Asturias de mis amores

ASTURIAS DE MIS AMORES

            Según los sondeos del CIS, los ciudadanos españoles consideran a la clase política como el tercer o cuarto problema más serio con el que se enfrenta el país. La actuación en Asturias de los partidos políticos no hace más que corroborar esta opinión, pues -salvo contadas y honrosas excepciones- los dirigentes políticos asturianos no han estado a la altura de las circunstancias.

El “cainismo” del PP

            Asturias ha sido una región tradicionalmente escorada hacia la izquierda, a excepción del feudo derechista de su capital Oviedo. Hasta 1995 no consiguió el PP acceder al gobierno del Principado, y lo hizo en minoría. El entonces todopoderoso Secretario General del PP, Francisco Álvarez-Cascos, sin contar con el Comité Electoral Regional responsable de la selección de los candidatos, impuso como cabeza de lista a Sergio Marqués, quien –aunque no obtuvo mayoría absoluta- pudo formar un gobierno en minoría gracias al enfrentamiento entre PSOE e IU. Tres años más tarde -sin saberse muy bien las razones- Álvarez-Cascos inicio una campaña de acoso y derribo contra su antiguo protegido, forzó la dimisión de Consejeros y Viceconsejeros, incitó ataques  contra  él en el Parlamento, le acusó del “mayor caso de corrupción en Europa” –que fue archivado por la fiscalía por inconsistente-, lo suspendió en 1998 y lo expulsó del PP en 1999, provocando la escisión del partido. Como declaró a la sazón, “prefiero un partido sin gobierno a un gobierno sin partido” y, a la postre, se quedó sin uno ni otro. Marqués creó la Unión Regionalista de Asturias con disidentes del PP y este conflicto cainita permitió al candidato del PSOE, Vicente Álvarez Areces, ganar por mayoría absoluta las elecciones de 1999 y mantenerse en el poder hasta 2011, apoyado por IU.

            Tras tres mandatos consecutivos de la izquierda, el Principado pasaba por un mal momento, con grave crisis económica, aumento del paro y desprestigio por casos de corrupción. Álvarez Areces –que era el valor mejor cotizado del PSOE- renunció a presentarse a la re-elección, y todos los pronósticos auguraban que se produciría un deseable cambio de ciclo con el PP como alternativa, y que los socialistas pasarían a la oposición. Pero, en esas circunstancias, se abatió sobre el Principado el ciclón “Cascos”.  Sin contar con el apoyo –antes al contrario- del Comité Regional de Asturias, ni de la Dirección Nacional del Partido, trató de imponer su candidatura a la presidencia de Asturias “quo nominor Cascos”. Ante el rechazo a su pretensión, Álvarez-Cascos desertó del PP dando un portazo, y creó a primeros de 2011 el partido regionalista “Foro Asturias de Ciudadanos”, cuyas siglas –FAC- coincidían, por pura casualidad, con sus iniciales. El nuevo Pelayo se lanzó a la reconquista del Principado frente a las huestes de follones socio-comunistas y de malandrines “peperos”.

Billete de ida y vuelta a Asturias de Cascos

            El factor sorpresa –unido al disgusto de la población por el desgaste socialista y el fraccionamiento del PP- surtió su efecto y Álvarez-Cascos ganó las elecciones autonómicas de 5 de Marzo de 2011, consiguiendo FAC mayoría simple con 16 escaños, frente a 15 del PSOE –que sólo perdió 5 diputados-, 10 del PP –que se dejó la mitad de sus actas- y 4 de IU –que se mantuvo como estaba en 2007-. El ganador formó un Gobierno minoritario sin apoyo exterior, y se entregó a un nacionalismo parroquiano de bable y “sidrina”. Es obvio que si uno está en minoría, tiene que pactar si quiere gobernar, pero quien pretendía ser el Fraga astur estaba por encima de esas nimiedades. Cuando -a causa de su prepotencia y falta de cintura política- vio rechazados los presupuestos de la Comunidad, en vez de reconsiderar su actitud y negociar con el PP –cuyo programa era muy similar al suyo- lanzó un “órdago” y decidió anticipar las elecciones antes de cumplirse un año de su llegada al poder, con la convicción de que conseguiría la mayoría absoluta. Mas las armas las carga el diablo y el tiro le salió por la culata. En las elecciones de 25 de Marzo de 2012, no sólo no alcanzó su objetivo, sino que perdió 4 diputados, pasando a ser la segunda fuerza política tras el PSOE, que había subido a 17 escaños más por deméritos ajenos que por méritos propios. El PP conservó sus 10 escaños e IU ganó 1. La principal novedad fue, sin embargo, la entrada en el Parlamento de UPyD, que –con un único diputado- se convirtió en  pieza clave para la formación del Gobierno, dada la igualdad de fuerzas

