdido sus valores de superación olímpica y se ha convertido en un espectáculo de masas y en un negocio. Es un fenómeno sociológico difícilmente comprensible. Levanta la pasión de millones de espectadores que colman los estadios o se apalancan tras los televisores, no para disfrutar del deporte –que, por supuesto, no practican- sino para ver ganar como sea a su equipo, lo que incita al “resultadismo”. El triunfo a cualquier precio viene avalado por la conversión del fútbol en un negocio, que es a veces de dudosa legalidad, de Gil a Lopera o de Sanz a Del Nido. Los pequeños clubes se han transformado en gigantescas S.A. o en entidades subvencionadas por oligarcas y jeques multimillonarios. El fútbol, como deporte, ha pasado a peor vida.
Para mantener su preeminencia, los equipos económicamente potentes gastan ingentes sumas de dinero en fichajes, traspasos y sueldos, que resultan obscenos e imposibles de asumir–especialmente en épocas de crisis-, pero que no parecen importar a sus aficionados, aunque sean “mileuristas” o estén en el paro. Al tratar de mantener este ritmo, los clubes menos afortunados terminan en la bancarrota, siendo esta situación paradigmática en la Liga española comandada por el oligopolio Madrid-Barcelona, en la que los demás equipos participan como comparsas. El negocio se multiplica con la publicidad, que convierte a los jugadores en hombres-anuncio. La TV es el gran filón que distribuye su maná entre los endeudados equipos, aunque los primeros clasificados sean los que se llevan la parte del león. El ejercicio del deporte es muy positivo pues desarrolla el cuerpo y la mente de sus practicantes, y debe ser propiciado y estimulado, especialmente entre los jóvenes. La TV es un excelente instrumento para alentar su práctica, pero, en la española, el deporte parece limitarse al fútbol y, en menor medida, al tenis, al automovilismo y al motociclismo. Ignora otros deportes en los que España es primera potencia como baloncesto, balonmano, water-polo, ciclismo, vela o hockey sobre hierba o patines. La mayor parte del espacio deportivo de los telediarios se dedica al fútbol y apenas si se conceden unos segundos a otros deportes. Por no hablar del deporte femenino, totalmente ausente de las pantallas.
Politización del fútbol
El espectáculo futbolístico se ha convertido en un “refugium pecatorum” en el que la inmensidad de las gradas y el anonimato de la multitud convierten al espectador –normalmente correcto y pacífico- en “hombre lobo”, y le permiten desfogarse de sus frustraciones y desinhibirse de sus pasiones. Éstas se alientan, de forma interesada e irresponsable, fomentando artificiales rivalidades y viscerales confrontaciones. La gente no concibe que se sea hincha del Barça y del Madrid o que –como es mi caso- se pueda ser simpatizante del Sevilla y del Betis. La animosidad llega a la paranoia cuando se enfrentan el Madrid y el Barcelona, o el “centralismo español” y la autonomía catalana. La esquizofrenia nacionalista lleva a la politización del fútbol, como cuando se considera que el Barça es “más que un club”, o la plantilla del Athletic, como tal, participa en manifestaciones políticas. Esta politización se ha puesto de manifiesto con el llamamiento del filo-etarra Amaiur a hacer de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic un día de “afirmación nacional”, y aprovechar la ocasión para abuchear al Príncipe y silbar el himno de España, y semejante provocación fue incomprensiblemente avalada en las Cortes por ERC, BNG, ICV e incluso CIU y PNV. Se ha repetido el bochornoso espectáculo de la final de Mestalla de hace tres años de pitada generalizada contra la Corona y el himno de la Nación, aunque con circunstancias agravantes: respaldo de numerosos partidos políticos, tolerancia –cuando no complicidad- de las directivas de los dos clubes, pasividad de la Federación Española de Fútbol e insultos graves a la Presidenta de la Comunidad anfitriona. Hay quienes –en el colmo del cinismo- responsabilizan a Aguirre de las pitadas, como los pirómanos que acusan a los bomberos del fuego provocado por ellos o con su colaboración.
