La Justicia sigue dándonos satisfacciones

LA JUSTICIA SIGUE DÁNDONOS SATISFACCIONES En momentos de incertidumbre jurídica, la Justicia -tanto internacional como nacional- nos sigue dando motivos de esperanza sobre el mantenimiento del Estado de Derecho. El Tribunal General de la Unión Europea acaba de rechazar los recursos de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo (PE) de despojarles de su inmunidad como diputados. El Tribunal Supremo (TS), a su vez, ha dictado sendas sentencias en las que ha anulado un fallo injusto por el que se condenó a un inocente y revocado por segunda vez un nombramiento inadecuado realizado por la anterior Fiscal General del Estado. Rechazo del Tribunal General de los recursos de los sediciosos catalanes El 4 de julio, el Tribunal General de la UE rechazó los recursos presentados por Puigdemont, Comín y Ponsati contra la decisión del PE de privarles de su inmunidad como eurodiputados. Los hechos han sido los siguientes: Tras la realización del intento de golpe de Estado en Cataluña de 2017, el TS dictó en marzo de 2018 un auto de procesamiento contra los autores del mismo y, en el mes de julio, declaró en rebeldía a los tres encausados que habían huido a Bélgica para eludir la acción de la justicia española. Estos se presentaron a las elecciones europeas y, el 26 de mayo de 2019, Puigdemont y Comín fueron elegidos eurodiputados. El 31 de enero de 2020, también adquirió esta condición Ponsati como consecuencia de la retirada de Gran Bretaña de la Unión. Sin embargo, ninguno de ellos acató la Constitución como requiere la legislación española como requisito indispensable para que ciudadanos españoles adquieran la condición plena de eurodiputados. En su sentencia de 9 de marzo de 2021, el TJUE modificó inopinada y sorprendentemente su jurisprudencia en el “caso Junqueras”, al decidir que los diputados elegidos al PE adquirían esa condición desde el momento de su elección, con independencia de que cumplieran o no los requisitos requeridos por el ordenamiento jurídico del Estado del que fueran nacionales. Según la legislación española -especialmente la Ley Orgánica de 1985 sobre régimen electoral general-, en un plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central, que declarará vacantes los escaños correspondientes a los eurodiputados que no la hubieran acatado, y suspenderá todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo hasta que no lo hicieren -artículo 224-2-. Ninguno de los tres flamantes eurodiputados se dignó acatar la Carta Magna, por lo que el Gobierno español no notifico al PE que habían sido proclamados eurodiputados. Tras su malhadada sentencia, el TJUE determinó que Puigdemont y Comín habían adquirido el status de eurodiputados el 2 de julio de 2019, y Ponsati el 2 de febrero de 2020. El TS presentó un suplicatorio para que se despojara a los tres eurodiputados de sus inmunidades indebidamente adquiridas y, el 9 de marzo de 2021, el Parlamento acordó acceder al suplicatorio y privarles de sus prerrogativas. Los tres excluidos presentaron un recurso ante el Tribunal General en contra de esa decisión. Había un segundo recurso presentado en 2019 por la eurodiputada de ERC, Diana Riba, para que se anulara la decisión del presidente del PE de no comunicar al Pleno ni remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos la demanda de amparo presentada para salvaguardar la inmunidad de los tres eurodiputados. El Tribunal General ha rechazado este recurso porque, a la sazón, no se había dictado todavía la sentencia del “caso Junqueras” y -de acuerdo con la jurisprudencia seguida hasta entonces por el Tribunal- los eurodiputados no adquirían la condición de tales hasta que no hubieran cumplido los requisitos exigidos por la legislación nacional para serlo. La decisión del presidente de la Eurocámara no podía producir efectos jurídicos obligatorios y, por tanto, su negativa a tomar semejante medida no constituía un acto recurrible, En el recurso principal, la defensa de los prófugos dirigida por el abogado delincuente Gonzalo Boye alegó que se había violado en la investigación el principio de imparcialidad, porque la Comisión de Asuntos Jurídicos competente para incoar el procedimiento, estaba presidida por un español -Adrián Vázquez- miembro de Ciudadanos, y que el ponente -el búlgaro Ángel Dzhambazki- pertenecía al Grupo de los Conservadores y Reformistas en el que también figuraban Vox -que se había personado en el proceso contra los secesionistas- y había acumulado la elaboración de las ponencias relativas los tres eurodiputados. Antes de entrar a rebatir los argumentos de la defensa, el Tribunal manifestó un obvio “fin de non recevoir”, porque los delitos por los que se acusaba a los inculpados habían sido cometidos en 2017, con anterioridad a la fecha en que adquirieron su condición de diputados, por lo que el proceso incoado no podía afectar al ejercicio de unas inmunidades que aún no habían sido adquiridas. Por otra parte, al presidente del PE no le correspondía analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, que eran de la competencia exclusiva de las autoridades de España. Respecto a las alegaciones de vulneración del principio de imparcialidad, el Tribunal señaló que la rotación en igualdad de las condiciones de la función del ponente no impedía que se designara a un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad conexos, cuando los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se referían a eurodiputados objeto de un mismo proceso penal. Aunque los diputados, por definición, no fueran políticamente neutros, actuaban en el marco de una Comisión parlamentaria cuya composición reflejaba el equilibrio de los grupos políticos existentes en el Parlamento. La designación de Dzhambazki se había producido “conforme al turno en igualdad de condiciones establecido entre los grupos políticos”. La pertenencia del ponente al Grupo de Conservadores y Reformistas -al que también pertenece Vox- era totalmente irrelevante para la apreciación de su imparcialidad. Era cierto que Vox había sido parte interesada en el proceso judicial, pero la eventual exclusión por este motivo solo afectaría a los miembros de Vox y no a los demás miembros del Grupo, por el mero hecho de que compartieran afinidades políticas. Ha sido significativa la afirmación realizada durante el juicio por el Abogado general, Norbert Lorenz, de que la Eurocámara había permitido a Puigdemont y a Comín acceder a su escaño europeo “probablemente de manera ilegal”, y que la institución les había dado “un trato extremadamente abierto”. Según Lorenz, “se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España”. Coincido plenamente con esta apreciación. El Abogado defendió la actuación impecable de Vázquez y de Dzhambazki, y mantuvo que, si se aceptara la interpretación de los demandantes, se paralizaría el PE. La decisión del Tribunal no es todavía firme porque cabe el recurso de casación ante el TJUE, a interponer en un plazo de dos meses y diez días. Boye ha afirmado que, al haberse desestimado sus demandas, estaban obligados a recurrir en casación. “Nada termina aquí, todo lo contrario. Todo sigue adelante. Presentaremos recurso al TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales”. La interposición del recurso no tiene efectos suspensivos, pero el recurrente puede solicitar al Tribunal que adopte medidas provisionales de carácter cautelar. Queda abierto el camino para que el magistrado instructor Pablo Llarena remita una nueva Orden de Detención y Entrega de los prófugos por los delitos de malversación y desobediencia, ya que el Gobierno español ha suprimido el delito de sedición. En cualquier caso, no parece que los jueces belgas competentes para decidir sobre la petición -notorios por su animosidad hacia España y su menosprecio por su sistema judicial- se pronuncien antes de que el TJUE haya dictado su sentencia final. El TS anula la sentencia condenatoria de Ahmed Tommouhi La condena del marroquí Ahmed Tommouhi pon unas violaciones cometidas en Cornellá en 1991 a 24 años de prisión ha sido uno de los casos de mayor injusticia ocurridos en España. La Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó en 1992 sin pruebas suficientes -e incluso con pruebas en contrario- en base a unos reconocimientos poco creíbles de algunas de las víctimas de las violaciones. Había un informe de la Policía Científica de Barcelona que demostraba que los restos de semen encontrado en la ropa interior de una de ellas -Nuria- no correspondían con el rastro genético del acusado, pero la presidenta de la Sala y ponente de la sentencia, Margarita Robles, se negó a suspender el juicio para permitir que los expertos fueran llamados a declarar y el informe no fue incorporado al proceso. Ahmed y su supuesto cómplice, Abdelrazak Mounib, fueron condenados en base al único elemento incriminatorio de una identificación errónea de una víctima, que años después reconocería que se había equivocado. En una declaración a ”El País” en 2022, Nuria afirmó que lo había identificado sin ninguna duda y con todo su odio, pero que había sido un error. “Fue muy doloroso pensar que había señalado a una persona que no había sido, y realmente esperaba que la justicia hiciera algo”, pero la justicia no hizo nada. El abogado de oficio de Ahmed intentó presentar un recurso de casación ante el TS, pero para ello había que designar a un nuevo abogado y el Colegio de Abogados nunca llegó a nombrarlo, por lo que el recurso no se presentó y la sentencia adquirió firmeza. Quien no aceptó la situación fue el guardia civil Reyes Benitez, que había participado en la investigación del caso y en otros similares de violaciones ocurridas en Cataluña y al que no le cuadraban los hechos. Recorrió los escenarios donde se habían producido las múltiples violaciones tanto en 1991 como en 1995, revisó las declaraciones de las víctimas y rastreó la acción de su principal sospechoso, el chatarrero gitano Antonio García Carbonell, y comprobó que ambos se parecían como dos gotas de agua, lo que había facilitado el erróneo “reconocimiento” de la víctima en procedimientos poco ortodoxos. Hechas las comprobaciones científicas, Carbonell fue condenado en 1996 por diversas agresiones sexuales a 270 años de cárcel, pero su condena no benefició ni a Ahmed ni a Abdelrazak. Además del gran parecido, contribuyó a su condena la declaración de las violadas de que hablaba con su compinche en una lengua rara que creían era árabe y que resultó ser “caló”. Como ha observado Arcadi Espada, se produjo la conjunción de la presunción de culpabilidad del hombre y el crédito infuso que tenía el testimonio de una mujer, a lo que se sumó el agravante de que los acusados eran además marroquíes y musulmanes. Benítez hizo un informe que puso en evidencia las carencias e insuficiencias producidas en la tramitación del proceso, que no convencieron a los magistrados, pero sí al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quien expresó en 1999 su convicción profunda de que se había condenado a unos inocentes, por lo que sugirió que fueran indultados, propuesta a la que se unió el Defensor del Pueblo. En 1997, el TS anuló una de las sentencias condenatorias de Ahmed por una violación en Olesa de Montserrat porque el examen analítico del semen hallado en una prenda de la violada descartó su autoría. Esto alentó a su defensa a presentar en el 2000 un recurso de revisión, que fue, sin embargo, rechazado por una sala de lo Penal del TS -de la que formaban parte los magistrados progresistas José Antonio Martín Pallín y Cándido Conde-Pumpido- con el pobre argumento de que, si bien habían surgido dudas o sombras sobre la participación del recurrente en las violaciones, esos elementos probatorios solo servían para introducir incertidumbres. El argumento no podía ser más débil, porque no se trataba de que se plantearan “dudas razonables”, sino que se ofrecían nuevos elementos de prueba científicamente basados. Como no debieron quedarse con la conciencia demasiado tranquila, los magistrados sugirieron “una salida adecuada a la situación” mediante la concesión de un indulto. Diversos ministros de Justicia no abordaron la cuestión del indulto y, en el 2008, Mariano Fernández Bermejo -el de las francachelas con Garzón, Delgado, Villarejo y otros policías “non-santos”- les negó su concesión. En 2010, Braulio García Jaén publicó “Justicia poética”, un libro en el que ponía en tela de juicio la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona. En él, reproducía el siguiente diálogo con el farmacéutico Eugenio Ojero, que había participado en los análisis ignorados por la Audiencia. “Si el grupo sanguíneo no coincide, ¿podemos decir que el esperma lo exculpa también?”