            El PSOE había logrado su 17º escaño por un puñado de votos proporcionados por los emigrantes. El Foro impugnó la validez del escrutinio de los votos del CERA en la circunscripción occidental, porque 332 votos de residentes ausentes habían sido remitidos directamente por correo a la Junta Electoral Provincial en vez de a través de los Consulados, como establece la ley. En su sentencia de 27 de Abril, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dio parcialmente la razón al FAC, pero adoptó una decisión salomónica, ya que -en vez de anular los votos ilícitamente remitidos, lo que hubiera supuesto la entrega al Foro del escaño en cuestión y la consiguiente mayoría absoluta del centro-derecha- decidió que se repitieran las elecciones en la mesa del CERA anulada. PSOE e IU, a su vez,  recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, quien –en su fallo de 10 de Mayo- declaró nula la sentencia del TSJA por vulnerar el sufragio activo de los electores de la mesa impugnada.

El disputado voto del Señor Prendes

            Esta decisión supuso un nuevo empate técnico a 22 votos entre la izquierda y la derecha y, en consecuencia, pasó a ser decisiva la voluntad del diputado de UPyD Ignacio Prendes, con lo que se renovó la lucha por “el disputado voto del Señor Cayo”, premonitoriamente anticipada en la deliciosa novela de Miguel Delibes. Prendes se dejó querer por tirios y troyanos, aunque exigió como condición “sine qua non” para su apoyo la reforma de la Ley Electoral y la constitución de un distrito electoral único en el Principado. El pasado día 16 deshojó finalmente la margarita e inclinó la balanza a siniestra, tras el compromiso del PSOE de crear una Comisión para estudiar la reforma de la Ley electoral. Cabe, pues, esperar que el día 22 se constituya -con el respaldo de IU y UPyD- un Gobierno socialista presidido por Javier Fernández.. Esta opción se ha visto facilitada por la ceremonia de la confusión oficiada por el PP, que –pese a su pregonado deseo de constituir un gobierno de centro- derecha- ha actuado de forma confusa y contradictoria, y apenas ha realizado esfuerzos serios para lograrlo.

El último rifi-rafe de los “hermanos separados” fue causado por la advertencia del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoso, de que las cuentas del Principado podrían ser intervenidas si no se presentaba a su debido tiempo un Plan Económico y Financiero adecuado. Álvarez-Cascos reaccionó con vehemencia y acusó al Gobierno central de ingerencia intolerable y sin precedentes en una comunidad, y de intento de tutelar la elección del Presidente astur. No deja de ser curioso que haya sido Rosa Díez la que –actuando de “reina madre”- haya respondido el mismo día 16 que Asturias goza de estabilidad y “nadie tiene ya excusas ni coartada para intervenir sus cuentas”, pues esta comunidad se compromete a ”respetar el pacto de estabilidad y el objetivo de déficit”. La mini-bisagra de UPyD ha permitido que, en menos de un año, se vuelva al “statu quo ante ”, pese a que la izquierda no haya gozado de suficiente tiempo en la oposición para regenerarse políticamente. Con este pronunciamiento de UPyD –legítimo al par que revelador, al mostrar hacia donde se inclina su benevolente neutralidad- parece ponerse fin a un experimento “casquiano”, que se ha convertido en “kafkiano”. .

¡Que no quiero verla!