Una vez salido el genio de la botella es muy difícil para el aprendiz de brujo volver a encapsularlo. El desfogue de tetosterona puede llevar incluso a conflictos bélicos, como la “guerra de las 100 horas”, que se produjo entre Honduras y el Salvador en 1969, tras unos partidos clasificatorios para el Mundial de Fútbol de Méjico, porque “el himno y la bandera de Honduras habían sido insultados y profanados en San Salvador”. Sin llegar a tales extremos, Nicolás Sarkozy tomó medidas legales para que no se repitieran pitidos a la “Marsellesa” en partidos internacionales, previendo la suspensión de los mismos en caso de producirse. Ante la inducción nacionalista a la comisión de un delito tipificado por el Código Penal, me siento más cerca de Sarkozy o Aguirre, que de Tardá, Pachi López , Urkullu o Basagoiti. Si se puede susprender un encuentro porque parte del público profiera insultos racistas contra jugadores, ¿por qué no cabe hacer lo mismo ante manifestaciones de racismo político nacionalista realizadas con premeditación y alevosía contra los símbolos de la Nación ?. Son difíciles de aceptar estas muestras de animadversión, que ponen de manifiesto la catadura moral de unos hinchas energúmenos y de sus valedores. Son actos de deslealtad política y de manipulación partidista del deporte. ¡Qué lejos están estas conductas de la espontánea explosión popular de júbilo tras los éxitos de la “Roja”, con despliegue sin complejos de la enseña nacional y al grito unánime de “yo soy español, español, español”!.
Por el río Nervión baja la gabarra etarra
POR EL RIO NERVIÓN BAJA LA GABARRA ETARRA
Tras la retirada del apoyo del PP al Gobierno del PSE, Pachi López ha decidido adelantar al 21 de Octubre las elecciones autonómicas en el País Vasco. Con sentido de Estado, el PP ha respaldado al Gobierno socialista sin apenas contrapartidas, pero la conducta desleal del “lehendakari”, que se ha enfrentado abiertamente al Gobierno central y boicoteado las medidas por él adoptadas para reducir el déficit de la Nación, ha provocado la reacción de Antonio Basagoiti, que es explicable aunque desacertada, pues los resultados previstos son bastante alarmantes. Según una encuesta de Sigma-Dos para “El Mundo”, las elecciones van a consagrar la hegemonía del nacionalismo, al atribuir a los partidos nacionalistas el 61% de los votos -33.7 al PNV y 27.3 a Bildu-, mientras que los partidos constitucionalistas sólo obtendrían el 34.2% -21.4 el PSE y 12.8 el PP-.
Consolidación del aparato político de ETA
¿Cómo se ha llegado a esta situación?. Los partidos comparten la responsabilidad en distinto grado. El principal responsable es el entramado político de ETA, que, con sus distintas reencarnaciones –Batasuna, Bildu, Sortu, Amaiur- ha ido ganando con habilidad aceptación social y espacio político, tras el anuncio de ETA de renunciar a la violencia, pese a negarse ésta a disolverse y a entregar las armas. Sin esconder sus objetivos y sin condenar el terrorismo etarra, ha hecho juego malabares con la legalidad para eludir las sanciones del Tribunal Supremo por incumplimiento de la Ley de Partidos, y obtenido su legalización con la connivencia de los nacionalistas y del PSE, y la complicidad del Tribunal Constitucional, que despreciando los argumentos jurídicos del TS, ha legitimado a los herederos de ETA con criterios políticos.
Con su proverbial ambigüedad e hipocresía, el PNV ha facilitado el recorrido de los filo-etarras hacia la legalidad. Sin llegar a los extremos de Eusko Alkartasuna –que ha prestado su credibilidad democrática a Bildu y Sortu al integrarse en las coaliciones “abertzales”-, el PNV ha presionado a los Gobiernos central y autonómico para que se “normalice” la situación política en el País Vasco mediante la legalización de los testaferros de la banda terrorista. Siguiendo la cínica consigna de Javier Arzallus –“unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”-, el PNV se ha aprovechado durante años de la violencia etarra sin ensuciarse las manos, y ahora ha llegado la hora de compartir la recolección con los “hermanos separados”, que han entrado en el redil democrático.
