jueves, 19 de septiembre de 2024
Cataluña nos roba
CATALUÑA NOS ROBA
El pasado 30 de julio, el PSC y ERC llegaron a un preacuerdo para nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalitat, a cambio de la concesión a Cataluña de soberanía fiscal y otros privilegios de diverso tipo. En realidad no ha sido el PSC -que es un cero a la izquierda-, sino el PSOE de Pedro Sánchez, quien ha llegado a un acuerdo con los independentistas buenos y progresistas -por ahora-, para hacer al fantasmón de Illa “molt honorable”. Cataluña se encuentra entre el fuego de Sánchez y la sartén independentista, por la que luchan en una guerra fratricida los tirios de ERC y los troyanos de JxC para liderar al independentismo en la región. Sánchez está en el centro de la cuerda floja que tratan de tensar sus aliados independentistas, inclinándose en un equilibrio inestable hacia uno u otro de los hermanos separados para conservar el poder a cualquier precio. Se deja chantajear por el imperativo categórico de mantenerse en la Moncloa, para lo que necesita los votos de ambos. El problema es que lo que conceda a uno tiene que concedérselo aumentado al otro en una indecente subasta que llega hasta el infinito y más allá. Cuanto más débiles son los independentistas, mayores son sus exigencias para justificarse ante sus fieles, y éste está dispuesto a ceder hasta el pellejo con tal de mantenerse en el Gobierno, lo que supone un pozo sin fondo.
El siguiente paso indispensable era la aprobación del pacto por parte de las bases de ERC -unos 7.800 militantes, de los que solo han votado el 77%-, para lo que se contaba con la opinión favorable de la mujer fuerte del partido republicano, Marta Rovira, y de los actuales dirigentes del partido, y el “sí de las niñas” se consiguió el 2 de agosto por solo 550 votos de margen. España es un caso único, ya que -contando con 49 millones de habitantes, de los que 8 millones residen en Cataluña- el futuro económico y político de la Nación lo han decidido 3.397 ciudadanos contrarios a España.
Antecedentes
El 12 de mayo se celebraron en Cataluña las elecciones autonómicas que fueron ganadas por el PSC de Salvador Illa con 872.959 votos y 42 escaños (+12), seguido por Junts por Puigdemont, 674.896 (21.61%) y 35 (+3), y por ERC, con 427.135 (13.68%) y 20 (-13). En un segundo plano, el PP consiguió 342.584 (10.97%) y 15 (+12) , Vox 248.554 (7.96%) y 11 (=), En Común 181.795 (5.82%) y 6 (-2), la CUP 127.195 (4.09%) y 4 (-5), y Alianza Catalana 117.928 (3.79%) y 2 (+2).
Carles Puigdemont - que había resucitado cuando estaba en situación terminal, al otorgarle Sánchez la baza de una amnistía “ad personam- realizó su campaña dirigida a asumir el liderazgo del independentismo y su enfrentamiento con el presidente del Gobierno dio a los comicios un carácter plebiscitario. Puigdemont planteó su candidatura como una labor de restauración de su presidencia de la Generalitat y afirmó que se retiraría de la política si no la conseguía. Aragonés e Illa centraron su campaña en temas de gestión y de mejora de los servicios públicos, mientras que Sánchez y Puigdemont hicieron lo contrario. Sánchez necesitaba, de un lado, que el PSC lograra una clara victoria para poder apropiársela y consolidar la posición del PSOE y, de otro, cuidar al máximo no molestar a los independentistas de los que dependía para mantenerse en Moncloa. De ahí que combinara un discurso basado en la gestión, con sus arengas en las que desarrollaba su teoría del fango y de los bulos de la derecha. Presionado por JxC, ERC tuvo que radicalizar su posición y exigir la celebración de un referéndum de libre determinación, la concesión a Cataluña de un régimen de soberanía fiscal y el blindaje de la inmersión lingüística.
Por primera vez, Cataluña dejó de ser electoralmente independentista, al obtener mayoría los partidos contrarios a la independencia, pero el PSC -que es más nacionalista que socialista- menospreció a los partidos constitucionalistas situados a su derecha y se pronunció por la formación de un Gobierno “progresista” con ERC y los Comunes. El PSC -que había ganado las elecciones anteriores pero no pudo gobernar- debía liderar esta nueva etapa, ya que Illa era el único candidato viable y, de no conseguirlo, habría que celebrar nuevas elecciones. Puigdemont pretendía recuperar la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo de las demás fuerzas independentistas y la abstención del PSC, y amenazó a Sánchez en caso de que no lo hiciera, con derribar su Gobierno. Descartada la “sociconvergencia” por las exigencias de Puigdemont y la apertura “ a dextra”, Illa quedó sometido a chantaje de ERC, que ha impuesto a Sánchez la concesión a Cataluña de una soberanía fiscal -paso previo a la soberanía política- a cambio de sus votos para que Illa accediera a la presidencia de la Generalitat. Illa merece ser presidente de la Generalitat, pero en ningún caso al coste exigido por ERC.
Concesión de soberanía fiscal a Cataluña
Ante el temor a una repetición de las elecciones y las excepcionales concesiones financieras y de otro tipo hechas por Sánchez, los mindundis de ERC han condescendido a otorgar la presidencia de a Generalitat a un falso constitucionalista, que está dispuesta a seguir una política más nacionalista que la de los propios independentistas. Prueba de ello es que ha permitido que se conceda la presidencia del Parlament a un miembro de JxC -pese a no contar los nacionalistas con mayoría-, que se modifique el Reglamento del Parlamento para que pudieran votar telemáticamente los diputados prófugos, o que se prohíba por ley autonómica la aplicación de la sentencia del TSJC que obligaba a impartir en español en las escuelas catalanas al menos un 25% de las asignaturas.
Pese a la transcendencia del Acuerdo -que supone una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, al derogar el sistema de autonómico de financiación- ni Sánchez ni Illa dijeron ni pío sobre su alcance y contenido, para no dar argumentos al voto en contra de los republicanos opuestos al pacto con el PSC. La pregunta que se ha hecho a las bases de ERC no puede ser más etérea y buenista. En ella no se menciona ni a Illa, ni al PSC, y solo ha faltado prometer a los militantes que les tocaría la lotería. El texto es un arquetipo de lo que no debería ser una pregunta en una consulta sobre un tema de tanta transcendencia: “¿Estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución de conflictos políticos y el resto de medidas acordadas?”. ¡Y dos huevos duros!, como diría Harpo Marx. Resultaba difícil decir que no, pero; aún así, ha faltado poco.
Tras el triunfo por los pelos del Sí en la consulta, Illa ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull, que cuenta con los votos necesarios para ser investido -42 del PSC, 20 de ERC y 6 de En Común-, por lo que cabe esperar que éste convoque la próxima semana la correspondiente sesión de investidura. Hay un elemento que podría alterar esta previsión. Puigdemont ha afirmado que, si se celebraba semejante sesión, regresaría a España aún a riesgo de ser detenido. Este eventual suceso podría alterar el desarrollo de los acontecimientos, porque la posible detención de Puigdemont podría lleva a Rull a aplazar la sesión de investidura. Mi opinión personal es que esta situación no se va a producir, pues -pese a que seria una magnifica oportunidad para sabotear la elección de Illa- Puigdemont no tiene madera de mártir y es más que probable que prefiera verlas venir y aguardar a que se resuelva favorablemente la aplicación de la amnistía a su fugaz persona. Otra circunstancia que podría empañar el trabajoso éxito de Illa sería la eventual rebelión de las Juventudes de ERC, contrarias al apoyo al líder del PSC, que pretenden debatir internamente el sentido del voto de la diputada que los representa, Mar Besses, que ha expresado su oposición a la investidura de Illa. Tampoco creo que esta eventualidad se produzca, porque es mucho lo que está en juego para ERC. Lo que lo que está fuera de duda es que, si Illa consiguiera ser investido, se abriría un camino incierto para el mantenimiento del Gobierno de Sánchez, porque Puigdemont le retiraría el respaldo de los 7 diputados de JxC que permite su mantenimiento en el poder.
Un cambio de opinión más del PSOE sobre concesión de soberanía fiscal a Cataluña
El 15 de julio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmo que no estaba de acuerdo con la concesión de un concierto económico a Cataluña y el PSC tampoco. El profesor Juan Torres -coautor en su día del programa económico de Podemos- ha afirmado en su artículo “Política sin principios, políticas de impostura”, que hacía tan solo un par de semanas, la vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE rechazaba la posibilidad de que se estableciera algo parecido a un cupo para financiar a Cataluña, porque no tenía encaje ni en la Constitución ni en el Estatuto, pero eso ha sido justo lo que se ha acordado con ERC.
“¿Cómo es posible que ahora su partido -en el que es la segunda autoridad- o el Gobierno -del que es vicepresidenta- lo aceptan y a ella le dé igual? ¿Cómo puede ser igual 8 que 80 para una ministra de Hacienda? ¿Cómo puede ocurrir eso sin que tenga consecuencias de ningún tipo?”. Torres mencionaba asimismo que -para justificar su cambio de posición- Sánchez había alegado que, si Aznar transfería el 30% de IRPF a Cataluña era pacto de Estado, pero si lo hacía él, se rompía España. En ambas circunstancias había una falta de principios. En la primera, no se podía aceptar como algo bueno, lo que hacía 15 días se aseguraba que era malo. En la segunda, el presidente hacía trampa, porque lo que se planteaba era si la decisión -al margen de quien la tomara- era buena o mala. Que Aznar hubiera hecho daño a España no podía servir de justificación para que Sánchez tomara una medida semejante. Al PSOE le ha pasado exactamente igual que con la amnistía. No se podía decir que algo era negativo e inaceptable, y darlo por bueno al poco tiempo, porque interesara para obtener un beneficio. Esto equivalía a actuar sin principios, aceptar que alguien pueda hacer cualquier cosa o la contraria sin atender a que lo que se hacía pudiera tener una consecuencia u otra. Actuar afirmando que se luchaba por ideales, cuando se actuaba en virtud de cómo soplara el viento del interés propio en cada momento, era convertirse en un impostor, en una persona que se hace pasar por lo que no es. “Hacer política sin principios es una impostura que degrada la política y perjudica a toda la ciudadanía”.
Como ha observado Daniel Gascón en “El País”, el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Illa es una antología de premisas falsas y vaguedades que asume el marco mental del nacionalismo. El Gobierno ha asumido por completo el intolerable relato independentista: existencia de un reino de Cataluña, sustitución de la guerra de sucesión a la corona de España tras la muerte de Carlos II por una guerra de secesión entre Castilla y Cataluña, opresión de Cataluña tras la conquista de Barcelona por las tropas borbónicas en 1717, robo permanente de España a Cataluña y existencia de una considerable deuda histórica, origen del conflicto actual entre España y Cataluña en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto catalán, judicialización de la política y ”lawfare” contra los políticos nacionalistas con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del 1-O y la actuación de los jueces…
El razonamiento socialista está basado en una serie de falacias: 1) No son los territorios sino las personas los que pagan impuestos y, si los catalanes pagan más, es porque tienen más ingresos y no por residir en Cataluña; 2) Cataluña no está infra financiada, sino más bien al contrario, como demostraron Josep Borrell y Joan Llorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”, y además los criterios de distribución autonómica siempre fueros acordados entre el Gobierno y la Generalitat e impuestos luego a las demás Comunidades; 3) los privilegios concedidos a Cataluña no son un paso para la federalización del Estado autonómico, sino que conducen a un confederalismo asimétrico totalmente ajeno a la Constitución; 4) el Acuerdo es bueno para Cataluña, para el PSOE y para Sánchez, pero es pésimo para el resto de España; 5) gracias a la supuesta política de diálogo con el independentismo no se ha acabado el procès, ya que tanto ERC como JxC han manifestado sin pudor que la soberanía fiscal es el paso previo a la soberanía política y que “lo volverán a hacer”; 6) no se mantiene el principio constitucional de solidaridad interterritorial, porque, en un sistema de suma cero, los que una Comunidad gana -y es evidente que Cataluña ganará mucho- será en detrimento de las demás Comunidades del régimen común.