¡QUE NO QUIERO VERLA! El pasado 5 de Mayo tomaba José Antonio Griñán posesión como Presidente de la Junta de Andalucía, al frente de un Gobierno de coalición de perdedores PSOE-A/IU-CA, que vice-preside el líder de este último partido, Diego Valderas, y en el que 3 de sus 11 consejerías están ocupadas por políticos comunistas. El PP hizo la proeza de ganar, por primera vez, las elecciones autonómicas andaluzas tras 34 años de monopolio socialista, pero su victoria no le permitió acceder al gobierno por no lograr la mayoría absoluta. Le ha pasado como al veterano torero que, tras hacer una admirable faena, falló a la “hora de la verdad” y, en vez de obtener los ansiados trofeos, vio como se devolvía al corral al exhausto morlaco. Ahora tendrá que enfrentarse a un toro resabiado y resentido, que derrota por la izquierda y que será muy difícil de lidiar. Griñán, -que jamás ha logrado ganar unas elecciones- estaba políticamente “sonado” cuando recibió una transferencia sanguínea de urgencia, pero en la sangre transferida había gérmenes patógenos difícilmente asimilables por el debilitado organismo socialista, lo que provocará un rechazo tarde o temprano. Ha seguido el refrán popular andaluz “con la ayuda del vecino mató mi padre un cochino”, pero no sé si es plenamente consciente de la factura que le pasará el dadivoso donante. Ahora nos deparará una legislatura con más de lo mismo, aunque agravada por los condicionamientos de las imposiciones comunistas. Ha formado un Gobierno que está éticamente desprestigiado por el escándalo de los ERE y otros casos de corrupción, políticamente hipotecado por las exigencias de un partido neo-“stalinista”, y económicamente lastrado por la crisis, el endeudamiento y el desempleo. Desprestigio ético del Gobierno andaluz El caso de los falsos ERE es la punta del iceberg de la corrupción generalizada que ha prevalecido en la Junta de Andalucía -Mercasevilla, HYTASA, MATSA, Delphi…-. Ya no se trata sólo de rumores y comentarios, sino de actuaciones judiciales que han llevado a prisión, entre otros, al ex-Consejero de Empleo Antonio Fernández. La juez Mercedes Alaya ha afirmado en un auto que la Junta ideó el “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Para ello dotó a la Consejería de Empleo de un sistema operativo propio para ilícitamente “evitar los severos controles que la Intervención General de la Junta de Andalucía imponía para las subvenciones”. La juez apunta claramente a Griñán cuado señala que Fernández era perfecto conocedor de las conclusiones de la Intervención, porque su informe “le fue comunicado personalmente en su condición de Consejero de Empleo, junto a titulares de otras Consejerías”.Como ha destacado Javier Carballo, la trama de los ERE no es la chapuza de un día ni la pillería de cuatro golfos, sino un sistema perfectamente planificado por el Gobierno andaluz para tener “manos libres” en el reparto de fondos públicos, en beneficio de determinadas personas y sin ningún control. En su calidad de Consejero de Economía y Hacienda, primero, y de Presidente de la Junta, después, Griñán es -en el mejor de los casos- responsable por omisión de los escándalos de los ERE. La Consejera de Presidencia, Mar Moreno, afirmó, sin sonrojarse, que el fraude de los ERE era un caso del pasado, que en modo alguno afectaba al Gobierno saliente y mucho menos al entrante. Tampoco Griñán ha hecho autocrítica alguna sobre el tema. En su discurso de investidura, -si bien admitió que los votantes del PSOE le habían otorgado su confianza “con el encargo implícito de erradicar este tipo de conductas”- se limitó a decir que la mayoría de los cargos políticos se desvelaban por el interés general. IU-CA –que había hecho de los ERE uno de los temas básicos de su campaña electoral y exigido la creación en el Parlamento de una Comisión de Investigación, vetada hasta 11 veces por el rodillo socialista-, ha vendido su pregonada denuncia del fraude ante notario por el plato de lentejas de su acceso al poder autonómico. Como ha observado Dolores de Cospedal, las ganas de gobernar de IU son superiores a la defensa de su programa. Habrá Comisión por “vergüenza torera”, pero no para investigar quienes fueron los culpables, sino para dar piadosa sepultura al cadáver de los ERE. Hipoteca política y económica de IU-CA PSOE-A e IU-CA sellaron un pacto programático genérico, que podría ser endosado por cualquier partido: economía al servicio de un empleo de calidad, garantías de protección social, nuevo modelo productivo sostenible, defensa de la autonomía y de los planteamientos andaluces en la UE, regeneración democrática, y profundización de la austeridad y la ética. Pero el programa de IU incluye otros compromisos más costosos: Pacto por el Crecimiento Económico -€10.000 durante la legislatura-, Plan de Lucha contra la Pobreza -€15.000 millones-, Pacto por el Empleo -€600 millones en 2012-, salario básico-renta mínima para todos los ciudadanos, creación de una Banca Pública, aumento de los gastos en sanidad, educación y servicios sociales…Todo ello supone un considerable incremento del gasto público cuando Andalucía debe €14.314 millones -9,8% del PIB-, le vencen €1.078 millones este año y 1.941 millones en 2013, y tiene que bajar en un año la tasa de endeudamiento del 3.2 al 1.5%, para lo que requerirá un ajuste de €2.540 millones. ¿Quién va a prestar ese dinero a una Comunidad endeudada hasta las cejas y calificada a la vera del bono-basura?. Griñán se ha opuesto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional los recortes en sanidad y educación acordados por el Gobierno central. Valderas ha dicho que IU-CA no ha entrado en la Junta para “hacer ajustes”, prometido resistir los recortes establecidos por el Gobierno de la Nación, y abogado por “la lucha en la calle”.contra los mismos. En esa Arcadia feliz e inconsciente que es Andalucía, con un récord de 1.248.500 parados -33.17% de su población y 31.23% del total de España- y que ofrece su modelo laboral al resto de la nación como ejemplo a seguir, IU ha forzado a Griñán a que no aplique la reforma laboral en el sector público. Con poco más del 11% de los votos obtenidos, IU-CA ha logrado la vicepresidencia de la Junta y el 27% de sus Consejerías: Gobernación, Fomento y Turismo. Valderas ha impuesto además la “transversalidad”, con la presencia de comisarios políticos en las demás Consejerías para controlarlas.Ya lo hizo con éxito en la alcaldía de Sevilla en la coalición dirigida por Monteseirín, en la que el concejal comunista Torrijos rigió a su antojo el municipio. El modelo tripartito catalán no es lo que más conviene a Andalucía. Griñán pronunció un discurso de investidura más de líder de la oposición a Rajoy, que de Presidente de la Junta. La confrontación con el Gobierno central está, pues, servida al erigirse Andalucía en baluarte contra el pacto de estabilidad y las reformas indispensables a nivel nacional.Esta insumisión institucional acrecentará la desconfianza de la UE, del BCE, del FMI y, sobre todo, de los mercados. No es cuestión de ponerse melodramático, pero no puedo menos que expresar mi frustración parafraseando el poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” del gran Federico García Lorca: “¡Que no quiero verla!. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Andalucía sobre la arena.… ¡No me digáis que la vea!. No quiero sentir el chorro, cada vez con menos fuerza!”.

