REACCIÓN DE ESPAÑA ANTE LOS ABUSOS DE SIRIA
El pasado 6 de Marzo, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, hizo unas declaraciones un tanto confusas en las que señaló que, para mostrar su disgusto por las salvajes matanzas cometidas por el régimen sirio, España iba a suspender la actividad de su Embajada en Damasco, con vistas a su cierre definitivo.
La dinastía al-Asad
Hafez al-Asad ha sido uno de los mayores tiranos del Medio Oriente. General de las Fuerzas Aéreas, participó en 1963 en el golpe de estado que estableció en Siria un gobierno del partido panárabe Baaz. Ya como Ministro de Defensa, realizó en 1970 su propio golpe de estado y se proclamó Presidente de Siria. Estableció un régimen dictatorial con el apoyo de la minoría alauita –una secta cercana al chiísmo, que supone el 15% de la población siria- e impuso un sistema sectario en detrimento de la mayoría sunita. Enemigo declarado de Saddam Hussein –con el que compitió por el liderazgo del Baaz- se alineó en contra de Irak en su conflicto con Irán. En la Guerra del Golfo de 1991 se puso del lado políticamente correcto y se convirtió en fiel aliado de Occidente, por lo que se le perdonaron las barbaridades que hizo como la masacre de Hama –donde asesinó a unos 8.000 civiles sirios- o la ocupación del Líbano. Estableció una monarquía republicana y, al morir en el año 2000, cedió el trono a su hijo Bashar.
Bashar al-Asad era un oftalmólogo educado y residente en Gran Bretaña, que no había tenido actividades políticas. Su nombramiento alentó las esperanzas de que se produjera la democratización del régimen, pero sus tímidos intentos liberalizadores se toparon con la oposición del establishment del Baaz y del Ejército sirio. Bashar no ha podido, o no ha querido, llevar a cabo las necesarias reformas, y ha seguido la política de su progenitor, como se ha mostrado con su reacción a las demandas de la oposición bombardeando Homs o Idlib, o asesinando indiscriminadamente a civiles.
Siria se ha librado de la condena del Consejo de Seguridad de la ONU por que Rusia y China vetaron en dos ocasiones sus resoluciones. Tan sólo se consiguió que la Asamblea General pasara el 16 de Febrero una resolución en la que condenaba las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del Gobierno sirio y le pedía el inicio del plan de transición política elaborado por la Liga Árabe. Con el respaldo de Rusia, China e Irán, Bashar ha hecho oídos sordos a estos llamamientos y continuado con su política de aniquilación de la población civil y de violación de sus derechos.
¿Suspensión de actividades o cierre de la Embajada?
Tras las declaraciones de García-Margallo, un comunicado del MAEC anunció la suspensión definitiva de la actividad de la Embajada de España en Damasco, “poniendo de este modo fin a la labor de su representación en aquella capital”. Dos diplomáticos españoles permanecerán en Damasco, integrados en la Delegación de la UE en Siria, para proteger a los ciudadanos españoles residentes en el país. Con estas imprecisas declaraciones, no se sabe bien cuál es la situación. ¿Se va a reducir la actividad de nuestra Embajada o se va a cerrar ésta con todas sus consecuencias?.
A fin de mejor comprender la situación, convendría aclarar cuál es el proceso para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos Estados. Para que un Estado pueda establecer relaciones diplomáticas con otro, se requiere el reconocimiento de dicho Estado, un acuerdo para el establecimiento de las relaciones y un acuerdo para la apertura de una Embajada. El primero es un acto unilateral y discrecional, que no puede ser impuesto al Estado que reconoce. Los otros dos precisan una concurrencia de voluntades de los dos Estados afectados, que ha de plasmarse en un acuerdo. Para desandar el camino, hay que seguir el proceso inverso: cierre de la misión, ruptura de relaciones y revocación del reconocimiento.
Los Estados son libres de mantener entre ellos el nivel de relaciones que estimen adecuado. Se trata de decisiones políticas sin consecuencias jurídicas. Una de las formas que tiene un Gobierno para mostrar su disconformidad con la actuación de otro Gobierno es llamar a consultas a su Embajador, como hizo España con su representante en Damasco el 7 de Febrero. La amplitud del período de tiempo en que el Embajador esté fuera de su puesto revelará el grado de descontento de su Gobierno. También puede éste reducir al mínimo el número de los agentes diplomáticos de su Embajada y disminuir en el grado que desee la actividad de su representación. Puede incluso degradar el nivel jerárquico de su Embajada y convertirla en una simple Encargaduría de Negocios, gestionada por un agente diplomático de bajo nivel. Cabe que el Estado receptor considere este proceder como un acto inamistoso y tomar medidas similares por razones de reciprocidad, mas este empeoramiento de las relaciones mutuas no tiene por qué afectar el status jurídico de las respectivas misiones.
Cuestión distinta es si España decidiera cerrar su misión diplomática en Damasco, que podría llevar o no implicado el cierre de su sección consular. Si la mantuviera, el cónsul podría desempeñar funciones diplomáticas con el consentimiento de Siria. Si la cerrara, España podría recurrir a la acreditación múltiple y encargar a una de sus Embajada en un país vecino –como Jordania, Líbano o Turquía- que asumiera las relaciones con Siria. La protección de los ciudadanos españoles podría ser asimismo asumida por las Embajadas y Consulados de los países miembros de la UE, pues tienen éstos derecho –según el Tratado de Lisboa de 2007- a acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, cuando España no tenga una representación en Damasco. España podría asimismo confiar la protección de sus intereses y la de sus nacionales a un tercer Estado que resulte aceptable para el Gobierno sirio. El cierre de la misión diplomática tendría, en todo caso, mucha mayor incidencia si los demás Estados miembros de la UE adoptaran simultáneamente una decisión similar. El siguiente paso sería la ruptura de relaciones diplomáticas, pero no parece que, por el momento, se haya llegado a este punto.
Inconvenientes del cierre de la Embajada
La decisión de cerrar la Embajada en Damasco me parece precipitada y poco afortunada, y puede resultar más perjudicial para España y sus nacionales que para Siria. Si lo que el Gobierno español deseaba era hacer un gesto público de condena por la intolerable conducta del Gobierno de Bashar al-Asad y por la violación de los derechos humanos del pueblo sirio, hubiera bastado con formular una solemne declaración al respecto y con reducir todo lo que quiera la actividad de su misión. Ello tendría la suficiente repercusión política y ética, y no reduciría la protección de los 1.078 españoles residentes en el país. Por otra parte, me parece poco efectiva la integración de diplomáticos españoles en la Delegación de la UE, porque los servicios consulares están excluidos del ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, y las Oficinas comunitarias no están en condiciones para ejercerlos.
Aún hay tiempo de reflexionar, reconsiderar la decisión de cierre, y limitarse a la condena pública del régimen sirio y a la disminución de las actividades de la Embajada en Damasco, a la espera -y en la esperanza- de que la UE adopte finalmente una decisión de acción conjunta de todos los Estados miembros en el conflicto de Siria.
jueves, 15 de marzo de 2012
jueves, 8 de marzo de 2012
El círculo vicioso ruso
EL CÍRCULO VICIOSO RUSO
Las elecciones presidenciales rusas celebradas el pasado día 4 fueron ganadas por el actual Primer Ministro, Validmir Putin, con un 63.75% de los votos, seguido muy de lejos por el comunista Guennadi Zyuganov (17.19%), el multimillonario sin filiación política Mijail Projorov (7.82%), el nacionalista Vladimir Zhirinovski (6.23%) y el socialista Sergei Mironov (3.85%).Es la crónica de una victoria anunciada. Aún por debajo del 71% que logró en 2004, Putin goza de apoyo más que suficiente para seguir gobernando el país a su antojo, pese a la pérdida de popularidad y las multitudinarias manifestaciones de protesta que se han producido últimamente en las grandes ciudades.
Era Yeltsin
Para comprender el éxito de Putin hay que remontarse a los tiempos de Boris Yeltsin, quien instauró por real decreto una democracia política “a la rusa”, de manera más formal que material. Aunque estableció un sistema de elecciones más o menos libres y un régimen de libertad de expresión y comunicación, difícilmente se podía implantar en horas 24 la democracia sin la existencia de una cultura democrática y de partidos políticos. Tan sólo existían el Partido Comunista –que era “más que un partido”- y algún movimiento de inspiración liberal como el “Yabloko” de Grigori Yablinsky. Yeltsin ganó en 1996 las elecciones presidenciales, de forma poco ortodoxa, a Gennadi Zyuganov, pero se vio imposibilitado de gobernar por el control comunista de la Duma, que llegó a acordar en 1999 la destitución del Presidente, aunque no se materializó ésta por que no se consiguió la mayoría de 2/3 requerida.
Asimismo estableció Yeltsin por “ukase” la economía de mercado ,sin que el país dispusiera de las estructuras mínimas necesarias, ni el marco jurídico adecuado. La economía socialistas “planificada” fue sustituida por un capitalismo salvaje, en que los bienes públicos fueron privatizados en beneficio de una minoría, antiguos miembros del Partido y de los servicios secretos del Estado. Los presupuestos eran irreales y el sistema impositivo prácticamente inexistente, el sistema bancario era sumamente frágil, la propiedad privada no se reconocía de hecho, la inflación se disparó hasta tres dígitos y se produjo una importante devaluación del rublo, que empobreció a la población.
Aun cuando Rusia seguía siendo una gran potencia militar, sus mastodónticas fuerzas armadas estaban infradotadas y el Gobierno carecía de medios económicos para llevar a cabo su urgente reestructuración. Los fiascos en Afganistán y Chechenia causaron la desmoralización de sus integrantes. Así, los fracasos políticos, económicos y militares provocaron la salida del poder de Yeltsin y su sustitución por Vladimir Putin, a la sazón Director del Servicio Federal de Seguridad (antigua KGB)..
Era Putin
Putin era una persona inteligente, preparada, pragmática, ambiciosa, fría e implacable. En las pocas veces que hablé con él, pude comprobar que era asimismo muy reservado, aunque cortés. Ante la situación de debilidad por la que atravesaba la nación, se puso como meta, desde un planteamiento fuertemente nacionalista, que Rusia recuperara su status de gran potencia. En el ámbito político, consiguió fortalecer el Estado central, contrarrestando las tendencias centrífugas de los barones regionales, creó desde el Gobierno el partido “Rusia Unida” -que prácticamente monopolizó el poder-, y entorpeció el funcionamiento de los partidos políticos más democráticos, que pasaron a ser fuerzas testimoniales extra-parlamentarias. Restringió la libertad de prensa y los que se opusieron acabaron en el exilio –como Vladimir Gussinki o Boris Berezovski- o encarcelados en Siberia –como Mijail Jodorovski-.
En lo económico, Putin aprovechó el incremento del precio de los productos petrolíferos para aumentar los ingresos y fortalecer la economía de Rusia, que hoy día –pese a las disfunciones y a la dependencia de la exportación de gas y petróleo- se ha convertido en una importante potencia comercial y financiera, que forma parte del grupo de países emergentes (BRICS). En lo militar, puso fin a la guerra de Chechenia, reforzó las fuerzas armadas y exigió una posición de igualdad frente a la OTAN.