Con el estilo progubernamental propio de la casa, “El País” ha editorializado que con este pre-Acuerdo ha quedado clausurada la etapa de política de bloques que ha dividido durante una década a los catalanes que están a favor y en contra de la independencia. “El incremento gradualista del autogobierno, mediante el diálogo político y el pacto, se impone sobre el unilateralismo rupturista” (¿?). Y lo que ha sido decisivo es el método que lo define, “basado en el diálogo y en el consenso, en vez de la confrontación y la disrupción”. ¿Ha habido realmente algún tipo de diálogo con las fuerzas constitucionalistas? Como ha señalado con ironía Gascón en el mismo periódico, “tranquiliza que la cesión de las competencias se negocie con quienes malversaron fondos públicos para atacar el orden constitucional, y dicen que lo volverán a hacer”.
Opinión bien distinta -y que comparto- tiene “El Debate”, que ha mantenido que las concesiones de Sánchez vienen dando cauce a las reivindicaciones separatistas de Cataluña para convertirse en Estado independiente, a cambio de votos para que el traidor siga como presidente del Gobierno. Nunca en la Historia de España la manada de los que han venido inventando las patrañas de sus supuestas identidades nacionales han estado tan cerca de conseguirlas. España vive el momento más grave de su Historia contemporánea, por lo que hay que reclamar la unidad de la ingente mayoría españoles que quieren seguir siéndolo -porque para ellos España debe ser la patria común e indivisible de todos los españoles- con el fin de formar un bloque sólido y eficaz frente a los desmanes del impostor Sánchez y la locura indecente de sus socios separatistas. El Acuerdo es otro cambalache dañino similar al que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, comprando con prebendas el apoyo de los diputados. En este caso, el precio es -amén de legalizar el boicot al español para imponer artificialmente el catalán- hacer de Cataluña un paraíso fiscal perjudicial para el conjunto de España, porque supone romper la unidad de caja, fraccionar la Agencia Tributaria, acabar con la solidaridad entre territorios, hacer inviable el equilibrio regional y condenar al empobrecimiento a los territorios menos prósperos.
Como ha señalado el profesor vasco Ignacio Zubiri, no es concebible que los políticos que consideran que España les roba vayan a asumir todos los impuestos generados en Cataluña para seguir teniendo los mismos recursos que antes. Cataluña va a reducir su aportación al resto de España en muchos millardos de euros. El Acuerdo es muy perjudicial para los españoles que residan en otras Comunidades Autónomas de régimen común, quienes pagarán más impuestos y recibirán menos prestaciones. El Gobierno central puede tener problemas para financiar sus políticas públicas, incluido el pago de pensiones, por lo que el Acuerdo pone en riesgo el Estado de bienestar, acaba con la igualdad, limita la capacidad del Gobierno central para realizar políticas estabilizadoras, desmantela el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas, debilita el sistema fiscal español, aumenta el coste de gestión de las empresas, y facilita el fraude fiscal. El Gobierno además pacta bilateralmente con Cataluña cómo debe ser el régimen fiscal aplicable al resto de España.
ERC exigió como condición primordial para votar a favor de la investidura de Illa la concesión a la Generalitat de una soberanía fiscal total, lo que suponía la capacidad de cobrar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en Cataluña, la regulación de los mismos y la inspección, para lo que se concedía amplios poderes a la Agencia Tributaria catalana. El Gobierno reconoció la “singularidad” de Cataluña y la necesidad de concederle un tratamiento especial distinto a las demás Comunidades Autónomas de régimen común. Ofreció un concierto para que un organismo mixto compuesto por representantes del Gobierno central y de la Generalitat -algo previsto en el Estatuto- gestionara los impuestos cobrados en la región, pero Rovira lo consideró insuficiente y exigió la llave de la caja y la caja también, así como la plena capacidad de gestión de los impuestos. A cambio, se comprometía a contribuir con una cantidad a acordar -un cupo-en compensación por los servicios prestados por el Gobierno central -Asuntos Exteriores, Defensa, Comunicaciones y Transportes-, así como con otra suma para ayudar en la cohesión a las Comunidades menos desarrolladas. Los socialistas cruzaron sus líneas rojas ante el envite chantajista de ERC y fueron cediendo, unas tras otras, a todas sus exigencias.
A juicio de Torres, el Acuerdo modifica el sistema de financiación autonómica, la forma en que puede llevarse a cabo la política fiscal del Estado, y la posibilidad de que éste tenga en el futuro de llevar a cabo el resto de las políticas económicas y sociales, y afectará en general la marcha de la economía española en su conjunto y las condiciones de vida de todos los españoles, como contrapartida a que el candidato del PSC acceda a la presidencia de la Generalitat. El sistema que prevé el Acuerdo implicará menos ingresos para el Estado y un aumento de las desigualdades existentes entre sus territorios y sus poblaciones. Asimismo supondrá la sustitución del principio de solidaridad -a cada uno según sus necesidades y sus capacidades- por el de ordinalidad -dar más al que más aporte-. La fragmentación de los impuestos y de la Agencia Tributaría Estatal traerá como consecuencia mayor ineficiencia y menor eficacia, así como la disminución de su capacidad recaudatoria y redistributiva. Implicará, en la práctica, la conversión de España en un Estado cuasi confederal y la renuncia a los principios de solidaridad e igualdad supondrá un cambio radical de los principios inspiradores de las políticas económicas y sociales del Gobierno, y una mutación constitucional al margen de la Constitución. “Un Gobierno que revienta los principios de seguridad e igualdad, y destroza el cerebro, los pies y las manos del Estado central, impidiendo que éste lleve a cabo políticas de definición y ejecución común y de redistribución, es cualquier cosa menos un gobierno progresista. Tratar de gobernar a cualquier precio no es progreso, sino oportunismo y traición”.
El Acuerdo es impreciso y deja muchos puntos en el aire, sobre todo en la cuestión de la contribución catalana a la solidaridad. El cupo dependerá de los ingresos fiscales en Cataluña, por lo que será variable. Se prevé prestar ayuda a otras Comunidades que “hagan un esfuerzo similar” y no especifica quién tiene la competencia para decidir al respecto. La solidaridad está “limitada” al principio de ordinalidad, por lo que Cataluña, al aportar más, recibirá más. Es obvio que Cataluña contribuirá menos que ahora, porque, de no ser así, ¿para qué cambiar el régimen? La disminución del caudal contributario de la segunda economía del país -Madrid y Cataluña tienen el 40% del PIB español- provocará que disminuyan los servicios públicos y haya Comunidades de primera y de segunda clase. Según José María Lugo, con el Acuerdo se vulneraría la Constitución, que solo prevé sistemas financieros específicos para el País Vasco y Navarra. El Gobierno dice con la boca pequeña que tendrá en cuenta las singularidades de todas las Comunidades, pero, si solo se tuviera en cuenta de Cataluña, sería un privilegio inaceptable y si, se extendiera a otras Comunidades, se produciría una situación imposible, porque no puede haber España 17 regímenes fiscales específicos. El cambio que se pretende debería realizarse mediante una reforma de la Constitución, lo que no resulta viable.
La concesión de la soberanía fiscal a Cataluña y su exclusión de régimen común resultan inaceptable para la inmensa mayoría de las Comunidades, incluidas las dos sometidas a este régimen gobernadas por el PSOE, como Castilla/La Mancha y Asturias. Emiliano Garcia-Page no ha aceptado la obscena soberanía fiscal para Cataluña que nunca figuró en los programas electorales del PSOE, y Adrián Barbón rechazó el pacto por ser contrario a los intereses de Asturias. Otros lideres autonómicos socialistas han hecho declaraciones similares pero son meramente testimoniales y, a la hora de la verdad, todos se cuadrarán ante el “capo” a toque de corneta, incluido García Page, del que dice Mariano Gomá que es buen esgrimidor que ataca y retrocede, se lanza y vuelve atrás, con un estoque de plastilina como el de los mosqueteros cobardes. A la oposición de algunos sectores del PSOE se han unidos varios partidos miembros de Sumar, como Izquierda Unida, Compromís o la Chunta Aragonesa. Para poder aplicar el Acuerdo habría que modificar la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas y el PSOE y ERC no cuentan en el Congreso con la mayoría requerida. Pero -acostumbrados como están a violar las leyes- cuentan con un plan B: mantener la LOFCA en vigor, pero no aplicarla en Cataluña, para la que se adoptaría una ley ordinaria o un decreto-ley que no requieran mayoría absoluta.
Cataluña se ha beneficiado tradicionalmente del victimismo y se ha quejado de la opresión y el robo por parte del Gobierno español, cuando ha ocurrido justamente lo contrario. La industria textil catalana -base de su progreso industrial- se pudo desarrollar gracias al mantenimiento de unos elevados aranceles, costeados por los demás españoles, que no podían importar textiles extranjeros y tenían que pagar precios más elevados por unos textiles catalanes de inferior calidad. Ya va siendo hora de que cambiemos el lema de “Espanya ens roba”, por el más adecuado de “Cataluña nos roba”.
Inmigración ?Problema o soución?
INMIGRACIÓN: ?PROBLEMA O SOLUCIÓN?
Cerca de chalet en la playa de los Eucaliptus (delta del Ebro) en la que desde hace 50 años veraneo con la familia hay una pequeña residencia de menores no acompañados (MENA), que genera entre los veraneantes un cierto grado de desconfianza no justificado. El problema de la inmigración ha pasado a ser en la UE -y especialmente en España uno de los temas más discutidos y polémicos, tanto desde el punto de vista político como del económico y social. La gente, por lo general, solo se fija en los aspectos más negativos de la inmigración ilegal e incontrolada, que llega a Europa desde el Medio Oriente y de África, sobre todo mediante embarcaciones y cayucos fletados por organizaciones mafiosas, que provocan la muerte en el intento de numerosas personas y una situación difícil de soportar en los países receptores, como Grecia, Malta Italia o España, ya que la Unión Europea ha sido hasta ahora incapaz le encontrar una solución adecuada.
Se pasa por alto, sin embargo, que la mayoría de los países de la UE tienen una escasa tasa de natalidad y una población cada vez más avejentada, que no permite su renovación biológica. Si se quiere mantener el nivel poblacional y sobre todo la existencia de personas jóvenes que trabajen y contribuyan al sostenimiento del sistema de pensiones, no habrá más remedio que recurrir a la inmigración. De ahí que ésta pueda hacer tanto un peligro para la estabilidad de un Estado si se descontrola, como la solución a un problema de disminución de la población, si se controla adecuadamente.
Regulación internacional de la inmigración
La situación es sumamente compleja y se encuentra muy politizada. Para empezar, hay que reconocer la existencia de tipos bien distintos de emigrantes -los refugiados, los protegidos y los emigrantes económicos- que algunos pretenden tratar de igual manera pese a estas diferencias. A ello contribuyó la declaración adoptada en 2016 en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, por la que los Estados asumían el compromiso a proteger los derechos humanos de todos los emigrantes, cualquiera que fuera su situación. Esta inclusión de todos los emigrantes en un ”totum revolutum”, perjudica a los más vulnerables, que son los refugiados y los protegidos.