. Y la respuesta: “Sí, sí, tanto la sangre como el esperma”. Abdelrazak murió en prisión, Ahmed fue liberado en 2006 tras haber penado 15 años en la cárcel, y Carbonell salió a la calle en 2013, merced a la gentileza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que revocó de forma lamentable la “Doctrina Parot”, habiendo cumplido por tanto solo 18 de los 270 años a los que había sido condenado. Empeñado en que se le hiciera justicia, Ahmed presentó en 2022 un nuevo recurso de revisión ante el TS y la Fiscalía abogó por su rechazo, como ya se había hecho el año 2000, porque -dado el carácter absolutamente extraordinario de dicho recurso- no podía convertirse en un procedimiento para llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas. La Sala II de lo Penal, presidida por Manuel Marchena y con la ponencia de Juan Ramón Berdugo, rechazó el informe del fiscal Javier Zaragoza y admitió a trámite el recurso, alegando que la jurisprudencia había evolucionado y que, para que se aceptara un recurso de revisión, ya no era necesario acreditar la inocencia del recurrente, sino que bastaba con que se presentaran pruebas que presumible o probablemente pudiesen determinar un pronunciamiento absolutorio. En el 2000, el TS no había tenido en cuenta ni los análisis de semen, ni la retractación de la víctima que había realizado la errónea identificación de Ahmed. El Tribunal ha decidido anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1992 por ser contraria a derecho. En los próximos días se conocerá el texto de la sentencia. Preguntada sobre el caso por “El Mundo, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió -en un alarde de soberbia y de suficiencia impropio de un juez-, que, si ella había dictado esa sentencia, lo hizo con toda seguridad, ya que si algo tenía era “profesionalidad”. “Si esa persona está en la cárcel y yo dicté una sentencia, será porque se ajustaba a derecho. Y si no, para eso está el Supremo”. Sí, Sra ex-magistrada, efectivamente para eso está afortunadamente el TS, y éste ha estimado que su sentencia no se ajustaba a derecho y, por ello, la ha anulado, pero ha sido 21 años más tarde y un inocente ha pasado 15 años en la cárcel pon una sentencia carente de fundamento jurídico. Somos humanos y todos podemos equivocarnos, pero, en el “caso Ahmed”, se ha producido un inaudito cúmulo de errores por parte de diversas instituciones: la Audiencia Provincial de Barcelona, el Colegio de Abogados, el TS y varios ministros de Justicia ¿Qué va a hacer ahora el Estado para compensar a un inocente que ha visto arruinada su vida y la de su familia de forma tan flagrantemente injusta? Desde un punto de vista ético, a una de los principales responsables de este fiasco judicial, Robles, ni siquiera se le ha pasado por la imaginación la posibilidad de pedir perdón a la víctima causada por su grave error. El TS anula del nombramiento de Eduardo Esteban como Fiscal de Sala de Menores La controvertida ex-fiscal general del Estado, Dolores Delgado -que accedió al cargo, de forma insólita y sin sucesión de continuidad, desde su anterior puesto de ministra de Justicia- ha dado amplias muestras de nepotismo al nombrar para altos cargos del Ministerio Fiscal a colegas que eran miembros de la minoritaria Unión de Fiscales Progresistas, pese a sus escasos méritos. Un caso paradigmático fue el nombramiento como fiscal de Sala de Menores de Eduardo Esteban, que carecía de experiencia en la materia, frente a la candidatura de José Miguel de la Rosa, Fiscal de Sala mucho más antiguo y que tenía un amplio currículo en justicia de menores. Recurrido nombramiento, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS decidió, en abril de 2022, anularlo por falta de motivación e incumplimiento de las exigencias mínimas, señalando que los currículos de los dos candidatos aspirantes a la plaza no eran parangonables, dada la gran diferencia existente entre la trayectoria profesional de De la Rosa, con amplia experiencia y gran número de publicaciones en la materia, y la de Esteban, con escasa experiencia y menor antigüedad. Delgado aceptó de mal talante la decisión del TS y -mostrando su prepotencia y su desprecio por el alto Tribunal- volvió a nombrar semanas después a Esteban para el puesto en cuestión. Para ello alegó “la necesidad de reconocer a la fiscal general del Estado amplios márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades”, entre las que se encontraba la potestad de efectuar nombramientos discrecionales, y mantuvo que el perfil y el bagaje jurídico de éste era muy superior al de su contrincante. De la Rosa y la Asociación de Fiscales volvieron a recurrir el nombramiento y, el pasado 4 de julio, la Sala IV de lo Contencioso-Administrativo ha vuelto a anular el nombramiento por considerar que la motivación expresada no era válida ni ajustada a derecho. Las sentencias se darán a conocer los próximos, porque la ponente del recurso de la Asociación de Fiscales, Pilar Teso, se ha visto en minoría y ha tenido que renunciar a la ponencia, que ha sido encomendada al ponente del recurso presentado por De la Rosa, Luis Díez-Picazo, quien asumirá la redacción de ambas sentencias. La desvergüenza de Delgado no parece tener límites. Tras haber fracasado en su intento de que se adoptara una disposición por la que se establecía que los fiscales generales, al cesar en sus puestos, accederían automáticamente un puesto de Fiscal de Sala en el TS, propuso para sucederle a su jefe de Gabinete, Álvaro García, que -en estricta reciprocidad y mostrando que “de bien nacidos es ser agradecido”- la ha nombrado sucesivamente Fiscal de Sala de los Militar del TS y Fiscal de Sala de Memoria Histórica y Derechos Humanos. El último nombramiento ha sido verdaderamente escandaloso y parece ser nulo de pleno derecho por defectos de forma y de fondo. De un lado, 7 de los 9 miembros electos del Consejo Fiscal se han negado a elaborar el preceptivo informe y el nombramiento se ha realizado sin contar con él; de otro, existe una evidente posibilidad de conflicto de intereses, ya que la actual pareja sentimental de la súper-fiscal es el juez expulsado de la carrera, Baltasar Garzón, que dirige un bufete y preside una fundación que se dedican a intervenir en los temas de Derechos Humanos, sobre los que también deberá pronunciarse Delgado en función su puesto. Ambos nombramientos han sido recurridos ante el TS. Confiemos en que se produzca un cambio de Gobierno tras las elecciones del día 23. Según las encuestas, es posible que el nuevo presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo, quien ha declarado que la primera destitución que decida su Gobierno -en caso de que acceda a él- será la del presidente del CIS, José Félix Tezanos. Espero que la segunda sea la de Dolores Delgado. Inshallah! Madrid, 8 de julio de 2023

Asalto de Wagner a Putin y sus graves consecuencias

ASALTO DE WAGNER A PUTIN Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS Dada la tradicional opacidad en materia de información en un país en que todos los medios informativos están controlados por el Estado y prevalece la desinformación y la manipulación, no tenemos datos suficientes para saber con precisión qué ha ocurrido en Rusia y qué sigue ocurriendo tras el motín el Grupo Wagner del pasado 24 de junio, y el inicio de la “marcha por la justicia” de un contingente de unidades armadas hacia Moscú, que fue interrumpida por decisión de su jefe, Evgeny Prigozhin, cuando la columna se hallaba a 230 kms de la capital. Ahora no se sabe si ésta fue un intento de golpe Estado, una manifestación de protesta de los mercenarios o una conspiración militar para desestabilizar a Vladimir Putin. Antecedentes del conflicto El Grupo Wagner es una organización paramilitar privada de mercenarios -especialmente rusos- creada en 2014 y financiada por el conocido como “chef de Putin”, Prighozin, un empresario del ramo de la alimentación y del “catering”, con antecedentes penales y protegido por Putin, bajo cuyos auspicios se convirtió en el principal suministrador del Ejército y de la Administración de Rusia, y logró formar un aguerrido ejército privado para realizar labores en las que el Estado ruso prefería no aparecer, como en los casos de la invasión de Crimea o de la rebelión de las regiones ucranianas de Donestk y Lugansk. En esa fecha estaba compuesto por unos 5.000 oficiales y soldados veteranos, con experiencia en numerosos conflictos internacionales. En 2022, su número alcanzó los 50.000 efectivos, debido en buena medida a la contratación de presidiarios, a los que el Gobierno ruso perdonaba sus condenas a cambio de que se incorporaran al Grupo y participaran en la “operación militar especial” contra Ucrania. Las compañías militares privadas como Wagner son ilegales en Rusia, porque -según el artículo 71 de la Constitución- “la defensa, la seguridad, la guerra y la política exterior son competencias exclusivas del Estado”. Pese a ello, el Gobierno no solo las ha tolera, sino que las ha patrocinado, financiado y utilizado como medios de actuación, tanto en acciones puramente militares -como su decisiva participación en la guerra de Ucrania-, como políticas -intervención en países como Siria, Libia, Sudán, Mali, República Centroafricana o Venezuela-, para defender los intereses de Rusia. La defensa y la seguridad en Rusia están muy fraccionadas y hay multitud de instituciones con competencias y efectivos militares: Ministerios de Defensa, Interior y Emergencias, Guardia Nacional, Servicio Federal de Seguridad (antigua KGB), Agencia de Inteligencia Militar (GRU), Guardia de Fronteras, Servicio Federal de Protección, y Defensa Civil. Se supone que todos ellos estaban bajo el control del Consejo de Seguridad que preside Putin, pero la coordinación es manifiestamente mejorable, como se ha puesto de manifiesto con el fiasco de la invasión de Ucrania. A ellos hay que sumar el poderoso grupo Wagner y las milicias chechenas de Ramzam Kadirov, que hacen la guerra por su cuenta -y nunca mejor empleada la frase-. Esta falta de coordinación es una de las mayores críticas que Prigozhin llevaba formulando desde hace tiempo contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerasimov, a los que acusaba de ser los responsables del fracaso en la guerra de Ucrania por la errónea estrategia seguida. Ya en el mes de marzo difundió un video en el que los criticaba por no enviarle munición y repuestos, minando con ello su capacidad ofensiva. El Grupo Wagner ha sido la punta de lanza de los ataques rusos, especialmente en el Donbass, y fue sacrificado al ser forzado a batallar durante meses para ofrecer a Putin un triunfo político con la conquista de la ciudad de Bajmut, de escaso valor estratégico, lo que le supuso un altísimo número de bajas. Al fin consiguió poner la bandera negra sobre las ruinas de una ciudad totalmente destruida. Ya entonces, exigió Prigozhin la destitución de los dos jerarcas. Como ha observado con sorna Anne Applebaum, el motín fue mucho mejor planeado que la conquista de Bajmut pues, mientras que para ocupar la ciudad se necesitaron 11 meses, 11 horas le bastaron para llegar a Rostov y a Voronezh. Prigozhin había evitado incluir a Putin en sus críticas, so pretexto de que estaba siendo engañado por sus generales, pero el día 23 explotó y no libró a nadie de su ira. Acusó a Shoigu y a Guerasimov de haber bombardeado los campamentos del Grupo y causado un gran número de bajas, así como de haber escondido los cadáveres de 2.000 mercenarios en una “morgue” del sur de Rusia. “Fuimos vilmente engañados y trataron de privarnos de la oportunidad de defender a nuestra patria”. Arremetió contra el argumentario de Putin para justificar la invasión, al afirmar que era falsa la historia de que ” hubiera una agresión descabellada por parte de Ucrania y esta que fuera a atacar con todo el bloque de la OTAN”, y que “la guerra no era necesaria para devolver a los ciudadanos rusos a nuestro seno, ni para desmilitarizar o desnazificar a Ucrania”. Esto supuso -en opinión de Ana Palacio- lanzar un torpedo contra la línea de flotación del relato de Putin, al pinchar el mito de la guerra necesaria y de su inexorabilidad y justicia. Prigozhin avisó de que el Grupo Wagner decidiría “cómo responder a esa atrocidad” y, esta vez, no se trataba de balandronadas propias del personaje, sino que pasó de la palabra a los hechos y envió una columna armada de 5.000 efectivos desde Rostov a Moscú por la autopista M-4, a plena luz del día. Hechos ocurridos en el último fin de semana de junio El 24 de junio, las tropas de Wagner abandonaron sus bases en Ucrania y ocuparon Rostov del Don, ciudad de un millón de habitantes situada en la frontera con Ucrania, que es la capital militar de la región, el cuartel general del Ejército, la base de operaciones para la guerra en Ucrania y el centro logístico de las Fuerzas Armadas rusas, sin encontrar la menor resistencia ni disparar un solo tiro, en medio de la indiferencia -cuando no anuencia- de la población. Acto seguido, el convoy de vehículos blindados y tanques enfiló la autopista camino de Moscú e hizo un recorrido de 780 kms, pese a la vulnerabilidad de una columna kilométrica, carente de cobertura aérea, que debería haber sido fácil presa de la poderosa aviación rusa. Solo encontraron la oposición de siete aviones y helicópteros, que fueron derribados por los mercenarios, causando la muerte de sus tripulantes. Putin estuvo desaparecido durante unas horas y solo transmitió un breve comunicado por TV, en el que afirmó que defendería al pueblo y al Estado contra todas las amenazas -incluidas las internas- causadas por las ambiciones desenfrenadas y los intereses personales, que habían provocado “la traición a nuestro país y a nuestro pueblo”, y que suponía “una puñalada por la espalda. Concluía diciendo que las acciones para defender a la patria contra semejante peligro serían contundentes y que todos los que se habían rebelado sufrirían un castigo ejemplar. Luego, abandonó Moscú y se refugió al parecer en un búnker en San Petersburgo, bajo la protección de la Guardia Nacional. Las medidas adoptadas para proteger la capital fueron propias de un país bananero. Se acumularon autobuses y excavadoras en las carreteras de acceso a la ciudad y circularon blindados por sus calles. El alcalde, Sergei Sobyanin, estableció un régimen de operaciones antiterroristas, declaró día feriado el lunes día 26 para minimizar los riesgos, y pidió a los ciudadanos que no salieran de sus hogares. El alto mando militar no dijo ni pío y tan solo Kadirov anunció el envío de sus milicias chechenas para defender Moscú. Putin pidió árnica a su fiel súbdito, el presidente bielorruso, Alekxander Lukashenko, quien medió ante Prigozhin y logró que éste ordenara el regreso de las unidades rebeldes a sus bases, cuando se encontraban a 230 kms de la capital, para “evitar un baño de sangre rusa”. El subjefe del mando en Ucrania y amigo del Prigozhin, Sergei Suvinikin, le envió un mensaje para pedirle que detuviera el convoy para no hacerle el juego al enemigo en un momento tan delicado para el país. Algunos