Los éxitos de la política de Putin le granjearon el apoyo de la población y su popularidad llegó a rozar el 80%. Cuando en 2008 finalizó su segundo mandato, cedió la presidencia a su hombre de confianza, Dimitri Medvedev, si bien se adjudicó el puesto de Primer Ministro. Formaban una pareja tipo Dr.Jekyll-Mr.Hyde, en el que éste era el “lado bueno de Sezuán” y aquél adoptaba la postura de “poli” malo. En los aspectos formales, Medvedev adoptó una actitud diferente a la de su predecesor, pero siguió fielmente su política. El nuevo Presidente dio máxima prioridad a la modernización de la Federación, dejando en segundo plano consideraciones de tipo ideológico, y trató de mejorar las relaciones con Estados Unidos, la UE y la OTAN, mientras Putin quedaba en la retaguardia para echar en cara a Estados Unidos su proyecto de defensa anti-misiles, criticar la actuación de la OTAN en Libia o vetar las condenas contra Bashir Assad y la intervención de la ONU en Siria.
Elecciones presidenciales:¿Y ahora qué?
Confiado en su fortaleza, al terminar el mandato de Medvedev decidió cambiar cromos con su sucesor y asumir de nuevo la presidencia. Amplió a 6 años un mandato presidencial re-elegible, con lo que se postuló para seguir en el trono hasta el año 2024.
Antes barrió bien su casa excluyendo de la posibilidad de participar en las elecciones a los partidos dirigidos por líderes demócratas como Yablinski, Nemtsov, Kasianov o Kasparov, y dejó en la lid a una oposición impresentable. Zyuganov –quizás el más honrado y coherente de los candidatos- es un veterano estalinista, contrario al liberalismo político y económico, y nostálgico de las glorias de la URSS. Zhirinovski es ultranacionalista, chovinista, demagogo y racista, mas -pese a sus desaforadas críticas populistas- a la hora de la verdad siempre está con el poder. Mironov, antiguo Presidente de la Cámara Alta, preside “Rusia Justa”, un partido seudo-opositor creado desde el Kremlin. El multimillonario Projorov, además de ser dueño del club de baloncesto “New York Nets”, se divierte iniciando una aventura política, sin crear problemas al Gobierno. Putin se ha reunido amistosamente con tres de sus oponentes tras las elecciones, dejando de lado sólo a Zyuganov que las ha calificado de farsa.
Putin ha logrado liquidar la oposición democrática sacándola de la Duma, pero se ha visto sorprendido por un nuevo tipo de contestación popular alentada por jóvenes, a través de las redes informáticas y la telefonía móvil. Aunque ha conseguido domeñar los medios de comunicación –recientemente ha destituido a los responsables críticos del periódico”Kommersant” y de la radio “Eco”-, se le ha escapado Internet, donde proliferan las denuncias de “blogueros” como Navalni o Yashin. Tras las fraudulentas elecciones parlamentarias de Diciembre de 2011 –en las que, pese a ello, “Rusia Unida” sólo logró el 49% de los votos”- miles de personas se echaron a las calles para pedir la salida de Putin de la vida política, poniendo en entredicho la tradicional renuencia de la sociedad rusa a manifestarse en contra del Gobierno. ¿Tendrá Putin en cuenta estas advertencias para abandonar su política autista y romper el círculo vicioso?. Podría esperarse que –una vez consolidado en el poder- Putin adopte un talante más democrático, mejore las relaciones con Occidente y cambie de actitud en graves conflictos como los de Siria o Irán. No va a ser fácil, pero… ”¡Inshallah!”.
Las elecciones presidenciales rusas celebradas el pasado día 4 fueron ganadas por el actual Primer Ministro, Validmir Putin, con un 63.75% de los votos, seguido muy de lejos por el comunista Guennadi Zyuganov (17.19%), el multimillonario sin filiación política Mijail Projorov (7.82%), el nacionalista Vladimir Zhirinovski (6.23%) y el socialista Sergei Mironov (3.85%).Es la crónica de una victoria anunciada. Aún por debajo del 71% que logró en 2004, Putin goza de apoyo más que suficiente para seguir gobernando el país a su antojo, pese a la pérdida de popularidad y las multitudinarias manifestaciones de protesta que se han producido últimamente en las grandes ciudades.
Era Yeltsin
Para comprender el éxito de Putin hay que remontarse a los tiempos de Boris Yeltsin, quien instauró por real decreto una democracia política “a la rusa”, de manera más formal que material. Aunque estableció un sistema de elecciones más o menos libres y un régimen de libertad de expresión y comunicación, difícilmente se podía implantar en horas 24 la democracia sin la existencia de una cultura democrática y de partidos políticos. Tan sólo existían el Partido Comunista –que era “más que un partido”- y algún movimiento de inspiración liberal como el “Yabloko” de Grigori Yablinsky. Yeltsin ganó en 1996 las elecciones presidenciales, de forma poco ortodoxa, a Gennadi Zyuganov, pero se vio imposibilitado de gobernar por el control comunista de la Duma, que llegó a acordar en 1999 la destitución del Presidente, aunque no se materializó ésta por que no se consiguió la mayoría de 2/3 requerida.
Asimismo estableció Yeltsin por “ukase” la economía de mercado ,sin que el país dispusiera de las estructuras mínimas necesarias, ni el marco jurídico adecuado. La economía socialistas “planificada” fue sustituida por un capitalismo salvaje, en que los bienes públicos fueron privatizados en beneficio de una minoría, antiguos miembros del Partido y de los servicios secretos del Estado. Los presupuestos eran irreales y el sistema impositivo prácticamente inexistente, el sistema bancario era sumamente frágil, la propiedad privada no se reconocía de hecho, la inflación se disparó hasta tres dígitos y se produjo una importante devaluación del rublo, que empobreció a la población.
Aun cuando Rusia seguía siendo una gran potencia militar, sus mastodónticas fuerzas armadas estaban infradotadas y el Gobierno carecía de medios económicos para llevar a cabo su urgente reestructuración. Los fiascos en Afganistán y Chechenia causaron la desmoralización de sus integrantes. Así, los fracasos políticos, económicos y militares provocaron la salida del poder de Yeltsin y su sustitución por Vladimir Putin, a la sazón Director del Servicio Federal de Seguridad (antigua KGB)..
Era Putin
Putin era una persona inteligente, preparada, pragmática, ambiciosa, fría e implacable. En las pocas veces que hablé con él, pude comprobar que era asimismo muy reservado, aunque cortés. Ante la situación de debilidad por la que atravesaba la nación, se puso como meta, desde un planteamiento fuertemente nacionalista, que Rusia recuperara su status de gran potencia. En el ámbito político, consiguió fortalecer el Estado central, contrarrestando las tendencias centrífugas de los barones regionales, creó desde el Gobierno el partido “Rusia Unida” -que prácticamente monopolizó el poder-, y entorpeció el funcionamiento de los partidos políticos más democráticos, que pasaron a ser fuerzas testimoniales extra-parlamentarias. Restringió la libertad de prensa y los que se opusieron acabaron en el exilio –como Vladimir Gussinki o Boris Berezovski- o encarcelados en Siberia –como Mijail Jodorovski-.
En lo económico, Putin aprovechó el incremento del precio de los productos petrolíferos para aumentar los ingresos y fortalecer la economía de Rusia, que hoy día –pese a las disfunciones y a la dependencia de la exportación de gas y petróleo- se ha convertido en una importante potencia comercial y financiera, que forma parte del grupo de países emergentes (BRICS). En lo militar, puso fin a la guerra de Chechenia, reforzó las fuerzas armadas y exigió una posición de igualdad frente a la OTAN.
Los éxitos de la política de Putin le granjearon el apoyo de la población y su popularidad llegó a rozar el 80%. Cuando en 2008 finalizó su segundo mandato, cedió la presidencia a su hombre de confianza, Dimitri Medvedev, si bien se adjudicó el puesto de Primer Ministro. Formaban una pareja tipo Dr.Jekyll-Mr.Hyde, en el que éste era el “lado bueno de Sezuán” y aquél adoptaba la postura de “poli” malo. En los aspectos formales, Medvedev adoptó una actitud diferente a la de su predecesor, pero siguió fielmente su política. El nuevo Presidente dio máxima prioridad a la modernización de la Federación, dejando en segundo plano consideraciones de tipo ideológico, y trató de mejorar las relaciones con Estados Unidos, la UE y la OTAN, mientras Putin quedaba en la retaguardia para echar en cara a Estados Unidos su proyecto de defensa anti-misiles, criticar la actuación de la OTAN en Libia o vetar las condenas contra Bashir Assad y la intervención de la ONU en Siria.
Elecciones presidenciales:¿Y ahora qué?
Confiado en su fortaleza, al terminar el mandato de Medvedev decidió cambiar cromos con su sucesor y asumir de nuevo la presidencia. Amplió a 6 años un mandato presidencial re-elegible, con lo que se postuló para seguir en el trono hasta el año 2024.
Antes barrió bien su casa excluyendo de la posibilidad de participar en las elecciones a los partidos dirigidos por líderes demócratas como Yablinski, Nemtsov, Kasianov o Kasparov, y dejó en la lid a una oposición impresentable. Zyuganov –quizás el más honrado y coherente de los candidatos- es un veterano estalinista, contrario al liberalismo político y económico, y nostálgico de las glorias de la URSS. Zhirinovski es ultranacionalista, chovinista, demagogo y racista, mas -pese a sus desaforadas críticas populistas- a la hora de la verdad siempre está con el poder. Mironov, antiguo Presidente de la Cámara Alta, preside “Rusia Justa”, un partido seudo-opositor creado desde el Kremlin. El multimillonario Projorov, además de ser dueño del club de baloncesto “New York Nets”, se divierte iniciando una aventura política, sin crear problemas al Gobierno. Putin se ha reunido amistosamente con tres de sus oponentes tras las elecciones, dejando de lado sólo a Zyuganov que las ha calificado de farsa.
Putin ha logrado liquidar la oposición democrática sacándola de la Duma, pero se ha visto sorprendido por un nuevo tipo de contestación popular alentada por jóvenes, a través de las redes informáticas y la telefonía móvil. Aunque ha conseguido domeñar los medios de comunicación –recientemente ha destituido a los responsables críticos del periódico”Kommersant” y de la radio “Eco”-, se le ha escapado Internet, donde proliferan las denuncias de “blogueros” como Navalni o Yashin. Tras las fraudulentas elecciones parlamentarias de Diciembre de 2011 –en las que, pese a ello, “Rusia Unida” sólo logró el 49% de los votos”- miles de personas se echaron a las calles para pedir la salida de Putin de la vida política, poniendo en entredicho la tradicional renuencia de la sociedad rusa a manifestarse en contra del Gobierno. ¿Tendrá Putin en cuenta estas advertencias para abandonar su política autista y romper el círculo vicioso?. Podría esperarse que –una vez consolidado en el poder- Putin adopte un talante más democrático, mejore las relaciones con Occidente y cambie de actitud en graves conflictos como los de Siria o Irán. No va a ser fácil, pero… ”¡Inshallah!”.
viernes, 2 de marzo de 2012
Cuando un huevo no es un huevo
CUANDO UN HUEVO NO ES UN HUEVO
El pasado 27 de Febrero se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que absuelve al Baltasar Garzón del delito de prevaricación en el caso de las víctimas del franquismo. Vaya por delante mi absoluto respeto y consideración al Tribunal y mi aceptación y acatamiento de sus sentencias. Ello no es óbice para que estime que el TS se ha equivocado en su sentencia absolutoria.