¡Alto a la impunidad argentina!

¡ALTO A LA IMPUNIDAD ARGENTINA! (8-V-12)




Al igual que el Senado, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el día 3, por abrumadora mayoría, la ley que permite la expropiación de un 51% de las acciones que REPSOL posee en YPF, con lo que se cierra el ciclo jurídico interno del expolio de la empresa española. El Gobierno argentino no ha respetado las disposiciones nacionales ni las normas del Derecho Internacional en la materia, por lo que –en vez de expropiación- se ha producido un caso flagrante de confiscación.



Peligro de mimetismo ante la impunidad



Los malos ejemplos cunden y el Presidente de Bolivia, Evo Morales, emulando a su vecina, decidió el 1 de Mayo, de forma sorpresiva, expropiar las acciones de Red Eléctrica Internacional, filial de la empresa española REE, en parte de propiedad estatal. Aunque el punto de partida sea el mismo –nacionalización por decreto de las acciones de una empresa extranjera en contra de las normas sobre comercio internacional, so pretexto de insuficiente inversión-, existen diferencias entre ambos casos. La expropiación boliviana parece atenerse a las disposiciones nacionales y a las normas internacionales previstas en el Acuerdo hispano-boliviano de promoción y protección recíproca de inversiones, de 29 de Octubre de 2001 –que, por cierto, fue denunciado a primeros de año por Bolivia-, pues no ha sido discriminatoria y el Presidente Morales ha reconocido las inversiones de REE y prometido pagarle una adecuada indemnización. Esperemos, pues, que no acabe en una confiscación.



REPSOL tiene abierta la vía del arbitraje ante el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La actuación del Gobierno argentino ha sido tan claramente ilegal, que resulta harto probable que la empresa –si se decide a recurrir- obtenga un laudo favorable. El problema es que ello llevará bastante tiempo, el CIADI suele conceder indemnizaciones más bien bajas y, aún así, el Gobierno argentino incumple habitualmente sus decisiones. Esta actitud trasgresora afecta no sólo a España, sino también a muchos otros países como Estados Unidos. Así, en 2005 y en 2006, el Centro condenó a Argentina –que ha sido demandada en 49 ocasiones- a pagar $133 y 165 millones por las expropiaciones de las empresas CMS Gas y Azurix respectivamente, pero el laudo no ha sido todavía ejecutado y el Gobierno norteamericano ha retirado al país austral el beneficio de las preferencias generalizadas.