periodistas han comentado que en el vídeo se veía al general muy tenso y hablando con voz entrecortada, por lo que temían que estuviera actuando bajo coacción. El “Moscow Time” ha informado que Suvinikin habías ido arrestado por el SFB y sometido a interrogatorio por sospechar de que pudiera haber estado al corriente del plan de rebelión, como podrían haberlo estado otros altos jefes militares, que después no se atrevieron a salir del armario. Cabe señalar que Prighosin se entrevistó en Rostov con el viceministro de Defensa, Yunus-Bel Yevkurov y con el teniente general Alekxander. Lukashenko ofreció garantías a los mercenarios de que no serían perseguidos por la justicia rusa. No deja de ser paradójico que en Rusia se castigue con penas de cárcel a quienes osen hablar de la guerra de Ucrania e insulten por ello al Ejército, y que Putin haya perdonado a los culpables de rebelión militar y de traición, y los haya eximido de enjuiciamiento. Ha prevalecido el pragmatismo sobre sus convicciones y, al haberle visto los dientes al lobo wagneriano, se ha conformado con disolver el Grupo, exigir a los mercenarios que quieran quedarse en Rusia que firmaran un contrato con el Ministerio de Defensa, y expulsar a Bielorrusia a Prigozhin y a quienes se negaran a someterse a la disciplina del Ejército ruso. Causas del levantamiento armado del Grupo Wagner El propio Prigozhin ha repetido una y otra vez que el objetivo de la ”marcha por la justicia” no era dar un golpe de Estado contra Putin, sino evitar la destrucción de su Grupo, y llevar ante la justicia a los responsables de los graves errores cometidos durante la “operación militar especial” en Ucrania, que habían provocado la muerte de miles de combatientes. A mi juicio, el motivo del motín ha sido el primero de los alegados. Prigohsin no es un patriota ruso, sino en un mercenario que antepone a cualquier cosa sus intereses políticos y -sobre todo- económicos, y se vende al mejor postor. Lo que le indignó no fue la errónea política del Gobierno de Putin en la conducción de la guerra de Ucrania, que había causado la muerte de hasta 20.000 mercenarios, sino la decisión de la Duma de acabar con los ejércitos privados, y el ultimátum del Gobierno para que integrara a sus huestes en las filas del Ejército regular antes del 1° de julio. Aunque el Grupo Wagner era ilegal o, cuando menos, alegal, se había salvado gracias a permanecer en una zona gris, con la connivencia y bajo los auspicios de Putin. El temor a perder el juguete que le ha permitido ser poderoso y multimillonario fue lo que indujo a Prighosin a a tirar los pies por alto y alzarse contra su jefe. Cómo ha señalado Mira Milosevic, Prighosin ha cambiado de patrón, pero no de oficio, y está por ver sí, bajo la protección de Lukashenko, consigue reconstruir su Grupo. Técnicamente es posible, pues sigue contando con unos 8.000 mercenarios que se han refugiado en Bielorrusia. Necesita para ello, protección política y cobertura financiera. Lukashenko se ha mostrado dispuesto a darle la primera, siempre que no reciba el veto de Rusia, que podría seguir utilizando al Grupo en los diversos países de África, Oriente Medio e Iberoamérica donde ya está operando con considerables beneficios, siempre que no actúe por libre y se someta a las directrices del Kremlin. El presidente bielorruso ha manifestado que espera que los comandantes de Wagner compartan sus experiencias y ayuden a las Fuerzas Armadas de su país a mejorar sus capacidades. Aunque Prigozhin se haya comprometido a entregar a Rusia su armamento pesado, éste se puede sustituir, para lo que cuenta con los considerables recursos que obtiene de la explotación de minerales y de petróleo en diversos países. Consecuencias para Putin y para Rusia del motín del Grupo Wagner Según María de Madariaga, Putin pretende imitar a la zarina Catalina y ser el “autócrata de todas las Rusias”, entre las que se encontraría Ucrania. En su articulo en “Foreign Affairs” sobre“The Sources of Russian Misconduct”, el ex-Consejero en la Representación Permanente de Rusia ante la ONU en Ginebra, Boris Bondarev -que dimitió tras la invasión de Ucrania- ha descrito desde dentro el proceso que llevó a Putin a agredir al país vecino en su intento de reconstruir el imperio zarista, y señalado que una derrota en Ucrania podría provocar el primer golpe palaciego en el Kremlin desde la destitución de Nikita Kruschev en 1964. Según Luke Harding -autor de “Invasión: La sangrienta guerra de Ucrania y la lucha de un pueblo por su supervivencia”-, “el sueño de Putin de capturar toda Ucrania y reunificarla con Rusia no se ha hecho realidad. Ha resultado ser la fantasía de un dictador, el producto de una inteligencia insuficiente, un pensamiento mesiánico y el aislamiento extremo de Putin durante la pandemia del COVID. La victoria sobre Kiev parece más lejana que nunca”. Según Xavier Colás, la guerra no va bien y en determinados ámbitos castrenses se ha planteado la necesidad de un enfoque más realista. Se ha producido una dicotomía en la que Putin puede salir perdiendo, si Ucrania resiste e incluso recupera territorios ocupados. Putin ha tratado de distanciarse de los fracasos de su operación militar especial, pero el motín de Prigozhin lo ha retratado y todos los rusos lo han podido ver, por lo que su imagen de ”hombre fuerte” ha quedado empañada, sobre todo porque ha pactado con los amotinados en vez de derrotarlos y castigarlos. Aunque el portavoz del Kremlin haya asegurado que la posición política de Putin no se había visto afectada por lo sucedido, la inmensa mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que la rebelión del Grupo Wagner puede tener consecuencias mayúsculas en la contienda de Ucrania, por su incidencia en las tropas de primera línea -de la que se han retirado los mercenarios-, en un momento decisivo para la contraofensiva con la que Ucrania pretende recuperar parte de los territorios ocupados por Rusia, y el momento no puede ser más propicio dados el desconcierto y el caos reinante en las Fuerzas Armadas rusas. Y -como ha observado Jens Stontelberg- cuanto más territorio consiga liberar Ucrania, más fuerte será su mano en la mesa de negociación para lograr una paz justa y duradera. Asimismo es unánime la opinión de que la imagen y el prestigio de Putin han quedado sumamente debilitados tras el motín. Como ha observado Pilar Bonet, la situación no volverá a ser la misma en Rusia pues, hasta el momento, el epicentro era la guerra con Ucrania, pero, a partir de ahora, éste será el fantasma una guerra civil entre rusos. Que la marcha haya contado con tan poca resistencia, ha creado dudas sobre la capacidad defensiva de Rusia y sobre el apoyo con el que cuenta Putin. ¿Hay algunos clanes o “familias” que puedan estar detrás del motín y traten de dar un golpe palaciego para sustituir al actual presidente? ¿Se producirán escisiones en las Fuerzas Armadas o se mantendrá la unidad para continuar la guerra con Ucrania? Según “El Mundo”, Putin ha exhibido una debilidad sangrante derivada de la caótica gestión de una guerra convertida en callejón sin salida, y de las grietas que resquebrajan las cúpulas de su Ejército y de su Gobierno, que por primera vez empiezan a cuestionar su poder absoluto. Para José Ignacio Torreblanca, el fin de semana ha marcado el máximo histórico de la debilidad de Putin y un régimen como el suyo -que ha negociado con Prigozhin- no debería haberse mostrarse débil ante la asonada de un oligarca corrupto con un ejército privado que se lo debe todo a él. Un Putin acorralado ha tirado por la borda sus principios y cedido ante un matón. Ha saltado por los aires toda la narrativa oficial que justificaba la invasión de Ucrania, al afirmar Prigozhin que Ucrania no presentaba ninguna amenaza para Rusia y que los jóvenes rusos que están luchando y muriendo allí lo hacían solo para preservar los intereses de una élite corrupta e incompetente. “El zar ha sido desnudado por su otrora cocinero y su final no está lejos”. Para Antony Blinken, lo sucedido con Wagner ha expuesto nuevas grietas en el liderazgo ruso y el actual panorama ha debilitado a Putin. Según Gary Kasparov, Putin no puede permanecer mucho tiempo en el poder después de haber perdido su aura de líder supremo. Durante horas, fuimos testigos del colapso de toda la cadena de mando ruso. “La autoridad de Putin está dañada y dudo que pueda recuperarse”. A juicio de “El Mundo”, la insurrección del grupo Wagner ha minado los cimientos del poder de Putin y asestado una humillante golpe a su autoridad y a su prestigio. “La invasión ha colocado a Putin en un escenario de fragilidad que lo acerca más a figuras como Nicolás II o Gorbachov”. Milosevic no comparte del todo estas tesis y estima que Putin ha sobrevivido a toda oposición doméstica, porque las élites son débiles, están divididas y dependen para todo de sus vínculos con el poder. Aunque el zar esté desnudo, su poder personal sigue siendo sólido y su subsistencia depende de su capacidad de mantener el apoyo de las élites y de la ciudadanía que ahora tiene. Lo ocurrido no va a influir directamente en la guerra, porque ha habido una transferencia del poder al Ejército ruso en las zonas que el Grupo Wagner conquistó y de las que los mercenarios ya se han retirado, por lo que no ha habido ruptura entre los militares en el frente. No comparto esta opinión, pues las tropas del Ejército formadas por jóvenes reclutas son mucho menos eficaces y combativas que los mercenarios, amén de que estén menos motivadas, como reconocen los propios combatientes ucranianos. Ante la gravedad de la situación, Putin ha recurrido a la tradicional política bolchevique e insistido en su intención de perseguir a los “traidores” y fomentar la cohesión nacional ante las amenazas externas que representa Occidente, al que sitúa como el causante de todos sus males, pero su compromiso de castigar a los que apuñalaban al pueblo por la espalda casa mal con su decisión de exonerarlos de su responsabilidad. Putin no acaba de fiarse de sus generales, como prueba su decisión de dotar de forma inmediata a la Guardia Nacional de armamento pesado y de tanques. Su jefe, Víctor Zolotov, afirmó que sus hombres siempre estuvieron dispuestos a proteger Moscú. El presidente se rodeó de sus militares y de sus fuerzas de seguridad para guardar un minuto de silencio en recuerdo de los doce aviadores muertos durante la marcha, que cumplieron su deber con honor, y felicitó a los militares y a las fuerzas de seguridad por haber detenido la guerra civil. Tuvo que pasar horas antes por el amargo trago de anunciar que se habían cerrado las causas penales contra los culpables, porque éstos habían dado marcha atrás. Desgraciadamente, no se pudo utilizar la moviola para recuperar la vida de los pilotos absurdamente sacrificados. Buena parte del pueblo ruso ha mostrado su aprecio y simpatía por los mercenarios de Wagner, que han sido los principales combatientes en el Donbass -especialmente en Bajmut- y sufrido numerosas bajas en la contienda. Tras haber sido exaltados como héroes por la maquinaria propagandística rusa, les resultaba difícil comprender como unos héroes se convertían en villanos de la noche a la mañana, porque -aunque fuera de forma oportunista- hubieran denunciado la corrupción en las altas esferas del Gobierno, de la Administración y de las Fuerzas Armadas. Desde que accedió a la presidencia en el año 2000, Putin ha seguido un plan minucioso y exitoso para controlar de forma absoluta el poder y tratar de devolver a Rusia el papel de gran potencia, lo que en buena medida ha conseguido al aprovecharse de la retirada estratégica de Estados Unidos del Medio Oriente. Ha destruido la oposición, y creado un partido a su imagen y semejanza que controla la Duma, y dejado tan solo algunas migajas testimoniales a los inofensivos partidos comunista de Gennadi Zyuganov y nacionalista de Vladimir Zhirinosky, y eliminado a los opositores, mandándolos al exilio, a Siberia o al otro mundo. Ha acabado con la libertad de información y controlado todos los medios de comunicación, y basado su poder en el FSB y los oligarcas de su cuerda. El único contrapoder efectivo -de momento controlado por Putin- es Gazprom, un Estado dentro del Estado. No se fía de nadie y se ha rodeado de mediocres ”yes men”, que le dicen lo que quiere escuchar, y se ha aislado cada día más de la realidad del país. Prueba de su creciente aislamiento es que el día del motín apenas recibió apoyos expresos en el ámbito interno y, en el internacional, solo consiguió del respaldo del fiel Lukashenko, de Rezep Tayyip Erdogan -presidente de un país miembro de la OTAN (?) y de Yoweri Musaveni, presidente de Uganda. El zar está desnudo, pero cierra su taparrabos con un cinturón que tiene como hebilla un botón rojo nuclear. Al no contar con un presunto heredero y no percibirse a nadie que tenga su personalidad, viene a cuento el refrán español de “más vale malo conocido, que bueno por conocer”. Putin ha salido muy tocado del episodio Wagner, pero no está hundido, y -como ha observado Josep Borrell- un Putin fuerte es un problema, pero un Putin débil lo es, si cabe, aún más, como también lo es una Rusia partida en facciones. La situación es inquietante porque no hay nada más intimidante que una potencia nuclear pase por una grave situación de inestabilidad política. Putin ha entrado personalmente en un estado de inseguridad y de riesgo, y -como ha señalado Bondarev- si es expulsado del poder, el futuro de Rusia devendrá profundamente incierto, pues es posible que su sucesor trate de continuar e intensificar la guerra, ya que los asesores del Kremlin proceden de los servicios secretos. Pero no se ve por ahora en Rusia nadie de la estatura política de Putin que pueda sucederle, por lo que sería más que probable que el país entrara era un período de turbulencia política e incluso de caos. Bondarev ha hecho un llamamiento a Occidente para que ayude política y económicamente a Rusia a convertirse en un Estado plenamente democrático. El problema es que sus líderes presentes no se dejan ayudar. En opinión de Harding, las ondas de choque provocadas por el motín seguirán dejándose sentir durante meses, alimentadas por la inestabilidad política y se plantea el interrogante sobre la capacidad de Putin de mantenerse en el poder. Su control sobre el mismo sigue siendo total, aunque su posición se haya visto considerablemente debilitada, por lo que se ofrece a las élites, clanes y familias políticas y militares la remota posibilidad de que prescindan de Putin mediante un golpe palaciego. Es muy difícil hacer un pronóstico, porque -como ya dijo Winston Churchill en su famoso comentario- “Rusia es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”. Madrid, 1 de julio de 2023