Sentencia sobre las víctimas del franquismo
El TS ha reconocido que el juez abrió diligencias para enjuiciar supuestos delitos amnistiados y ya prescritos, que imputó a personas fallecidas y que aplicó calificaciones jurídicas contrarias al principio de legalidad. .Garzón declaró su competencia para investigar las desapariciones de personas en el contexto de crímenes contra la Humanidad en conexión con delitos contra altos organismos de la nación referidos al golpe de estado de 1936, cuando los citados crímenes no estaban tipificados como delitos en la legislación española a la sazón vigente. El delito por las forzadas desapariciones –amén de estar prescrito desde hacía años- había quedado exonerado por la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley para la reconciliación de los españoles no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como “reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”, por lo que –a juicio del TS- ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. El Tribunal concluye, no obstante, que, aunque fue errónea la aplicación de la ley que hizo el juez, su conducta no era prevaricadora, porque su error fue oportunamente corregido por la Audiencia Nacional, cuya decisión evitó los posibles efectos negativos de la causa.
Viene a mi mente la popular charada infantil:”Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come y a la calle se tiran los cascarones.¿Qué es?”. Para el TS no es el huevo. Las diversas pistas que llevan a concluir que se ha producido un acto de prevaricación se desvían sorprendentemente hacia el error no culpable. Es como exonerar al pirómano porque los bomberos lograron apagar el fuego. Da la sensación de que el Tribunal ha sufrido una especie de “síndrome de Estocolmo” de culpabilidad por haber condenado por prevaricación al “intocable” juez en el caso de las escuchas,.
Votos disidente y concurrente
El magistrado José Manuel Maza, en cambio, ha manifestado de forma categórica, en su voto disidente, que “pocas veces se habrá visto un caso más claro de lo que es una prevaricación judicial”. Garzón, a sabiendas de la contradicción de sus resoluciones con el ordenamiento jurídico español, asumió competencias que no le correspondían para abrir un procedimiento penal inviable, “instrumentándolo al servicio de sus propios intereses subjetivos, contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía y claramente prescritos”.
En un voto concurrente, el magistrado Julián Sánchez Melgar ha tratado de disculpar al juez alegando que no obraba “a sabiendas”, y que no contradecía el ordenamiento jurídico intencionadamente. Estas excusas resultan poco plausibles, porque Garzón es suficientemente inteligente como para conocer la distribución de las competencias en el ordenamiento español, los efectos de la prescripción o de una ley de amnistía, la imposibilidad de enjuiciar a personas fallecidas, la irretroactividad de la ley penal o el principio “nullum crimen, nulla pena, sine lege”. Muestra de ello es que, en el auto por el que rechazó investigar los fusilamientos de Paracuellos, el juez alegó que el delito de genocidio denunciado no podía ser apreciado porque ello quebrantaría absolutamente el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, dado que dicho delito no estaba tipificado en el Código Penal español cuando se perpetraron los crímenes. Pero nuestro juez, en su egolatría, quiso montar su propio mini-Nuremberg “ad majorem Garzoni gloriam”.
Intolerables intromisiones de medios judiciales, políticos e internacionales
Al amparo de estos juicios se han producido en medios judiciales, políticos e internacionales actitudes totalmente inaceptables. Así, resulta increíble la presencia de jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales manifestándose públicamente a favor de Garzón y en contra del TS. Un caso límite ha sido el del fiscal Luis Navajas que, no sólo no lo acusó por las escuchas ilegales a letrados de presos, sino que fue su principal defensor, llegando a descalificar en audiencia pública al juez instructor y a afirmar que la condena del juez supondría un ataque a la independencia judicial. El magistrado Maza le ha contestado indirectamente en su voto particular, al decir que el enjuiciamiento a un juez por prevaricación no debería causar alarma alguna a nadie, “menos si cabe a un fiscal”, ni miedo por la supervivencia de la independencia judicial, sino confianza en que el correcto uso de la independencia de los jueces esta garantizado por el control de su cumplimiento.
En el plano político, partidos de extrema izquierda, nacionalistas radicales y sindicatos han criticado desaforadamente al TS y deslegitimizado a sus miembros. Así, el Coordinador General de IU, Cayo Lara, aseveró que el día en que se dictó la sentencia condenatoria contra Garzón fue un día triste para la justicia y para la democracia. El diputado Gaspar Llamazares declaró que ni acataba ni respetaba la sentencia porque era un linchamiento, y afirmó que, al juzgar y condenar a Garzón, el Tribunal “no ha logrado ni prestigio ni verdad”. Ni siquiera las sentencias absolutorias han sido satisfactorias para estos adalides de la democracia. Lara ha comentado que no le sorprendieron porque el TS ya había retirado de la circulación al juez. Llamazares, a su vez, ha afirmado que la absolución de Garzón era una vergüenza porque, una vez conseguida su inhabilitación, el Tribunal se ponía de su lado ante la crítica internacional. Ésta es la concepción que tienen los “garzonianos” de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Sin embargo, el Estado de Derecho no se defiende –en opinión del Profesor Kai Ambos- con un juez como Garzón que hace prevalecer sus objetivos de investigación obre a principios fundamentales de dicho Estado.
También desde los medios progresistas relacionados con los derechos humanos han llovido las acusaciones. El propio fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno, ha criticado a la jurisdicción española por enjuiciar a Garzón. ONGs como “Human Rigths Watch” o Amnistía Internacional se han sumado a las manifestaciones de protesta y han participado en las críticas descalificadoras. El Director de Justicia Internacional de esta última, Marek Marczynski, ha llegado a calificar de vergüenza que España no haya abordado aún su oscuro pasado, y osado exigir a las autoridades judiciales españolas que investiguen los delitos de Derecho Internacional cometidos, dejando de lado la Ley de Amnistía y las normas sobre la prescripción. Estas intromisiones en los asuntos domésticos de un Estado soberano son intolerables
Tras comunicársele formalmente su inhabilitación, Garzón ha declarado que su presente y pasado habían sido dedicados a la justicia y que así seguiría siendo mientras pudiera,”desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional”. Sinceramente le deseo todo género de éxitos en su nueva singladura en el foro, la enseñanza, la política o cualquier otra actividad ajena a la judicial.
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El pasado 27 de Febrero se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que absuelve al Baltasar Garzón del delito de prevaricación en el caso de las víctimas del franquismo. Vaya por delante mi absoluto respeto y consideración al Tribunal y mi aceptación y acatamiento de sus sentencias. Ello no es óbice para que estime que el TS se ha equivocado en su sentencia absolutoria.
Sentencia sobre las víctimas del franquismo
El TS ha reconocido que el juez abrió diligencias para enjuiciar supuestos delitos amnistiados y ya prescritos, que imputó a personas fallecidas y que aplicó calificaciones jurídicas contrarias al principio de legalidad. .Garzón declaró su competencia para investigar las desapariciones de personas en el contexto de crímenes contra la Humanidad en conexión con delitos contra altos organismos de la nación referidos al golpe de estado de 1936, cuando los citados crímenes no estaban tipificados como delitos en la legislación española a la sazón vigente. El delito por las forzadas desapariciones –amén de estar prescrito desde hacía años- había quedado exonerado por la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley para la reconciliación de los españoles no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como “reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”, por lo que –a juicio del TS- ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. El Tribunal concluye, no obstante, que, aunque fue errónea la aplicación de la ley que hizo el juez, su conducta no era prevaricadora, porque su error fue oportunamente corregido por la Audiencia Nacional, cuya decisión evitó los posibles efectos negativos de la causa.
Viene a mi mente la popular charada infantil:”Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come y a la calle se tiran los cascarones.¿Qué es?”. Para el TS no es el huevo. Las diversas pistas que llevan a concluir que se ha producido un acto de prevaricación se desvían sorprendentemente hacia el error no culpable. Es como exonerar al pirómano porque los bomberos lograron apagar el fuego. Da la sensación de que el Tribunal ha sufrido una especie de “síndrome de Estocolmo” de culpabilidad por haber condenado por prevaricación al “intocable” juez en el caso de las escuchas,.
Votos disidente y concurrente
El magistrado José Manuel Maza, en cambio, ha manifestado de forma categórica, en su voto disidente, que “pocas veces se habrá visto un caso más claro de lo que es una prevaricación judicial”. Garzón, a sabiendas de la contradicción de sus resoluciones con el ordenamiento jurídico español, asumió competencias que no le correspondían para abrir un procedimiento penal inviable, “instrumentándolo al servicio de sus propios intereses subjetivos, contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía y claramente prescritos”.
En un voto concurrente, el magistrado Julián Sánchez Melgar ha tratado de disculpar al juez alegando que no obraba “a sabiendas”, y que no contradecía el ordenamiento jurídico intencionadamente. Estas excusas resultan poco plausibles, porque Garzón es suficientemente inteligente como para conocer la distribución de las competencias en el ordenamiento español, los efectos de la prescripción o de una ley de amnistía, la imposibilidad de enjuiciar a personas fallecidas, la irretroactividad de la ley penal o el principio “nullum crimen, nulla pena, sine lege”. Muestra de ello es que, en el auto por el que rechazó investigar los fusilamientos de Paracuellos, el juez alegó que el delito de genocidio denunciado no podía ser apreciado porque ello quebrantaría absolutamente el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, dado que dicho delito no estaba tipificado en el Código Penal español cuando se perpetraron los crímenes. Pero nuestro juez, en su egolatría, quiso montar su propio mini-Nuremberg “ad majorem Garzoni gloriam”.
Intolerables intromisiones de medios judiciales, políticos e internacionales
Al amparo de estos juicios se han producido en medios judiciales, políticos e internacionales actitudes totalmente inaceptables. Así, resulta increíble la presencia de jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales manifestándose públicamente a favor de Garzón y en contra del TS. Un caso límite ha sido el del fiscal Luis Navajas que, no sólo no lo acusó por las escuchas ilegales a letrados de presos, sino que fue su principal defensor, llegando a descalificar en audiencia pública al juez instructor y a afirmar que la condena del juez supondría un ataque a la independencia judicial. El magistrado Maza le ha contestado indirectamente en su voto particular, al decir que el enjuiciamiento a un juez por prevaricación no debería causar alarma alguna a nadie, “menos si cabe a un fiscal”, ni miedo por la supervivencia de la independencia judicial, sino confianza en que el correcto uso de la independencia de los jueces esta garantizado por el control de su cumplimiento.
En el plano político, partidos de extrema izquierda, nacionalistas radicales y sindicatos han criticado desaforadamente al TS y deslegitimizado a sus miembros. Así, el Coordinador General de IU, Cayo Lara, aseveró que el día en que se dictó la sentencia condenatoria contra Garzón fue un día triste para la justicia y para la democracia. El diputado Gaspar Llamazares declaró que ni acataba ni respetaba la sentencia porque era un linchamiento, y afirmó que, al juzgar y condenar a Garzón, el Tribunal “no ha logrado ni prestigio ni verdad”. Ni siquiera las sentencias absolutorias han sido satisfactorias para estos adalides de la democracia. Lara ha comentado que no le sorprendieron porque el TS ya había retirado de la circulación al juez. Llamazares, a su vez, ha afirmado que la absolución de Garzón era una vergüenza porque, una vez conseguida su inhabilitación, el Tribunal se ponía de su lado ante la crítica internacional. Ésta es la concepción que tienen los “garzonianos” de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Sin embargo, el Estado de Derecho no se defiende –en opinión del Profesor Kai Ambos- con un juez como Garzón que hace prevalecer sus objetivos de investigación obre a principios fundamentales de dicho Estado.