España está en una situación delicada en el conflicto al ser el primer inversor en Argentina -más de €23.000 millones- y haber más de 400 empresas españolas operando en el país. Existe el riesgo de que Cristina Fernández siga su demagógica “huida hacia delante” y, tras RESPSOL, le toque el turno a Endesa, Gas Natural, Telefónica, Banco Santander o BBVA. De ahí que el Gobierno se haya visto obligado a reaccionar con cautela y mesura. El Profesor Jiménez Piernas le ha sugerido que adopte una aproximación fría y pragmática, y evite a toda costa excesos patrióticos similares a los de la clase política argentina, y ha auspiciado la negociación entre RESPSOL y el Gobierno argentino con vista a lograr una transacción mutuamente satisfactoria. Como la Sra Kirchner no va a dar marcha atrás en la expropiación, el Gobierno español debe presionar diplomáticamente para que se llegue a un acuerdo que ofrezca a REPSOL- que reclama €8.000 millones por sus acciones- una indemnización justa y adecuada.



Asimismo debe dejar claro al Gobierno argentino que no puede seguir violando impunemente las normas del Derecho Internacional relativas a las inversiones y al comercio. Ha de huir de acciones unilaterales y encuadrar su actuación en el marco comunitario, haciendo ver a la UE que no se trata de un conflicto bilateral hispano-argentino, sino de un problema de seguridad jurídica global que afecta a todos los Estados miembros y a sus empresas. De conformidad con el artículo107 del TFUE, las inversiones europeas en terceros Estados son un elemento fundamental de la política comercial de la Unión y forman parte intrínseca de su acción exterior. El Tratado de Lisboa, a su vez, ha atribuido a la UE la competencia en materia de protección de inversiones, por lo que la Unión deberá hacer frente a sus responsabilidades.



Reacción favorable de la UE



Hasta ahora, la UE ha reaccionado bien, aunque sin excesivo entusiasmo. La Alta Representante de la Comisión, Catherine Ashton, condenó la acción del Gobierno argentino y canceló la prevista reunión de la Comisión Mixta de Cooperación UE-Argentina. El Comisario de Comercio, Karel de Gucht, envió una carta al Ministro argentino de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, en la que le indicaba que la expropiación de REPSOL enviaba una señal muy negativa a los inversores internacionales, se añadía a la “creciente lista de decisiones problemáticas adoptadas últimamente en materia de comercio e inversiones”- incompatibles con las normas de la OMC-, y era inconsistente con el espíritu de la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión y MERCOSUR. Hacía un llamamiento a una solución negociada y al respeto de los compromisos internacionales, y advertía que la UE mantenía abierta todas las opciones para hacer frente al asunto en los ámbitos bilaterales y multilaterales.



La postura más firme ha sido adoptada por el Parlamento Europeo, que –en su resolución de 19 de Abril- condenó la decisión argentina por arbitraria, discriminatoria y atentatoria al ejercicio de la libre empresa y al principio de seguridad jurídica, solicitó al Consejo y a la Comisión que intervinieran ante las autoridades argentinas en defensa del interés comunitario, y les instó a que adoptaran cuantas medidas fueran necesarias para evitar que se reprodujeran estas situaciones,”incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales”. Les pidió asimismo que colaboraran con sus socios en foros internacionales, como el G-20 y la OMC, para “lograr un consenso de oposición” a las medidas del Gobierno argentino.



Argentina no ha sido insensible a estas críticas y, en su respuesta a de Gucht, Timerman –aún calificando de inadmisible que una decisión soberana sobre una multinacional fuera utilizada en foros multilaterales para condenar la política de desarrollo de su Gobierno- se ha comprometido, por primera vez, a compensar a REPSOL en el marco de la normativa argentina y del Acuerdo con España de 1991.



Conclusión



España y la UE han de mantener una posición firme e inequívoca ante las arbitrariedades de Argentina y no tolerar la impunidad de su conducta, para impedir que su mal ejemplo -seguido por Bolivia- se extienda a otros países problemáticos de la región como Venezuela o Ecuador. La UE debe proponer que la OMC abra un panel de prácticas desleales que aborde conjuntamente las denuncias presentadas por 41 países contra Argentina, excluirla del previsto Acuerdo con MERCOSUR, y revocarle el régimen de preferencias arancelarias. Ha de procurar que las empresas de sus Estados miembros no inviertan financiera, industrial o tecnológicamente en la explotación y desarrollo de los yacimientos de Argentina, mientras su Gobierno no garantice la seguridad jurídica de las inversiones, de modo que el país -sumido en el populismo y la autarquía- se cueza en su propia salsa petrolífera. Las empresas españolas, a su vez, deberán sopesar la conveniencia de ir retirando gradualmente sus inversiones de un escenario jurídicamente inseguro y políticamente hostil.

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¿Expropiación o confiscación de YPF?

¿EXPROPIACIÓN O CONFISCACIÓN DE YPF ?