1.-Refugiados
Si situación ha sido regulada por la Convención de Ginebra de 1951. Por refugiados entiende aquellas personas que -debido a fundados temores a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual- se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan, o no quieran acogerse a la protección de tal país, o que
-careciendo de nacionalidad hallándose fuera del país donde antes hubieran tenido su residencia habitual- no puedan o no quieran regresar a él. El Estado al que arriben los refugiados no podrá devolverlos al estado de donde procedan o expulsarlos A terceros países donde peligre su vida o su libertad.
Este compromiso de carácter negativo se complementa con otro positivo, cuál es el de conceder el asilo o la residencia temporal a los refugiados que lo soliciten. Por el Acuerdo de Schengen de 1985, los Estados miembros de la UE signatarios se comprometieron a examinar las demandas de asilo presentadas En cualquier país de la Unión. Según el Convenio de Dublín de 1990, las solicitudes deberían presentarse en la frontera del primer Estado comunitario al que llegara el refugiado, con independencia del país en el que aspirara a residir. Este Convenio ha resultado especialmente perjudicial para los países de llegada. Existen dentro de la UE tres categorías de Estados: a) Los países receptores de emigrantes -Grecia, Italia, Marta, España-; b) los destinatarios del asilo -Alemania, Francia, países nórdicos-; c) el resto, que se desentiende del problema al no afectarles directamente, pese a ser un problema comunitario ya que las fronteras de los Estados receptores son las fronteras exteriores de la Unión. Especial actitud insolidaria anotado los países miembros del ”Grupo de Visegrad -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia-.
En 2015 se produjo una masiva estampida hacia Europa de sirios, afganos y y ciudadanos de otros países de Medio Oriente, tras los conflictos bélicos producidos en sus respectivos países, que se desplazaron especialmente a Grecia, a través de Turquía
y, en menor medida, a Italia. Ante esta grave situación, el Gobierno griego solicitó ayuda a la UE y -aunque ésta carecía de competencia en la materia y al que correspondía a los Estados miembros- la Comisión Europea adoptó un Plan para la redistribución entre los distintos países miembros de 160.000 refugiados en Grecia y en Italia. La reacción no puedo ser más insolidaria, pues la mayoría de los Estados -con la excepción de Alemania y de Francia- se negaron a recibir a los refugiados que les habían sido asignados , especialmente los del “Grupo de Visegrad” y Austria, que se negaron incluso a aceptar a refugiados musulmanes.
Ante el fracaso del Plan la UE firmó -a instancias de Angela Merkel- un vergonzante Plan de Acción Conjunta por el que -a cambio de la entrega de €3,000 millones- se pondría término a las migraciones irregulares desde Turquía a la UE de acuerdo con el Derecho Internacional, dentro del respeto del principio de no devolución evitando cualquier tipo de expulsión colectiva (¿?). Grecia tramitaría las solicitudes de asilo y a los que se les negara serían devuelto a territorio turco. El efecto del Plan fue inmediato y milagroso, pues la presencia de refugiados sirios en Grecia se redujo en un 64%, pasando de 200.000 a 20.000. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que era lícita la devolución de refugiados a “países seguros”. La cuestión es si la Turquía de Erdogan puede ser considerada uno de tales países. Ante las dificultades surgidas en Turquía, las mafias transportistas establecieron una nueva vía de penetración en la UE desde Libia hacia Italia, con lo que ésta sustituyó a Grecia como punto de llegada de refugiados ilegales, especialmente a través de la isla de Lampedusa.
Ante este fiasco, ocho años después, en 2023, la Comisión Europea adoptó un nuevo Pacto Migratorio mucho más modesto con el fin sellar las fronteras exteriores europeas y distribuir de forma equitativa a solo 29.500 refugiados entre los Estados miembros de la UE. Se trataba de un solidaridad “a la carta”. El vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, lo describió como una casa de tres plantas: a) la primera estaba centrada en las relaciones con terceros países, con los que se trataba de llegar a acuerdos para que controlaran el tráfico de refugiados irregulares y facilitarán su devolución; b) la segunda consistía en un mayor control de las fronteras propias y endurecer las condiciones de acceso y concesión de asilo, retrasando el registro de solicitantes, instaurando procedimientos de asilo de segunda categoría y ampliando el tiempo de detención en la frontera; c) en la tercera se trataba de distribuir las responsabilidades de los Estados miembros, abandonando el reparto obligatorio de refugiados entre los mismos. Los Gobiernos que se nieguen a aceptar refugiados deberán pagar una multa de €20.000 por solicitante de asilo rechazado, mientras que los que los acepten recibirán subvenciones de la Comisión. Pese al reducido alcance de este acuerdo, no fue aceptado por Polonia ni Hungría, y Viktor Orban afirmó que sus países habían sido “legalmente violados”.
2.-Protegidos internacionales
Aunque la UE carecía de competencias en materia de migraciones, el Consejo adoptó la directiva 2004/83, por la que se establecían normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitaran otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida. En ella se afirmaba que la adopción de una política común de asilo era uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, buscaran legítimamente protección en la Comunidad. En su reunión de Tempere, el Consejo estimó que las normas relativas al Estatuto de refugiados debían completarse con medidas o reformas subsidiarias de protección, que ofrecieran un Estatuto apropiado a cualquier persona necesitada de la misma. Portal se entiende bueno extranjeros o apátridas que -sin reunir los requisitos para obtener asilo o ser considerados como refugiados- se enfrenten a un riesgo real de sufrir daños en caso de regresar a sus países de origen, tales como muerte, torturas, tratamiento degradante o amenazas graves contra la vida o la integridad física, motivada por una violencia indiscriminada en situaciones de conflictos nacionales o internacionales.
Podrán proporcionar protección internacional no solo los Estados sino también los partidos y las organizaciones -incluidas las organizaciones internacionales-, que controlen una región a una zona de cierta magnitud dentro del territorio de un Estado. Asimismo, la Comunidad podrá adoptar medidas de protección de acuerdo con el principio de subsidiariedad y de conformidad con el principio desproporcionalidad, de forma que no exceda de lo necesario para alcanzar los objetivos requeridos. El Estatuto de los protegidos internacionales se asimila al de los refugiados.
3.-Emigrantes económicos
Los emigrantes económicos son personas que abandonan sus países de origen para mejorar sus condiciones de vida. Es un objetivo muy loable y todas las personas tienen derecho a emigrar, pero no tienen derecho a ser forzosamente admitidos por un determinado Estado. Los Estados son soberanos y tienen derecho a negarse a recibir en su territorio a los inmigrantes en general -sobre todo si han accedido al país de forma ilegal- o acondicionar acceso al cumplimiento de determinados requisitos. A diferencia de los refugiados y de los protegidos, los emigrantes económicos no gozan de ningún Estatuto especial. Pese a ello la propia ONU y numerosas ONG aspiran darles un estatuto similar, lo que carece de cualquier fundamento jurídico.
La inmensa mayoría de los emigrantes entran dentro de este capítulo. Ante las dificultades para entrar legalmente en los países de destino; tratan de conseguirlo por medios ilegales, para lo que recurren a las mafias que se dedican al tráfico de personas, pagando importantes sumas de dinero y poniendo en riesgo sus vidas en el intento. Los buenistas estiman que, una vez que estos emigrantes han conseguido entrar en un país -aunque sea ilegalmente incluso mediante el recurso de la violencia-, adquieren el derecho a permanecer en ese territorio y no se les puede expulsar como si de un refugiado o de una persona internacionalmente protegida se tratara. Semejante postura carece de fundamento legal, porque -según un principio general- de la injusticia no pueden hacer ningún derecho, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 2020 sobre el asalto de la valla fronteriza de Melilla por parte de unos inmigrantes ilegales. El Tribunal ha avalado el derecho de las autoridades españolas de devolver “en caliente” a territorio marroquí a los migrantes que la habían asaltaron con violencia, porque ellos mismos se pusieron en una situación de ilegalidad para acceder a lugares no autorizados y recurriendo al uso de la fuerza.
Ímprobos esfuerzos de Sãnchez para controlar los últimos resquicios del poder judicial que aun no domina
ÍMIPROBOS ESFUERZOS DE SÁNCHEZ PARA CONTROLAR LOS ÚLTIMOS RESQUICIOS DEL PODER JUDICIAL QUE AUN NO DOMINA
Tras controlar la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía del Gobierno, Pedro Sánchez trata de controlar el último vestigio del Poder Judicial que aún le queda por domeñar, el Tribunal Supremo (TS) y, para ello, trata de servirse del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Control del Tribunal Supremo
Ha costado 5 años la renovación del CGPJ y el partido ha terminado en tablas, al dividirse el Consejo en partes iguales entre 10 vocales progresistas y 10 conservadores. De aquí la importancia para el Gobierno de la designación del presidente del mismo, que es a la par presidente del TS, porque tendrá el voto de calidad. Pese a haberlo intentado desde que entró en funciones el 25 de julio, el flamante Consejo no ha conseguido reunir los 12 votos necesarios para su elección, y no parece que lo vaya a conseguir antes del 5 de septiembre, fecha de la inauguración del Año Judicial. Por presión del Gobierno, el grupo progresista ha mantenido que la presidenta debe ser una mujer y apoyado, a estos efectos, a la magistrada del TS Pilar Teso, quien -aunque tenga prestigio profesional- se considera que está demasiado influida por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y el grupo conservador no puede aceptar que las presidencias de los dos máximos órganos judiciales recaigan sobre dos personas afines al Gobierno de un presidente que pretende controlar el Poder Judicial en su integridad. Como alternativa, el grupo progresista ha apoyado a Ana Ferrer, quién -aunque en un principio no estaba en la órbita del Gobierno- últimamente ha hecho méritos sobrados para acercarse a él. Así, en las últimas sentencias, ha roto el consenso de los miembros del TS. Especialmente notoria ha sido su discrepancia con la mayoría de la Sala Segunda de lo Penal sobre la no concesión de la amnistía a Carles Puigdemont, al mantener que no aplicársela por el delito de malversación superaba “todos los diques de la lógica”, y asumir los argumentos de los partidos separatistas y de los magistrados progresistas del TC. Precisamente Puigdemont -prófugo de la justicia que se ha burlado de forma permanente de los tribunales españoles- ha acusado ante el CGPJ al magistrado instructor Pablo Llarena de una supuesta dilación maliciosa en la resolución de los recursos que ha presentado contra la decisión judicial que le negó la amnistía.
El grupo conservador se ha mostrado dispuesto a nombrar presidente a un prestigioso magistrado de talante progresista como Pablo Lucas, que tiene un “currículum vitae” impecable. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, fue elegido en 2001 magistrado del TS, y actualmente ejerce el control previo sobre las actuaciones del CNI, pero ha sido vetado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por ser demasiado independiente y no dejarse influir por las presiones del Gobierno.
El control del CGPJ es decisivo para que el Gobierno pueda influir en el TS, que hasta ahora no ha sido propicio a condonar sus arbitrariedades, y ha conseguido mantener en pie el Estado de Derecho. A causa de la insólita decisión del Gobierno de impedir que el Consejo en funciones pudiera realizar nombramientos, hay actualmente 123 puestos vacantes en la cúpula judicial. Si el Gobierno llegara a controlar el CGPJ, se repetiría lo ocurrido en la Fiscalía General del Estado durante los mandatos de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz, durante los cuales la práctica totalidad de los puestos de alta dirección ha sido ocupada por miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pese a ser una asociación profesional minoritaria.