El Gobierno sigue tratando de controlar el poder judicial

EL GOBIERNO SIGUE TRATANDO DE CONTROLAR EL PODER JUDICIAL El Gobierno sigue tratando de controlar por cualquier medio el Poder Judicial, bien de forma directa, como en el caso de la utilización partidista de la Fiscalía General del Estado, bien de forma indirecta a través de sus testaferros en el seno de instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de Cuentas. Tan solo se escapan hasta ahora de su control el Tribunal Supremo (TS) y, por supuesto, los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El escándalo de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía General no es propiamente un órgano judicial, pero juega un papel fundamental en el ejercicio de la función judicial por los distintos tribunales. La Constitución lo sitúa dentro del título del Poder Judicial, aunque tenga un carácter híbrido, ya que es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos del ciudadano y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Debe ejercer sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a la legalidad y a la imparcialidad (artículo 124). El principio de dependencia jerárquica ha sido interpretado de forma abusiva por el Poder Ejecutivo y el Gobierno de turno suele proponer para cubrir el puesto a un jurista afín a su ideología y considera que está a sus órdenes. Esta absorción de la Fiscalía General por el Gobierno ha llegado hasta extremos inéditos hasta ahora durante la presidencia de Pedro Sánchez, que dejó bien claro que la Fiscalía era un órgano más del Gobierno. Pese a que el elegido deba ser un jurista de reconocido prestigio, independiente e imparcial, Sánchez no tuvo empacho en nombrar fiscal general a Dolores Delgado, miembro del PSOE, diputada y ministra de Justicia, tan solo unos días después de cesar en el puesto. Aunque fiscal de carrera, Delgado ha tenido una actuación profesional y política sumamente controvertida, y fue reprobada hasta en tres ocasiones por el Congreso y por el Senado. Siguiendo el clientelismo propio de la casa, Delgado propuso como sucesor al jefe de su Gabinete Técnico, Álvaro García, que no era precisamente un jurista de reconocido prestigio, pero que daba la coincidencia de que era miembro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que la fiscal general se nutría para cubrir todos los puestos importantes, pese a su carácter minoritario. Previamente, Delgado -precavida ella- trató de asegurarse su futuro. Desde su posición en el Ministerio de Justicia, diseñó la súper-Fiscalía de Memoria Democrática, con nombre y apellidos. En el ínterin, se autopromocionó mediante la adopción de una disposición que garantizaba el nombramiento automático del fiscal general como fiscal de sala del TS al cesar en su puesto. No se sabe si es mayor el nepotismo de la decisión o la forma chapucera en que trató de realizarse: una enmienda a la Ley Concursal que se tramitaba en las Cortes. La maniobra era tan burda, que se vio frustrada por la oposición del socio del Gobierno y de sus aliados, por lo que la propuesta solo contó con los votos favorables del PSOE. Eso resultaba intolerable para el Gobierno sanchista, que se sentía obligado a agradecer los servicios prestados. El Fiscal general García -que debía su puesto al dedazo de su predecesora- acudió al rescate y la nombró fiscal de sala en la sección militar del TS, pese a sus escasos conocimientos en la materia. Este nombramiento ha sido recurrido por el fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, experto en cuestiones militares. Pero el culmen del nepotismo, rayano con la prevaricación, de García -al que Carlos Herrera llama “Don Alvarone”, por razones obvias- se ha alcanzado con su propuesta para nombrar Delgado fiscal de sala de de Memoria Histórica y Derechos Humanos, que fue aceptada por el Consejo de Ministros pese a la oposición de la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Fiscal, de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que alegaron que el nombramiento era nulo de pleno derecho, tanto por razones de forma como de fondo. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales de sala serán nombrados por el fiscal general, previo informe del Consejo Fiscal. Cuando García llevó el nombramiento al Consejo, sus miembros solicitaron ejercer las competencias que les atribuía el artículo 58 de dictaminar acerca de la concurrencia de incompatibilidades de los candidatos al puesto, a lo que García se negó. Entonces, siete de los nueve consejeros electos se negaron a hacer el informe requerido por la legislación, que -aunque no vinculante- era preceptivo. Pese a la inexistencia de este informe, García nombró a Delgado para el puesto que ella misma había diseñado para sí, por lo que no se han cumplido las exigencias de la ley y el acto es nulo por razones formales. Existe la razón adicional de que se ha agotado la legislatura y se han convocado elecciones generales, por lo que -al no existir ninguna razón de urgencia para la cobertura del puesto- lo lógico hubiera sido dejar el nombramiento en manos del futuro fiscal general, si es que se cambia, como es más que probable. Pero también es nulo el nombramiento por razones sustantivas, porque -según el citado artículo 58- “en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ,ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. Se produce el hecho público y notorio de que la pareja sentimental de Delgado es el juez réprobo expulsado de la judicatura, Baltasar Garzón, uno de los ideólogos de la Ley de Memoria Democrática, que es administrador único del despacho Ilocad y titular de la Fundación FIBGAR, instituciones especializadas en Derechos Humanos, materia que deberá controlar la nueva fiscal, por lo que es evidente que se puede producir un conflicto de intereses y se vería afectada su requerida imparcialidad. Como ha observado Elisa de la Nuez, pocos episodios ilustran tan bien la decadencia de la Fiscalía General como el nombramiento de Delgado, realizado por su sucesor y mano derecha, y la que debe su nombramiento. Como dicen los ingleses, “charity begins at home”. Incondicional apoyo del TC a las decisiones del Gobierno Conforme el plan trazado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, con la ayuda de su cohorte progre, el Tribunal va condonando -con más prisa que pausa- todas las leyes controvertidas adoptadas bajo los auspicios del Gobierno de coalición socio-comunista: Aborto, Eutanasia, Educación, Igualdad de trato de hombres y mujeres en el trabajo…, y lo mismo ocurrirá con el blanqueo de otras leyes, incluida la de la celebración un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pero el talante colaboracionista de la actual mayoría se extiende asimismo a otros temas de menor importancia, como pueden ser los recursos de amparo de los condenados en el caso de los ERE o la condonación de las pintorescas fórmulas de promesa de cumplimiento de la Constitución. Cualquiera que sea el caso, se aplica el rodillo y se reproduce el resultado de siete votos a favor y cuatro en contra. Por supuesto que -una vez lograda la mayoría- entre las urgencias de Conde no figura la de cubrir la vacante producida por la enfermedad del magistrado Alfredo Montoya, querido compañero de Facultad en la Universidad de Sevilla. ¿Para qué, si corresponde al sector conservador? El de los ERE ha supuesto el mayor caso de corrupción de la democracia, no solo por el elevado montante del fraude a la Hacienda Pública -unos 700 millones de euros-, sino también por su carácter institucional, ya que se trató de una estafa cometida a lo largo de numerosos años por la Junta de Andalucía, y por la que han sido condenados sus Presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y un considerable número de consejeros y altos cargos de la misma -un total de 19-, por haber conocido y consentido el “descontrol absoluto” del fraude. La instrucción del caso por la juez Mercedes Alaya fue obstaculizada por la propia Junta, que se personó en el proceso como acusación particular para proteger y defender desde dentro a los acusados. A pesar de las enormes presiones políticas a las que se vio sometida Audiencia Provincial de Sevilla, su sentencia de fue ejemplar y fue confirmada en lo esencial por el TS. Los recurrentes -entre los que se encontraban Chávez y Griñán- basaron su recurso en la pretendida vulneración del derecho a la legalidad penal cometida por ambos tribunales en la interpretación del artículo 444 del Código Penal sobre prevaricación y del artículo 432 sobre malversación. Pese a que estas alegaciones carecieran de fundamento, el recurso fue admitido a trámite por la mayoría del TC, so pretexto de la especial trascendencia constitucional de los recursos de amparo en atención a su relevancia social y a las consecuencias políticas generales. El Tribunal se ha separado una vez más de la práctica seguida hasta ahora, por la que, no se consideraba suficiente para la admisión a trámite de un recurso la relevancia política ni la notoriedad pública del recurrente y, tratándose de causas de corrupción, estimaba que la repercusión política o social que dichas causas penales hubieran tenido no dotaban a los recursos de amparo de especial transcendencia constitucional. En un voto particular, los magistrados de la minoría señalaron que el TC no solía admitir la inmensa mayoría de las demandas de amparo, debido a que el Tribunal no debía convertirse en una súper-corte de casación que se pronunciará sobre asuntos que correspondían a la jurisdicción ordinaria. Enrique Arnaldo y César Tolosa han observado que el TC no apreció especial trascendencia constitucional en otros grandes supuestos de corrupción, como en el “caso Noos” (2019), en el que rechazó el recurso de Iñaki Urdangarín, o el “caso Gürtel” (2021), en el que hizo lo propio con los recursos de Francisco Correa y de Pablo Crespo. La Sala del Tribunal -presidida por Inmaculada Montalbán- ha apreciado, de en la interpretación de las disposiciones sobre el delito de prevaricación, de forma un tanto frívola y escasamente fundada, una “cierta extravagancia”, porque la prevaricación se refería a resoluciones administrativas que eran actos pre-legislativos, acuerdos del Gobierno andaluz que desembocaron en la aprobación de unos presupuestos por parte del Parlamento. Para los magistrados discrepantes, sin embargo, de conformidad con el artículo 117-3 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos “corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Una vez más, el TC ha ultrapasado sus competencias ya asumido de forma exorbitante unas funciones que no le corresponden. Como han observado Arnaldo y Tolosa, el propio tribunal ha reconocido en repetidas ocasiones que no tiene competencia para definir o interpretar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y que la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos enjuiciados, “corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios”. Tanto la Ley Electoral como los Reglamentos del Congreso y del Senado prevén que los diputados y senadores electos deben jurar o prometer la Constitución, pero no establecen cuál es la fórmula adecuada para hacerlo. En 1989, tres diputados de Herri Batasuna acataron la Constitución “por imperativo legal” y el presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, rechazó el añadido y se negó a reconocerles la condición plena de parlamentarios. Los abertzales recurrieron y el TC les dio en 1990 la razón y estimó que la fórmula resultaba aceptable. En 2019, los diputados y senadores independentistas y de izquierdas pugnaron por ver quién era más original e insultante a la hora de prometer la Constitución, ante la actitud tolerante y comprensiva de la expresidenta de las respectivas cámaras, Meritxell Batet y Pilar Llop. Entre las fórmulas utilizadas figuraban las siguientes: “por la libertad de los presos políticos catalanes y por el regreso de los exilados”, “por hola lealtad al mandato democrático del 1 de octubre”, “hasta la Constitución de la República Catalana”, “por fidelidad al pueblo de Cataluña”, “en lealtad primera y última a nuestro pueblo”, “hasta la creación de la República Vasca”, “hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre”, “por los derechos del País Vasco”, por Andalucía libre”, “en defensa del derecho de autodeterminación”, “desde el compromiso republicano”, “por las trece rosas”, “por evitar una España vaciada y otra desarrollada”, “ por la libertad de los pueblos indígenas”; “por la igualdad de género y la justicia climática”, “por el planeta”…etc. Algunos de los comentarios añadidos a las promesa eran pintorescos y estrafalarios, aunque inofensivos, pero otros eran francamente atentatorios contra la Constitución y suponían una lacerante burla al decoro de las Cámaras. Pese a las protestas del PP, Ciudadanos y Vox, las respectivas presidentas estimaron que las expresiones utilizadas no eran contrarías a la Constitución ni al Reglamento de las Cámaras, y habían sido avaladas por la Junta Electoral Central y por el TC, que había mostrado gran