El 16 de Abril la Presidenta Cristina Fernández anunció “urbi et orbe” por TV la adopción de un Decreto de Necesidad y Urgencia para recuperar YPF “para el pueblo argentino”, mediante la expropiación del 50% de las acciones que de la empresa poseía REPSOL, y el urgente envío al Congreso de un proyecto de ley por la que se declaraba de interés público la “explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”. No se trata propiamente de una nacionalización, ya que el Gobierno y las provincias de Argentina sólo han conseguido el control del 50.01% del capital de YPF tras el expolio de las acciones de la empresa española. El Gobierno argentino tiene derecho a expropiar los bienes de una empresa, siempre que se cumplan los requisitos de declaración de utilidad pública, respeto de la normativa nacional e internacional, no discriminación e indemnización adecuada



Estas exigencias han quedado asimismo plasmadas en el Acuerdo hispano- argentino para la protección recíproca de inversiones, de 3 de Octubre de 1991, cuyo artículo V establece lo siguiente:”La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de características o efectos similares que puedan ser adoptadas por las autoridades de una Parte contra inversiones de los inversores de la otra Parte en su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La Parte que adopte alguna de estas medidas deberá pagar al inversor, sin demora injustificada, una indemnización adecuada en moneda convertible”. En mi última columna señalé, de pasada, que en el caso de YPF no parecía que se hubieran cumplido todos estos requisitos, pero me quedé corto: no se ha cumplido plenamente ninguno de ellos.



Utilidad pública



Las autoridades argentinas no han justificado la utilidad pública de la expropiación, para lo que deberían ir contra sus propios actos, ya que durante años han manifestado su conformidad con la actuación de REPSOL. En su discurso de 22 de Noviembre de 2011, Cristina Fernández afirmó que YPF era la empresa más importante en términos de volumen económico y de aportes contributivos al Estado, y que estaba muy contenta con el plan que había presentado la compañía porque iba a “sostener el crecimiento del país”, y expresó “optimismo y esperanza en el presente y en el futuro”. El Ministro de Planificación y actual interventor de YPF, Julio de Vido, manifestó que REPSOL había anunciado proyectos de inversión muy importantes, y señaló que las empresas tenían seguridad jurídica en Argentina, especialmente YPF, pues “conocemos con detalle su plan de negocios e inversión y nos parecen adecuados”. Mas, en cuestión de semanas, la Sra de Kirchner ha acusado a REPSOL de reducir la producción de YPF, de no invertir suficientemente y de repatriar beneficios, el Vice-ministro de Economía, Axel Kicillof, ha culpado en el Senado a la empresa española de “vaciar” YPF, y el propio de Vido ha exigido a su Presidente, Antonio Brufau, que devolviera a Argentina $15.000 millones de beneficios conseguidos y que invirtiera en YPF las ganancias obtenidas en Argentina y en otros países.



Respeto de las disposiciones legales



El Gobierno argentino ha violado tanto las normas nacionales -Constitución, Ley de Privatización de YPF-, como las internacionales -Convenio de 1965 sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, Acuerdo de 1991 para Protección de Inversiones-. Según el artículo 17 de la Constitución de 1994, “la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, si no es en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. En el caso de YPF no ha habido sentencia expropiatoria, ni ley ni indemnización previa. De conformidad con el Acuerdo de 1991, cada Parte garantizará en su territorio las inversiones realizadas conforme a su legislación y “no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta y, en su caso, la liquidación de tales inversiones”(artículo III-1). También deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo de las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte (artículo IV-1). El Gobierno argentino no ha respetado estos compromisos en el caso de especie.



No discriminación



Las medidas expropiatorias van dirigidas única y exclusivamente contra REPSOL, produciéndose una doble discriminación. De un lado, se han expropiado únicamente las acciones de YPF, y no las de otras empresas petrolíferas que operan en Argentina. De otro, dentro de YPF, sólo han sido expropiadas las acciones propiedad de la empresa española (50%), y no se han visto afectadas las acciones del Grupo Petersen (25%) o las pertenecientes a Fondos estadounidenses o a accionistas particulares (17%). La discriminación no puede ser más flagrante. Ni siquiera esperó el Gobierno a que la ley fuera sancionada por el Congreso, sino que –incluso antes de que la Presidenta terminara su fervorín televisivo- varios funcionarios dirigidos por el Secretario de Estado de Energía habían ocupado “manu militari” la sede de YPF y expulsado de ella a los directivos y técnicos españoles de la empresa.