También desde los medios progresistas relacionados con los derechos humanos han llovido las acusaciones. El propio fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno, ha criticado a la jurisdicción española por enjuiciar a Garzón. ONGs como “Human Rigths Watch” o Amnistía Internacional se han sumado a las manifestaciones de protesta y han participado en las críticas descalificadoras. El Director de Justicia Internacional de esta última, Marek Marczynski, ha llegado a calificar de vergüenza que España no haya abordado aún su oscuro pasado, y osado exigir a las autoridades judiciales españolas que investiguen los delitos de Derecho Internacional cometidos, dejando de lado la Ley de Amnistía y las normas sobre la prescripción. Estas intromisiones en los asuntos domésticos de un Estado soberano son intolerables
Tras comunicársele formalmente su inhabilitación, Garzón ha declarado que su presente y pasado habían sido dedicados a la justicia y que así seguiría siendo mientras pudiera,”desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional”. Sinceramente le deseo todo género de éxitos en su nueva singladura en el foro, la enseñanza, la política o cualquier otra actividad ajena a la judicial.
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domingo, 26 de febrero de 2012
¿Se han violado los derechos humanos de Contador?
¿SE HAN VIOLADO LOS DERECHOS HUMANOS DE CONTADOR? (24-II-12)
Concluía mi reciente artículo en esta columna sobre “El timo del TAS: ni un tribunal de arbitraje, ni deportivo” con un llamamiento al Gobierno español para que contribuyera a defender la inocencia de Alberto Contador, injustamente condenado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a dos años de suspensión por dopaje. Sin embargo, no parece que las autoridades españolas estén por la labor.
Actitud de las autoridades deportivas españolas
El miembro del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en representación de Europa, Jaime Lissavetzky, ha guardado un sonoro silencio y –“quien calla otorga”- condonado la sanción. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha declarado de forma desafortunada e inoportuna que España tiene un problema con el dopaje. Mariano Rajoy, cuando era Jefe de la Oposición, afirmó que no veía sustancia suficiente para una sanción tan fuerte de un año –finalmente le cayeron dos-, y que, aunque respetaba lo que dijera quien fuera competente, la justicia debería ser proporcionada. Ahora, no obstante, el Presidente del Gobierno, con su proverbial cautela, se ha abstenido de hacer comentario alguno sobre el caso.
Wert no sólo no ha rectificado sus declaraciones, sino que ha reincidido con inconsciencia en las mismas. Una semana más tarde, concedió una entrevista al influyente periódico deportivo francés “L’Équipe”, uno de los principales muñidores de la campaña contra el deporte español, iniciada tras un artículo en el diario “Le Monde” del ex- tenista Yannick Noah, en el que acusaba de dopaje a los deportistas españoles. Y no ha salido a la palestra para defender al deporte español y a Contador, sino para proporcionar más munición a los que disparan contra el ciclista, al afirmar que, en su caso, se produjo una injerencia política que resultó nociva para el corredor y para el deporte español. Según señaló el Ministro, “no es mi papel juzgar al antiguo Presidente del Gobierno –que observó antes del laudo que no había suficiente razones jurídicas para sancionar a Contador-, pero mi convicción es que el poder político debe interferir los menos posible en este tipo de decisiones, porque ello atenta contra nuestra credibilidad”. El Presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pat McQuaid , ha afirmado, por su parte, que, si Rodríguez Zapatero no se hubiera pronunciado, la UCI no habría recurrido la decisión de absolución de la Federación Española de Ciclismo. Es increíble la incuria de este argumento. Lo importante no es verificar si un ciclista ha violado o no las normas deportivas sobre dopaje, sino que un dirigente político, en uso de su libertad de expresión, no ponga en tela de juicio la eventual decisión del TAS. No debería sorprenderse Wert de ser el Ministro menos valorado del Gobierno, pues cada vez que habla sobre deporte mete la pata hasta el corvejón. .
Se ha pretendido justificar los excesos verbales de Wert so pretexto de la necesidad de preservar las opciones de Madrid a ser declarada sede de los Juegos Olímpicos de 2020. No me parece fundado este argumento, aunque –de ser tal el caso y la concesión de los Juegos a España pasara por la condena de un inocente y la descalificación global de los deportistas españoles- cabría preguntarse si merecía la pena organizarlos a semejante precio. Las autoridades deportivas españolas no sólo no deben hincarse de hinojos ante las extralimitaciones de la AMA y de la UCI, sino que deben unirse activamente a quienes pretenden modificar el Código Antidopaje Mundial para suprimir o, al menos, matizar y suavizar la cláusula de la responsabilidad objetiva.
¿Violación de los derechos humanos?
Contador debe apelar el laudo condenatorio ante la justicia federal suiza para agotar la vía jurisdiccional y poder recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues tiene más que motivos sobrados para ello. Aunque el régimen de esclavitud ha pasado a la historia, aún perviven en el ciclismo vestigios de explotación del ser humano. Según las regulaciones de la AMA y de la UCI, los ciclistas tienen que estar localizables las 24 horas del día de los 365 días del año y disponibles para que les hagan extracciones de sangre y pruebas de orina, a cualquier hora del día o de la noche. Los “vampiros” de la ADA atacan con sadismo a sus víctimas en horas extemporáneas y en momentos intempestivos, como la víspera de una etapa decisiva. Los corredores no pueden comer ni beber con tranquilidad, pues cualquier alimento contaminado o incluso un vaso de agua puede dejar trazas de combluterol u otras sustancias prohibidas, que –aunque sean insignificantes y no afecten al rendimiento del corredor- llevan automáticamente a la sanción. Conforme al criterio de la “responsabilidad objetiva”, el deportista es culpable mientras no demuestre su inocencia y, en caso de duda, se le condena. El TAS ignora las circunstancias eximentes o atenuantes y no aplica proporcionalidad en la condena, pues la sanción de dos años de inhabilitación se aplica tanto al que ha ingerido gran cantidad de anabolizantes o ha recibido una transfusión, como a quien le han encontrado tan sólo unos pocos picogramos de clembuterol. Estas actuaciones “contra natura” y contrarias a derecho suponen una flagrante violación de los derechos humanos de los deportistas en general y de Alberto Contador en particular.
La arbitrariedad reinante en las altas instancias deportivas priva a los deportistas de un mínimo de seguridad jurídica y de respeto a sus derechos fundamentales.
Posible recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay además otra vía jurisdiccional abierta a Contador, que incluso debería ser propiciada de oficio por la Comisión Europea: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La jurisprudencia del Tribunal ha consagrado el principio de que todas las normas deportivas pueden ser examinadas a la luz del derecho europeo. En la sentencia del “caso Bosman”, el TJUE estimó que las reglas de la UEFA que limitaban la alineación de futbolistas comunitarios debían respetar las disposiciones relativas al mercado interior. En la del “caso Meca” –que afectó al nadador español David Meca-, se estableció que, si la actividad deportiva constituye en sí una actividad económica, las condiciones de su práctica están sujetas a las obligaciones del Tratado de la UE, incluidas las libertades de circulación y de prestación de servicios..
Según Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado de TJUE, el Tratado reconoce a los profesionales del deporte una serie de derechos que pueden llevar a un resultado inesperadamente favorable. Si Contador alegara ante el TJUE que la norma que ha justificado su sanción carece manifiestamente de base científica, el Tribunal podría concluir que dicha norma constituye un obstáculo a su libre participación en las competiciones europeas y al ejercicio de su derecho a la libre prestación de servicios. En este punto, se invertiría a carga de la prueba y las autoridades reguladoras deportivas tendrían que probar que dicha restricción a la libre circulación está justificada
Así pues, Contador debe explorar las vías judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del TJUE, y el Gobierno tratar de modificar algunas de las normas del Código Mundial Antidopaje, a ser posible antes de la celebración de los Juegos.
Concluía mi reciente artículo en esta columna sobre “El timo del TAS: ni un tribunal de arbitraje, ni deportivo” con un llamamiento al Gobierno español para que contribuyera a defender la inocencia de Alberto Contador, injustamente condenado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a dos años de suspensión por dopaje. Sin embargo, no parece que las autoridades españolas estén por la labor.
Actitud de las autoridades deportivas españolas
El miembro del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en representación de Europa, Jaime Lissavetzky, ha guardado un sonoro silencio y –“quien calla otorga”- condonado la sanción. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha declarado de forma desafortunada e inoportuna que España tiene un problema con el dopaje. Mariano Rajoy, cuando era Jefe de la Oposición, afirmó que no veía sustancia suficiente para una sanción tan fuerte de un año –finalmente le cayeron dos-, y que, aunque respetaba lo que dijera quien fuera competente, la justicia debería ser proporcionada. Ahora, no obstante, el Presidente del Gobierno, con su proverbial cautela, se ha abstenido de hacer comentario alguno sobre el caso.
Wert no sólo no ha rectificado sus declaraciones, sino que ha reincidido con inconsciencia en las mismas. Una semana más tarde, concedió una entrevista al influyente periódico deportivo francés “L’Équipe”, uno de los principales muñidores de la campaña contra el deporte español, iniciada tras un artículo en el diario “Le Monde” del ex- tenista Yannick Noah, en el que acusaba de dopaje a los deportistas españoles. Y no ha salido a la palestra para defender al deporte español y a Contador, sino para proporcionar más munición a los que disparan contra el ciclista, al afirmar que, en su caso, se produjo una injerencia política que resultó nociva para el corredor y para el deporte español. Según señaló el Ministro, “no es mi papel juzgar al antiguo Presidente del Gobierno –que observó antes del laudo que no había suficiente razones jurídicas para sancionar a Contador-, pero mi convicción es que el poder político debe interferir los menos posible en este tipo de decisiones, porque ello atenta contra nuestra credibilidad”. El Presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pat McQuaid , ha afirmado, por su parte, que, si Rodríguez Zapatero no se hubiera pronunciado, la UCI no habría recurrido la decisión de absolución de la Federación Española de Ciclismo. Es increíble la incuria de este argumento. Lo importante no es verificar si un ciclista ha violado o no las normas deportivas sobre dopaje, sino que un dirigente político, en uso de su libertad de expresión, no ponga en tela de juicio la eventual decisión del TAS. No debería sorprenderse Wert de ser el Ministro menos valorado del Gobierno, pues cada vez que habla sobre deporte mete la pata hasta el corvejón. .
Se ha pretendido justificar los excesos verbales de Wert so pretexto de la necesidad de preservar las opciones de Madrid a ser declarada sede de los Juegos Olímpicos de 2020. No me parece fundado este argumento, aunque –de ser tal el caso y la concesión de los Juegos a España pasara por la condena de un inocente y la descalificación global de los deportistas españoles- cabría preguntarse si merecía la pena organizarlos a semejante precio. Las autoridades deportivas españolas no sólo no deben hincarse de hinojos ante las extralimitaciones de la AMA y de la UCI, sino que deben unirse activamente a quienes pretenden modificar el Código Antidopaje Mundial para suprimir o, al menos, matizar y suavizar la cláusula de la responsabilidad objetiva.