También los socialistas han contribuido de forma decisiva a esta supuesta normalización. El Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con ETA y –a cambio de su promesa de renunciar a la violencia- se comprometió a legalizar su rama política y presionó al TC a tales efectos. Aunque en menor medida, también el PP ha participado en esta regularización, más por omisión que por acción. En la oposición, colaboró con el Gobierno en la adopción de la Ley de Partidos y en su política de represión de ETA y de su “circunstancia”, hasta que Rodríguez Zapatero optó por la negociación. Se opuso a cualquier concesión a la banda terrorista y pidió la ilegalización de Bildu y de Sortu. Ahora, ya en el poder, ha suavizado, sin embargo, su militante postura y asumido “de facto” algunas de las concesiones socialistas, especialmente en materia penitenciaria.
Política penitenciaria del Gobierno
Este viraje ha sido protagonizado por el Ministro del Interior, Jorge Fernández –el más desacertado de los miembros del Gabinete de Rajoy-, que ha tenido la rara habilidad de enfrentarse a las víctimas del terrorismo acusándolas de espíritu de venganza, y de justificar de forma improcedente la concesión de la libertad –“si no hubiéramos tomado esta decisión, habríamos prevaricado”- a Josu Uribechevarría, uno de los asesinos etarras más sanguinarios. El articulo 104-4 del Reglamento Penitenciario establece que los penados con padecimientos incurables “podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias”. Como ha observado el Profesor Gimbernat,”la jurisprudencia no puede convertir en imperativo lo que para la ley es facultativo”, y aún menos puede hacerlo la Administración. Además, para la concesión de libertad condicional a los terroristas, el artículo 92 del Código Penal requiere que éstos se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas, acciones que no ha realizado el etarra. No se exigen estas condiciones si el preso está en peligro inminente de muerte, pero tal no es el caso, pues –según el dictamen de la forense de la Audiencia Nacional-
Uribecheverría no se encuentra en fase terminal y puede ser tratado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia. No debería, por tanto, ser liberado.
En el plano político, sería nefasto que el Gobierno cediera al chantaje de los presos terroristas –con sus orquestadas huelgas de hambre- y de los líderes batasunos –con sus manifestaciones ilegales-. Unos y otros han celebrado como un éxito la claudicación del Gobierno y se aprestan a imponer la libertad de los presos etarras gravemente enfermos y a exigir el acercamiento de reclusos a cárceles vascas. El Gobierno debe mantener sin complejos su política penitenciaria, pues la dispersión es una medida adecuada –avalada por tribunales nacionales e internacionales- para dificultar la acción concertada de los reclusos siguiendo las directrices de ETA.
Perspectivas de las elecciones autonómicas en el País Vasco
Ahora se presenta la oportunidad de corregir la injusticia cometida con los vascos expulsados del país por la violencia etarra, que no puedan participar en las elecciones. El Gobierno ha elaborado un plan para que puedan votar estos exilados –al que se ha opuesto el PNV, principal beneficiario de l éxodo, cuyo Presidente, Íñigo Urkullu, lo ha calificado de “barbaridad”-, pero no ha tenido el valor de aplicarlo en las próximas elecciones, con lo que no ha permitido que voten más de 200.000 ciudadanos, que podrían equilibrar los resultados previstos por los sondeos. De conformidad con ellos, ningún partido conseguirá la mayoría absoluta, por lo que la formación del futuro Gobierno vasco dependerá de las alianzas que se establezcan, y es preocupante que el 38.9% del electorado del PNV prefiera la coalición con Bildu.