flexibilidad sobre las formas de realizar el acatamiento. Ocho diputados del PP presentaron un recurso contra la decisión de Batet, que ha sido rechazado por el TC pon 6 votos a favor y cuatro en contra, produciéndose la abstención de Juan Carlos Campo por sus relaciones con la presidenta del Congreso. La ponente ha sido María Luisa Segoviano, que se suponía que era un verso suelto dentro del progresismo, pero que ha mostrado ser una de las magistradas más alineadas con las tesis del Gobierno. La mayoría ha argumentado que no ha quedado acreditado que la decisión de Batet haya incidido en los derechos y facultades que conforman el status propio del cargo de diputado, ni lo haya cercenado, y que las fórmulas utilizadas no impedían al resto de los diputados ejercer sus funciones parlamentarias “en plenitud”. Es obvio que el incorrecto lenguaje utilizado por algunos diputados no afectaba al ejercicio de las funciones de los demás, pero no se trataba de eso, sino de que se realizara un fraude notorio, no solo a la letra, sino sobre todo al espíritu de la Constitución. El legislador condiciona el inicio del mandato de un diputado a que acate la Constitución, y alguna de las fórmulas utilizadas no solo no implican dicho acatamiento, sino que constituyen una burla a la Constitución y atenta al decoro de las Cortes. En la sentencia en la que condonó la fórmula de “por imperativo legal”, el TC dejó bien claro que las expresiones añadidas a la promesa no podían vaciar ni desnaturalizar su sentido, y es evidente que muchas de estas manifestaciones -especialmente las formuladas por los independentistas- lo hacían. Cómo ha señalado Josu de Miguel, en democracia la formas también tienen su importancia y el enunciado del compromiso qué deben asumir los diputados ha de ser diáfano y sin matices. La variedad de expresiones inequívocas hace que los ciudadanos interpreten las coletillas utilizadas como manifestación de reservas al cumplimiento de la Constitución. Según Arcadi Espada, en una errónea interpretación de libertad de expresión de los diputados, Batet primero y el TC después, han aceptado la burla expresa a la Constitución qué han manifestado los sediciosos catalanes y los insultos a la democracia española. El Tribunal ha perdido una excelente ocasión de poner término a una reunión práctica que ya me he ido siguiendo en las sesiones de Constitución de las distintas legislaturas y de devolver el decoro a la práctica parlamentaria española. El Tribunal de Cuentas también protege al Gobierno El Tribunal de Cuentas desempeñó un papel fundamental en la persecución de los sediciosos catalanes, porque los atacó por donde más les dolía, por la cartera, pues les impuso importantes sanciones económicas y el depósito de elevadas fianzas que garantizaran el pago de las mismas. El Gobierno aceleró el control del Tribunal para acudir en auxilio de sus aliados catalanes y contó curiosamente para ello con la colaboración del PP liderado a la sazón por Pablo Casado. Remodelado el Tribunal y excluidos algunos magistrados que habían desempeñado un destacado protagonismo en el proceso sancionador, se redujeron las sanciones, se permitió que la Generalitat avalara con fondos públicos las fianzas de los condenados y se acabó por liberarles de las mismas. Ahora solo falta que se les compense económicamente los perjuicios ocasionados y, conociendo a Sánchez y que los compromisos con sus socios catalanes son unos de los pocos que cumple, todo es cuestión de tiempo. Ahora, un Grupo técnico del Tribunal liderado por el profesor Javier Morillas ha elaborado un informe bastante crítico sobre la gestión gubernamental durante la pandemia del COVID. El informe criticaba no solo la gestión, los contratos y los gastos no solo del Ministerio de Sanidad de Salvador IIla, sino también de los del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, y de Transportes de José Luis Ábalos, que ponían de manifiesto muchas irregularidades no justificadas por la urgencia del momento. En él afloraban cambios injustificadosde proveedores, la celebración de contratos de urgencia cuando no la había, y la actitud opaca del Gobierno chino. Era un lunar en la campaña de propaganda permanente sobre la excelencia de la actuación del Gobierno que resultaba intolerable. Por ello, la mayoría compuesta por los magistrados elegidos a propuesta del PSOE votaron en contra del informe y la presidenta, Enriqueta Chicano, se ha negado a que se remita a las Cortes y a que se publique en su actual redacción. El TS, último reducto galo del imperio romano sanchista Pese a sus denodados esfuerzos, Sánchez no ha podido domeñar aún a los tribunales ordinarios de Justicia y especialmente al TS, pilar que mantiene el Estado de Derecho en España. Últimamente el Tribunal ha dictado un par de sentencias que mantienen nuestra esperanza en la justicia: La que ha rechazado los recursos y de Carles Puigdemont y de sus compinches, y la que ha avalado la actuación de los Tribunales en las rebajas de condena provocadas por la ley del “Sí es sí”. La Sala de Apelación del TS ha desestimado los recursos presentados por Puigdemont, Comin, Ponsatí y Puig, y confirmado la tesis del magistrado-instructor, Pablo Llarena, de que siguen incursos en un delito de malversación agravada y que no les son, por tanto, aplicables las rebajas de penas “ad personam” acordadas por el Gobierno para satisfacer a sus aliados separatistas. Según la Sala, la reforma del Código Penal no ha cambiado el escenario, ya que no se han modificado las razones hola que justificaron su procesamiento, y Llarena no ha pecado en ningún momento de parcialidad, ni ha vulnerado los derechos de los condenados. “Los hechos probados declarados en nuestra sentencia nunca podrán recibir el tratamiento privilegiado que representa la aplicación del artículo 483 del Código Penal. Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían […] y orientada a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad nunca podrán considerarse una aplicación pública diferente de aquella a la que estaban adscritos dichos fondos”. La reforma realizada no desdibujaba el escenario de la causa, ya que “el ánimo de lucro en sentido jurídico penal no significa ánimo de enriquecerse, sino de apropiarse una cosa para disponer de ella como si fuera su propietario; es decir, disponer de ella de la manera más absoluta”. Por otra parte, no cabe transformar la sedición en un delito de desordenes públicos, ya que son distintos los elementos de ambos tipos penales. Los sediciosos no incurrieron en este último delito, sino en el de desobediencia, recogido en el artículo 410 del Código, pues desplegaron e impulsaron “una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada la violencia, y no unos desórdenes públicos por medio de la violencia”. El pleno del TS también ha certificado que la ley del “Sí es sí” había supuesto la reducción de condenas a más de un millar de agresores sexuales, y descartado el criterio con el que la Fiscalía General ordenó oponerse a las rebajas, al estimar que debía aplicarse la disposición transitoria del Código de 1995 que cerraba la puerta a la revisión de la mayor parte de condenas firmes y establecía que no debían revisarse aquellas que siguieran dentro de la nueva horquilla de mínimos y máximos. Al no incluirse dicha disposición en la Ley, no podía extenderse a la reforma de los delitos sexuales. El Tribunal ha avalado las rebajas en la que las Audiencias se han limitado a sustituir la pena mínima impuesta en su día por la nueva más baja contemplada en la Ley del “Sí es sí”. Por otro lado, ha desestimado los recursos de los penados que no habían resultado beneficiados o reclamaban una rebaja mayor. Lo que para la ministra de Igualdad, Irene Montero -principal aunque no única responsable del bodrio- ha sido una “mala noticia", ha sido una excelente nueva para los amantes de la justicia y del Estado de Derecho. Madrid, 25 de junio de 2023

Santos, un diplomático que no suma, sino que resta y divide

SANTOS, UN DIPLOMÁTICO QUE NO SUMA, SINO QUE RESTA Y DIVIDE Estos últimos días han sido noticia -y no precisamente buena- las declaraciones, escritos y opiniones del hasta hace poco representante permanente de España ante la ONU en Nueva York, Agustín Santos, al que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha incluido como número 2 en las listas de “Sumar” por Madrid para las elecciones generales del 23 de julio . Según ha revelado el corresponsal de ”ABC” en Estados Unidos, David Alandete, Santos practicaba una doble vida literaria, desdoblando -cómo el Dr. Jekyll- su personalidad bajo el seudónimo de Gustavo Buster, quien exponía sus ideas explosivas especialmente a través de la revista marxista “Sin permiso”, cuyo lema es “República y Socialismo también para el siglo XXI”, y de la que es miembro destacado de su Comité de Redacción. Ello sin permiso de la superioridad, pues -por mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores no haya estado en ocasiones a la altura de sus responsabilidades- no creo que haya dado la venia a la manifestación de las truculentas opiniones de un destacado diplomático, que ha ocupado durante siete años dos de los puestos más importantes y de mayor responsabilidad en la carrera diplomática española, como son la jefatura de la Representación Permanente de España ante la ONU en Nueva York y en Ginebra. Según han declarado al periódico fuentes del Ministerio, éste ignoraba que Santos escribiera bajo seudónimo, y que cualquier diplomático podía expresar libremente sus opiniones políticas, siempre que no revelara secretos oficiales. Como ha destacado “ABC” en un editorial, la designación de Santos está ofreciendo sorpresas insospechadas, ya que en sus intervenciones y escritos “no solo se exhibe cómo sectario ideológico profundamente antidemocrático, arremetiendo contra la monarquía, la OTAN o la derecha, sino que también se descubre como fervoroso partidario del independentismo catalán”. Su predecesor en el puesto, el embajador Inocencio Arias, ha observado que Santos lleva tiempo poniendo en tela de juicio y zahiriendo la Constitución, la monarquía y nuestra pertenencia a la OTAN, e incluso abogando por el derecho de autodeterminación de cualquier parte de España. Ha señalado que habrá llenado de perplejidad a muchos diplomáticos -que en numerosas embajadas defienden cada día la unidad de España- ver como su colega en la ONU tenga dudas al respecto, tratándose de un funcionario que debería defender a España en el ágora más importante del planeta. Vaya por delante que un diplomático -como cualquier otro funcionario- puede tener la posición ideológica que estime oportuna, militar en el partido político que le pete y expresar sus opiniones -por críticas que sean- , siempre que ello no afecte adversamente al ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, y -en el caso de Santos- parece ser que ha cruzado más rayas rojas de lo que es tolerable para un embajador de España. Cualidades exigidas a los diplomáticos Ya en el siglo IV, Casiodoro mantenía que la misión diplomática requería del arte de “varón sabio y prudente, capaz de expresarse ante una asamblea sutil y docta”. Jacques Duguet decía que el embajador debería ser “ muy sabio, moderado, reservado, atento y versado en la historia”. El embajador José Sebastián de Erice enunció -de forma no exhaustiva y un tanto voluntarista- las virtudes que debería reunir el diplomático: ardor patriótico a toda prueba, educación, afabilidad, prudencia, cautela, sinceridad, fidelidad, disciplina, veracidad, serenidad, experiencia, inteligencia clara, juicio rápido, decisión lenta, caballerosidad, profesionalidad, impasibilidad, entereza, sociabilidad, largueza, mesura, comedimiento, morigeración, capacidad de observar y de estudio, laboriosidad, elocuencia y adecuada presentación externa. El embajador Mariano Ucelay simplificó el catálogo reduciéndolo a las virtudes” “teologales” - sentido de Estado, interés nacional y honor nacional- y “cardinales” -realidad, oportunidad, proporcionalidad y sentido común y del humor-. No parece que Santos haya practicado la mayoría de estas virtudes, según se deduce de sus declaraciones y escritos, aunque quepa decir en su honor que no se ha escudado detrás de su seudónimo, que figura en la frontal de su revista de cabecera en los siguientes términos: ”Gustavo Buster-Agustín Santos Maraver (Nueva York-Madrid). Bajo ese seudónimo, ha pronunciado conferencias y participado en debates controvertidos, sin que la superioridad le haya siquiera mostrado una tarjeta amarilla, pese a la radicalidad de sus posiciones y su evidente incompatibilidad con la política interior y exterior del Gobierno español. No conozco personalmente a Santos, ni fue alumno mío durante los 12 años en que fui profesor de la Escuela Diplomática, pues ingresó en mayo de 1982, cuando yo tuve que dejar la enseñanza en la Escuela por mis funciones de secretario general técnico, y -tras la llegada del PSOE al Gobierno- inicié mi singladura cómo embajador en diversos países. No obstante, dada mi condición de antiguo representante permanente ante las Naciones Unidas en Viena, creo tener la suficiente autoridad moral para valorar su actuación como representante de España en la ONU. Nunca me crucé con Santos durante el periodo en que compartimos carrera, ni coincidí con él en puesto alguno, por lo que no tengo ningún pre-juicio -bueno o malo- sobre él. De ahí, tenga que basar mi evaluación en los datos facilitados por periodistas como David Alandete, Daniel Tercero o Luca Constantini, que no han sido contradichos o corregidos por el interesado. Las opiniones de Santos han afectado tanto a la política interior como a la exterior del Gobierno español. Política interior Supongo que, cuando Santos se incorporó a la Carrera diplomática, prometió respetar la Constitución, aunque, acto seguido presentara en su fuero interno una enmienda a la totalidad