¿Violación de los derechos humanos?
Contador debe apelar el laudo condenatorio ante la justicia federal suiza para agotar la vía jurisdiccional y poder recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues tiene más que motivos sobrados para ello. Aunque el régimen de esclavitud ha pasado a la historia, aún perviven en el ciclismo vestigios de explotación del ser humano. Según las regulaciones de la AMA y de la UCI, los ciclistas tienen que estar localizables las 24 horas del día de los 365 días del año y disponibles para que les hagan extracciones de sangre y pruebas de orina, a cualquier hora del día o de la noche. Los “vampiros” de la ADA atacan con sadismo a sus víctimas en horas extemporáneas y en momentos intempestivos, como la víspera de una etapa decisiva. Los corredores no pueden comer ni beber con tranquilidad, pues cualquier alimento contaminado o incluso un vaso de agua puede dejar trazas de combluterol u otras sustancias prohibidas, que –aunque sean insignificantes y no afecten al rendimiento del corredor- llevan automáticamente a la sanción. Conforme al criterio de la “responsabilidad objetiva”, el deportista es culpable mientras no demuestre su inocencia y, en caso de duda, se le condena. El TAS ignora las circunstancias eximentes o atenuantes y no aplica proporcionalidad en la condena, pues la sanción de dos años de inhabilitación se aplica tanto al que ha ingerido gran cantidad de anabolizantes o ha recibido una transfusión, como a quien le han encontrado tan sólo unos pocos picogramos de clembuterol. Estas actuaciones “contra natura” y contrarias a derecho suponen una flagrante violación de los derechos humanos de los deportistas en general y de Alberto Contador en particular.
La arbitrariedad reinante en las altas instancias deportivas priva a los deportistas de un mínimo de seguridad jurídica y de respeto a sus derechos fundamentales.
Posible recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay además otra vía jurisdiccional abierta a Contador, que incluso debería ser propiciada de oficio por la Comisión Europea: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La jurisprudencia del Tribunal ha consagrado el principio de que todas las normas deportivas pueden ser examinadas a la luz del derecho europeo. En la sentencia del “caso Bosman”, el TJUE estimó que las reglas de la UEFA que limitaban la alineación de futbolistas comunitarios debían respetar las disposiciones relativas al mercado interior. En la del “caso Meca” –que afectó al nadador español David Meca-, se estableció que, si la actividad deportiva constituye en sí una actividad económica, las condiciones de su práctica están sujetas a las obligaciones del Tratado de la UE, incluidas las libertades de circulación y de prestación de servicios..
Según Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado de TJUE, el Tratado reconoce a los profesionales del deporte una serie de derechos que pueden llevar a un resultado inesperadamente favorable. Si Contador alegara ante el TJUE que la norma que ha justificado su sanción carece manifiestamente de base científica, el Tribunal podría concluir que dicha norma constituye un obstáculo a su libre participación en las competiciones europeas y al ejercicio de su derecho a la libre prestación de servicios. En este punto, se invertiría a carga de la prueba y las autoridades reguladoras deportivas tendrían que probar que dicha restricción a la libre circulación está justificada
Así pues, Contador debe explorar las vías judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del TJUE, y el Gobierno tratar de modificar algunas de las normas del Código Mundial Antidopaje, a ser posible antes de la celebración de los Juegos.
viernes, 17 de febrero de 2012
Tribulaciones de un juez que se situó por encima de la ley
TRIBULACIONES DE UN JUEZ QUE SE SITUÓ POR ENCIMA DE LA LEY
Escribo estas líneas con pesar ante un nuevo episodio del “crepúsculo de los dioses”. Soy hijo de juez y, desde mi infancia, he vivido el espíritu del derecho, el sentido de la justicia, la independencia de la autoridad judicial, y la imparcialidad y honradez del juez, que no sólo debe ser honrado, sino también parecerlo. Siento un considerable respeto por la judicatura y, por ello, sufro cuando un juez no está a la altura de las circunstancias y se sitúa al margen o por encima de la ley.
Historial del Juez Garzón
Baltasar Garzón ha sido un gran juez, que ha contribuido de forma decisiva a la lucha contra el terrorismo etarra, con sabiduría, determinación y coraje. Fue el primero en comprender que, para atrapar al pez, había que quitar el agua de la pecera y, en consecuencia, atacó al entorno de ETA a riesgo de su propia vida. También ha destacado en su lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra el narcotráfico, y al desarrollo de la justicia universal, contribuyendo al enjuiciamiento de Augusto Pinochet. Por todo ello, es acreedor de admiración, respeto y reconocimiento.
También tiene sus sombras: ha sido un mediocre instructor, sus autos y sentencias suelen estar poco elaborados jurídicamente, ha descuidado los trámites procesales –como cuando permitió la puesta en libertad y posterior fuga de dos peligrosos narcotraficantes por dejar expirar el plazo máximo para la prórroga de la detención provisional- y, sobre todo, se ha situado en ocasiones por encima de la ley.
He conocido a Garzón durante breve tiempo y colaborado con él estrecha y fructíferamente. Cuando en 1993 fui nombrado Representante Permanente ante las Naciones Unidas en Viena, él era Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Como entre los organismos ante los que estaba acreditado figuraba la Comisión de Estupefacientes, le llamé para ponerme a su disposición y, tras citarme, celebramos una intensa jornada de trabajo en la que puso de manifiesto su interés por el tema. Viajó en dos ocasiones a Viena y contribuyó a potenciar la presencia española en la ONU. Pude comprobar su inteligencia, su tenacidad y su capacidad de trabajo, pero también apreciar su defecto más notorio: su egolatría y su obsesión por el protagonismo, que le llevaba a “meterse en camisas de once varas”. Una simple anécdota para aseverar este aserto. Durante una de sus visitas a principios de 1994, Garzón se interesó por la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, donde se estaba discutiendo la realización de un Seminario sobre Corrupción de Funcionarios Públicos, que debía ser organizado por Holanda. Por si y ante sí -y sin consultar con Justicia-, decidió que España debería organizar el seminario. Presentamos nuestra candidatura y, pese a que sólo éramos observadores en la Comisión, conseguimos la nominación. Con el Secretario de la Comisión, Edoardo Vetere, seleccioné los expertos y se acordó celebrar la reunión en Septiembre en Madrid. En Abril cesó Garzón en su puesto y el Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se negó a organizar el seminario, dejando a la Representación de España ante la ONU en una situación bastante desairada.
Procesos al Juez Garzón
Últimamente , la “Brunete mediática” que siempre ha respaldado y jaleado a Garzón ha falseado la realidad, en una ceremonia de la confusión, y ha presentado al Superjuez como víctima propiciatoria de los inquisidores fascistas del Tribunal Supremo. Pese a estas maniobras de ocultación, Garzón no ha sido juzgado por luchar contra la trama “Gúrtel” y evitar el blanqueo de dinero por sus protagonistas, sino por ordenar las escuchas de las conversaciones con sus abogados, sin existir conexiones con delitos terroristas, y aprovecharse de las audiciones para instruir el proceso. No ha sido juzgado por perseguir los crímenes del franquismo y tratar de recuperar los cadáveres desaparecidos de sus víctimas, sino por haber abierto una causa general contra el franquismo, careciendo de competencia e ignorando la Ley de Amnistía. No ha sido juzgado por organizar cursos en la Universidad de Nueva York para promover la lucha contra el terrorismo, sino por haber solicitado dinero para dichos cursos a empresas que tenían a algunos de sus directivos encausados en la Audiencia Nacional, y archivado posteriormente las denuncias contra algunos de ellos. Son casos clarísimos de prevaricación y de cohecho tipificados en el Código Penal. Garzón recurrió a todo tipo de triquiñuelas procesales -recusaciones, descalificaciones, recursos- para que se sobreseyeran o alargaran los procesos, pero al fin tuvo que sentarse en el banquillo.
En el caso de las escuchas, ha sido condenado por cohecho. En el caso de los cursos de Nueva York, la campana de una interpretación generosa de la prescripción ha salvado in extremis al púgil del k.o. técnico de la condena. Aún así, el magistrado instructor ha considerado acreditado que incurrió en el delito de cohecho impropio al solicitar y recibir 1.2 millones de dólares de grandes empresas españolas que tenían asuntos pendientes en su juzgado, y ha censurado la “estrategia de persuasión” y la “metodología recaudatoria” para conseguir el dinero gracias a la utilización de su cargo. En el caso de las víctimas del franquismo, aún no se ha dictado sentencia, pero –en mi modesta opinión- Garzón ha prevaricado con todas las de la ley.
Los magistrados del TS decidieron por unanimidad que, en el caso de las escuchas. Garzón había laminado el derecho de defensa y actuado como en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener información, prescindiendo de las mínimas garantías de los ciudadanos. El Tribunal concluía -en una sentencia de gran rigor jurídico- que “la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”. Garzón rechazó la sentencia –que calificó de “aberración”- porque no se ajustaba a derecho, lo condenaba de forma injusta y estaba predeterminada. En una actitud luzbeliana afirmó:”Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”. “Errare humanum est” y resulta disculpable si se admite humildemente la equivocación, pero lo que no resulta aceptable es el empecinamiento en el error.
Pedro G. Cuartango ha comparado a Garzón con Calígula por situarse por encima de la ley y juzgar a los hombres en función de una voluntad personal sin límites. Cree el juez que su poder es más fuerte que la ley, que su voluntad está por encima de la Constitución y que los buenos fines justifican cualquier mal medio. Nunca ha visto en sus acciones contradicción con la norma, porque –como el Emperador romano- encarna la legalidad y, por tanto, sus resoluciones son justas. Garzón declaró –citando a Kant- que él se guiaba por su conciencia, que estaba por encima de cualquier otra consideración, incluida la ley. Sin embargo, una conciencia subjetiva nunca puede prevalecer sobre la objetividad de la ley. La prevaricación -dictar a sabiendas una resolución manifiestamente injusta- es el peor pecado que puede cometer un juez, porque equivale a subvertir la justicia que debe aplicar. Garzón ha cavado su propia fosa y se ha ganado a pulso la inhabilitación. Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Como Ícaro, Garzón ha pretendido volar demasiado alto y el astro rey le ha quemado las alas. El hombre que veía amanecer –Pilar Urbano dixit- ha propiciado con su conducta desmesurada su propio ocaso.
Escribo estas líneas con pesar ante un nuevo episodio del “crepúsculo de los dioses”. Soy hijo de juez y, desde mi infancia, he vivido el espíritu del derecho, el sentido de la justicia, la independencia de la autoridad judicial, y la imparcialidad y honradez del juez, que no sólo debe ser honrado, sino también parecerlo. Siento un considerable respeto por la judicatura y, por ello, sufro cuando un juez no está a la altura de las circunstancias y se sitúa al margen o por encima de la ley.
Historial del Juez Garzón
Baltasar Garzón ha sido un gran juez, que ha contribuido de forma decisiva a la lucha contra el terrorismo etarra, con sabiduría, determinación y coraje. Fue el primero en comprender que, para atrapar al pez, había que quitar el agua de la pecera y, en consecuencia, atacó al entorno de ETA a riesgo de su propia vida. También ha destacado en su lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra el narcotráfico, y al desarrollo de la justicia universal, contribuyendo al enjuiciamiento de Augusto Pinochet. Por todo ello, es acreedor de admiración, respeto y reconocimiento.