Investigación judicial a la “famiglia” Sánchez
Según el profesor José Torné-Dombidau, desde el primer día que accedió a la presidencia del Gobierno, Sánchez ha tratado de someter a los jueces a sus dictados y a dominar el Poder Judicial. Él no es un justiciable más, sino que se considera acreedor a un tratamiento privilegiado para él y su esposa, y para su partido y sus conmilitones, cómo solicita un fiscal general reconvertido en defensor de sus posiciones personales.
1.-Begoña Gómez:
La esposa del presidente, pese a carecer de una licenciatura oficial, fue nombrada profesora de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora de un máster sobre Transformación Social Competitiva. Una empresa de Carlos Barrabé -que financió esa cátedra- consiguió subvenciones del Estado de 7.7 y de 4.4 millones, pese a haber ofertas inferiores de otras compañías. Gómez firmó sendas cartas en las que apoyaba la petición de las subvenciones y se comprometió a colaborar en la ejecución de los contratos. Recibía a Barrabé en la Moncloa y en alguna de esas reuniones participó Sánchez. También convocó en la residencia presidencial al rector de la UCM, Joaquín Goyache, al que pidió que le creara una cátedra “ad hoc” y la nombrara codirectora de la misma. Gómez centró sus actividades en la captación de fondos y en la estrategia para obtener los que concedía el Gobierno que presidía su marido. Acompañó a su esposo en varios viajes oficiales a África y tuvo agenda propia. Son datos contrastados y no bulos, que no han sido puestos en cuestión por los interesados.
Por todo ello, el sindicato Manos Limpias presentó una querella contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, al estimar que se había aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno. La demanda fue admitida a trámite por el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, quien inició la instrucción del caso y citó a Gómez para que declarara en calidad de investigada. La Fiscalía de Madrid pidió directamente a la Audiencia Provincial que archivara el caso, pero ésta dio luz verde a Peinado para que continuara con la investigación, al señalar que la pretensión del Ministerio Fiscal “era inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad”. La denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente para ofrecer su influencia personal de recomendación en la concesión de sustanciosos contratos de adjudicación pública.
Gómez también visitó a los directivos de Indra, Telefónica -empresas ambas participadas por el Estado- y Google, a las que pidió que crearan una plataforma de “software” de aplicación informática para su máster en la UCM a coste cero. Éstos accedieron y elaboraron un Proyecto de Transformación Social Competitiva-Plataforma de Impacto Social, que permitiera a las PYME conocer de forma ágil y sencilla su grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se trataba de un proyecto altruista para una entidad sin ánimo de lucros y las empresas, invirtieron “desinteresadamente” unos €150.000, pero -cuando estaba concluido el 75% del proyecto- se dieron cuenta de que podía producirse un conflicto de intereses y cortaron la financiación. La UCM financió los €62.500 restantes mediante una adjudicación a Deloitte Consultant. Sin consultar con la Universidad -propietaria del proyecto- Gómez lo registró en la Oficina de Patentes y Marcas a nombre Transforma TSC S.L., empresa de la que es propietaria y cuya sede social radica en el domicilio particular de la pareja presidencial, sin que apareciera mención alguna de su propietaria, la UCM.
La Asociación “Hazte Oír” presentó otra querella contra Gómez por la apropiación indebida de la plataforma de la UCM, que fue asimismo admitida a trámite por el juzgado número 41. La Universidad pidió explicaciones a la emprendedora, que no las ha dado y se ha ha negado a colaborar, por lo que solicitó al juez Peinado que investigara si habían existido conductas no ajustadas a derecho y se había producido la apropiación indebida de un bien de su propiedad, en cuyo caso pedía incorporarse al proceso en concepto de perjudicada. La defensa de Gómez recurrió la decisión del juez y la Audiencia Provincial aplazó su decisión hasta el 30 de septiembre debido al periodo vacacional, pero la recurrente pretendió que se pronunciara antes de dicha fecha. Al mismo tiempo, presentó una querella contra Peinado, por revelar secretos y adoptar decisiones manifiestamente injustas y arbitrarias, que le causaban indefensión.
2.-Pedro Sánchez
Aunque no tanto como su cónyuge, Pedro Sánchez también se encuentra involucrado en la investigación de ésta, ya que votó a favor de la concesión a Globalia de unos €795 millones, pese a que Gómez había celebrado reuniones de negocios con el CEO de la empresa, Javier Hidalgo. El PP denunció el caso ante la Oficina de Conflictos de Intereses -que depende del Ministerio para la Transformación Digital-, que archivó la denuncia por improcedente, ya que la esposa del presidente no había tenido relación laboral o profesional alguna que implicaran el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración de Air Europa, por lo que Sánchez no tenía obligación de abstenerse en la votación en el Consejo de Ministros. En su lastimera Epístola a los Adefesios, Sánchez no dio explicación alguna sobre la conducta de su esposa y se limitó a decir que se había judicializado el asunto al presentarse una demanda contra ella en un juzgado de Madrid. Afirmó que los intereses derechistas y ultraderechistas esparcían fango para tapar sus escándalos de corrupción y habían traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno. Para entonces, ya sabía que su consorte había sido citada a declarar como investigada.
Pintado citó a Sánchez como testigo en su calidad de esposo de la investigada y éste -con su habitual prepotencia- le escribió una carta para exigirle que pudiera declarar por escrito, dada su condición de presidente del Gobierno. Pintado dictó un auto en el que manifestaba que no lo había citado en su condición de tal, sino de marido de la interesada, y que, por tanto, se trasladaría a la Moncloa para tomarle declaración en una sesión en la que también participarían los abogados de las partes personadas en el caso -Manos Limpias, Hazte Oír y Vox-. Así se hizo y Sánchez se acogió a su derecho a no declarar en contra de su mujer. Según Pintado el silencio de Sánchez implica inferencias que pueden llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios. Como editorializó “El Mundo”, era lógico que el juez tratará de averiguar el impacto de la influencia de calidad del presidente y de la utilización del mayor centro del poder del país para hacer negocios. Sánchez debería haber recibido con normalidad democrática una citación que le ofrecía la oportunidad de dar explicaciones, pero, en cambio, se enfureció ante semejante ofensa a su persona, y los miembros del Gobierno se lanzaron en tromba contra el juez, y el “caso Begoña” se convirtió en el “caso Pintado”. Según declaró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se trataba de una causa política cuyo único objetivo era atacar al presidente y a su familia, y erosionar a un Gobierno progresista. Siguiendo el talante de su alma gemela -Puigdemont-, Sánchez presentó una querella por prevaricación contra Pintado, a través de la Abogacía del Estado, pese a tratarse de una cuestión personal.
3.-David Sánchez
Para cerrar el triángulo familiar, hay que mencionar al volandero hermano del presidente, David Sánchez a) David Azagra, el Bach de Badajoz. Tras pasar varios años en Rusia, Azagra -que es músico de profesión y fue director artístico del Teatro Mijailovsky de San Petersburgo- regresó a España en 2017 y, 11 días después de que su hermano Pedro recuperara la secretaría general del PSOE, fue nombrado a dedo por el presidente socialista de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, Coordinador de Actividades de Conservatorios, un puesto innecesario creado a su medida, dado que solo hay dos Conservatorios en la provincia que no necesitan ser coordinados. Apenas si puso los pies en su puesto de trabajo -por el que percibe €53.890 anuales- y, por no tener, no tenía ni despacho. No obstante, fue promovido al cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
En 2020, Azagra pidió un año de excedencia y se instaló Bangkok, donde conoció a su pareja japonesa, Kaori Matsumoto, funcionaria de la ONU, con la que tuvo una hija. Pedro Sánchez es un gran amante de la familia -sobre todo cuando es la suya- y no solo facilitó trabajo a su hermano, sino también a su cuñada. Así, tras donar unos milloncejos a la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo, consiguió que ésta creara una sub-Oficina en Madrid con el fin de luchar contra el terrorismo que persigue objetivos vulnerables en Mauritania y, por casualidad, la jefatura de esta entidad ha sido encomendada a la Sra Matsumoto, que podrá seguir desde los Madriles los avatares de la batalla contra el terrorismo en este país africano.
Lo primero que hizo Azagra al regresar en 2022 a su puesto pacense “in absentia” fue solicitar un permiso de 16 semanas por paternidad. Acto seguido pasó a trabajar como autónomo para la diputación de Badajoz y se pudo instalar en Elvas, al otro lado de la raya con Portugal, desde donde puede teletrabajar y pagar menos impuestos (¿?). Y además, por sus muchos méritos y su laboriosidad- aparte de apellidarse Sánchez, ha sido nombrado asesor del Teatro Real de Madrid.
Por todas estas marrullerías, Azagra fue demandado por “Manos Limpias”, que lo ha acusado de delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales, y la demanda ha sido admitida a trámite por la titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que ha imputado asimismo a Gallardo. En unos años, David Sánchez ha incrementado de forma considerable su patrimonio, que excede de los dos millones de euros, con pisos en Madrid, San Petersburgo y Elvas, y sin pagar impuesto alguno entre 2021 y 2023. La instructora ha pedido información a la Agencia Tributaria sobre si el interesado había cumplido con sus obligaciones fiscales, y ha recibido un informe -sin encabezamiento, ni firma- por el que se le exoneraba de cualquier irregularidad. El Gobierno ha acudido solícito a cubrir las espaldas del hermanísimo, y la portavoz Alegría ha calificado de falsa la denuncia, que carece de fundamento jurídico y trata de desacreditar al presidente Sánchez a través de su familia.
Descrédito total de la Fiscalía General del Gobierno y de su titular
Uno de los alfiles fundamentales del Gobierno de Pedro Sánchez, el fiscal general del Gobierno -otrora del Estado-, Álvaro García Ortiz, anda por sus momentos más bajos en la historia de la Fiscalía General y está completamente desprestigiado. Jurista mediocre, ha hecho carreras gracias a su oportunismo, sus trapicheos en la UPF y su sumisión total al Gobierno del PSOE. Ignora por completo el artículo 124 de la Constitución, que establece que el Ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los tribunales, y ejerce sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. La independencia de García Ortiz y del entramado de la Fiscalía General es cero y su entrega al Gobierno absoluta.
Ha sido considerado por el CGPJ inidóneo para ejercer el cargo y desautorizado en varias ocasiones por el TS, que ha anulado los nombramientos de protectora Dolores Delgado como fiscal de Sala y como fiscal-jefe de la Sección militar y de la de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y calificado su actuación de “desviación de poder”. García Ortiz rechazó la petición de la Mesa del Senado de que el Consejo Fiscal informara sobre la Ley de Amnistía y ni siquiera comunicó la petición al Consejo, que había elaborado un informe bastante crítico. Muchos miembros del Consejo censuraron la actitud del fiscal general, que ni se molestó en contestarles. Se ha enfrentado a menudo con las tesis de la mayoría de los fiscales, como en los casos de los nombramientos de Delgado, de la Ley de Amnistía o de la imputación de Puigdemont por terrorismo, y se ha apoyado en la cúpula de la Fiscalía integrada pon miembros de la UPF. Ha sido denunciado ante el TS por la Asociación Profesional de Fiscales y ha tenido el cuajo de recusar, en un hecho sin precedentes, a cuatro magistrados de la Sala, que ha considerado su petición de “manifiestamente extemporánea”.