de la misma, consistente en derogarla e instaurar la III República. A estos efectos, se ha servido especialmente de la oportunidad que le ha proporcionado el golpe de Estado intentado por la Generalitat en 2017. Durante su desempeño del puesto de cónsul general en Perpiñán -una especie de virrey en la Cataluña francesa-, Santos publicó hasta diez artículos en apoyo de la independencia de Cataluña. Ignoro lo que haría o dejaría de hacer para cumplir las instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores con el objeto de impedir que ningún Gobierno o autoridad internacional reconociera la independencia de Cataluña. En el artículo “La revuelta democrática de Cataluña y la reacción de Rajoy” (2017) afirmó que el referéndum ilegal del 1-O sería recordado como una de las jornadas más espectaculares de la lucha pacífica de la población catalana por el derecho a la autodeterminación, y como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Era un referéndum legal que permitía a Cataluña expresarse sobre cómo quería vivir políticamente y relacionarse con otros Estados, y supondría el final del régimen de 1978. Solo así se entendía la intransigente y violenta oposición del Gobierno central y de los partidos dinásticos a la autodeterminación. No se trataba solo de un problema de Cataluña, sino que afectaba al conjunto del Estado. Si avanzaran el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado- Ejercito, Iglesia, jueces, monarquía y cuerpos represivos-, los derechos y las libertades de los españoles se verían afectados más aún que ahora, y entonces perderíamos todos. Defender la independencia de Cataluña era la mejor manera de acabar con el Reino de España. La secesión a través de la autodeterminación no solo era una opción para defender a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, sino también al resto de las Comunidades Autónomas, a las que se les impedía decidir si querían una Monarquía heredera directa del franquismo o una República. Extender la base social del apoyo a la autodeterminación y a la independencia suponía mostrar que una República catalana era mucho más favorable para los intereses de las clases trabajadoras que la actual situación. En España había una monarquía bananera que subsistía gracias a una amalgama de partidos dinásticos, por lo que era necesario realizar cuanto antes un cambio de régimen para acabar con la segunda restauración borbónica, a partir de la unidad de las izquierdas. En su artículo “Resistencia, represión, libertad y Cataluña” (2018), el Cónsul general señalaba que la lucha catalana por su autodeterminación debería ser recogida por una izquierda emergente para enlazarla con la lucha de los pueblos de España por su autodeterminación y por la República. Las elecciones autonómicas que se celebraron en 2017 bajo la férula de artículo 155 de la Constitución pusieron de manifiesto la situación de una nación intervenida, pues se celebraron con políticos presos y miembros del Gobierno legítimo de la Generalitat -incluido su presidente- en el exilio, bajo amenaza de ser encarcelados; Lamentó que el presidente Carles Puigdemont no pudiera haberse presentado a la investidura como presidente legítimo de la Generalitat. Defendió la muy necesaria actuación de los comités de Defensa de la República y descalificó a Sociedad Civil Catalana como una fuerza de la ultraderecha con conexiones fascistas. Semejantes afirmaciones eran más propias de un “embajador” de la Generalitat que de un representante de España. En relación con las elecciones generales, Santos manifestó en 2022 que habría que ver si el creciente descontento social se traducía en una movilización electoral, cuyo componente de centro izquierda estaba hegemonizado por el PSOE, pero quedaba por conocer dónde se situaba el partido que pretendía crear Yolanda Díaz. Había que evitar por todos los medios un triunfo de las derechas que desembocara en un Gobierno de PP y de Vox, que abriría la puerta a la implantación institucional de una restauración reaccionaria del régimen de 1978. El 4 de junio de 2023, tan solo unos días antes de presentar su dimisión para poder presentarse en las listas de “Sumar”, Santos publicó su último artículo como embajador de España, con el significativo título de “Derrotar al PP y a Vox”. El embajador Arias ha planteado el caso hipotético de que Díaz lograra ser la primera presidenta del Gobierno de España y nombrara ministro de Asuntos Exteriores a Santos, y se ha preguntado dialécticamente que harían ambos si uno de sus embajadores pronunciara frases hirientes contra los herederos de Fidel Castro, despreciara a Putin o a Xi Jinping, elogiara a Marina Le Pen, e hiciera ascos al presidente de la III República. Ha contestado diciendo que suponía que el insensato sería cesado en horas 24, lo tendrían ocho años en el pasillo y finalmente lo mandarían a un consulado pacífico donde no pudiera hacer daño. Pedro Sánchez es mucho más comprensivo y generoso, y ha mantenido en su puesto durante cinco años a su representante permanente ante la ONU en Nueva York, pese a su actuación kamikaze contra el Estado y contra el Rey. Claro que, si permite que esto mismo lo hagan sus vicepresidentes y sus ministros desde el seno del Gobierno, es natural que sea igualmente tolerante con un embajador. Ha habido un precedente no muy lejano cuando el embajador en Andorra, Alberto Moreno, fue fulminantemente cesado por hacer unas declaraciones sobre la situación en Cataluña, que el ministro de Asuntos Exteriores consideró sumamente desacertadas. Era cuando gobernaban la horrenda derecha y el ex-embajador se tuvo que consolar con un puesto de concejal en un pueblo de Cataluña bajo las siglas de Podemos. Santos ha sido sin duda más afortunado que Moreno. Esta surrealista situación plantea más un problema ético que jurídico o político. No parece normal que una persona que está radicalmente en contra de la Constitución de su país y de sus instituciones aguante estoicamente durante cinco años una insoportable situación que hería las más profundas de sus convicciones. Quizás haya llegado la hora de que se le conceda la medalla de Sufrimientos por la Patria. Había, sin embargo, una solución fácil y sencilla para superar esa intolerable situación, que consistía en conjugar el verbo dimitir, pero ya sé que eso es pedir peras al olmo. ¡Allá cada cual con su conciencia! Política exterior La dramática situación del ex-embajador no se agota con los problemas de conciencia que se le plantean por servir al Gobierno de un Estado que está muy por debajo de sus exigencias éticas, sino que se extiende asimismo a la política exterior de ese Gobierno, cuyas orientaciones básicas no compartía, ya fueran respecto a las relaciones con Estados Unidos y otros aliados, la pertenencia de España a la OTAN, la agresión de Rusia a Ucrania o la descolonización del Sáhara Occidental. No parece que Santos haya estado muy de acuerdo con la política imperialista seguida por los presidentes norteamericanos, ya fueran Donald Trump o Joe Biden, y no se privó de hacer aceradas críticas a la conducta de uno u otro, mientras residía en territorio de Estados Unidos y recibía un trato privilegiado de sus autoridades. Afirmó que, en el largo declive imperial del capitalismo en Estados Unidos, adolecía el país de la falta de una alternativa que permitiera reunificar los intensos caminos de una clase trabajadora dividida, compartimentada y culturalmente radicalizada. Especialmente duras fueron sus críticas a la política norteamericana con respecto a Venezuela. Estados Unidos había creado en este país un escenario de golpe de Estado y un extractivismo económico en bancarrota, cuyo propósito era hambrear a la población para obligarle a rebelarse y aceptar la liberación del imperialismo, para lo que se servía de Juan Guaidó, que era un peón del proyecto de golpe de Estado preparado en Washington por los Bolton y los Abrams. El saqueo del monopolio estatal del petróleo venezolano era el botín al que aspiraba el tío Sam, aunque fuera a costa de incendiar toda la región. No sé si las críticas Santos llegaron a los oídos de los más altos dirigentes estadounidenses, merced a los poderosísimos tentáculos de los tropecientos servicios de información del país, pero si embajador fue prudente y se limitó a mantener sus descalificaciones en el reducido ámbito de la revista digital “Sin Permiso”, es posible que hayan pasado desapercibidas para la CIA o el FBI, que tienen asuntos más importantes de que ocuparse que el de rastrear una revista trotskista, que no conoce ni el periodista que la parió. Santos ha violado en es este caso una de las normas básicas de la diplomacia, según la cual los agentes diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que ejercen sus funciones -artículo 41-1 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones de diplomáticas-. Curiosamente, aunque las autoridades norteamericanas se hubieran sentido agraviadas por los comentarios del representante permanente, no habrían podido hacer nada contra él, porque el Estado anfitrión de una Organización internacional no tiene la capacidad de declarar persona no grata a un diplomático que esté acreditado ante la Organización. Las críticas más importantes de Santos han sido las realizadas contra la OTAN y sus Estados miembros, especialmente Estados Unidos. En su opinión, la OTAN ha sido y sigue siendo una de las causas de inestabilidad en Europa desde que se creó durante la guerra fría. Su sueño hegemónico ha producido el monstruo de pesadilla del imperialismo oprimido ruso. El embajador denunció que la “inestabilidad permanente de la competencia interimperialista en el continente europeo con la disuasión nuclear heredada del pasado era dejar el futuro en mano de los Trump, Johnson, Biden,, Putin y Stoltenberg de turno y sus socios”. Así, situaba injustamente al mismo nivel a agresores como Putin y a jefes de Estado democráticos de una Organización defensiva. Esta confusión de las responsabilidades se puso especialmente de manifiesto en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que para Santos derivaba de “una confrontación interimperialista entre Rusia y la OTAN, que ha provocado la invasión.[…] El espacio democrático en Ucrania ha sido ahogado por la subordinación instrumental a los intereses de la OTAN”. Santos ha decidido -por sí y antes sí- que Ucrania tiene que ser neutralizada y excluida de la Alianza Atlántica para satisfacer a Rusia, sin tener en cuenta la opinión del pueblo ucraniano e ignorando que el Tratado de Washington se abre al ingreso de los Estados democráticos de Europa que lo soliciten y sean aceptados de forma unánime por todos sus miembros. Puede que la neutralización de Ucrania sea uno de los puntos básicos de un posible Acuerdo de paz, pero nunca puede ser impuesta y debería ser decidida por los propios ucranianos. No sé si si embajador ha cumplido a pie juntillas las instrucciones del Ministerio sobre la condena de Rusia por su agresión a Ucrania. Sé, por experiencia, que no resulta fácil defender con éxito una tesis cuando no se está de acuerdo con lo bien fundado de la causa. Como ha observado el embajador Arias, ¿con qué ánimo batallará ante cualquier Organización Internacional un funcionario que crea que la OTAN es nociva? Según Alandete, durante las votaciones en la ONU en las que se condenó la invasión rusa, Santos expresó algunas reservas por estimar que la culpa de la misma no la tenía solamente Rusia. Este es, a mi juicio, un caso clarísimo de que, si un diplomático no está conforme con la política de su Gobierno sobre un tema concreto y con las instrucciones que de él reciba al respecto, lo más honrado y coherente sería presentar la dimisión. Hay otro tema de política internacional que se puede plantear, cuál es el de la posición que deba adoptar España en la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental, una vez que Sánchez ha cambiado de forma unilateral la postura tradicional de España sobre la cuestión. Cuando Santos fungía como jefe de gabinete el ministro de Asuntos Exteriores de Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, fue enviado por éste a Canarias para que tratara de convencer a la activista saharaui, Aminatou Haidar, de que abandonara la huelga de hambre que había iniciado ante a la negativa del Gobierno marroquí a permitirle regresar al Sáhara, Para ello le ofreció la nacionalidad española, trabajo y una casa en España, pero Haidar rechazó lo que calificó de ”soborno” y logró torcer la mano de Mohammed VI, que autorizó su regreso. No sé actualmente cuál es la posición de Santos o de su jefa Díaz sobre el tema del Sáhara Occidental. El Frente Polisario lo acusó en su día de ser el responsable de la repatriación de los cooperantes españoles presentes en los campamentos de refugiados, alegando problemas de seguridad que no existían. El número 2 de las listas por Madrid tendrá que cohabitar con la candidata número 3, la también activista saharaui, Tesh Sidi y -al parecer-con otros candidatos pro-marroquíes, y el conflicto está servido. “Sumar” cada día se parece más al camarote de los hermanos Marx en vez de a un partido serio y riguroso, por muy “marxista” que sea. El problema es que no sabemos si el marxismo es el de don Carlos o el de los famosos cómicos norteamericanos. Respeto la ideología de Santos -aunque no la comparta- y -una vez que ha presentado su dimisión y cesado como embajador, tiene abierta la vía para declarar lo que le plazca. Creo, sin embargo, que ha actuado con frivolidad y falta de responsabilidad cuando ha estado durante cinco años al frente de una de las misiones diplomáticas más importantes de España, pese a no estar de acuerdo con su Constitución, sus instituciones y sus normas básicas. Ello habrá afectado, sin duda, al normal ejercicio de sus funciones diplomáticas. Madrid, 17 de junio de 2023

?Son las elecciones generales la segunda vuelta de las locales?