También tiene sus sombras: ha sido un mediocre instructor, sus autos y sentencias suelen estar poco elaborados jurídicamente, ha descuidado los trámites procesales –como cuando permitió la puesta en libertad y posterior fuga de dos peligrosos narcotraficantes por dejar expirar el plazo máximo para la prórroga de la detención provisional- y, sobre todo, se ha situado en ocasiones por encima de la ley.
He conocido a Garzón durante breve tiempo y colaborado con él estrecha y fructíferamente. Cuando en 1993 fui nombrado Representante Permanente ante las Naciones Unidas en Viena, él era Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Como entre los organismos ante los que estaba acreditado figuraba la Comisión de Estupefacientes, le llamé para ponerme a su disposición y, tras citarme, celebramos una intensa jornada de trabajo en la que puso de manifiesto su interés por el tema. Viajó en dos ocasiones a Viena y contribuyó a potenciar la presencia española en la ONU. Pude comprobar su inteligencia, su tenacidad y su capacidad de trabajo, pero también apreciar su defecto más notorio: su egolatría y su obsesión por el protagonismo, que le llevaba a “meterse en camisas de once varas”. Una simple anécdota para aseverar este aserto. Durante una de sus visitas a principios de 1994, Garzón se interesó por la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, donde se estaba discutiendo la realización de un Seminario sobre Corrupción de Funcionarios Públicos, que debía ser organizado por Holanda. Por si y ante sí -y sin consultar con Justicia-, decidió que España debería organizar el seminario. Presentamos nuestra candidatura y, pese a que sólo éramos observadores en la Comisión, conseguimos la nominación. Con el Secretario de la Comisión, Edoardo Vetere, seleccioné los expertos y se acordó celebrar la reunión en Septiembre en Madrid. En Abril cesó Garzón en su puesto y el Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se negó a organizar el seminario, dejando a la Representación de España ante la ONU en una situación bastante desairada.
Procesos al Juez Garzón
Últimamente , la “Brunete mediática” que siempre ha respaldado y jaleado a Garzón ha falseado la realidad, en una ceremonia de la confusión, y ha presentado al Superjuez como víctima propiciatoria de los inquisidores fascistas del Tribunal Supremo. Pese a estas maniobras de ocultación, Garzón no ha sido juzgado por luchar contra la trama “Gúrtel” y evitar el blanqueo de dinero por sus protagonistas, sino por ordenar las escuchas de las conversaciones con sus abogados, sin existir conexiones con delitos terroristas, y aprovecharse de las audiciones para instruir el proceso. No ha sido juzgado por perseguir los crímenes del franquismo y tratar de recuperar los cadáveres desaparecidos de sus víctimas, sino por haber abierto una causa general contra el franquismo, careciendo de competencia e ignorando la Ley de Amnistía. No ha sido juzgado por organizar cursos en la Universidad de Nueva York para promover la lucha contra el terrorismo, sino por haber solicitado dinero para dichos cursos a empresas que tenían a algunos de sus directivos encausados en la Audiencia Nacional, y archivado posteriormente las denuncias contra algunos de ellos. Son casos clarísimos de prevaricación y de cohecho tipificados en el Código Penal. Garzón recurrió a todo tipo de triquiñuelas procesales -recusaciones, descalificaciones, recursos- para que se sobreseyeran o alargaran los procesos, pero al fin tuvo que sentarse en el banquillo.
En el caso de las escuchas, ha sido condenado por cohecho. En el caso de los cursos de Nueva York, la campana de una interpretación generosa de la prescripción ha salvado in extremis al púgil del k.o. técnico de la condena. Aún así, el magistrado instructor ha considerado acreditado que incurrió en el delito de cohecho impropio al solicitar y recibir 1.2 millones de dólares de grandes empresas españolas que tenían asuntos pendientes en su juzgado, y ha censurado la “estrategia de persuasión” y la “metodología recaudatoria” para conseguir el dinero gracias a la utilización de su cargo. En el caso de las víctimas del franquismo, aún no se ha dictado sentencia, pero –en mi modesta opinión- Garzón ha prevaricado con todas las de la ley.
Los magistrados del TS decidieron por unanimidad que, en el caso de las escuchas. Garzón había laminado el derecho de defensa y actuado como en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener información, prescindiendo de las mínimas garantías de los ciudadanos. El Tribunal concluía -en una sentencia de gran rigor jurídico- que “la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”. Garzón rechazó la sentencia –que calificó de “aberración”- porque no se ajustaba a derecho, lo condenaba de forma injusta y estaba predeterminada. En una actitud luzbeliana afirmó:”Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”. “Errare humanum est” y resulta disculpable si se admite humildemente la equivocación, pero lo que no resulta aceptable es el empecinamiento en el error.
Pedro G. Cuartango ha comparado a Garzón con Calígula por situarse por encima de la ley y juzgar a los hombres en función de una voluntad personal sin límites. Cree el juez que su poder es más fuerte que la ley, que su voluntad está por encima de la Constitución y que los buenos fines justifican cualquier mal medio. Nunca ha visto en sus acciones contradicción con la norma, porque –como el Emperador romano- encarna la legalidad y, por tanto, sus resoluciones son justas. Garzón declaró –citando a Kant- que él se guiaba por su conciencia, que estaba por encima de cualquier otra consideración, incluida la ley. Sin embargo, una conciencia subjetiva nunca puede prevalecer sobre la objetividad de la ley. La prevaricación -dictar a sabiendas una resolución manifiestamente injusta- es el peor pecado que puede cometer un juez, porque equivale a subvertir la justicia que debe aplicar. Garzón ha cavado su propia fosa y se ha ganado a pulso la inhabilitación. Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Como Ícaro, Garzón ha pretendido volar demasiado alto y el astro rey le ha quemado las alas. El hombre que veía amanecer –Pilar Urbano dixit- ha propiciado con su conducta desmesurada su propio ocaso.
viernes, 10 de febrero de 2012
El timo del TAS: ni tribunal de arbitraje, ni deportivo
EL TIMO DEL TAS: NI TRIBUNAL DE ARBITRAJE, NI DEPORTIVO
No sé si voy a tener que cambiar el título de mi columna, pues hay ocasiones en que sí es peligroso asomarse al exterior y, si no, que se lo pregunten a Alberto Contador. Estoy “indignado” con el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del pasado 6 de Febrero, por el que injustamente ha condenado al gran ciclista español a dos años de suspensión por dopaje. Y lo estoy en cuanto jurista, amante del deporte y español..
Indignación como jurista
El TAS es una institución privada con sede en Suiza, un seudo-tribunal que -con un procedimiento sui generi-, enjuicia a los deportistas por el consumo de sustancias prohibidas. Con su condena a Contador, el Tribunal ha violado varios principios básicos del Derecho Penal: no se puede condenar sin pruebas, en caso de duda se debe favorecer al acusado y la carga de la prueba recae sobre el acusador
Es cierto que el TAS debe aplicar las normas deportivas vigentes, entre las que figura el artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, que establece que un deportista es siempre responsable de las sustancias que aparezcan en su organismo y, si éstas son prohibidas -con independencia de su volumen o sus consecuencias- será castigado con dos años de suspensión. Es un tipo de “responsabilidad objetiva” en el que se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que demostrar su inocencia. Una vuelta a la “probatio diabolica”, que ya sufrió Miguel Servet y le llevó a la hoguera en Suiza.
Una interpretación estricta de esta norma, como la realizada por el TAS, lleva a preguntarnos ¿para qué sirve un tribunal si el mero hallazgo de 50 míseros picogramos de clembuterol en la sangre de Contador –que no afectaron su rendimiento deportivo- basta para que sea condenado a la pena máxima?. Pese a la insuficiencia de la norma, el Tribunal podía haberla interpretado de forma más racional. Según el artículo 296 del Reglamento Antidopaje, el deportista debe ser exculpado si se certifica que no hubo dolo o negligencia, pero el TAS ignoró este precepto. Reconoció que los supuestos de la carne adulterada o la transfusión sanguínea eran poco probables, mientras que el de los complementos alimenticios era posible y probable. Admitió, sin embargo, que “más allá de la duda razonable, este Tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados”. El TAS no sabe, pero contesta. Ignora si se ha producido la ingestión, de qué sustancia, cuándo, cómo o dónde. Al igual que dijo Santa Teresa,“sólo sé que no sé nada”. Por ello, debería haber aplicado el principio “in dubio pro reo”, mas estos juristas “amateurs” han osado modificar la jurisprudencia penal y sentar el principio de “in dubio contra reo”.
Y aún en el supuesto de que creyeran imprescindible sancionar a un inocente para dar ejemplo de tolerancia cero con el dopaje, aún podrían haber recurrido al artículo 297 del Reglamento, conforme al cual se puede reducir el castigo a un año si se demuestra que no ha existido negligencia significativa en el comportamiento del deportista, como es evidentemente el caso. Pero no, hay que castigar sin piedad a los “tramposos” –el impresentable Presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fahey dixit- y, sino quieres una taza de un año, pues toma otra de dos.
.
Indignación como amante del deporte
El deporte es una importante actividad humana que debe estar regida por la limpieza y el “fair play”, y sobre los deportistas que incumplan las normas de la ética profesional debe recaer todo el peso de la ley. Como ha declarado el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a quien se le pruebe su dopaje, que sea sancionado, pero hay que defender la inocencia de los que no se hayan dopado. Del confuso laudo se desprende que Contador no tomó sustancias prohibidas, ni conscientemente, ni por culpa o negligencia, y que las insignificantes trazas de clembuterol halladas en su organismo no permitían mejorar su rendimiento, pues la droga suministrada en una sola dosis no sirve para nada. En tales circunstancias, resulta incomprensible la decisión del TAS que -aparte de humillar a un gran campeón inocente- causa grave daño al ciclismo que pretende proteger. Para luchar contra una posible injusticia, no cabe recurrir a la injusticia, ni la justicia puede convertirse en venganza. El fin no justifica los medios
El único defecto de Contador ha sido ganar casi todas las pruebas a las que se ha presentado, y el éxito es difícil de ser perdonado. Fahey le ha acusado de tramposo, sin aportar prueba alguna. Estas acusaciones –auténticas calumnias- resultan intolerables al proceder del Presidente de la AMA, que debería dar prueba de objetividad y neutralidad y no de avidez recaudatoria. “Si la UCI cobra una multa a Contador –ha afirmado con la mayor desfachatez- por supuesto estaríamos interesados en coger una parte”.
El miembro de la Comisión de Deportistas del AMA, Alberto López, ha afirmado que, tras la injusta sentencia contra Alberto ahora es el momento de modificar el Código Mundial Antidopaje y revisar el principio de responsabilidad objetiva. Algunas de las normas que rigen el TAS son contrarías al derecho español y al derecho europeo, y tanto España, como la Unión Europea deberían involucrarse activamente para corregir esta lamentable situación.
Indignación como español
La AMA y la UCI han menospreciado a la Federación Española de Ciclismo a la que remitieron el caso Contador. El Comité de Competición lo condenó a una suspensión de un año, pero, tras la apelación del ciclista -una muestra más de su inocencia- lo absolvió. La AMA y la UCI recurrieron al TAS esta decisión y la Unión ha llegado insólitamente a desautorizar el permiso de la RFEC para que Contador pudiera competir y le ha privado de sus triunfos en pruebas como el “Tour” de Francia, el “Giro” de Italia o la “Volta” a Cataluña. Equivale a añadir insulto a la herida.