García Ortiz ha multiplicado sus irregularidades y sus decisiones favorables a los intereses del Gobierno, en contra de la opinión mayoritaria de los fiscales, pero ha tensado en excesivo la cuerda con el llamado “caso del novio de Ayuso”, en el que la violación del deber de secreto en la instrucción del caso, lo dejado a las puertas de su imputación por el TS. La Agencia Tributaria abrió un expediente por fraude fiscal a Alberto González, y su abogado negoció una posible transacción asumiendo su parte de culpa. García Ortiz ordenó al fiscal del caso, Joaquín Salto, que le enviara todos los correos y grabaciones relativos al caso, y éste envió la información solicitada a través de su jefa, Pilar Rodríguez. El gabinete de la Fiscalía General elaboró un comunicado en que se hacían públicos unos datos que eran confidenciales y García Ortiz ordenó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que lo enviara a los medios de comunicación, a lo que ésta se negó, por lo que aquél asumió la responsabilidad del ilegal envío, y comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la competencia para investigar la actuación correspondía al TS, dada su condición de aforado. Tras la querella presentada por González y por el Colegio de Abogados de Madrid por revelación de secretos, están siendo investigados los fiscales Salto y Rodríguez, y el instructor del caso, Francisco José Goyena, ha elevado al TS una exposición razonada contra García Ortiz, para que el Tribunal continúe la instrucción si lo considerara apropiado, pese a la petición de la Fiscalía de que se sobreseyera el procedimiento.
Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía
Sin embargo, el principal problema que se cierne sobre Sánchez es el de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que ya ha entrado en vigor, pero que el TS se ha negado a aplicar a Puigdemont y a otros políticos catalanes por no cubrir el supuesto de malversación. El alto Tribunal ha dado un paso más al haber promovido la Sala Segunda de lo Penal una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la citada Ley, por considerar que vulnera el derecho a la igualdad entre españoles, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad, así como el de exclusividad jurisdiccional, proclamados en la Constitución. La Sala ha considerado que la norma “repugna al Derecho Constitucional y a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que clásicamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática […] Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión”. Resulta curioso que el TS califique por primera vez al “procès” de “golpe de Estado”. “Los golpistas amnistiados no es que mantengan -como tienen derecho a hacerlo- la ideología que les trajo hasta aquí. No es que no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España por haber intentado alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático. Es que afirman -en lo que ya es un eslogan- que lo volverán a hacer”.
La cuestión pasará al TC, donde Conde-Pumpido y su panda gubernamental la aguardan con el hacha afilada para machacar los innumerables argumentos que prueban que la Ley es anticonstitucional, injusta e inmoral. Ya han venido preparando el camino liberador con sentencias tan increíbles como las de la revisión de las sentencias del TS en el caso de los ERE andaluces, en el que el TC ha marcado con fuego su inexistente superioridad sobre el TS en cuestiones que no son en absoluto de su competencia.
Es probable, sin embargo, que antes de la previsible sentencia del TC, se dicte la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que goza de prioridad sobre aquél, tanto en la forma como en el fondo. El Tribunal de Cuentas no va a aplicar la amnistía a los principales líderes del “procès” por entender que desviaron fondos para finalidades prohibidas por la ley, y perjudicaron con ello los intereses financieros de la UE, y ha presentado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Es también harto probable, que algún tribunal o juez, que tenga dudas a la hora de aplicar la amnistía a los políticos condenados, planteen una cuestión similar. Las espadas judiciales siguen, pues, en alto.
Concluyo este artículo con las reflexiones de Torné-Dombidau de que, cuando el presidente de un Gobierno mantiene una difícil y tensa relación con el Poder Judicial, palidece del Estado de Derecho, se degradan el sistema democrático y el debido equilibrio y respeto entre los poderes del Estado en que consiste la democracia, y desaparecen, enturbiándose y dislocándose, las relaciones institucionales. El control judicial de los actos de Gobierno constituye el último y más importante valladar contra el abuso del ejercicio del poder.
Playa de Amposta, 25 de agosto de 2024
El asqalto de la rana de Puigdemont: de Godot a Houdini
ELSALTO DE LA RANA DE PUIGDEMONT: DE GODOT A HOUDINI
Los independentistas esperaban desde hace siete años el advenimiento del Godot de Waterloo. Los Vladimir y los Estragon catalanes de Simon Beckett habían recibido el mensaje del Cupido de Carles Puigdemont, Jordi Turull, de que Godot no vendría hoy, pero mañana seguro que sí. Ese añorado mañana se materializó el 8 de agosto, cuando el mesías se apareció a sus fieles rodeado de sus querubines y serafines y les dijo: “Pueblo amado, ahora me veis, pero luego no me veréis, hasta que vuelva para gritar “!Visca Catalunya lliure!”. Tras dirigir su balsámica palabra a los escasos congregados para testimoniar los jueves milagro de Luis García Berlanga, pasó de Godot a Houdini, superándolo en sus dotes de transformismo, y despareció. Según los más prosaicos, tras la tocata del mitin, inició la fuga en un vehículo blanco, escoltado por dos mossos de esquadra en función de angelotes en un cuadro sobre la Ascensión diseñado por Salvador Dalí. Según los más románticos, Godot ascendió a los cielos en un globo aerostático como el que se eleva a diario en el cielo de París con motivo de los Juegos Olímpicos, para regresar a su casona belga. Semejante “performance” no la superarían Houdini, ni David Copperfield. Tras quedar sus fieles mirando al cielo, se les apareció otro angelical mensajero, Gonzalo Boye, quien les alentó para que dejaran de mirar al cielo y marcharan en procesión hacia el Parlament, escoltando la imagen del ausente, para anunciar la buena nueva de su regreso en el momento oportuno.
Como en Cataluña están prohibidas las corridas de toros, el diestro Puigdemont nos ha ofrecido una “carlotada”, una carrera de bous hacia los cielos. Había sido resucitado por la desinteresada generosidad de Pedro Sánchez, cuando se hallaba al borde de la eutanasia política, gracias a la concesión de una amnistía personalizada, plasmada en un engendro de ley parida en comandita por Boye, Turull, Félix Bolaños y Santos Cerdán, que está tan mal redactada que ha dejado a su beneficiado con las posaderas al aire, por culpa de la malversación, el terrorismo y la alta traición. Es todo tan esperpéntico que -como ha comentado Díaz Ayuso-, si le decían que Puigdemont estaba durmiendo en La Moncloa, se lo creería. No ha llegado a tanto el sacrificio de Sánchez y su invitado ha preferido pernoctar en Waterloo, y mañana será otro día.
Aparición de Puigdemont
Pese a que JxC quedó en segundo lugar en las elecciones autonómicas del 12-M, con siete escaños menos que el PSC, Puigdemont decidió presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, para lo que exigió al PSC que se abstuviera. Anunció que, en cuanto se convocará la sesión de investidura regresaría a España para participar en ella, aún a riesgo de ser detenido. Una vez convocado el Pleno para el 8 de agosto, envió un mensaje comunicando que iniciaba su viaje hacia Barcelona. No se sabe ni cuándo, ni cómo llegó a la ciudad condal. Ante esta incógnita, los que veraneamos en el delta del Ebro -un lugar propicio para la entrada de todo tipo de contrabandos- mirábamos por las esquinas para ver si aparecía el ex-Honorable, pero fue en vano. Según ha revelado Turull, el día 6 ya cenaron juntos en Barcelona.
A las 8.55 horas del día 8, llegó Puigdemont al Arco del Triunfo, escoltado por el presidente del Parlament, Josep, Rull, Turull y Boye. Allí fue acogido por unas 3.000 personas, incluidos todos los diputados de JxC, y representantes de otros partidos independentistas. A las 9, Puigdemont pronunció un sermón entrecortado y lastimero, que entraba dentro de que Albert Boadella habría calificado de “discurso del bufón”:
“Hace siete años que nos vienen persiguiendo. Después de esta represión, ejercieron su presión en el exilio. Ha sido la vida perseguida de miles de personas por el hecho de ser independentistas. También han convertido el hecho de ser catalán en algo sospechoso. La represión ha hecho estragos y esto continuará hasta que no se pare la politización de la justicia. Mientras que el PP controlaba el Tribunal Supremo por la puerta de atrás, ahora Vox ejerce una acusación particular para perseguirnos. A pesar de que nos han querido hacer mucho daño, hemos venido para recordarles que todavía estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar. El derecho de la autodeterminación pertenece a los pueblos y nadie desde la política tiene derecho a renunciar al derecho del pueblo de Cataluña a decidir libremente su futuro. Hoy muchos piensan que van a celebrar que me van a detener y que este escarnio nos va a disuadir, pero se equivocan. En su error van a encontrarse con la debilidad de la democracia española. No nos vamos a dejar confundir. No es un delito hacer un referéndum, ni obedecer el mandato del Parlamento. Dos millones de personas votaron hace años respondiendo a las preguntas del Govern que yo presidía y, de esa victoria, surgió una represión feroz que interfirió en nuestras instituciones y en nuestras vidas. La Ley de Amnistía debería servir para devolver a la política a los que nunca deberían haberla abandonado. Un país en el que hay una amnistía que no se cumple tiene un problema de naturaleza democrática. En estos días difíciles, tenemos que estar listos para las nuevas oportunidades que se nos presentan. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero -pase lo que pase- espero que, cuando nos volvamos a ver las caras, podamos gritar juntos ¡Visca Catalunya lliure!”.
El séquito de Puigdemont había dado a entender que éste se uniría al cortejo de diputados de JxC que se dirigía hacia el cercano edificio del Parlament, pero tal no fue el caso, ya que desapareció por la parte de atrás del escenario. acompañado por Boye, Turull y dos escoltas, subió a un Honda blanco propiedad de un mosso-, que se hallaba por casualidad aparcado junto al “lugar de autos”, pese al férreo blindaje ejercido por unos 601 agentes-, y se largó tranquilamente, porque el mando operativo creía que marcharía con sus colegas hacia el Parlamento. Cuando se dieron cuenta de la huida, se inició la persecución del coche fugitivo, al que perdieron de vista cuando el semáforo se puso en verde (¿?). Podría tratarse de un historieta de Gila o de un chiste del humor negro de Eugenio, pero era la triste realidad. El consejero del Interior, Joan Ignasi Elena, justificó el fiasco, alegando que el Operativo no había previsto un comportamiento impropio de alguien que había sido la máxima autoridad del país. A bou pasado, se montó una aparatosa e infructuosa “operación jaula”, en la que los mossos verificaban con celo los maleteros de los vehículos que circulaban por Barcelona para ver si contenían algún polizón -lo que produjo enormes atascos en la capital-, mientras el ex- Molt Honorable seguía su camino hacia la frontera. Turull manifestó que su jefe había cambiado sus planes de acudir al Parlamento cuando vio la agresividad del operativo policial. En el sur de Francia, se apeó del vehículo y Puigdemont continuó el viaje hacia -en palabras de Boye- la casa donde tenía su lugar de trabajo, que, por lo oído, no es el Parlament. Hogar, dulce hogar. Desde Waterloo, cargó duramente contra los mandos de los mossos, de los que dijo que debería caérsele la cara de vergüenza.
Según Roberto Muñoz, Puigdemont esperaba entrar en Barcelona en olor de multitudes y llegar al Parlament como presidente legítimo, pero se encontró con un exiguo grupo de unas 3.000 personas, lo que demostraba que bien poca gente le seguía. Por eso, tras un ridículo discurso, no ha tenido más remedio que irse. Pensaba en una entrega heroica ante decenas de miles de personas y no en una detención discreta en una callejuela de Barcelona. Ha mostrado que es un cobarde y ha huido como un fracasado.