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Las opciones más viables serían una alianza PNV-PSE –similar a la establecida entre 1987 y 1998- o un pacto entre las dos fuerzas nacionalistas. La primera sería una solución aceptable en principio, aunque la debilidad y el entreguismo del PSE dejarían el protagonismo al PNV, que ya ha preparado un nuevo estatuto político –versión edulcorada del “Plan Ibarretxe”-, que pretende ampliar aún más las competencias autonómicas, como paso intermedio hacia la independencia. La segunda resultaría desastrosa, pues llevaría -a corto o medio plazo- a un abierto enfrentamiento con el Estado. Aunque el PNV llevara en un primer momento la batuta, pronto se vería desplazado por sus coyunturales aliados. Conviene recordar a los “jetzales” la historia del árabe y el camello. Aquél plantó su tienda en el desierto para pasar la noche y, al poco tiempo, éste le pidió si podía meter la cabeza porque hacía frío. Más tarde suplicó hacer lo mismo con las patas, la joroba y hasta el rabo. Al final, el camello se adueñó de la tienda y el árabe terminó durmiendo en la arena. Un ejemplo significativo es la forma en que Bildu –pese a estar en minoría- se ha apoderado del Gobierno de Gipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, donde hace y deshace a su antojo como si contara con la mayoría. Tras navegar por el Urumea, la gabarra de Bildu pretende surcar las aguas del Nervión rumbo hacia Ajuria Enea. El que avisa no es traidor.
Tras la retirada del apoyo del PP al Gobierno del PSE, Pachi López ha decidido adelantar al 21 de Octubre las elecciones autonómicas en el País Vasco. Con sentido de Estado, el PP ha respaldado al Gobierno socialista sin apenas contrapartidas, pero la conducta desleal del “lehendakari”, que se ha enfrentado abiertamente al Gobierno central y boicoteado las medidas por él adoptadas para reducir el déficit de la Nación, ha provocado la reacción de Antonio Basagoiti, que es explicable aunque desacertada, pues los resultados previstos son bastante alarmantes. Según una encuesta de Sigma-Dos para “El Mundo”, las elecciones van a consagrar la hegemonía del nacionalismo, al atribuir a los partidos nacionalistas el 61% de los votos -33.7 al PNV y 27.3 a Bildu-, mientras que los partidos constitucionalistas sólo obtendrían el 34.2% -21.4 el PSE y 12.8 el PP-.
Consolidación del aparato político de ETA
¿Cómo se ha llegado a esta situación?. Los partidos comparten la responsabilidad en distinto grado. El principal responsable es el entramado político de ETA, que, con sus distintas reencarnaciones –Batasuna, Bildu, Sortu, Amaiur- ha ido ganando con habilidad aceptación social y espacio político, tras el anuncio de ETA de renunciar a la violencia, pese a negarse ésta a disolverse y a entregar las armas. Sin esconder sus objetivos y sin condenar el terrorismo etarra, ha hecho juego malabares con la legalidad para eludir las sanciones del Tribunal Supremo por incumplimiento de la Ley de Partidos, y obtenido su legalización con la connivencia de los nacionalistas y del PSE, y la complicidad del Tribunal Constitucional, que despreciando los argumentos jurídicos del TS, ha legitimado a los herederos de ETA con criterios políticos.
Con su proverbial ambigüedad e hipocresía, el PNV ha facilitado el recorrido de los filo-etarras hacia la legalidad. Sin llegar a los extremos de Eusko Alkartasuna –que ha prestado su credibilidad democrática a Bildu y Sortu al integrarse en las coaliciones “abertzales”-, el PNV ha presionado a los Gobiernos central y autonómico para que se “normalice” la situación política en el País Vasco mediante la legalización de los testaferros de la banda terrorista. Siguiendo la cínica consigna de Javier Arzallus –“unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”-, el PNV se ha aprovechado durante años de la violencia etarra sin ensuciarse las manos, y ahora ha llegado la hora de compartir la recolección con los “hermanos separados”, que han entrado en el redil democrático.
También los socialistas han contribuido de forma decisiva a esta supuesta normalización. El Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con ETA y –a cambio de su promesa de renunciar a la violencia- se comprometió a legalizar su rama política y presionó al TC a tales efectos. Aunque en menor medida, también el PP ha participado en esta regularización, más por omisión que por acción. En la oposición, colaboró con el Gobierno en la adopción de la Ley de Partidos y en su política de represión de ETA y de su “circunstancia”, hasta que Rodríguez Zapatero optó por la negociación. Se opuso a cualquier concesión a la banda terrorista y pidió la ilegalización de Bildu y de Sortu. Ahora, ya en el poder, ha suavizado, sin embargo, su militante postura y asumido “de facto” algunas de las concesiones socialistas, especialmente en materia penitenciaria.