Esta desconsideración ha dado alas a las campañas europeas contra el deporte español, especialmente en Francia. La “grandeur” le hace difícil aceptar que desde hace años las competiciones más emblemáticas del país –el “Tour” y el “Roland-Garros”- no hayan sido ganadas por un galo, mientras los españoles las ganan año tras año. Y no sólo existe superioridad hispana en ciclismo y tenis, sino también en la mayoría de los demás deportes. No cabe alegar que se trata sólo de gamberradas de los guiñoles de Canal+ -que entran en el dominio penal al incurrir en la calumnia e intromisión en el honor personal de los deportistas-, pues los ataques son generalizados, en la prensa supuestamente seria –como “Le Monde” o “Libération”- y en la especializada –como “L’Équipe”-. Me ha sorprendido el silencio del Presidente del Gobierno –un gran aficionado al ciclismo y comentarista ocasional de este deporte-, mientras que su predecesor manifestó en su día que no había razones jurídicas para sancionar a Contador. El recurso a la protesta a través de la Embajada me parece excesivo.
El Gobierno debe contribuir a que se haga justicia a Contador. El ciclista ha manifestado su intención de recurrir ante la jurisdicción suiza ordinaria, pero ahí tiene escasas posibilidades de éxito. La mejor baza radica en apelar al Tribual Europeo de Derechos Humanos, para lo que deberá contar con todo el apoyo de España.
Madrid, 10 de Febrero de 2012
No sé si voy a tener que cambiar el título de mi columna, pues hay ocasiones en que sí es peligroso asomarse al exterior y, si no, que se lo pregunten a Alberto Contador. Estoy “indignado” con el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del pasado 6 de Febrero, por el que injustamente ha condenado al gran ciclista español a dos años de suspensión por dopaje. Y lo estoy en cuanto jurista, amante del deporte y español..
Indignación como jurista
El TAS es una institución privada con sede en Suiza, un seudo-tribunal que -con un procedimiento sui generi-, enjuicia a los deportistas por el consumo de sustancias prohibidas. Con su condena a Contador, el Tribunal ha violado varios principios básicos del Derecho Penal: no se puede condenar sin pruebas, en caso de duda se debe favorecer al acusado y la carga de la prueba recae sobre el acusador
Es cierto que el TAS debe aplicar las normas deportivas vigentes, entre las que figura el artículo 21 del Código Mundial Antidopaje, que establece que un deportista es siempre responsable de las sustancias que aparezcan en su organismo y, si éstas son prohibidas -con independencia de su volumen o sus consecuencias- será castigado con dos años de suspensión. Es un tipo de “responsabilidad objetiva” en el que se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que demostrar su inocencia. Una vuelta a la “probatio diabolica”, que ya sufrió Miguel Servet y le llevó a la hoguera en Suiza.
Una interpretación estricta de esta norma, como la realizada por el TAS, lleva a preguntarnos ¿para qué sirve un tribunal si el mero hallazgo de 50 míseros picogramos de clembuterol en la sangre de Contador –que no afectaron su rendimiento deportivo- basta para que sea condenado a la pena máxima?. Pese a la insuficiencia de la norma, el Tribunal podía haberla interpretado de forma más racional. Según el artículo 296 del Reglamento Antidopaje, el deportista debe ser exculpado si se certifica que no hubo dolo o negligencia, pero el TAS ignoró este precepto. Reconoció que los supuestos de la carne adulterada o la transfusión sanguínea eran poco probables, mientras que el de los complementos alimenticios era posible y probable. Admitió, sin embargo, que “más allá de la duda razonable, este Tribunal no está convencido de que se haya producido una contaminación por ingestión de suplementos contaminados”. El TAS no sabe, pero contesta. Ignora si se ha producido la ingestión, de qué sustancia, cuándo, cómo o dónde. Al igual que dijo Santa Teresa,“sólo sé que no sé nada”. Por ello, debería haber aplicado el principio “in dubio pro reo”, mas estos juristas “amateurs” han osado modificar la jurisprudencia penal y sentar el principio de “in dubio contra reo”.
Y aún en el supuesto de que creyeran imprescindible sancionar a un inocente para dar ejemplo de tolerancia cero con el dopaje, aún podrían haber recurrido al artículo 297 del Reglamento, conforme al cual se puede reducir el castigo a un año si se demuestra que no ha existido negligencia significativa en el comportamiento del deportista, como es evidentemente el caso. Pero no, hay que castigar sin piedad a los “tramposos” –el impresentable Presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, John Fahey dixit- y, sino quieres una taza de un año, pues toma otra de dos.
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Indignación como amante del deporte
El deporte es una importante actividad humana que debe estar regida por la limpieza y el “fair play”, y sobre los deportistas que incumplan las normas de la ética profesional debe recaer todo el peso de la ley. Como ha declarado el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a quien se le pruebe su dopaje, que sea sancionado, pero hay que defender la inocencia de los que no se hayan dopado. Del confuso laudo se desprende que Contador no tomó sustancias prohibidas, ni conscientemente, ni por culpa o negligencia, y que las insignificantes trazas de clembuterol halladas en su organismo no permitían mejorar su rendimiento, pues la droga suministrada en una sola dosis no sirve para nada. En tales circunstancias, resulta incomprensible la decisión del TAS que -aparte de humillar a un gran campeón inocente- causa grave daño al ciclismo que pretende proteger. Para luchar contra una posible injusticia, no cabe recurrir a la injusticia, ni la justicia puede convertirse en venganza. El fin no justifica los medios
El único defecto de Contador ha sido ganar casi todas las pruebas a las que se ha presentado, y el éxito es difícil de ser perdonado. Fahey le ha acusado de tramposo, sin aportar prueba alguna. Estas acusaciones –auténticas calumnias- resultan intolerables al proceder del Presidente de la AMA, que debería dar prueba de objetividad y neutralidad y no de avidez recaudatoria. “Si la UCI cobra una multa a Contador –ha afirmado con la mayor desfachatez- por supuesto estaríamos interesados en coger una parte”.
El miembro de la Comisión de Deportistas del AMA, Alberto López, ha afirmado que, tras la injusta sentencia contra Alberto ahora es el momento de modificar el Código Mundial Antidopaje y revisar el principio de responsabilidad objetiva. Algunas de las normas que rigen el TAS son contrarías al derecho español y al derecho europeo, y tanto España, como la Unión Europea deberían involucrarse activamente para corregir esta lamentable situación.
Indignación como español
La AMA y la UCI han menospreciado a la Federación Española de Ciclismo a la que remitieron el caso Contador. El Comité de Competición lo condenó a una suspensión de un año, pero, tras la apelación del ciclista -una muestra más de su inocencia- lo absolvió. La AMA y la UCI recurrieron al TAS esta decisión y la Unión ha llegado insólitamente a desautorizar el permiso de la RFEC para que Contador pudiera competir y le ha privado de sus triunfos en pruebas como el “Tour” de Francia, el “Giro” de Italia o la “Volta” a Cataluña. Equivale a añadir insulto a la herida.
Esta desconsideración ha dado alas a las campañas europeas contra el deporte español, especialmente en Francia. La “grandeur” le hace difícil aceptar que desde hace años las competiciones más emblemáticas del país –el “Tour” y el “Roland-Garros”- no hayan sido ganadas por un galo, mientras los españoles las ganan año tras año. Y no sólo existe superioridad hispana en ciclismo y tenis, sino también en la mayoría de los demás deportes. No cabe alegar que se trata sólo de gamberradas de los guiñoles de Canal+ -que entran en el dominio penal al incurrir en la calumnia e intromisión en el honor personal de los deportistas-, pues los ataques son generalizados, en la prensa supuestamente seria –como “Le Monde” o “Libération”- y en la especializada –como “L’Équipe”-. Me ha sorprendido el silencio del Presidente del Gobierno –un gran aficionado al ciclismo y comentarista ocasional de este deporte-, mientras que su predecesor manifestó en su día que no había razones jurídicas para sancionar a Contador. El recurso a la protesta a través de la Embajada me parece excesivo.
El Gobierno debe contribuir a que se haga justicia a Contador. El ciclista ha manifestado su intención de recurrir ante la jurisdicción suiza ordinaria, pero ahí tiene escasas posibilidades de éxito. La mejor baza radica en apelar al Tribual Europeo de Derechos Humanos, para lo que deberá contar con todo el apoyo de España.
Madrid, 10 de Febrero de 2012
lunes, 6 de febrero de 2012
Insólita acción conjunta de varios Ministros de Exteriores
INSÓLITA ACCIÓN CONJUNTA DE VARIOS EX-MINISTROS DE EXTERIORES
El periódico “El Mundo” publicó el pasado día 5 un insólito artículo sobre “Una política exterior al servicio de España”, firmado conjuntamente por 11 de los 12 Ministros de Asuntos Exteriores que ha habido en España desde el restablecimiento de la democracia, de Marcelino Oreja a José Manuel García-Margallo, con la única ausencia –por razones obvias- de Francisco Fernández Ordóñez. Este hecho inhabitual –tanto por su contenido, como por las diferentes posiciones políticas e ideológicas de sus signatarios- es digno de encomio y alabanza. Los co-autores del documento se declaran concientes de las dificultades por las que atraviesan los Estados de la UE, y expresan su opinión sobre el papel que puede y debe desempeñar nuestro país para superar esta crisis y permitir que España ocupe un lugar de primer orden en la política internacional.
Comparto en su totalidad las manifestaciones de los 11 ex-Ministros y del actual titular de la cartera de Exteriores, aunque quepa precisar algunas de sus afirmaciones, como la de que “la prioridad número uno de nuestra acción exterior no puede ser otra que la recuperación económica y la creación de empleo”. Estoy de acuerdo con este objetivo, aunque no con su formulación. El desarrollo económico y la lucha contra el paro son objetivos prioritarios de la política interior de España y no tanto de su política exterior, aunque ambas estén íntimamente vinculadas. Pese a la gravísima crisis económica-financiera que padecemos, no hay que confundir la política exterior con la política económica exterior -parte de aquélla-, ni sustituir el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por otro de Comercio Exterior. Por importante que sea la economía, siempre deberá estar supeditada a la política general de un Estado.
Intereses permanentes en la política exterior española
Los Ministros matizan su tajante aserto al afirmar más adelante que “el papel de España en el mundo depende de cómo resolvamos nuestros desafíos internos, comenzando por los económicos”. Completamente de acuerdo: la política exterior de un Estado está condicionada por su política interior. Para ello, “hace falta una política exterior con una cierta visión de los intereses nacionales, que se construya sobre lo mejor que han hecho nuestros sucesivos gobiernos”. En efecto, los intereses de un Estados –como mantenía Tayllerand- tienen carácter permanente y deben prevalecer en lo sustancial pese a los cambios de gobierno, e incluso de régimen, lo que no ha sido siempre el caso con algunos de los Gobiernos socialistas, especialmente los últimos.