En su artículo en “El Confidencial” sobre “Anatomía de un escándalo: un delincuente, dos desobedientes y tres cómplices”, Pablo Pombo ha señalado que un espectáculo de este calibre no se podía improvisar y requería una planificación y coordinación previa, a través de la participación o inhibición sincronizada de tres autoridades: El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Tras esta maniobra de distracción, se ocultaba un ejercicio cuidadosamente pactado entre un delincuente, dos Gobiernos desobedientes y tres instituciones interesadas en que nadie perdiera y todos ganaran. El PSC accedía a la presidencia de la Generalitat, ERC se mantenía en las cercanías del poder y Puigdemont cumplía por una vez su palabra y tenía sus horas de gloria, y todo ello retransmitido en directo a todo el país. En su artículo “La segunda fuga de Puigdemont: Un cohecho de libro”, Ignacio Varela ha afirmado que la tocata y fuga de Puigdemont solo fue posible con la complicidad de los Gobiernos de España, de Cataluña y de Barcelona. Se trató de un nuevo contubernio Yo permito que se haga la investidura de vuestro candidato, a cambio de que vosotros me permitáis que monte un número propagandístico y me burle de todo el mundo en vuestra casa. Solo con este tipo de concesiones podrá Sánchez seguir contando con los siete votos de JxC en el Congreso, aunque sea de forma discontinua y mediante chantajes sucesivos. Los tres Gobiernos se conchavaron para que Puigdemont pudiera ejercer sus dotes de ilusionista en una ceremonia en la que las únicas víctimas han sido la Justicia, la inmensa mayoría de los españoles y la reputación internacional de España. Para Rafael Arenas, que un prófugo de la justicia hiciera un discurso en el centro de Barcelona, acompañado por la segunda autoridad de la Comunidad, en un lugar que se conocía de antemano y en el que se montó un escenario con la autorización del Ayuntamiento, mostraba la escasa voluntad de las autoridades en colaborar con la Justicia y el estado de rebeldía institucional que domina Cataluña desde 2012.
“El País”, como la inmensa mayoría de los medios de comunicación, ha sido extremadamente crítico con la irresponsable conducta de Puigdemont. Máriam Martínez- Bascuñana ha señalado que el mundo independentista ha pasado del autoengaño al delirio. Se trataba del simulacro en el que un prófugo decía que volvía sin volver, y los mossos decían que lo buscaban, aunque quizás no. “¿Cómo afrontará la estupefacta ciudadanía la creíble (o increíble) explicación de que una persona perseguida por tierra, mar y aire haya conseguido burlar los dispositivos policiales de la alegremente llamada operación jaula? ¿Qué nueva dimensión de la posverdad se nos abre?”. Mostraba la mezquindad de un líder que milita en el heroísmo de los pusilánimes y persevera peligrosamente el afán de arrinconar la política en el letal entretenimiento o en la carne de meme. Para Xavier Vidal-Folch, el final de la leyenda de Puigdemont no es tan favorable, pese a los sucintos oropeles recibidos bajo el Arco del Triunfo, pues ha dilapidado el capital que haya podido acumular durante su exilio. “Al aparecer y evaporarse en minutos, quizás quiso desligarse de sus promesas. No es así. Las incumple. Había jurado volver para asistir a la investidura como palanca electoral para recuperar el cetro de la Generalitat y, y ha perdido al no entrar en el Parlament como aseguraba. Tampoco anuncia que abandone la política, tal que prometió si el presidente acaba siendo otro”. La unidad independentista que procuró para recuperar el poder ha quedado del todo desarticulada. “Al dirigir su última procesión contra un pacto de sus antiguos mayordomos republicanos con los sempiternos rivales socialistas, el propio Cid de Waterloo sepulta con siete llaves el féretro del procès”. Para “El Mundo”, lo ocurrido es incompatible con una democracia . Puigdemont ha humillado al Estado con la connivencia de los que debían protegerlo.
Mi opinión personal sigue la línea enunciada en “El Confidencial y en “El Mundo”. Se ha tratado de un paripé pactado entre el fugitivo y los poderes que rigen España, Cataluña y Barcelona. El Gobierno de Sánchez, se ha puesto de perfil, eludido cualquier responsabilidad y echado toda la culpa a los mossos, que no sé si estaban al tanto de la chapuza. Es bien conocido que se trata de la fuerza policial más cara e ineficaz de la península, una policía de diseño con sombrero de copa y jefes políticos nacionalistas poco profesionales, pero resulta injusto tomarlos como única cabeza de turco. El principal responsable es el Gobierno central, tanto por acción -pacto con Puigedemont-, como por omisión -inacción de las fuerzas de seguridad responsables del control de las fronteras, y del CNI, que ha dejado de preocuparse de los avatares de un delincuente peligroso, que trata de repetir el fallido golpe de Estado del 1-O-.
La astracanada ha provocado el desprestigio de España como un país serio, pero también ha empañado la imagen del protagonista de la farsa, que había regresado a Cataluña como un nuevo Tarradellas, diciendo “Ya soch aquí”. Aparte de que se parezca al prestigioso estadista catalán como un huevo a una castaña, -ya que ha hecho justo lo contrario a lo qué hizo aquél-, ha olvidado su consejo de que lo último que podía hacer un político era el ridículo, y él lo ha hecho con creces. “El País” lo ha calificado de “principal agitador populista huido y desacreditado”, y uno de sus columnistas, Jordi Amat, ha afirmado que ”la incursión de diez minutos, sin mucho sentido, acabó siendo un final de temporada picaresco, bufo y caricaturesco”. Creo que es el canto del cisne de Puigdemont como líder moral y político del independentismo catalán, pero se da la paradoja de que, cuanto él y JxC menos pintan en Cataluña, más decisivos son en Madrid, porque los votos de sus siete diputados en el Congreso condicionan la supervivencia del Gobierno de Sánchez.
Investidura de Salvador Illa
Según José Antonio Zarzalejos, la segunda fuga de Puigdemont y la investidura de Illa son episodios dolorosamente conectados, al responder a una lógica trabajada, igual a la que respondieron los pactos de la investidura de Sánchez, idéntica a la que explicaba la amnistía, y similar a la del acuerdo entre el PSOE/PSC y ERC sobre la financiación singular de Cataluña. El elemento decisivo y más controvertido ha sido el Acuerdo con los republicanos para otorgar a Cataluña un concierto fiscal similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra, que hasta hace bien poco había sido rechazado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no ser conforme con la Constitución ni con el Estatuto. Para conseguir los seis votos que le faltaban para alcanzar la mayoría, el PSC ha tenido también que hacer a En Común otra serie de concesiones de menor cuantía, pero no por ello carentes de relevancia, sobre todo en materia de vivienda y urbanismo: construcción de 55.000 pisos protegidos, limitación del alquiler temporal, fijación de un tope a los alquileres, aumento de las sanciones, elaboración de un impuesto contra la especulación inmobiliaria, paralización del cuarto cinturón en Barcelona y de la ampliación del aeropuerto del Prat, o compromiso de no facilitar macro-proyectos como el de Hard Rock.
Para Arenas, al haber tenido que aceptar las maximalistas exigencias de ERC, Illa ha presentado un programa abiertamente nacionalista. El procès ha provocado que las instituciones constitucionales de Cataluña se hayan alejado de la lealtad constitucional, del cumplimiento de la legalidad y del respeto a los principios democráticos básicos, y ha pretendido establecer la estructura de una nación que haga posible la creación de un Estado. Le faltaban, sin embargo, dos elementos claves: la Justicia y la Hacienda. Este último elemento es el que se trata de conseguir con la financiación singular de Cataluña. Está por ver si el acuerdo alcanzado con ERC se convierte en realidad, pues requiere unas mayorías que quizá no puedan conseguir.
“El PSC ha asumido el programa de ERC y pasa a ser un partido nacionalista más”.
Illa hizo en su discurso de investidura toda clase de guiños al independentismo desde una pretendida y falsa neutralidad institucional. Así, expresó su voluntad de trabajar por el restablecimiento de la totalidad de los derechos políticos de todos los ciudadanos catalanes y de aplicar la vigente Ley de Amnistía. “Desde el respeto a la separación de poderes y al Poder Judicial, reclamó respeto a la esfera de decisión del poder legislativo, que ha demostrado de forma clara, explícita e inequívoca su voluntad de normalización plena a Cataluña. Pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de esta Ley”. Habló de los cambios medioambientales y tecnológicos, se preguntó cómo afectaban a Cataluña como Nación y contestó que “Cataluña, por geografía, por tradición, por los valores que la caracterizan -que nos hacen ser lo que somos-, forma parte de un Estado plurinacional, que es España, y de un espacio publico compartido con 400 millones que es la Unión Europea”. Afirmó su voluntad de “ser y de convivir con nuestra lengua catalana y con nuestra cultura como columna vertebral de nuestra nación, una nación abierta, total y diversa que se implica en la construcción de una España plurinacional y una Europa federal”.
Se refirió a las acuerdos alcanzados con ERC y con En Común, que pivotaban sobre el pacto de financiación y la política de vivienda, y aseguró que los cumpliría en su integridad. “El nuevo modelo de financiación singular es un paso adelante sustancial y necesario para nuestro autogobierno, que no pone en riesgo el principio de solidaridad, sino que, por el contrario, lo reconoce”. Señaló que Cataluña necesitaba una etapa de consensos y de puertas abiertas hacia adentro y hacia fuera, para resolver sin prejuicios los conflictos políticos mal resueltos entre Cataluña y el Estado español, para lo cual era importante la Convención Nacional que se establecería para solucionarlos. Se mostró dispuesto a colaborar con todas las fuerzas parlamentarias salvo con los extremistas de derecha -Vox- y de izquierda -Alianza Catalana-. Tras alabar la gestión del Gobierno de Pere Aragonés -que no ha podido ser más desastrosa- y decir que seguiría su trayectoria, añadió que quería gobernar para todos los catalanes. Illa incurrió en una “contraditio in terminis”. Si va a seguir con las política identitarias de ERC, aplicar la amnistía en contra de la opinión del TS, perseguir al castellano en la escuela y en la Administración, e implantar un régimen fiscal privilegiado para Cataluña en detrimento del resto de las Comunidades Autónomas de régimen común, será metafísicamente imposible que gobierne para todos los catalanes y al menos un 50% de ellos seguirá siendo sometido a un régimen de discriminación.
Sociedad Civil Catalana ha condenado las inaceptables concesiones del PSOE/PSC a ERC y la asunción por parte del socialismo de postulados nacionalistas excluyentes, que conllevan la renuncia de los principios de igualdad y solidaridad de todos los españoles, y malogran la oportunidad única -tras la derrota en las urnas del independentismo- de incorporar a Cataluña a la senda de la convivencia, del bilingüismo y de la neutralidad institucional. El discurso de Illa ha puesto de manifiesto su disposición a asumir como propio el paquete identitario causante de la decadencia política, económica y social de Cataluña. Dado que algunos de los compromisos adquiridos -ajenos a la Constitución y a los valores de sus propios votantes- son de imposible cumplimiento, anticipa una legislatura altamente inestable, agravada por la guerra sin cuartel entre los independentistas. Constataba la voladura de todas las líneas rojas para obtener el poder y una práctica iliberal contra la que eran beligerantes. La jornada pudo ser histórica para la causa constitucionalista en Cataluña, pero lamentablemente estamos ante un cambio de ciclo, porque el precio pagado al nacionalismo es inasumible para cualquier demócrata que respete el marco jurídico del derecho. SCC continuará fomentando la convivencia entre catalanes, y de entre éstos y el resto de los españoles, y la defensa de los derechos civiles. “Es nuestro deber contribuir en la ardua tarea de erradicar las prácticas que nos han convertido en una anomalía democrática en la UE. La intervención de Illa y los hechos que le preceden -como el apoyo a la Ley de Amnistía y el compromiso de imponer el catalán en todos los ámbitos- son todo lo contrario a un buen comienzo”.