Indemnización adecuada



Este es el único requisito que aún no se ha incumplido por razones de tiempo, aunque las perspectivas son poco favorables. El Gobierno ha violado la norma constitucional que prevé la fijación de una indemnización antes de proceder a la expropiación. La compensación a REPSOL será establecida por el Tribunal de Tasaciones, un organismo que depende del Ministerio de Planificación -cuyo titular es asimismo interventor de la expropiada YPF-, con lo que se convierte en juez y parte. El Tribunal ya ha tenido ocasión de mostrar su falta de neutralidad cuando valoró en 0 dólares las acciones de Aerolíneas Argentinas expropiadas a Marsans en 2009. ¡Todo sea por la independencia del poder judicial y por el respeto al principio sentado por la jurisprudencia internacional de que las indemnizaciones deberán ser fijadas de conformidad con el valor justo de mercado!. Al margen de que la cotización de las acciones de YPF se haya hundido por las maniobras de Gobierno Federal y los Gobiernos provinciales contra la empresa, con el evidente propósito de reducir el costo de la indemnización, la Presidenta Fernández ha declarado públicamente que el Gobierno argentino no piensa pagar ni un peso por las acciones de YPF. Y no sólo no indemnizará sino que –como han afirmado Kicillof y de Vido- reclamará a REPSOL una sustanciosa compensación por los daños causados por las operaciones de YPF al medio ambiente argentino. Sabiendo con quien se juega los “cuartos”, Brufau quizás tenga que pedir, como en el chiste, “¡Virgencita de Luján, que me quede como estoy!”.



Cuando no se cumplen los requisitos requeridos por la normativa nacional e internacional, la expropiación se convierte en confiscación. El artículo 17 de la Constitución declara solemnemente: “la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino”. ¡Que así sea!.

Conducta demagógica de una Presidenta populista

CONDUCTA DEMAGÓGICA DE UNA PRESIDENTA POPULISTA (25-IV-12)




Los malos presagios que presentía en mi última columna se materializaron el día 16, cuando la Presidenta argentina anunció la adopción y envío al Congreso de un Decreto urgente para renacionalizar YPF. Optó por el proyecto más lesivo para los intereses españoles al expropiar el 50% de sus acciones, 26.01% para el Gobierno federal y 24.99% para las provincias. Pese a tratarse de una Ley de soberanía de hidrocarburos, implica una doble discriminación, pues -de todas las empresas petrolíferas en Argentina- sólo afecta a YPF y, del capital de ésta, sólo se expropian las acciones propiedad de REPSOL. Ante un cuadro de Evita y con invocaciones al “Ausente” , la Viuda de Kirchner recurrió a tópicos y medias verdades para “defender la soberanía hidrocarburífera de Argentina”, y culpar a REPSOL de todos los males que sufre la industria petrolera, por reducir su producción, no invertir y repatriar beneficios.



Cambio de actitud de la Presidenta argentina hacia REPSOL



Cuando a principio de los 90 la compañía estatal YPF estuvo a punto de quebrar, Néstor Kirchner y su esposa figuraron entre los más fervientes partidarios de su privatización y apoyaron la adquisición de la empresa por REPSOL en 1998, vendiendo el entonces Gobernador de Santa Cruz el 5% que poseía la provincia. La diputada Cristina Fernández respaldó la iniciativa y afirmó:”En lo económico posibilita la mejora de nuestras cuentas y, en lo institucional, nos torna creíbles y respetables en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada”. ¡Cuan lejos están estas palabras de las ahora pronunciadas!. En 2008, ya como Presidente del Gobierno, Néstor Kirchner preconizó la “argentinización” parcial de YPF y forzó a REPSOL a “vender” un 25% de sus acciones al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que sólo tuvo que pagar un 10% de su valor al contado, adquiriendo el resto con un préstamo de la empresa.



En 2011 la producción de petróleo de YPF descendió un 6,5% y la de gas un 10,1%, siguiendo la tónica general en todo el mundo debido al envejecimiento de los yacimientos –la tasa de declive ha sido del 6.7% y del 7.5% respectivamente- y a la inadecuada planificacion. A la par, Argentina aumentó su consumo, por lo que pasó de un superávit de $6.031 millones en 2006 a un déficit de 3.438 millones en 2011. La Presidenta ha culpado a REPSOL de haber tenido que pagar $9.397 millones para importar petróleo, pese a que YPF sólo explota 39% del petróleo y 28% del gas producidos en el país. También la ha acusado injustamente de no invertir en su filial, ya que REPSOL invirtió $3.030 millones en 2011, tenía previstos $3,380 millones para 2012, y se comprometió a reinvertir en YPF los beneficios obtenidos en Argentina.