SON LAS ELECCIONES GENERALES LA SEGUNDA VUELTA DE LAS LOCALES? Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M han supuesto un estrepitoso varapalo a Pedro Sánchez, y menciono al presidente y no a su Gobierno porque él ha sido el principal responsable de semejante descalabro. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, centró el objetivo de la campaña electoral en derogar el sanchismo y Sánchez aceptó el desafío y convirtió unas elecciones locales en un plebiscito sobre su persona, pero -como ha señalado Maite Rico en su artículo “Sánchez nos impide saborear su derrota”, publicado en “El Mundo”, “el revolcón ha dejado a nuestro Narciso boqueando en la orilla con bañador del revés”. La misma ola ha barrido a sus socios de Podemos y a sus aliados independentistas preferentes, a excepción de Bildu. El único barón socialista que ha sobrevivido a la marea ha sido el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que es quién más le irrita por no alinearse incondicionalmente con sus disparates. Sánchez nos ha impedido disfrutar del espectáculo con su decisión de adelantar las elecciones generales y celebrarlas el 23 de julio en plenas vacaciones veraniegas. Lo ha hecho porque no quiere que se vea el desastre, ni rendir cuentas por haber hundido a su partido y envenenado la convivencia, con la ayuda de unos aliados que odian la democracia. Piensa el presidente que un disparate tapa a otro y que pronto se olvidará el primero. En efecto, los comentaristas políticos apenas hablan ya de “tsunami” azul y centran sus comentarios en la celebración de las próximas elecciones generales. Yo no le voy a dar ese gusto y -aunque sea brevemente- voy a comentar los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, sus causas y sus consecuencias. Elecciones locales Según ha editorializado “El Mundo”, los ciudadanos han castigado de manera categórica la forma de gobernar de Sánchez, marcada por el sectarismo, la mentira institucional y la polarización, así como sus alianzas con populistas e independentistas. El derrumbe, por otra parte, del bloque radical sobre el que ha caminado durante esta legislatura ha convertido al PSOE en un partido en riesgo de desvertebración, pues nunca había tenido tan poco poder territorial 1.-Causas de la derrota socialista El fiasco de la debacle socialista se ha debido no tanto a los méritos ajenos como los deméritos propios. Además del lastre que suponía su desacertada política, Sánchez ha errado en su estrategia, pues, en vez de ampararse en la fortaleza de sus barones y alcaldes, se ha empeñado en protagonizar la campaña con mítines y promesas constantes y ha perdido de forma contundente. Prueba de ello es que el único varón que ha mantenido el poder ha sido García Page, el político socialista que más ha criticado a su jefe, del que ha procurado distanciarse lo máximo posible. Los ciudadanos, han rechazado de forma especial el contubernio del PSOE con Bildu y la inclusión en sus listas de 44 candidatos condenadas por terrorismo, que el Gobierno ha aceptado sin rechistar y que ha beneficiado a los testaferros de ETA, que han ganado las elecciones en el País Vasco ante la sorpresa y el desconcierto del melifluo PNV. A ellos se han sumado los escándalos por la compra de votos en Melilla, Mojácar o Albudete. La actitud de Feijóo ha sido justamente la contraria, ya que ha dejado la iniciativa a sus dirigentes regionales, que han hecho sus campañas en función de los problemas y las necesidades de sus respectivas Comunidades autónomas. El PP ha salido considerablemente reforzado de los comicios, pues ha conseguido superar al PSOE en 760.000 votos. Esto refuerza el liderazgo de Feijóo, que se sitúa en una situación ventajosa con vistas a las próximas elecciones generales, siempre que presente un programa preciso e ilusionante y establezca unos límites con respecto a Vox, que no le hagan perder ese capital de moderación y centralidad atesorando. El partido de Abascal también ha salido fortalecido de las elecciones y ya está representado en todos los parlamentos autonómicos, y sus votos serán decisivos hoy para que el PP pueda desalojar a los socialistas de la presidencia de varios Ayuntamientos y Comunidades. Uno de los problemas que habrá que resolver es el de relaciones entre el PP y Vox, dado que de éste dependerá que aquél pueda gobernar en algunas Comunidades o municipios. ¿Cómo deberá afrontar el PP los acuerdos con Vox? se ha preguntado David Jiménez Torres y su respuesta ha sido: “Con la mayor naturalidad”. La debacle del sanchismo ha mostrado que quien concita mayor rechazo es la coalición actual y no su alternativa. La mayoría de los votantes del PP asumieron hace tiempo que, aunque incómodo, el partido de Abascal resultaba aceptable. Lo que Feijóo necesita es elevar a categoría política lo que es plenamente normal al nivel de la calle. Resulta paradójico que el PSOE -que pacta con partidos antisistema, independentistas y filoetarras que pretenden destruir a España- descalifique a un partido que respeta la Constitución. En la Europa democrática partidos de extrema derecha se han integrado en Gobiernos sin que nadie se haya rasgado las vestiduras y, tras pacto de coalición entre el centro derecha y la derecha en Castilla/León no se ha hundido el país. 2.-Elecciones municipales La piel de toro se ha teñido de azul y el PP ha arrasado en las urnas municipales. Ha obtenido 7.046.634 votos frente a los 6.288.907, lo que supone 757.727 sufragios de diferencia, a los que hay que añadir los casi millón y medio de votos de ventaja que los socialistas traían de las elecciones de 2019. Los populares han conseguido 23.412 concejales frente a los 20.784 de los socialistas -2.628 de diferencia-. No es solo un problema de cantidad, sino también de calidad, ya que el PP gobernará en 7 de las 10 ciudades más pobladas de España. Ha conservado las ciudades más importantes en las que gobernaba -incluida Madrid por mayoría absoluta, al igual que en Málaga, Zaragoza, Santander, Alicante y Logroño-. El PSOE ha perdido la “joya de la corona” de Sevilla y 7 de las 8 provincias andaluzas -todas menos Jaén-, así como 17 de las 22 capitales de provincia que poseían, incluidas Valladolid, Valencia y Palma de Mallorca. Solo ha tenido buenos resultados en Cataluña, dónde gobernarán Gerona, Lérida y Tarragona, y tiene alguna posibilidad de hacerlo en Barcelona, donde ha ganado el ex- alcalde y candidato por JxC, Jorge Trías, aunque ERC hoy no parece dispuesta a darle su apoyo. Los republicanos han pagado por su idilio con el Gobierno de Sánchez y han perdido 302.000 votos, pasando de ser la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Barcelona en 2019, a quedarse muy descolgado en cuarta posición. Situación especial es la de el País Vasco y de Navarra, donde Bildu -a pesar de llevar a una cuarentena de terroristas en sus listas- ha superado por primera vez al PNV, gracias el lamentable blanqueo de los testaferros etarras por el PSOE y a la amnesia inducida de buena parte de la sociedad vasca. Bildu ha sido la fuerza más votada en Vitoria -muy emparejada con el PSOE, el PNV y el PP-, pero su candidata no resultará elegida gracias a la generosidad del PP, que le ha prestado sus votos “gratis et amore” para evitar que la capital alavesa fuera regidad por una edil filoetarra. Igual regalo ha hecho a la candidata peneuvista a la presidencia de la diputación de Guipúzcoa, sin que ninguno de estos dos partidos haya tenido el decoro de darle las gracias. En Pamplona, aunque el más votado haya sido el candidato de Unión del Pueblo Navarro, Bildu ha exigido que sea elegido su candidato, en contrapartida al apoyo que su partido otorga al PSOE para que gobierne en la Comunidad Foral. Ante el rechazo de la sociedad navarra a la inclusión de terroristas en sus listas, el PSOE se ha negado con la boca pequeña a respaldar a Joseba Asirón . Se trata de una decisión hipócrita que no durará mucho porque la presidenta de la Comunidad, María Chivite, necesita la abstención de Bildu para poder ser reelegida. 3.-Elecciones autonómicas El desastre del PSOE ha sido, si cabe, aún mayor en las elecciones autonómicas, ya que ha perdido 6 de las Comunidades que regía, manteniendo tan solo Castilla la Mancha, solo por un voto. Ha sido la fuerza más votada en Asturias y Canarias, aunque en las islas podría ser desalojado del Gobierno mediante un pacto entre Coalición Canaria y el PP. También podría conservar la presidencia de la Comunidad Navarra, sí Chivite aparca sus remilgos y pacta con Bildu, como ya hizo hace 4 años. El PP ha conservado las dos Comunidades que gobernaba, Madrid -por mayoría absoluta- y Murcia, y ganado la de La Rioja. Podrá asimismo apoderarse de la de Cantabria -gracias a la anunciada abstención del partido de Revilla- y la de Canarias, en cogobierno con CC, así como las de Ceuta y Melilla. El PP podría acceder asimismo a la presidencia de las Comunidades de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, pero para ello necesitaría el apoyo o la abstención de Bildu. El partido de Abascal ha mejorado considerablemente sus resultados, salvo en la Comunidad de Madrid. Sus 13 escaños en la Comunidad Valenciana, los 8 en Baleares, los 7 en Aragón y los 5 de Extremadura podrían permitir al PP gobernar en estas Comunidades. Abascal es consciente de que su posición clave para desalojar al PSOE de estas Comunidades y permitir el acceso del PP, y está dispuesto hacerla valer. Como ya anunció durante la campaña electoral, no aceptará ni regalos ni chantajes. Exige negociar con el PP y, en principio, pretende integrarse en el Gobierno de estas Comunidades como ha hecho en Castilla-León. El PP no está por la labor, por la baza que daría al PSOE y a los partidos a su izquierda para lanzar un S.O.S. con el fin de impedir Gobiernos fachas. Tanto Feijoó como los líderes regionales, Carlos Mazón, Marga Prohens, Jorge Azcón y María Guardiola, han expresado su intención de gobernar en solitario y hacer pactos puntuales con Vox para resolver problemas concretos. Su táctica consistirá en alargar lo máximo posible las negociaciones y aplazar la firma de eventuales pactos de gobierno o de legislatura con Vox hasta después de la celebración de las elecciones generales, pero Abascal no se lo va a poner fácil. Adelanto de las elecciones generales Como ha observado Santiago González, Sánchez oculta una capacidad de sorpresa para propios y extraños, que muchos de ellos interpretan como ingenio, audacia o capacidad estratégica, pero no hay tal. Nadie esperaba el anuncio sobre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, pero 24 horas después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales, el presidente -sin consultarlo siquiera con su Gobierno- decidió adelantar la convocatoria de las elecciones generales para celebrarlas en plena canícula, pues la mejor manera de tapar un fracaso es dar un salto adelante y no volver la mirada hacia atrás. Para “El Mundo”, este inesperado adelanto electoral no puede entenderse como un acto de sobrevenida responsabilidad, sino únicamente como una nueva y desesperada huida hacia adelante en la que Sánchez busca salvarse a sí mismo tras el desastre que él mismo ha provocado, con el fin cortar de raíz cualquier crítica interna contra su liderazgo personalista, “que ha recibido una enmienda total de la