Política penitenciaria del Gobierno
Este viraje ha sido protagonizado por el Ministro del Interior, Jorge Fernández –el más desacertado de los miembros del Gabinete de Rajoy-, que ha tenido la rara habilidad de enfrentarse a las víctimas del terrorismo acusándolas de espíritu de venganza, y de justificar de forma improcedente la concesión de la libertad –“si no hubiéramos tomado esta decisión, habríamos prevaricado”- a Josu Uribechevarría, uno de los asesinos etarras más sanguinarios. El articulo 104-4 del Reglamento Penitenciario establece que los penados con padecimientos incurables “podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias”. Como ha observado el Profesor Gimbernat,”la jurisprudencia no puede convertir en imperativo lo que para la ley es facultativo”, y aún menos puede hacerlo la Administración. Además, para la concesión de libertad condicional a los terroristas, el artículo 92 del Código Penal requiere que éstos se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas, acciones que no ha realizado el etarra. No se exigen estas condiciones si el preso está en peligro inminente de muerte, pero tal no es el caso, pues –según el dictamen de la forense de la Audiencia Nacional-
Uribecheverría no se encuentra en fase terminal y puede ser tratado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia. No debería, por tanto, ser liberado.
En el plano político, sería nefasto que el Gobierno cediera al chantaje de los presos terroristas –con sus orquestadas huelgas de hambre- y de los líderes batasunos –con sus manifestaciones ilegales-. Unos y otros han celebrado como un éxito la claudicación del Gobierno y se aprestan a imponer la libertad de los presos etarras gravemente enfermos y a exigir el acercamiento de reclusos a cárceles vascas. El Gobierno debe mantener sin complejos su política penitenciaria, pues la dispersión es una medida adecuada –avalada por tribunales nacionales e internacionales- para dificultar la acción concertada de los reclusos siguiendo las directrices de ETA.
Perspectivas de las elecciones autonómicas en el País Vasco
Ahora se presenta la oportunidad de corregir la injusticia cometida con los vascos expulsados del país por la violencia etarra, que no puedan participar en las elecciones. El Gobierno ha elaborado un plan para que puedan votar estos exilados –al que se ha opuesto el PNV, principal beneficiario de l éxodo, cuyo Presidente, Íñigo Urkullu, lo ha calificado de “barbaridad”-, pero no ha tenido el valor de aplicarlo en las próximas elecciones, con lo que no ha permitido que voten más de 200.000 ciudadanos, que podrían equilibrar los resultados previstos por los sondeos. De conformidad con ellos, ningún partido conseguirá la mayoría absoluta, por lo que la formación del futuro Gobierno vasco dependerá de las alianzas que se establezcan, y es preocupante que el 38.9% del electorado del PNV prefiera la coalición con Bildu.
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Las opciones más viables serían una alianza PNV-PSE –similar a la establecida entre 1987 y 1998- o un pacto entre las dos fuerzas nacionalistas. La primera sería una solución aceptable en principio, aunque la debilidad y el entreguismo del PSE dejarían el protagonismo al PNV, que ya ha preparado un nuevo estatuto político –versión edulcorada del “Plan Ibarretxe”-, que pretende ampliar aún más las competencias autonómicas, como paso intermedio hacia la independencia. La segunda resultaría desastrosa, pues llevaría -a corto o medio plazo- a un abierto enfrentamiento con el Estado. Aunque el PNV llevara en un primer momento la batuta, pronto se vería desplazado por sus coyunturales aliados. Conviene recordar a los “jetzales” la historia del árabe y el camello. Aquél plantó su tienda en el desierto para pasar la noche y, al poco tiempo, éste le pidió si podía meter la cabeza porque hacía frío. Más tarde suplicó hacer lo mismo con las patas, la joroba y hasta el rabo. Al final, el camello se adueñó de la tienda y el árabe terminó durmiendo en la arena. Un ejemplo significativo es la forma en que Bildu –pese a estar en minoría- se ha apoderado del Gobierno de Gipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, donde hace y deshace a su antojo como si contara con la mayoría. Tras navegar por el Urumea, la gabarra de Bildu pretende surcar las aguas del Nervión rumbo hacia Ajuria Enea. El que avisa no es traidor.
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