Según “El País”, es difícil negar el valor que tiene el relevo en la presidencia de la Generalitat, desde ahora en manos de un partido no secesionista, y la conformación de una mayoría de izquierdas y catalanista, liderada por un político conciliador, democrático y moderado. Es cierto que, en el plano personal, Illa es muy distinto a Sánchez, pues es una persona más humana, pero, en el plano político, ambos son almas gemelas, que supeditan todo a la obtención del poder y a su mantenimiento como sea. Para el portavoz mediático del Gobierno, ya podemos dar por cerrado el ciclo del proceso, pero -en opinión de Jesús Cacho- este prodigio es obra de un PSOE que cierra su centenaria y nefasta hoja de servicios a España dando a Cataluña lo que la tropa de burgueses trincones no consiguieron darle: el práctico reconocimiento de sus privilegios - independencia o “mesa aparte"-. Con ERC y la extrema izquierda de los Comunes de lazarillos y con Puigdemont definitivamente huido, Sánchez abrirá el arca de la abuela y seguirá haciendo regalos pá tó Dios, con cargo a la deuda pública y a los impuestos de los españoles, con lo que espera enterrar en billetes las protestas de los ultras de siempre
Para Marta Díez Castellnou, el procès no se ha acabado, sino que se ha transformado y está engordando. Los independentistas no buscan ya la declaración unilateral de independencia y propugnan una relación bilateral con el Estado, mientras esperan cosechar un referéndum, que Illa lubricará con la docilidad mostrada. Puigdemont ha reconocido que, con el cambio de Gobierno se ha abierto una nueva fase en el el proceso, que continúa sin embargo y solo acabará con la independencia. A juicio de Arenas, la fase final del proceso ha comenzado de forma espectacular.
Durante el debate, Josep Maria Jouvé advirtió que a ERC no le temblaría el pulso pare decir basta si el PSC no cumplía lo acordado, y Jéssica Albiach que En Común haría oposición cuando no estuviera de acuerdo en algún punto. Albert Batet (JxC) descalificó a Illa y comentó que ya no haría falta aplicar el artículo 155, porque su guardián ocupaba el Palau de la Generalitat. Alejandro Fernández acusó a Illa y a Sánchez de haber resucitado a Puigdemont y reiniciado una nueva etapa del procès, en el que trataban de imponer de “facto" un modelo confederal sin reformar la Constitución. Las políticas instauradas por el independentismo seguirán su curso bajo la amable careta de un supuesto constitucionalista. La situación recuerda -salvando las distancias- a lo ocurrido en el País Vasco y en Navarra, es los que -tras la derrota del separatismo- el PSOE ha asumido los principios básicos del independentismo.
El TC consagra la justicia bolivariana
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSAGRA LA JUSTICIA BOLIVARIANA
El fraude de los ERE ha sido la mayor estafa de fondos públicos que se ha producido en la España democrática, y fue realizado -según el auto de procesamiento del consejero de Empleo, Antonio Fernández, dictado en 2010 por la juez instructora del caso, Mercedes Alaya- mediante la creación por la Junta de Andalucía de un incontrolado “Fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de fondos públicos, y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”.
La Junta hizo cuanto pudo para obstaculizar la actuación de la justicia. Se personó en el caso, no para acusar a Fernández y demás imputados, sino para defenderlos, y realizó una campaña de acoso y derribo contra la instructora, que fue apartada del caso. Su sucesora, María Núñez -en connivencia con el consejero de Justicia, Emilio de Llera- deshizo parte de la instrucción, troceó el caso en 270 mini-causas, archivo algunas de ellas, permitió que otras prescribieran, negó la realización de pruebas y ralentizó la investigación, por lo que fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el CGPJ. Se nombró un juez de apoyo y se pudo cerrar el caso principal. La Audiencia Provincial de Sevilla sentenció que la Junta había instaurado un sistema para burlar los controles de la Administración autonómica a fin de repartir a su antojo ayudas por valor de €679.432.180 a trabajadores y empresas, infringiendo los procedimientos de control establecidos, para lo que se basaron el Acuerdo marco concluido en 2001 entre el consejero de Empleo y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que no recibió el preceptivo informe de los servicios jurídicos y nunca fue publicado. Esto permitió crear de un Fondo con el que se financiaban las ayudas sociolaborales concedidas al margen de la ley. Fueron condenados 20 de los 18 altos cargos imputados -incluidos los presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y varios consejeros por los delitos de prevaricación y de malversación. La prevaricación radicaba en aprobar anteproyectos de ley que incluían las partidas para las subvenciones mediante transferencias de financiación, un instrumento expresamente prohibido para este tipo de ayudas. Si hacía falta más dinero, se aprobaban modificaciones presupuestarias para abonar ayudas que habían sido concedidas de forma ilegal. El Gobierno andaluz llevaba cada año su norma prevaricadora al Parlamento para que fuera condonada por medio de la Ley de Presupuestos.
Los encausados recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS), quien confirmó la sentencia de la Audiencia -con el voto particular de dos magistradas- y los condenó a todos por prevaricación y a Griñán y a los Consejeros de Empleo, de Economía y Hacienda, y de Innovación por malversación. Los condenados pidieron amparo antes el Tribunal Constitucional (TC), quien -a partir del 19 de junio en que exoneró parcialmente de prevaricación a la exconsejera Magdalena Álvarez hasta hoyque ha amparado al exconsejero de presidencia, Germán Zarrías- ha ido anulando las sentencias de los condenados por los delitos de prevaricación y de malversación so pretexto de que los Tribunales no habían respetado el principio de legalidad penal y la presunción de inocencia, y ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales vulneradod. La ponente de todas las sentencias, la progresista Inmaculada Montalbán, dio un paso más al afirmar que -como los dos delitos estaban tan íntimamente conectados-, si desaparecía uno, debería lógicamente desaparecer el otro. En consecuencia, el siguiente paso fue exonerar de malversación a la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y a los demás condenados, salvo a los responsables de la Consejería de Empleo, que -por mucho que se estrujara el bulbo raquídeo- le resultaba sumamente difícil de blanquear. Solo le ha faltado, pasarle a la Audiencia una minuta con el texto de las sentencias que ésta debería dictar.
Incumplimiento de las normas de la LOPJ sobre abstenciones y recusaciones
Cinco de los siete magistrados que han votado a favor del amparo podrían haber incurrido en los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en lo relativo a las causas de la abstención y, en su caso, recusación de los magistrados de un Tribunal. No solo no las han aplicado, sino que han impedido que otros magistrados lo hagan, como ocurrió con su sentencia de 2023 sobre la constitucionalidad de la Ley de 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La magistrada Concepción Espejel decidió abstenerse por haber expresado su opinión sobre la Ley cuando era miembro del CGPJ y, por esas razones, varios diputados del PP que habían presentado el recurso solicitaron la recusación del presidente del TC, Camilo Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y la citada Montalbán. Sorprendentemente, la mayoría progresista del Tribunal denegó la abstención de Espejel y la recusación de los otros tres magistrados, y esta injustificada situación se ha vuelto a producir en el caso de los recursos de amparo presentados ante el TC por los condenados en el caso de los ERE.
Según el artículo 219 de la LOPJ, son causas de abstención o recusación de los magistrados de un Tribunal tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes (p° 9), haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto la causa en anterior instancia (p° 11), haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales se haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de la causa (p° 13), o haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual se haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad (p° 16). Pues bien, nada menos que cinco de los magistrados de la mayoría incurrían en todos o en algunos de los supuestos de incompatibilidad mencionados.
El presidente del TC, Conde, fue Fiscal General del Estado y se pronunció en numerosas ocasiones sobre cuestiones relacionadas con los ERE. La ponente Montalbán -como miembro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- participó en 22 sentencias relacionadas con las ayudas sociolaborales pagadas con cargo al “Fondo de Reptiles”. Recibió además en dos ocasiones el premio Meridina otorgado por la Junta y recibió en 2012 la medalla de oro de Andalucía de las manos de Griñán. Campo fue director general de Relaciones con la Administración Justicia, secretario de Estado de Justicia, secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía, y ministro de Justicia. En diversas ocasiones manifestó que en el caso de los ERE no hubo menoscabo de fondos públicos y expresó su perplejidad por los procesamientos de Chaves y de Griñán. En su calidad de miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, María Luisa Balaguer fue ponente de 28 dictámenes relacionados con los ERE. Como magistrada del TS, María Luisa Segoviano intervino en sendas resoluciones relacionados con los ERE en los casos de Nexpron y SOS Cuétara. ¿No había motivos sobrados para que estos magistrados se abstuvieran o aceptaran su fundada recusación?
Intromisión intolerable del TC en las competencias exclusivas del TS
Como ha observado el profesor Andrés Betancor en su artículo “Indultos, amnistía, ERE”, el TC -que no es un órgano jurisdiccional, sino político, aunque en ocasiones ejerza funciones jurisdiccionales- ha sentado un grave precedente de alteración del orden constitucional, al convertir al TC en una tercera instancia judicial. La Constitución ha establecido que solo los tribunales integrantes del Poder Judicial ejercen en exclusiva la función jurisdiccional, lo que comprende en particular interpretar y aplicar las normas del Código Penal, y son los únicos que orgánica y funcionalmente están capacitados y legitimados para hacerlo. La función de garantía que compete al TC se limita con relación a las resoluciones judiciales a los casos extremos en los que escandalosamente se infrinjan los principios constitucionales. El garante de la Constitución tiene que respetar las resoluciones judiciales, cuando no excedan el ámbito de lo razonable y solo podrá anularlas cuando sobrepasen dicho ámbito. “No se puede confundir amparar con revisar, proteger con corregir la sentencia de los tribunales, para establecer otra interpretación y aplicación de la ley penal”. La exclusión de ciertos actos del poder ejecutivo o legislativo del control judicial de los organismos jurisdiccionales ordinarios realizada por el TC ha supuesto un exceso jurisdiccional y sobrepasado la función constitucional que tiene asignada, y ha alterado el orden constitucional al crear un ámbito de impunidad penal para los políticos.
A juicio del, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía, Joaquín, Yust, cuando un juez necesitaba de consultar sobre qué se entendía por “resolución arbitraria en asunto administrativo” -mencionada en el artículo 404 del Código Penal para definir la prevaricación-, acudía a la jurisprudencia del TS, pero, a partir de ahora -según pretende el TC- habrá que acudir a la jurisprudencia de este Tribunal, que prevalece frente a la del TS, lo cual sería claramente inconstitucional. Siguiendo la doctrina constructivista de Balaguer, Conde y sus colegas progresistas pretenden reformar la Constitución por la puerta trasera, para otorgar al TC la condición de órgano de apelación y de casación que pueda decidir sobre la aceptación o rechazo de las sentencias del TS. Con ello, está cometiendo una flagrante desviación de poder, y el uso y abuso de unas competencias de las que carece. El TC de Conde ha adoptado la tesis de Luigi Pirandello en su obra “Así es, sí así os parece”. Estima que el TC es superior al TS y, desde ese perspectivismo orteguiano, trata de imponer sus fantasías como si fueran la realidad, con el respaldo incondicional del autocrático Sánchez.