El añorado ausente de la lista de firmantes, Francisco Fernández Ordóñez, -aún con su funambulismo político y su apertura a sinistra- aceptó plenamente este axioma tras la fase de escarceos no-alineados y tercermundistas de Fernando Morán- y, en 1992, declaró lo siguiente:”Por primera vez desde hace siglos estamos, no de espectadores, sino de actores en la construcción de Europa…Una vez abierta la puerta, superados el encogimiento y el ensimismamiento –el sueño hipnótico del que hablaba Unamuno-, el camino que se dibuja ante nosotros nos lleva de manera natural hacia donde precisamente estamos hoy: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico”. No es casualidad que precisamente en estos vectores hallan puesto énfasis los ministros en su escrito. No son los únicos, pero sí los más importantes de nuestra política exterior.
Algunos medios de comunicación –como el editorial de “El Mundo”- han subrayado la necesidad de que los principales partidos españoles concierten un Pacto de Estado sobre las prioridades y objetivos de la política exterior. No es estrictamente necesario si se vuelve a la práctica de la política tradicional en la materia, pero sin duda será sumamente útil para evitar posibles desviaciones, como las realizadas por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Adopción de una Ley del Servicio Exterior
Entre las medidas requeridas, los signatarios sugieren abrir una reflexión sobre la adecuación del servicio exterior a los objetivos de una diplomacia a la altura de los retos que vivimos, la cual “debería desembocar en una propuesta de ley del servicio exterior”. Este estribillo me suena, pues se lo he oído tararear a casi todos los Ministros del ramo, sin que se haya logrado en ningún caso llevar el proyecto a feliz término, pese a la constitución de comisiones interministeriales y el nombramiento de un Embajador en misión especial para el cambio del servicio exterior. Hay quien han echado la culpa de estos fracasos al corporativismo de la carrera diplomática, pero nada más lejos de la realidad. A diferencia de cuerpos similares, como los abogados del Estado o los técnicos comercial es-¿a qué, si no, se debe, que un diplomático no consiga un puesto de Consejero Comercial, pero un técnico comercial sí pueda ser nombrado Embajador?-, la “carrière” es poco corporativista, no por falta de gana, sino por imposibilidad física, debido a la dispersión y lejanía de sus miembros y a la mayor dependencia de la Superioridad a la hora de conseguir buenos destinos, especialmente el de Embajador. El principal motivo de la falta de éxito en la necesaria y urgente reforma del servicio exterior ha radicado en que no se han tenido debidamente en cuenta los intereses y los deseos de los miembros de la carrera y no se ha contado con sus legítimos representantes, especialmente la Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en la carrera. Para solucionar el problema, García-Margallo ha decidido crear una comisión de antiguos Ministros de Exteriores presidida por Marcelino Oreja. Me parece una medida positiva, pero insuficiente. Convendría complementarla con la constitución de una comisión de nivel intermedio, integrada por miembros de la Dirección General del Servicio Exterior, representantes de las asociaciones de diplomáticos –particularmente la ADE- y de funcionarios de otros cuerpos que participan en la acción exterior –como los técnicos comerciales o los militares-, y antiguos diplomáticos.
Profesionalismo, especialización y mérito
Los ex –Ministros han afirmado acertadamente que hay que seguir avanzando para que nuestro servicio exterior “esté todavía más profesionalizado, sea más meritocrático y tenga una mayor capacidad de especialización”. Se trata de tres loables objetivos que no han podido ser alcanzados en los últimos años, y no sólo con los Gobiernos socialistas, aunque con ellos haya empeorado la situación-. Me limitaré a dar testimonio de la carrera diplomática, la principal responsable del servicio exterior. No se ha facilitado la especialización –con la excepción, quizás, de los diplomáticos especializados en temas comunitarios, aunque el mero hecho de haber estado dos ó tres años en un puesto relacionado con la Comunidad o la Unión Europeo no hacen de un funcionario un experto comunitario- y, cuando la hay, raramente se aprovecha. Basta que el funcionario sea un jurista experimentado en diplomacia multilateral para que sea enviado a un puesto bilateral sin contenido jurídico, o que hable árabe o ruso para que sea destinado a un país hispano o germano-parlante.
La “meritocracia” es una virtud raramente practicada en el Palacio de Santa Cruz o en el engendro de Torres Ágora. Con honrosas excepciones, los puestos importantes –y otros no tanto- se suelen conceder más por afinidades ideológicas que por méritos profesionales. Se requieren muchos cambios en el Ministerio para lograr los objetivos de especialización, profesionalización y mérito. Hay que establecer una eficiente y objetiva política de personal y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles.
Madrid, 6 de Febrero de 2012
El periódico “El Mundo” publicó el pasado día 5 un insólito artículo sobre “Una política exterior al servicio de España”, firmado conjuntamente por 11 de los 12 Ministros de Asuntos Exteriores que ha habido en España desde el restablecimiento de la democracia, de Marcelino Oreja a José Manuel García-Margallo, con la única ausencia –por razones obvias- de Francisco Fernández Ordóñez. Este hecho inhabitual –tanto por su contenido, como por las diferentes posiciones políticas e ideológicas de sus signatarios- es digno de encomio y alabanza. Los co-autores del documento se declaran concientes de las dificultades por las que atraviesan los Estados de la UE, y expresan su opinión sobre el papel que puede y debe desempeñar nuestro país para superar esta crisis y permitir que España ocupe un lugar de primer orden en la política internacional.
Comparto en su totalidad las manifestaciones de los 11 ex-Ministros y del actual titular de la cartera de Exteriores, aunque quepa precisar algunas de sus afirmaciones, como la de que “la prioridad número uno de nuestra acción exterior no puede ser otra que la recuperación económica y la creación de empleo”. Estoy de acuerdo con este objetivo, aunque no con su formulación. El desarrollo económico y la lucha contra el paro son objetivos prioritarios de la política interior de España y no tanto de su política exterior, aunque ambas estén íntimamente vinculadas. Pese a la gravísima crisis económica-financiera que padecemos, no hay que confundir la política exterior con la política económica exterior -parte de aquélla-, ni sustituir el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por otro de Comercio Exterior. Por importante que sea la economía, siempre deberá estar supeditada a la política general de un Estado.
Intereses permanentes en la política exterior española
Los Ministros matizan su tajante aserto al afirmar más adelante que “el papel de España en el mundo depende de cómo resolvamos nuestros desafíos internos, comenzando por los económicos”. Completamente de acuerdo: la política exterior de un Estado está condicionada por su política interior. Para ello, “hace falta una política exterior con una cierta visión de los intereses nacionales, que se construya sobre lo mejor que han hecho nuestros sucesivos gobiernos”. En efecto, los intereses de un Estados –como mantenía Tayllerand- tienen carácter permanente y deben prevalecer en lo sustancial pese a los cambios de gobierno, e incluso de régimen, lo que no ha sido siempre el caso con algunos de los Gobiernos socialistas, especialmente los últimos.
El añorado ausente de la lista de firmantes, Francisco Fernández Ordóñez, -aún con su funambulismo político y su apertura a sinistra- aceptó plenamente este axioma tras la fase de escarceos no-alineados y tercermundistas de Fernando Morán- y, en 1992, declaró lo siguiente:”Por primera vez desde hace siglos estamos, no de espectadores, sino de actores en la construcción de Europa…Una vez abierta la puerta, superados el encogimiento y el ensimismamiento –el sueño hipnótico del que hablaba Unamuno-, el camino que se dibuja ante nosotros nos lleva de manera natural hacia donde precisamente estamos hoy: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, la solidaridad mediterránea y el vínculo atlántico”. No es casualidad que precisamente en estos vectores hallan puesto énfasis los ministros en su escrito. No son los únicos, pero sí los más importantes de nuestra política exterior.
Algunos medios de comunicación –como el editorial de “El Mundo”- han subrayado la necesidad de que los principales partidos españoles concierten un Pacto de Estado sobre las prioridades y objetivos de la política exterior. No es estrictamente necesario si se vuelve a la práctica de la política tradicional en la materia, pero sin duda será sumamente útil para evitar posibles desviaciones, como las realizadas por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Adopción de una Ley del Servicio Exterior
Entre las medidas requeridas, los signatarios sugieren abrir una reflexión sobre la adecuación del servicio exterior a los objetivos de una diplomacia a la altura de los retos que vivimos, la cual “debería desembocar en una propuesta de ley del servicio exterior”. Este estribillo me suena, pues se lo he oído tararear a casi todos los Ministros del ramo, sin que se haya logrado en ningún caso llevar el proyecto a feliz término, pese a la constitución de comisiones interministeriales y el nombramiento de un Embajador en misión especial para el cambio del servicio exterior. Hay quien han echado la culpa de estos fracasos al corporativismo de la carrera diplomática, pero nada más lejos de la realidad. A diferencia de cuerpos similares, como los abogados del Estado o los técnicos comercial es-¿a qué, si no, se debe, que un diplomático no consiga un puesto de Consejero Comercial, pero un técnico comercial sí pueda ser nombrado Embajador?-, la “carrière” es poco corporativista, no por falta de gana, sino por imposibilidad física, debido a la dispersión y lejanía de sus miembros y a la mayor dependencia de la Superioridad a la hora de conseguir buenos destinos, especialmente el de Embajador. El principal motivo de la falta de éxito en la necesaria y urgente reforma del servicio exterior ha radicado en que no se han tenido debidamente en cuenta los intereses y los deseos de los miembros de la carrera y no se ha contado con sus legítimos representantes, especialmente la Asociación de Diplomáticos Españoles, mayoritaria en la carrera. Para solucionar el problema, García-Margallo ha decidido crear una comisión de antiguos Ministros de Exteriores presidida por Marcelino Oreja. Me parece una medida positiva, pero insuficiente. Convendría complementarla con la constitución de una comisión de nivel intermedio, integrada por miembros de la Dirección General del Servicio Exterior, representantes de las asociaciones de diplomáticos –particularmente la ADE- y de funcionarios de otros cuerpos que participan en la acción exterior –como los técnicos comerciales o los militares-, y antiguos diplomáticos.
Profesionalismo, especialización y mérito
Los ex –Ministros han afirmado acertadamente que hay que seguir avanzando para que nuestro servicio exterior “esté todavía más profesionalizado, sea más meritocrático y tenga una mayor capacidad de especialización”. Se trata de tres loables objetivos que no han podido ser alcanzados en los últimos años, y no sólo con los Gobiernos socialistas, aunque con ellos haya empeorado la situación-. Me limitaré a dar testimonio de la carrera diplomática, la principal responsable del servicio exterior. No se ha facilitado la especialización –con la excepción, quizás, de los diplomáticos especializados en temas comunitarios, aunque el mero hecho de haber estado dos ó tres años en un puesto relacionado con la Comunidad o la Unión Europeo no hacen de un funcionario un experto comunitario- y, cuando la hay, raramente se aprovecha. Basta que el funcionario sea un jurista experimentado en diplomacia multilateral para que sea enviado a un puesto bilateral sin contenido jurídico, o que hable árabe o ruso para que sea destinado a un país hispano o germano-parlante.
La “meritocracia” es una virtud raramente practicada en el Palacio de Santa Cruz o en el engendro de Torres Ágora. Con honrosas excepciones, los puestos importantes –y otros no tanto- se suelen conceder más por afinidades ideológicas que por méritos profesionales. Se requieren muchos cambios en el Ministerio para lograr los objetivos de especialización, profesionalización y mérito. Hay que establecer una eficiente y objetiva política de personal y aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles.
Madrid, 6 de Febrero de 2012
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