A finales de 2011 Cristina Fernández afirmó que la inversión de REPSOL en YPF era el modelo a seguir. ¿A qué se debe tan súbito cambio de opinión?. Para el Presidente de la empresa, Antonio Brufau, al intento de tapar la crisis económica y social que padece el país –con lo que, según Mario Vargas, la Señora de Kirchner actúa como Hugo Chaves-, y a la necesidad de aumentar sus ingresos, para lo que quiere controlar en exclusiva la explotación del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta.



Doble conflicto de Argentina con REPSOL y con España



La expropiación de YPF plantea un doble conflicto: uno privado entre REPSOL y Argentina, y otro público entre este país y España. Brufau ha calificado la decisión del Gobierno argentino de “manifiestamente ilícita” por violar las normas del Derecho Internacional y de la Constitución argentina, e incumplir el compromiso asumido en el Acuerdo de privatización de YPF de resolver las divergencias por medio de la negociación. Alega la violación del Convenio Hispano-Argentino para la protección recíproca de inversiones, de 3 de Octubre de 1991, por el que las Partes se comprometen a no obstaculizar el mantenimiento de las inversiones en la “prospección cultivo, extracción y explotación de los recursos naturales”. El Gobierno argentino tiene derecho a expropiar las acciones de REPSOL, siempre que –a juicio de Araceli Mangas- cumpla las siguientes condiciones: obre de forma respetuosa con el sistema internacional, actúe por causa de utilidad pública, no haga discriminación, dé una compensación adecuada, y respete las obligaciones internacionales contraídas. No parece que todos estos requisitos se cumplan en el presente caso. REPSOL no tiene necesidad de acudir a los tribunales argentinos y, tras un período de negociación de 6 meses, puede plantear la controversia ante el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o ante un tribunal arbitral “ad hoc”.



Junto a la controversia jurídica, se ha producido un conflicto diplomático entre España y Argentina por la violación por ésta del Derecho Internacional general y del Convenio sobre Protección de Inversiones en particular. El Gobierno argentino no ha respetado las disposiciones del Convenio que prevén la solución negociada de las controversias, e incumplido la promesa hecha a este respecto al Ministro de Industria Soria el 28 de Febrero. El Gobierno español ha condenado la arbitraria decisión argentina y si bien el Ministro de Asuntos Exteriores García Margallo ha afirmado que su prioridad será “negociar hasta la extenuación para buscar una solución”. Para mejorar su posición negociadora, España debería ejercer la máxima presión diplomática posible sobre Argentina, a través de los organismos internacionales competentes –UE, FMI, BIRF, OMC, G-20- y de los países amigos de Europa y América. Fruto de esta presión ha sido la resolución del Parlamento Europeo del día 20, que ha condenado la decisión argentina por arbitraria, discriminatoria y atentatoria al ejercicio de la libre empresa y al principio de seguridad jurídica, instado a la UE a que use todas las vías internacionales para lograr un “consenso de oposición”, y pedido a la Comisión y al Consejo que adopten medidas como la suspensión de las preferencias arancelarias unilaterales.



Negativas consecuencias para España y para Argentina



García Margallo ha dicho que la decisión de la Señora Kirchner es pésima tanto para España como para Argentina. El primer inversor en este país afronta, amén de las pérdidas de REPSOL, el riesgo de que la política confiscatoria del Gobierno argentino se extienda a las más de 400 empresas españolas que en él operan. En el plano político, el deterioro de las relaciones hispano-argentinas puede afectar adversamente al desarrollo de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará próximamente en Cádiz.



Para Argentina supone una victoria pírrica, con nefastas consecuencias a medio y largo plazo. Puede aumentar su desprestigio y aislamiento como paria internacional, lo que dificultará la obtención de las inversiones imprescindibles para su desarrollo y, especialmente, de la asistencia financiera y tecnológica requerida para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. La incuria de su burocracia clientelar contribuirá a la ineficaz gestión de YPF, el valor de cuyas acciones, devaluadas por el acoso del Gobierno argentino –pérdida del 56.9% en un año en la Bolsa de Nueva York-, parece imposible que se recupere. En el ámbito internacional, Argentina se va apartando no sólo de España, sino también de Europa, de Estados Unidos y de las democracias latinoamericanas, quedando en la poco grata compañía de regímenes autócratas y demagogos, como los de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Como ha observado Bernaldo de Quiros, la expropiación de YPF será la piedra de toque para saber hasta dónde está el mundo civilizado dispuesto a transigir ante la demagogia populista, que actúa contra la esencia de un orden mundial sustentado en el derecho.