Según el profesor Nicolás González-Cuéllar, la reciente intromisión continuada del TC en el espacio competencial del TS parece inspirada por un ansia compulsiva de Conde de anular las resoluciones dictadas por la Sala Segunda de lo Penal presidida por Manuel Marchena, cuando posean relevancia política, como en los casos de Alberto Rodríguez, Arnaldo Otegui o los altos cargos condenados por los ERE. Ello exige reflexionar sobre la forma de salvaguardar la posición constitucional del TS como máximo órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, y al que incumbe pronunciar la última palabra sobre la legalidad ordinaria. El TC pretende tener esa última palabra, no solo en cuestiones que afecten a la garantía de los derechos fundamentales, sino también en los asuntos judiciales ordinarios de la exclusiva competencia de los tribunales y del TS. La situación actual es de especial gravedad. Desde una perspectiva objetiva, resulta significativo que la intromisión reiterada acontezca en casos que afectan a políticos del PSOE o de partidos que apoyan al Gobierno. Desde un punto de vista subjetivo, cabe constatar que las sentencias del TC se adoptan por un Tribunal fragmentado -además de incompleto- con implacable reiteración del resultado de 7 a 4 en las votaciones, gracias a una mayoría conformada por magistrado bajo sospecha de falta de imparcialidad.
En su intento de dominar al TS -el último reducto del Poder Judicial que escapa a su control-, Sánchez nombró presidente del TC a su antiguo fiscal general y ha trufado el Tribunal de exministros y altos cargos de su Administración, que siguen ciegamente sus órdenes. Conde se ha prestado con entusiasmo a ser el ejecutor de los sueños húmedos del presidente del Gobierno y, bajo su férreo látigo, los magistrados supuestamente progresistas atienden disciplinadamente a la voz de su amo y votan sistemáticament en bloque a favor de cualquier sentencia que favorezca al Gobierno. ¡Ay Conde-Pumpido, quién te ha visto y quién te ve!, porque no siempre fuiste así.
En su época de fiscal general del Estado, Conde dictó la Instrucción 5/2005, en la que ordenaba a los fiscales que ignoraran las enmiendas a la jurisprudencia de la Sala de lo Penal realizada por el TC, porque “habrá de darse el máximo rango a la necesidad de preservar la seguridad jurídica”. En el “Caso Urbanor” (2008), Conde dijo que discrepaba total y absolutamente de la sentencia, porque “daba la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva y desprotegía los perjudicados”. Se rasgó las vestiduras porque se absolvió a personas que se habían quedado con el dinero de una estafa, pero ahora ampara a los responsables de un fraude de €700 millones.
En unas Jornadas Conmemorativas del XXV Aniversario de la Constitución (2003), Conde sostuvo que la invocación del principio de legalidad penal para corregir la jurisprudencia del TS había dado lugar a un fenómeno contraproducente, con base en sofisticaciones conceptuales. En su artículo “Justicia penal y jurisprudencia constitucional”, argumentó que el mantenimiento de la configuración originaria del recurso de amparo carecía de sentido, una vez que la semilla de la jurisprudencia emanada del TC había germinado y echado raíces en la justicia penal, y se preguntaba sobre la delimitación de los ámbitos competenciales entre los dos altos Tribunales, dado que no se podía confiar en el autocontrol del TC, que tenía propensión a invadir las competencias del TS. Pero lo más significativo fue cuando -siendo magistrado de la Sala de lo Penal del TS- se abstuvo en 2014 en la votación sobre los recursos de Chaves y demás compañeros mártires, porque, -según manifestó entonces- el haber ejercido la función de fiscal general del Estado aconsejaba “la abstención en esta fase jurisdiccional para garantizar la más absoluta imparcialidad del tribunal”. ¿Por qué se abstuvo en 2014 y no lo ha hecho en 2024? ¿Acaso ahora no es necesario garantizar la absoluta imparcialidad del TC? ¿Por qué no lo ha hecho? La razón es sencilla. Conde -que es un buen jurista- ha optado por poner todo el peso de su prestigio profesional al servicio incondicional del Gobierno. Ha trocado su toga ensuciada por el polvo y el fango del camino, por el mandil de doméstico al servicio de su amo y, en consecuencia, está dispuesto a cometer cualquier vileza para complacerlo.
A finales de diciembre de 2023, Conde publicó en “El Mundo” el artículo “Nuestra Constitución y su Tribunal”, en el que afirmaba que la Constitución era un marco que limitaba la libertad de los legisladores, cuyas leyes debían siempre respetar los derechos y los principios jurídicos en ella consagrados, así como la distribución funcional y territorial de los poderes públicos, y que el TC había mantenido las atribuciones que la Constitución otorgaba a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, evitando las interferencias recíprocas. Señalaba que los tribunales del Poder Judicial protegían de forma impecable los derechos de los españoles y que los tribunales de apelación y otras vías de recurso, con el TS al frente, corregían los ocasionales errores que se podían producir. “El recurso de amparo no ofrece una tercera o cuarta instancia para obtener la tutela efectiva de los derechos, pues esa labor corresponde de lleno a los tribunales del Poder Judicial, limitándose -el TC- a pronunciarse sobre aquellos temas que tengan especial trascendencia constitucional”. No parece que Conde sea muy consecuente con las ideas expresadas en dicho artículo, como prueban las decisiones adoptadas, que permiten al TC corregir las sentencias de los tribunales ordinarios y del TS, entrando a examinar el fondo del asunto, replanteando los hechos dados por probados, y reevaluando las pruebas en cuestiones que no son de transcendencia constitucional, con lo que se ha erigido en una “tercera o cuarta instancia” de apelación contra las resoluciones sobre materias que corresponden en exclusiva a los tribunales del Poder Judicial.
La tesis mantenida por el TC supone una impugnación completa de la verdad judicial de los ERE, que ha sido suscrita por una quincena de jueces: 3 instructores, 5 magistrados de Audiencia y 7 miembros del TS. Todos ellos dictaron supuestamente resoluciones o sentencias “fake”, al condenar a políticos socialistas por la comisión de delitos de prevaricación, incluidas las dos magistradas que negaron que Griñán hubiera cometido un delito de malversación. De ahí se deduce que estos jueces, o bien -en el mejor de los casos- eran unos ignorantes e incompetentes, o bien prevaricaron al dictar resoluciones injustas -artículo 446 del Código Penal-, por las que han incurrido en responsabilidad penal, civil y administrativa. Según el TC, cientos de millones de euros de fondos públicos han desaparecido de las arcas de la Junta de Andalucía- de los que ésta solo ha recuperados 27 millones-, por culpa, no ya de unos pocos golfos -como decía Chaves-, sino de una panda de jueces prevaricadores. El TC podrá fantasear al no dar importancia a la mayor estafa que se ha realizado en la España democrática y decir que “aquí no ha pasado nada y pelillos al Guadalquivir”, pero los hechos son tozudos y no pueden ser borrados con el quitamanchas del TC, que podrá dejarlos sin pena pero será imposible que los disuelva o diluya. Como decía Pío Baroja, en la mentira hay muchos matices, pero en la verdad no existe ninguno.
Según Carlos Mármol en su artículo “La amnistía cervantina de los ERE”, las sentencias sobre este caso han sido el ejemplo más alto de corrupción que vieron los siglos pasados y verán los venideros en Andalucía. Del ejemplo cervantino se desprende que hacer merced no equivale a hacer justicia. La decisión del TC es una gran merced, pero no es un acto cabal de justicia. No en vano Don Miguel ubicó el patio de Monipodio a la vera de la Giralda, si bien los Rinconetes y Cortadillos de entonces eran unos pardillos, comparados con algunos miembros del PSOE andaluz. Los condenados por prevaricación y malversación, eran sin embargo, santos inocentes víctimas de una conspiración de la derecha judicial, política y mediática. Los dirigentes del PSOE-A se han crecido con el blanqueamiento del TC y hablan de “cacería política del PP”. Como ha dicho su secretario general, Juan Espadas, “no es lo mismo la crítica política que la cacería, máxime cuando hablamos de personas víctimas de una sentencia injusta”. Chávez ha afirmado exultante que el caso ERE fue un burdo ¿También lo fue la volatilización €680 millones. Habrá que destronar a las santas patronas de Sevilla, Justa y Rufina, y sustituirlas por los nuevos santos laicos, Chaves y Griñán.
Al manipular el TC y convertirlo en una institución para casar los fallos del TS gracias a los ardides de Conde, Sánchez ha logrado su sueño de igualar la justicia española con la de países bolivarianos, como Venezuela, Cuba o Nicaragua y, si Álvaro García Ortiz es homologable con el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, Conde ha llegado al nivel de la presidenta del Tribunal Supremo de este país, Caryslia Rodríguez.
El TC ha ordenado retrotraer las actuaciones a la fecha en la que dictó su sentencia la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que fuerza a dictar nuevas sentencias. ¿Qué ocurriría si la Audiencia volviera a condenar a los encausados por los delitos de prevaricación y de malversación, aunque rebajara sus penas? ¿Podrían los condenados recurrir de nuevo en amparo ante el TC? ¿Podría éste volver a anular dichas sentencias? ¿Tendría el TS algo que decir al respecto? Se produciría un choque frontal entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, y no veo que exista una instancia arbitral que pudiera resolver el conflicto ¿Tendría el TC la última palabra? No parece lógico porque no se puede ser juez y parte en una controversia jurídica. Para mí, la Constitución ofrece una solución al afirmar de forma taxativa que el TS “es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”. El problema radica en que añade la coletilla de “salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. ¿Quién es competente para determinar el alcance de las “garantías constitucionales”? ¿Comprenden éstas la interpretación por parte de un órgano político como el TC de las normas del Código Penal? Yo creo que no, pero las irresponsables sentencias de este Tribunal en el caso de los ERE han planteado un gravísimo problema jurídico difícil de resolver.
Lo peor es que -cómo ha observado Betancor- el TC nos está señalando el contenido de sus futuras resoluciones frente a los eventuales recursos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. “Si se ha revisado, en el caso de los ERE , la interpretación del TS sobre el delito de prevaricación (y de malversación) ¿cómo no lo va a hacer en relación con el de malversación al resolver sobre la aplicación del beneficio de la amnistía?”. Según ha añadido con ironía Leyre Iglesias, si el procès no tuvo lugar porque penalmente ha sido borrado ¿cómo van a haber existido los ERE? Dos años más y el BOE y/o el TC decretarán que los GAL no pegaron tiros y que FILESA era una marca de cuchillos. Los libros escolares andaluces informarán de que la judicialización de los ERE fue una operación contra el socialismo pobre y bueno, diseñada por la derecha adinerada y satánica para alcanzar “contra natura” el poder en Andalucía.
Los magistrados de la minoría han criticado severamente la sentencia en sus votos particulares. Así, César Tolosa ha afirmado que desbasta los límites de la jurisdicción constitucional al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del TS como máximo intérprete de la ley, y ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España, y rectificar el criterio del TS en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica. Para Enrique Arnaldo, la sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho y convierte al TC en una nueva instancia revisora que revalora a su libre arbitrio las pruebas practicadas por los jueces de instancia. Según Ricardo Enríquez, el TC ha actuado como un Tribunal de instancia, lo que carece de justificación alguna en la jurisdicción constitucional de amparo.
Madrid, 18 de Julio de 2024
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