ciudadanía, ansiosa de centralidad y concordia tras cinco años de polarización y políticas identitarias”. Sánchez hizo una declaración institucional en la que afirmó que, aunque las elecciones fueran locales, el sentido del voto enviaba un mensaje que él -pese a no haberse presentado a las mismas, estaba dispuesto asumir en primera persona sus resultados. Ante esta situación, la solución más democrática consistía en que el pueblo español tomara la palabra y se pronunciara al respecto. Feijoo ya había propuesto que se celebrarán las elecciones generales al mismo tiempo que las locales, pero el presidente ni se molestó en contestarle. Afirmó que había tomado esta decisión en función de sus competencias constitucionales que como presidente del Gobierno, pero violó el artículo 115 de la Constitución, que establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, podía proponer la disolución de las Cortes, que debería ser decretada por el Rey. Ni Sánchez convocó al Consejo de Ministros, ni consultó con el Rey, si no que -por sí y ante sí, como un monarca absoluto- decidió la disolución y la fecha de las elecciones y, ”a posteriori”, solicitó la venia del Rey y celebró la preceptiva reunión del Consejo de Ministros para cumplir con las formas. Acto seguido, se reunió con el grupo parlamentario socialista y le endilgó una homilía en la que anticipó cuál sería la estrategia del PSOE durante la campaña electoral, consistente en fusionar la derecha extrema (PP) con la extrema derecha (Vox), en un ”totum revolutum” que amenazaba a la democracia en España. “La gente tiene que elegir ahora si quieres ministros de ultraderecha o gobiernos progresistas del PSOE y los partidos a su izquierda, si quieren de vicepresidente a Abascal o a un vicepresidente de un partido de progreso”. El único programa de la ultraderecha consistía en derogar el sanchismo, lo que suponía destruir todo lo construido, desmantelar todo lo conquistado, acabar con los avances sociales logrados -subida del salario mínimo y de las pensiones, ingreso mínimo vital y reforma laboral-, y suprimir los impuestos a los bancos y a las grandes empresas energéticas para volver a sus amnistías fiscales. Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen sus argumentos. Utilizaran la posición de dominio que tienen en las grandes empresas y en los medios de comunicación para desatar una campaña feroz, en la que se verá a personas que solo se representa a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación y a la réplica. Hablarán de pucherazo y tratarán de detenerlo a él como responsable del mismo. Van a contar barbaridades y harán como sus maestros norteamericanos, que lanzaron una turba enloquecida al Capitolio para denunciar un falso pucherazo. Según “ABC”, Sánchez se ha entregado a un populismo exacerbado con el que se ha mimetizado con Pablo Iglesias, con tics bolivarianos y trumpistas. Ha adoptado un discurso que rompe con los moldes institucionales propios de un partido de Gobierno en una democracia liberal. Acusar a poderes ocultos, cargar contra los medios de comunicación o señalar a empresarios han sido recursos tradicionalmente empleados por los líderes populistas y resultan impropios en una democracia consolidada como la española. Pronunció un discurso basado en el miedo ante una supuesta conspiración y llegó hasta el extremo de afirmar que podría incluso acabar siendo detenido. “Pocas veces en España hemos visto replicar el discurso de Donald Trump con una fidelidad tan literal, utilizando por cierto el antiterrorismo como coartada”. No hizo la menor autocrítica y optó por subir el volumen de la crispación presentándose como la víctima propiciatoria de una supuesta ola reaccionaria. La derrota electoral no implicaba un rechazo a sus políticas, sino que provenía de una tendencia internacional, frente a la cual el presidente se presentaba como la única solución. “Sánchez insistió en intentar establecer un supuesto vínculo entre la alternativa a su gobierno y populistas consagrados como Trump, Orban o Bolsonaro. Acusar al adversario de los defectos propios es una ardid perfectamente reconocible cuando se hace de forma tan explícita. El amago no solo resulta imposible de creer, sino que da cuenta del estado de desesperación de todo un partido. La ovación cerrado por parte de sus diputados y senadores -de más de 2 minutos- evidencia la expulsión de todo juicio crítico que pudiera intentar enmendar la espiral autodestructiva hacia la que parece dirigirse el PSOE”. Quiénes se oponen a sus políticas “saben a quienes sirven y tienen más medios y ningún pudor para lanzar infundios y traficar con la mentira”. Sánchez ha mirado al espejo y ha proyectado su imagen a la oposición democrática. La frivolidad del presidente de adelantar las elecciones generales ha producido consecuencias funestas, tanto en el plano interno como en el internacional. En el plano doméstico, ha provocado la paralización y la eliminación de medio centenar de proyectos de leyes y de decretos-leyes, tales como las de la Función Pública, el Plan de Justicia, la Reforma del Sistema Nacional de Salud, el Teletrabajo en la Administración Pública, la de la Atención al Cliente, la que crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, las Enseñanzas Artísticas, los Bomberos Forestales, el Estatuto del Becario, la Industria, la Seguridad Nacional, la Paridad, el Olvido Oncológico, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, la Minoración de los Ingresos por CO2, la Movilidad Sostenible, la Agencia para la Investigación de Accidentes Ferroviarios Marítimos y Aéreos, el Mecenazgo, el Cine o la Oficina Española de Derechos de Autor. En el ámbito internacional, porque la fecha de las elecciones coincide con el inicio dela Presidencia de turno hoy del Consejo de la UE por parte de España. Aunque los preparativos se vengan realizando desde hace meses y continuarán su curso gracias a la profesionalidad HD de los funcionarios públicos, el impulso político quedará completamente diluido. Habrá cientos de reuniones en Bruselas y en distintas ciudades españolas. Especial importancia tienen la cumbre de la OTAN en Lituania el 11 de julio y, unos días más tarde, la reunión entre la UE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que no se celebra desde hace siete años y que tiene entre sus objetivos potenciar la presencia de la Unión en Iberoamérica y conseguir la entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y Mercosur. La presidencia de España tendrá que coordinar cuestiones fundamentales como la adopción del presupuesto europeo, la reforma de las reglas fiscales, la inmigración y el asilo. ¿Podrá el presidente Sánchez, inmerso en una campaña electoral en la que se juega su futuro hacer frente a estas importantes responsabilidades? Por otra parte, si -como es de esperar- se produjera un cambio de Gobierno, la nueva Administración tendría que asumir la realización de unas tareas las que no ha participado y con las que podrían estar de acuerdo. Esta situación ha tenido ya indeseadas consecuencias, como el aplazamiento -a propuesta del PP Europeo- del discurso ante el Parlamento Europeo del presidente del Gobierno al asumir la presidencia, con el que se suele iniciar la misma. Sánchez solo está preocupado por su futuro y supedita hoy los intereses de España o de la UE a su interés personal. Según Joaquín Manso, Sánchez ha caído en la “trampa de Tácito”, conforme a la cual, la credibilidad y la confianza del pueblo son la fuente de legitimidad existencial de un gobernante, y -una vez que las ha perdido- da igual cualquier cosa que diga o haga, porque siempre quedará sometido a sospecha. El 28-M debería representar el obituario de una forma de hacer política y a Sánchez solo le queda el camino de la arenga frentista, que puso en evidencia el servilismo de sus parlamentarios y va dirigida a la lanzar una campaña sucia de todo o nada, y a movilizar a las bases. Este planteamiento coloca al país ante un riesgo destituyente sí triunfara su apuesta, si bien también ofrece una oportunidad a España, pues se abre la vía del cambio que representa Feijóo. Éste tendrá que ir más allá de su genérico lema de “derogar el sanchismo” y presentar un programa y un equipo que signifiquen una alternativa más decente al Gobierno de Sánchez, un proyecto liberal profundo que recupere la concordia y la racionalidad democrática, haga hincapié en la ética civil, supere el enfrentamiento y afirme la Constitución en Cataluña. Ésta última es una de las asignaturas pendientes del PP y no parece que Feijóo salga bien parado del todo con sus conexiones con la nacionalista Galeuska, su bilingüismo amigable -en detrimento del castellano en Galicia-, y su apoyo a un catalanismo constitucionalista -que no existe-. Su intervención en la Asamblea del Círculo de Economía -donde dijo que cuando hablaba en público en Galicia nunca se expresaba en castellano y ensalzó el patriotismo de los catalanes porque eran los que más impuestos pagaban- ha sido manifiestamente mejorable. El presidente del Círculo, Jaume Guardiola, afirmó que la situación en Cataluña era mucho mejor que antes, gracias al giro pragmático del Govern de ERC y a la actitud de Sánchez, que había sabido entender que el conflicto con Cataluña en nada beneficiaba a España, y le pidió que no revirtiera los puentes tendidos por el presidente del Gobierno. Feijóo le contestó que Cataluña era clave y que había que dar prioridad a esa Comunidad y a los intereses de los catalanes. ¿A santo de qué había que dar prioridad a una Comunidad en estado permanente de insumisión, cuyas autoridades habían dado un golpe de de Estado para separarse de España, que era la más insolidaria de las Comunidades y que recibía hoy del Gobierno de la Nación un tratamiento privilegiado en los ámbitos político, económico y financiero?. Juan Carlos Girauta le ha señalado su equivocación al reconocer la comisión de errores por parte del PP en Cataluña ante una burguesía que apoyó un golpe de Estado y alentó a unos políticos locos que rompieron la convivencia, y le advirtió que había sido aplaudido por quienes nunca le votarían. Concluyó afirmando que “el hombre que tiene ganadas las elecciones se empeña en perderlas”. Todas las encuestas -hoy salvo las del CIS de Tezanos- vaticinan el triunfo del PP en las elecciones generales, aunque varían en la apreciación de los resultados según el medio que las promueve. Así, la del Instituto 40dB para “El País”, prevé que, si Sumar y Podemos llegaran a un acuerdo para presentarse juntos, el PP no lograría la mayoría, incluso con el apoyo de Vox. La de Sigma-2 para “El Mundo”, en cambio, anticipa una mayoría absoluta por parte de la derecha. Yo me inclino más bien por esta segunda alternativa, creo que -con el carácter plebiscitario de su persona que ha dado Sánchez a las elecciones en locales, éstas han supuesto la primera vuelta de unas elecciones generales anticipadas por el orgullo y el narcisismo del presidente del Gobierno. Según Santiago González, Sánchez tiene ya las elecciones perdidas, aunque no lo sepa, pero el PP no las tiene aún ganadas, pese a que puede que tampoco se haya enterado. No debe bajar la guardia y darlas por ganadas, ya que Sánchez es un hueso duro de roer, especialmente ahora que se juega su supervivencia política. Madrid, 5 de junio de 2023